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Etiqueta: estado de derecho

Los faroles y antorchas de la Independencia

Vladimir de la Cruz

Desde 1964 se celebra en Centroamérica, de manera conjunta la fecha del 15 de setiembre, como la fecha de la Independencia de Centroamérica, recordando el Acta de Independencia declarada esa fecha, en 1821, en Guatemala, que era la cabecera principal de la Capitanía General de Guatemala, también, antiguo Reino de Guatemala.

La celebración conjunta en Centroamérica, de la fecha del 15 de setiembre de 1821, se determinó por declaración así establecida por la Asamblea Nacional Constituyente, de las Provincias Unidas de Centroamérica, de la cual formábamos parte, indicando que “ la memoria del glorioso 15 de setiembre de 1821, en la que el pueblo de esta capital (Guatemala), proclamó su Independencia del gobierno español, se celebre con todas las demostraciones…, ha tenido a bien decretar y se decreta:…1.- El día 15 del próximo mes de setiembre será feriado en esta capital (Guatemala)…2…, 3…, 4…, 5…, 6…, 7, … 8…, 9…, 10…, 11.- El Supremo Poder Ejecutivo, al circular este (decreto) dispondrá que en todos los pueblos de las Provincias Unidas, se celebre la Memoria del día en que cada uno proclamó su Independencia del Gobierno español…” Así se dispuso y comunicó el 26 de agosto de 1823.

Así, la Independencia de Guatemala se constituyó en el detonante para que las Provincias Unidas de Centroamérica, cada una por su parte, tomara la decisión de su Independencia, en tanto iban recibiendo la noticia de lo dispuesto en Guatemala, que dejaba en libertad a cada provincia para que decidiera lo propio. De esa manera, El Salvador declaró su Independencia el 21 de setiembre, Honduras y Nicaragua lo hicieron el 28 de setiembre. Nicaragua en esa fecha hizo su declaración indicando que la decisión de la Independencia quedaba sujeta “hasta que se aclararan los nublados del día”. Esta situación la corrigieron el 11 de octubre cuando declaró su Independencia. A Costa Rica la noticia de lo dispuesto en Guatemala llegó acompañada de lo decidido en Nicaragua, el 12 de octubre de 1821.

El último gobernador colonial, Juan Manuel de Cañas, no pudo ocultar la noticia, que se traía de pueblo en pueblo por toda Centroamérica, provocando distintas reacciones.

En Costa Rica la noticia de la Independencia pasó primero por San José donde fue acogida. Siendo Cartago la capital de la Provincia de Costa Rica, la discusión de lo dispuesto en Guatemala y Nicaragua se mantuvo por varios días, en los pueblos del Valle Central, para lo que se solicitó se enviaran delegados a Cartago para tomar la decisión sobre la independencia declarada en las otras provincias.

En Cartago estaban reunidos los delegados de los pueblos desde la noche del 28 de octubre, y en la mañanita del 29 de octubre, se aprobó declarar la Independencia de Costa Rica, constituyéndose esta fecha como la Fecha de la Declaración de la Independencia de Costa Rica.

Así, por la misma declaración de la Asamblea Nacional Constituyente, de las Provincias Unidas de Centroamérica, la fecha del 15 de setiembre se debe celebrar en memoria de lo sucedido en Guatemala, y la del 29 de octubre por ser la fecha en que Costa Rica, de manera definitiva tomó la decisión de independizarse. Debe ser la fecha del 29 de octubre y no cualquier otra porque Cartago era la capital de la Provincia de Costa Rica. El Acta de Independencia de Costa Ria se juró el 10 de noviembre de 1821, reafirmándose de esa forma lo dispuesto en Cartago el 29 de octubre.

De igual manera se podría considerar que las fechas de independencia de los pueblos de la provincia de Chiapas, como lo fueron Ciudad Real, Comitán y Tuxtla, que proclamaron primero su Independencia, antes que Guatemala, a la que pertenecían, deban tenerse como las fechas de Independencia, de Guatemala y del resto de Centroamérica. Influyeron esas declaraciones en Guatemala para la decisión que se tomó el 15 de setiembre.

Lo que recorrió el territorio de Centroamérica a partir del 15 de setiembre de 1821 fue la noticia de la Independencia de Guatemala.

Lo que recorrió el territorio de Centroamérica a partir de esa fecha fue la invitación para que cada Provincia, entre ellas Costa Rica, tomara su propia decisión.

El recorrido de la noticia se hizo de día, no de noche. A caballo o a pie se trajo la noticia. De noche no se podía porque no había buenos caminos para transitar. No había telégrafos ni teléfonos. Había peligros reales de animales salvajes, felinos especialmente, para los viajeros que pudieran movilizarse nocturnamente. Había que hacer paradas obligadas. Por eso la noticia duró muchos días, casi un mes, en llegar a Costa Rica. Quienes traían la noticia, uno o varios viajeros, se desplazaban de día, sin antorchas ni teas.

A principios de la década de 1960, en el contexto de la Integración Centroamericana que se impulsaba y de la reunión de presidentes de Centroamérica con el presidente Kennedy, del 18 al 20 de marzo de 1963, el Profesor, y Director de la Dirección General de Deportes, Alfredo Cruz Bolaños, impulsó la idea, acogida en esa reunión de Presidentes centroamericanos, que se materializó por primera vez en 1964, de festejar la Independencia del 15 de setiembre de Guatemala y el recorrido de su noticia por toda la región, con un recorrido oficial que se iniciaría en Guatemala hasta llegar a Costa Rica, recorrido que se haría portando una Antorcha, en manos de estudiantes de toda la región.

Es claro que la celebración de este recorrido no se hace por las noches. Se hace durante todo el día, pueblo a pueblo, por la ruta que se disponga.

La Antorcha se propuso como símbolo de la luz frente a la oscuridad de la dominación española, como símbolo de la luz contra la opresión colonial, como símbolo de la libertad, del pueblo y del país, como símbolo de la soberanía popular, del pueblo en capacidad de tomar sus propias decisiones y la independencia nacional frente al sometimiento político e institucional del orden colonial español, o de cualquier otro orden imperial que nos amenace.

El 14 de setiembre de cada año, desde 1964, el pueblo costarricense, y el estudiantado nacional, se moviliza para recordar, exaltar y festejar la noticia de la Independencia que nos llegó, en el desfile así organizado, para consolidar la Independencia de Costa Rica, y la de Centroamérica. Eso celebraremos el próximo 14 de setiembre en Costa Rica.

Para esta fecha, para este próximo 14 de setiembre, se está invitando a participar a todo el pueblo, en todas las comunidades del país, por donde pase la Antorcha traída de Guatemala, y en los pueblos por donde no pase, para que la gente se reúna con antorchas para celebrar la Independencia Nacional, pero especialmente para fortalecer la Independencia, la Soberanía y la Libertad del pueblo de Costa Rica.

Se está llamando a defender las libertades y derechos sagrados que la Independencia nos dio y que, en el desarrollo institucional del país, desde aquella gloriosa fecha hasta hoy, se han logrado como grandes conquistas populares y ciudadanas, establecidas en la Constitución Política, hoy diariamente amenazadas por las acciones autoritarias que se impulsan por el Gobierno de la República.

Se está llamando a defender la institucionalidad democrática nacional, el Estado de Derecho, que implica defender la independencia de los Poderes Públicos, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Poder Electoral.

Se llama a luchar para que el Poder Ejecutivo no controle dictatorial, tiránica, ni autoritariamente todos los Poderes de Estado, para que no se entronice una Dictadura, una Tiranía, un Gobierno Absoluto en el país, ni se establezcan las bases de una Costa Rica dependiente, como una nueva colonia de una potencia extranjera, ni como una República alquilada a esos intereses, ni como un Protectorado político y militar como pareciera se está gestionando por el Gobierno de Laura Fernández.

El 14 y el 15 de setiembre hay que afirmar la verdadera Independencia Nacional.

Los faroles y antorchas de la Independencia, de esta fecha, son para afirmar, consolidar y defender el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho que malos costarricenses, y en cierta forma traidores a la Patria, están despedazando.

Manifiesto patriótico: por la defensa de la democracia y la institucionalidad

Costa Rica se encuentra ante una encrucijada histórica. La indiferencia ya no es una opción, es lo que alimenta al autoritarismo. Si guardamos silencio, permitiremos el desmantelamiento de los pilares que sostienen la vida democrática y la libertad.

Convocamos a la acción unitaria del Bloque Democrático: comunidades, organizaciones sociales, universidades públicas, artistas e intelectuales, iglesias, ciudadanía.

Exigimos respeto a nuestra Constitución Política.

El Poder Judicial está bajo asedio y existe el peligro de un «cierre técnico»

La campaña de hostigamiento contra los tribunales y la fiscalía general ha cruzado límites peligrosos. Ya no se trata solo de descalificaciones verbales en conferencias y redes, sino de una estrategia de asfixia financiera planificada.

El fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, elevó una alarma gravísima ante la Corte Plena al denunciar que los millonarios recortes presupuestarios impuestos por el Poder Ejecutivo buscan provocar un «cierre técnico» del Poder Judicial.

El impacto real: esta reducción forzada de recursos desmantela las fiscalías y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el peor momento para la seguridad del país, y con esto deja vía libre al crimen organizado. Como bien señaló la magistrada Patricia Solano en la misma sesión: “Pareciera que el enemigo no es el crimen organizado, sino el Poder Judicial”.

El objetivo de fondo es debilitar los expedientes de corrupción que comprometen directamente al oficialismo y promover la impunidad de las redes de influencia. Un Poder Judicial maniatado económicamente pierde la capacidad de actuar como contrapeso constitucional frente a los abusos del Ejecutivo.

La Caja de Seguro Social (CCSS): El desmantelamiento del bienestar social

A la par del ataque contra el Poder Judicial, la Caja Costarricense de Seguro Social sufre una intervención sistemática destinada a ahogarla y colonizar sus mandos técnicos.

El impacto real es la manipulación de las juntas directivas, la parálisis de infraestructura hospitalaria básica urgente y las políticas que promueven la fuga de especialistas de la salud para destruir la mayor conquista social de nuestro pueblo.

El objetivo de fondo es convertir la salud pública en un negocio y neutralizar cualquier foco de resistencia técnica o sindical interna.

Dejar caer a la CCSS es romper el pacto social de solidaridad que ha garantizado democracia social en Costa Rica por más de ochenta años.

La amenaza de la represión y la pérdida de garantías individuales

El debilitamiento institucional busca allanar el camino hacia un régimen autoritario. Nos preocupan profundamente las narrativas que coquetean con la suspensión de garantías individuales so pretexto de crisis, y el ingreso desmedido de fuerzas militares extranjeras aprovechando los recesos de la Asamblea Legislativa.

Un escenario sin controles constitucionales facultaría al oficialismo para ejecutar allanamientos políticos, intervenir la Fiscalía General y neutralizar a la Contraloría General y al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

No permitiremos una Costa Rica arrodillada, temerosa y militarizada.

¡Actuemos ya!

Hacemos un llamado urgente para unirnos a la Red Nacional de Comités Democráticos y Patrióticos en cada barrio del país. Nuestra resistencia es pacífica pero firme, fundamentada en las leyes y en la soberanía de la ciudadanía costarricense.

Luchamos porque:

1- El Poder Judicial mantenga su total independencia y el presupuesto constitucional.

2- La Caja Costarricense del Seguro Social sea rescatada de la intervención política y financiera de Zapote y del secuestro del Ministerio de Hacienda.

3- Costa Rica sea un país donde se respetan la vida y leyes republicanas, las libertades públicas y democráticas. Que se respeten las garantías individuales.

¡Viva Costa Rica!

Firmantes:

Edison Valverde Araya, Comunidad Buen Vivir

Lenin Chacón Vargas, Buen Vivir Comuna Cocles

Raúl Blanco Chavarría, abogado, secretario general de la JVC

Manuel Monestel, Premio Magón

Alfonso Chase Brenes, Premio Magón

Manuel Mora Salas, comandante Ramiro

Gonzalo Villalta Gewrtz

Gloria Valerín Rodríguez, exministra de La Mujer

Macarena Barahona Riera, escritora

Patricia Mora Castellanos, exministra, exdiputada

Olga Goldemberg Guevara, escritora

Marielos Castro Umaña

Ángel Lara, escultor

Ana Mercedes Rodríguez, profesora

Rafael Cuevas Molina, escritor

Oscar Madrigal Jiménez, abogado

Alcides José Murillo Campos

Leiner Vargas Alfaro

Enrique Sibaja Granados

Marvin Cordero Gómez

Gonzalo Gallegos Jiménez

Habib Succar Guzmán

Inés Gutiérrez Moya

Aurelia Trejos Paris, cantautora

Oscar Espinoza, cantautor

Gerardo Aguilar Sevilla, abogado

Ena Aguilar Ramírez

Manuel Romero Arroyo

Walter Arias Bermúdez

Claudio Monge Pereira, exdiputado

Mónica Peredo, filóloga

Victoria Montero Zeledón, actriz

Nieves Barahona Riera, actriz

Arnaldo Moya Gutiérrez, historiador

Dorelia Barahona Riera, escritora

Alex Cuadra Hernández

Ana Lorena Alfaro Fuentes, M.G.L.

Rosa María Mata Mena

Ronulfo Morera Vargas

Gerardo Contreras, catedrático universitario

Francisco Javier Hernández Quiros

Francisco Barahona Riera, doctor Ciencias Políticas

German Chacón Araya, sociólogo

Alberto Campos Barrantes

Li Sáenz Urgell

Israel Guillén González

José Rafael Flores Alvarado

Alejandro Antonio Fernández Madrigal

Zeyla Meza, abogada

Julissa De Los Ángeles Madrigal Madrigal

Leda Montoya, trabajadora social

Xiomara Eve

César Quirós Brenes

Franklin Monge Montero

Jorge Edwin Lao Largaespada

Diego Villalobos Quirós

Lyn Madrigal

Ligia María Madrigal Castillo

Freddy Jiménez Herrera

Ricardo Ascanio Sánchez, librero

María Eugenia González García

Alcides José Murillo Campos

Luis Hidalgo Canifrú

Mario Alfaro Rodríguez, profesor

Luis Fernando Monge Rojas

Annie Saborío Mora

Karla Matamoros Hernández

Juan Bautista Rojas Esquivel

Leonardo Rivera Pérez

Karen Vargas Gutiérrez

Jorge Vallejos Ortiz

Guillermo Garro Brenes

Alfredo Gerardo Chaverri Brenes

Luis Miranda Vega

Héctor Ferlini-Salazar

Sandra Flora Paniagua Paniagua, médica

Li Sáenz Urgell, profesora de arte

Beatriz Paniagua Valverde, ingeniera

Aquiles Jiménez Arias, escultor

Dorelia Barahona Riera, escritora y filósofa

Jaime Delgado Rojas, filósofo y politólogo

Óscar Alfredo Barboza Lizano, académico

Héctor Cerdas Zamora, pensionado I.V.M.

María Cecilia Crespo, abogada

Óscar Daniel Espinoza Ramos, músico

Sonia Espinoza Conejo, diseñadora en costura y poeta

Adriano Corrales Arias, escritor

Bernardo Jaén Hernández, productor agrícola

Grace Chaves Zamora, Jupema

Marco Vinicio Fournier Facio, Red Nacional por la Democracia

Habib Succar Guzmán, jubilado

Ana Lorena Davila Cubero, trabajadora social

Doris Peterd, empresaria

Alba Nidya Vargas Castro, educadora

Lucía Inés Sanou Sequeira, pensionada

Luis Alberto Meza Sosa, construcción

Isabel Araya Montero, psicóloga jubilada

Xiomara Esquivel Vargas, actriz, PCOA-Costa Rica

Carlos Alberto Rubio Torres, escritor, profesor jubilado

Carlos Rubio Torres. escritor y profesor jubilado

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De la protesta del Plantón a la del Farolazo el 14 de setiembre

Vladimir de la Cruz

En Costa Rica conocemos históricamente muchas formas de luchas sociales y protestas ciudadanas. Resistencias y rebeliones indígenas, cuando las hubo en la colonia, las protestas anticoloniales, que contribuyeron al proceso de la Independencia, las luchas de los pequeños propietarios campesinos en Guanacaste, en los primeros años de la vida independiente, cuando se empezaron a privatizar las tierras de pastoreo y se cercaron los accesos a los ríos y pozos de agua, que habían tenido un carácter comunal abierto en la colonia…

En la vida independiente, durante el desarrollo y surgimiento del Estado las diversas modalidades de luchas políticas y electorales que fueron surgiendo durante el siglo XIX, hasta que empezó a manifestarse el capitalismo agrario en el último tercio del siglo XIX y la modernización que empezó a tener el país con la construcción del ferrocarril al Atlántico, como se decía, con la traída de mano de obra extranjera afrodescendiente de Panamá y luego de Jamaica, para esos duros trabajos industriales que exigía el ferrocarril, el muelle y la ciudad de Limón, especialmente, junto a los chinos y los italianos, grupos sociales que en sus trabajos impulsaron y desarrollaron luchas más típicamente capitalistas, en defensa de sus salarios, de defensa de sus contratos de trabajo, que desarrollaron huelgas, paros y otras formas de protesta, más de carácter sindical, cuando los sindicatos estaban en gérmenes iniciándose con sus organizaciones antecesoras, las sociedades mutualistas, de mutuo auxilio y de socorros mutuos, junto con las sociedades de trabajadores, de artesanos y de obreros, hasta que con las transformaciones capitalistas de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX surgieron las Ligas de Obreros y los Sindicatos tal y como ahora los conocemos.

Con el ferrocarril luego se impulsó la producción bananera que prácticamente desde su origen tuvo en sus trabajos protestas laborales y huelgas, casi una docena de huelgas desde 1890 hasta 1934, siendo la más importante y bulliciosa la de 1934, dirigida por el Partido Comunista que se acababa de fundar en 1931.

En aquellos años, desde principios de siglo XX, las huelgas y las huelgas de, o en solidaridad, con otros huelguistas, habían aparecido, así como ciertas políticas sociales relacionadas con pensiones, y otras regulaciones en materia laboral para trabajadores organizados, como fueron entre ellos los maestros y educadores, y los trabajadores del campo que luchaban por la ley de accidentes de trabajo, que se logró en 1925. La jornada de trabajo de 8 horas ya se había logrado en diciembre de 1920, la que se llevó al Código de Trabajo de 1943 y a la Constitución Política de 1943 y luego a la vigente de 1949.

La prensa diaria y la prensa social, surgida en la última década del siglo XIX, que atendía la situación de los trabajadores, de los chaquetas, descamisados y descalzos, de los grupos urbanos marginados, recibiendo información de las grandes huelgas por la jornada de 8 horas en Europa, y los Estados Unidos, que culminaron con las triunfantes huelgas de Chicago de 1886, 1890 y las siguientes para imponer a partir de este año esa lucha a escala internacional, fueron también, desde aquellos años, hasta la segunda década del siglo XX, que se acompañaron con otros procesos huelguísticos en el país de trabajadores migrantes, españoles especialmente, y con una migración europea intelectual de gran valía en el campo educativo, de las ciencias, las artes y la cultura en general, hicieron surgir también una conciencia política anti oligárquica, de carácter popular.

En el campo político con el surgimiento de los partidos políticos a partir de 1890 surgieron también las organizaciones políticas de los trabajadores, que incluso en la última década del siglo XIX pudieron nombrar o elegir sus propios diputados, como lo fue el Partido Independiente Demócrata, que forzó para que los partidos oligárquico liberales crearan a su amparo los clubes respectivos de trabajadores, artesanos y obreros, eligiendo ellos también un diputado representante de estos trabajadores, en esos años.

Ese final de siglo XIX se fortaleció en el campo de las ideas políticas, además del liberalismo, cuando por la prensa, especialmente, empezó a llegar la información de las ideas y de los movimientos anarquistas, socialistas, socialdemócratas y socialcristianas de Europa. Estas últimas con el impacto que tuvo la Encíclica Rerum Novarum, que con el Obispo Bernardo Augusto Thiel, impulsó su Carta Pastoral No. 30 reproduciendo prácticamente su contenido, a los “desposeídos de bienes de fortuna”, donde defendió el derecho de organización sindical, el derecho a la huelga y el derecho a un justo salario, creando las condiciones para que la Iglesia impulsara y apoyara el Partido Unión Católica, e hiciera surgir a un grupo de cristianos muy importante socialmente que también se organizaron alrededor del periódico La Justicia social.

En otro ámbito del debate político la Iglesia desde sus publicaciones religiosas atacaba violentamente a los masones y la influencia que tenían en el desarrollo institucional y político del Estado y de la sociedad costarricense.

Las elecciones de 1910 tuvieron la organización de partidos regionales obreros en Limón, Grecia y San José, por las concentraciones de trabajadores agrícolas y urbanos, que surgían y se impulsaban con los cultivos de café y sus Beneficios, y con la caña de azúcar y sus Ingenios.

Desde 1900-1902 con el surgimiento de los sindicatos se pasó en 1905 a la constitución de la primera Federación de Trabajadores de San José, fortaleciendo más la organización y las luchas de los trabajadores. En 1909, con el surgimiento del Centro de Estudios Sociales Germinal, estas organizaciones y luchas se consolidaron. Hicieron surgir en 1913 la primera Confederación General de Trabajadores que dio origen, desde entonces, a la celebración del Primero de mayo en Costa Rica, como día internacional del Trabajador, y a poner en alto la lucha por la jornada de trabajo de 8 horas, la que se logró establecer en el país den 1920.

Entre 1909 y 1913, entre 1917 y 1921 y luego, entre 1927 y 1934 se produjeron grandes movimientos y “oleadas” huelguísticas en el país, que se acompañaron, en esos mismos años, con el surgimiento de esos grupos políticos de trabajadores, en el Centro Socialista de Costa Rica del Dr. Aniceto Montero, que fue el primer intento importante de desarrollar y organizar un Partido Comunista en el país, que organizó desfiles de duelo de trabajadores, por la muerte de Lenin, del partido Reformista, impulsado por el sacerdote Jorge Volio Jiménez, y luego por el surgimiento, en 1931 del Partido Comunista de Costa Rica.

Esos años, desde principios del siglo XX hasta mediados de la década de 1930-1940, se dieron una diversidad importante de movimientos y de luchas nacionalistas, antiimperialistas y patrióticas, con participación importante de sectores de la oligarquía nacional y de ricos empresarios que salían afectados con los contratos que se celebraban con empresas extranjeras y con el Tratado de Comercio con Estados Unidos que se celebró en esos años.

En la lucha contra la dictadura de los Tinoco, 1917-1919, papel importante jugaron los maestros y los estudiantes de los colegios de la capital.

El antiimperialismo, y en las décadas de 1930 y 1940 el antifascismo y el antinazismo también fueron movimientos políticos importantes que se manifestaron en Costa Rica.

La década de 1940 surgieron los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, como una nueva fuerza social organizada. En este mismo tiempo los maestros y educadores también fortalecieron sus niveles organizativos y de luchas.

El marco de la II Guerra Mundial y la derrota del nazi fascismo provocó una nueva situación política nacional muy particular, que dio por resultado la alianza del Partido Comunista de Costa Rica, jefeado por Manuel Mora Valverde, el gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia y la Iglesia Católica costarricense, liderada por su arzobispo Dr. Víctor Manuel Sanabria Martínez, a cuyo amparo se aprobaron las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, situación que condujo, por los problemas político electorales de esos años, a la guerra civil de marzo y abril de 1948, que impuso en el gobierno, durante los años 1948-1949, al grupo armado victorioso de la guerra civil que gobernó con el nombre de Segunda República de Costa Rica.

Durante el período de la Segunda República, desde el gobierno de Otilio Ulate Blanco, 1949-1953, se dieron luchas políticas intensas por recobrar la legalidad e institucionalidad política democrática, que se afectó hasta 1975, por los efectos de la guerra civil.

La democracia costarricense, así se fortaleció de nuevo en su derechos y libertades ciudadanas. El valor democrático de su institucionalidad igualmente se fortaleció.

El Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho se consolidaron más. Se amplió la sociedad democrática a los jóvenes con el sufragio a los 18 años, el de las mujeres desde 1949, y la igualdad de género se ha fortalecido ampliamente.

Los Derechos Humanos de han fortalecido en la institucionalidad nacional, convirtiéndose en el gran paraguas de la vida social y política nacional.

Durante la Segunda República a su vez se crearon una serie de instituciones dentro de una perspectiva de un Estado más proteccionista de los sectores populares y sociales más débiles, y de una clase media vigorosa que se creó en estos años, hoy muy amenazada en el conjunto de sus condiciones vitales.

Las políticas económicas y públicas que se han desarrollado desde 1980 del mismo modo han contribuido a debilitar este Estado Social de Derecho, al tiempo que se fortaleció el Estado de Derecho con el establecimiento de la Sala Constitucional de la República, o Sala IV como popularmente se le conoce.

El período político más reciente ha contribuido a desarrollar nuevos grupos económico financieros, con poca expresión política, pero con éxito electoral para haber alcanzado el Gobierno de la República en el período 2022-2026 y 2026-2030, con el propósito claramente definido de acabar con el Estado de Derecho, de su institucionalidad democrática, de los controles institucionales existentes de la Administración Pública, y acabar también con el Estado Social de Derecho para lo cual han venido, en estos dos gobiernos, impulsando medidas con acabar con todas las instituciones sociales existentes, con derechos fundamentales de los ciudadanos y de los trabajadores, con políticas de estado que claramente conducen a un mayor empobrecimiento de toda la población, especialmente de los grupos sociales marginales, excluidos, agrupados en la extrema pobreza, en la pobreza, que se hacen más pobres, y en sectores medios que son empujados hacia la pobreza. El congelamiento de salarios y pensiones por los últimos cinco años y proyectados de igual manera para los siguientes cinco años, el debilitamiento económico de las universidades públicas, el desfinanciamiento de las instituciones sociales, pilares de estos grupos sociales, son parte de este proceso, que se impulsan bajo los gobiernos de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, gobiernos que no ocultan sus intenciones autoritarias, dictatoriales, tiránicas y militaristas.

El enfrentamiento que han hecho contra los poderes públicos que no controlan son parte de este proceso, de estas políticas y de este propósito que impulsan.

Dichosamente el pasado 6 de agosto se produjo el llamado Plantón por la Democracia, que se constituyó en un gran movimiento popular, expresado en distintas partes y pueblos del país, con gran éxito, como un gran movimiento popular que se logró articular en defensa de la institucionalidad democrática, en defensa de la independencia de los Poderes Públicos, de las Libertades y Derechos Ciudadanos, en defensa de las instituciones controladoras de la corrupción y de las finanzas en la Administración Pública.

El Plantón como manifestación de protesta, de esa forma, no se había realizado antes en el país. Como concentración pacífica, popular, prolongada como ll fue para exigir respeto por el Estado de Derecho y el cese de la agresión a la Independencia de los poderes públicos, resultó un gran éxito.

Se convocó a la Plaza de la Democracia en San José y ante los principales edificios públicos y de gobierno, como en las calles públicas en los pueblos donde se realizó ese Plantón.

Fue una gran muestra de apoyo de la población, de reconocerse en esa lucha distintos sectores y ciudadanos identificados totalmente con la Democracia como sistema político y de vida nacional.

El plantón del 6 de agosto fue igualmente una manifestación de fuerza popular y un claro mensaje a las autoridades del Poder Ejecutivo para que paralicen sus discursos ofensivos, irrespetuosos contra ciudadanos y podres públicos, y cesen sus amenazas y acciones contra la libertades públicas, entre ellas las de prensa y expresión ciudadanas.

Para el próximo 14 de setiembre, en paralelo con el tradicional desfile que se organiza simbólicamente que trae, desde Guatemala hasta Cartago, la Antorcha de la noticia de la Independencia, que había dispuesto Guatemala y comunicaba al resto de las Provincias, para que cada una decidiera lo correspondiente respecto a España, se está llamando a otro Plantón Popular.

Se le llama el Farolazo, para que de igual manera en todo el país, con faroles, como los escolares y colegiales, la gente se manifieste por la Independencia Nacional, por la Independencia de los Poderes Públicos amenazados por Rodrigo Chaves y su gobierno mancomunado con Laura Fernández, para evitar el establecimiento de un gobierno autoritario y despótico.

En mi opinión es que pasado el Plantón del Farolazo hay que convocar para el Primero de Diciembre, día en que se celebra la abolición del ejército en Costa Rica, otro Plantón popular festejando y apoyando la abolición del Ejército, y exigiendo que no se introduzcan los grados militares en el ordenamiento y organización policial del país. Ese es el camino disfrazado con el que el concubinato político de Rodrigo Chaves y Laura Fernández quieren avanzar hacia el restablecimiento del ejército para tener un brazo armado en capacidad de sostener una gobierno absolutista, dictatorial, tiránico, autoritario, antidemocrático, antinacional costarricense.

Ni jueces sometidos ni jueces intocables

«La independencia judicial es el escudo del ciudadano frente al abuso del gobernante, pero nunca puede convertirse en el velo que oculte los errores o la impunidad de los tribunales».

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

Defender la judicatura frente a la intimidación del Gobierno de turno es un deber; tolerar la opacidad y la lentitud burocrática es un error. Las claves para evitar la trampa de la «mano dura».

Hay una frase que convendría repetir estos días hasta que nadie pueda hacerse el desentendido: defender la independencia del Poder Judicial no significa darle un cheque en blanco. Tampoco significa considerar infalibles a sus jueces, colocar sus decisiones por encima de la crítica o asumir que toda persona que cuestione su funcionamiento es, por ese solo hecho, enemiga de la institucionalidad. Una democracia adulta debería ser capaz de entender algo tan elemental.

La concentración ciudadana realizada el pasado 6 de agosto en la Plaza de la Democracia merece ser interpretada, ante todo, como una defensa de la independencia judicial frente a cualquier intento de sometimiento político. Esa defensa es legítima y necesaria, pues la judicatura no constituye un privilegio corporativo ni una concesión de quienes ocupan transitoriamente otros poderes del Estado: es una garantía esencial para todos los ciudadanos.

Precisamente por eso, acuerpar la institución no puede confundirse con defender indiscriminadamente todo lo que ocurre dentro de ella. Existe una diferencia fundamental entre ambos extremos: la primera es una obligación democrática; la segunda corre el riesgo de convertirse en un corporativismo ciego.

Cuando las decisiones generan sospechas

Costa Rica necesita un Poder Judicial fuerte e independiente, pero también eficaz, transparente, oportuno y sujeto a la rendición de cuentas. De acuerdo con el reporte mañanero de Delfino.cr de este 4 de septiembre, existen fallas sistémicas preocupantes en la aplicación de las medidas cautelares.

El informe expone ejemplos críticos: un funcionario judicial investigado que en el pasado liberó a un líder criminal que posteriormente se fugó; la liberación de un sospechoso de homicidio que después falleció en un tiroteo contra la policía; y un juez penal que dictó sobreseimiento en un caso relacionado con 800 kilos de cocaína, permitiendo la huida de los imputados.

Cada uno de estos casos puede estar rodeado de complejidades y tecnicismos jurídicos que deben ser analizados conforme a la ley y al debido proceso. Pero, considerados en conjunto, inevitablemente encienden las alarmas públicas. La independencia judicial es vital, pero no puede convertirse en un muro de silencio frente a resoluciones cuyos desenlaces resultan particularmente graves.

Cuando varias decisiones terminan teniendo consecuencias de esta naturaleza, es perfectamente legítimo preguntarse cómo fueron valorados los riesgos y si los mecanismos institucionales de control están funcionando adecuadamente.

¿Mano dura o reformas democráticas?

Ante el crecimiento del narcotráfico, el sicariato y el crimen organizado, aumenta la demanda social de «mano dura». Es comprensible. Pero la pregunta que debemos hacernos es otra: ¿mano dura contra el delito o mano dura contra los controles democráticos? No son la misma cosa.

Nuestro país necesita fiscales más eficaces, policías mejor preparados, investigaciones rápidas y jueces rigurosos. Necesita que los procesos no se eternicen y que quienes representen un verdadero riesgo para la sociedad no puedan burlar fácilmente las medidas impuestas por los tribunales.

La firmeza frente a la corrupción, la transparencia en la gestión pública, la evaluación de resultados y la eliminación de privilegios injustificados no son amenazas contra el Poder Judicial; son, por el contrario, condiciones indispensables para fortalecerlo.

El peligro real aparece cuando la llamada «mano dura» se convierte en intimidación, concentración del poder o sometimiento de los jueces a las decisiones del Gobierno de turno. Entonces ya no estamos hablando de reforma, sino de una amenaza directa al Estado de derecho y al orden constitucional.

Escuchar el malestar ciudadano

El profundo malestar ciudadano con el funcionamiento de la justicia no puede despacharse como ignorancia, manipulación o conspiración. Hay personas que esperan años por una resolución, víctimas que sienten que sus casos no avanzan, y ciudadanos que perciben una justicia lenta, burocrática y distante. Ese desencanto existe y merece ser escuchado.

Si las instituciones no lo atienden, otros terminarán capitalizándolo. Una ciudadanía frustrada puede llegar a pensar que cualquier transformación es preferible a mantener el estado actual de las cosas, incluso si para conseguirla debe sacrificar contrapesos institucionales. Esa tentación es peligrosa, pues las instituciones democráticas son mucho más fáciles de debilitar que de reconstruir.

Por lo tanto, es vital impedir que el descontento ciudadano se use como pretexto para arrodillar a los jueces, tanto como evitar que la bandera de la independencia judicial sirva para frenar las transformaciones urgentes del sistema. El reto democrático actual exige rechazar dos posturas destructivas por igual:

  • Exigir rendición de cuentas es un derecho cívico; presionar o amedrentar a la judicatura es una amenaza autoritaria.
  • Eliminar privilegios injustificados fortalece la República; subordinar los tribunales a los intereses del Ejecutivo la destruye.
  • Reclamar eficiencia y resultados es indispensable; concentrar el poder en el gobierno de turno es inaceptable.

La Costa Rica que necesitamos no es una Costa Rica con un Poder Judicial subordinado ante el Gobierno, pero tampoco una nación donde las instituciones puedan decirle a la ciudadanía: «confíe en nosotros y no haga preguntas». Eso tampoco es democracia.

La movilización pacífica del 6 de agosto debería servir para defender algo mucho más profundo que una entidad concreta: el principio republicano de que ningún Gobierno puede convertirse en juez de sus propios actos. Pero esa defensa quedaría incompleta si no incorporamos otro principio igualmente importante: ninguna institución democrática está por encima de la ciudadanía a la que sirve.

El peor escenario para el país sería tener jueces sometidos al poder político, pero tampoco es saludable tener instituciones que, amparadas en su independencia, terminen convencidas de que no tienen que dar explicaciones.

No queremos un Poder Judicial débil, pero tampoco uno intocable. Queremos una judicatura responsable, transparente y capaz de responderle a la ciudadanía cuando esta pregunta, con toda legitimidad: ¿por qué? Y cuando las preguntas son legítimas, las instituciones democráticas no deberían sentirse amenazadas por ellas; deberían responderlas.

Atisbos neofascistas en la institucionalidad costarricense

Marielos Aguilar Hernández
Historiadora

Marielos Aguilar Hernández

La suspensión del gerente financiero de la CCSS, don Gustavo Picado, debido a su honesta aclaración emitida, en el sentido de que esa institución no está económicamente “quebrada” como lo ha reiterado el presidente de facto Rodrigo Chaves, es un hecho muy grave.

Este fenómeno tiene múltiples causas, no obstante, también ha sido posible porque los dos últimos gobiernos chavistas encontraron bien instalado el andamiaje más reaccionario que podamos imaginar en nuestro país desde 1948.

Tengamos consciencia histórica, el andamiaje de estos abusos lo terminó de construir la administración de Carlos Alvarado: a) la reforma fiscal y el congelamiento de los salarios del sector público (2018) y, b) la declaración de ilegalidad de la huelga en el sector público (2019).

Hoy día, suspender, o despedir, a los empleados públicos incómodos para el gobierno de extrema derecha que nos rige, solo es un asunto de trámite. El «Código de Trabajo» costarricense, producto de centenarias luchas de reivindicación laboral y social, está quedando olvidado en los más recónditos anaqueles de nuestra rica historia de luchas sociales.

¡Pero ahí están aún las organizaciones sindicales de la Caja! Médicos, trabajadores de enfermería, empleados todos de nuestra insigne CCSS, saquen fuerzas por favor, ayúdennos a recuperar la autonomía institucional de esta benemérita institución.

Ese llamado se hace extensivo a todo el movimiento sindical nacional. Esta es una hora para escribir nuevas páginas de lucha y gloria para la democracia social costarricense.

Escribo estas líneas, convencida de haber sido testigo de excepción de los esfuerzos nacionales por convertir a Costa Rica en una sociedad justa, honesta, respetuosa y plural. Diversas fuentes políticas e ideológicas aportaron en la construcción de ese sendero de optimismo. Somo producto de esa diversidad.

El arribo de un movimiento de inspiración neofascista, cuya nefasta bandera hoy la levanta con gran desparpajo la presidenta Laura Fernández, no nos puede dejar indiferentes.

Como lo hicieron hace un siglo la mayoría de los sectores democráticos de diversos continentes frente al fascismo, encarnado en figuras tristemente célebres como Adolfo Hitler, alemán, Bennito Musolini, italiano, y Francisno Franco, español, la ciudadanía costarricense también debe de reivindicar con energía todos los derechos sociales, políticos y culturales que nos quieren arrebatar.

Tengamos clara otra cosa. El fascismo del siglo XXI se viste con nuevos ropajes, pero en esencia, conlleva el mismo odio por el modelo democrático, la diversidad de pensamiento, el desprecio por la división de poderes, el menosprecio por el sistema de pesos y contrapesos y la subestimación por la formación cívica en democracia para las nuevas generaciones.

Ese odio ya lo experimentan, día a día, las universidades públicas, encargadas de la formación de consciencias críticas, los colegios profesionales que anteponen el compromiso ético en el desempeño de los profesionales en medicina, derecho, ingeniería, educación, etc. Y, por supuesto, los medios de comunicación que no comulgan con las restricciones ideológicas que impone la línea autoritaria de gobierno.

¡Nubarrones muy negros opacan el futuro de las nuevas generaciones! Pero estamos a tiempo, la organización por sectores puede ser el primer paso para contener el avance autoritario: estudiantes, sindicatos, comunidades rurales y urbanas, y otros sectores de la sociedad civil puede ser la mejor respuesta. ¡Qué el miedo no nos paralice!

Depositarios de la ley, no dueños de la República

“En una república, los votos otorgan un mandato temporal, no un poder absoluto. El imperio de la ley existe para blindar la libertad ciudadana frente a los impulsos y los decretos del mandatario de turno.”

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED

Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

Una defensa del principio de legalidad consagrado en el artículo 11 constitucional frente a la peligrosa normalización del autoritarismo discursivo y la opacidad estatal.

En el debate político contemporáneo de Costa Rica, ha comenzado a arraigarse una peligrosa confusión conceptual sobre la naturaleza del poder en una democracia. Con alarmante frecuencia, quienes ejercen las magistraturas del Poder Ejecutivo tienden a asumir que el respaldo mayoritario obtenido en una elección los faculta para situar su voluntad por encima de los controles institucionales, retratando las resoluciones judiciales, las advertencias de la Contraloría o el control parlamentario como «obstáculos» que impiden gobernar. Ante esta retórica de la confrontación, se vuelve imperativo regresar a las bases jurídicas que sostienen nuestra República y recordar una verdad fundamental: el gobernante no es el dueño del Estado; es, simplemente, su administrador temporal.

Nuestra Carta Magna es categórica al respecto. El artículo 2 de la Constitución Política de Costa Rica estipula con claridad meridiana que «la soberanía reside exclusivamente en la Nación». Esto significa que el pueblo es el único y verdadero «soberano». Las personas que ocupan la presidencia, los ministerios o las curules legislativas no adquieren una soberanía propia; son meros delegados.

Bajo esta lógica constitucional, es imperativo advertir que el hecho de que el partido actual en el poder se denomine «Pueblo Soberano» constituye una simple etiqueta electoral y una estrategia de nomenclatura partidaria; bajo ninguna circunstancia significa que dicha agrupación pueda encarnar o monopolizar a «al soberano». Pretenderlo, como se asoma en ocasiones en el discurso oficial, rozaría incluso el supuesto del artículo 3 de nuestra Carta Magna, el cual tipifica como “traición a la Patria” cualquier intento de usurpar la soberanía nacional.

En este contexto es importante recordar que el andamiaje constitucional costarricense se blindó contra el absolutismo mediante el artículo 105, el cual delega la potestad de legislar en la Asamblea Legislativa, y el célebre artículo 11, que consagra el Principio de Legalidad y la rendición de cuentas: “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella.”

La transitoriedad es, por lo tanto, una condición indispensable de la legitimidad democrática. Quien gana una elección no recibe una corona, sino un mandato a plazo fijo con reglas de juego preestablecidas. El ejercicio del poder en una república exige comprender que la alternancia en el gobierno y el respeto a las minorías no son concesiones benévolas del mandatario de turno, sino garantías que protegen a los ciudadanos frente al abuso. Cuando un gobernante utiliza el lenguaje de la ofensa, el secreto de Estado como refugio para la opacidad o la descalificación sistemática de los jueces del Poder Judicial, está violentando el pacto cívico que juró defender al asumir el cargo. La fuerza de Costa Rica nunca ha residido en la estridencia de personalidades mesiánicas, sino en la solidez de sus instituciones de control.

La historia enseña que las democracias rara vez colapsan por golpes de Estado abruptos; se marchitan desde adentro cuando la ciudadanía normaliza la degradación del lenguaje oficial y acepta la premisa de que la «mano dura» justifica el debilitamiento de la legalidad. Atacar los contrapesos institucionales bajo el argumento de que «no dejan trabajar» es una falacia autoritaria.

Un ejemplo concreto de este desencuentro institucional se evidencia en las recurrentes manifestaciones de la presidente Laura Fernández, quien, amparada en el porcentaje obtenido en las urnas, ha cuestionado públicamente a la cúpula de la Corte Suprema de Justicia al afirmar que sus magistrados responden a intereses continuistas, sugiriendo incluso que la judicatura debería someterse a votación popular. Esta retórica oficialista pretende subordinar la independencia técnica y judicial al veredicto de las mayorías electorales, ignorando que los tribunales existen precisamente para aplicar el derecho con neutralidad y blindar las garantías fundamentales frente a los impulsos políticos del gobierno de turno.

Los frenos y contrapesos existen precisamente para evitar que el poder se concentre en unas solas manos, garantizando que el diseño de las políticas públicas responda al interés nacional y no al capricho o al beneficio de una corporación o un partido específico. La fiscalización que realiza la prensa, la legislación que elabora la Asamblea Legislativa, su ejecución a cargo del Poder Ejecutivo y los límites que imponen los tribunales de justicia no son bloqueos al desarrollo: son la esencia misma de nuestra democracia y la vida en libertad.

Nuestro país ha construido su excepcionalidad internacional y su paz social sobre la convicción de que nadie está por encima de la ley. En este sentido, la ciudadanía tiene la responsabilidad histórica de mantener una vigilancia cívica activa y no dejarse seducir por narrativas que buscan dividir al país en un río revuelto de odios y polarizaciones.

Este próximo mes de la patria es el momento oportuno para recordar que las notas de nuestro Himno Nacional y su consigna de «Vivan siempre el trabajo y la paz» requieren coherencia en el ejercicio público.

En el contexto de turbulencia y confusión que hoy vivimos, se hace imperativo exigir a los gobernantes temporales estar a la altura de la dignidad que el cargo les demanda, y recordar, con firmeza republicana, que el verdadero soberano sigue habitando pacíficamente en cada ciudadano de este país.

Por una democracia que se defiende y se transforma – Madre Tierra

Pronunciamiento de la Organización Cívica Madre Tierra en defensa de la democracia, los valores republicanos, el respeto por las instituciones, la justicia social y la sostenibilidad del desarrollo

La Organización Cívica Madre Tierra, comprometida con la democracia, la justicia social, la sostenibilidad y los derechos ciudadanos, se pronuncia ante la coyuntura política de Costa Rica.

El país enfrenta una disyuntiva que trasciende el ciclo electoral: está en juego el tipo de democracia y de sociedad que queremos construir.

Defensa de la democracia y del Estado de derecho

Reafirmamos que ningún poder político puede estar por encima de la Constitución, el Estado de derecho, la separación de poderes y los derechos ciudadanos.

La democracia debe protegerse frente a cualquier intento de concentración del poder o debilitamiento institucional. Sin embargo, defenderla no implica aceptar como intocables sus formas actuales.

Una democracia sólida no solo resguarda sus logros, sino que también reconoce sus debilidades y se reforma para superarlos.

Escuchar y comprender el malestar ciudadano

El descontento social responde a desigualdades persistentes, pérdida de oportunidades, deterioro de servicios públicos y una creciente distancia entre las instituciones y la ciudadanía.

Este malestar no debe confundirse con intentos de debilitar la democracia. Quienes exigen cambios no son enemigos del sistema democrático.

Por el contrario, una democracia fuerte es aquella que escucha, responde y se transforma a partir de las demandas sociales.

Las instituciones pertenecen a la ciudadanía

Las instituciones no son propiedad de los gobiernos de turno, sino patrimonio de toda la sociedad.

Deben ser defendidas frente a intentos de captura o debilitamiento, pero también transformadas cuando dejan de responder a las necesidades del país.

El desafío no es conservarlas o eliminarlas, sino hacerlas más transparentes, eficientes, participativas y cercanas a la ciudadanía.

Es necesario reconocer que debe mejorarse la calidad y la eficiencia en la ejecución de las políticas institucionales.

No al regreso al pasado: una tercera vía democrática

Costa Rica no debe elegir entre el autoritarismo y la ineficiencia institucional.

Existe una tercera vía: una democracia renovada, socialmente justa, participativa, y ambientalmente sostenible, como está plasmado en nuestra Constitución.

Una democracia que garantice libertades, reduzca desigualdades, democratice el poder y haga efectivos los derechos en la vida cotidiana.

En un régimen democrático, los gobernantes deben ser capaces de establecer políticas concertadas entre los diversos sectores sociales y políticos, en lugar de pretender imponer, en el ejercicio del gobierno, las políticas al resto de la sociedad, procurando siempre escuchar y comprender el malestar de los distintos sectores que forman parte de la sociedad civil.

En el ejercicio democrático del poder, debe ser un principio político fundamental, para los distintos poderes de la República, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, velar permanentemente por la accesibilidad de todos los sectores de la población, y principalmente de la ciudadanía, a la formulación y discusión de las políticas públicas, procurando en todo momento, acortar la distancia entre el gobierno y la ciudadanía.

Democracia, justicia social y sostenibilidad ambiental

La democracia no puede separarse de la justicia social ni de la protección del ambiente.

No es plenamente legítima si amplios sectores carecen de oportunidades o si se compromete el patrimonio natural de las futuras generaciones.

Defender la democracia es también defender el derecho a un futuro digno, equitativo y sostenible.

Una unidad democrática con visión de futuro

La unidad democrática no puede limitarse a la oposición al autoritarismo.

Debe responder a una pregunta fundamental: ¿qué país queremos construir?

La respuesta debe incluir más participación ciudadana, justicia social, transparencia, igualdad de oportunidades y protección ambiental.

La democracia debe ser un proyecto de futuro, no solo un mecanismo de contención.

Diálogo democrático y cohesión social

Las diferencias políticas no deben convertirse en enemistades sociales.

La democracia exige diálogo, respeto y construcción de acuerdos entre posiciones distintas.

Transformar las instituciones no es destruirlas; defenderlas no es inmovilizarlas.

Hacia una nueva democracia para Costa Rica

Costa Rica necesita avanzar hacia una democracia:

  • más participativa y representativa, como lo establece la Constitución
  • más transparente y cercana a la ciudadanía
  • más justa e igualitaria
  • más solidaria y sostenible
  • más respetuosa de los derechos humanos
  • más capaz de evitar la concentración del poder

No buscamos una democracia que solo resista, sino una que se renueve y se fortalezca.

Compromiso ciudadano

Hacemos un llamado a organizaciones sociales, académicas, sindicales, empresariales, políticas democráticas y ciudadanas a defender la democracia y transformarla.

La mejor forma de protegerla es hacerla más democrática.

Costa Rica no debe elegir entre el pasado y el autoritarismo

Debe construir una nueva democracia: más justa, más participativa y al servicio de la ciudadanía.

Comisión Coordinadora de Madre Tierra

Agosto de 2026

Es necesaria la transparencia en el Poder Ejecutivo, como se realiza en la Asamblea Legislativa y en el Poder Judicial

Vladimir de la Cruz

El ambiente político nacional se ha desarrollado con una línea directa para que desde los órganos superiores de la Dirección Política del Estado, del Gobierno y de las Instituciones públicas, cada vez se actúe con más transparencia.

En el gobierno anterior de Rodrigo Chaves Robles, y en el actual de Laura Fernández Delgado, se hablaba y se habla, constantemente contra los Poderes Públicos, especialmente contra la Corte Suprema de Justicia.

Los retos que se hacen desde la Presidencia de la República a los presidentes de la Asamblea Legislativa y del Poder Judicial para reuniones a toda luz, con todos los reflectores puestos en esas sesiones van en esa dirección, de hacer ver que el Poder Judicial especialmente actúa a la sombra, en la oscuridad pública, que le da miedo discutir de esa forma los asuntos de cualquier agenda que se le proponga.

Ese ataque no va dirigido al Poder Legislativo, ya que por su naturaleza hace sus sesiones públicas, con presencia permanente de los medios comunicación, que tienen Oficina de Prensa en el mismo edificio legislativo, desde donde los periodistas y comunicadores, que así se inscriban, pueden asistir y ver todas las sesiones del Plenario legislativo, como las de las comisiones de trabajo de los diputados. Incluso, se permite que los periodistas puedan asistir a las sesiones plenarias a tomar fotos y retrasmitir con regulaciones. Los periodistas y comunicadores tienen acceso directo a todos los diputados para sus entrevistas o cuestionamientos. No es igual con los ministros que los tienen bajo control y censura previa.

La publicidad del trabajo legislativo permite que se transmitan por medios radiofónicos y televisivos oficiales las sesiones, en vivo, en directo.

Innecesariamente va el ataque dirigido contra la Corte Suprema de Justicia, porque la Corte Suprema de Justicia hace sus sesiones de manera pública, sin público como en la Asamblea legislativo, pero retrasmitidas. Y las actas de sus sesiones igualmente son públicas.

De los tres Poderes de la República, el único que sesiona absolutamente en privado, casi en secreto, es el Poder Ejecutivo, el Consejo de Gobierno, de cuyas sesiones no se consiguen actas, donde se recojan las intervenciones, con sus discusiones, si las hay, de todos los ministros y el presidente, ni se consiguen minutas de las mismas. Escuálidos comunicados de prensa de vez en cuando.

Las mesas de prensa, las sesiones de los miércoles que prepara el presidente de la República no tienen el carácter de rendición de cuentas de lo que se trata en el Consejo de Gobierno. Por ello también las reuniones de los miércoles están encuadradas más en la perspectiva de la comunicación política electoral de la presidenta, en la situación actual, como lo hacía en su momento el Presidente Chaves. Y, también, por ese motivo las reuniones de los miércoles ni siquiera tienen la capacidad, y mucho menos, de establecer, en el balance político semanal, la agenda nacional de los temas de la semana que concluye ese miércoles o que inicia a partir de ese mismo miércoles. Estas sesiones, que además son totalmente montadas, como show, como espectáculo, son el fraude político nacional más grande que se produce y ejecuta, que generalmente sirve para alimentar troles y la producción de memes, por las tonterías que muchas veces se dicen o perciben, y por las expresiones lingüísticas con que a veces se dicen ciertas cosas, a modo de voz oficial de la presidenta, cuando se refieren a ciertos eventos o sucesos nacionales.

La estructura de los llamados de la presidenta retando, especialmente, al presidente de la Corte Suprema de Justicia a discutir de manera pública, no es para discutir, analizar, intercambiar opiniones, o buscar soluciones reales, o caminos por donde avanzar, sobre los graves problemas del país, o de las instituciones públicas, para buscar soluciones conjuntas.

Por ahora su discurso es solo para evidenciar supuestos problemas de la administración de justicia, entrabamientos en la resolución de los litigios y juicios que allí se conocen. Son tan solo para tirársele encima al presidente de la Corte, y en paralelo a todos los magistrados, e indirectamente a todos los jueces, por los años de servicio que tienen prestándole al Poder Judicial.

Los desesperados llamados de la presidenta son tan solo convocatorias montadas para ir a realizar ataques directos, personales hasta donde puedan darse, contra el Presidente de la Corte, y para tratar de dar una imagen pública que con sus ataques está enfrentando la “corrupción” pública y “vicios” de la administración pública, y de la administración de Justicia, situación que le permite justificar ante la ciudadanía el ataque sistemático que tiene el Poder Ejecutivo, continuado de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, para debilitar el Poder Judicial, como parte del debilitamiento y resquebrajamiento, minando la confianza pública, en instituciones como el Poder Judicial, que vienen haciendo del Estado de derecho para justificar también lo que el copresidente Chaves dijo en Nicoya, que no se le debía tener miedo al cierre de la Corte o al establecimiento de una dictadura, como actos preparativos del impulso de un régimen autoritario, despótico, de características dictatoriales y tiránicas. No fue casual tampoco la frase de inicio de gobierno de que ya tenían el control de Poder Legislativo con sus 31 diputados y que ahora iban por la Corte Suprema de Justicia, y con ese control también iban por el control del Tribunal Supremo de Elecciones, como se han venido montando los gobiernos autoritarios en el continente y en Centroamérica.

¿Qué pasaría si en esas reuniones forzadas que monta el Poder Ejecutivo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, llevara una andanada de datos de todo tipo, de corrupción, de mala o pésima administración pública que se tienen desde algunos sectores del Poder Ejecutivo, como se evidencia constantemente, y de los mecanismos que se debilitaron para ese control institucional desde la administración anterior?

Si se quiere discutir con publicidad, ante la sociedad y con toda la prensa sentada al frente, ¿por qué el Poder Ejecutivo no hace sus sesiones de Consejo de Gobierno públicas, con presencia de la prensa como se realizan las sesiones legislativas? ¿Por qué no se divulgan actas literales del Consejo de Gobierno, como son las actas de la Asamblea Legislativa o las de la Corte Suprema de Justicia?

¿Por qué el gobierno de Laura Fernández quiere impulsar mecanismos para fortalecer y ampliar el llamado Secreto de Estado? Es claro que puede haber temas de esta naturaleza. Pero, lo que se quiere realmente en el Poder Ejecutivo actual es actuar con la mayor posibilidad que se pueda actuar sin controles de ningún tipo, lo que solo favorecería la posibilidad de negocios oscuros y altos grados de corrupción y de complicidad con negocios ilícitos, o con grandes chorizos como se les llama a lo tico. Por eso también impulsan un proyecto de ley para debilitar los controles de la Contraloría General de la República. ¿Acaso no impulsaron un proyecto de póliza de seguros para las actuaciones de los miembros del Poder Ejecutivo, para resguardarse de todas las irregularidades que podían hacer?

¿Por qué el gobierno de Laura Fernández, violando la Constitución Política, que tiene abolido el ejército, quiere imponer rangos militares a la guardia civil de Costa Rica? ¿Para mejorar la disciplina policial, como dice?

Si el Ejército está abolido están abolidos los rangos militares de los cuerpos policiales civiles. Eso es elemental. Así se actuó en el Gobierno de Oscar Arias Sánchez, en el período 1986-1990, cuando se abolieron esos rangos, y en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, 1998-2002, cuando nuevamente se fortaleció esa decisión de abolición de los rangos militares.

Lo que el gobierno de Laura Fernández impulsa es meternos en la dinámica del militarismo, de la posibilidad de volver a establecer un ejército, de participar de movimientos militares regionales, como ya se iniciado al amparo del gobierno de Trump y el escudo militar regional que él ha impulsado. Es la posibilidad de realizar actos represivos contra la población por parte de una institución como es el ejército al que se le permite actuar con brutalidad represiva. Es la posibilidad de hacer prácticas y acciones militares en el trato policial con la población, y hasta de impulsar torturas y tratos degradantes y violatorios de los Derechos Humanos, como en ocasiones se denuncian en la prensa nacional con detenidos. Ese es el camino que por ahora están empedrando.

En el debate público, de los poderes del Estado costarricenses, es urgente que el Gobierno de la República, del Poder Ejecutivo, abra sus entrañas, haga públicas sus sesiones, publique las actas de esas sesiones de manera literal. Si el gobierno quiere exigir esa transparencia con los poderes Legislativo y Judicial, debe igualarse con igual rigurosidad, que haga pública sus sesiones y sus actas de manera literal. Es lo mínimo, que no actúe a la sombra, bajo el mantel del Secreto de Estado.

Gobernantes y ciudadanos: la responsabilidad compartida

«Entre un gobernante que lo hace mal y un pueblo que lo consiente hay una complicidad vergonzosa».
Pensamiento atribuido a Víctor Hugo (1802-1885)

Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)

biodiversidadcr@gmail.com

Una democracia necesita gobernantes sometidos a la ley y ciudadanos dispuestos a exigirles cuentas. Cuando uno de los dos renuncia a su responsabilidad, todos pagamos las consecuencias.

Hay frases que sobreviven a su tiempo porque expresan verdades que ninguna sociedad debería olvidar. Esta, atribuida al escritor, político e intelectual francés Víctor Hugo, adquiere una particular vigencia en la Costa Rica actual.

La frase plantea una responsabilidad doble. Por un lado, la de quienes ejercen el poder y pueden utilizarlo de manera arbitraria, abusiva o irresponsable. Por otro, la de una ciudadanía que, por indiferencia, conveniencia, fanatismo político o simple resignación, termina aceptando aquello que debería cuestionar. Y aquí comienza nuestra responsabilidad.

Un gobierno puede equivocarse. Puede adoptar políticas desacertadas, incumplir promesas o fracasar en determinados ámbitos. Nada de ello, por sí mismo, constituye una amenaza para la democracia. El verdadero peligro aparece cuando el poder deja de aceptar límites, convierte la crítica en enemistad, presenta a las instituciones de control como obstáculos y pretende que la ciudadanía confunda autoridad con obediencia. Eso es lo que debería preocuparnos.

En la Costa Rica de hoy hemos visto crecer en los últimos años una confrontación política en la que el desacuerdo se presenta con demasiada frecuencia como una conspiración. El Poder Judicial, la prensa, la oposición política y otras instituciones han sido objeto de descalificaciones que no deberían convertirse en parte normal del lenguaje de quienes gobiernan. Una democracia constitucional, sin embargo, no fue diseñada para que el gobernante tenga siempre la razón. Fue diseñada para que nadie tenga todo el poder.

Por eso existen la división de poderes, la independencia judicial, la libertad de prensa, los órganos de control y el derecho ciudadano a conocer cómo se administra lo público. No son obstáculos colocados en el camino de un gobierno. Son precisamente los mecanismos que impiden que el poder público se convierta en poder absoluto.

Cuando controlar al poder se convierte en una amenaza

Uno de los signos más preocupantes de cualquier democracia es que quienes ejercen el poder comiencen a considerar ilegítimo todo aquello que los contradice. Si una resolución judicial resulta desfavorable, se cuestiona al juez. Si una investigación incomoda, se cuestiona al investigador. Si un medio publica información crítica, se cuestiona al medio. Si un ciudadano denuncia una irregularidad, se cuestionan sus intenciones.

El problema no está en criticar a jueces, fiscales, periodistas o ciudadanos. Todos pueden equivocarse y todos deben responder por sus actuaciones. El problema aparece cuando la crítica deja de dirigirse a sus decisiones y se convierte en una estrategia para deslegitimar sistemáticamente a quienes tienen la función de fiscalizar al poder. Porque entonces el debate deja de ser “¿tiene razón esta institución?” y pasa a ser “¿está con nosotros o contra nosotros?”. Esa lógica es incompatible con una democracia madura.

Lo mismo ocurre con la información pública. La seguridad del Estado puede justificar determinadas reservas, pero el secreto no puede transformarse en la regla general para administrar asuntos que pertenecen a la ciudadanía. En una democracia, quien gobierna administra recursos, instituciones e información que no le pertenecen personalmente.

El Estado no es propiedad del Gobierno.

Y la información pública tampoco. Por eso, ante cualquier intento de ampliar innecesariamente el ámbito de lo reservado, la ciudadanía tiene derecho a preguntar: ¿qué se pretende proteger?, ¿por cuánto tiempo?, ¿bajo qué criterios?, ¿quién ejercerá el control?

Preguntar no es conspirar. Fiscalizar no es desestabilizar. Discrepar no es traicionar.

El problema también somos nosotros

Aquí es donde la frase de Víctor Hugo adquiere su mayor fuerza. Resulta cómodo atribuir toda la responsabilidad al gobernante. Es evidente que quien ocupa la Presidencia tiene una responsabilidad extraordinaria. Pero ningún gobierno puede deteriorar por sí solo una democracia que encuentre una ciudadanía dispuesta a defenderla.

El poder necesita, para avanzar sin controles, algo más que funcionarios obedientes. Necesita ciudadanos indiferentes. En este contexto, la indiferencia puede adoptar muchas formas: Es aceptar una injusticia porque beneficia a los nuestros. Es justificar una arbitrariedad porque fue cometida por alguien a quien apoyamos. Es guardar silencio ante un abuso porque creemos que la víctima pertenece al bando contrario. Es repetir que “todos son iguales” para no asumir ninguna responsabilidad. Y es, sobre todo, renunciar a pensar críticamente.

Una democracia no se debilita únicamente cuando un gobernante concentra poder. También se debilita cuando los ciudadanos comienzan a justificar esa concentración. La pregunta, entonces, no puede limitarse a qué está haciendo mal el Gobierno. También debemos preguntarnos qué estamos haciendo nosotros frente a ello. Una democracia no se defiende en silencio.

Ni obediencia ni oposición ciega

Defender la democracia tampoco significa convertirse automáticamente en opositor del Gobierno. Una sociedad democrática no necesita ciudadanos que estén permanentemente a favor o permanentemente en contra. Necesita ciudadanos capaces de juzgar cada decisión según sus méritos.

Se puede reconocer un acierto del Gobierno y cuestionar su política institucional. Se puede defender una reforma y rechazar la forma en que pretende aprobarse. Se puede criticar al Poder Judicial sin aceptar que se destruya su independencia. Se puede cuestionar a la prensa sin pretender silenciarla. Se puede exigir reformas profundas sin permitir que la palabra “reforma” se utilice como sinónimo de sometimiento.

Esa independencia de criterio es justamente lo que distingue a un ciudadano de un partidario. Y nuestro país necesita más ciudadanos y menos fanáticos.

La democracia no desaparece de un día para otro

Las democracias rara vez se deterioran mediante un único acontecimiento espectacular. Con frecuencia, el proceso es mucho más silencioso: Una descalificación aquí. Una institución desacreditada allá. Una información que deja de estar disponible. Una amenaza que se normaliza. Una crítica que se convierte en enemistad. Un abuso que se justifica porque “esta vez” favorece a los nuestros. Cada episodio puede parecer menor. El problema aparece cuando todos empiezan a formar parte de una misma cultura política.

La normalización es el verdadero peligro. Cuando una sociedad se acostumbra a que el poder ataque a quienes lo controlan, deja de sorprenderse. Cuando deja de sorprenderse, deja de reaccionar. Y cuando deja de reaccionar, el abuso encuentra terreno fértil para crecer. Por eso no debemos esperar a que desaparezcan las instituciones para defenderlas. Hay que defenderlas precisamente mientras todavía funcionan.

La responsabilidad de no consentir

La cita de Víctor Hugo no debería utilizarse únicamente para acusar a un gobierno. Su verdadero valor está en obligarnos a mirar hacia nosotros mismos: ¿Qué estamos dispuestos a tolerar? ¿Qué principios estamos dispuestos a defender incluso cuando hacerlo perjudica políticamente a quienes apoyamos? ¿Somos capaces de exigir transparencia cuando el secreto beneficia a los nuestros? ¿Somos capaces de defender la independencia judicial cuando una resolución favorece al adversario? ¿Somos capaces de defender la libertad de prensa cuando una noticia nos incomoda?

Ahí se mide realmente la cultura democrática de una sociedad. Porque defender las instituciones únicamente cuando nos favorecen no es defender la democracia. Es defender nuestros intereses.

Nuestro país no necesita gobernantes infalibles. Necesita gobernantes sometidos a la ley. No necesita instituciones intocables. Necesita instituciones independientes y responsables. No necesita una ciudadanía que aplauda. Necesita una ciudadanía que pregunte, fiscalice y exija cuentas.

El poder debe saber que gobernar no significa disponer del país a voluntad. Y la ciudadanía debe recordar que votar no significa entregar un cheque en blanco. Al final, la advertencia de Víctor Hugo contiene una verdad sencilla: el poder que no encuentra límites ciudadanos termina creyendo que no los necesita.

Por eso, la pregunta decisiva no es únicamente qué hará el Gobierno. Es qué haremos nosotros. Porque mientras existan ciudadanos dispuestos a exigir cuentas, ninguna autoridad estará por encima de la sociedad.

Cuando, por el contrario, decidimos consentirlo todo, dejamos de ser solamente víctimas del mal gobierno: nos convertimos en parte del problema. Y esa sí sería, para nuestro país, una complicidad verdaderamente vergonzosa: una irresponsabilidad hacia nosotros mismos y, sobre todo, hacia las futuras generaciones.

Costa Rica: digamos no al plagio del modelo de dictadura neofascista de otros países

Marielos Aguilar Hernández

Marielos Aguilar Hernández
Historiadora

En este siglo XXI, cuya característica más notoria es la expansión del neofascismo global, los autócratas que hoy se ubican en todos los continentes, están concentrando el poder en sus manos y se empeñan, por todos los medios, en modificar el imaginario colectivo de manera que se construya una identificación general entre el “supremo” líder y la Nación.

Eso es lo que la ciudadanía costarricense no debe permitirle al expresidente Chaves Robles, ni a ningún otro u otra autócrata que pretenda despojarnos de nuestra identidad como una sociedad plural.

Con dos claras excepciones, la dictadura de los hermanos Tinoco entre 1917 y 1919, y la guerra civil de 1948, el desarrollo histórico costarricense del siglo XX se caracterizó por el libre juego electoral entre los diferentes sectores políticos, permitiendo la alternancia de unos y otros. Detrás de este proceso, que no ha sido para nada lineal, transitoriamente han prevalecido unos intereses políticos sobre los demás, dependiendo de cada coyuntura y, aunque somos producto de una sociedad históricamente desigual, con clases y sectores sociales con distintos intereses, hemos logrado plasmar importantes acuerdos en diferentes coyunturas. Ese ambiente de contradicciones, casi siempre resueltas con el diálogo, el respeto y la negociación nos permitió, como sociedad, recorrer con relativo éxito las diferentes etapas nacionales e internacionales que deparó el siglo XX: dos guerras mundiales, varias crisis económicas e, inclusive, una guerra fría que puso al mundo entero en las puertas de una tercera guerra mundial.

La frecuente negación de nuestra vocación democrática, como lo hacen un día sí y otro también, el ministro Rodrigo Chaves y la presidenta Laura Fernández, invocando la incapacidad del bipartidismo para salir adelante frente a los inmensos retos que trajo consigo el presente siglo, es la más clara señal de que quieren destruir nuestra cultura política en aras de imponer prácticas autoritarias de otras latitudes, como las de Jair Bolsonaro en Brasil, Rodrigo Duterte en Filipinas, Viktor Orban en Hungría y, por supuesto, Donald Trump en Estados Unidos.

Los gobiernos de Chaves y Fernández, ambos “militantes” de la extrema derecha internacional, han venido a desandar los mejores trechos recorridos por la trayectoria política de nuestro país. Pero reservas nos quedan. A la generación más vieja, a la que pertenezco, le ha tocado ver procesos muy aleccionadores, como la caída del Muro de Berlín, la implosión soviética, las dictaduras fascistas del Cono Sur en América Latina y, hoy mismo, el arribo del fascismo en Estados Unidos, siendo ésta la democracia más madura construida durante los dos últimos siglos.

Hagamos de nuestra historia civilista una de las mejores consignas de batalla. No permitamos el retorno de las botas militares, el irrespeto a la división de poderes ni el menosprecio de nuestra ciudadanía. Pero tengamos claro que esta batalla requiere de organización. Los partidos políticos tradicionales perdieron autoridad por múltiples causas, pero estimulemos nuestra creatividad para abrir espacios de diálogo y discusión para aclararnos cómo llegamos hasta aquí y, sobre todo, cómo evitar caer en el abismo de una indeseable dictadura. La organización civilista debe ser la respuesta.