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Etiqueta: estabilidad política

¿Bolivia, un posible Estado fallido?

Por Vladimir Huarachi Copa

En el mundo académico se dice que el concepto de Estado fallido, carece de precisión a causa de ser utilizado de forma indiscriminada y abiertamente que entra en riesgo de ser aplicado para caracterizar a todo Estado que, en un momento dado, tenga problemas de estabilidad, ya sea política o económica, o cualquier otra de orden interno. También se le señala de ambiguo, ligero y políticamente utilizado por las potencias mundiales con el propósito de mantener o lograr sus intereses.

Sin embargo, en este escrito no se pretende hacer uso de algunas precisiones vinculado al concepto de Estado fallido, con el fin de validar la situación crítica que vive el país, sino, como una posibilidad producto de los eventos por los que está transitando el Estado, en este caso, en torno al contexto judicial; esto desde que los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) hicieron conocer la prórroga de su mandando hasta que la Asamblea Legislativa preseleccione a candidatos, en diciembre de 2023.

Con base en lo anterior mencionado, ¿por qué se dice que Bolivia estaría transitando a un posible Estado fallido vinculado a la justicia? Por una parte, se puede decir que, debido a la prórroga de mandado del TCP, lo cual, se puede entender como abuso de poder y ataque contra la democracia. Por otra, a causa del manejo deficiente e incapacidad del TCP de dar respuesta a las demandas de la población. Con los cuales, el TPC ha expuesto una ausencia de institucionalidad consistente y reconocible, con ineptitud de representar al Estado ante su población y ante al exterior.

En ese sentido, lo anterior muestra al gobierno como incapaz de lograr estabilidad política por sus propios medios, por lo que, requirió de ayuda del TCP. Esto, se puede decir, a causa de haber perdido el monopolio en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Con lo que ha generado una crisis jurídica generalizada. Lo cual, está llevando al país a un proceso de debilitamiento o Estado fallido a través de un conflicto jurídico interno, en contubernio del gobierno y TCP en contra de las facciones políticas de la Asamblea Legislativa Plurinacional en desacuerdo con los magistrados autoprorrogados; por ende, en contra la ciudadanía boliviana.

Implosionar de la comunidad política costarricense

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

En 2016 un aporte especial del Programa Estado de la Nación titulado “El descontento ciudadano y sus implicaciones para la estabilidad política en Costa Rica” alertaba sobre las implicaciones del enojo social y el resguardo de la comunidad política en los mitos fundacionales (Paz, democracia) como último reducto antes de una posible ruptura del orden social.

El escenario, con los años, se ha complejizado. El enojo es ahora una adherencia a pospuestas que paradójicamente pueden llevar a la implosión del sistema democrático y sus instituciones.

La capitalización de ese malestar ha caído en manos erráticas mal intencionadas, y cuyo accionar, posiblemente acelere el quiebre de esa comunidad horizontal por años construida en el país.

En aquel capítulo especial se alertaba entonces de riesgos asociados con el objetivo del malestar: las instituciones de la democracia representativa, así como los partidos políticos aparecían entonces con un significativo porcentaje de desaprobación.

No cabe duda que esta desazón se ha profundizado y otros mecanismos de regulación, organización y control social han aparecido en el horizonte costarricense.

En los últimos dos años, particularmente, la alarma de la inseguridad ha sonado fuertemente. Para 2023 se espera que sea un año récord en homicidios al finalizar el mismo. Los datos son esclarecedores: al 20 de junio se contabilizaban ya 416 homicidios, de los cuales más de la mitad (254) son por ajuste de cuentas.

Hace algunos días las autoridades locales anunciaban la posible conformación de un mega cartel de drogas en el país. Ante la ausencia de mecanismos integradores, un sistema educativo público en crisis y bajo ataque neoliberal sumado a la gestión de los territorios en manos de poderes fácticos, es fácil constatar que el quiebre de la comunidad política costarricense ha sido declarado y en su lugar un narco estado empieza a instalarse a pasos acelerados.

El diagnóstico no es favorable. Pero la respuesta debe venir pronto. La razón social debe sobreponerse a la razón instrumental del Mercado y su organización fáctica de la sociedad. La colectividad debe recuperar sus espacios y reencauzar el sistema político hacia la integración horizontal como objetivo. Algo de esto pareciera estarse levantando.

Estamos a tiempo.

La ciudadanía tiene que estar alerta

José Luis Pacheco Murillo

No puede pasar desapercibida la situación que está viviendo el país. No se trata de un tema trivial, se trata de la estabilidad política, social y económica del país. Por un lado, el gobierno tomando decisiones que nunca se habían tomado y por otro un sector de la prensa, al que se le suman voces desde la Asamblea Legislativa, expresidentes de la República y agremiados de diferentes corrientes. El asunto no es sencillo.

Una decisión gubernamental ha generado toda una escalada de manifestaciones por parte del medio que se ha visto afectado y con el apoyo de algunos otros que se han aliado a ellos, de forma incondicional. Sin embargo, hay que diferenciar las cosas.

La decisión del gobierno, se esté o no de acuerdo con ella, no tiene nada que ver con la libertad de expresión, con la libertad de prensa.

Son cosas muy diferentes, pero a quien le interesa enredar las cosas y propiciar situaciones de enfrentamiento para desviar la atención del tema central, ha hecho creer y se ha enfocado en un tema de libertad de expresión y libertad de prensa, lo que no tiene nada que ver con la decisión concreta de suspender temporalmente, hasta tanto cumpla con los requisitos una actividad comercial.

Parece exagerada la posición de un medio de comunicación que se ha visto afectado por la suspensión de actividades colaterales y diferente a su actividad de prensa. Y esa exageración ha venido en virtud de ligar una cosa con la otra y lo lamentable es que muchos hayan caído en el juego de ese medio de comunicación en el sentido de manifestarse contra el gobierno por haber, según ellos, “cercenado el derecho a la libertad de prensa y de libre expresión”, cuando esas libertades la están ejerciendo plenamente con ataques directos y en ocasiones infundados contra el gobierno.

La ciudadanía tiene que estar alerta. Debe estar atenta y debemos informarnos adecuadamente para, desde nuestra posición de ser simples ciudadanos, decidir quién tiene la razón. Sin apasionamientos o sin rencores, solamente sopesar las evidencias y entonces definir nuestra posición.

No se puede tapar el sol con un dedo y por ello no se puede dejar de lado la existencia de un conflicto entre el gobierno y un sector de la prensa. Precisamente por eso es que debemos de saber diferenciar. Y saber discernir sobre quién tiene la razón. De forma objetiva y transparente.

Es fácil predecir que esto es tan solo el inicio. Vendrán muchas más cosas pues las posiciones son antagónicas y el tema de lo que se dice y lo que se informa apenas comienza.

Dios quiera que todo llegue a buen puerto y que la ciudadanía aprenda que no todo resulta de la manera que pensamos. Que podamos saber que todo depende del cristal con que se mire y el mejor cristal para mirar las cosas es el de la objetividad y la transparencia.

En Honduras el reto es mayor al estimado

Por: Marlin Oscar Ávila

El triunfo electoral de noviembre se debe a más de un millón setecientos mil y más ciudadanos electores de la presidente Xiomara Castro, todos deseosos de un estado democrático. Seguramente hubo ciudadanía que, sin haber votado por Xiomara Castro, después del proceso electoral se contaminó del entusiasmo y decidió apoyar su gestión.

Pareciera que todos los sectores sociales, deseosos de un país democrático en Honduras, está de acuerdo que hay una enorme tarea por delante, sin embargo, hay necesidad de seguir organizándose para lograr su cumplimiento. En la toma de posesión del nuevo poder Ejecutivo, se vio a la comunidad internacional dispuesta a brindarle apoyo.

A pocos días de la toma del poder, este nuevo gobierno ha iniciado con el cumplimiento de sus promesas, tanto con las medidas factibles a tomar según sus planes estratégicos, en lo nacional como en lo internacional. Desde luego, hay medidas que tienen que esperar a que se den las condiciones y otras tienen que pasar por el tamiz de la democracia o consulta social participativa. Los consensos y los disensos son factores que exigen tolerancia, tiempo, disciplina y tener los mecanismos adecuados para su aplicación. Algo que no hemos practicado en décadas, y quizás en siglos. Es decir, nuestra cultura no ha sido cultivada para ejercer la democracia sin grandes tropiezos. No digamos a los miembros del Partido Nacionalista acostumbrado a vivir del poder político durante los 12 años. No solamente despojaron de bienes inmuebles los edificios públicos, sino que se han resistido a abandonarlos, dejando de ser empleados porque se les finalizaron sus contratos y su exjefe no tiene más el poder de mantenerlos ocupando ese espacio.

Se ha tenido que aprender qué significa un estado republicano con tres poderes independientes para gobernar. Aun esto no se termina de comprender, porque históricamente se acostumbró a la existencia del caudillismo quien intervino a sus anchas, en el poder constitucional que le complacía. Actualmente, el poder legislativo todavía mantiene una división que sigue costando llevarla a consenso en asuntos de distribución del poder mismo. Lamentablemente, esto ha sido dentro del partido político al cual pertenece el Ejecutivo, el Partido Libertad y Refundación LIBRE, quien tiene la mayor militancia de los partidos políticos del país. Hemos visto como ha habido mutuas acusaciones, donde las otras fuerzas políticas han estado provocando e instrumentalizando a su favor la controversia.

Mientras tanto, los enemigos locales más grandes de este empobrecido pueblo (74% de pobreza) siguen actuando con impunidad, puesto que el Poder Judicial sigue bajo su control por los próximos dos años, los marcos legales no se han reformado, para volverlos accesibles a la justicia social ideal. Además, las instituciones armadas siguen teniendo el poder que han mantenido en los años de Juan Orlando Hernández, con cuerpos armados involucrados en el narco tráfico. Los carteles de la droga siguen activos. Los capitales robados a las instituciones por actos corruptos, que son muchos millones de dólares y lempiras, se mantienen en poder de las mafias que gobernaron hasta hace un mes, sin que se logre su recuperación en lo más mínimo. Con ese capital se resolvería el presupuesto de todo un año de gestión pública.

Por esto y más, podemos ver que hay una enorme tarea por delante. Tarea que solamente sería posible cumplirla con la participación organizada de toda la ciudadanía consciente. Cuando decimos esto, no quiere decir que la ciudadanía sea correa de transmisión de una dinastía ni de un caudillo determinado. Se requieren discusiones amplias, con criterio propio, organizadas y expresando intereses de la colectividad, que trabajen y hagan llegar sus opiniones y presiones para que el programa definido con antelación se cumpla e ir construyendo juntos esa Honduras democrática por etapas, sin alterarse, puesto que esto exige tolerancia, madurez y perseverancia. Las movilizaciones cambian su blando hacia lo que obstaculiza la realización del plan estratégico. El primer gran logro se tiene, pero hay que cuidarlo, cuidar de la estabilidad y consolidación de la presidente Xiomara Castro.

Seguramente las disidencias seguirán existiendo, lo cual es parte de la democracia participativa. No vale acusar de primas a primera de traidor a quien piensa diferente, puesto que solamente demuestra incapacidad de discusión y ausencia total de tolerancia frente a compañeros que desean los mismos grandes objetivos. No debemos repetir la dolorosa experiencia de la izquierda de otros países, como fue la del asesinato del compañero Roque Dalton en El Salvador (1975). Saber diferenciar quienes son los verdaderos enemigos del pueblo, con criterios objetivos y no emotivos, es un aprendizaje que tenemos pendiente, pero urge aprenderlo. Así seguiremos con confianza en la reconstrucción de Honduras, para beneficio de las grandes mayorías y futuras generaciones.

UNA aporta a estabilidad institucional y política

A la comunidad nacional

Una contribución a la estabilidad institucional y política

Durante los 45 años de existencia, la Universidad Nacional se ha caracterizado por mostrar una misión y visión vinculada a los sectores menos favorecidos de la Comunidad Nacional. Lo anterior se hace efectivo en la oferta académica ofrecida en los todos los campus de la Universidad Nacional de las diferentes regiones del país, así como en los proyectos de investigación, extensión y producción universitaria.

Los esfuerzos mostrados en el rubro de inversiones en infraestructura, para la creación de las condiciones adecuadas para realizar nuestras labores académicas, es un reto asumido con una propuesta de largo plazo direccionada a superar el rezago institucional en esta materia.

La propuesta de planificación que se realiza en el presente, tropieza con una situación fiscal compleja que atenta en contra de la estabilidad económica y social de nuestro país.

A la luz de esto, han surgido una serie de dudas y cuestionamientos sobre la conveniencia o no de continuar con algunos proyectos que estaban por iniciarse en el corto plazo. En particular las observaciones sobre el sentido de oportunidad y pertinencia se centran sobre el proyecto: “Plaza de la Diversidad y Casa Estudiantil”, licitación pública 2017-000009-SCA.

Las diversas manifestaciones de desconocimiento que hemos constatado en el contexto nacional nos comprometen más en la actitud de escucha que la UNA siempre ha tenido. Por ello hoy debemos realzar la vocación democrática de los diferentes órganos que conforman la Universidad Nacional, para interactuar más profundamente con la ciudadanía a la que nos debemos. Las dudas razonables externadas, son suficientes para que de manera responsable, en el marco de la autonomía universitaria, reconsideremos la ejecución de este proyecto.

En paralelo a las consideraciones técnicas, que siempre han primado en forma transparente en la adjudicación de los diferentes proyectos y que son atribución de oficinas técnicas de alto nivel de nuestra institución, hay valoraciones que las trascienden en este caso y nos hacen tomar esta decisión.

Ante cualquier interés particular debe prevalecer el interés general, la estabilidad y la búsqueda de consensos para poder salir como país de la situación actual; es la hoja de ruta a seguir.

 

Atte.

Dr. Alberto Salom Echeverría

Rector

UNA

 

Enviado por UNA Comunicación.

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