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Etiqueta: estado de derecho

Por una presidenta de la Corte Suprema de Justicia que garantice su independencia, la democracia y el Estado Social de Derecho

Ante la pronta elección de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, los movimientos de mujeres, feministas y aliadas solicitamos que se nombre una mujer en dicho cargo.

En toda la historia de la Corte Suprema, de 11 presidencias, solo una mujer ha presidido este órgano (Zarela Villanueva). Tal panorama no es acorde con el principio de igualdad y no discriminación que está presente en la Constitución Política y en los numerosos tratados internacionales vinculantes para Costa Rica.

Recordamos que es obligación de las autoridades remover las barreras históricas que han limitado la participación de las mujeres en los espacios de máxima autoridad pública. La Corte Suprema de Justicia tiene una oportunidad histórica de dar el ejemplo en el cumplimiento de esta obligación jurídica.

La Presidencia del Poder Judicial no puede seguir siendo un espacio vedado a las mujeres. Es tiempo de romper esa barrera histórica. Es tiempo de una mujer al frente del Poder Judicial.

Las abajo firmantes reconocemos que la defensa de la independencia judicial, la supremacía constitucional, la separación de poderes, la garantía y protección efectiva de los derechos humanos requieren un liderazgo con solvencia moral y jurídica, integridad, experiencia y compromiso inequívoco con la democracia y el Estado de Derecho. En el contexto actual, es indispensable que se elija a una persona que dé garantía de autonomía e independencia frente a las presiones políticas e injerencias indebidas.

Creemos firmemente que existen mujeres magistradas que reúnen estas condiciones y que podrán ejercer dicho cargo con responsabilidad y dignidad.

Por estas razones, demandamos a todos los y las magistradas que asuman su deber democrático y elijan una mujer mediante un proceso transparente, basado en méritos, idoneidad, ética, integridad, independencia y compromiso con los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho.

¡Por una justicia independiente, democrática y comprometida con la igualdad!

¡Por una mujer en la Presidencia del Poder Judicial!

Organizaciones, colectivos y personas firmantes:

  1. Asociación Ciudadana Acceder

  2. Asociación Feminista La Corriente

  3. Asociación IXACAVAA de Desarrollo e Información Indígena

  4. Colectiva Acción Feminista

  5. Colectiva por el Derecho a Decidir

  6. Colectiva Profesionales para Ciudadanía

  7. Colectivo Mujeres por Costa Rica

  8. Costa Rica Solidaria

  9. FECON

  10. Feministas en Resistencia

  11. Fundación Justicia y Género

  12. Junta de Salud de Hospital Nacional de Geriatría

  13. MMUCR

  14. Movimiento de Mujeres y Feministas

  15. Movimiento de Mujeres Universitarias

  16. Mujeres Por Costa Rica

  17. Observatorio de medios de comunicación y género GEMA

  18. Picos Rojos

  19. Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres

  20. Taller de Lectura Crítica de Curridabat

Personas:

  1. Ana Elena Obando

  2. María Flor Abarca Alpízar

  3. Ligia Martin Salazar

  4. Johanna Alfaro

  5. Adam Álvarez Calderón

  6. Sandra Araya Umaña

  7. Amalia Arce

  8. Paula Arias Artavia

  9. Lilliana Arrieta

  10. Roxana Arroyo Vargas

  11. Katia Ávalos

  12. Alicia Avendaño

  13. Ana Elena Badilla

  14. Grettel Balmaceda García

  15. Macarena Barahona Riera

  16. Syndell Bedoya Rivera

  17. Margarita Bolaños Arquín

  18. Giselle Boza

  19. Esther Camacho Ramírez

  20. Ana Lorena Camacho De la O

  21. Zaida Camacho Aguilar

  22. Ana Gabriela Campos

  23. Ivette Carranza

  24. Ana Carter

  25. Sandra Cartin Herrera

  26. Bianca Carolina Castaño Sandoval

  27. Kattia Isabel Castro Flores

  28. José Manuel Cerdas

  29. Ana Helena Chacón

  30. Carmen Ma. Chacón Mora

  31. Rocío Chaves

  32. Ana Lupita Chaves Salas

  33. Marcos Chinchilla Montes

  34. Saray Córdoba González

  35. Amable Corrales

  36. Cecilia Cortés Quirós

  37. Carmen Cubero Venegas

  38. Gabriela Delgado

  39. Vínyela Devandas Brenes

  40. Natalia Dobles Trejos

  41. Sonia Duran

  42. Janekeith Orliden Durán Barberena

  43. Luz María Elizondo Fallas

  44. Alda Facio Montejo

  45. Marco Feoli

  46. Flora Fernández Amón

  47. Alejandra Fernández Bonilla

  48. Lili Fernández González

  49. Mabel Figueroa

  50. Guisella Flores

  51. Ana Lucía Fonseca

  52. Jacqueline García Fallas

  53. Nora Garita Bonilla

  54. Yamileth González García

  55. Alejandro Guevara Arroyo

  56. Elda Gutiérrez Gutiérrez

  57. Ester María Herrera Fonseca

  58. Rubieth Jaén

  59. Florencia Jiménez

  60. Xiomara León Saborío

  61. Gabriela Lobo

  62. María Elena López

  63. Sonia Madrigal

  64. Aramis Márquez Vásquez

  65. Ana Teresa Martínez Martínez

  66. Leda Ma Martínez Quesada

  67. Gabriela Mayorga

  68. Sylvia Mesa Peluffo

  69. María Mesén Fallas

  70. Flory Isabel Meza Calvo

  71. Melania Monge

  72. Ivannia Monge Naranjo

  73. Sary Montero

  74. Haydee Rebeca Montero Pineda

  75. Karol Montero Rony

  76. Sharon Montoya Azofeifa

  77. Edwin Mora

  78. Sylvia Muñoz

  79. Laura Murillo Mora

  80. Sara Núñez

  81. Carolina Ovares

  82. Marta Quesada

  83. Ana Quirós Víquez

  84. Teresita Ramellini Centella

  85. Paola Ramírez

  86. Virginia Ramírez Cascante

  87. M. Cecilia Ramírez Sánchez

  88. José Gabriel Rivas Ducca

  89. Yolanda Rojas

  90. Gloriana Rojas

  91. Ana Patricia Ruiz Cambronero

  92. Yamileth Ruiz Vargas

  93. Nia Salas

  94. Ana Marcia Aguiluz Soto

  95. Arabella Salaverry

  96. Marta E. Sánchez Salazar

  97. Vera Victoria Sancho Mora

  98. Sonia Sandi

  99. María Antonieta Sequeira Lepiz

  100. Zarelly Sibaja Trejos

  101. Marta Solano

  102. Guiselle Solera

  103. Eugenia Solis

  104. Wilson Solis

  105. Luvia Soto Cabrera

  106. Christel Steinvorth

  107. Mario José Suazo Palma

  108. Ana Felicia Torres Redondo

  109. Isabel Trejos

  110. Ana María Trejos Trejos

  111. Teodora Tsijli

  112. Helena Ulloa Ramírez

  113. Roxana Vaglio Rivas

  114. Alicia Eugenia Vargas Porras

  115. Ibelís Velasco Fuentes

  116. Leidy Villalobos

  117. Margarita Villalobos

  118. Valeria Villalobos Ramírez

  119. Heidy Villalobos-Barrantes

  120. Esperanza Zúñiga

  121. Enriqueta Zúñiga

  122. Lizeth Ramírez Camacho

  123. Adrián Monge Aguiluz

  124. Isabel Monge Aguiluz

  125. Nikole Jirón Beirute

  126. Marcela Martino Aguilar

Breves notas sobre el Ministerio Público

Walter Antillón

En los últimos años los costarricenses han descubierto un nuevo personaje, que solía pasar desapercibido: el fiscal general, así como la institución de la que forma parte: el Ministerio Público. Descubrieron su enorme importancia en tiempos adversos, en un momento en el que, desde un gobierno democráticamente electo se está tratando de socavar las bases de la misma Democracia.

I.- ¿Cómo definir el Ministerio Público?

Lo hacen la Ley Orgánica del MP y el Código Procesal Penal mediante la descripción de su estructura y sus funciones.

La Ley Orgánica:

ARTÍCULO 1.- Principios y ubicación.

El Ministerio Público es un órgano del Poder Judicial y ejerce sus funciones en el ámbito de la justicia penal, por medio de sus representantes, conforme a los principios de unidad de actuaciones y dependencia jerárquica, con sujeción a lo dispuesto por la Constitución Política y las leyes.

ARTÍCULO 2.- Funciones.

El Ministerio Público tiene la función de requerir ante los tribunales penales la aplicación de la ley, mediante la realización de los actos necesarios para la promoción y el ejercicio exclusivo y de oficio de la acción penal pública; salvo en las excepciones establecidas en el Código de Procedimientos Penales.

El Código Procesal Penal:

ARTÍCULO 62.- Funciones

El Ministerio Público ejercerá la acción penal en la forma establecida por la ley y practicará las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho delictivo. Tendrá a su cargo la investigación preparatoria, bajo control jurisdiccional en los actos que lo requieran (…)

De ahí que los autores suelen definir al Ministerio Público como ‘parte imparcial’ en el proceso. Y entonces se habla de un oxímoron, porque, lógicamente, si es una parte no puede ser imparcial; y si es imparcial no puede ser una parte.

Pero no hay tal oxímoron, porque en buena lógica se trata de no confundir dos planos distintos: el plano de las formas procesales en el que se traba el contradictorio entre dos partes con aparente paridad de armas; y el plano factual o de fondo, donde para el MP prevalece el deber de imparcialidad, el deber de buscar objetivamente la verdad de los hechos. Así lo establece el Código Procesal Penal en dos disposiciones:

ARTÍCULO 63.- Objetividad

En el ejercicio de su función, el Ministerio Público adecuará sus actos a un criterio objetivo y velará por el cumplimiento efectivo de las garantías que reconocen la Constitución, el Derecho Internacional y el Comunitario vigentes en el país y la ley. Deberá investigar no sólo las circunstancias que permitan comprobar la acusación, sino también las que sirvan para eximir de responsabilidad al imputado; asimismo, deberá formular los requerimientos e instancias conforme a ese criterio, aun en favor del imputado.

ARTÍCULO 180.- Objetividad

El Ministerio Público y los tribunales tienen el deber de procurar por sí la averiguación de la verdad mediante los medios de prueba permitidos, cumpliendo estrictamente con los fines de la persecución penal y los objetivos de la investigación.

Entonces, siguiendo la mejor doctrina, podemos decir que el MP tiene dos caras: a partir de una notitia criminis plausible, construye y sostiene la acusación; pero no la sostiene incondicionalmente, a rajatabla, sino que, por su condición de ‘parte pública’, ejercita el poder-deber de buscar la verdad en el proceso: acorrala al imputado mientras cree en la verdad de su hipótesis acusatoria, pero ejercita el poder-deber de pedir el sobreseimiento si dicha creencia se desvirtúa.

II.- ¿Igualdad de armas en el proceso penal?

Entre las exigencias generales de la doctrina del debido proceso se incluye la ‘igualdad de armas’ entre las partes, pero en el proceso penal, esa afirmación debe manejarse con cautela. Al respecto nos dice Paulo Ferrua (en ‘El modelo constitucional del MP y la curiosa propuesta del proceso breve’, en QualeGiustizia, Franco Angeli, Milán, 2010):

“…Acusación y defensa no están en posición simétrica (…) la defensa puede hacerse con cualquier medio legal para obtener el sobreseimiento del imputado, sea o no culpable, o bien, para obtener la menor pena posible; y no le está vedado el uso instrumental de las garantías para alargar el proceso hasta la prescripción del delito. Y por el contrario, el Ministerio Público, como representante de la comunidad ofendida con el delito, busca la condena del imputado sólo mientras se suponga culpable, y a ese criterio deben atenerse todas sus opciones (…) De aquí deriva una serie de precisas consecuencias que muestran que la paridad entre las partes no significa igualdad, ni en el plano de los poderes y los deberes, ni frente a la función cognitiva del proceso…” (páginas 24 y 25).

Porque, de hecho, el principio procesal de igualdad de armas fue descubierto en el fragor de las discusiones que acompañaron el nacimiento de la teoría general del proceso por parte de los grandes procesalistas civiles: Wach, Chiovenda, Goldschmidt, Calamandrei, en un contexto en el que las partes sí son equiparables.

III.- La independencia del Ministerio Público

En general, dada su extrema importancia, la independencia del MP debe garantizarse a nivel de la Constitución. No ocurre así en Costa Rica, donde la Carta guarda silencio, y es la Ley Orgánica respectiva la que habla de la ‘independencia funcional’ de aquel órgano.

ARTÍCULO 3.- Independencia funcional.

El Ministerio Público tendrá completa independencia funcional en el ejercicio de sus facultades y atribuciones legales y reglamentarias y, en consecuencia, no podrá ser impelido ni coartado por ninguna otra autoridad, con excepción de los Tribunales de Justicia en el ámbito de su competencia.

Este artículo proclama la independencia ‘funcional’ del Ministerio Público, pero no la garantiza institucionalmente; porque lo cierto es que su relación con la Corte Plena es de subordinación, en un ambiente en que las presiones políticas alcanzan gran intensidad; y se conoceN muchos casos en que los magistrados, instrumentalizados políticamente, han presionado (con éxito) al fiscal general, para imponerle ciertas decisiones provenientes de las cúpulas del poder institucional y del poder fáctico; y otros casos en los que el fiscal general ya actuaba directamente según instrucciones de los jerarcas del Gobierno.

Claro que, también, algunos fiscales generales han sostenido su independencia (Fernando Cruz, Tijerino, Dall’Anese, Carlo Díaz) y han resistido las presiones, pero lo hicieron jugándose su continuidad en el cargo.

Y otra cosa que me parece inconveniente es el carácter monocrático del fiscal general, que en Costa Rica bien puede decir como Luis XIV ¡el Ministerio Público soy yo! Según dispone su Ley Orgánica:

ARTÍCULO 13.- Jefatura. Unidad. Subordinación. Jerarquía.

El fiscal general de la República es el jefe superior del Ministerio Público y su representante en todo el territorio nacional.

Deberá dar a sus subordinados las instrucciones generales o especiales sobre la interpretación y la aplicación de las leyes, a efecto de crear y mantener la unidad de acción e interpretación de las leyes en el Ministerio Público.

Las instrucciones deberán impartirse, regularmente, en forma escrita y transmitirse por cualquier vía de comunicación, inclusive teletipográficamente. En caso de peligro por demora, las instrucciones podrán ser impartidas verbalmente y confirmadas por escrito inmediatamente después.

Creo que debe haber menos subordinación y más participación de los fiscales en las grandes decisiones.

En todo caso, lo más importante, de lejos, es la independencia externa del Ministerio Público y del fiscal general. No basta proclamar retóricamente su independencia funcional: esta debe quedar sólidamente institucionalizada desde la Constitución, con reglas que la garanticen efectivamente, porque el MP es la llave de la justicia penal: sin él, los tribunales son impotentes.

Entre muchos, podemos leer sobre el Ministerio Público en los estudios que le dedicaron en Italia los autores del libro Ministerio Público y acusación penal, coordinado por Giovanni Conso (Zanichelli, Boloña, 1979), Metello Scaparone: Ministerio Público (dir. proc. penale), in Enc. dir., XXXVII, Milano, 1988; y Edmondo Bruti-Liberati, en particular: El papel del Ministerio Público entre Constitución y reformas; Editoriale Scientifica, Nápoles, 2022; en España Niceto Alcalá-Zamora Lo que debe ser el Ministerio Público; Madrid, 1929; Francisco Granados Calero: El Ministerio Fiscal (del presente al futuro), Tecnos, 1989; José Luis Conde Salgado: El Ministerio Fiscal en España. Su evolución; A Coruña, 2026; y en Costa Rica: Francisco Dall’Anese, El futuro del Ministerio Público; PJ/MP, San José, 2000; y Javier Llobet, Código Procesal Penal comentado; Continental, San José, 2012, pág. 186-189.

El chavismo es un proyecto totalitario

Óscar Madrigal

Las relaciones políticas de los partidos ocurridas en el pasado deben servirnos de enseñanza y tenerse muy presentes.

El Partido Unidad Socialcristiana (PUSC), su fracción parlamentaria, mantuvo alianzas con los chavistas en el periodo legislativo pasado y terminó prácticamente desapareciendo, liquidado.

El partido político de Fabricio Alvarado se alió con el chavismo en la Asamblea Legislativa y desapareció.

Aunque los diputados que vendieron sus votos y conciencias al chavismo gozan de prebendas, como asesores o embajadores, sus partidos terminaron fuera del espectro político nacional.

Enseñanza importante: el chavismo absorbe y hace desaparecer a los que se hincan a sus pies o hacen acuerdos sin principios.

El chavismo no hace alianzas, absorbe a sus oponentes. Los liquida después de comprar a sus representantes.

Partiendo de esa experiencia que es real y está presente a los ojos de todos, es que hay que tener cuidado al negociar con el chavismo; tener en cuenta que siempre procurará comprar conciencias y hacer a esas personas o grupos parte de su proyecto autoritario.

Así ocurre en la Asamblea Legislativa, en las municipalidades, la Contraloría y otras instituciones.

Su proyecto político es el control total de la institucionalidad democrática, es vencer de cualquier manera posible a la oposición política y de otras índoles.

Liberación Nacional -especialmente- debe tener muy presente esa experiencia ante la disyuntiva en que se encuentra; es la llave para alcanzar los 38 votos y con ello el desmantelamiento de nuestro Estado de Derecho.

La Unidad debe recordar siempre su experiencia reciente.

El chavismo es un proyecto político autoritario, totalizante, que por su propia esencia querrá chantajear, comprar votos y absorber a las expresiones políticas opositoras. Siempre estará trabajando, actuando, en este sentido; buscando 38 votos para los proyectos de ley más entreguistas, buscando el control del espectro democrático nacional.

Los demócratas deben ser consecuentes ante el proyecto autoritario y totalitario que representa el chavismo.

RENASES respalda a Rocío Alfaro Molina y exige su incorporación inmediata a la Junta Directiva de la CCSS

Pronunciamiento de la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES)

La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) expresa su respaldo pleno a la compañera Rocío Alfaro Molina, representante legítima del Movimiento Sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y rechaza el desacato del Consejo de Gobierno y de la Presidencia Ejecutiva de la Caja frente a las resoluciones de la Sala Constitucional que ordenan su nombramiento.

El respeto al Estado de derecho, las reglas de la representatividad de los sectores y los mecanismos de gobernabilidad de las instituciones públicas no pueden ser de acatamiento opcional.

Lo que exigimos:

  1. Al Consejo de Gobierno: acatar sin más dilación la sentencia de la Sala Constitucional y juramentar de inmediato a Rocío Alfaro Molina como representante propietaria y a Marta Rodríguez González como representante suplente del Movimiento Sindical ante la Junta Directiva de la CCSS, para el periodo 2026-2030.

  2. A la Presidencia Ejecutiva y a la Junta Directiva de la CCSS: no adoptar decisiones de fondo sobre el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, las listas de espera, la infraestructura hospitalaria, la contratación de servicios privados de salud y las condiciones laborales del personal mientras la Junta no esté integrada conforme a la ley.

  3. A las autoridades competentes: hacer cumplir lo resuelto por la Sala Constitucional y aplicar las responsabilidades que la Ley de la Jurisdicción Constitucional establece para quien incumple una orden dictada en un recurso de amparo.

  4. A las organizaciones sociales, sindicales, cooperativistas, solidaristas, comunales y productivas del país: sumarse a esta exigencia en defensa de la CCSS y de la institucionalidad democrática.

Los hechos

9 de junio de 2026.
La Asamblea del Movimiento Sindical eligió por mayoría absoluta a Rocío Alfaro Molina como representante propietaria y a Marta Rodríguez González como suplente ante la Junta Directiva de la CCSS.

24 de junio.
El Consejo de Gobierno rechazó el nombramiento, a partir de un informe de la presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor. Alegó falta de formación económico-social, militancia política, vínculos familiares con personal de la institución y opiniones públicas de la compañera Alfaro sobre decisiones de la Caja.

12 de agosto.
El Consejo de Gobierno designó como representante sindical pro tempore a una persona que no fue electa por la Asamblea del Movimiento Sindical.

13 de agosto.
La Sala Constitucional, por unanimidad (sentencia 2026-031380), anuló el rechazo y estableció que el artículo 6 de la Ley Constitutiva de la CCSS impide al Poder Ejecutivo objetar o revisar las designaciones que hacen los sectores.

1º de setiembre.
La Sala suspendió cautelarmente el nombramiento temporal impuesto por el Gobierno.

25 de setiembre.
La Sala anuló en definitiva ese nombramiento y ordenó al Consejo de Gobierno tramitar el de Rocío Alfaro en un plazo máximo de ocho días.

8 de octubre.
El plazo venció sin que el Poder Ejecutivo cumpliera la orden.

Por qué nos pronunciamos

La representación pertenece a los sectores, no al Gobierno.
La Ley Constitutiva de la CCSS establece que la Junta Directiva se integra con representantes del Estado, del sector patronal y del sector laboral, y que estos últimos son electos por sus propias organizaciones. Al Poder Ejecutivo le corresponde formalizar esas designaciones, no escoger a quién le resulta conveniente o políticamente afín. Así lo ha dicho la Sala Constitucional en dos sentencias consecutivas.

Desobedecer a la Sala Constitucional rompe el orden constitucional.
Las resoluciones de la Sala son vinculantes para todas las autoridades públicas. Cuando el Gobierno decide qué sentencias cumple y cuáles no, deja de regir la ley y empieza a regir la voluntad de quien gobierna. Hoy es la representación sindical en la CCSS; mañana puede ser la de cualquier otro sector o institución.

Una Junta Directiva incompleta pone en riesgo a toda la población.
La CCSS enfrenta decisiones que afectan a millones de personas aseguradas y pensionadas: ajustes al régimen de pensiones, atención de las listas de espera, inversión en infraestructura y relaciones con proveedores privados de salud. Estas decisiones no pueden tomarse sin la voz de las personas trabajadoras que, con sus cotizaciones, sostienen la seguridad social.

El diálogo social requiere reglas que se respeten.
RENASES trabaja por un país donde los sectores sociales participen de manera efectiva en las decisiones públicas. La participación de los sectores en la Junta Directiva de la CCSS es uno de los mecanismos de gobernabilidad más importantes del país, y es una garantía establecida por ley, no una concesión del Poder Ejecutivo.

Nuestro compromiso

RENASES acompañará a la compañera Rocío Alfaro y al Movimiento Sindical en todas las acciones legítimas que emprendan para hacer valer su derecho y el de las personas trabajadoras a estar representadas en la conducción de la CCSS. La Caja es patrimonio de todo el pueblo costarricense, y su gobernabilidad se defiende respetando la ley.

Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES)

Diálogo + Democracia + Paz Social + Justicia

Puede descargar el documento original desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/10/RENASES_Pronunciamiento_Rocio_Alfaro_CCSS.pdf

RENASES denuncia el incumplimiento de una orden de la Sala Constitucional en la elección de magistraturas suplentes y llama a mantenerse en alerta

La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) expresó su «más profunda preocupación» y su «enérgico rechazo» ante lo ocurrido el 29 de setiembre en el plenario de la Asamblea Legislativa, cuando no se realizó la votación acordada para nombrar las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional. RENASES es un espacio de articulación de organizaciones sindicales, productivas, comunales, territoriales, ecologistas, feministas y de derechos humanos.

En un pronunciamiento fechado el 30 de setiembre, la Red explica que ese día estaba acordada la votación para nombrar a nueve magistradas y magistrados suplentes. Sin embargo, una moción de orden de la fracción oficialista, aprobada solo con sus propios votos, devolvió la nómina a la Comisión de Nombramientos. Según RENASES, esa decisión desconoce una orden directa de la Sala Constitucional, que en su resolución de julio declaró ilegítima la devolución de la nómina y ordenó al plenario conocer y resolver esas designaciones.

«Esto no es un trámite más ni una diferencia de criterio entre diputaciones», afirma la organización. «Cuando un Poder de la República decide no cumplir lo que ordena el tribunal encargado de defender la Constitución, se rompe el equilibrio que sostiene nuestra democracia. Ninguna mayoría, por amplia que sea, está por encima de la Constitución Política».

Un impacto que recae en la ciudadanía

La Red advierte que la falta de suplentes en la Sala Constitucional no afecta a las magistraturas, sino a la ciudadanía. «Detrás de cada expediente detenido hay una persona que espera un medicamento o una cita en la Caja, una comunidad que defiende su agua o su territorio, una trabajadora que reclama sus derechos». Recuerda que el recurso de amparo es la herramienta más cercana que tiene la población para defenderse de los abusos del poder, y que debilitarlo «es dejar a la población sin defensa».

Para RENASES, este hecho no es aislado: se suma a los recortes al Poder Judicial y al Organismo de Investigación Judicial, y a los ataques públicos contra la independencia judicial. «En conjunto, estos hechos configuran un camino peligroso de concentración de poder que el país no puede normalizar».

Seis acciones

Ante esta situación, RENASES:

  1. Denuncia lo que califica como desacato a la Sala Constitucional, por considerarlo una grave ruptura del orden constitucional, y llama a la ciudadanía a no perder de vista este hecho por encima de cualquier otro tema de la agenda pública.

  2. Exige a la Presidencia de la Asamblea Legislativa y a la fracción oficialista cumplir de inmediato lo ordenado por la Sala y someter a votación del plenario los nombramientos pendientes.

  3. Respalda la gestión por desobediencia anunciada por las fracciones del Bloque Democrático, en coherencia con los compromisos del Pacto Patriótico Costarricense, firmado el 29 de junio en defensa de la Constitución, la separación de poderes y la independencia judicial.

  4. Solicita a la Sala Constitucional y al Poder Judicial ejercer todas las potestades que les otorga la Ley de la Jurisdicción Constitucional ante el incumplimiento de sus resoluciones, incluido el traslado al Ministerio Público cuando corresponda.

  5. Llama a la Defensoría de los Habitantes, a los colegios profesionales, a las universidades públicas y a otras organizaciones a pronunciarse en defensa del orden constitucional.

  6. Convoca a sus organizaciones y sectores a mantenerse en alerta, informar en sus comunidades y estar preparados para una movilización pacífica si el incumplimiento persiste.

«Costa Rica se sostiene en sus instituciones, y defenderlas es tarea de todas las personas. La Constitución Política y la democracia no se negocian», concluye el pronunciamiento, firmado por José Oviedo Chaves, coordinador de RENASES.

El lumpen político

Óscar Madrigal

Óscar Madrigal

Lo ocurrido en Puntarenas la semana pasada -durante la sesión solemne por la conmemoración en honor a Mora y Cañas- y la detención de un ciudadano catalogado como el mayor lavador de dinero sucio fue la cúspide de lo que es la clase política que actualmente nos gobierna.

Durante un tiempo tratamos de explicarnos a cuál clase social o sector de la burguesía representaba el chavismo y dijimos que más allá de encontrar una representación económico social nos encontrábamos ante una gavilla de facinerosos (malvados, perversos).

Los actos del anterior y presente gobierno nos confirman esa caracterización, que hoy podemos definirla más precisamente, para decir que la casta que nos gobierna representa al lumpen político.

Marx en el Manifiesto y otros escritos refirió que entre los últimos grupos o clases sociales se encontraba un conglomerado de gentes que no tenían relación con el trabajo, tales como informales, vividores, saqueadores, delincuentes y otros, que por su situación social eran muy maleables e influenciables y que en la mayoría de las ocasiones servían a los sectores dominantes. Estos grupos han existido casi que desde siempre y han sido utilizados en el pasado tanto por Liberación como por la Unidad, con los mismos propósitos que ahora los utiliza el chavismo. En muchas ocasiones la izquierda tuvo que enfrentarlos porque eran activos del anticomunismo.

Pero ahora nos referimos a otro fenómeno, distinto, diferente a ese llamado lumpen proletario, es el llamado lumpen político.

Este lumpen político es producto de la crisis del sistema capitalista, de la decadencia del actual sistema económico, que privilegia los intereses individuales sobre los colectivos, la reducción de los derechos humanos, la limitación extrema del Estado de Derecho y de Bienestar y la democracia.

El lumpen político nacional e internacional tiene características muy propias que es necesario distinguir para entender mejor la política.

El chavismo costarricense es la expresión política del lumpen político.

El lumpen político está dirigido por personas que no tienen en su haber obras, pensamiento o vergüenza. Cuando se analiza a Chaves, Laura, Pilar o sus acólitos más cercanos, nos damos cuenta de que no tienen un pasado positivo que mostrar, un pensamiento que haya sido elaborado y expuesto en artículos, libros o ponencias, no poseen obras que mostrar como para pensar cuál es el pensamiento de este grupo, qué proponen para superar los problemas nacionales o sacar al país del subdesarrollo. No tienen un pasado político positivo, ni en pensamiento ni en hechos.

Ese sector político no participa del modo de producción, no son empresarios, dirigentes sindicales, trabajadores, personas ligadas a grupos sociales que conforman la telaraña civil del país: son, como Chaves que vivió 30 años fuera de Costa Rica y que prácticamente no conoce el país, o la presidenta que siempre ha estado ligada a la estructura estatal, pero en puestos subordinados y una periodista que tampoco estuvo directamente implicada con las fuerzas económicas y sociales nacionales, limitándose solo a la información. Son parásitos sociales que usan su torcido talento para embaucar a mayorías sociales ingenuas, tomar las instituciones del Estado y cuando no pueden, vaciarlas de contenido.

Hoy en esa categoría de lumpen político se unen todos los amigotes, asesores lúcidos o retorcidos, parientes inútiles, cínicos vividores que se suben al vagón de la política parasitaria.

Son una capa social que tiene algunas semejanzas con el lumpen proletariado en cuanto a que son un sector dispuesto a venderse al mejor postor.

Pero se diferencian con el lumpen proletario en que no son pobres, son gentes acomodadas, sin necesidades económicas, pero que al igual que ellos son arribistas que en muchos casos fingen ser inteligentes y “populares”, aunque su único interés sea trabajar para sí mismos. En ese grupo tampoco hay profesionales de prestigio, intelectuales de pensamiento crítico, sino vivillos, astutos, embaucadores de las gentes. Aún peor desprecian el pensamiento, se mofan de las universidades, de los científicos y en general, de gentes como Franklin Chang.

Su único propósito es la captura del Estado para sí mismo y su grupo con el fin de obtener impunidad que les permita actuar sin controles y al margen de la ley.

Como muy bien lo dice José Luis Laguna en su artículo “El lumpen político en el poder”, en eju.tv., que recomiendo: “La vida social se ha convertido en una amenaza permanente. Todo es riesgo; el empleo, la salud, la vejez, la seguridad, el futuro, los hijos y, por supuesto, la calle. En ese caldo de miedo, desconfianza y precariedad prospera el lumpen político, porque el miedo no produce ciudadanos, produce masas inseguras urgidas de salvadores o redentores, aplauden a cualquier audaz que les prometa orden, seguridad, identidad, patria o revancha; depende como se reinvente en las redes”.

Por ello el gran caballo de Troya de la ultraderecha y del lumpen político es la seguridad ciudadana, problema que el sistema mismo crea y genera y que ellos, sus gestores, proponen arreglarlo con cárceles y limitación de libertades. Ya no basta con resolver problemas de vivienda, salarios, salud, educación porque la gran consigna es seguridad ante la delincuencia y con la promesa de construir una gran cárcel, se ganan el apoyo de las mayorías.

El lumpen político tampoco tiene ideología, se acomoda solo a sus propios intereses parasitarios y actualmente se alinea con la extrema derecha trumpiana y con los sectores conservadores más atrasados de la civilización occidental.

El método es capturar las instituciones o los poderes, como el Poder Judicial, las universidades públicas, las municipalidades e incluso los sindicatos y organizaciones sociales de la cultura o de los barrios, para imponer a sus seguidores, a sus clanes, a sus incondicionales.

Los dirigentes del país, de sus instituciones, no se escogen por sus capacidades, por sus competencias, sino por su lealtad al líder, al proyecto, a la causa. Por eso se ve a un grupo muy numeroso de incompetentes mediocres dirigiendo instituciones cuya única cualidad exigible es demostrar cotidianamente su lealtad a Chaves. Lo primero es ser leal, la capacidad es subsidiaria, la idoneidad para el puesto no es lo importante. De esta manera se forma una corporación mafiosa de incondicionales mediocres, como lo vemos también con enorme claridad en el nombramiento de embajadores y representantes en las juntas directivas.

Este lumpen político es maleable, cambia rápidamente de criterio si eso les conviene, no tienen compromisos firmes con nadie porque su propósito es mantenerse en el poder, tener impunidad y gozar de sus privilegios. A raíz de esta posición política, la mentira es un elemento a usar sin ningún rubor, un día se dice una cosa y al siguiente la contraria, como se aprecia muy a menudo en las opiniones de la presidenta. Como no hay valores, pensamiento, posiciones, la política es fluida, cambiante y hasta ininteligible.

El tráfico de influencias es parte del accionar del lumpen político. Hay que controlar por medio del chantaje, del miedo o la amenaza a todo aquel que se oponga a las directrices de los jerarcas; hay que acabar con el disenso y el pensamiento crítico entre los subordinados al igual que en la ciudadanía. La represión laboral o hasta criminal se ejecuta para forzar la salida o el silencio de las personas. El fin último es llenar la administración pública de incondicionales, solo dispuestos a acatar órdenes.

De ahí que la construcción de este grupo lumpen, sin mayores valores y principios, los conduce fácilmente a involucrarse en el tráfico de drogas.

Como su propósito es el control total del Estado y de la sociedad a cualquier precio, deben tratar de reducir las libertades, los controles de la Contraloría y del Poder Judicial, violentar el Estado de Derecho como lo hacen con las resoluciones de la Sala Constitucional y con ello ir minando la democracia y hasta poniendo a los ciudadanos a pedir a gritos una dictadura. Tratan de convencer al pueblo de que ellos les pueden dar seguridad a cambio de libertad, motosierra al Estado de Bienestar a cambio de equilibrio presupuestario y al final una cárcel general para todo el país a cambio de orden. Es el juego del lumpen político: que el pueblo reclame a gritos que lo encarcelen y que además esté feliz.

Esta es la naturaleza política del grupo que nos gobierna. El chavismo representa al lumpen político, grupo sin ningún tipo de principios y valores. Esa es su caracterización fundamental y si no la entendemos podemos creer que puede cambiar para ser dialogante, sincero, respetuoso y convivir pacíficamente con la oposición; o esperar que se desarrollen contradicciones entre ellos, que Laura se enfrente o distancie de Chaves, que cambien su forma de gobernar, que dejen de mentir y meter odio, que dejen de ser lo que son. No podemos sembrar falsas expectativas en la ciudadanía. El chavismo siempre será una fuerza antidemocrática, enemiga de los partidos de oposición, irrespetuosa de la opinión de los otros y de las normas legales, violenta y arbitraria. El que crea que el chavismo va a cambiar para convertirse en una fuerza política respetuosa de la legalidad democrática no está calibrándolo bien; el que crea que puede dialogar sin que le saquen el látigo está fuera de contexto. El chavismo solo puede detenerse y hacer que retroceda con la fuerza del movimiento social; los plantones y los lecheros lo acaban de demostrar.

No va a haber cambio en el chavismo, no va a haber disensiones ni contradicciones.

El chavismo es el lumpen político.

Solo puede ser reemplazado.

Organización Cívica Madre Tierra defiende la independencia judicial ante decisiones del Ejecutivo sobre el presupuesto del Poder Judicial

Pronunciamiento de la Organización Cívica Madre Tierra

En defensa de la independencia del Poder Judicial, la separación de poderes y el derecho a una justicia pronta y cumplida

La Organización Cívica Madre Tierra, en defensa de la democracia, los valores republicanos, el respeto por las instituciones, la justicia social y la sostenibilidad, manifiesta su profunda preocupación ante las decisiones y planteamientos del Poder Ejecutivo relacionados con el presupuesto del Poder Judicial.

Consideramos que esta situación no puede reducirse a una controversia contable ni a una disputa coyuntural entre instituciones. Lo que está en juego es un principio esencial de nuestra democracia: la independencia de los poderes de la República y el derecho de todas las personas a una justicia pronta, cumplida e independiente.

1. La separación de poderes es un principio democrático fundamental

La democracia costarricense se sustenta en la separación y el equilibrio de los poderes de la República. Ningún poder está por encima de los demás ni puede utilizar sus atribuciones para condicionar indebidamente el funcionamiento de otro.

El Poder Judicial tiene una función constitucional propia: administrar justicia con independencia de las presiones políticas, económicas o partidarias.

Por ello, las decisiones relacionadas con sus recursos deben analizarse no solo desde criterios de austeridad, eficiencia y control del gasto público, sino también desde la obligación de preservar las condiciones que hacen posible su independencia.

2. El mandato constitucional sobre el financiamiento judicial debe respetarse

Madre Tierra considera indispensable que exista claridad jurídica sobre el alcance de la disposición constitucional que establece para el Poder Judicial un presupuesto “no menor del seis por ciento” de los ingresos ordinarios.

La expresión “no menor” no puede convertirse en un mecanismo para reducir discrecionalmente los recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones constitucionales del Poder Judicial.

Cualquier interpretación de esta disposición debe atender tanto a su literalidad como a su finalidad: garantizar las condiciones materiales indispensables para que la administración de justicia pueda funcionar con independencia y eficacia.

3. Controlar los recursos públicos no significa subordinar a otro poder

La fiscalización de los recursos públicos es legítima y necesaria. Todas las instituciones del Estado deben estar sometidas a criterios de transparencia, eficiencia, rendición de cuentas y control.

Sin embargo, el control presupuestario no debe transformarse en un instrumento de presión política.

Nos preocupa, por ello, cualquier mecanismo mediante el cual recursos constitucionalmente destinados al Poder Judicial puedan ser reducidos, congelados o condicionados posteriormente a autorizaciones políticas que comprometan su capacidad de funcionamiento.

Fiscalizar no significa subordinar.

El ejercicio de las competencias presupuestarias debe respetar los límites que establece la Constitución y preservar el equilibrio entre los poderes de la República.

4. La legislación financiera debe interpretarse dentro del marco constitucional

Las normas de administración financiera, control y fiscalización son instrumentos indispensables para garantizar el uso responsable de los recursos públicos.

Pero ninguna norma de rango legal puede interpretarse de manera que desconozca las garantías constitucionales relativas a la independencia de los poderes.

Por ello, Madre Tierra considera necesario que cualquier decisión relacionada con el presupuesto judicial esté sustentada en criterios jurídicos públicos, verificables y constitucionalmente consistentes, y no en interpretaciones cambiantes determinadas por la coyuntura política.

5. Defender la independencia judicial no significa defender el statu quo

Madre Tierra no plantea una defensa corporativa del Poder Judicial.

Las instituciones públicas deben ser evaluadas, fiscalizadas y reformadas cuando sea necesario. El Poder Judicial debe mejorar su eficiencia, transparencia, gestión y capacidad de respuesta ante las necesidades de la ciudadanía.

Pero reformar una institución no es lo mismo que debilitar las condiciones materiales que le permiten cumplir su función constitucional.

Costa Rica necesita un Poder Judicial más eficaz, transparente y accesible, no uno financieramente vulnerable frente a decisiones coyunturales del poder político.

6. La ciudadanía es la principal afectada

Las consecuencias de un debilitamiento de la administración de justicia no recaen únicamente sobre jueces, fiscales o funcionarios judiciales.

Afectan a las personas que esperan una sentencia, a las víctimas que buscan justicia, a quienes necesitan resolver conflictos, a quienes defienden sus derechos y, en general, a toda persona que requiere tribunales independientes frente al poder político o económico.

Una justicia debilitada significa una ciudadanía más vulnerable.

7. Más democracia significa también más controles al poder

Costa Rica atraviesa un período de profundas tensiones institucionales y de creciente cuestionamiento ciudadano.

La respuesta a ese malestar debe incluir reformas que hagan al Estado más eficiente, combatan la corrupción, reduzcan desigualdades, mejoren los servicios públicos y recuperen la confianza de la ciudadanía.

Pero esa transformación debe realizarse fortaleciendo el Estado de derecho y los contrapesos democráticos, no debilitándolos.

Defender las instituciones no significa impedir las reformas.

Exigir rendición de cuentas no significa aceptar la subordinación de un poder a otro.

Defender la independencia judicial no significa defender el statu quo.

Nuestra posición
La Organización Cívica Madre Tierra:

1. Reafirma su defensa de la separación e independencia de los poderes de la República.

2. Exige el respeto de las disposiciones constitucionales relativas al financiamiento del Poder Judicial.

3. Solicita transparencia y fundamentación jurídica pública en las decisiones relacionadas con la asignación, reducción, congelamiento o ejecución de los recursos destinados al Poder Judicial.

4. Rechaza cualquier utilización del presupuesto público como mecanismo de presión o debilitamiento de la independencia institucional.

5. Defiende el derecho de todas las personas a una justicia pronta, cumplida e independiente.

6. Reconoce la necesidad de reformar y mejorar el Poder Judicial mediante procesos democráticos, transparentes y respetuosos de su independencia constitucional.

7. Hace un llamado a la Asamblea Legislativa, a la Contraloría General de la República, al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo para que esta controversia sea resuelta dentro del marco constitucional y mediante el diálogo institucional, evitando que el conflicto entre poderes termine perjudicando a la ciudadanía.

Una democracia que limita el poder

Costa Rica no necesita poderes que se impongan unos sobre otros. Necesita instituciones fuertes, independientes, responsables y capaces de responder a las necesidades de la población.

La democracia no consiste únicamente en elegir gobernantes. También supone limitar el poder, garantizar derechos y preservar instituciones capaces de ejercer sus competencias con independencia, incluso cuando sus decisiones resulten incómodas para quienes gobiernan.

Para Madre Tierra, la independencia judicial constituye una condición esencial de esa democracia.

Defenderla es defender los derechos de todas las personas costarricenses.

Organización Cívica Madre Tierra

En defensa de la democracia, los valores republicanos, el respeto por las instituciones, la justicia social y la sostenibilidad.

Red Nacional por la Democracia cuestiona envío a comisión de la nómina de magistraturas suplentes y convoca a la ciudadanía a manifestarse

La Red Nacional por la Democracia envió a SURCOS un manifiesto, fechado el 29 de setiembre de 2026 en San José, en el que se pronuncia sobre lo ocurrido ese día en la Asamblea Legislativa en torno a la elección de las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional.

Según la Red, lo que correspondía a la Asamblea Legislativa era escoger a las personas candidatas de la nómina de magistraturas suplentes elaborada por la Corte Plena, «dando así cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 164 de la Constitución, a tenor de lo acordado ayer entre todas las fracciones».

En lugar de eso, señala el manifiesto, la fracción del Partido Pueblo Soberano presentó y aprobó una moción de orden para enviar esa nómina a la Comisión de Nombramientos.

A juicio de la Red, con esa conducta la fracción oficialista y la presidencia de la Asamblea actuaron en contra de su Reglamento Interior y de la orden de la Sala Constitucional que dispuso efectuar esos nombramientos.

La organización considera que, sumado a lo que califica como reiterados incumplimientos de funciones, ilegalidades y faltas al decoro constitucional, tanto de esa fracción como de otros altos cargos públicos, el episodio evidencia una tendencia del grupo gobernante que pone en grave riesgo el orden constitucional del Estado. Advierte que actuar en esa dirección podría acarrear las más serias responsabilidades.

«Costa Rica es un Estado de derecho», recuerda la Red. En ese sentido, señala que quienes, desde la función legislativa, desatiendan deliberadamente una orden judicial podrían incurrir en el delito de desobediencia. Recuerda además que los artículos 148 y 149 de la Constitución Política establecen la responsabilidad de la presidenta de la República y sus ministros por los actos ilícitos que cometan en el ejercicio de sus funciones.

«Vista la gravedad de la situación», la Red Nacional por la Democracia convoca a la ciudadanía costarricense «para que se manifieste de manera contundente repudiando las actitudes ilegítimas e indecorosas de la fracción legislativa oficial, respaldada por la presidenta y sus ministros».

La trampa del ad populum y el espejismo del poder absoluto

La falacia de la mayoría: por qué ganar una elección no otorga un cheque en blanco

Por JoseSo (José Solano-Saborío) para SURCOS

Existe un error lógico tan antiguo como la filosofía misma, pero tan peligroso como la demagogia moderna: la falacia argumentum ad populum. Consiste en afirmar que una idea es correcta, justa o incuestionable simplemente porque cuenta con el respaldo de una masa o una mayoría.

En la política contemporánea —desde el mapa internacional con figuras en todo el continente americano desde Estados Unidos a Argentina, incluyendo el plano local costarricense impulsado por el discurso de Rodrigo Chaves Robles y la gestión de figuras como Laura Fernández Delgado— este vicio de la lógica ha dejado de ser un mero tropiezo discursivo para convertirse en una estrategia de control. Mediante técnicas de comunicación masiva y encuadres de programación neurolingüística (PNL) propios de la propaganda populista, se le ha inyectado a una parte de la ciudadanía la premisa de que el voto equivale a un cheque en blanco.

Hace poco un conocido, simpatizante chavista, me increpó a mi por exigirle —en uno de mis videopódcasts— la rigurosidad y transparencia que se le debe demandar a cualquier administración pública, y su argumento fue revelador: “La oposición no puede darle órdenes ni exigirle al gobierno porque este ganó la mayoría”.

Esta afirmación no solo refleja un dogmatismo ideológico, sino un desgarro conceptual profundo sobre la naturaleza del sistema político. Delata una incomprensión absoluta de lo que significa vivir en una democracia plena.

Democracia no es la dictadura de la mayoría

El primer error sustancial radica en confundir el origen de la legitimidad con el ejercicio de la legitimidad:

El origen del poder: Ciertamente, las urnas determinan quién administra el Poder Ejecutivo y cómo se conforman las curules legislativas. La mayoría elige.

El ejercicio del poder: Una vez ganada la elección, el mandato debe ejercerse dentro de los marcos que establece la Constitución Política y las leyes. Ganar una elección otorga la responsabilidad de gobernar a todos, no el derecho de arrasar con la institucionalidad. En Costa Rica, nuestra Constitución Política lo demanda, taxativamente, en su artículo 11.

El concepto clave que la propaganda populista oculta a sus seguidores es el de los pesos y contrapesos. Históricamente, la democracia constitucional se diseñó no solo para garantizar que la mayoría decida, sino para evitar lo que pensadores como Alexis de Tocqueville acuñaron como la “tiranía de la mayoría”.

Si el apoyo popular bastara para validar el actuar de un gobernante sin fiscalización alguna, la ley carecería de sentido. Bajo esa lógica perversa, un gobierno con 80% de aprobación podría disolver la Sala Constitucional, silenciar a la prensa o suspender las garantías individuales argumentando que “el pueblo lo respalda”. Eso no es democracia; es el germen de un autoritarismo con fachada electoral.

El caso costarricense: El valor de una democracia plena

Costa Rica ostenta históricamente la categoría de democracia plena en los índices internacionales no por la efectividad de sus discursos presidenciales, sino por la solidez de sus contrapesos:

Supervisión y control político: La Asamblea Legislativa no solo “sugiere”, sino que tiene la obligación constitucional de ejercer control político y fiscalizar las acciones del Ejecutivo. La oposición no es un adorno: es un pilar representativo de los sectores ciudadanos que no votaron por el oficialismo.

Legalidad y fiscalización: La Contraloría General de la República y el Poder Judicial no existen para frenar el desarrollo, sino para garantizar que los recursos públicos no se utilicen arbitrariamente ni al margen de la ley.

El Estado de Derecho: En un Estado de derecho, el soberano es la ley, no la persona que ocupa la silla presidencial ni la masa que le aplaude en redes sociales.

La mayoría electoral es efímera y fluctuante. Quienes hoy aplauden el abuso de poder creyendo que la mayoría estará siempre de su lado, olvidan que las reglas que hoy permiten al oficialismo saltarse los controles son las mismas que mañana los dejarán indefensos ante futuros gobiernos.

Exigirle seriedad, apego a la ley y respeto institucional a un gobierno no es un acto de “desobediencia” ni de “bloqueo”, como pretende instalar el libreto populista; es el deber ciudadano más básico dentro de un régimen democrático. La verdadera lealtad patria no se le rinde a un caudillo con pies (y hasta la cara) de barro, se le rinde a las instituciones que garantizan nuestra libertad.

Los faroles y antorchas de la Independencia

Vladimir de la Cruz

Desde 1964 se celebra en Centroamérica, de manera conjunta la fecha del 15 de setiembre, como la fecha de la Independencia de Centroamérica, recordando el Acta de Independencia declarada esa fecha, en 1821, en Guatemala, que era la cabecera principal de la Capitanía General de Guatemala, también, antiguo Reino de Guatemala.

La celebración conjunta en Centroamérica, de la fecha del 15 de setiembre de 1821, se determinó por declaración así establecida por la Asamblea Nacional Constituyente, de las Provincias Unidas de Centroamérica, de la cual formábamos parte, indicando que “ la memoria del glorioso 15 de setiembre de 1821, en la que el pueblo de esta capital (Guatemala), proclamó su Independencia del gobierno español, se celebre con todas las demostraciones…, ha tenido a bien decretar y se decreta:…1.- El día 15 del próximo mes de setiembre será feriado en esta capital (Guatemala)…2…, 3…, 4…, 5…, 6…, 7, … 8…, 9…, 10…, 11.- El Supremo Poder Ejecutivo, al circular este (decreto) dispondrá que en todos los pueblos de las Provincias Unidas, se celebre la Memoria del día en que cada uno proclamó su Independencia del Gobierno español…” Así se dispuso y comunicó el 26 de agosto de 1823.

Así, la Independencia de Guatemala se constituyó en el detonante para que las Provincias Unidas de Centroamérica, cada una por su parte, tomara la decisión de su Independencia, en tanto iban recibiendo la noticia de lo dispuesto en Guatemala, que dejaba en libertad a cada provincia para que decidiera lo propio. De esa manera, El Salvador declaró su Independencia el 21 de setiembre, Honduras y Nicaragua lo hicieron el 28 de setiembre. Nicaragua en esa fecha hizo su declaración indicando que la decisión de la Independencia quedaba sujeta “hasta que se aclararan los nublados del día”. Esta situación la corrigieron el 11 de octubre cuando declaró su Independencia. A Costa Rica la noticia de lo dispuesto en Guatemala llegó acompañada de lo decidido en Nicaragua, el 12 de octubre de 1821.

El último gobernador colonial, Juan Manuel de Cañas, no pudo ocultar la noticia, que se traía de pueblo en pueblo por toda Centroamérica, provocando distintas reacciones.

En Costa Rica la noticia de la Independencia pasó primero por San José donde fue acogida. Siendo Cartago la capital de la Provincia de Costa Rica, la discusión de lo dispuesto en Guatemala y Nicaragua se mantuvo por varios días, en los pueblos del Valle Central, para lo que se solicitó se enviaran delegados a Cartago para tomar la decisión sobre la independencia declarada en las otras provincias.

En Cartago estaban reunidos los delegados de los pueblos desde la noche del 28 de octubre, y en la mañanita del 29 de octubre, se aprobó declarar la Independencia de Costa Rica, constituyéndose esta fecha como la Fecha de la Declaración de la Independencia de Costa Rica.

Así, por la misma declaración de la Asamblea Nacional Constituyente, de las Provincias Unidas de Centroamérica, la fecha del 15 de setiembre se debe celebrar en memoria de lo sucedido en Guatemala, y la del 29 de octubre por ser la fecha en que Costa Rica, de manera definitiva tomó la decisión de independizarse. Debe ser la fecha del 29 de octubre y no cualquier otra porque Cartago era la capital de la Provincia de Costa Rica. El Acta de Independencia de Costa Ria se juró el 10 de noviembre de 1821, reafirmándose de esa forma lo dispuesto en Cartago el 29 de octubre.

De igual manera se podría considerar que las fechas de independencia de los pueblos de la provincia de Chiapas, como lo fueron Ciudad Real, Comitán y Tuxtla, que proclamaron primero su Independencia, antes que Guatemala, a la que pertenecían, deban tenerse como las fechas de Independencia, de Guatemala y del resto de Centroamérica. Influyeron esas declaraciones en Guatemala para la decisión que se tomó el 15 de setiembre.

Lo que recorrió el territorio de Centroamérica a partir del 15 de setiembre de 1821 fue la noticia de la Independencia de Guatemala.

Lo que recorrió el territorio de Centroamérica a partir de esa fecha fue la invitación para que cada Provincia, entre ellas Costa Rica, tomara su propia decisión.

El recorrido de la noticia se hizo de día, no de noche. A caballo o a pie se trajo la noticia. De noche no se podía porque no había buenos caminos para transitar. No había telégrafos ni teléfonos. Había peligros reales de animales salvajes, felinos especialmente, para los viajeros que pudieran movilizarse nocturnamente. Había que hacer paradas obligadas. Por eso la noticia duró muchos días, casi un mes, en llegar a Costa Rica. Quienes traían la noticia, uno o varios viajeros, se desplazaban de día, sin antorchas ni teas.

A principios de la década de 1960, en el contexto de la Integración Centroamericana que se impulsaba y de la reunión de presidentes de Centroamérica con el presidente Kennedy, del 18 al 20 de marzo de 1963, el Profesor, y Director de la Dirección General de Deportes, Alfredo Cruz Bolaños, impulsó la idea, acogida en esa reunión de Presidentes centroamericanos, que se materializó por primera vez en 1964, de festejar la Independencia del 15 de setiembre de Guatemala y el recorrido de su noticia por toda la región, con un recorrido oficial que se iniciaría en Guatemala hasta llegar a Costa Rica, recorrido que se haría portando una Antorcha, en manos de estudiantes de toda la región.

Es claro que la celebración de este recorrido no se hace por las noches. Se hace durante todo el día, pueblo a pueblo, por la ruta que se disponga.

La Antorcha se propuso como símbolo de la luz frente a la oscuridad de la dominación española, como símbolo de la luz contra la opresión colonial, como símbolo de la libertad, del pueblo y del país, como símbolo de la soberanía popular, del pueblo en capacidad de tomar sus propias decisiones y la independencia nacional frente al sometimiento político e institucional del orden colonial español, o de cualquier otro orden imperial que nos amenace.

El 14 de setiembre de cada año, desde 1964, el pueblo costarricense, y el estudiantado nacional, se moviliza para recordar, exaltar y festejar la noticia de la Independencia que nos llegó, en el desfile así organizado, para consolidar la Independencia de Costa Rica, y la de Centroamérica. Eso celebraremos el próximo 14 de setiembre en Costa Rica.

Para esta fecha, para este próximo 14 de setiembre, se está invitando a participar a todo el pueblo, en todas las comunidades del país, por donde pase la Antorcha traída de Guatemala, y en los pueblos por donde no pase, para que la gente se reúna con antorchas para celebrar la Independencia Nacional, pero especialmente para fortalecer la Independencia, la Soberanía y la Libertad del pueblo de Costa Rica.

Se está llamando a defender las libertades y derechos sagrados que la Independencia nos dio y que, en el desarrollo institucional del país, desde aquella gloriosa fecha hasta hoy, se han logrado como grandes conquistas populares y ciudadanas, establecidas en la Constitución Política, hoy diariamente amenazadas por las acciones autoritarias que se impulsan por el Gobierno de la República.

Se está llamando a defender la institucionalidad democrática nacional, el Estado de Derecho, que implica defender la independencia de los Poderes Públicos, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Poder Electoral.

Se llama a luchar para que el Poder Ejecutivo no controle dictatorial, tiránica, ni autoritariamente todos los Poderes de Estado, para que no se entronice una Dictadura, una Tiranía, un Gobierno Absoluto en el país, ni se establezcan las bases de una Costa Rica dependiente, como una nueva colonia de una potencia extranjera, ni como una República alquilada a esos intereses, ni como un Protectorado político y militar como pareciera se está gestionando por el Gobierno de Laura Fernández.

El 14 y el 15 de setiembre hay que afirmar la verdadera Independencia Nacional.

Los faroles y antorchas de la Independencia, de esta fecha, son para afirmar, consolidar y defender el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho que malos costarricenses, y en cierta forma traidores a la Patria, están despedazando.