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Etiqueta: estado de derecho

De Hitler a Rodrigo Chaves… así se desató el fascismo… con actos como el realizado contra la Jueza de la República

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

La noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, en la Alemania nazi y en Austria, el día 11, las tropas de asalto nazi, las SA, instigadas por el gobernante, el Führer Hitler, y por las autoridades alemanas, actuaron contra ciudadanos judíos violentamente, en lo que se consideró el mayor linchamiento multitudinario, o masacre como también llamaron a esos actos, contra los judíos, violencia que se manifestó en el ataque físico, la agresión física personal, contra mujeres, hombres, ancianos, niños, en el asesinato, en la destrucción de los bienes de los judíos, y contra todo lo significara semitismo.

Las autoridades del gobierno no actuaron tratando de evitar esos ataques. Se complacieron con esos actos, los justificaron con sus criterios de superioridad racial, étnica, nacional. Instigaron, promovieron con sus discursos de odio, de racismo, de persecución, de exclusión, de intolerancia.

El más importante instigador de esos crímenes fue el mismo Hitler, primero Canciller, en 1933, luego presidente, en 1934, y después unificó ambos cargos, para convertirse en el caudillo, en el líder del movimiento nazi, en el Führer, como se le conocía desde 1933.

Las actuaciones, como las de esas noches, independientemente de si algunas fueron espontáneas o premeditadas por grupos de alemanes, de grupos de personas, o por actos individuales de fanatizados por el Führer, fueron el salto que dio impulso a la represión y a la eliminación de los contrarios, de los judíos, y de todo aquello que objetara o se opusiera al gobierno fascista, al asesinato y al intento de asesinato de judíos. El resto lo conocemos.

En Costa Rica, lamentablemente, actuamos como testigos, la mayor parte de la población de manera pasiva, y una buena parte, incluidos intelectuales, con terror y temor reverencial, del deterioro que ha venido provocando y causando, intencionada, alevosa y criminalmente contra el sistema democrático, el presidente Rodrigo Chaves.

Igual que en la Alemania nazi, Chaves ha instigado, y sigue alentando cada vez que puede actos contra las instituciones del Estado, contra la Asamblea Legislativa, contra la Contraloría General de la República, contra la Sala IV, donde, incluso, un profesor universitario de la dirigencia de ese piquete, instó a quemar el edificio y a sus magistrados; contra personajes públicos, magistrados, diputados, gestores de opinión, que incluso los han exhibido en vallas públicas como si fueran delincuentes, tratando de generar contra ellos reacciones negativas y hasta eliminatorias. En sus diatribas ya ha incorporado, siguiendo a Trump, un discurso político trasnochado contra los comunistas y socialistas de todo el continente.

Sus ataques a la institucionalidad pública, a las instituciones republicanas y democráticas del Estado de Derecho; a la independencia de los Poderes Públicos, a los organismos e instituciones públicas del control democrático político del quehacer de los gobernantes y las autoridades públicas; de ataque a los partidos políticos, a los políticos, a la Política como un escenario de expresión de la Democracia; a los comunicadores y gestores de opinión pública, y los medios de comunicación, que no se someten al gobierno y al actual gobernante de turno.

La feroz crítica de Hitler contra el gobierno y el Estado, aprovechándose de las malas condiciones socio económicas del pueblo, le permitió crear las condiciones para destacar en las elecciones de 1928 y aumentar su auge en 1930, y ganar las de 1932.

Hitler debilitó la República de Weimar, que surgió en 1919, como resultado de la I Guerra Mundial. Hitler no tenía programa político, tenía carisma que atraía a diversos grupos sociales, unificándolos en su diversidad política, en sus intereses laborales y cristiano religiosos, atrayendo incluso a abstencionistas electorales de esos años. Los partidos conservadores tradicionales perdieron el apoyo de la población, quienes terminaron votando y apoyando a Hitler.

En enero de 1933 empezaron los nazis a realizar celebraciones con antorchas, celebrando su “revolución nacional”, así intentaron quemar el edifico del Parlamento Reichstag. En Costa Rica, solo eso le falta al gobierno y a sus fanáticas huestes irracionales.

La situación de Alemania en ese despertar, desarrollo y auge del nazismo me recuerda constantemente, cómo en Costa Rica estamos en paralelo a 1933, incubando al Hitler de Costa Rica, que embrionariamente, empezó a gestarse en el gobierno de Carlos Alvarado Quesada, 2018-2022. Desde entonces, se ha ido desarrollando, en términos generales, de la siguiente forma:

Primero, tuvimos un candidato que se lució en las elecciones de 2022 con un desplante que atrajo a esos sectores sociales, marginales, desclasados, pobres, que levantó banderas de decencia nacional contra la corrupción galopante e histórica conocida, que aglutinó provocando un abstencionismo y una baja confianza a quienes le adversaban política y electoralmente.

Luego, el resultado de la elección primaria lo pudo revertir a un primer lugar, en la segunda ronda electoral, imponiéndose como candidato ganador, y presidente de la República, 2022-2026.

Segundo, mediante una acción de publicidad, de gobierno, ha sabido mantener, una imagen poderosa, personal, matona, peleadora de calle, de gritón a todo galillo, contra quienes adversa o exhibe pintándolos como sinvergüenzas, pillos y maleantes públicos o privados, desnaturalizando o mintiendo sobre sus atestados personales, ofendiendo en su dignidad personal y hasta burlándose de sus condiciones físicas, que ha permitido que hasta en la Asamblea Legislativa diputados lo imiten y traten de igualarse con él, criticando ciudadanos y hasta a los mismos diputados, que son agredidos de esa forma.

Pero ya han empezado a actuar, en el escenario público, con violencia, sin respeto alguno. El lenguaje del Presidente Chaves, soez, vulgar, pachuco, de borracho necio que no controla sus palabras, de personaje inculto, de escasos valores de comportamiento social y protocolario, de exhibidor machista desenfrenado, de irrespetuoso de la cordura nacional, imponiendo el miedo, el terror reverencial por la fortaleza institucional que dirige y maneja, por las acciones vengativas que desde la institucionalidad pública realiza y puede influir, que aplica contra sus adversarios de cualquier género que sean, se ha ido imponiendo.

Su tribuna pública de todos los miércoles, sin respuesta opositora, le permitió desarrollarse como una fuerza electoral, como un movimiento político que le dio forma con la figura del jaguar, pero todavía no ha logrado plasmarse en partido político, realmente organizado. Pero, le permitió empujar su candidata presidencial con éxito electoral, como no sucedía desde hace varias décadas, con su apoyo a la candidata y una mayoría legislativa que le da cierta fuerza política, si la sabe usar.

Tercero, impulsando una mentalidad de gobierno autoritarista, de actuaciones despóticas y arbitrarias, con el deseo de gobernar sin controles institucionales, lo que ha asumido a su recién electa presidenta, interesada en mantener en alto al Jaguar mayor, con posibilidades de que vuelva a la Presidencia lo más pronto que institucionalmente se pueda.

En ese afán, ambos, presidente saliente y presidenta entrante, han levantado estandartes planteando las posibilidades de gobernar bajo los efectos de un Estado de excepción, sin controles legislativos, constitucionales ni administrativos, y sin garantías individuales, o suspendiéndolas regionalmente, para de esa forma acostumbrar a la población, poco a poco, por regiones.

Este estado de violencia ha desbordado en estos últimos días, con el ataque criminal que sufrió una alta Jueza de la Republica.

Ambos, Rodrigo Chaves y Laura Fernández, se han complacido con el ataque criminal, con el intento de asesinato, con la agresión física, con el ataque de un perro bravo que le lanzaron a la Magistrada, Jueza de la Ejecución de la Pena, en Heredia el viernes pasado.

El agresor, de un comportamiento reiterado de ataques y amenazas a esa funcionaria de la Corte Suprema de Justicia, siguiendo los mandatos de los discursos y peroratas de los miércoles, y de ocasión presidencial, actuó, contra esta funcionaria, de pleno derecho, sintiéndose amparado por el presidente, por la presidenta electa, y por Instituto Nacional de la Mujer, que no se ha pronunciado en nada sobre esos hechos. Casi nadie, política, institucional y socialmente, de manera pública se ha manifestado críticamente y en contra de ese acto criminal.

Lo sucedido no fue un pleito de barrio, de vecinos, de residencial o de condominio, como lo han querido presentar los defensores del atacante, de quien intentó matar, asesinar, a la funcionaria judicial.

Fue un acto criminal resultado de la instigación oficial que ha venido haciendo el presidente Rodrigo Chaves desde hace tiempo contra funcionarios y funcionarias como ella, enervando los sentimientos de las gentes contra funcionarios de la institucionalidad pública, judicial, legislativa y electoral. En este caso, todo originado en un fallo, en julio del año pasado, de esta jueza que el presidente y su ministro Gerald Campos, cuestionaron, con nombre y apellidos, en uno de esos programas de los miércoles, exhibida también en fotos públicas. También la volvieron a cuestionar y criticar en setiembre pasado, de igual manera.

El agresor ha mantenido constantes manifestaciones, que están grabadas, contra la persona, contra la integridad física y las condiciones morales de la funcionaria judicial, contra la Jueza, contra una Mujer. Además, pasa insultándola, agrediéndola, como acostumbra oralmente el presidente cuando se refiere a algunas personalidades políticas que no son de su agrado.

El agresor realizó una tentativa de homicidio, con alevosía y ensañamiento que había venido preparando, hasta con el perro que le lanzó a la jueza, que tirada en el suelo, además la agarró a patadas, la arrastró provocándole heridas graves en su rostro, que le pueden quedar grabadas de por vida, con el daño moral que eso le puede causar.

También, se le puede añadir en su intención la tentativa de femicidio, que no deviene, en este caso, por una relación de familia, ni matrimonial, sino por la regulación que nacionalmente se ha venido haciendo de manera especial contra los crímenes que se realizan con alevosía, ensañamiento y saña contra mujeres.

No se puede descartar en el tratamiento de esta acción delictiva al instigador principal de esta intención homicida contra la Jueza de la República. Debe tenerse a Rodrigo Chaves Robles como un coimputado.

Al detenido por estos actos debe caerle el mayor peso posible del castigo legal, o de los castigos penales que le puedan corresponder, de manera que sean ejemplarizantes, para quienes pretendan actuar, como impulsa el presidente Chaves con sus diatribas, a la actuación de los ciudadanos.

Los actos realizados contra la jueza no son para sancionarlos con medidas administrativas, municipales, o medidas no penales.

La prisión preventiva que se le ha fijado al agresor y presunto homicida está acorde con los hechos públicamente conocidos y relatados por la prensa.

Tengamos clara una cosa de este ataque a la Jueza. El atacante envió finamente, subliminalmente, un mensaje a todos los funcionarios públicos de lo que les puede pasar, por el ejercicio de los cargos, si no satisfacen al mandatario, al jaguar depredador de la institucionalidad pública.

El mensaje, si se quiere fue más directo para los Jueces, para los Altos Jueces de la República, y especialmente contra los Magistrados, muchos de ellos sujetos de reelección en sus cargos, en el próximo gobierno del Jaguar, que se continúa con el gobierno de Laura Fernández, que tiene suficientes diputados para dificultar sus reelecciones.

Ante estos actos, y estas amenazas subliminales, hay que defender a la Corte Suprema de Justicia, al Poder Judicial y a sus integrantes.

Hay que pedirle a los Magistrados que no se dejen intimidar ni amenazar por ataques como el que ha sufrido la Ciudadana, la Mujer y Jueza de la República, por uno de esos jaguares.

Si esto no se detiene, nos igualamos a aquellos días del 9 al 10 de noviembre de 1938, en la Alemania nazi y en Austria, el día 11, cuando las tropas de asalto nazi ascendían de manera definitiva.

Hay que impedir que en Costa Rica esto sea posible. Recordemos al pastor Martin Niemöller y al poeta Bertold Brecht, con el poema “Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde”, en sus dos versiones, que dice:

«Primero se llevaron a los judíos,
pero como yo no era judío, no me importó.
Después se llevaron a los comunistas,
pero como yo no era comunista, tampoco me importó.
Luego se llevaron a los obreros,
pero como yo no era obrero, tampoco me importó.
Mas tarde se llevaron a los intelectuales,
pero como yo no era intelectual, tampoco me importó.
Después siguieron con los curas,
pero como yo no era cura, tampoco me importó.
Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde.»

“Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista,
Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista,
Cuando vinieron a buscar a los judíos, no pronuncié palabra, porque yo no era judío,
Cuando finalmente vinieron a buscarme a mí, no había nadie más que pudiera protestar.”

Condena enérgica ante la agresión a integrante de la judicatura

Escrito en . Publicado en Derechos.

Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica

Comunicado

El respeto a la integridad física y moral de los administradores de justicia es una piedra angular de cualquier Estado Social y Democrático de Derecho. Ante los hechos ocurridos el pasado viernes 17 de abril , en los que la jueza de la República Kattia Carballo fue objeto de una violenta agresión en Heredia, desde el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica manifestamos nuestro más profundo y enérgico rechazo.

Los ataques dirigidos contra los funcionarios judiciales no solo representan una vulneración inaceptable a la integridad personal de quienes administran justicia, sino que constituyen una ofensa directa contra la institucionalidad y la autoridad del Poder Judicial. La discrepancia con las resoluciones judiciales debe canalizarse estrictamente a través de los recursos legales pertinentes; nunca, en ninguna circunstancia, mediante la violencia, el acoso o la agresión física.

Ya se dijo antes. Exigimos que estos actos sean investigados con celeridad y que los responsables sean castigados con todo el peso de la ley conforme a lo dispuesto en nuestra Constitución Política y las disposiciones del Código Penal aplicables a la agresión contra funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, sentando un precedente claro de que la justicia no se amedrenta ante la coacción.

Hacemos un llamado urgente al Poder Judicial para que  actúe  de manera inmediata y decidida, garantizando la protección de sus funcionarios en el ejercicio de sus cargos.

Instamos respetuosamente a la Corte Plena para que emita una respuesta contundente y pública en defensa de la independencia judicial. Es imperativo que la cúpula judicial envíe un mensaje inequívoco de respaldo a la judicatura y de rechazo absoluto a cualquier forma de intimidación externa.

El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica se mantendrá vigilante y en alerta permanente, y de no obtenerse una respuesta institucional satisfactoria, se valorará las acciones legales y gremiales que correspondan. Velaremos porque el imperio de la ley y el respeto mutuo sigan siendo los ejes que rijan nuestra convivencia nacional.

Lic. Miguel Arias Maduro
Presidente

ACOJUD advierte escalada de riesgo contra la judicatura tras ataque a jueza expuesta públicamente

Escrito en . Publicado en Derechos.

Comunicado

La Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) manifiesta su más profunda preocupación, indignación y repudio ante los hechos ocurridos el día sábado, en los cuales una jueza de la República fue objeto de un ataque físico violento por parte de un particular, en un contexto precedido por la indebida y reiterada exposición pública burlesca y denigrante de su identidad, desde la Presidencia de la República, en razón del contenido de una resolución que calificó infundadamente como complaciente. Amenazas en redes sociales y llamadas telefónicas a la juzgadora como a sus familiares, fueron inmediatos a la exposición y previos a la agresión.

Este hecho marca un punto de inflexión. Ya no se trata únicamente de ataques discursivos: estamos ante consecuencias reales que ponen en peligro la integridad física de quienes administran justicia y generan un riesgo cierto para todo el sistema judicial.

ACOJUD ha advertido reiteradamente sobre los efectos de las manifestaciones públicas provenientes del Poder Ejecutivo contra jueces y juezas de ejecución de la pena y de otras jurisdicciones. Hoy, lamentablemente, estos riesgos se materializan.

La exposición de nombres e imágenes de jueces y juezas, en un entorno de alta tensión social constituye una forma de estigmatización y deslegitimación que fomenta el hostigamiento y la violencia, especialmente de género. Esto no solo representa un grave irrespeto a la independencia judicial y a la división de poderes que consagra nuestra Constitución Política, sino una pérdida de nuestra estabilidad institucional. Ignorar estos principios abre la puerta a prácticas incompatibles con la democracia, donde la justicia se sustituye por la intimidación, presión, la desinformación o populismo.

Cuando se expone ilegítimamente a un juez o jueza, se pone en riesgo la justicia misma. Por ello reiteramos con firmeza: la función de los jueces y juezas es la defensa de la ley, la justicia y los derechos humanos, y no, como errónea y malintencionadamente se ha afirmado, la “defensa de delincuentes”.

Los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura establecen que las personas juzgadoras deben poder ejercer sus funciones libres de presiones, amenazas o interferencias indebidas, así como contar con garantías de seguridad. En el mismo sentido, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que el Estado tiene el deber de prevenir actos de intimidación contra jueces y juezas y de asegurar condiciones que resguarden su independencia. La exposición pública que genere riesgo o estigmatización compromete la responsabilidad internacional del Estado por incumplimiento de sus obligaciones convencionales.

La preocupación aquí externada ya ha sido advertida por la Relatora de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite (Ref.: AL CRI 3/2024), quien recordó al Estado costarricense su obligación de garantizar la protección de jueces y fiscales frente a presiones indebidas. Hoy, los hechos evidencian un preocupante retroceso. La justicia no puede ni debe ejercerse bajo amenaza.

Por ello, ACOJUD exige de manera urgente el respeto irrestricto a la independencia judicial como bastión esencial de la democracia y el cese inmediato de prácticas de exposición y estigmatización de personas juzgadoras.

En virtud de la gravedad de los hechos descritos, ACOJUD solicita a la Corte Suprema de Justicia de forma inmediata, en su condición de máximo órgano del Poder Judicial y garante de su independencia:

UNO: Que acuerde y ejecute con los órganos internos del Poder Judicial que corresponden, todas las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad e integridad de los jueces y juezas de la República. En particular, instamos a que se dispongan acciones reales y efectivas de protección para la persona juzgadora afectada y para quienes se encuentren en situación de riesgo con alarmas ya comunicadas y se establezcan protocolos claros frente a escenarios de exposición y hostigamiento.

DOS: Instamos a que se posicionen firmemente como órgano en defensa de la independencia judicial, frente a cualquier forma de injerencia o presión indebida, venga de donde venga. La protección de quienes administran justicia no es solo una responsabilidad institucional, sino una condición indispensable para la vigencia del Estado de derecho. El silencio institucional, en momentos como este, también compromete la independencia judicial.

Por último, recordamos a la ciudadanía que los ataques no solo no nos intimidan, sino que reafirman nuestro compromiso inquebrantable con la Constitución, la ley y los derechos humanos. La judicatura costarricense no renunciará a su deber.

Sin jueces independientes, no hay justicia. Sin justicia, no hay democracia.

San José, 19 de abril del 2026.
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE ACOJUD

La ilusión de la mano dura: Bukele, Trump y el riesgo de dinamitar nuestro ADN tico

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por JoseSo (José Solano-Saborío)

La tentación de importar milagros siempre ha sido el talón de Aquiles de las democracias fatigadas. En los últimos años, Costa Rica ha comenzado a mirar de reojo hacia el norte de su la región centroamericana, embelesada por la promesa de la mano dura y la supuesta eficiencia fulminante. Sin embargo, intentar calzar el modelo salvadoreño en la realidad costarricense es ignorar el abismo histórico, institucional y existencial que separa a ambas naciones. Para entender por qué el espejismo autoritario es incompatible con nuestro ADN, debemos primero desvestir la ilusión de que somos sociedades equiparables.

Nuestra matriz existencial se forjó desde lugares diametralmente opuestos. La Costa Rica moderna se construyó a partir de 1948 sobre una premisa insólita para la región: la abolición del ejército y la edificación de un Estado de bienestar robusto, con la seguridad social y la educación pública como grandes igualadores. Históricamente, hemos apostado por la tiza sobre el fusil, cultivando una fe casi dogmática en el derecho, el consenso y el equilibrio de poderes. El Salvador, por el contrario, ha escrito su historia en clave de supervivencia. Atravesado por décadas de dictaduras militares y una guerra civil que dejó cicatrices profundas, su transición a la paz fue trágicamente secuestrada por la barbarie de las pandillas. La sociedad salvadoreña, acorralada por el terror diario, llegó a un límite de agotamiento donde estuvo dispuesta a sacrificar sus libertades constitucionales a cambio de no morir en la calle. Costa Rica, mientras tanto, sangra por una herida muy diferente, con penetración de organizaciones criminales internacionales.

A pesar de esta abismal diferencia, a partir del 2022 hemos presenciado un giro inquietante en nuestro país. El chavismo tico ha comenzado a imitar un libreto que no encaja con la esencia de Costa Rica por el “éxito” cortoplacista, que consiste en esconder su problemática social “debajo de la alfombra”, aprovechando para, entre la basura, desaparecer a opositores y críticos. Bajo la bandera del anti-establecimiento, se ha importado una retórica confrontativa que busca desacreditar sistemáticamente a la prensa independiente, a los órganos de control y a los cimientos mismos de nuestra democracia. Este intento de aplicar una receta autoritaria y centralista en la otrora “Suiza centroamericana” genera una fricción destructiva. Nuestras instituciones fueron diseñadas meticulosamente para evitar que un solo líder acumule el poder absoluto; intentar forzar el modelo de excepción salvadoreño aquí es como intentar operar un marcapasos a martillazos.

El peligro de romantizar esta deriva populista se vuelve aún mayor cuando la fachada del modelo a imitar comienza a resquebrajarse. La narrativa de la paz salvadoreña, vendida como un triunfo absoluto de la voluntad presidencial, oculta un costo oscuro que hoy está más expuesto que nunca. Recientes investigaciones y reportajes de la cadena estadounidense CBS han sacado a la luz nuevas pruebas, a partir de la denuncia del medio salvadoreño “El Faro”, que confirman lo que muchos teman y otros sospechamos: el pacto original del gobierno de Nayib Bukele con las pandillas. Las denuncias documentan cómo, para cimentar su popularidad inicial, se negoció la liberación de líderes históricos de la MS-13.

Ese oscurantismo se agrava al observar las nuevas dimensiones internacionales del bukelismo. Lejos de ser un modelo de soberanía, El Salvador ha profundizado sus nexos con Donald Trump, ofreciendo el publicitado megadespliegue del CECOT no solo como prisión local, sino como una pieza en el engranaje de las políticas de deportación masiva estadounidenses. Someter la soberanía nacional para convertirse en un apéndice carcelario de intereses extranjeros, en medio de severas denuncias internacionales por tortura y violaciones al debido proceso, no es un modelo de éxito, es la claudicación del Estado de derecho.

A la peligrosa importación de este espejismo autoritario se suma, además, un error conceptual tan básico como destructivo. El modelo que el oficialismo intenta vendernos ignora deliberadamente la naturaleza de nuestro propio mal. Las maras salvadoreñas y su brutal violencia territorial no son, ni de cerca, equiparables a las complejas, equipadas y multimillonarias redes transnacionales del narcotráfico que hoy infiltran a Costa Rica. Intentar desmantelar la sofisticada maquinaria del crimen organizado y los grandes carteles de la droga aplicando tácticas de encierro masivo diseñadas para pandillas, no solo es una ingenuidad operativa, sino que equivale a dispararle al objetivo equivocado mientras el verdadero enemigo sigue avanzando sin oposición ni estrategia de contención real.

Costa Rica está a tiempo de mirarse al espejo y reconocer su propia valía. El Salvador entregó las llaves de su democracia empujado por una necesidad extrema y el trauma del plomo; nosotros corremos el riesgo de entregarlas por pura frivolidad populista. Prometernos seguridad y eficiencia dinamitando los puentes institucionales que construyeron nuestros abuelos solo nos llevará hacia un modelo cimentado en pactos opacos y sumisión, que no resuelve por el fondo las causas de la delincuencia, la brecha social, la desigualdad y la exclusión. El verdadero patriotismo hoy no exige mano dura, sino la valentía de defender la democracia que nos hizo excepcionales.

La defensa del Poder Judicial

Escrito en . Publicado en Análisis.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Corren tiempos difíciles para defender al Poder Judicial y a sus órganos auxiliares (Ministerio Público, OIJ, Defensa Pública). Pero tenemos que hacerlo sentando la primera diferenciación: una cosa es el entramado institucional y otra, muy distinta, las personas que circunstancialmente lo representan. Además, en un cuerpo tan amplio y complejo como el Poder Judicial costarricense, no es válido hacer generalizaciones. Hay de todo como en cualquier conglomerado humano. No creo equivocarme si digo que, a todo nivel, es más la gente íntegra y trabajadora que la corrupta o negligente.

Otra cuestión que debe quedar muy clara es que, en democracia, una cuestión es criticar las instituciones para mejorarlas, y otra, la opuesta, levantar señalamientos para demolerlas y arrasar con el sistema democrático mismo.

El primer gesto de defensa institucional consiste, entonces, en reconocer lo que ha andado mal por muchos años –nostra culpa-, esos crónicos males sin resolver, como la insostenible duración de los procesos; la pésima calidad de las investigaciones; la mediocre calidad jurídica de resoluciones y sentencias; la ausencia de controles efectivos sobre el rendimiento profesional del funcionariado y las abusivas prácticas de los litigantes; la tozuda resistencia de la cúpula a impulsar las transformaciones urgentes o a soportar las evaluaciones externas. Lo anterior sólo para mencionar algunas de las cuestiones más sensibles a las que no se ha dado respuesta.

A esto hay que agregar las cíclicas crisis del sistema por escándalos de corrupción, a saber, influencia de la peor política en decisiones trascendentales (reelección presidencial, manoseo de la Constitución en leyes de implementación del TLC, impunidad en el juzgamiento de líderes políticos y miembros de los supremos poderes, para solo dar algunos ejemplos) y, ahora, la amenazante infiltración del crimen organizado en la sociedad y los poderes públicos, incluido el sector justicia.

La estrategia de quienes se sienten autorizados a cuestionar el sistema tradicional en su conjunto, sea blandiendo motosierras, lanzallamas o jaguares desbocados, han alzado la bandera de cambiarlo todo… Pero como ya sabemos, para que nada cambie.

¿Qué sentido puede tener la consigna del cambio si en el fondo se trata del adagio, tan caribeño, de quítate tú pa´ ponerme yo? ¿Qué avance significativo puede haber si no le entramos, en serio, al mejoramiento del servicio público de justicia, a las respuestas en tiempos razonables, los procedimientos interminables, la calidad de las investigaciones, el control disciplinario sobre los que no dan la talla o no consiguen tener un mínimo de destrezas en resoluciones y sentencias? ¿Qué vamos a ganar si no reconocemos que a estas alturas del sigo XXI no podemos seguir arrastrando un modelo de organización y funcionamientos del Judicial anclado en el siglo XIX? ¿Hasta cuándo vamos a deslindar, de una vez por todas, la función jurisdiccional (a cargo de los tribunales de todas las categorías), de la función de gobierno y administración (ejercido por un órgano especializado que sustituya a la Corte), fuente de toda burocratización e ineficiencia del Poder Judicial? ¿De qué nos va a servir que nuevas mayorías parlamentarias aspiren a renovar la Corte Suprema si, en lugar de los amigos de otros, van a colocar a sus propios amigos, perpetuando la mala práctica de relegar a las y los mejores para asegurar influencias en caso de requerirse?

Estamos al borde de un abismo autoritario donde el ideal transformador es Nayib Bukele, caudillo salvadoreño, es decir, un Ejecutivo que concentre todo el poder, que pueda hacer y deshacer sin controles republicanos; un régimen que no dé cuentas al parlamento y menos aún a los jueces y demás entidades contraloras; un “orden” de vida cimentado en el estado de sitio y la suspensión de garantías individuales. Pero hay que reconocer, con mucha desazón, que hemos llegado hasta aquí porque por décadas no corregimos lo que anduvo mal. Estamos desmantelando el estado social de derecho a pellizcos; engendramos una sociedad cada vez más violenta, desigual e inequitativa; caímos en el dogma de la reducción del Estado y la desfinanciación de servicios públicos básicos.

Han sido muchos los expulsados del sistema escolar y quienes no gozan de garantías sociales y laborales mínimas. Las fuerzas políticas dominantes creyeron que podían hacer con las instituciones, los nombramientos y las políticas públicas lo que conviniera a sus particulares intereses, olvidándose de las grandes mayorías, los sectores más vulnerables, los marginados y desplazados, buena parte de los cuales han concurrido a votar en masa por el continuismo chavista, la voz que insulta, despotrica e injuria, pero que de alguna manera – o quizá precisamente por eso- ha logrado canalizar todo el descontento real y legítimo de la gente. Detenerse a oír las “soluciones” propuestas de la Presidenta electa, centradas en la implementación de la “mano dura”, o bien en la abrogación de derechos, libertades y garantías constitucionales, solo puede producir vértigo, ya sea por la vacuidad de las consignas, ya sea por la amenaza de vivir en una sociedad sin estado de derecho.

Cuánto tiempo proseguirán las cosas sin que nada cambie lo veremos en cuestiones muy concretas: la organización y funcionamiento del Poder Judicial seguirá siendo la misma; a las nuevas fuerzas políticas le convendrá mantener una cúpula judicial que concentre poderes, anacrónica e ineficiente, que se ponga a disposición de las mayorías legislativas y ejecutivas de última hora y a la que se le pueda echar la culpa de todo lo que no funciona; un “nuevo” Poder Judicial que le pase por encima a la Constitución y a la propia madre si con eso complace a los poderosos de turno. Ya hay un adelanto de esto si nos fijamos en el grupito de magistrados (as) que votaron en contra del pase a la Asamblea Legislativa de los casos contra Chaves.

Cuánto seguirán las cosas como están, lo sabremos cuando se entienda que la manifiesta impunidad en procesos contra gentes con poder político o económico, es un problema crónico y estructural, que juega a favor de los corruptos (empresarios en colusión con funcionarios), cálculo que ya estarán haciendo los herederos de última generación de quienes confunden la cosa pública con la privada, el interés personalísimo con el bien común, los recursos de todos con el aprovechamiento de unos pocos. Todo lo cual no es monopolio de unos u otros líderes o partidos, los tradicionales o los recién llegados, sino del modo de operar el sistema mismo, diseñado para que corrupción e impunidad se terminen consumando más allá de personajes y engranajes. La cruda verdad que tenemos que enfrentar no es que haya corruptos por aquí o por allá, lo que debemos comprender es que las reglas del sistema mismo son las corruptas: un neoliberalismo que ve oportunidades de negocio en la gestión gubernativa y en cualquier inversión con dineros públicos. Por eso su obsesión privatizadora, su famosa estrategia de alianzas público-privadas y la precarización de servicios para obligarnos a todos a pagarlos en lo privado.

Confirmaremos que las cosas siguen como están cuando un día, –¡oh sorpresa!- las empresas constructoras de siempre sigan ganando los licitaciones de obra pública, por ejemplo, para construir la nefasta mega-cárcel o el complejo de la ciudad gobierno; sabremos asimismo que nada ha cambiado cuando veamos que la obra pública en salud (hospitales regionales, la Torre del Hospital de Niños), y en educación (el deterioro edilicio de escuelas y colegios), seguirán enfrentando trabas y retrasos, para crear necesidades artificiales que le permitan, a quienes ven en la sanidad y la instrucción una mercancía más, hacerse ricos mientras amplios sectores se quedan sin acceso a estos derechos indispensables. Y en fin, para no hacer la lista interminable, las cosas seguirán como están cuando los grandes financistas de campañas electorales sigan apostando al caballo ganador, o bien si la nueva mayoría en la Asamblea Legislativa, dicta su reglamento para hacer nombramientos de Corte y otros altos cargos, a la medida de la coyuntura que le favorece, ignorando a los aspirantes con mejores atestados y experiencia, sacrificando, una vez más, la excelencia independiente por la mediocridad servil.

No se sostiene la crítica de que los hechos irregulares o de corrupción que emergen en la Corte Suprema son responsabilidad del mismo Poder Judicial, puesto que las designaciones de magistraturas son resorte de la Asamblea Legislativa y, hasta donde lo confirman los hechos, la Corte más bien ha cumplido con los procedimientos para disciplinar y enjuiciar a los magistrados envueltos en este tipo de infracciones. Tampoco es cierto que esta cuestión sea exclusiva responsabilidad del bipartidismo PLN/PUSC, la famosa “red de cuido”, dado que desde hace 24 años han concurrido muchos partidos en la designación de miembros de Corte y, al día de hoy, la gran mayoría ya no fueron electos por esa situación política.

Tampoco puede aceptarse la crítica lanzada contra el Poder Judicial como supuesto responsable de la grave situación de violencia criminal y la consiguiente impunidad. La acusación no resiste un serio análisis porque es responsabilidad del Ejecutivo, y no del Judicial, la función constitucional de mantener la seguridad, el orden público y la prevención del delito por medio de sus cuerpos policiales. Los tribunales de justicia, los fiscales y la policía técnica judicial intervienen cuando ya el hecho delictivo ha sido tentado o consumado, en una función estrictamente punitiva. Tampoco es de recibo la crítica de que la impunidad es responsabilidad del sistema de justicia en razón de que policía administrativa (Fuerza Pública) cumple con su deber deteniendo a los presuntos responsables y, en cuestión de horas, jueces y fiscales los ponen en libertad (puerta giratoria), ya que, al formularse el señalamiento, no se da ni un solo dato de, en cuántos casos ocurre esto, si el trabajo policial ha sido bien hecho respetándose derechos fundamentales, y si las razones del actuar judicial está bien o mal justificado. Esta descalificación omite, en cambio, considerar que Costa Rica, en los últimos treinta años, no sólo se ha abusado de la prisión preventiva sino que en números macro, se ha pasado de tener una tasa de prisionización de 100 presos por cada 100 mil habitantes, a una que ronda en la actualidad los casi 400 prisioneros por 100 mil habitantes. Este es un fenómeno prácticamente implosivo, que revela una deriva punitiva centrada en el encierro, que para bien o para mal, esta es una sociedad que ha apostado por encarcelar cada vez más gente y que es falsa la acusación de indolencia o alcahuetería del sistema penal. Es evidente que el frío no está en las cobijas, sino en ese modelo económico que ha abandonado el estado social de derecho inclusivo (estado de bienestar), por el excluyente y divisivo sistema de libérrimo mercado.

En fin, cuando uno oye al Presidente de la democrática República de Costa Rica, la misma que tiene más maestros que soldados, referirse a la Corte Suprema como “…un cáncer, una bolsa de pus…”, aparte de sentir que hemos tocado fondo, sólo cabe la pregunta: ¿de dónde surge tanto odio? La respuesta es muy sencilla: es el odio del autócrata que no controla a los jueces a su gusto y antojo… al menos hasta ahora.

Una última interrogante se impone: ¿hasta cuándo los demócratas auténticos impulsaremos los cambios que nos vacunen contra el reino de los tiranuelos populistas?

Ley en papel, derechos negados: la deuda histórica del Estado con los pueblos indígenas

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS. En Costa Rica existe una ley que, en el papel, reconoce los derechos de los pueblos indígenas. Se trata de la Ley Indígena N.° 6172, aprobada en 1977, que establece principios contundentes: la propiedad colectiva de los territorios, la exclusividad de su uso por parte de las comunidades indígenas y la obligación del Estado de garantizar su protección.

Sin embargo, casi medio siglo después, la realidad en los territorios indígenas muestra una profunda contradicción: lo que la ley reconoce, en la práctica se incumple de manera sistemática.

Un marco legal preciso… que no se cumple

La Ley Indígena no deja espacio para ambigüedades. Desde su inicio define a los pueblos indígenas como sujetos colectivos con identidad propia y reconoce sus territorios como propiedad exclusiva de las comunidades. Además, establece que estas tierras son inalienables, imprescriptibles y no transferibles, y prohíbe expresamente que personas no indígenas puedan adquirirlas o utilizarlas.

Asimismo, la ley dispone que el Estado debe reubicar o expropiar a las personas no indígenas que ocupen tierras dentro de los territorios, y actuar de inmediato ante nuevas invasiones. También declara el cumplimiento de esta legislación como una prioridad nacional, obligando a todas las instituciones públicas a colaborar en su ejecución.

El reglamento complementa este marco, señalando mecanismos organizativos, representación jurídica y coordinación institucional para hacer efectivos esos derechos.

En otras palabras: la ley existe, es precisa y otorga herramientas suficientes para garantizar los derechos territoriales indígenas.

La realidad: territorios invadidos y derechos vulnerados

Pese a este marco jurídico, múltiples denuncias —como las que hemos venido documentando en SURCOS— evidencian una realidad muy distinta:

  • Territorios indígenas ocupados por personas no indígenas.
  • Procesos de recuperación de tierras enfrentados con violencia.
  • Ausencia de acciones efectivas del Estado para cumplir la ley.
  • Condiciones de vida marcadas por exclusión social, pobreza estructural y falta de acceso a servicios básicos.

Esta brecha entre ley y realidad no es accidental. Responde a una debilidad estructural del Estado para garantizar derechos cuando se trata de poblaciones históricamente marginadas.

Una ley nacida en un contexto limitado

El análisis de la historiadora Alejandra Boza Villarreal aporta claves importantes para entender esta situación. La Ley Indígena surge en un contexto en el que el Estado costarricense buscaba reconocer la existencia de los pueblos indígenas, pero lo hacía desde una visión todavía limitada, marcada por enfoques asistencialistas e integracionistas.

Si bien la ley representó un avance significativo para su época —al reconocer la propiedad colectiva y la autonomía territorial—, no rompió completamente con las estructuras de poder que históricamente han subordinado a los pueblos indígenas.

Esto explica, en parte, por qué la ley ha sido más declarativa que efectiva: reconoce derechos, pero no transforma las condiciones estructurales que impiden su cumplimiento.

El problema de fondo: voluntad política y modelo de desarrollo

El incumplimiento de la Ley Indígena no puede explicarse únicamente como una falla administrativa. Se trata de un problema más profundo:

  • Falta de voluntad política sostenida para ejecutar desalojos y procesos de recuperación territorial.
  • Conflictos con intereses económicos, especialmente en zonas donde hay presión sobre la tierra.
  • Un modelo de desarrollo que no prioriza los derechos de los pueblos indígenas, pese a lo que establece la ley.

Incluso cuando la legislación establece que solo las comunidades indígenas pueden explotar los recursos dentro de sus territorios, en la práctica se han documentado situaciones de uso indebido, extracción de recursos y afectaciones ambientales que contradicen ese mandato.

Organización comunitaria frente a la ausencia estatal

Ante este escenario, muchas comunidades han impulsado procesos de organización y recuperación territorial. La propia ley reconoce la importancia de las estructuras comunitarias y formas organizativas indígenas, así como su derecho a administrar sus territorios.

Sin embargo, estas iniciativas han debido avanzar, en muchos casos, sin el respaldo efectivo del Estado, e incluso enfrentando criminalización o violencia, con asesinatos y amenazas como expresión de ese clima.

Esto plantea una pregunta central: ¿hasta qué punto el Estado está dispuesto a cumplir su propia ley?

Más que una deuda legal, una deuda histórica

El problema no es que falten normas. El problema es que no se cumplen.

La situación de los pueblos indígenas en Costa Rica revela una contradicción profunda entre el discurso de país respetuoso de los derechos humanos y la realidad en los territorios.

Cumplir la Ley Indígena no es solo una obligación jurídica. Es una condición mínima para avanzar hacia una sociedad que respete la diversidad, la dignidad y los derechos colectivos.

Una tarea pendiente

A casi 50 años de su aprobación, la Ley Indígena sigue siendo una promesa incumplida.

Garantizar su aplicación efectiva implica:

  • Recuperar territorios ocupados ilegalmente.
  • Fortalecer la autonomía de las comunidades.
  • Asegurar condiciones de vida dignas.
  • Reconocer plenamente a los pueblos indígenas como sujetos de derechos.

Mientras esto no ocurra, la ley seguirá siendo un texto avanzado… pero insuficiente frente a una realidad que continúa negando derechos fundamentales.

Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

El espejismo bukelista: la trampa del régimen de excepción en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por: JoseSo (José Solano-Saborío) | Entre Verdades y Opiniones

Hay verdades incómodas que, si no se dicen a tiempo, terminan costando libertades. Recientemente, un informe del Grupo Internacional de Expertos (GIPES) —analizado a profundidad por los colegas de Doble Check— puso sobre la mesa la realidad detrás del famoso «modelo Bukele» en El Salvador: crímenes de lesa humanidad, detenciones arbitrarias sin pruebas, torturas y miles de personas encarceladas injustamente. Ante esto, la respuesta del gobierno salvadoreño ha sido un manual de desinformación pura. Pero lo que debería quitarnos el sueño no es solo lo que pasa en El Salvador, sino cómo ese mismo libreto autoritario nos lo están queriendo empaquetar y vender aquí, en Costa Rica.

La falsa promesa de lo «temporal»

El oficialismo chavista no oculta sus intenciones. Hemos escuchado las declaraciones públicas y reiteradas de la presidenta electa, Laura Fernández, apuntando hacia un «modelo bukelista». Su propuesta es clara: solicitar a la Asamblea Legislativa la autorización para establecer un régimen de excepción «solo en casos necesarios», «de manera temporal» y en «zonas específicas».

Hagamos memoria y no caigamos en la trampa. Así exactamente le vendieron la idea al pueblo salvadoreño: como una medida de emergencia que duraría apenas 30 días. Este pasado 27 de marzo de 2026, esa medida «temporal» cumplió cuatro años ininterrumpidos de anular derechos constitucionales. El guion populista es predecible: te prometen ceder tus libertades por un ratito, pero una vez que prueban el poder absoluto, no lo devuelven.

El arma perfecta contra el opositor

El peligro más grande de un estado de excepción no radica en cómo trata a los criminales, sino en cómo se utiliza contra quienes resultan incómodos para el poder. En El Salvador, este régimen ha servido en bandeja de plata la excusa para perseguir sistemáticamente a opositores, periodistas, juristas y críticos.

Si creen que en Costa Rica estamos blindados contra eso, basta con ver los indicios que el chavismo ya ha dejado en nuestro propio Estado de Derecho. Hemos presenciado cómo se intenta usar el aparato estatal para intimidar, desde la burda «cama» que le intentaron hacer a Randall Zúñiga, director del OIJ, hasta los ataques desproporcionados contra comunicadores como la adulta mayor Stella Chinchilla. Peor aún, hemos cruzado líneas rojas dolorosas, como la instrumentalización de una institución como el PANI en contra de la hija del candidato opositor Álvaro Ramos.

Si este oficialismo es capaz de usar las instituciones para acosar y golpear a sus críticos bajo las reglas de una democracia normal, ¿se imaginan lo que harían con un régimen de excepción que suspende las garantías constitucionales?

Maras y carteles: realidades que no se mezclan

Más allá del peligro político, en el caso de Costa Rica un Estado de Excepción sencillamente NO se justifica. Quieren meter en un mismo saco realidades criminales que operan de forma totalmente distinta.

Las «maras» en El Salvador eran pandillas enfocadas en el control territorial de barrios, la extorsión directa y la violencia callejera focalizada. El monstruo que enfrentamos en Costa Rica es la penetración de carteles trasnacionales de la droga: crimen organizado de alta logística, redes complejas de lavado de dinero y manejo de rutas internacionales. Suspender los derechos de los ciudadanos de a pie en «zonas específicas» no va a desmantelar los capitales del narcotráfico. Lo único que logra una medida de este tipo aquí es debilitar nuestra histórica institucionalidad democrática, dándole un cheque en blanco a un gobierno intolerante a la crítica.

Un llamado a la defensa institucional

La historia nos exige estar a la altura del momento. Hago un llamado directo y urgente al Poder Judicial: ustedes son el último bastión de la legalidad en este país; no permitan que se atropelle nuestra Constitución. A la oposición en la Asamblea Legislativa: no cedan ni un milímetro ante el chantaje del populismo punitivo.

Y finalmente, a la prensa independiente y a la ciudadanía: es nuestro deber, hoy más que nunca, construir una narrativa propia, fuerte y basada en datos. No podemos permitir que la maquinaria de manipulación del oficialismo imponga su desinformación.

La democracia y las garantías ciudadanas cuestan generaciones construirlas, pero se pueden perder en la firma de un solo decreto «temporal».

Conciudadanos: No sacrifiquemos nuestra libertad por el espejismo de una falsa seguridad.

La derrota civil de Giorgia Meloni

Escrito en . Publicado en Análisis.

Walter Antillón

Si queréis ir en peregrinación al lugar donde nació vuestra Constitución, id a las montañas donde cayeron los partisanos, a las cárceles donde fueron presos, a los campos donde les ahorcaron. Allí donde murió un italiano para recuperar la libertad y la dignidad, id, oh jóvenes, con el pensamiento, porque allí nació nuestra Constitución.
Piero Calamandrei

I.– Los días 22 y 23 de marzo de 2026, con el apoyo manifiesto de la primera ministra Giorgia Meloni, se celebró en Italia un referéndum para que el pueblo avalara una reforma de la Constitución aprobada por el Parlamento en materia judicial. Los principales cambios eran:

  1. La división del Consejo Superior de la Magistratura en dos órganos distintos: uno para jueces y el otro para fiscales;
  2. La reducción del peso de los fiscales y los jueces en el Consejo;
  3. ​La introducción del sorteo para la designación de los miembros del Consejo;
  4. La creación de un tribunal disciplinario, separado del Consejo Superior de la Magistratura.

Por debajo de sus argumentos técnicos, la reforma de Meloni buscaba destruir el sistema organizacional implantado con el Consejo Superior de la Magistratura en la Constitución del 48, al cual deben su independencia y su dignidad los jueces y los fiscales italianos.

Pero más del 53 % de los votantes dijo: NO. La mayoría del pueblo dio un voto de confianza a sus fiscales, a sus jueces y a su Consejo Superior; y tenía fundadas razones para ello, como veremos: el tema tiene su historia.

II.– De conformidad con el principio básico del régimen fascista de Mussolini: “Todo en el Estado, nada contra el Estado», durante los 23 años de la existencia de dicho régimen (1922-1945) la independencia deja de ser una condición inherente a las funciones jurisdiccionales. El resultado fue un cuerpo de jueces y fiscales sumiso ante las decisiones, las orientaciones e incluso los caprichos del Duce. Desaparece de Italia toda garantía de tutela de los derechos de las personas y el autoritarismo toma el lugar de la ley, ante la mirada pasiva de cortes y tribunales. Irónicamente, durante ese período los más connotados juristas redactan espléndidos códigos, pero están conscientes de que, en última instancia, mientras el Dictador conserve su poder, no prevalecerán los principios ni las normas de esos Códigos ni del Estatuto Albertino, sino la pulsión autoritaria de aquél.

III.– La Segunda Guerra Mundial culmina en 1945 con la derrota del Fascismo italiano y alemán, por obra de las tropas aliadas ayudadas por los movimientos partisanos representantes de los intereses populares, sobre todo de Italia y Francia. En ambos países se forma Gobiernos de Coalición con un fuerte componente popular, y se convoca a la integración de asambleas constituyentes para implantar las bases republicanas, democráticas y de justicia social del nuevo Estado.

En el proceso constituyente italiano, con más de 500 diputados, intervienen ilustres juristas como Lellio Basso, Costantino Mortati, Tomasso Perassi y Piero Calamandrei, junto con políticos como Aldo Moro, Palmiro Togliatti, Umberto Terracini, Pietro Nenni y el gran filósofo Benedetto Croce, entre muchos otros; y el resultado fue una constitución innovadora y progresista, con valiosos hallazgos normativos que luego la Corte Constitucional ha desarrollado fructíferamente.

Entre las grandes innovaciones que se introduce en el texto constitucional están, precisamente, la creación de la Corte Constitucional y la de un nuevo órgano: el Consejo Superior de la Magistratura. Este último, en particular, responde a la preocupación que muchos sentían con respecto al Poder Judicial a partir de la terrible experiencia de la pseudo-justicia fascista sufrida hasta hacía pocos años. ¿Cómo evitar que vuelva a ocurrir algo semejante? ¿Cómo propiciar la actuación de jueces y fiscales cultos, honestos, independientes e imparciales, defensores de la Constitución y los Derechos Humanos? Era necesario ser originales: pensar en un ente de rango supremo, al mismo nivel del Parlamento, conjurando a la vez los peligros del corporativismo y la jerarquización.

La instalación y el funcionamiento del Consejo Superior de la Magistratura marca un antes y un después en la historia de Italia: el órgano se funda en el principio de la absoluta paridad (sólo se diferencian en las funciones que desempeñan), y a él están sometidos, con igual tratamiento, desde el primer presidente de la Corte de Casación hasta el más modesto agente fiscal. El CSM está integrado mayoritariamente por jueces y fiscales electos por sus colegas de todo el país, en votación directa y secreta, aunque cuenta también con miembros que son académicos y abogados litigantes.

Al ocuparse eficazmente de una rigurosa formación de los aspirantes promocionados, proporcionándoles garantías de continuidad, seguridad y decoro, un salario adecuado, etc., el CSM produjo una nueva calidad de jueces y fiscales que muy pronto se hizo notar, exaltando la Constitución y actuando sin temor y con firmeza frente a los grandes poderes jurídicos y fácticos; y los resultados son historia.

IV.– Resultados del sistema: a) Unos 20 jueces y fiscales, entre ellos los fiscales Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, fueron asesinados entre 1984 y 1992, como respuesta de la Mafia por sus acusaciones y procesos. El fiscal Giovanni Falcone coordinó las acusaciones que culminaron con la condena de más de 500 mafiosos.

V.– Resultados del sistema: b) Bajo los procesos de la operación «Manos Limpias” (mani pulite) iniciada en 1992 por parte de los fiscales y jueces Antonio Di Pietro, Piercamillo Davigo, Gherardo Colombo, Pierluigi Zanchetta, Francesco Saverio Borrelli, Giuliano Turone, Edmondo Bruti Liberati y muchos otros, contra la corrupción gubernamental y empresarial que agobiaba a Italia, se efectuó más de 5 mil indagatorias (entre ellas a cuatro ex primeros ministros, decenas de ministros y 200 parlamentarios), y se saldó con 1300 condenas judiciales contra ministros, directores de empresas públicas, diputados, industriales, banqueros, navieros, militares, etc.

VI.– Resultados del sistema: c) durante 30 años los jueces y fiscales italianos promovieron y tramitaron 86 procesos judiciales contra el multimillonario Silvio Berlusconi, dueño de un imperio mediático, comercial e industrial en Italia y Europa: senador y primer ministro de Italia en varios períodos, con amplias mayorías en el Senado y la Cámara de Diputados. A pesar de su inmenso poder político y económico, Berlusconi fue condenado muchas veces por los jueces italianos por fraude fiscal, tratos con la Mafia, soborno de funcionarios, corrupción de menores, etc., pero fue absuelto en múltiples ocasiones por prescripción del delito, y otras tantas fue indultado; aunque finalmente tuvo que cumplir pena de prisión y de trabajo social por el delito de fraude fiscal, y perdió su credencial de Senador. Durante años Berlusconi usó toda su influencia y poder en tratar de reformar y someter el sistema de la Justicia de su país, pero no lo consiguió. La muerte en 2023 lo libró de los últimos procesos.

VII.– La ultraderechista Giorgia Meloni proviene del fascista Movimiento Social Italiano (MSI) fundado por Giorgio Amirante, un acólito de Mussolini. Su alianza con la Liga Lombarda de Salvini y con Forza Italia, de Berlusconi (ambos igualmente pro-fascistas) le dio el triunfo en las urnas en 2022. Todas las tres tendencias mencionadas son hostiles a la Constitución de 1948 y, naturalmente, a la existencia del Consejo Superior de la Magistratura, al que responsabilizan de la beligerancia fiscal y judicial que, en su momento, desarticuló la Mafia Siciliana, barrió con Tangentopoli (el país de los sobornos) y durante 30 años, sin otra fortaleza que la Constitución y las leyes, persiguió judicialmente al poderoso multi-reincidente Silvio Berlusconi.

Meloni quiere despejar de obstáculos el camino de su proyecto presidencialista, y a la vez asegurarse de que no se repita, con ella y sus aliados, la saga judicial berlusconiana. Ello explica su empeño de descuartizar el Consejo Superior de la Magistratura: empeño plasmado materialmente en la relativa reforma constitucional aprobada por el Parlamento, y en la sucesiva campaña oficial para obtener un referéndum aprobatorio.

Pero el pueblo italiano rechazó sus pretensiones; y al hacerlo escribió una página gloriosa de reconocimiento y elogio para sus jueces y sus fiscales.

Sin idealizar la democracia, rescatarla

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

Quizá podamos aportar un rayo de luz en el oscuro panorama político costarricense si sentamos una premisa: toda democracia liberal-republicana y su Estado de Derecho es, en sus fundamentos, una democracia oligárquica.

Las oligarquías pueden convivir, con toda tranquilidad, ya sea con regímenes dictatoriales de facto, ya sea con gobiernos más o menos conservadores o progresistas surgidos de las urnas. Con total certeza, de sus exclusivas manos no dependerá nunca la consolidación o avance de la democracia.

La diferencia radica en si esas oligarquías monopolizan el poder político y su gobernanza, o bien, obligadas por el empuje de otros sectores de la sociedad, ceden parte de sus privilegios y deciden, -casi siempre por razones pragmáticas vinculadas a la estabilidad institucional y a la paz social-, otorgar derechos, un reparto menos injusto de la riqueza, o el ascenso social a ciertos sectores.

La historia de la democracia en Costa Rica no ha escapado a esta lógica. Dentro del bipartidismo (PLN/PUSC) tanto como dentro del pluripartidismo que lo ha seguido, los sectores oligárquicos nacionales han navegado sin sobresaltos, financiando a unos y otros, o dejando caer a unos en favor de otros, según soplen los vientos del electorerismo y las tendencias de moda; viendo con probable regocijo cómo viejos y nuevos partidos, con honrosas excepciones, se ponen a sus gratas órdenes en la Asamblea Legislativa. Por eso hemos visto cómo, financistas que fueron del PLN o del PUSC, aparecen apoyando a los improvisados liderazgos de última hora y sus partidos-taxi.

A partir de los años 80 del siglo pasado, con el surgimiento y predominio neoliberal, se frenó en seco el movimiento precedente de avances democráticos, para entran en una primera transición de estancamiento y, en los últimos años, de franco retroceso, sobre todo en cuanto a la respuesta a la violencia social mediante el sistema penal –sobre el que se quiere hacer recaer la responsabilidad exclusiva de aliviar los conflictos, las desigualdades e inequidades exacerbadas-, así como en cuanto a los derechos laborales y sociales en general –sobre todo con el deterioro de los derechos laborales y el acceso a servicios públicos de calidad-.

No son éstos tiempos, entonces, para seguir alimentando la mitología tradicional: ni somos la Suiza centroamericana –ahora que nos queremos parecer a El Salvador-; ni la patria con más maestros que soldados –en momentos que nos hemos matriculado, de manera acrítica, en la guerra transnacional contra el narcotráfico-; ni una de las pocas democracias plenas del mundo –con una mayoría electoral que amenaza en serio las instituciones de control político, la prensa independiente y toda manifestación de oposición.

Las orejas del lobo, en este último aspecto, se han asomado con claridad: campañas de odio y descalificación de las instituciones públicas; utilización del PANI para intimidar a un candidato presidencial; evidente loby ante la Embajada estadounidense para despojar de visa a adversarios políticos; propuesta para imponer suspensión de garantías individuales, legalización de allanamientos policiacos sin autorización judicial; o volver a las fracasadas políticas de “mano dura” para combatir la inseguridad ciudadana. Cuando se mutila la famosa frase de Winston Churchill de que la democracia es la peor forma de gobierno… y se omite adrede agregar: con excepción de todas las demás,… no sólo se está faltando a la verdad para sorprender ingenuos, se está manifestando un odio expreso antidemocrático y se está preparando a la gente para normalizar la destrucción total de las instituciones republicanas.

La oligarquía costarricense se ha transformado sustancialmente en el último siglo. Los cafetaleros (exportadores) y los comerciantes (importadores) han tenido que convivir con formas oligárquicas mucho más diversas y complejas, conforme los enormes cambios en la producción, importación, prestación de servicios e inversión externa en la producción agrícola extensiva, las zonas francas o productos tecnológicos especializados.

En la acera de enfrente, los sectores sociales que le arrancaron importantes concesiones a las antiguas élites, hasta hacer de Costa Rica una democracia con importantes progresos en muchos campos, tienen que aclarar ahora sus intereses para que le sigan recordando a esas élites económicas dominantes, que aquí convivimos mayorías y minorías que han sabido conquistar derechos, libertades y garantías en el pasado y que no estamos dispuestos a renunciar a ellas en el futuro.

Si hoy ya no están los sindicatos bananeros, los gremios artesanales urbanos, los pequeños agricultores o las asociaciones de maestros y profesores de antaño, nuevos núcleos de organización social como los colectivos feministas, los defensores del medio ambiente, los representantes de las poblaciones aborígenes y de otras minorías, deben ser hoy las que recojan el testigo para que un nuevo pacto social, inspirado en el bien común, revitalice nuestra amenazada democracia.

Se busca un juez

Escrito en . Publicado en Análisis.

Walter Antillon

Hace más de veinte años, a quien pasara a altas horas de la noche frente al edificio de la Corte Suprema le era dado ver, invariablemente, una luz encendida en lo alto. Era la luz de la oficina del presidente don Fernando Coto Albán, un juez que durante su vida padeció hambre y sed de Justicia, y contribuyó decisivamente a que la Justicia fuera augusta y venerada en Costa Rica.

Apegados a la esencia de su ministerio, jueces como él, o como don Ulises Odio, se cuidaron de comprometer al Poder Judicial en convenios o acciones conjuntas con los otros poderes; porque tenían muy claro que la función de todo juez se concreta nada menos que en juzgar con equidad e imparcialidad los conflictos pendientes entre las personas (con mayor razón si entre estas personas están los miembros de los Supremos Poderes u otros altos funcionarios); y que era vital para la Democracia hacer respetar la sagrada investidura del juez, manteniendo entre éste y los representantes de los poderes fácticos y políticos la distancia suficiente que le permitiera, si el caso se daba, aplicarles el rigor de la ley.

Así debe ser, y por ello es preciso que la Corte, como órgano y cabeza de la Judicatura, vuelva a sentir hoy aquella hambre y aquella sed de Justicia, y recupere esa distancia crítica frente a la voracidad y el frenesí de los poderes; porque la Justicia es, por esencia, un contra-poder social: es la afirmación incondicional de lo justo frente a todo cálculo oportunista y utilitario de algunos.

Porque, en efecto, la mejor política judicial es la que conduce a una justicia independiente, docta e imparcial para todos. Y en ese contexto, es razonable pensar que el buen gobierno de un País requiere jueces cuya actuación recta y oportuna, sumada a otros factores, contribuya a propiciar “un buen clima de negocios”, siempre que se trate de negocios honestos, equitativos y respetuosos de la legalidad; pero esto sólo se puede lograr instaurando un sistema en el que la independencia de cada juez esté asegurada institucionalmente; y no, como da a entender cínicamente un diputado, eligiendo magistrados domesticados, obsecuentes y sometidos a la voluntad y a las políticas entreguistas de un gobierno neoliberal.

Ese diputado y muchas otras personas tienen la idea de que el Judicial es un Poder de rango inferior a los otros, con el peregrino argumento de que la elección de los miembros de la Corte no proviene de las urnas. Pero ¿no se percatan estos señores de que su argumento contradice la Constitución, cuyo artículo 9 confiere el mismo rango a los tres Poderes?

El sistema costarricense de Justicia debe ser guiado por el camino de la dignidad y la independencia; y a ello contribuirá decisivamente un presidente de la Corte cuyo desempeño anterior como Juez y Magistrado constituya una clara y firme garantía de responsabilidad, buen criterio jurídico, firmes convicciones y, sobre todo, de no sometimiento frente al Gobierno, frente a la Asamblea Legislativa, frente a las cúpulas políticas y financieras. Un presidente de la Corte no necesita ser amigo ni tener afinidades con los otros Poderes; y no someterse a ellos tampoco significa que sea su enemigo. Para mantener unas relaciones respetuosas con dichos poderes basta con que sustente ideas y convicciones realistas y claras acerca del papel y el rango de la Justicia dentro del Estado costarricense del Siglo XXI, y las exponga con lealtad y firmeza.

Por lo dicho, y sin que ello signifique demérito alguno para los otros Magistrados de la Corte, muchos de los cuales me honran con su amistad, la persona que, en mi modesto criterio, muy por encima de los cálculos mezquinos y las arteras componendas de los politicastros, reúne las mejores condiciones para presidir la marcha de la Judicatura costarricense en los años venideros, es el juez don Fernando Cruz Castro.

Nota de SURCOS: Este texto fue escrito y publicado por don Walter hace 13 años; lo publicamos hoy a solicitud del autor en homenaje a quien, «contra viento y marea, ha mantenido su independencia y su dignidad en el cumplimiento de su sagrada misión».