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Etiqueta: estado de derecho

RENASES denuncia el incumplimiento de una orden de la Sala Constitucional en la elección de magistraturas suplentes y llama a mantenerse en alerta

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) expresó su «más profunda preocupación» y su «enérgico rechazo» ante lo ocurrido el 29 de setiembre en el plenario de la Asamblea Legislativa, cuando no se realizó la votación acordada para nombrar las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional. RENASES es un espacio de articulación de organizaciones sindicales, productivas, comunales, territoriales, ecologistas, feministas y de derechos humanos.

En un pronunciamiento fechado el 30 de setiembre, la Red explica que ese día estaba acordada la votación para nombrar a nueve magistradas y magistrados suplentes. Sin embargo, una moción de orden de la fracción oficialista, aprobada solo con sus propios votos, devolvió la nómina a la Comisión de Nombramientos. Según RENASES, esa decisión desconoce una orden directa de la Sala Constitucional, que en su resolución de julio declaró ilegítima la devolución de la nómina y ordenó al plenario conocer y resolver esas designaciones.

«Esto no es un trámite más ni una diferencia de criterio entre diputaciones», afirma la organización. «Cuando un Poder de la República decide no cumplir lo que ordena el tribunal encargado de defender la Constitución, se rompe el equilibrio que sostiene nuestra democracia. Ninguna mayoría, por amplia que sea, está por encima de la Constitución Política».

Un impacto que recae en la ciudadanía

La Red advierte que la falta de suplentes en la Sala Constitucional no afecta a las magistraturas, sino a la ciudadanía. «Detrás de cada expediente detenido hay una persona que espera un medicamento o una cita en la Caja, una comunidad que defiende su agua o su territorio, una trabajadora que reclama sus derechos». Recuerda que el recurso de amparo es la herramienta más cercana que tiene la población para defenderse de los abusos del poder, y que debilitarlo «es dejar a la población sin defensa».

Para RENASES, este hecho no es aislado: se suma a los recortes al Poder Judicial y al Organismo de Investigación Judicial, y a los ataques públicos contra la independencia judicial. «En conjunto, estos hechos configuran un camino peligroso de concentración de poder que el país no puede normalizar».

Seis acciones

Ante esta situación, RENASES:

  1. Denuncia lo que califica como desacato a la Sala Constitucional, por considerarlo una grave ruptura del orden constitucional, y llama a la ciudadanía a no perder de vista este hecho por encima de cualquier otro tema de la agenda pública.

  2. Exige a la Presidencia de la Asamblea Legislativa y a la fracción oficialista cumplir de inmediato lo ordenado por la Sala y someter a votación del plenario los nombramientos pendientes.

  3. Respalda la gestión por desobediencia anunciada por las fracciones del Bloque Democrático, en coherencia con los compromisos del Pacto Patriótico Costarricense, firmado el 29 de junio en defensa de la Constitución, la separación de poderes y la independencia judicial.

  4. Solicita a la Sala Constitucional y al Poder Judicial ejercer todas las potestades que les otorga la Ley de la Jurisdicción Constitucional ante el incumplimiento de sus resoluciones, incluido el traslado al Ministerio Público cuando corresponda.

  5. Llama a la Defensoría de los Habitantes, a los colegios profesionales, a las universidades públicas y a otras organizaciones a pronunciarse en defensa del orden constitucional.

  6. Convoca a sus organizaciones y sectores a mantenerse en alerta, informar en sus comunidades y estar preparados para una movilización pacífica si el incumplimiento persiste.

«Costa Rica se sostiene en sus instituciones, y defenderlas es tarea de todas las personas. La Constitución Política y la democracia no se negocian», concluye el pronunciamiento, firmado por José Oviedo Chaves, coordinador de RENASES.

El lumpen político

Escrito en . Publicado en Análisis.

Óscar Madrigal

Óscar Madrigal

Lo ocurrido en Puntarenas la semana pasada -durante la sesión solemne por la conmemoración en honor a Mora y Cañas- y la detención de un ciudadano catalogado como el mayor lavador de dinero sucio fue la cúspide de lo que es la clase política que actualmente nos gobierna.

Durante un tiempo tratamos de explicarnos a cuál clase social o sector de la burguesía representaba el chavismo y dijimos que más allá de encontrar una representación económico social nos encontrábamos ante una gavilla de facinerosos (malvados, perversos).

Los actos del anterior y presente gobierno nos confirman esa caracterización, que hoy podemos definirla más precisamente, para decir que la casta que nos gobierna representa al lumpen político.

Marx en el Manifiesto y otros escritos refirió que entre los últimos grupos o clases sociales se encontraba un conglomerado de gentes que no tenían relación con el trabajo, tales como informales, vividores, saqueadores, delincuentes y otros, que por su situación social eran muy maleables e influenciables y que en la mayoría de las ocasiones servían a los sectores dominantes. Estos grupos han existido casi que desde siempre y han sido utilizados en el pasado tanto por Liberación como por la Unidad, con los mismos propósitos que ahora los utiliza el chavismo. En muchas ocasiones la izquierda tuvo que enfrentarlos porque eran activos del anticomunismo.

Pero ahora nos referimos a otro fenómeno, distinto, diferente a ese llamado lumpen proletario, es el llamado lumpen político.

Este lumpen político es producto de la crisis del sistema capitalista, de la decadencia del actual sistema económico, que privilegia los intereses individuales sobre los colectivos, la reducción de los derechos humanos, la limitación extrema del Estado de Derecho y de Bienestar y la democracia.

El lumpen político nacional e internacional tiene características muy propias que es necesario distinguir para entender mejor la política.

El chavismo costarricense es la expresión política del lumpen político.

El lumpen político está dirigido por personas que no tienen en su haber obras, pensamiento o vergüenza. Cuando se analiza a Chaves, Laura, Pilar o sus acólitos más cercanos, nos damos cuenta de que no tienen un pasado positivo que mostrar, un pensamiento que haya sido elaborado y expuesto en artículos, libros o ponencias, no poseen obras que mostrar como para pensar cuál es el pensamiento de este grupo, qué proponen para superar los problemas nacionales o sacar al país del subdesarrollo. No tienen un pasado político positivo, ni en pensamiento ni en hechos.

Ese sector político no participa del modo de producción, no son empresarios, dirigentes sindicales, trabajadores, personas ligadas a grupos sociales que conforman la telaraña civil del país: son, como Chaves que vivió 30 años fuera de Costa Rica y que prácticamente no conoce el país, o la presidenta que siempre ha estado ligada a la estructura estatal, pero en puestos subordinados y una periodista que tampoco estuvo directamente implicada con las fuerzas económicas y sociales nacionales, limitándose solo a la información. Son parásitos sociales que usan su torcido talento para embaucar a mayorías sociales ingenuas, tomar las instituciones del Estado y cuando no pueden, vaciarlas de contenido.

Hoy en esa categoría de lumpen político se unen todos los amigotes, asesores lúcidos o retorcidos, parientes inútiles, cínicos vividores que se suben al vagón de la política parasitaria.

Son una capa social que tiene algunas semejanzas con el lumpen proletariado en cuanto a que son un sector dispuesto a venderse al mejor postor.

Pero se diferencian con el lumpen proletario en que no son pobres, son gentes acomodadas, sin necesidades económicas, pero que al igual que ellos son arribistas que en muchos casos fingen ser inteligentes y “populares”, aunque su único interés sea trabajar para sí mismos. En ese grupo tampoco hay profesionales de prestigio, intelectuales de pensamiento crítico, sino vivillos, astutos, embaucadores de las gentes. Aún peor desprecian el pensamiento, se mofan de las universidades, de los científicos y en general, de gentes como Franklin Chang.

Su único propósito es la captura del Estado para sí mismo y su grupo con el fin de obtener impunidad que les permita actuar sin controles y al margen de la ley.

Como muy bien lo dice José Luis Laguna en su artículo “El lumpen político en el poder”, en eju.tv., que recomiendo: “La vida social se ha convertido en una amenaza permanente. Todo es riesgo; el empleo, la salud, la vejez, la seguridad, el futuro, los hijos y, por supuesto, la calle. En ese caldo de miedo, desconfianza y precariedad prospera el lumpen político, porque el miedo no produce ciudadanos, produce masas inseguras urgidas de salvadores o redentores, aplauden a cualquier audaz que les prometa orden, seguridad, identidad, patria o revancha; depende como se reinvente en las redes”.

Por ello el gran caballo de Troya de la ultraderecha y del lumpen político es la seguridad ciudadana, problema que el sistema mismo crea y genera y que ellos, sus gestores, proponen arreglarlo con cárceles y limitación de libertades. Ya no basta con resolver problemas de vivienda, salarios, salud, educación porque la gran consigna es seguridad ante la delincuencia y con la promesa de construir una gran cárcel, se ganan el apoyo de las mayorías.

El lumpen político tampoco tiene ideología, se acomoda solo a sus propios intereses parasitarios y actualmente se alinea con la extrema derecha trumpiana y con los sectores conservadores más atrasados de la civilización occidental.

El método es capturar las instituciones o los poderes, como el Poder Judicial, las universidades públicas, las municipalidades e incluso los sindicatos y organizaciones sociales de la cultura o de los barrios, para imponer a sus seguidores, a sus clanes, a sus incondicionales.

Los dirigentes del país, de sus instituciones, no se escogen por sus capacidades, por sus competencias, sino por su lealtad al líder, al proyecto, a la causa. Por eso se ve a un grupo muy numeroso de incompetentes mediocres dirigiendo instituciones cuya única cualidad exigible es demostrar cotidianamente su lealtad a Chaves. Lo primero es ser leal, la capacidad es subsidiaria, la idoneidad para el puesto no es lo importante. De esta manera se forma una corporación mafiosa de incondicionales mediocres, como lo vemos también con enorme claridad en el nombramiento de embajadores y representantes en las juntas directivas.

Este lumpen político es maleable, cambia rápidamente de criterio si eso les conviene, no tienen compromisos firmes con nadie porque su propósito es mantenerse en el poder, tener impunidad y gozar de sus privilegios. A raíz de esta posición política, la mentira es un elemento a usar sin ningún rubor, un día se dice una cosa y al siguiente la contraria, como se aprecia muy a menudo en las opiniones de la presidenta. Como no hay valores, pensamiento, posiciones, la política es fluida, cambiante y hasta ininteligible.

El tráfico de influencias es parte del accionar del lumpen político. Hay que controlar por medio del chantaje, del miedo o la amenaza a todo aquel que se oponga a las directrices de los jerarcas; hay que acabar con el disenso y el pensamiento crítico entre los subordinados al igual que en la ciudadanía. La represión laboral o hasta criminal se ejecuta para forzar la salida o el silencio de las personas. El fin último es llenar la administración pública de incondicionales, solo dispuestos a acatar órdenes.

De ahí que la construcción de este grupo lumpen, sin mayores valores y principios, los conduce fácilmente a involucrarse en el tráfico de drogas.

Como su propósito es el control total del Estado y de la sociedad a cualquier precio, deben tratar de reducir las libertades, los controles de la Contraloría y del Poder Judicial, violentar el Estado de Derecho como lo hacen con las resoluciones de la Sala Constitucional y con ello ir minando la democracia y hasta poniendo a los ciudadanos a pedir a gritos una dictadura. Tratan de convencer al pueblo de que ellos les pueden dar seguridad a cambio de libertad, motosierra al Estado de Bienestar a cambio de equilibrio presupuestario y al final una cárcel general para todo el país a cambio de orden. Es el juego del lumpen político: que el pueblo reclame a gritos que lo encarcelen y que además esté feliz.

Esta es la naturaleza política del grupo que nos gobierna. El chavismo representa al lumpen político, grupo sin ningún tipo de principios y valores. Esa es su caracterización fundamental y si no la entendemos podemos creer que puede cambiar para ser dialogante, sincero, respetuoso y convivir pacíficamente con la oposición; o esperar que se desarrollen contradicciones entre ellos, que Laura se enfrente o distancie de Chaves, que cambien su forma de gobernar, que dejen de mentir y meter odio, que dejen de ser lo que son. No podemos sembrar falsas expectativas en la ciudadanía. El chavismo siempre será una fuerza antidemocrática, enemiga de los partidos de oposición, irrespetuosa de la opinión de los otros y de las normas legales, violenta y arbitraria. El que crea que el chavismo va a cambiar para convertirse en una fuerza política respetuosa de la legalidad democrática no está calibrándolo bien; el que crea que puede dialogar sin que le saquen el látigo está fuera de contexto. El chavismo solo puede detenerse y hacer que retroceda con la fuerza del movimiento social; los plantones y los lecheros lo acaban de demostrar.

No va a haber cambio en el chavismo, no va a haber disensiones ni contradicciones.

El chavismo es el lumpen político.

Solo puede ser reemplazado.

Organización Cívica Madre Tierra defiende la independencia judicial ante decisiones del Ejecutivo sobre el presupuesto del Poder Judicial

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Pronunciamiento de la Organización Cívica Madre Tierra

En defensa de la independencia del Poder Judicial, la separación de poderes y el derecho a una justicia pronta y cumplida

La Organización Cívica Madre Tierra, en defensa de la democracia, los valores republicanos, el respeto por las instituciones, la justicia social y la sostenibilidad, manifiesta su profunda preocupación ante las decisiones y planteamientos del Poder Ejecutivo relacionados con el presupuesto del Poder Judicial.

Consideramos que esta situación no puede reducirse a una controversia contable ni a una disputa coyuntural entre instituciones. Lo que está en juego es un principio esencial de nuestra democracia: la independencia de los poderes de la República y el derecho de todas las personas a una justicia pronta, cumplida e independiente.

1. La separación de poderes es un principio democrático fundamental

La democracia costarricense se sustenta en la separación y el equilibrio de los poderes de la República. Ningún poder está por encima de los demás ni puede utilizar sus atribuciones para condicionar indebidamente el funcionamiento de otro.

El Poder Judicial tiene una función constitucional propia: administrar justicia con independencia de las presiones políticas, económicas o partidarias.

Por ello, las decisiones relacionadas con sus recursos deben analizarse no solo desde criterios de austeridad, eficiencia y control del gasto público, sino también desde la obligación de preservar las condiciones que hacen posible su independencia.

2. El mandato constitucional sobre el financiamiento judicial debe respetarse

Madre Tierra considera indispensable que exista claridad jurídica sobre el alcance de la disposición constitucional que establece para el Poder Judicial un presupuesto “no menor del seis por ciento” de los ingresos ordinarios.

La expresión “no menor” no puede convertirse en un mecanismo para reducir discrecionalmente los recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones constitucionales del Poder Judicial.

Cualquier interpretación de esta disposición debe atender tanto a su literalidad como a su finalidad: garantizar las condiciones materiales indispensables para que la administración de justicia pueda funcionar con independencia y eficacia.

3. Controlar los recursos públicos no significa subordinar a otro poder

La fiscalización de los recursos públicos es legítima y necesaria. Todas las instituciones del Estado deben estar sometidas a criterios de transparencia, eficiencia, rendición de cuentas y control.

Sin embargo, el control presupuestario no debe transformarse en un instrumento de presión política.

Nos preocupa, por ello, cualquier mecanismo mediante el cual recursos constitucionalmente destinados al Poder Judicial puedan ser reducidos, congelados o condicionados posteriormente a autorizaciones políticas que comprometan su capacidad de funcionamiento.

Fiscalizar no significa subordinar.

El ejercicio de las competencias presupuestarias debe respetar los límites que establece la Constitución y preservar el equilibrio entre los poderes de la República.

4. La legislación financiera debe interpretarse dentro del marco constitucional

Las normas de administración financiera, control y fiscalización son instrumentos indispensables para garantizar el uso responsable de los recursos públicos.

Pero ninguna norma de rango legal puede interpretarse de manera que desconozca las garantías constitucionales relativas a la independencia de los poderes.

Por ello, Madre Tierra considera necesario que cualquier decisión relacionada con el presupuesto judicial esté sustentada en criterios jurídicos públicos, verificables y constitucionalmente consistentes, y no en interpretaciones cambiantes determinadas por la coyuntura política.

5. Defender la independencia judicial no significa defender el statu quo

Madre Tierra no plantea una defensa corporativa del Poder Judicial.

Las instituciones públicas deben ser evaluadas, fiscalizadas y reformadas cuando sea necesario. El Poder Judicial debe mejorar su eficiencia, transparencia, gestión y capacidad de respuesta ante las necesidades de la ciudadanía.

Pero reformar una institución no es lo mismo que debilitar las condiciones materiales que le permiten cumplir su función constitucional.

Costa Rica necesita un Poder Judicial más eficaz, transparente y accesible, no uno financieramente vulnerable frente a decisiones coyunturales del poder político.

6. La ciudadanía es la principal afectada

Las consecuencias de un debilitamiento de la administración de justicia no recaen únicamente sobre jueces, fiscales o funcionarios judiciales.

Afectan a las personas que esperan una sentencia, a las víctimas que buscan justicia, a quienes necesitan resolver conflictos, a quienes defienden sus derechos y, en general, a toda persona que requiere tribunales independientes frente al poder político o económico.

Una justicia debilitada significa una ciudadanía más vulnerable.

7. Más democracia significa también más controles al poder

Costa Rica atraviesa un período de profundas tensiones institucionales y de creciente cuestionamiento ciudadano.

La respuesta a ese malestar debe incluir reformas que hagan al Estado más eficiente, combatan la corrupción, reduzcan desigualdades, mejoren los servicios públicos y recuperen la confianza de la ciudadanía.

Pero esa transformación debe realizarse fortaleciendo el Estado de derecho y los contrapesos democráticos, no debilitándolos.

Defender las instituciones no significa impedir las reformas.

Exigir rendición de cuentas no significa aceptar la subordinación de un poder a otro.

Defender la independencia judicial no significa defender el statu quo.

Nuestra posición
La Organización Cívica Madre Tierra:

1. Reafirma su defensa de la separación e independencia de los poderes de la República.

2. Exige el respeto de las disposiciones constitucionales relativas al financiamiento del Poder Judicial.

3. Solicita transparencia y fundamentación jurídica pública en las decisiones relacionadas con la asignación, reducción, congelamiento o ejecución de los recursos destinados al Poder Judicial.

4. Rechaza cualquier utilización del presupuesto público como mecanismo de presión o debilitamiento de la independencia institucional.

5. Defiende el derecho de todas las personas a una justicia pronta, cumplida e independiente.

6. Reconoce la necesidad de reformar y mejorar el Poder Judicial mediante procesos democráticos, transparentes y respetuosos de su independencia constitucional.

7. Hace un llamado a la Asamblea Legislativa, a la Contraloría General de la República, al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo para que esta controversia sea resuelta dentro del marco constitucional y mediante el diálogo institucional, evitando que el conflicto entre poderes termine perjudicando a la ciudadanía.

Una democracia que limita el poder

Costa Rica no necesita poderes que se impongan unos sobre otros. Necesita instituciones fuertes, independientes, responsables y capaces de responder a las necesidades de la población.

La democracia no consiste únicamente en elegir gobernantes. También supone limitar el poder, garantizar derechos y preservar instituciones capaces de ejercer sus competencias con independencia, incluso cuando sus decisiones resulten incómodas para quienes gobiernan.

Para Madre Tierra, la independencia judicial constituye una condición esencial de esa democracia.

Defenderla es defender los derechos de todas las personas costarricenses.

Organización Cívica Madre Tierra

En defensa de la democracia, los valores republicanos, el respeto por las instituciones, la justicia social y la sostenibilidad.

Red Nacional por la Democracia cuestiona envío a comisión de la nómina de magistraturas suplentes y convoca a la ciudadanía a manifestarse

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Red Nacional por la Democracia envió a SURCOS un manifiesto, fechado el 29 de setiembre de 2026 en San José, en el que se pronuncia sobre lo ocurrido ese día en la Asamblea Legislativa en torno a la elección de las magistraturas suplentes de la Sala Constitucional.

Según la Red, lo que correspondía a la Asamblea Legislativa era escoger a las personas candidatas de la nómina de magistraturas suplentes elaborada por la Corte Plena, «dando así cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 164 de la Constitución, a tenor de lo acordado ayer entre todas las fracciones».

En lugar de eso, señala el manifiesto, la fracción del Partido Pueblo Soberano presentó y aprobó una moción de orden para enviar esa nómina a la Comisión de Nombramientos.

A juicio de la Red, con esa conducta la fracción oficialista y la presidencia de la Asamblea actuaron en contra de su Reglamento Interior y de la orden de la Sala Constitucional que dispuso efectuar esos nombramientos.

La organización considera que, sumado a lo que califica como reiterados incumplimientos de funciones, ilegalidades y faltas al decoro constitucional, tanto de esa fracción como de otros altos cargos públicos, el episodio evidencia una tendencia del grupo gobernante que pone en grave riesgo el orden constitucional del Estado. Advierte que actuar en esa dirección podría acarrear las más serias responsabilidades.

«Costa Rica es un Estado de derecho», recuerda la Red. En ese sentido, señala que quienes, desde la función legislativa, desatiendan deliberadamente una orden judicial podrían incurrir en el delito de desobediencia. Recuerda además que los artículos 148 y 149 de la Constitución Política establecen la responsabilidad de la presidenta de la República y sus ministros por los actos ilícitos que cometan en el ejercicio de sus funciones.

«Vista la gravedad de la situación», la Red Nacional por la Democracia convoca a la ciudadanía costarricense «para que se manifieste de manera contundente repudiando las actitudes ilegítimas e indecorosas de la fracción legislativa oficial, respaldada por la presidenta y sus ministros».

La trampa del ad populum y el espejismo del poder absoluto

Escrito en . Publicado en Análisis.

La falacia de la mayoría: por qué ganar una elección no otorga un cheque en blanco

Por JoseSo (José Solano-Saborío) para SURCOS

Existe un error lógico tan antiguo como la filosofía misma, pero tan peligroso como la demagogia moderna: la falacia argumentum ad populum. Consiste en afirmar que una idea es correcta, justa o incuestionable simplemente porque cuenta con el respaldo de una masa o una mayoría.

En la política contemporánea —desde el mapa internacional con figuras en todo el continente americano desde Estados Unidos a Argentina, incluyendo el plano local costarricense impulsado por el discurso de Rodrigo Chaves Robles y la gestión de figuras como Laura Fernández Delgado— este vicio de la lógica ha dejado de ser un mero tropiezo discursivo para convertirse en una estrategia de control. Mediante técnicas de comunicación masiva y encuadres de programación neurolingüística (PNL) propios de la propaganda populista, se le ha inyectado a una parte de la ciudadanía la premisa de que el voto equivale a un cheque en blanco.

Hace poco un conocido, simpatizante chavista, me increpó a mi por exigirle —en uno de mis videopódcasts— la rigurosidad y transparencia que se le debe demandar a cualquier administración pública, y su argumento fue revelador: “La oposición no puede darle órdenes ni exigirle al gobierno porque este ganó la mayoría”.

Esta afirmación no solo refleja un dogmatismo ideológico, sino un desgarro conceptual profundo sobre la naturaleza del sistema político. Delata una incomprensión absoluta de lo que significa vivir en una democracia plena.

Democracia no es la dictadura de la mayoría

El primer error sustancial radica en confundir el origen de la legitimidad con el ejercicio de la legitimidad:

El origen del poder: Ciertamente, las urnas determinan quién administra el Poder Ejecutivo y cómo se conforman las curules legislativas. La mayoría elige.

El ejercicio del poder: Una vez ganada la elección, el mandato debe ejercerse dentro de los marcos que establece la Constitución Política y las leyes. Ganar una elección otorga la responsabilidad de gobernar a todos, no el derecho de arrasar con la institucionalidad. En Costa Rica, nuestra Constitución Política lo demanda, taxativamente, en su artículo 11.

El concepto clave que la propaganda populista oculta a sus seguidores es el de los pesos y contrapesos. Históricamente, la democracia constitucional se diseñó no solo para garantizar que la mayoría decida, sino para evitar lo que pensadores como Alexis de Tocqueville acuñaron como la “tiranía de la mayoría”.

Si el apoyo popular bastara para validar el actuar de un gobernante sin fiscalización alguna, la ley carecería de sentido. Bajo esa lógica perversa, un gobierno con 80% de aprobación podría disolver la Sala Constitucional, silenciar a la prensa o suspender las garantías individuales argumentando que “el pueblo lo respalda”. Eso no es democracia; es el germen de un autoritarismo con fachada electoral.

El caso costarricense: El valor de una democracia plena

Costa Rica ostenta históricamente la categoría de democracia plena en los índices internacionales no por la efectividad de sus discursos presidenciales, sino por la solidez de sus contrapesos:

Supervisión y control político: La Asamblea Legislativa no solo “sugiere”, sino que tiene la obligación constitucional de ejercer control político y fiscalizar las acciones del Ejecutivo. La oposición no es un adorno: es un pilar representativo de los sectores ciudadanos que no votaron por el oficialismo.

Legalidad y fiscalización: La Contraloría General de la República y el Poder Judicial no existen para frenar el desarrollo, sino para garantizar que los recursos públicos no se utilicen arbitrariamente ni al margen de la ley.

El Estado de Derecho: En un Estado de derecho, el soberano es la ley, no la persona que ocupa la silla presidencial ni la masa que le aplaude en redes sociales.

La mayoría electoral es efímera y fluctuante. Quienes hoy aplauden el abuso de poder creyendo que la mayoría estará siempre de su lado, olvidan que las reglas que hoy permiten al oficialismo saltarse los controles son las mismas que mañana los dejarán indefensos ante futuros gobiernos.

Exigirle seriedad, apego a la ley y respeto institucional a un gobierno no es un acto de “desobediencia” ni de “bloqueo”, como pretende instalar el libreto populista; es el deber ciudadano más básico dentro de un régimen democrático. La verdadera lealtad patria no se le rinde a un caudillo con pies (y hasta la cara) de barro, se le rinde a las instituciones que garantizan nuestra libertad.

Los faroles y antorchas de la Independencia

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Desde 1964 se celebra en Centroamérica, de manera conjunta la fecha del 15 de setiembre, como la fecha de la Independencia de Centroamérica, recordando el Acta de Independencia declarada esa fecha, en 1821, en Guatemala, que era la cabecera principal de la Capitanía General de Guatemala, también, antiguo Reino de Guatemala.

La celebración conjunta en Centroamérica, de la fecha del 15 de setiembre de 1821, se determinó por declaración así establecida por la Asamblea Nacional Constituyente, de las Provincias Unidas de Centroamérica, de la cual formábamos parte, indicando que “ la memoria del glorioso 15 de setiembre de 1821, en la que el pueblo de esta capital (Guatemala), proclamó su Independencia del gobierno español, se celebre con todas las demostraciones…, ha tenido a bien decretar y se decreta:…1.- El día 15 del próximo mes de setiembre será feriado en esta capital (Guatemala)…2…, 3…, 4…, 5…, 6…, 7, … 8…, 9…, 10…, 11.- El Supremo Poder Ejecutivo, al circular este (decreto) dispondrá que en todos los pueblos de las Provincias Unidas, se celebre la Memoria del día en que cada uno proclamó su Independencia del Gobierno español…” Así se dispuso y comunicó el 26 de agosto de 1823.

Así, la Independencia de Guatemala se constituyó en el detonante para que las Provincias Unidas de Centroamérica, cada una por su parte, tomara la decisión de su Independencia, en tanto iban recibiendo la noticia de lo dispuesto en Guatemala, que dejaba en libertad a cada provincia para que decidiera lo propio. De esa manera, El Salvador declaró su Independencia el 21 de setiembre, Honduras y Nicaragua lo hicieron el 28 de setiembre. Nicaragua en esa fecha hizo su declaración indicando que la decisión de la Independencia quedaba sujeta “hasta que se aclararan los nublados del día”. Esta situación la corrigieron el 11 de octubre cuando declaró su Independencia. A Costa Rica la noticia de lo dispuesto en Guatemala llegó acompañada de lo decidido en Nicaragua, el 12 de octubre de 1821.

El último gobernador colonial, Juan Manuel de Cañas, no pudo ocultar la noticia, que se traía de pueblo en pueblo por toda Centroamérica, provocando distintas reacciones.

En Costa Rica la noticia de la Independencia pasó primero por San José donde fue acogida. Siendo Cartago la capital de la Provincia de Costa Rica, la discusión de lo dispuesto en Guatemala y Nicaragua se mantuvo por varios días, en los pueblos del Valle Central, para lo que se solicitó se enviaran delegados a Cartago para tomar la decisión sobre la independencia declarada en las otras provincias.

En Cartago estaban reunidos los delegados de los pueblos desde la noche del 28 de octubre, y en la mañanita del 29 de octubre, se aprobó declarar la Independencia de Costa Rica, constituyéndose esta fecha como la Fecha de la Declaración de la Independencia de Costa Rica.

Así, por la misma declaración de la Asamblea Nacional Constituyente, de las Provincias Unidas de Centroamérica, la fecha del 15 de setiembre se debe celebrar en memoria de lo sucedido en Guatemala, y la del 29 de octubre por ser la fecha en que Costa Rica, de manera definitiva tomó la decisión de independizarse. Debe ser la fecha del 29 de octubre y no cualquier otra porque Cartago era la capital de la Provincia de Costa Rica. El Acta de Independencia de Costa Ria se juró el 10 de noviembre de 1821, reafirmándose de esa forma lo dispuesto en Cartago el 29 de octubre.

De igual manera se podría considerar que las fechas de independencia de los pueblos de la provincia de Chiapas, como lo fueron Ciudad Real, Comitán y Tuxtla, que proclamaron primero su Independencia, antes que Guatemala, a la que pertenecían, deban tenerse como las fechas de Independencia, de Guatemala y del resto de Centroamérica. Influyeron esas declaraciones en Guatemala para la decisión que se tomó el 15 de setiembre.

Lo que recorrió el territorio de Centroamérica a partir del 15 de setiembre de 1821 fue la noticia de la Independencia de Guatemala.

Lo que recorrió el territorio de Centroamérica a partir de esa fecha fue la invitación para que cada Provincia, entre ellas Costa Rica, tomara su propia decisión.

El recorrido de la noticia se hizo de día, no de noche. A caballo o a pie se trajo la noticia. De noche no se podía porque no había buenos caminos para transitar. No había telégrafos ni teléfonos. Había peligros reales de animales salvajes, felinos especialmente, para los viajeros que pudieran movilizarse nocturnamente. Había que hacer paradas obligadas. Por eso la noticia duró muchos días, casi un mes, en llegar a Costa Rica. Quienes traían la noticia, uno o varios viajeros, se desplazaban de día, sin antorchas ni teas.

A principios de la década de 1960, en el contexto de la Integración Centroamericana que se impulsaba y de la reunión de presidentes de Centroamérica con el presidente Kennedy, del 18 al 20 de marzo de 1963, el Profesor, y Director de la Dirección General de Deportes, Alfredo Cruz Bolaños, impulsó la idea, acogida en esa reunión de Presidentes centroamericanos, que se materializó por primera vez en 1964, de festejar la Independencia del 15 de setiembre de Guatemala y el recorrido de su noticia por toda la región, con un recorrido oficial que se iniciaría en Guatemala hasta llegar a Costa Rica, recorrido que se haría portando una Antorcha, en manos de estudiantes de toda la región.

Es claro que la celebración de este recorrido no se hace por las noches. Se hace durante todo el día, pueblo a pueblo, por la ruta que se disponga.

La Antorcha se propuso como símbolo de la luz frente a la oscuridad de la dominación española, como símbolo de la luz contra la opresión colonial, como símbolo de la libertad, del pueblo y del país, como símbolo de la soberanía popular, del pueblo en capacidad de tomar sus propias decisiones y la independencia nacional frente al sometimiento político e institucional del orden colonial español, o de cualquier otro orden imperial que nos amenace.

El 14 de setiembre de cada año, desde 1964, el pueblo costarricense, y el estudiantado nacional, se moviliza para recordar, exaltar y festejar la noticia de la Independencia que nos llegó, en el desfile así organizado, para consolidar la Independencia de Costa Rica, y la de Centroamérica. Eso celebraremos el próximo 14 de setiembre en Costa Rica.

Para esta fecha, para este próximo 14 de setiembre, se está invitando a participar a todo el pueblo, en todas las comunidades del país, por donde pase la Antorcha traída de Guatemala, y en los pueblos por donde no pase, para que la gente se reúna con antorchas para celebrar la Independencia Nacional, pero especialmente para fortalecer la Independencia, la Soberanía y la Libertad del pueblo de Costa Rica.

Se está llamando a defender las libertades y derechos sagrados que la Independencia nos dio y que, en el desarrollo institucional del país, desde aquella gloriosa fecha hasta hoy, se han logrado como grandes conquistas populares y ciudadanas, establecidas en la Constitución Política, hoy diariamente amenazadas por las acciones autoritarias que se impulsan por el Gobierno de la República.

Se está llamando a defender la institucionalidad democrática nacional, el Estado de Derecho, que implica defender la independencia de los Poderes Públicos, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Poder Electoral.

Se llama a luchar para que el Poder Ejecutivo no controle dictatorial, tiránica, ni autoritariamente todos los Poderes de Estado, para que no se entronice una Dictadura, una Tiranía, un Gobierno Absoluto en el país, ni se establezcan las bases de una Costa Rica dependiente, como una nueva colonia de una potencia extranjera, ni como una República alquilada a esos intereses, ni como un Protectorado político y militar como pareciera se está gestionando por el Gobierno de Laura Fernández.

El 14 y el 15 de setiembre hay que afirmar la verdadera Independencia Nacional.

Los faroles y antorchas de la Independencia, de esta fecha, son para afirmar, consolidar y defender el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho que malos costarricenses, y en cierta forma traidores a la Patria, están despedazando.

Manifiesto patriótico: por la defensa de la democracia y la institucionalidad

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Costa Rica se encuentra ante una encrucijada histórica. La indiferencia ya no es una opción, es lo que alimenta al autoritarismo. Si guardamos silencio, permitiremos el desmantelamiento de los pilares que sostienen la vida democrática y la libertad.

Convocamos a la acción unitaria del Bloque Democrático: comunidades, organizaciones sociales, universidades públicas, artistas e intelectuales, iglesias, ciudadanía.

Exigimos respeto a nuestra Constitución Política.

El Poder Judicial está bajo asedio y existe el peligro de un «cierre técnico»

La campaña de hostigamiento contra los tribunales y la fiscalía general ha cruzado límites peligrosos. Ya no se trata solo de descalificaciones verbales en conferencias y redes, sino de una estrategia de asfixia financiera planificada.

El fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, elevó una alarma gravísima ante la Corte Plena al denunciar que los millonarios recortes presupuestarios impuestos por el Poder Ejecutivo buscan provocar un «cierre técnico» del Poder Judicial.

El impacto real: esta reducción forzada de recursos desmantela las fiscalías y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el peor momento para la seguridad del país, y con esto deja vía libre al crimen organizado. Como bien señaló la magistrada Patricia Solano en la misma sesión: “Pareciera que el enemigo no es el crimen organizado, sino el Poder Judicial”.

El objetivo de fondo es debilitar los expedientes de corrupción que comprometen directamente al oficialismo y promover la impunidad de las redes de influencia. Un Poder Judicial maniatado económicamente pierde la capacidad de actuar como contrapeso constitucional frente a los abusos del Ejecutivo.

La Caja de Seguro Social (CCSS): El desmantelamiento del bienestar social

A la par del ataque contra el Poder Judicial, la Caja Costarricense de Seguro Social sufre una intervención sistemática destinada a ahogarla y colonizar sus mandos técnicos.

El impacto real es la manipulación de las juntas directivas, la parálisis de infraestructura hospitalaria básica urgente y las políticas que promueven la fuga de especialistas de la salud para destruir la mayor conquista social de nuestro pueblo.

El objetivo de fondo es convertir la salud pública en un negocio y neutralizar cualquier foco de resistencia técnica o sindical interna.

Dejar caer a la CCSS es romper el pacto social de solidaridad que ha garantizado democracia social en Costa Rica por más de ochenta años.

La amenaza de la represión y la pérdida de garantías individuales

El debilitamiento institucional busca allanar el camino hacia un régimen autoritario. Nos preocupan profundamente las narrativas que coquetean con la suspensión de garantías individuales so pretexto de crisis, y el ingreso desmedido de fuerzas militares extranjeras aprovechando los recesos de la Asamblea Legislativa.

Un escenario sin controles constitucionales facultaría al oficialismo para ejecutar allanamientos políticos, intervenir la Fiscalía General y neutralizar a la Contraloría General y al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

No permitiremos una Costa Rica arrodillada, temerosa y militarizada.

¡Actuemos ya!

Hacemos un llamado urgente para unirnos a la Red Nacional de Comités Democráticos y Patrióticos en cada barrio del país. Nuestra resistencia es pacífica pero firme, fundamentada en las leyes y en la soberanía de la ciudadanía costarricense.

Luchamos porque:

1- El Poder Judicial mantenga su total independencia y el presupuesto constitucional.

2- La Caja Costarricense del Seguro Social sea rescatada de la intervención política y financiera de Zapote y del secuestro del Ministerio de Hacienda.

3- Costa Rica sea un país donde se respetan la vida y leyes republicanas, las libertades públicas y democráticas. Que se respeten las garantías individuales.

¡Viva Costa Rica!

Firmantes:

Edison Valverde Araya, Comunidad Buen Vivir

Lenin Chacón Vargas, Buen Vivir Comuna Cocles

Raúl Blanco Chavarría, abogado, secretario general de la JVC

Manuel Monestel, Premio Magón

Alfonso Chase Brenes, Premio Magón

Manuel Mora Salas, comandante Ramiro

Gonzalo Villalta Gewrtz

Gloria Valerín Rodríguez, exministra de La Mujer

Macarena Barahona Riera, escritora

Patricia Mora Castellanos, exministra, exdiputada

Olga Goldemberg Guevara, escritora

Marielos Castro Umaña

Ángel Lara, escultor

Ana Mercedes Rodríguez, profesora

Rafael Cuevas Molina, escritor

Oscar Madrigal Jiménez, abogado

Alcides José Murillo Campos

Leiner Vargas Alfaro

Enrique Sibaja Granados

Marvin Cordero Gómez

Gonzalo Gallegos Jiménez

Habib Succar Guzmán

Inés Gutiérrez Moya

Aurelia Trejos Paris, cantautora

Oscar Espinoza, cantautor

Gerardo Aguilar Sevilla, abogado

Ena Aguilar Ramírez

Manuel Romero Arroyo

Walter Arias Bermúdez

Claudio Monge Pereira, exdiputado

Mónica Peredo, filóloga

Victoria Montero Zeledón, actriz

Nieves Barahona Riera, actriz

Arnaldo Moya Gutiérrez, historiador

Dorelia Barahona Riera, escritora

Alex Cuadra Hernández

Ana Lorena Alfaro Fuentes, M.G.L.

Rosa María Mata Mena

Ronulfo Morera Vargas

Gerardo Contreras, catedrático universitario

Francisco Javier Hernández Quiros

Francisco Barahona Riera, doctor Ciencias Políticas

German Chacón Araya, sociólogo

Alberto Campos Barrantes

Li Sáenz Urgell

Israel Guillén González

José Rafael Flores Alvarado

Alejandro Antonio Fernández Madrigal

Zeyla Meza, abogada

Julissa De Los Ángeles Madrigal Madrigal

Leda Montoya, trabajadora social

Xiomara Eve

César Quirós Brenes

Franklin Monge Montero

Jorge Edwin Lao Largaespada

Diego Villalobos Quirós

Lyn Madrigal

Ligia María Madrigal Castillo

Freddy Jiménez Herrera

Ricardo Ascanio Sánchez, librero

María Eugenia González García

Alcides José Murillo Campos

Luis Hidalgo Canifrú

Mario Alfaro Rodríguez, profesor

Luis Fernando Monge Rojas

Annie Saborío Mora

Karla Matamoros Hernández

Juan Bautista Rojas Esquivel

Leonardo Rivera Pérez

Karen Vargas Gutiérrez

Jorge Vallejos Ortiz

Guillermo Garro Brenes

Alfredo Gerardo Chaverri Brenes

Luis Miranda Vega

Héctor Ferlini-Salazar

Sandra Flora Paniagua Paniagua, médica

Li Sáenz Urgell, profesora de arte

Beatriz Paniagua Valverde, ingeniera

Aquiles Jiménez Arias, escultor

Dorelia Barahona Riera, escritora y filósofa

Jaime Delgado Rojas, filósofo y politólogo

Óscar Alfredo Barboza Lizano, académico

Héctor Cerdas Zamora, pensionado I.V.M.

María Cecilia Crespo, abogada

Óscar Daniel Espinoza Ramos, músico

Sonia Espinoza Conejo, diseñadora en costura y poeta

Adriano Corrales Arias, escritor

Bernardo Jaén Hernández, productor agrícola

Grace Chaves Zamora, Jupema

Marco Vinicio Fournier Facio, Red Nacional por la Democracia

Habib Succar Guzmán, jubilado

Ana Lorena Davila Cubero, trabajadora social

Doris Peterd, empresaria

Alba Nidya Vargas Castro, educadora

Lucía Inés Sanou Sequeira, pensionada

Luis Alberto Meza Sosa, construcción

Isabel Araya Montero, psicóloga jubilada

Xiomara Esquivel Vargas, actriz, PCOA-Costa Rica

Carlos Alberto Rubio Torres, escritor, profesor jubilado

Carlos Rubio Torres. escritor y profesor jubilado

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De la protesta del Plantón a la del Farolazo el 14 de setiembre

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

En Costa Rica conocemos históricamente muchas formas de luchas sociales y protestas ciudadanas. Resistencias y rebeliones indígenas, cuando las hubo en la colonia, las protestas anticoloniales, que contribuyeron al proceso de la Independencia, las luchas de los pequeños propietarios campesinos en Guanacaste, en los primeros años de la vida independiente, cuando se empezaron a privatizar las tierras de pastoreo y se cercaron los accesos a los ríos y pozos de agua, que habían tenido un carácter comunal abierto en la colonia…

En la vida independiente, durante el desarrollo y surgimiento del Estado las diversas modalidades de luchas políticas y electorales que fueron surgiendo durante el siglo XIX, hasta que empezó a manifestarse el capitalismo agrario en el último tercio del siglo XIX y la modernización que empezó a tener el país con la construcción del ferrocarril al Atlántico, como se decía, con la traída de mano de obra extranjera afrodescendiente de Panamá y luego de Jamaica, para esos duros trabajos industriales que exigía el ferrocarril, el muelle y la ciudad de Limón, especialmente, junto a los chinos y los italianos, grupos sociales que en sus trabajos impulsaron y desarrollaron luchas más típicamente capitalistas, en defensa de sus salarios, de defensa de sus contratos de trabajo, que desarrollaron huelgas, paros y otras formas de protesta, más de carácter sindical, cuando los sindicatos estaban en gérmenes iniciándose con sus organizaciones antecesoras, las sociedades mutualistas, de mutuo auxilio y de socorros mutuos, junto con las sociedades de trabajadores, de artesanos y de obreros, hasta que con las transformaciones capitalistas de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX surgieron las Ligas de Obreros y los Sindicatos tal y como ahora los conocemos.

Con el ferrocarril luego se impulsó la producción bananera que prácticamente desde su origen tuvo en sus trabajos protestas laborales y huelgas, casi una docena de huelgas desde 1890 hasta 1934, siendo la más importante y bulliciosa la de 1934, dirigida por el Partido Comunista que se acababa de fundar en 1931.

En aquellos años, desde principios de siglo XX, las huelgas y las huelgas de, o en solidaridad, con otros huelguistas, habían aparecido, así como ciertas políticas sociales relacionadas con pensiones, y otras regulaciones en materia laboral para trabajadores organizados, como fueron entre ellos los maestros y educadores, y los trabajadores del campo que luchaban por la ley de accidentes de trabajo, que se logró en 1925. La jornada de trabajo de 8 horas ya se había logrado en diciembre de 1920, la que se llevó al Código de Trabajo de 1943 y a la Constitución Política de 1943 y luego a la vigente de 1949.

La prensa diaria y la prensa social, surgida en la última década del siglo XIX, que atendía la situación de los trabajadores, de los chaquetas, descamisados y descalzos, de los grupos urbanos marginados, recibiendo información de las grandes huelgas por la jornada de 8 horas en Europa, y los Estados Unidos, que culminaron con las triunfantes huelgas de Chicago de 1886, 1890 y las siguientes para imponer a partir de este año esa lucha a escala internacional, fueron también, desde aquellos años, hasta la segunda década del siglo XX, que se acompañaron con otros procesos huelguísticos en el país de trabajadores migrantes, españoles especialmente, y con una migración europea intelectual de gran valía en el campo educativo, de las ciencias, las artes y la cultura en general, hicieron surgir también una conciencia política anti oligárquica, de carácter popular.

En el campo político con el surgimiento de los partidos políticos a partir de 1890 surgieron también las organizaciones políticas de los trabajadores, que incluso en la última década del siglo XIX pudieron nombrar o elegir sus propios diputados, como lo fue el Partido Independiente Demócrata, que forzó para que los partidos oligárquico liberales crearan a su amparo los clubes respectivos de trabajadores, artesanos y obreros, eligiendo ellos también un diputado representante de estos trabajadores, en esos años.

Ese final de siglo XIX se fortaleció en el campo de las ideas políticas, además del liberalismo, cuando por la prensa, especialmente, empezó a llegar la información de las ideas y de los movimientos anarquistas, socialistas, socialdemócratas y socialcristianas de Europa. Estas últimas con el impacto que tuvo la Encíclica Rerum Novarum, que con el Obispo Bernardo Augusto Thiel, impulsó su Carta Pastoral No. 30 reproduciendo prácticamente su contenido, a los “desposeídos de bienes de fortuna”, donde defendió el derecho de organización sindical, el derecho a la huelga y el derecho a un justo salario, creando las condiciones para que la Iglesia impulsara y apoyara el Partido Unión Católica, e hiciera surgir a un grupo de cristianos muy importante socialmente que también se organizaron alrededor del periódico La Justicia social.

En otro ámbito del debate político la Iglesia desde sus publicaciones religiosas atacaba violentamente a los masones y la influencia que tenían en el desarrollo institucional y político del Estado y de la sociedad costarricense.

Las elecciones de 1910 tuvieron la organización de partidos regionales obreros en Limón, Grecia y San José, por las concentraciones de trabajadores agrícolas y urbanos, que surgían y se impulsaban con los cultivos de café y sus Beneficios, y con la caña de azúcar y sus Ingenios.

Desde 1900-1902 con el surgimiento de los sindicatos se pasó en 1905 a la constitución de la primera Federación de Trabajadores de San José, fortaleciendo más la organización y las luchas de los trabajadores. En 1909, con el surgimiento del Centro de Estudios Sociales Germinal, estas organizaciones y luchas se consolidaron. Hicieron surgir en 1913 la primera Confederación General de Trabajadores que dio origen, desde entonces, a la celebración del Primero de mayo en Costa Rica, como día internacional del Trabajador, y a poner en alto la lucha por la jornada de trabajo de 8 horas, la que se logró establecer en el país den 1920.

Entre 1909 y 1913, entre 1917 y 1921 y luego, entre 1927 y 1934 se produjeron grandes movimientos y “oleadas” huelguísticas en el país, que se acompañaron, en esos mismos años, con el surgimiento de esos grupos políticos de trabajadores, en el Centro Socialista de Costa Rica del Dr. Aniceto Montero, que fue el primer intento importante de desarrollar y organizar un Partido Comunista en el país, que organizó desfiles de duelo de trabajadores, por la muerte de Lenin, del partido Reformista, impulsado por el sacerdote Jorge Volio Jiménez, y luego por el surgimiento, en 1931 del Partido Comunista de Costa Rica.

Esos años, desde principios del siglo XX hasta mediados de la década de 1930-1940, se dieron una diversidad importante de movimientos y de luchas nacionalistas, antiimperialistas y patrióticas, con participación importante de sectores de la oligarquía nacional y de ricos empresarios que salían afectados con los contratos que se celebraban con empresas extranjeras y con el Tratado de Comercio con Estados Unidos que se celebró en esos años.

En la lucha contra la dictadura de los Tinoco, 1917-1919, papel importante jugaron los maestros y los estudiantes de los colegios de la capital.

El antiimperialismo, y en las décadas de 1930 y 1940 el antifascismo y el antinazismo también fueron movimientos políticos importantes que se manifestaron en Costa Rica.

La década de 1940 surgieron los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, como una nueva fuerza social organizada. En este mismo tiempo los maestros y educadores también fortalecieron sus niveles organizativos y de luchas.

El marco de la II Guerra Mundial y la derrota del nazi fascismo provocó una nueva situación política nacional muy particular, que dio por resultado la alianza del Partido Comunista de Costa Rica, jefeado por Manuel Mora Valverde, el gobierno del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia y la Iglesia Católica costarricense, liderada por su arzobispo Dr. Víctor Manuel Sanabria Martínez, a cuyo amparo se aprobaron las Garantías Sociales y el Código de Trabajo, situación que condujo, por los problemas político electorales de esos años, a la guerra civil de marzo y abril de 1948, que impuso en el gobierno, durante los años 1948-1949, al grupo armado victorioso de la guerra civil que gobernó con el nombre de Segunda República de Costa Rica.

Durante el período de la Segunda República, desde el gobierno de Otilio Ulate Blanco, 1949-1953, se dieron luchas políticas intensas por recobrar la legalidad e institucionalidad política democrática, que se afectó hasta 1975, por los efectos de la guerra civil.

La democracia costarricense, así se fortaleció de nuevo en su derechos y libertades ciudadanas. El valor democrático de su institucionalidad igualmente se fortaleció.

El Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho se consolidaron más. Se amplió la sociedad democrática a los jóvenes con el sufragio a los 18 años, el de las mujeres desde 1949, y la igualdad de género se ha fortalecido ampliamente.

Los Derechos Humanos de han fortalecido en la institucionalidad nacional, convirtiéndose en el gran paraguas de la vida social y política nacional.

Durante la Segunda República a su vez se crearon una serie de instituciones dentro de una perspectiva de un Estado más proteccionista de los sectores populares y sociales más débiles, y de una clase media vigorosa que se creó en estos años, hoy muy amenazada en el conjunto de sus condiciones vitales.

Las políticas económicas y públicas que se han desarrollado desde 1980 del mismo modo han contribuido a debilitar este Estado Social de Derecho, al tiempo que se fortaleció el Estado de Derecho con el establecimiento de la Sala Constitucional de la República, o Sala IV como popularmente se le conoce.

El período político más reciente ha contribuido a desarrollar nuevos grupos económico financieros, con poca expresión política, pero con éxito electoral para haber alcanzado el Gobierno de la República en el período 2022-2026 y 2026-2030, con el propósito claramente definido de acabar con el Estado de Derecho, de su institucionalidad democrática, de los controles institucionales existentes de la Administración Pública, y acabar también con el Estado Social de Derecho para lo cual han venido, en estos dos gobiernos, impulsando medidas con acabar con todas las instituciones sociales existentes, con derechos fundamentales de los ciudadanos y de los trabajadores, con políticas de estado que claramente conducen a un mayor empobrecimiento de toda la población, especialmente de los grupos sociales marginales, excluidos, agrupados en la extrema pobreza, en la pobreza, que se hacen más pobres, y en sectores medios que son empujados hacia la pobreza. El congelamiento de salarios y pensiones por los últimos cinco años y proyectados de igual manera para los siguientes cinco años, el debilitamiento económico de las universidades públicas, el desfinanciamiento de las instituciones sociales, pilares de estos grupos sociales, son parte de este proceso, que se impulsan bajo los gobiernos de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, gobiernos que no ocultan sus intenciones autoritarias, dictatoriales, tiránicas y militaristas.

El enfrentamiento que han hecho contra los poderes públicos que no controlan son parte de este proceso, de estas políticas y de este propósito que impulsan.

Dichosamente el pasado 6 de agosto se produjo el llamado Plantón por la Democracia, que se constituyó en un gran movimiento popular, expresado en distintas partes y pueblos del país, con gran éxito, como un gran movimiento popular que se logró articular en defensa de la institucionalidad democrática, en defensa de la independencia de los Poderes Públicos, de las Libertades y Derechos Ciudadanos, en defensa de las instituciones controladoras de la corrupción y de las finanzas en la Administración Pública.

El Plantón como manifestación de protesta, de esa forma, no se había realizado antes en el país. Como concentración pacífica, popular, prolongada como ll fue para exigir respeto por el Estado de Derecho y el cese de la agresión a la Independencia de los poderes públicos, resultó un gran éxito.

Se convocó a la Plaza de la Democracia en San José y ante los principales edificios públicos y de gobierno, como en las calles públicas en los pueblos donde se realizó ese Plantón.

Fue una gran muestra de apoyo de la población, de reconocerse en esa lucha distintos sectores y ciudadanos identificados totalmente con la Democracia como sistema político y de vida nacional.

El plantón del 6 de agosto fue igualmente una manifestación de fuerza popular y un claro mensaje a las autoridades del Poder Ejecutivo para que paralicen sus discursos ofensivos, irrespetuosos contra ciudadanos y podres públicos, y cesen sus amenazas y acciones contra la libertades públicas, entre ellas las de prensa y expresión ciudadanas.

Para el próximo 14 de setiembre, en paralelo con el tradicional desfile que se organiza simbólicamente que trae, desde Guatemala hasta Cartago, la Antorcha de la noticia de la Independencia, que había dispuesto Guatemala y comunicaba al resto de las Provincias, para que cada una decidiera lo correspondiente respecto a España, se está llamando a otro Plantón Popular.

Se le llama el Farolazo, para que de igual manera en todo el país, con faroles, como los escolares y colegiales, la gente se manifieste por la Independencia Nacional, por la Independencia de los Poderes Públicos amenazados por Rodrigo Chaves y su gobierno mancomunado con Laura Fernández, para evitar el establecimiento de un gobierno autoritario y despótico.

En mi opinión es que pasado el Plantón del Farolazo hay que convocar para el Primero de Diciembre, día en que se celebra la abolición del ejército en Costa Rica, otro Plantón popular festejando y apoyando la abolición del Ejército, y exigiendo que no se introduzcan los grados militares en el ordenamiento y organización policial del país. Ese es el camino disfrazado con el que el concubinato político de Rodrigo Chaves y Laura Fernández quieren avanzar hacia el restablecimiento del ejército para tener un brazo armado en capacidad de sostener una gobierno absolutista, dictatorial, tiránico, autoritario, antidemocrático, antinacional costarricense.

Ni jueces sometidos ni jueces intocables

Escrito en . Publicado en Análisis.

«La independencia judicial es el escudo del ciudadano frente al abuso del gobernante, pero nunca puede convertirse en el velo que oculte los errores o la impunidad de los tribunales».

Por Jaime E. García González, Dr. sc. agr.
Profesor catedrático jubilado de la UCR y la UNED
Miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB) y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL)
biodiversidadcr@gmail.com

Defender la judicatura frente a la intimidación del Gobierno de turno es un deber; tolerar la opacidad y la lentitud burocrática es un error. Las claves para evitar la trampa de la «mano dura».

Hay una frase que convendría repetir estos días hasta que nadie pueda hacerse el desentendido: defender la independencia del Poder Judicial no significa darle un cheque en blanco. Tampoco significa considerar infalibles a sus jueces, colocar sus decisiones por encima de la crítica o asumir que toda persona que cuestione su funcionamiento es, por ese solo hecho, enemiga de la institucionalidad. Una democracia adulta debería ser capaz de entender algo tan elemental.

La concentración ciudadana realizada el pasado 6 de agosto en la Plaza de la Democracia merece ser interpretada, ante todo, como una defensa de la independencia judicial frente a cualquier intento de sometimiento político. Esa defensa es legítima y necesaria, pues la judicatura no constituye un privilegio corporativo ni una concesión de quienes ocupan transitoriamente otros poderes del Estado: es una garantía esencial para todos los ciudadanos.

Precisamente por eso, acuerpar la institución no puede confundirse con defender indiscriminadamente todo lo que ocurre dentro de ella. Existe una diferencia fundamental entre ambos extremos: la primera es una obligación democrática; la segunda corre el riesgo de convertirse en un corporativismo ciego.

Cuando las decisiones generan sospechas

Costa Rica necesita un Poder Judicial fuerte e independiente, pero también eficaz, transparente, oportuno y sujeto a la rendición de cuentas. De acuerdo con el reporte mañanero de Delfino.cr de este 4 de septiembre, existen fallas sistémicas preocupantes en la aplicación de las medidas cautelares.

El informe expone ejemplos críticos: un funcionario judicial investigado que en el pasado liberó a un líder criminal que posteriormente se fugó; la liberación de un sospechoso de homicidio que después falleció en un tiroteo contra la policía; y un juez penal que dictó sobreseimiento en un caso relacionado con 800 kilos de cocaína, permitiendo la huida de los imputados.

Cada uno de estos casos puede estar rodeado de complejidades y tecnicismos jurídicos que deben ser analizados conforme a la ley y al debido proceso. Pero, considerados en conjunto, inevitablemente encienden las alarmas públicas. La independencia judicial es vital, pero no puede convertirse en un muro de silencio frente a resoluciones cuyos desenlaces resultan particularmente graves.

Cuando varias decisiones terminan teniendo consecuencias de esta naturaleza, es perfectamente legítimo preguntarse cómo fueron valorados los riesgos y si los mecanismos institucionales de control están funcionando adecuadamente.

¿Mano dura o reformas democráticas?

Ante el crecimiento del narcotráfico, el sicariato y el crimen organizado, aumenta la demanda social de «mano dura». Es comprensible. Pero la pregunta que debemos hacernos es otra: ¿mano dura contra el delito o mano dura contra los controles democráticos? No son la misma cosa.

Nuestro país necesita fiscales más eficaces, policías mejor preparados, investigaciones rápidas y jueces rigurosos. Necesita que los procesos no se eternicen y que quienes representen un verdadero riesgo para la sociedad no puedan burlar fácilmente las medidas impuestas por los tribunales.

La firmeza frente a la corrupción, la transparencia en la gestión pública, la evaluación de resultados y la eliminación de privilegios injustificados no son amenazas contra el Poder Judicial; son, por el contrario, condiciones indispensables para fortalecerlo.

El peligro real aparece cuando la llamada «mano dura» se convierte en intimidación, concentración del poder o sometimiento de los jueces a las decisiones del Gobierno de turno. Entonces ya no estamos hablando de reforma, sino de una amenaza directa al Estado de derecho y al orden constitucional.

Escuchar el malestar ciudadano

El profundo malestar ciudadano con el funcionamiento de la justicia no puede despacharse como ignorancia, manipulación o conspiración. Hay personas que esperan años por una resolución, víctimas que sienten que sus casos no avanzan, y ciudadanos que perciben una justicia lenta, burocrática y distante. Ese desencanto existe y merece ser escuchado.

Si las instituciones no lo atienden, otros terminarán capitalizándolo. Una ciudadanía frustrada puede llegar a pensar que cualquier transformación es preferible a mantener el estado actual de las cosas, incluso si para conseguirla debe sacrificar contrapesos institucionales. Esa tentación es peligrosa, pues las instituciones democráticas son mucho más fáciles de debilitar que de reconstruir.

Por lo tanto, es vital impedir que el descontento ciudadano se use como pretexto para arrodillar a los jueces, tanto como evitar que la bandera de la independencia judicial sirva para frenar las transformaciones urgentes del sistema. El reto democrático actual exige rechazar dos posturas destructivas por igual:

  • Exigir rendición de cuentas es un derecho cívico; presionar o amedrentar a la judicatura es una amenaza autoritaria.
  • Eliminar privilegios injustificados fortalece la República; subordinar los tribunales a los intereses del Ejecutivo la destruye.
  • Reclamar eficiencia y resultados es indispensable; concentrar el poder en el gobierno de turno es inaceptable.

La Costa Rica que necesitamos no es una Costa Rica con un Poder Judicial subordinado ante el Gobierno, pero tampoco una nación donde las instituciones puedan decirle a la ciudadanía: «confíe en nosotros y no haga preguntas». Eso tampoco es democracia.

La movilización pacífica del 6 de agosto debería servir para defender algo mucho más profundo que una entidad concreta: el principio republicano de que ningún Gobierno puede convertirse en juez de sus propios actos. Pero esa defensa quedaría incompleta si no incorporamos otro principio igualmente importante: ninguna institución democrática está por encima de la ciudadanía a la que sirve.

El peor escenario para el país sería tener jueces sometidos al poder político, pero tampoco es saludable tener instituciones que, amparadas en su independencia, terminen convencidas de que no tienen que dar explicaciones.

No queremos un Poder Judicial débil, pero tampoco uno intocable. Queremos una judicatura responsable, transparente y capaz de responderle a la ciudadanía cuando esta pregunta, con toda legitimidad: ¿por qué? Y cuando las preguntas son legítimas, las instituciones democráticas no deberían sentirse amenazadas por ellas; deberían responderlas.

Atisbos neofascistas en la institucionalidad costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis.

Marielos Aguilar Hernández
Historiadora

Marielos Aguilar Hernández

La suspensión del gerente financiero de la CCSS, don Gustavo Picado, debido a su honesta aclaración emitida, en el sentido de que esa institución no está económicamente “quebrada” como lo ha reiterado el presidente de facto Rodrigo Chaves, es un hecho muy grave.

Este fenómeno tiene múltiples causas, no obstante, también ha sido posible porque los dos últimos gobiernos chavistas encontraron bien instalado el andamiaje más reaccionario que podamos imaginar en nuestro país desde 1948.

Tengamos consciencia histórica, el andamiaje de estos abusos lo terminó de construir la administración de Carlos Alvarado: a) la reforma fiscal y el congelamiento de los salarios del sector público (2018) y, b) la declaración de ilegalidad de la huelga en el sector público (2019).

Hoy día, suspender, o despedir, a los empleados públicos incómodos para el gobierno de extrema derecha que nos rige, solo es un asunto de trámite. El «Código de Trabajo» costarricense, producto de centenarias luchas de reivindicación laboral y social, está quedando olvidado en los más recónditos anaqueles de nuestra rica historia de luchas sociales.

¡Pero ahí están aún las organizaciones sindicales de la Caja! Médicos, trabajadores de enfermería, empleados todos de nuestra insigne CCSS, saquen fuerzas por favor, ayúdennos a recuperar la autonomía institucional de esta benemérita institución.

Ese llamado se hace extensivo a todo el movimiento sindical nacional. Esta es una hora para escribir nuevas páginas de lucha y gloria para la democracia social costarricense.

Escribo estas líneas, convencida de haber sido testigo de excepción de los esfuerzos nacionales por convertir a Costa Rica en una sociedad justa, honesta, respetuosa y plural. Diversas fuentes políticas e ideológicas aportaron en la construcción de ese sendero de optimismo. Somo producto de esa diversidad.

El arribo de un movimiento de inspiración neofascista, cuya nefasta bandera hoy la levanta con gran desparpajo la presidenta Laura Fernández, no nos puede dejar indiferentes.

Como lo hicieron hace un siglo la mayoría de los sectores democráticos de diversos continentes frente al fascismo, encarnado en figuras tristemente célebres como Adolfo Hitler, alemán, Bennito Musolini, italiano, y Francisno Franco, español, la ciudadanía costarricense también debe de reivindicar con energía todos los derechos sociales, políticos y culturales que nos quieren arrebatar.

Tengamos clara otra cosa. El fascismo del siglo XXI se viste con nuevos ropajes, pero en esencia, conlleva el mismo odio por el modelo democrático, la diversidad de pensamiento, el desprecio por la división de poderes, el menosprecio por el sistema de pesos y contrapesos y la subestimación por la formación cívica en democracia para las nuevas generaciones.

Ese odio ya lo experimentan, día a día, las universidades públicas, encargadas de la formación de consciencias críticas, los colegios profesionales que anteponen el compromiso ético en el desempeño de los profesionales en medicina, derecho, ingeniería, educación, etc. Y, por supuesto, los medios de comunicación que no comulgan con las restricciones ideológicas que impone la línea autoritaria de gobierno.

¡Nubarrones muy negros opacan el futuro de las nuevas generaciones! Pero estamos a tiempo, la organización por sectores puede ser el primer paso para contener el avance autoritario: estudiantes, sindicatos, comunidades rurales y urbanas, y otros sectores de la sociedad civil puede ser la mejor respuesta. ¡Qué el miedo no nos paralice!