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Etiqueta: estado de bienestar

En el mes de la Patria: Mitos y Realidades de la Democracia Costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez*

         Los principales mitos de la identidad nacional costarricense han girado en torno a que somos una sociedad igualitaria, forjada desde la Colonia (siglos XVI-XVIII) por pequeños propietarios sumidos en el aislamiento, una agricultura/ganadería de sobrevivencia y una pobreza generalizada; además,  se ha instalado en el imaginario colectivo que somos una comunidad homogénea, mayoritariamente blanca y cristiana católica. A lo anterior hay que agregar el mito de que somos por naturaleza pacíficos, amantes del diálogo y el acuerdo, antes que del conflicto o la guerra. Finalmente, siempre se ha sostenido que los costarricenses creemos en el Estado de Derecho, la educación pública que nos hace una patria con más maestros que soldados, y que la justicia social es pilar  fundamental de nuestra democracia.[1]

         Esta reflexión pretende distinguir mitos de realidades; hacer un análisis crítico de cuánta verdad hay en esa imagen idealizada y romantizada de lo que  se llegó a bautizar como la “Suiza Centroamericana”. Para lograr este propósito nos valdremos de algunos datos y hechos históricos que deslinden certezas de suposiciones, y así pintar un cuadro lo más objetivo posible.

         Tendremos como brújula la idea cardinal de que la Democracia es una Cultura, entendiendo que se define y construye no sólo en las epopeyas históricas, los grandes liderazgos o los programas reformadores o revolucionarios, sino en la participación vigilante y cotidiana de la gente que decide luchar por sus derechos, conservarlos y ampliarlos. La democracia es la dinámica social que avanza en la conquista de derechos, en busca de un horizonte nunca alcanzado por completo. Si la democracia no avanza, se estanca y retrocede; si no fortalece sus instituciones y garantiza su eficacia, se vuelve una parodia de ritos y formalidades vacías. La Democracia no es la dictadura de las mayorías, su esencia pasa por el respeto irrestricto y la integración de las minorías. Ideas como “dictadura en democracia” o “en este país hay exceso de democracia”, o bien, “yo encarno la voluntad del pueblo y por eso soy demócrata”, son sólo variaciones de un peligroso autoritarismo que nada tiene que ver con el auténtico espíritu democrático. En fin, la democracia es un producto cultural que se vive y construye día a día, o se deteriora y languidece sin remedio, bien hacia la anarquía, o peor aún, hacia la demagogia y la tiranía.

  1. Luces y sombras del pacifismo costarricense

         En el largo devenir de la democracia patria, hay que decir, en primer lugar, que el proceso de la Conquista y Colonización de la parte sur del istmo centroamericano fue tardío e incompleto. Pero además, como toda conquista imperial, fue un período violento, cruento y costoso, ante todo en el aspecto humano. Según estimaciones científicas, hacia 1550 la población aborigen en lo que hoy es Costa Rica, ascendía a unas 400 mil personas, organizadas y dispersas por todo el territorio en consolidados cacicazgos. Tan sólo un siglo después, alrededor de 1650, quedaban apenas unos 10 mil nativos americanos, victimas sobre todo de las enfermedades traídas por los europeos, pero también por el sometimiento a regímenes de esclavitud, servidumbre, o bien por su huida voluntaria hacia las regiones montañosas más remotas, como Talamanca.  Hubo que esperar hasta la década de 1920 para que este país volviera a tener aquellos 400 mil habitantes.[2]

         La historia nacional, a pesar de largos períodos de estabilidad política y paz interna, conoció sin embargo varias revueltas y enfrentamientos armados fratricidas: el enfrentamiento entre San José-Alajuela contra Cartago por la capitalidad (Guerra de Ochomogo, 1823); la Guerra de la Liga (1835) con la cual se consolida esa capitalidad en San José; la invasión de Morazán para promover la unidad de Centroamérica (1842);[3]  la revuelta popular que derrocó  la dictadura de los Tinoco (1919); el levantamiento armado del Ejército de Liberación Nacional contra el gobierno de Teodoro Picado (1948). También la pacífica Costa Rica conoció enfrentamientos bélicos en defensa de su soberanía e integridad territorial, como la Campaña Nacional contra la invasión filibustera desde Norteamérica, liderada por William Walker (1856-1857); la llamada Guerra de Sixaola, que perdimos, por disputas fronterizas con Panamá (1921); así como nuestro activo involucramiento en la Revolución Sandinista contra la tiranía de los Somoza en Nicaragua (1979-1982).[4]

         Pero es igualmente cierto que la mayor parte del tiempo vivido por esta pequeña nación, a partir de su independencia, ha estado marcada por períodos prolongados de paz y con una buena dosis de convivencia democrática. Ya en 1823, pese a controlar el poder con apoyo militar, Gregorio José Ramírez lo entregó a una Junta Civil para evitar el agravamiento de las tensiones políticas de entonces.[5] Sobresalen en este sentido también los hechos acontecidos en 1889 –para algunos el “Acta de Nacimiento” de la democracia costarricense- en la que el oficialismo liberal (Presidente Bernardo Soto) prefirió entregar el poder a la oposición conservadora  (José Joaquín Rodríguez), antes que provocar un enfrentamiento armado entre los bandos. Son dignos de mencionarse asimismo eventos similares cuando el candidato Arturo Echandi cedió sus pretensiones presidenciales ante una coalición de republicanos y reformistas (1924), con el mismo propósito de evitar enfrentamientos entre conciudadanos. Lo propio puede decirse de la derrota electoral -que se termina aceptando-, por parte de las fuerzas políticas recién alzadas en armas para la conformación de la Asamblea Constituyente de 1949, que echó por tierra el proyecto social-demócrata de nueva Constitución, acontecimientos históricos que terminaron consumando la entrega del poder a Otilio Ulate, vencedor en los comicios previos a la Revolución de 1948. Finalmente, no se puede dejar de mencionar el liderazgo del Gobierno de Costa Rica, encabezado por el Presidente Oscar Arias Sánchez, en la superación de la peor crisis bélica del Siglo XX en Centro América, con la promoción de los Acuerdos de Paz, Esquipulas I y II (1986-1987) que pusieron fin a uno de los capítulos más sangrientos del continente  y que le valió a Arias Sánchez el Premio Novel de la Paz.[6]

  1. Igualitarismo social

         Es cierto que esta fue una región remota del Imperio Español; un lugar tan alejado de Guatemala y México como de Colombia o el Perú. Es cierto también que no hubo ni grandes yacimientos de minerales, ni tampoco la disposición de numerosa mano de obra para esclavizar o reducir a servidumbre.  Como consecuencia, es verdad que hubo durante el periodo colonial aislamiento, ausencia de latifundio y relativa pobreza generalizada.[7]

         Lo que no es del todo veraz es que, por aquél entonces, Costa Rica fuera una sociedad por completo igualitaria. Una importante diferenciación de clases se perfiló ya desde el siglo XVI. Hubo colonos españoles y sus descendientes  con propiedades más extensas que otros; hubo familias que lograron acceder a mayor riqueza, según la explotación agrícola y ganadera que prosperaban antes de la independencia (1821). Y por cierto, hubo explotación esclavista de afro-caribeños y siervos aborígenes, obligados al servicio de las élites económicas emergentes. Hubo también una clara discriminación de estos mismos sectores, auténticos guetos en los márgenes de los principales centros urbanos. Incluso se promovió la prohibición del ingreso de personas de raza negra y china al Valle Central, políticas que fueron cesadas hasta 1948.  Así que el idílico igualitarismo, en realidad fue muy relativo desde nuestros remotos orígenes.[8]

  1. Homogeneidad étnica

         Si bien es correcto afirmar, entonces,  que la sociedad colonial fue bastante homogénea, la segregación de afro-descendientes y aborígenes fue cediendo a un mestizaje que para finales del siglo XVIII y principios del XIX era más que evidente. La nuestra es una comunidad compuesta, en la actualidad, por personas que tienen, cual más cual menos, abuelos europeos, otros indígenas y también ancestros africanos. Ese mestizaje, para fortuna nuestra, se sigue ampliando y profundizando con la llegada de asiáticos, europeos no españoles y americanos de todas las latitudes, a partir de la segunda mitad del siglo XIX y hasta nuestros días.

         Como hito de la cuestión racial, desde el punto de vista constitucional, la esclavitud como institución fue abolida en el marco de las primeras constituciones de la Federación Centroamericana (1822-1824), a las que Costa Rica se adhirió.[9] En la actualidad, rige la Ley 10120 de 2 de febrero de 2022 en la que, reconociendo la discriminación y racismo que históricamente han sufrido los afro-descendientes, se imponen acciones alternativas para su integración social a todo nivel.

  1. Opción por el Estado Constitucional de Derecho

         En la conformación de Costa Rica como Estado de Derecho hubo tres acontecimientos mundiales que la influyeron de manera definitiva: la Guerra de Independencia de los Estados Unidos de América, sus primeras constituciones (1781 y 1789) y su Declaración de Derechos Civiles (1791); la Revolución Francesa y su Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano (1789); y la Constitución de Cádiz, España  (1812).[10]  Consta como dato histórico real que, sobrevenida la Independencia, se impuso una clara voluntad por hacer de Costa Rica un Estado de corte republicano, regido por el principio de legalidad. Esta tendencia se inició a partir del Pacto Social Fundamental Interino (Pacto de Concordia, 1821), seguido de una serie de Cartas Fundamentales y Constituciones Políticas que definieron el marco jurídico, la división de poderes, la organización político-administrativa básica del territorio nacional y el reconocimiento de los derechos y obligaciones ciudadanos.  Por otra parte, es cierto que hubo golpes de Estado y gobiernos de facto como los de Braulio Carrillo Colima (1838-1842), Tomás Guardia Gutiérrez (1870-1882), Federico Tinoco Granados (1917-1919) y la Junta Fundadora de la Segunda República, encabezada por José Figueres Ferrer (1948-1949). Sin embargo, curiosamente, con la excepción de Tinoco, se trató de gobiernos en muchos aspectos progresistas. Carrillo se convirtió en el legislador-fundador del Estado costarricense por medio de la promulgación del Código General (1841) y otras leyes estratégicas como la Ley de Vagancia que procuraba maximizar la mano de obra en la naciente producción e industria del café y el trazado de carreteras. El General Guardia abrió las puertas a la Era Liberal con importantes reformas en orden a la secularización del Estado, la construcción del Ferrocarril al Atlántico, la educación pública y la abolición de la pena de muerte.[11]  De igual manera, el período liderado por Figueres Ferrer no sólo respetó las garantías sociales y los derechos laborales de la etapa que lo precedió, sino que sentó las bases de la expansión para la educativas primaria y secundaria, impulsó la construcción de carreteras e infraestructura y revolucionó la producción de energía y telecomunicaciones Todo lo anterior marcó la Era del Estado Social de Derecho o Estado de Bienestar que llega hasta finales del siglo XX. Tres hitos más, de gran relieve y que no pueden dejar de mencionare en este recuento del compromiso histórico de la sociedad costarricense con el Derecho fueron, en primer lugar, la apertura de tribunales civiles por todo el país a partir de 1821, que desplazaron la influencia de la Iglesia en la resolución de conflictos de familia, incluida la violencia doméstica[12]; en segundo lugar, la promulgación y vigencia del Código Civil de 1888, de impronta liberal, que trajo entre muchos otros avances, la temprana legalización del divorcio. El otro hecho de gran trascendencia fue la creación de una Sala especializada en Derecho Constitucional, como parte de la Corte Suprema de Justicia, para la tutela efectiva de los derechos fundamentales de todas las personas (1989).

         Aunque hubo que esperar décadas para que otras minorías accedieran a sus derechos fundamentales, la tutela de las poblaciones aborígenes conoció la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 1989. En el plano nacional, destacan la Ley Indígena (1977) que garantiza derechos indígenas y tribales, protege sus tierras, culturas y organización social. Está también la Ley de Biodiversidad (1998) que reconoce los “Derechos Comunitarios Intelectuales” y la Ley de Nacionalidad Costarricense (2019) que otorga el derecho a la nacionalidad costarricense a personas aborígenes transfronterizas.  Por su parte, los derechos de personas sexualmente diversas, aunque muy lentamente, han ido avanzando. En el año 1971 se despenalizó las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo y, mediante fallo de la Sala Constitucional de 2020, se autorizó el matrimonio entre homosexuales. A estos logros normativos, se han unido en los últimos años diversas políticas públicas en favor de la población LGTBI y contra su discriminación.

  1. El sufragio como derecho político fundamental

         Un tema que ilustra muy bien el principio de igualdad política y su relatividad en el tiempo, está dado por la evolución de los derechos civiles y políticos, en particular los derechos electorales. La naciente Costa Rica, con la llegada de la independencia en la primera mitad del siglo XIX, comenzó a cultivar su democracia política en el seno de los cabildos (gobiernos locales) de aquella época.[13] La participación en ellos, sin embargo, estuvo limitada sólo para los varones adultos, propietarios con un determinado monto patrimonial y, circunstancialmente, también “ilustrados”, es decir, que supieran leer y escribir. Los sistemas electorales conocieron otra restricción por el sistema indirecto de los comicios: una primera ronda para escoger un número determinado de electores, y una segunda vuelta para que este pequeño grupo nombrara Jefe de Estado, en un principio, o bien Presidente de la República y diputados del Legislativo posteriormente. No fue sino hasta 1913 que se “universalizó” el voto directo siempre para varones adultos sin otros requisitos; y no fue sino hasta 1925 que se impuso el voto secreto, con lo cual se superó, en parte, las manipulaciones de los sectores dominantes sobre la población electoral, de manera especial, la vigilancia que terratenientes y capataces podían ejercer sobre los campesinos a su servicio. A todo lo anterior hay que agregar que el sistema de sufragio estuvo controlado, hasta mediados del siglo XX, por el mismo Poder Ejecutivo. Esto hizo que los Juntas electorales y los primigenios Consejos o Tribunales electorales, estuvieran designados por el Presidente de la República, algunos de sus ministros y sus agentes políticos regionales. No fueron pocas las veces que este sistema fue cuestionado, pues el oficialismo de turno, tuvo mucho poder para controlar las sucesiones en puestos de relevancia en los procesos electorales.  Huelga decir que no fue sino hasta en la Constitución de 1949 que se conformó un Tribunal Supremo de Elecciones con garantías de independencia y neutralidad suficientes, con las competencias debidas y con un Registro Civil adjunto encargado de llevar el control de las personas con derecho a la ciudadanía y conformar así un padrón electoral confiable.  En esta misma Constitución se reconocieron, por fin, los derechos políticos de las mujeres, que pudieron votar y ser electas a partir de ese momento. La democratización del derecho electoral se terminó de ampliar por último, en 1971, con la reforma constitucional que rebajó la condición de adulto con plenos derechos políticos de los 21 a los 18 años de edad.[14]

  1. El acceso a la educación: columna vertebral de la Democracia

         Más allá de las idealizaciones románticas acerca del compromiso costarricense con la educación, es un hecho real que ya desde la Colonia hubo preocupación por el tema de alfabetizar a los pobladores de estas remotas tierras y darles acceso a la lectura y escritura. Sin duda, a partir de la independencia resulta significativo que tanto el primer Jefe de Estado, don Juan Mora Fernández, como el primer Presidente de la República, José María Castro Madriz, fueran ambos maestros de profesión. Mora Fernández, además, trajo al país la primera imprenta, con lo cual se inaugura en Costa Rica el afán por informar, difundir ideas y respetar la libre expresión.[15] Pero también es cierto que todos los esfuerzos hechos en educación durante el siglo XIX y principios del XX llegaron a porcentajes muy reducidos de la población. Para 1913, el maestro Omar Dengo denunciaba que sólo un 8% de los niños y niñas concluía la educación primaria. La escasez de mano de obra obligaba a la infancia del campo a ayudar en tareas agrarias y domésticas desde muy tempranas edades. Se ha calculado también que todavía para la década de 1930, el presupuesto nacional destinaba más en seguridad pública (cohersión) que en educación.[16]

         En 1814 se fundó la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, con aspiraciones de instruir en estudios superiores. En la época de gestación de la República se fundaron muchas escuelas primarias y ya en 1869 se decreta la educación primaria como un derecho obligatorio, gratuito y costeado por el Estado y tanto para niños como para niñas. Los liberales avanzaron con una reforma profunda estableciendo colegios de segunda enseñanza de gran calidad en los principales centros urbanos del país e incluyendo centros educativos para hombres y mujeres (décadas de 1880 y 1890). Se trajeron profesores europeos y se becó a jóvenes talentosos para ir a prepararse a Chile. De ahí surgieron figuras intelectuales de enorme importancia para la evolución de la educación en Costa Rica como Roberto Brenes Mesén, Joaquín García Monge, José Fidel Tristán, Isabel Carbajal (Carmen Lyra). Después de un sostenido esfuerzo nacional y de casi todos los gobiernos, se funda la Universidad de Costa Rica (1940) y a partir de la década de los años 70 inicia un proceso de fortalecimiento de la educación secundaria y universitaria en el país surgiendo la Universidad Nacional con sede en Heredia (UNA-1973), el Instituto Tecnológico en Cartago (TEC-1971), la Universidad Estatal a Distancia (UNED-1977), la Universidad Técnica Nacional radicada en Alajuela (UTN-2008) y un centro especializado en la formación de oficios, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA-1965). La década de 1970 exhibió la inversión en educación más alta en la historia nacional, alrededor de un 30% del presupuesto anual. Ese monto ha ido bajando con los años y en estos momentos se lucha por hacer realidad el 8% que exige la Constitución Política.[17] La norma constitucional vigente, artículo 76, decreta la obligatoriedad y gratuidad de la educación preescolar, general básica y la diversificada.

         En esa misma década de 1970 empiezan a brotar centros educativos privados a todo nivel, también universitarios. La calidad de estos últimos ha sido muy variada y la producción de profesionales se ha vuelto abundante, pero sin control de su calidad. Este fenómeno ha sido parte de las políticas de liberalización y privatización de servicios básicos, en el marco de la transición de Costa Rica del Estado de Bienestar al Estado de Libre Mercado.

  1. Luchas populares: garantías sociales y derechos laborales

         Los primeros movimientos de organización de trabajadores y huelgas asociadas a la reivindicación de sus derechos y condiciones laborales pueden ubicarse en la segunda mitad del siglo XIX. En 1874 se funda la primera sociedad de artesanos de Costa Rica y en ese mismo año estallan disturbios de trabajadores chinos en los campamentos de construcción del Ferrocarril al Atlántico. El conflicto termina en enfrentamiento con tropas estatales y mueren cinco trabajadores. De nuevo en el proceso de construcción de esta vía férrea, se desata la “Huelga de los Tútiles” (1888), en la que operarios italianos paralizaron la obra en protesta por bajos salarios, pésimas condiciones laborales e incumplimientos contractuales.

         Sobrevino de esta manera un importante período en el que siguen conformándose organizaciones y sindicatos, asociados a periódicos que les sirven de medios de comunicación masivos. Así fue como estalló la huelga de panaderos en 1901 y diez años después se produjo una rebelión de obreros en la minas de Abangares, dándose como resultado la muerte de varios capataces a manos de los mineros. Para 1912 se promulga la primera legislación obrera, la Ley de Salarios y se funda la Confederación de Obreros. Un año más tarde surge la Confederación General de Trabajadores (CGT), se inicia la tradición de conmemorar el 1º de mayo como Día Internacional del Trabajo y surge el grupo Germinal, alianza de intelectuales y obreros para la reivindicación de los derechos ciudadanos.  Los esfuerzos de organización y los movimientos huelguísticos se siguieron produciendo. Una alianza de estudiantes, maestros y trabajadores jugó un papel decisivo en la caída del dictador Tinoco (1919); importantes huelgas del sector de ebanistería y carpintería así como de obreros, artesanos y empleados públicos. se desataron en 1920. Como resultado de estos movimientos se decretó la Ley de la Jornada Laboral de Ocho Horas y la Ley de Protección Social de la Salud Pública, antecedente del seguro social de dos décadas después. La CGT en 1922 organizó un amplio movimiento popular contra el alza de los alquileres que también concluyó con la emisión de la Ley de Emergencia del Inquilinato, que vino a regular, limitar y aliviar los abusos que se daban en el cobro de alquileres de viviendas. Como logro del Partido Reformista de Jorge Volio, se promulgó  la Ley de Accidentes de Trabajo en el año 1924. Por otra parte, el auge de la producción bananera en el país trajo los primeros mítines contra la United Fruit Company (1926), y la ocupación de Nicaragua por parte del ejército estadounidense inspiró campañas anti-imperialistas de solidaridad contra esa intervención (1927).

         Para agosto de 1934, con el liderazgo de dirigentes del Partido Comunista recién fundado, se declara la gran huelga bananera contra la United Fruit Co., que concluyó en el mes de diciembre siguiente con la obtención de muchas de las reivindicaciones reclamadas por los trabajadores de las plantaciones. Otro logro con el liderazgo de diputados comunistas fue normativa que impulsó la construcción de viviendas para personas de escasos recursos.[18]

         Por último, con los antecedentes mundiales de la Revolución Mexicana, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa y la crisis económica de 1929,  llega al poder el Dr. Calderón Guardia (1940-1944) en cuyo período se sientan las bases de la seguridad social costarricense, como reivindicación de todas las luchas sociales en el país: se funda la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se introduce el Capítulo de Garantías Sociales en la Constitución y se promulga el Código de Trabajo.[19]

  1. Derechos de las mujeres: sufragio, igualdad y violencia de género

         En octubre de 1923 un grupo destacado de mujeres fundó la Liga Feminista, cuyo principal propósito fue luchar por el derecho al voto. También se propuso alcanzar la igualdad de salarios entre maestros y maestras. Pocos años después, en 1927 se funda la Liga Cultural Feminista con ideales similares. Aunque los derechos políticos de las mujeres se alcanzan hasta en la Constitución de 1949, lo cierto es que durante la primera mitad del siglo XX las mujeres participaron y lideraron en gran medida. los principales movimientos políticos y sociales del país.

         Pero es a partir de la década de 1980 que se produce una auténtica revolución en la normativa internacional y nacional en pro de los derechos políticos y sociales, el principio de igualdad y contra la violencia a las mujeres. Costa Rica ha conocido, desde entonces, su compromiso con la  CEDAW suscrita por el país en 1984, así como la organización de múltiples colectivos feministas y organizaciones de mujeres, incorporadas a estas luchas, con gran impacto en las políticas públicas nacionales y con un liderazgo que trasciende nuestras fronteras.[20]

  1. Del Estado de Bienestar al Estado de Libre Mercado: una democracia amenazada

         Desde una perspectiva sociológica, el modelo de Estado Benefactor (1950-1980) tuvo un importante impacto en la movilidad y ascenso social de varias generaciones de costarricenses, cuyos efectos están aún vigentes, aunque hace ya décadas que este impulso se desaceleró, se estancó y parece estar hoy día experimentando un franco retroceso.

         Pero además, en el período que va de 1960 a 1990, en plena Guerra Fría, el modelo costarricense sirvió de contrapunto a los movimientos revolucionarios y de guerrillas que se experimentaron en América Latina (Cuba, Centro América, Chile), lo que le trajo a Costa Rica grandes ventajas para su financiación y apoyo internacional, sobre todo de parte de los Estados Unidos de América (Alianza para el Progreso) y de Europa Occidental.

         A partir de la década de 1980, al calor de las crisis cíclicas del capitalismo mundial, Costa Rica se vio arrastrada por cambios profundos en su modelo económico, político y social. Las principales respuestas desde los centros de poder a estos tiempos críticos, han llegado a nuestra región con la marca de un neo-liberalismo prepotente y agresivo,  liderado por la alianza Reagan/Thatcher, el Consenso de Washington y los dictados del Banco Mundial (BN) y del Fondo Monetario Internacional (FMI).   Por medio de los “Ajustes Estructurales” y los “Tratados de Libre Comercio”, el país empezó a sentir presiones brutales para decretar la reducción del Estado; la privatización de instituciones y servicios públicos estratégicos (salud, educación, pensiones, electricidad, telecomunicaciones, agua); la apertura a la banca privada y el rompimiento del monopolio de seguros;  la liberalización de reglas “para la competencia”; la “flexibilización” o eliminación abierta de derechos laborales, entre otros temas relevantes.

         Los efectos de este nuevo estado de cosas está siendo evidente: un deterioro en la seguridad social y la atención médica en los centros hospitalarios de la CCSS; una deuda gigantesca del Estado para con esta institución pública; una franca crisis en la enseñanza pública a todo nivel; recortes presupuestarios en los rubros de la asistencia social de los sectores vulnerables; un crecimiento de la pobreza y la inequidad social.[21] Si a lo anterior agregamos el deterioro de la seguridad ciudadana en razón del avance del crimen organizado y el trasiego de sustancias prohibidas, que han convertido a Costa Rica en uno de sus principales territorios de acción, la única conclusión posible es que esta democracia centenaria está enfrentando un claro proceso de disolución o desintegración, sin poderse vislumbrar salidas fáciles en el horizonte.

         Estos abruptos cambios no han estado exentos de respuestas y resistencias desde los sectores medios y bajos de la sociedad.  Ya para 1953 se reagrupó la Confederación General de Trabajadores Costarricenses (CGTC), con fuerte influencia de los comunistas proscritos electoralmente; se siguió celebrando el 1º de mayo con participación importante de trabajadores que conmemoraron su día, y se dieron múltiples huelgas en el sector de maestros y otros servidores estatales.

         En abril de 1970, con los antecedentes de Mayo del 68 en París y la matanza de estudiantes en la Plaza Tlatelolco, México, ese mismo año, el estudiantado costarricense, junto a otros sectores sociales, se manifestó multitudinariamente contra el contrato-ley que se discutía en la Asamblea Legislativa concediendo a la transnacional ALCOA la explotación a cielo abierto de bauxita en el sur del país. Otra gran movilización social se produjo en el año 2000 cuando la resistencia popular impidió la privatización de la electricidad y las telecomunicaciones en manos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Por último, conviene mencionar la gran organización y movilización popular para rechazar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (2007), última gran gesta de una buena parte de la ciudadanía costarricense contra los avances del modelo neoliberal, que terminó imponiéndose con métodos espurios. El proceso de erosión del Estado Social de Derecho ha continuado. Los sectores conservadores controlan el Parlamento y casi todos los partidos políticos se han convertido en correas de transmisión de las mismas élites económicas. Si a lo anterior se añaden los graves y frecuentes casos de corrupción con la concurrencia de actores públicos y privados, así como el poder destructivo de la delincuencia organizada y el narcotráfico, hay poco espacio para ser optimistas, a no ser que las reservas morales y políticas del pueblo costarricense despierten y nos den una nueva lección, porque esta Patria sigue valiendo la pena.[22]

BIBLIOGRAFÍA

-Arroyo, José Manuel et altere; Centroamérica: rendir cuentas para que la gente cuente; Coordinación, Introducción y Presentación: Luis Guillermo Solís Rivera y Sergio Ramírez Mercado; Editorial Sexto Piso S.A. de C.V.; México, 2025.

-Cortés, Carlos; Conquistas Sociales en Costa Rica; C.R. Grupo Nación GN S.A.; 1º Edición;  San José, 2014.

-Molina Iván, Palmer Steven; Historia de Costa Rica: breve, actualizada y con ilustraciones; 3º Edición; Editorial UCR; San José, 2022.

-Obregón Quesada, Clotilde (Editoras); Las Constituciones de Costa Rica; Volúmenes I, II, III, IV y V; Editorial Universidad de Costa Rica; San José, 2007.

-Pérez Brignoli, Héctor; Meléndez Chaverri, Carlos; Quesada, Juan Rafael; Salazar Mora, Orlando; Rodríguez, José Miguel; Araya Pochet, Carlos; Acuña, Víctor Hugo; Democracia y Cultura Política en Costa Rica; Coordinador: Jorge Mario Salazar; Ministerio de Cultura-Universidad de Costa Rica; San José, 1990.

-Zelaya, Chester; Aguilar Bulgarelli, Oscar; Camacho, Daniel; Cerdas, Rodolfo; Schifter, Jacobo; ¿Democracia en Costa Rica?: 5 opiniones polémicas; Editorial Universidad Estatal a Distancia: San José, 1979.

Notas:

[1] Aguilar Bulgarelli, Óscar; Costa Rica: Evolución Histórica de una Democracia; En: ¿Democracia en Costa Rica? 5 Opiniones Polémicas; Editorial EUNED, San José, 1979; pp. 27-36. El autor expones visión idílica de Costa Rica en autores como Francisco Trejos Quirós (Origen y Desarrollo de la Democracia en Costa Rica, 1939); Ricardo Fernández Guardia (Crónicas Coloniales, 1967); Carlos Monge Alfaro (Historia de Costa Rica, 1966; Eugenio Rodríguez Vega (Apuntes para una Sociología Costarricense, 1953), entre otros.

[2] Molina, Iván y Palmer, Steven; Historia de Costa Rica: breve, actualizada y con ilustraciones; Editorial Universidad de Costa Rica; San José, 2022; pp.19-38. Ver también: Meléndez Chaverri, Carlos; Orígenes y Naturaleza de la Cultura Democrática Costarricense; en: Democracia y Cultura Política en Costa Rica, Ministerio de Cultura-UCR, San José, 1990: pp. 44-50.

[3] Molina, Iván y Palmer, Steven; ob. cit., pp. 52-57.

[4] Meléndez Chaverri, Carlos; ob. cit., pp 46-54.

[5] Aguilar Bulgarelli, Oscar; ob.cit. p. 36.

[6] Aguilar Bulgareli, Oscar; ob.cit., pp. 44-77. Ver además: Molina, Iván y Palmer, Steven; ob.cit.; p. 75.

[7] Zelaya, Chester; Apuntes Historiográficos sobre la Democracia en Costa Rica; en ¿Democracia en Costa Rica? 5 Opiniones Polémicas; Editorial EUNED, San José, 1977; p. 9-10.

[8] Meléndez Chaverri, Carlos; ob. cit., pp. 42-45. Ver además: Aguilar Bulgareli, Oscar; ob. cit., pp. 27-33. Asimismo: Molina Iván y Palmer, Steven; ob. cit.,  pp. 29-62.

[9] Meléndez, Carlos y Duncan, Quince; El Negro en Costa Rica; Editorial Costa Rica; San José, 2012; pp. 51-52.

[10] Costa Rica, sin dejar de inscribirse desde el punto de vista político-jurídico en la tradición Continental Europea (Roma-Francia-España), opta por un esquema de organización política republicano, con división de poderes, antimonárquico y con reconocimiento de los derechos ciudadanos esenciales, propios de los movimientos revolucionarios norteamericano y francés. Se reconoce también como influencia de los Estados Unidos un esquema de división de poderes con un Ejecutivo fuerte, sólo controlado por el Legislativo de manera excepcional y puntual. Donde más se notan las diferencias jurídicas entre ambos modelos es en el campo de la justicia penal: por un lado, un sistema anglosajón de corte acusatorio (oral, público, adversarial) y con un debido proceso legal muy definido, frente a un sistema más bien inquisitivo (escrito, secreto, no-adversarial) dominante en el mundo de tradición continental-europeo, como es adoptado en casi toda Latinoamérica.  Las ventajas en cuanto a eficiencia y pragmatismo del sistema anglosajón, ha hecho que el continental-europeo haya migrado, en las últimas décadas,  hacia regímenes cada vez menos inquisitoriales y más acusatorios.

[11] Salazar, Jorge Mario; Partidos Políticos y Participación; en: Democracia y Cultura Política en Costa Rica, Ministerio de Cultura-UCR, San José, 1990: p. 112. Ver, además: Meléndez Chaverri, Carlos; ob. cit., p.51.

[12] Molina, Iván y Palmer, Steven; ob. cit.; pp. 57-58.

[13] Aguilar Bulgarelli, Oscar; ob. cit., p. 35.

[14] Salazar Mora, Orlando; Democracia y Sistema Electoral en Costa Rica; en: Democracia y Cultura Política en Costa Rica; Ministerio de Cultura-Universidad de Costa Rica; San José, 1990; pp. 93-106. Ver además: Salazar, Jorge Mario; ob.cit., p. 109-132, así como: Pérez Brignoli, Héctor; La Cultura Política como Cultura Popular; en: Democracia y Cultura Política en Costa Rica; Ministerio de Cultura-Universidad de Costa Rica; San José, 1990; p. 27; y Molina, Iván y Palmer, Steven; ob.cit., p.83.

[15] Meléndez Chaverri, Carlos; ob. cit.; pp. 47-51. Ver además: Aguilar Bulgarelli, Oscar; ob. cit.; pp. 36-37.

[16] Quesada C., Juan Rafael; Educación y Democracia en Costa Rica; en: Democracia y Cultura Política en Costa Rica; Ministerio de Cultura-Universidad de Costa Rica; San José, 1990; pp.  57-72

[17] Aguilar Bulgarelli, Oscar; ob. cit., p. 37. Ver también: Pérez Brignoli, Héctor; ob. cit.; p. 71 y 83-84.

[18] Molina, Iván y Palmer, Steven; ob.cit., pp. 77-118. Ver además: Salazar Mora, Orlando; ob. cit.; p. 98 y Salazar, Jorge Mario; ob. cit.; p. 119.

[19] Cortés, Carlos; Conquistas Sociales en Costa Rica; pp. 84-88. Ver también: Molina, Iván y Palmer, Steven; ob.cit., pp. 77-118 y Pérez Brignolli, Héctor; ob. cit.; pp. 75-77.

[20] Los principales Instrumentos Internacionales para la defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres son: (1) Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979. Entró en vigor en 1981.y fue ratificada por Costa Rica en 1984): (2) Declaración de Viena 1983; (3) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Convención Belem Do Pará). OEA 1994. (4) Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 1995; (5) Declaración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio ONU 2000; (6) Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. ONU 2015. Por su parte, en el ámbito de la legislación nacional destacan: (1) Ley de igualdad Real entre mujeres y hombres, 1990; (2) Ley contra la Violencia Doméstica, 1996; (3) Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, 2007; (4) Modificación a la Ley de Violencia Doméstica, 2011; (5) Ley contra el Hostigamiento sexual en el empleo y la docencia, 2010; (6) Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia Contra las Mujeres y la Violencia Intrafamiliar (Ley No. 8688 del 4 de diciembre del 2008); (7)  Política Nacional para la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres de todas las edades en Costa Rica 2017-2032; (8) Ley contra la trata de personas y creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de personas, 2012; (9) Ley para la Prohibición del matrimonio con personas menores de 15 años, 2007; (10)  Ley 9406 para el fortalecimiento de la protección legal de las niñas y las adolescentes mujeres ante situaciones de violencia de género asociadas a relaciones abusivas. (Ley contra relaciones impropias, 2016).

[21] El indicador que mide la desigualdad (Gini) refiere un proceso de concentración de la riqueza social en cada vez menos personas. En tan sólo 30 años se ha pasado de un rango de 0.4 a un rango de 0.6. La pobreza no ha sido posible bajarla de un 20% desde hace décadas.

[22] Molina, Iván y Palmer, Steven; ob. cit.; pp. 145-186.

*Ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia y Profesor Catedrático de la Universidad de Costa Rica.

Nace coalición Agenda Ciudadana con candidatura presidencial de Claudia Dobles

Escrito en . Publicado en Derechos.

De acuerdo con un comunicado recibido por SURCOS, los partidos Agenda Democrática Nacional (ADN) y Acción Ciudadana (PAC) anunciaron la creación de la coalición Agenda Ciudadana, que postulará como candidata presidencial a la arquitecta Claudia Dobles Camargo para las elecciones de 2026.

El acuerdo de coalición fue firmado la noche del 17 de julio en las respectivas Asambleas Nacionales de ambos partidos, tras meses de diálogo y trabajo conjunto. El pacto será inscrito ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para competir en los comicios del próximo período electoral.

«La coalición Agenda Ciudadana respalda la candidatura de Claudia Dobles Camargo. La coalición mantiene abiertos canales de diálogo para construir con otros movimientos y partidos», señala el comunicado conjunto.

Según el documento, la coalición busca «devolverle esperanza a la ciudadanía y construir un futuro con propuestas responsables, visión progresista y compromiso con la democracia», en respuesta a lo que califican como un momento difícil que atraviesa Costa Rica.

La nota indica que la arquitecta Dobles fue reconocida por su trabajo en políticas públicas sostenibles y su compromiso con una Costa Rica inclusiva, además de su defensa de una política «decente, respetuosa y constructiva».

Omar Jiménez, presidente de ADN, expresó que «hemos coincidido en lo esencial: poner a las personas en el centro de este esfuerzo. Nuestra meta es devolverle esperanza a la población. El momento que vive el país nos exige unirnos con responsabilidad para defender y fortalecer el Estado de bienestar».

Por su parte, Fabián Solano, presidente del PAC, señaló que la coalición busca «defender y fortalecer el Estado de bienestar, la seguridad en nuestras comunidades, la inclusión social, la transparencia y nuestros valores fundamentales como nación: la educación pública, la seguridad social y el respeto por la naturaleza».

Agenda Ciudadana mantiene las puertas abiertas para sumar propuestas de otras fuerzas democráticas, movimientos sociales, liderazgos territoriales, organizaciones sociales y ambientales, así como personas comprometidas con un país más justo y esperanzador, dice el comunicado.

«Lo que está en juego no es solo una elección. Es la oportunidad de resolverle problemas concretos a las personas y devolverles la confianza en nuestra democracia. Por eso, en lugar de dividirnos quienes compartimos valores, hemos decidido unirnos para defenderlos y avanzar en conjunto», concluyó la candidata presidencial.

Disminuir salarios para ser competitivos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Óscar Madrigal

Oscar Madrigal

Pues bien, la diputada Pilar Cisneros propuso disminuir el salario mínimo que se establece en Costa Rica de, según ella, $675 por uno más bajo, como el de República Dominicana que es de $241.

El sustento de esa propuesta es que Costa Rica no es competitiva a nivel mundial con países como Méjico, Republica Dominicana o Filipinas. Para lograr atraer la inversión extranjera es necesario reducir los salarios, los derechos laborales y hasta la horas extras. Esa es la lógica de Cisneros y el Gobierno de Chaves.

No sabemos aún, si el Partido Liberación Nacional y su candidato Álvaro Ramos se subirá también a este carro como ya lo hicieron respecto a las jornadas 4×3 que elimina las horas extras. La deriva en materia social, política y económica de Liberación Nacional es muy difícil de saber hasta dónde llegará.

En el pasado el país se distinguió por competir con otros países en cuanto a desarrollo y atracción de inversión extranjera, con educación, salud, estabilidad política y jurídica y calidad de su mano de obra.

La vieja socialdemocracia, de Pepe Figueres, siempre sostuvo que el camino de Costa Rica debía ser otro: no competir con los bajos salarios de los países centroamericanos, sino pugnar en otros niveles, especialmente en educación y calidad de su mano de obra. El país logró de esa manera un desarrollo importante de su Estado de Bienestar y una atracción de capital, también, de mayor calidad.

Pero eso parece poco importar a las nuevas autoridades gubernamentales que hoy se desgañitan por ofrecer lo peor con tal de poder “competir”, rebajándose hasta tirarse al piso.

La semana pasada el Gobierno, en su conferencia de los miércoles, con bombos y platillos, anunció con gran alborozo que Costa Rica había entrado al grupo de los países de ingresos altos, sea llegado a un ingreso superior a los $16.000 per cápita. Sabemos que los ingresos “por cabeza” pueden ser de lo más engañoso del mundo, porque hay unos que los tienen por miles de millones de dólares y otros por debajo de la pobreza. Pero asumamos que para el gobierno eso ha sido muy bueno.

Pues bien, los economistas y especialistas en la materia han manifestado que ese logro se debe a que Costa Rica ha sido muy competitivo a nivel mundial en las últimas dos décadas. Leyeron bien. La explicación es que Costa Rica ingresó a ese “selecto” grupo de los países de mayor ingreso mundial, porque ha sido muy competitivo. ¿Entonces, en dónde quedan los alegatos y propuestas de bajar salarios para aumentar competitividad?

Si ingresamos a los países “top” por ser tan competitivos, las jornadas 4×3 o la rebaja de salarios no tienen fundamento alguno.

El gobierno de Chaves y su fiel escudera Pilar Cisneros lo que pretenden es acabar con el poco Estado de Bienestar que nos queda, aumentar la explotación de los trabajadores y trabajadores para hacer crecer la tasa de ganancia (las utilidades) de las grandes multinacionales, aunque fuere haciendo cada vez más pobre a la gran mayoría de la población costarricense.

¿Democracia e institucionalidad pública en Costa Rica?

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Juan Huaylupo Alcázar

La historia política costarricense no solo es una retórica, un discurso o una narrativa que solo sirve para charlas de café, como afirman algunos de los personajes desde hace más de medio siglo de un caduco partido político que aspira la próxima presidencia de Costa Rica.

El orgullo de un pasado democrático no suele reconocer que esos momentos se han esfumado y convertido en un fantasma que teme el poder y sus partidos políticos que pueda renacer, por ello destruyen todo vestigio de esperanza, libertad y progreso social, con el apoyo de los mercantilizados medios para convertir a la ciudadanía en una complaciente cómplice, o sin suficiente oposición ni resistencia que lo impida.

La memoria histórica no lo confirma nuestro presente, a pesar de la incesantemente repetición sobre la importancia sobre democracia y la defensa de la institucionalidad pública, como una añoranza, que las palabras no describen ni construyen. Al parecer como afirma Watzlawick (1994) vivimos una realidad inventada, una ficción que nos imagina ser felices, igualitarios, solidarios, o tener un gobierno democrático, aun cuando, es evidente la existencia de una estructura social, económica y jurídica que regula e impone condiciones que reproducen y extienden la desigualdad, explotación, apropiación de los recursos de las poblaciones y de la nación. ¿Es que la miseria, la perdida de derechos y la generalizada explotación, no tienen vinculo alguno con la democracia y la libertad?

No es posible asumir democracia cuando no es posible modificar los medios y formas de explotación y la apropiación de los recursos sociales por los entes financieros nacionales ni internacionales que incrementan su rentabilidad parasitaria, ni con gobiernos que garantizan presupuestos para la privatizar del bienestar, con gobernantes que conviven con la corrupción y otras formas delincuenciales, porque ayudan a perpetuar el miedo y enlutan los hogares.

La educación formal, los medios y los discursos del poder falsifican la historia e invisibilizan al pueblo como gestor de la democracia, lo público y el progreso, lo cual no es nada nuevo, la historia en Costa Rica, como en otros espacios, también ha sido escrita por el poder, independientemente de los partidos políticos y de las caretas usadas por los gobernantes de turno. Esos partidos del pasado que acompañaron las conquistas populares y que aun, sin merecerlo, usufructúan las conquistas sociales del pasado, son los artífices que destruyen, desde hace más de cuatro décadas, todo resquicio del Estado Social costarricense, para continuar privatizando la historia, esta vez con el auxilio de nuevos partidos similares, que sin principios, mediocres, corruptos y privatizadores, buscan imponerse como dictaduras electorales.

La década del ochenta del siglo pasado, la hegemonía imperial de sus nefastos organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y de partidos políticos que se turnaban el poder, fueron radicales y feroces implementadores liberales, que iniciaron la privatización del Estado, en una continuidad sin pausa, hoy con el concurso del exfuncionario del BM en el poder, ejecuta acciones afectando a los trabajadores empobrecidos con salarios miserables, liquida las políticas sociales y de seguridad, para magnificar estadísticamente las cifras macroeconómicas y beneficiar a las corporaciones internacionales y propietarios del capital financiero, en sus salvajes apropiaciones de los recursos de los sectores pobres y medios de la sociedad y también a los amigos, imitando las prácticas autocráticas de Milei y de otros ignorantes dictadores.

En Costa Rica existe una implícita alianza electoral entre los partidos enemigos del bienestar social y nacional, unidos corruptamente, para ganar las elecciones y repartirse influencias y privilegios en la privatización de las instituciones del Estado. El gobernar sin resistencia ni oposición, con leyes indignas, la eliminación de la división de poderes del Estado y empobrecimiento generalizado a trabajadores, como se experimenta en otras naciones, muestran el asomo político totalitario en Latinoamérica, mientras que los consorcios empresariales crecen enriqueciéndose con extremo cinismo, lo cual no es ningún vaticinio fatalista, es una práctica recurrente en esta fase de las relaciones con el imperio y Costa Rica no es una excepción, como se evidencia en los rastreros juegos del poder.

La degradación de los partidos políticos en la actualidad es extraordinaria, no representan a la ciudadanía ni lo público, tampoco son entes democráticos que aspiren la libertad ni el progreso social nacional, son agrupaciones formales que tienen dueños, o son controlados por perennizadas camarillas que cínicamente expresan representar intereses privados, nunca la heterogeneidad social, la pluralidad del pensamiento ni las alternativas sobre el devenir nacional. Esos partidos no constituyen guías para la organicidad, participación y lucha por la conquista de derechos y el bienestar para todos. Hoy, esos partidos políticos, reproducen imponen la privatización de la economía, como interés de toda la sociedad. De modo similar lo efectúa el gobierno y el poder económico, al imponer que el interés privado es de todos y del Estado, así como repetir incansable e ignorantemente, que los empresarios son los creadores de riqueza. Así, no se requiere demostración alguna sobre el gobierno que impondrán, a quienes favorecerán y a las poblaciones que perjudicarán. El saber popular afirma que “ante la confesión de parte, relevo de pruebas”, así como, es posible complementar que las prácticas infames contra la salud, la educación, la libertad y democracia de quienes han saboreado las mieles del poder que, sin enmienda alguna, aspiran la presidencia de la república. Así, no es posible esperar algo distinto a lo que ya ocurre para las poblaciones necesitadas ni para los requerimientos nacionales. Las palabras pierden su sentido y significación en aquellos partidos y candidatos que aspiran el poder por cualquier medio.

Quienes imaginan que las creencias y las especulaciones cambian las realidades, repiten una afirmación de “creer es poder” de la antigua Grecia particularmente de los filósofos estoicos, una visión individualista que desde el siglo XIX aún tiene continuidad con el positivismo y la psicología entre otros seguidores. Así, se cree que los individuos poseen la capacidad de autodeterminación, la de definirse a sí mismo y el suponer que las realidades cambian según sus creencias, como una convicción idealista, que las realidades son, según las interpretamos, creemos o imaginamos. Estas posiciones no son del todo ajenas de las convicciones y relaciones cotidianas, dado que se han inventado intencionalmente leyes, decretos, reglamentos o disposiciones tiránicas a los pueblos y creado a través del tiempo un sistema con estructuras y relaciones, que han afectado y concretado condicionamientos, regulaciones y pautado las acciones y conciencias, así como hacer de la explotación y la esclavitud de las colectividades un proceso natural.

Nuestra historia pionera de un Estado democrático y moderno nos permite apreciar las profundas diferencias con el presente, como también nos muestra, que no ha sido una fantasía el haber construido temprana y peculiarmente un Estado de Bienestar en Costa Rica, como tampoco, es una utopía la concreción de un Estado obediente de las necesidades del pueblo y la realización de los anhelos y el bienestar de todos los ciudadanos, lo cual es imposible de los que recrean incesantemente los poderes privativos heredados. Pero, no ha sido solo el poder autoritario quien han destruido la democracia también comprometió nuestra responsabilidad política con el futuro. No defendimos lo conquistado.

La obediencia sustenta al sistema de papel de las dictaduras de todo tipo, mientras que la desobediencia civil es un proceso que construye democracia y justicia social, que no es un invento, pues la historia de los pueblos son hechuras colectivas y ciudadanas. Es inhumano y tiránico, en un mundo interdependiente, que unos pocos determinen el destino y vida de todos en las sociedades.

Mientras no exista un pensamiento que aglutine críticamente el devenir político de la sociedad civil, es difícil esperar un mandato presidencial progresista de cualquier partido. Sin organización ni acción colectiva solidaria, la ambición destructora, explotadora y privatizadora del sistema y del poder autoritario, nos asesina suicidándose.

Metamorfosis del capital y retroceso civilizatorio

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Por Isabel Rauber*

SURCOS presenta un resumen de este texto de Isabel Rauber e invita a descargar el documento desde el enlace al final de esta nota.

La doctora en Filosofía Isabel Rauber analiza en su trabajo «Metamorfosis del capital y retroceso civilizatorio» las transformaciones actuales del capitalismo y sus efectos en la sociedad global. La autora, quien dirige el Departamento de Estudios del Tercer Mundo (CIEPE), presenta una mirada crítica sobre los cambios en el metabolismo capitalista y sus consecuencias.

Transformación del capital

La investigadora explica que «el capital ha mutado transformándose a sí mismo en los procesos de aceleración e interconexión compleja de su ciclo reproductivo». Según Rauber, esta transformación va más allá de la extracción tradicional de plusvalía y se articula ahora con «el acceso, el control y el usufruto -a cualquier coste-, de los recursos naturales indispensables para la vida».

Contradicción vida-muerte

En el texto se plantea cómo la contradicción fundamental del capitalismo ha evolucionado. «La contradicción vida-muerte se colocó en el centro del quehacer político», señala la autora, explicando que este cambio exige una reorganización de posicionamientos, prácticas y propuestas políticas.

La especialista en movimientos sociales destaca que «lo primero y principal es defender la vida», y que esta defensa «no es tarea de pequeños grupos, ni de algunos partidos políticos, ni de grupos intelectuales; es una gesta que reclama la acción colectiva -interarticulada- de la humanidad».

Tecnoimperialismo y retroceso civilizatorio

Rauber desarrolla el concepto de «tecnoimperialismo», caracterizándolo como una nueva etapa donde la lógica del capital converge con «el abrumador desplome y derrumbe, por implosión, del sistema socialista mundial». La académica señala que las élites del poder promueven «la pulsión hacia el retroceso civilizatorio», tendencia que hoy se vuelve cada vez más evidente.

«La actual acumulación del capital se basa en la destrucción total del mundo», enfatiza la investigadora, quien argumenta que este proceso ocurre «sincrónicamente en el planeta y sin oponentes con manifiesta capacidad real de frenarlo».

Resignificación de la historia

La autora identifica como parte de esta estrategia una «regresiva revolución cultural» encaminada a resignificar la historia. Este proceso implica «distorsionar las conciencias» para implantar un «sentido común antiderechos».

«Se viven tiempos de ‘brutalismo político'», apunta Rauber, explicando que «el capitalismo central ya no pretende mostrarse como el adalid del ‘bienestar general’ sino, por el contrario, busca restringirlo a su mínima expresión o eliminarlo».

Fin del Estado de bienestar

La profesora de la Universidad Nacional de Lanús señala que estamos ante «el fin del tiempo de los ‘Estados de bienestar'», lo cual «implica el fin del Estado de derecho, el avasallamiento de los derechos individuales y también de las constituciones que los instauraban».

La investigadora explica cómo el mercado culpabiliza al Estado de bienestar por las crisis actuales, cuando en realidad «tales Estados han sido erigidos por el capitalismo occidental de posguerra como contrapeso al entonces emergente sistema socialista».

La batalla por el sentido común

Finalmente, Rauber concluye que «la batalla por la vida se centra hoy en el sentido común», convirtiéndose este en «el territorio primario en disputa y el eje central organizador de la disputa ideológica por la hegemonía».

La autora cierra su reflexión recordando que «el llamado sentido común está construido, ladrillo a ladrillo, por la ideología dominante en disputa hegemónica por el dominio de las mentes», sugiriendo que comprender esta dinámica es fundamental para imaginar alternativas.

* Dra. en Filosofía. Profesora de la Universidad Nacional de Lanús, Bs.As. Directora del Departamento de Estudios del Tercer Mundo (CIEPE). Estudiosa de los movimientos sociales y sus articulaciones. Educadora popular e Investigación Acción Participativa. Especialista en sistematización de experiencias populares en base a testimonios de sus protagonistas.

Descargar el texto completo.

La invención del pueblo

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

El enojo persiste. Esta vez con la peligrosa realidad anunciada hace varios años en un cuidadoso análisis sobre los acechos a la democracia costarricense publicado por el Programa Estado de la Nación.

En ese entonces (hace ya casi diez años) se decía que los mitos fundacionales de la matriz democrática local contaban aún con bases sólidas, aunque se preveía su erosión conforme las generaciones se separaran de tales mitos: paz, estabilidad, institucionalidad.

El tiempo de la frontera ha llegado y toma a una sociedad estupefacta, dunda, atolondrada desde el punto de vista político. Las resistencias se atomizaron y defienden hoy sus parcelas, pero no un proyecto de sociedad, colectivo, inclusivo.

Con esta realidad que pega de frente, una categoría esencial para la democracia ha sido sustraída. Importante para la construcción de la representación y la representatividad, el “pueblo” ha quedado diluido entre un proyecto que supo procesar el enojo y otro, para el que esa representación se le volvió un fardo.

Preguntarse por el pueblo, ese que llaman pueblo, es preguntarse por su invención de una u otra versión. ¿si este no es el pueblo, el pueblo dónde está?

Pareciera que la disolución de su sentido ha sido bien aprovechada por el lado del enojo y la frustración de un sistema político tradicional que le dio la espalda.

Porque seamos francos: las mieles de aquello que se denominó Estado de bienestar duraron poco y la inclusión e integración horizontal y vertical fueron difuminadas por un modelo quirúrgicamente demoledor en lo social, lo económico y cultural.

Rescatar al pueblo no es para nada sencillo ni un ejercicio de teoría académica inerte. Es más que eso. Es encontrar su lugar en la historia, en esos mitos fundantes de la democracia costarricense y devolverle el sentido colectivo que, aun con diferencias, alguna vez tuvo.

¿Qué Hacer?… En una Costa Rica, convulsionada

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Mainier Barboza

Mainier Barboza Soto
P/ Movimiento Patriótico por Costa Rica
Alajuela, Atenas, octubre de 2024

¿Qué Hacer?… En una Costa Rica, convulsionada, por los que siempre han ostentado el poder político y económico; controlan todo.

El siglo XXI nos sorprende con un movimiento social que resiste con fuerza el denominado combo del ICE; así también el referéndum para la aprobación del TLC-Tratado de Libre Comercio con EEUU y República Dominicana- el que crearía las condiciones para la aceleración y la puesta en marcha del decálogo o Consenso de Washington, arma de acción de los grupos dominantes en la esfera mundial, encabezados por los Estados Unidos.

la irrupción de dos fuerzas políticas, (Partido Acción Ciudadana, presumiblemente socialdemócrata y social cristiano, liderado por Otón Solís, ex-liberacionista); el Frente Amplio, liderado por José Merino del Río, ex – vanguardista y ligado a Manuel Mora); ambas agrupaciones inciden en el quehacer legislativo, y 14 años después el PAC asumiría la presidencia del Gobierno, acto que repetirá en 2018. El FA, en el mismo 2014, tiene un repunte significativo-9 diputados- y se sitúa como la tercera fuerza electoral nacional-en las zonas costeras obtuvo el segundo lugar en las legislativas).

Las diversas fuerzas que emergen en la Asamblea Legislativa presumen una diversidad ideológica y política, que podría generar consensos en la búsqueda de una acción política, que recuperase la acción social y el estado de bienestar que, hasta los decenios, 70 e inicios de los 80, mantenía los equilibrios económicos y de la justicia social. La realidad impuso otra imagen, lejana y acorde con el citado consenso o decálogo de Washington, (Williamson. J.1989) la caída del estado de bienestar se empezaba a configurar.

A finales del año 2018, la ley 9635, denominada ley fiscal o Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se vota y aprueba en la Asamblea Legislativa y entraría en vigor a partir del 1 de julio de 2019. Representaba la regresividad en materia fiscal, porque el ataque al sector público y la institucionalidad autónoma, solidaria, inclusiva, distribuidora de la riqueza producida, empieza a ser atacada por la vía de la “reducción del gasto público”, sin apenas señalar esfuerzos por recuperar el ingreso nacional, (en ese año, previo a la aprobación de la ley citada, Hacienda con aprobación legislativa condonó, vía amnistía tributaria, la mitad de las deudas de los morosos fiscales, muchas cuentas ya en cobro judicial, la mayoría – 80% – 25 empresas denominadas “grandes” contribuyentes), serían beneficiarias de dicha amnistía, contradiciendo las más elementales normas de la justicia tributaria. La suma condonada era catastróficamente grande.

El señor presidente, en su tiempo como ministro de Hacienda, dijo en la Asamblea que se oponía a reformar la regla fiscal y otras. (https://youtu.be/CFd5y794Wug?si=ElMfhCNjNHeAluq6). De manera que, el discurso actual, además de populista, está en línea con el proyecto neoliberal, de desmantelar el Estado, desproteger a las poblaciones en mayor grado de vulnerabilidad-zonas costeras, el norte- norte del país, los denominados “anillos de miseria”-precarios- que circunvalan las ciudades de mayor desarrollo poblacional del país.

El ¿qué hacer?, nos indica que en este momento nos encontramos ante una “pelea” entre dos facciones de los mismos grupos de poder que han estado presentes en Costa Rica desde la Segunda República, que mantenía el poder de forma bipartidista, modalidad que les permitió controlar el Estado, manteniendo sus privilegios, y “usufructuando políticamente” de las leyes de las Garantías Sociales, de la institucionalidad pública-con leyes como la 4-3 sobre el control de las juntas directivas, en el decenio de los 70, en beneficio del empresariado y los grupos de poder, adscritos al bipartidismo.

En la actualidad estamos ante una “guerra” intra- burguesa”, si se permite el término, solo que la contradicción principal está dada desde el capital. La concentración del capital ha dado espacio al capital financiero- (capital dinero, no utilizado productivamente, se acumula en la banca).

El capital productivo, es el que se define por la producción de bienes y servicios; misma que definirá la oferta y demanda nacional; empero, desde la propuesta de la escuela de Chicago, con Milton Friedman, (1970), a la cabeza, se plantea que la oferta y demanda nacional será establecida mediante el dinero, es decir, será el dinero el que nos dicte la oferta y demanda nacional de los países. La relación de participación en el mercado mundial presenta una relación 10 a 1, en cuanto a la participación del capital financiero respecto al capital productivo, (Boff. L comentario del libro de Muraro. RM. El destino del capital dinero. Koinonia. 2012).

De ahí en adelante, las leyes antipopulares, contra el movimiento sindical, las organizaciones sociales, comunales, el sector laboral y en términos concretos el vaciamiento del estado social de derecho y de los servicios públicos, de forma particular el desmantelamiento de todas las garantías sociales, con las instituciones icónicas de la seguridad Social como la CCSS, La Banca Nacionalizada, (aporta en cargas parafiscales el 33% de sus utilidades netas, 15% va al IVM).

La educación, con el MEP y las Universidades Públicas, la energía y las telecomunicaciones, con el emblemático ICE, el CNP, Fanal, vitales para la producción y desarrollo del sector primario de la economía. Recope que aporta el 11% al presupuesto nacional. En síntesis, el desarme del Estado y sus instituciones públicas es una de las peores iniciativas que conlleva el gobierno actual, concluyendo lo ya iniciado desde 1995.

Lo anterior se complementa con el ataque constante y directo a la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, la Contraloría y a la Constitución Política, en una clara provocación a la estabilidad social, la paz y a la estructura democrática del país.

Ante la situación actual, los llamados a una convergencia nacional, para enfrentar estos desplantes y amenazas a la estabilidad social de Costa Rica, han sido una constante en el pensamiento del Movimiento Patriótico por Costa Rica, razón por la que abrazamos la iniciativa, a la vez que aportaremos nuestras propuestas para una acción organizada y disponemos nuestras manos para tender puentes de unidad y alianzas, en pro de las poblaciones de mayor vulnerabilidad y exclusión de nuestra patria.

¿Hacia dónde vamos?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Óscar Madrigal

Oscar Madrigal

Me pregunto a dónde irá a parar todo el desbarajuste que vive el país en el campo político, social o cultural. La situación nacional es más caótica que de crisis, porque el desorden es monumental en todos los campos del país. Es caótica porque no hay un horizonte o una perspectiva más o menos clara en nuestro futuro.

El chavismo ha producido un desorden tal en el tablero del juego nacional, que no parece haber fuerzas para enmendarlo en poco tiempo, ni el sujeto político capaz de enfrentarlo.

Los partidos de la oposición navegan en un mar de incertidumbre, dando palos de ciego, sin poder articular una oposición seria, donde se vea una alternativa real para recuperar las instituciones y enrumbar el país por otros senderos.

El futuro no está en Liberación Nacional que no encaja ningún cambio al estado chavista y que cada vez se aleja más de poder ser opción de triunfo; aunque solo podrían jugar a que Chaves es más malo que cualquiera. Un gobierno de Liberación sería tan nefasto para el pueblo como uno de la Unidad.

Las políticas del gobierno de Chaves son, objetivamente, las de un incapaz, arropadas en un mensaje pachuco, que lo que pretenden es desmantelar el estado del bienestar y acabar con lo que queda del país de las reformas sociales.

El desmadre de la oposición es tal que lo único que puede impedir una repetición del chavismo reaccionario, sea su propia incapacidad para unirse.

Resulta que el caos, el desmadre, es lo que le beneficia a Chaves porque no tiene alternativas serias para enfrentar los problemas nacionales. Chaves vive del caos.

Por otro lado, el Frente Amplio por sí solo, no tiene la fuerza o el músculo, tanto política como ideológicamente, para presentarse como la alternativa de gobierno ante el chavismo reaccionario. Sin embargo, es la única fuerza organizada que puede coadyuvar a crear una opción política para las elecciones del 2026.

¿Qué esperan? Que convoquen los que pueden convocar, que promuevan el diálogo para un programa, que se unan todos aquellos que deseen derrotar al chavismo reaccionario sin volver al pasado nefasto del ayer.

El tren y la palanca

Escrito en . Publicado en Derechos.

Oscar Madrigal

El dilema ético del tren y la palanca se plantea cuando un tren desbocado va a atropellar a cinco personas y usted tiene a mano una palanca que puede desviarlo, pero al hacerlo mataría a un inocente o no hace nada y mata al grupo. ¿Usted que haría?

Este dilema últimamente se ha referido al campo del Bienestar: favorecer el bienestar individual o el bienestar del grupo de cinco.

Parece que nuestro sistema presupuestario está diseñado de una manera perversa, sea para beneficiar al individuo y no al grupo.

Nogui el ministro de Hacienda ha sido claro: no va a hacer nada.

El sistema de financiamiento público fue diseñado por el grupo de Carlos Alvarado para pagar la deuda pública, ese es su objetivo.

El trabajo de Nogui, ahora como ministro de Hacienda, es aplicar ese diseño, sea un gasto público cuyo primer componente sea pagar la deuda y luego, el remanente, distribuirlo para las necesidades de la sociedad hasta donde alcance. Como se ve para esto no se necesita ni gran esfuerzo, ni gran sapiencia. Simplemente acomodar números o sumas sin importar el daño social.

De esta manera le resta a la educación, a la salud, no le paga a la Caja o reduce el gasto en carreteras, congela salarios, en fin, recorta para acomodar los gastos y de así conservar la suma del pago de la deuda. Es decir, privilegiar el pago a unos pocos individuos en detrimento del grupo, de la sociedad.

Atrincherado en la regla fiscal y los límites que impuso la relación deuda/PIB, Nogui se atreve a decir que no pagará nada con lo que no esté de acuerdo o que los ingresos no le permitan. De todas formas, el Presupuesto es solo una autorización de gastos y no una orden de pago, dice. Esto es así porque el sistema se lo permite, el sistema diseñado en 2018 por el gobierno del PAC y el PUSC.

Es público que la Reforma Fiscal de Alvarado hace aguas por todo lado. Ya hablan de que las grandes bondades que nos auguraban no duraron ni cinco años y por ello no hay recursos suficientes para afrontar el costo del Estado de Bienestar y, mucho menos, reducir significativamente la deuda pública. Esa reforma tributaria que se pintó como la gran panacea que curaría todos nuestros males fiscales, ya agotó su potencial y ahora vendrán con otro plan, como la venta de activos del Estado y más impuestos sobre los trabajadores.

El problema fiscal será irresoluble mientras no se impongan tributos a la mitad de la producción nacional que se encuentra en las zonas francas.

Por otro lado, mientras las fuerzas que desean mantener el Estado de Bienestar se mantengan dentro del esquema de Alvarado, que es ahora el esquema de Chaves y Nogui, no habrá posibilidad de solucionar las carencias y las necesidades de educación, universidades, salud y tantas otras. Estamos en un callejón sin salida. Debemos salir de él.

Resultaría muy beneficioso empezar a plantear soluciones que nos permitan salir del encierro, soluciones un tanto radicales, como cambiar el fin del gasto público, para que se oriente no al pago de la deuda sino a apoyar el desarrollo social, a introducir nuevas fuentes de ingresos y a rebalancear la cancha en favor de los trabajadores y trabajadoras, por ejemplo.

Hay que seguir protestando y exigiendo el cumplimiento de los principios y normas constitucionales, pero hay que levantar simultáneamente una salida a la crisis que vivimos, porque no financiar adecuadamente la educación es una crisis.

El gobierno pregona a todo pulmón que el país está muy bien en crecimiento económico, inversión extranjera, exportaciones, etc., pero eso no se ve reflejado en mayores ingresos y mayor gasto social. Al contrario, parece que entre más crecemos más pobres nos hacemos, porque si somos menos educados, somos más pobres.

Habría que emparejar la cancha: que el gran crecimiento económico que dice el Gobierno de Chaves nos beneficie más. Hay que plantear cómo hacerlo.

Lo que es evidente es que el dilema que hemos esbozado al principio, el Gobierno y Nogui lo han resuelto claramente en contra del grupo, no han hecho nada para halar la palanca que beneficie a la mayoría.