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Etiqueta: Estado democrático

En Honduras el reto es mayor al estimado

Por: Marlin Oscar Ávila

El triunfo electoral de noviembre se debe a más de un millón setecientos mil y más ciudadanos electores de la presidente Xiomara Castro, todos deseosos de un estado democrático. Seguramente hubo ciudadanía que, sin haber votado por Xiomara Castro, después del proceso electoral se contaminó del entusiasmo y decidió apoyar su gestión.

Pareciera que todos los sectores sociales, deseosos de un país democrático en Honduras, está de acuerdo que hay una enorme tarea por delante, sin embargo, hay necesidad de seguir organizándose para lograr su cumplimiento. En la toma de posesión del nuevo poder Ejecutivo, se vio a la comunidad internacional dispuesta a brindarle apoyo.

A pocos días de la toma del poder, este nuevo gobierno ha iniciado con el cumplimiento de sus promesas, tanto con las medidas factibles a tomar según sus planes estratégicos, en lo nacional como en lo internacional. Desde luego, hay medidas que tienen que esperar a que se den las condiciones y otras tienen que pasar por el tamiz de la democracia o consulta social participativa. Los consensos y los disensos son factores que exigen tolerancia, tiempo, disciplina y tener los mecanismos adecuados para su aplicación. Algo que no hemos practicado en décadas, y quizás en siglos. Es decir, nuestra cultura no ha sido cultivada para ejercer la democracia sin grandes tropiezos. No digamos a los miembros del Partido Nacionalista acostumbrado a vivir del poder político durante los 12 años. No solamente despojaron de bienes inmuebles los edificios públicos, sino que se han resistido a abandonarlos, dejando de ser empleados porque se les finalizaron sus contratos y su exjefe no tiene más el poder de mantenerlos ocupando ese espacio.

Se ha tenido que aprender qué significa un estado republicano con tres poderes independientes para gobernar. Aun esto no se termina de comprender, porque históricamente se acostumbró a la existencia del caudillismo quien intervino a sus anchas, en el poder constitucional que le complacía. Actualmente, el poder legislativo todavía mantiene una división que sigue costando llevarla a consenso en asuntos de distribución del poder mismo. Lamentablemente, esto ha sido dentro del partido político al cual pertenece el Ejecutivo, el Partido Libertad y Refundación LIBRE, quien tiene la mayor militancia de los partidos políticos del país. Hemos visto como ha habido mutuas acusaciones, donde las otras fuerzas políticas han estado provocando e instrumentalizando a su favor la controversia.

Mientras tanto, los enemigos locales más grandes de este empobrecido pueblo (74% de pobreza) siguen actuando con impunidad, puesto que el Poder Judicial sigue bajo su control por los próximos dos años, los marcos legales no se han reformado, para volverlos accesibles a la justicia social ideal. Además, las instituciones armadas siguen teniendo el poder que han mantenido en los años de Juan Orlando Hernández, con cuerpos armados involucrados en el narco tráfico. Los carteles de la droga siguen activos. Los capitales robados a las instituciones por actos corruptos, que son muchos millones de dólares y lempiras, se mantienen en poder de las mafias que gobernaron hasta hace un mes, sin que se logre su recuperación en lo más mínimo. Con ese capital se resolvería el presupuesto de todo un año de gestión pública.

Por esto y más, podemos ver que hay una enorme tarea por delante. Tarea que solamente sería posible cumplirla con la participación organizada de toda la ciudadanía consciente. Cuando decimos esto, no quiere decir que la ciudadanía sea correa de transmisión de una dinastía ni de un caudillo determinado. Se requieren discusiones amplias, con criterio propio, organizadas y expresando intereses de la colectividad, que trabajen y hagan llegar sus opiniones y presiones para que el programa definido con antelación se cumpla e ir construyendo juntos esa Honduras democrática por etapas, sin alterarse, puesto que esto exige tolerancia, madurez y perseverancia. Las movilizaciones cambian su blando hacia lo que obstaculiza la realización del plan estratégico. El primer gran logro se tiene, pero hay que cuidarlo, cuidar de la estabilidad y consolidación de la presidente Xiomara Castro.

Seguramente las disidencias seguirán existiendo, lo cual es parte de la democracia participativa. No vale acusar de primas a primera de traidor a quien piensa diferente, puesto que solamente demuestra incapacidad de discusión y ausencia total de tolerancia frente a compañeros que desean los mismos grandes objetivos. No debemos repetir la dolorosa experiencia de la izquierda de otros países, como fue la del asesinato del compañero Roque Dalton en El Salvador (1975). Saber diferenciar quienes son los verdaderos enemigos del pueblo, con criterios objetivos y no emotivos, es un aprendizaje que tenemos pendiente, pero urge aprenderlo. Así seguiremos con confianza en la reconstrucción de Honduras, para beneficio de las grandes mayorías y futuras generaciones.

La desconstitucionalización de las autonomías y empleo público

“La tesis según la cual el Presidente, o el Ejecutivo, deben tener todas las atribuciones en última instancia, (…), esa es la teoría estatista o totalitarizante; la de las autonomías, (…) para evitar la concentración de poder y recursos, es la tesis democrática.” (Diputado Constituyente Rodrigo Facio)

Manuel Hernández

En un artículo de opinión que recientemente me publicó el Semanario Universidad, titulado “El virus del malinche universitario”, critiqué, desde el punto de vista jurídico, la pusilánime posición de CONARE acerca del Proyecto de Ley Marco de Empleo Público.

A raíz de ese artículo, funcionarios de otras instituciones públicas, que me honran con su lectura, me solicitaron que, más allá de los confines de los campus universitarios, expusiera los alcances que tiene el proyecto, en general, en el ámbito de las autonomías institucionales.

Pues bien, trataré de cumplir este particular cometido.

1.- La ruptura de las autonomías constitucionales

El último texto de Empleo Público, que podría estar la próxima semana, en la agenda de primeros debates, que ya va por la cuarta edición, y que en cada versión de esta tragedia legislativa, como decía Unamuno, se mantiene en estado de agonía, conserva, en lo esencial, el mismo libreto totalitario y antidemocrático, trastocando las autonomías de las universidades públicas, Caja Costarricense de Seguro Social y las Municipalidades.

Al tenor de la nueva cirugía reconstructiva que sufrió el accidentando proyecto, fundamentado en un singular voto de la Sala Constitucional (N° 017098-2021), que como la serpiente que se come su misma cola, ese Tribunal se volvió contra su propia doctrina y jurisprudencia, el proyecto estableció que quedan excluidas de la rectoría de MIDEPLAN, únicamente “las relaciones de empleo de personas servidoras públicas que desempeñen funciones o labores administrativas, profesionales o técnicas, que sea exclusivas o excluyentes para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas“ a aquellas entidades públicas.

La regulación de la relación de empleo de esta única categoría de personas trabajadoras, la retendrán simbólicamente los órganos supremos de cada una esas entidades, pero que no quedan excluidas de la cobertura del proyecto, y en consecuencia, estarán sometidas al rigor de sus cánones autoritarios y fiscalistas. Por contrario, la rectoría y regulación de la relación de empleo, en materia de reclutamiento, selección, contratación, concursos, evaluación de desempeño, remuneraciones, entre otras, de todas las demás personas trabajadoras de esas instituciones, la asumirá y definirá unilateralmente MIDEPLAN.

Entonces, a esta dependencia del Poder Ejecutivo, transmutada en el emergente Leviatán, el proyecto, haciendo una regresión en el tiempo, que nos devuelve más de 70 años atrás, a la época del clientelismo y reparto del botín político (spoils system), le transfiere a MIDEPLAN la gobernanza y regulación de la relación de empleo de significativas categorías de trabajadoras y trabajadores de dichas instituciones.

De esta manera, tratándose de estos amplios colectivos laborales, se desposeen las competencias constitucionales de esas entidades, cuya regulación, mediante políticas, directrices, reglamentos y ordenanzas, la realizará ese despacho del Gobierno.

Esta transferencia de competencias tendrá consecuencias directas muy graves en el conjunto de las autonomías, el funcionamiento regular de las instituciones y no menos, en la prestación de los servicios públicos.

2.- La autonomía constitucional de las instituciones es unitaria e indivisible

Esta segregación competencial y configuración de un régimen dual de empleo público, es absolutamente artificiosa.

La autonomía de las entidades descentralizadas es indivisible, resultando contrario a los preceptos constitucionales, quebrar de esa manera la autonomía y repartir las competencias regulatorias entre la respectiva institución y MIDEPLAN.

El proyecto violenta la máxima Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus (donde la ley no distingue, tampoco nosotros debemos distinguir), vaciando de contenido el ejercicio de una potestad constitucionalmente asignada, que produce la ineficacia de la norma constitucional; es decir, trayéndose al suelo, de un solo golpe, el principio de supremacía constitucional.

La autonomía de las universidades públicas, la CCSS y las municipalidades, es unitaria, inescindible, por lo que no se podría sostener ese espurio reparto de competencias y ese régimen bifronte de empleo público, dentro de cada una de ellas, salvo que sea a contrapelo de los artículos 84, 86, 87, 73, 169, 170 y 175 de la Constitución Política.

Así, cada institución autónoma, podría representarse con una caricatura de un monstruo de dos cabezas, que se vuelven y destruyen a si mismas, cuya lucha terminará causando, por una parte, hacia afuera, una constante inestabilidad política-institucional, y por otra parte, hacia dentro, una permanente conflictividad laboral.

3.- La alteración del diseño constitucional del Estado democrático

Este ficticio reparto de competencias funcionales y materiales, entroniza aquella tesis autocrática que vehemente rebatió el constituyente Rodrigo Facio, la intervención política del Poder Ejecutivo, residenciado en MIDEPLAN, en materias que constitucionalmente están reservadas a cada una de esas instituciones.

Por esto es que el proyecto quiebra la arquitectura del diseño orgánico del Estado, definido por el constituyente, porque sacrifica la autonomía de las instituciones.

La ruptura del diseño constitucional, que no es cualquiera cosa, significa una grave alteración de las reglas del sistema democrático.

Además, esta alteración de las reglas constitucionales tendrá serias consecuencias en la prestación de los servicios públicos asignados a cada institución.

Los servicios públicos que prestan las universidades, la CCSS, municipalidades y otras entidades, constituyen la infraestructura de la democracia, los cuales no quedan indemnes del otro objetivo que tiene el proyecto, tendiente a reestructurar las instituciones y privatizar los servicios que se les cometieron.

4.- La eliminación de las estructuras salariales propias de las instituciones

Pero, además, hay que tener muy claro que la competencia exclusiva y residual que el proyecto reserva a las instituciones autónomas, limitada únicamente a aquel colectivo de funcionarios, queda muy restringida y condicionada, porque, de toda suerte, su ejercicio tiene que adecuarse a sus reglas fiscalistas. No se olvide que las autónomas, no quedan excluidas de su cobertura (artículo 2), sobre las cuales cae, con todo el peso, esa espada de Damocles.

Lo anterior implica, por ejemplo, en materia de remuneraciones, que las estructuras salariales propias que actualmente tiene cada una de esas instituciones, que evolutivamente se configuraron de acuerdo con la naturaleza y especialidad del servicio que ejecutan, amparadas a sus autonomías, quedarán derogadas, suprimidas, y en su lugar, se sustituirán por el esquema de salario global único.

Este esquema salarial es el producto estrella, pero el más opaco, que constituye la punta de lanza de la política fiscal del proyecto de ley.

Otra grave vulneración de la Constitución, porque la ley ordinaria le está imponiendo a esas instituciones un esquema salarial determinado, irreconciliable con las autonomías constitucionales.

Además, como si lo anterior fuera poco, ese esquema salarial se complementa con el congelamiento y estancamiento de los salarios de todas y todos los trabajadores que prestan sus servicios en los Poderes del Estado e instituciones públicas que cubre el proyecto, a merced de la salvaje regla fiscal y los transitorios XI y XII del proyecto, que recibieron la bendición neoliberal de la Sala Constitucional.

Quedará por ver, como suele ocurrir en las películas de terror, si en los últimos capítulos, el monstruo muere ajusticiado por un héroe, que aplaste las cabezas del Leviatán.

16/11/2021