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Etiqueta: escuelas públicas

Más de 20 escuelas y colegios que son patrimonio histórico requieren reparaciones

Defensoría, urge encontrar una solución definitiva al mantenimiento, conservación y protección de estas edificaciones

La Defensoría de los Habitantes realizó una investigación donde constató que, el Ministerio de Educación Pública (MEP), cuenta con 60 inmuebles declarados patrimonio arquitectónico, de los cuales 54 son utilizados como centros educativos, y según el Ministerio de Salud 24 tienen órdenes sanitarias pendientes de cumplimiento y en estado crítico.

Cabe aclarar que, de estos 24 centros educativos, tres inmuebles no están siendo utilizados para uso escolar: Escuela Ascensión Esquivel Ibarra en Liberia, la Escuela Justo Antonio Facio de La Guardia (Casa de la Cultura de Siquirres) y la parte antigua de la Escuela de Enseñanza Especial Fernando Centeno Güell.

Para esta Defensoría, el Estado costarricense debe ser garante de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes a la educación y la salud, por lo que el lugar en donde reciben sus estudios debe cumplir con los requisitos físico-sanitarios mínimos para su bienestar y que puedan contar con un espacio apto para desarrollar sus capacidades, así como la protección y conservación de nuestro patrimonio histórico y arquitectónico, parte importante de la cultura del costarricense.

La Defensoría de los Habitantes considera que el funcionamiento de varios centros educativos que son propiedad del MEP y que presentan problemas físico-sanitarios y órdenes sanitarias giradas por diferentes aspectos, como daños en estructuras o problemas con el sistema eléctrico, atentan contra los derechos de la niñez y la adolescencia, así como los derechos a la salud de los docentes y demás cuerpo administrativo de las escuelas.

Si bien es cierto, estos inmuebles tienen un gran valor patrimonial que debe ser conservado de acuerdo con la normativa nacional e internacional, es necesario priorizar el bienestar humano de quienes los utilizan. Por lo tanto, es esencial tomar medidas para mantener en buen estado las estructuras de estos centros educativos y garantizar un mantenimiento adecuado para preservar la seguridad y el bienestar de todas las personas.

Acciones pendientes

Según la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del MEP, no se cuenta con un cronograma u hoja de ruta en la cual se establezca el tiempo para la intervención de los centros educativos con declaratoria y tampoco generan planes de inversión para estos inmuebles declarados; estos planes se trabajan año con año ya que no se cuenta con presupuesto fijo.

De acuerdo con el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural (CICPC) del Ministerio de Cultura y Juventud, se ha atendido los problemas en inmuebles declarados que ha considerado prioritarios, debido a la dinámica operativa de la DIE y los limitantes en los recursos de ese Centro y que se le ha dado asesoría técnica para dar solución a problemas específicos de ciertos centros educativos como la Escuela Cecilio Lindo en Juan Viñas, la Escuela de Santa Cruz de Turrialba, la Escuela el Carmen en Puntarenas. Además, indicó que se restauró parte de la Escuela León Cortés Castro en San Marcos de Tarrazú y, asimismo, se brinda acompañamiento a la DIE en obras realizadas en el Colegio Dr. Castro Madriz, así como a la Escuela Centeno Güell en Goicoechea y, actualmente, asesora a una empresa consultora que resultó adjudicataria en el diseño de mejoras de la Escuela Tomás Guardia en Limón.

Pero esta Defensoría considera de gran relevancia que, se coordine interinstitucionalmente entre la DIE, el CICPC y el Ministerio de Salud para elaborar un plan de trabajo, con su debido cronograma, en el cual de determine el estado de conservación de los inmuebles y el seguimiento a las acciones tendientes al cumplimiento de las órdenes sanitarias pendientes, con el fin de encontrar una solución definitiva al mantenimiento, conservación y protección de estas edificaciones. Se debe levantar un inventario de las obras que requiere cada centro educativo y determinar el presupuesto aproximado requerido para su protección adecuada. Asimismo, se recomienda a las instituciones continuar protegiendo el patrimonio histórico arquitectónico de Costa Rica, tanto declarado como el que no ha sido declarado, ya que muchas edificaciones se encuentran en peligro de ser destruidas, priorizando la protección integral de las personas menores de edad y su interés superior.

Centros educativos con declaratoria de patrimonio con orden sanitaria pendiente

Inmueble

Provincia

Uso

Escuela de Hacienda Vieja de Orotina

Alajuela

Escuela

Escuela de Pedroso de Pérez Zeledón

San José

Escuela

Escuela Cecilio Lindo Morales (Juan Viñas)

Cartago

Escuela

Escuela Dr. Carlos Luis Valverde Vega (San Isidro de El Guarco)

Cartago

Escuela

Escuela Jenaro Bonilla (Turrialba)

Cartago

Escuela

Escuela Andrés Briceño

Guanacaste

Escuela

Escuela Ascensión Esquivel Ibarra (Liberia)

Guanacaste

Escuela

Escuela de Bolsón (Santa Cruz)

Guanacaste

Escuela

Escuela José María Calderón Mayorga

Guanacaste

Escuela

Escuela Luis Léipold Herbert

Guanacaste

Escuela

Escuela José Carlos Umaña (Central de Atenas) 

Alajuela

Escuela

Edificio antiguo de la Escuela Manuel del Pilar

Heredia

Escuela

Escuela Joaquín Lizano Gutiérrez

Heredia

Escuela

Escuela José Martí

Heredia

Escuela

Liceo de Heredia

Heredia

Colegio

Escuela Justo Antonio Facio de la Guardia (Casa de la Cultura de Siquirres)

Limón

Escuela

Escuela Tomás Guardia (Limón)

Limón

Escuela

Escuela Dr. Ferraz

San José

Escuela

Escuela Mauro Fernández

San José

Escuela

Escuela Pilar Jiménez

San José

Escuela

Escuela República de Argentina, Barrio México

San José

Escuela

Escuela República de Chile

San José

Escuela

Liceo José María Castro Madriz

San José

Colegio

Parte antigua de la Escuela de Enseñanza Especial Fernando Centeno Güell

San José

Escuela

 

Si la educación es gratuita, gratuita debe ser la internet, la banda ancha y la fibra óptica, para asegurar el proceso educativo

Vladimir de la Cruz

La reanudación del ciclo escolar es un acierto. La intensa y larga huelga magisterial del 2019 y la pandemia del 2020, que aún no se ha acabado, hicieron perder prácticamente casi año y medio de clases a los estudiantes desde la preescolar, la escolar y la secundaria, así como por el impacto de la pandemia que afectó notablemente la vida universitaria.

Solo en estos niveles, excluyendo el universitario hay alrededor de un millón trescientos cincuenta mil estudiantes, entre la escuela pública y la privada, en números redondos, 150.000 en la preescolar, 600.000 en la primaria, 500.000 en la secundaria y en otras modalidades educativas casi 100.000.

La pandemia puso de relieve, de manera muy destacada, las falencias en el sector público, más que en el privado, las condiciones materiales de estudio y de trabajo docente, tanto de estudiantes como de profesores. Puso en evidencia, además, las carencias informáticas y tecnológicas de las escuelas públicas, especialmente las que están fuera del Valle Central, y de la Gran Área Metropolitana, las limitaciones de las redes informáticas y alcances de disponibilidad para estudiantes, maestros y profesores. Evidenció también los atrasos académicos de formación en el personal docente para atender, en situaciones como las que hemos vivido, y seguimos atendiendo, la educación a distancia, la teleeducación, las clases virtuales, las redes informáticas, el uso de ellas, y especialmente las dificultades de los hogares con aparatos tecnológicos, computadoras, iPads, tabletas, más que teléfonos para darle seguimiento a las actividades académicas que se programaban a distancia. Obliga sin lugar a dudas a una mayor intensidad en los hogares de apoyo a los estudiantes por parte de sus padres, exceptuando a los niños y jóvenes que disponen de esos artefactos electrónicos como parte ya de su vida cotidiana.

La interrupción de las clases condujo a la presión de los padres de familia, especialmente de la enseñanza privada, a cuestionar los pagos mensuales que tenían que hacerse, que no se veían en correspondencia con la educación y atención recibida. En bastantes casos en abandonar fácticamente la educación privada y trasladar sus niños hacia la pública, acompañado esto por el impacto en el desempleo ocasionado por la pandemia, la quiebra de micro, pequeñas y medianas empresas, y por la reducción de jornadas, que impuso también la reducción de salarios.

A todo esto, las políticas públicas, de destruir a la clase media, de desemplear, de reducir pensiones, salarios e ingresos reales, de aumentar las cargas impositivas, incluso cobrando los mismos impuestos dos veces, en dos vías, de manera directa y por las vías municipales, recargando impuestos y tasas impositivas en salarios y pensiones, ha provocado un mayor empobrecimiento nacional de los sectores laborales, especialmente de las clases medias. Los techos y las rebajas a las pensiones tuvieron su efecto hacia los salarios, a los que les pusieron también techos, incluso al incremento anual por costo de la vida, devaluación e inflación, que al menos por los próximos dos años no van a crecer.

Así es como hemos recibido el 2021, el año de la celebración del Bicentenario de la Independencia.

La crisis que golpea la educación es también el resultado del abandono que ha habido histórico del sector, en cuanto a que los recursos asignados, el 8% del PIB, no se garantizan acertadamente, no se impulsan las políticas por mejorar la infraestructura ni por impulsar de manera constante la capacitación del personal docente, tarea que no tienen los sindicatos magisteriales. Las escuelas y colegios en su infraestructura se han tenido abandonados por el Ministerio de Educación y por las Juntas de Educación encargadas de velar por el buen funcionamiento de las instalaciones escolares y educativas.

El debilitamiento de los alcances de las redes informáticas para la educación en todo el país no se justifica de ninguna manera, sobre todo cuando se sabe que hay más de un millón de millones de colones, un billón, guardados en las instituciones a cargo de controlar, y de promover, las comunicaciones y telecomunicaciones, sus distintas redes y modalidades, la internet entre ellas, la fibra óptica, la banda ancha, que llevadas a todo el país, ojalá de manera gratuita, sirvan para las actividades educativas y también productivas.

No se puede atender el proceso educativo con teléfonos que se pagan a puchitos, desde mil colones, por tarjeta, en los supermercados y otros puntos de pagos telefónicos.

A los hogares y a los padres de familia, y a los escolares de todos los niveles, hay que asegurarles el acceso a estas redes y medios gratuitamente.

Si la educación, desde 1869, se declaró gratuita, obligatoria y costeada por el Estado, llevada esta obligación prácticamente hasta el nivel secundario, de igual manera los medios de alcance educativos, como la internet, la banda ancha, la fibra óptica, por medio de los cuales se lleva a cabo a modalidad de estudiar en las casas, debe ser gratuita para todos los costarricenses.

También debe asegurarse para escuelas públicas, las privadas no tienen este problema, la adquisición de computadoras y medios electrónicos que garanticen estas nuevas modalidades educativas.

Hay que garantizar de igual modo que todos los maestros y profesores también tengan las suyas, como asegurar que al menos en cada hogar donde haya un escolar haya también una computadora o un aparato electrónico, que no sea un teléfono, que garantice recibir las horas de clase por día que se van a dar bajo la modalidad virtual, no presencial.

Esta es una demanda patriótica, más que una lucha. Pero, también debe ser una lucha nacional, presente y permanente en cualquier movilización ciudadana que se haga, bajo cualquier pretexto y justificación, en las próximas semanas, meses y con vista a la campaña electoral que ya se metió.

Los sindicatos, los padres de familia, las Juntas de Educación, los estudiantes deben presionar para que así se disponga. Solo así se podrá atender, de mejor forma, la situación impuesta por la pandemia, el desempleo ocasionado, y el empobrecimiento por reducción de ingresos de las familias, que se está sufriendo. Solo así podemos impedir una mayor deserción de la que se calcula que ya impacta el sistema educativo, desde la Huelga del 2019 y la Pandemia que nos acompaña desde el 2020.

Los sindicatos de educadores son los más obligados, junto con los padres de familia, a convocar en esta demanda y lucha.

El Gobierno tiene las posibilidades reales y económicas de poner al alcance de todo el proceso educativo, de los estudiantes y sus familias esta posibilidad de acceso real y gratuito, de la infraestructura tecnológica y sus distintas redes de comunicación, para optimizar, en medio de la crisis generada por la pandemia, esta situación.

A la educación gratuita, gratuita la internet, la banda ancha y la fibra óptica, para asegurar el proceso educativo.