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Etiqueta: Estado Social de Derecho

Sectores sociales y productivos marchan en defensa de la democracia

Con el lema “Sí a la democracia, no a la dictadura”, miles de personas se movilizaron este martes 11 de noviembre en la Gran Marcha Nacional en Defensa de la Democracia Costarricense, convocada por diversas organizaciones sociales, productivas y de la sociedad civil.

Desde tempranas horas de la mañana, manifestantes de distintos puntos del país se concentraron en el Parque Central de San José y avanzaron de manera pacífica hasta la Casa Presidencial, en Zapote.
El movimiento expresó su preocupación por el rumbo del país, la concentración de poder en el Ejecutivo y el irrespeto a las instituciones democráticas, la libertad de prensa y de expresión.

Las organizaciones reiteraron su compromiso con la defensa del Estado Social de Derecho, los derechos humanos y las garantías sociales que han sostenido la vida democrática del país por más de siete décadas.


Demandas de los sectores

Sector agroalimentario

  • Sí a la innovación del sector agropecuario para garantizar la seguridad alimentaria, la generación de divisas y la reducción de los impactos sociales y ambientales de la producción.

  • Sí al desarrollo de la actividad agropecuaria para reducir la pobreza rural y generar empleo.

  • Sí a un funcionamiento equitativo de los mercados y a una defensa comercial eficiente.

  • Sí a un financiamiento oportuno y accesible para una producción agropecuaria eficiente, innovadora y ambientalmente sostenible.

  • Sí a políticas que potencien las sinergias entre el sector agropecuario y el ambiente con impacto social positivo.

  • No a la importación masiva de productos agrícolas como papa y cebolla.

  • Rechazo al Tratado Comercial Transpacífico, impulsado sin consulta suficiente al sector agropecuario.

  • Preocupación por el Decreto Ejecutivo N.º 44.336-MAG-S-SP-MOPT sobre trazabilidad bovina, que afectaría a pequeños y medianos productores.

  • Aprobación del Proyecto de Ley No. 21960, Ley de Soberanía Alimentaria, y del Proyecto Fideicomiso Fidalimentario para deudas del sector.

  • Convocatoria urgente del Proyecto de Ley No. 24211 FONARROZ, ante la crisis de la producción arrocera.


Sector educación

  • Cumplimiento del mandato constitucional del 8% del PIB para educación.

  • Dignificación del magisterio nacional.

  • Construcción y aprobación del Pacto Nacional por la Educación Pública.

  • Protección del régimen de pensiones del Magisterio.

  • Aprobación del Proyecto de Ley No. 24.353, que garantiza el ajuste por costo de vida a las personas educadoras pensionadas del Régimen Transitorio de Reparto.

  • Defensa de las conquistas históricas de la clase trabajadora y rechazo a intentos de precarizar las pensiones.


Sector salud pública y seguridad social

  • Defensa del presupuesto institucional y rechazo a la privatización de servicios de salud y seguridad social.

  • Financiamiento adecuado para los regímenes de invalidez, vejez, muerte y el régimen no contributivo.

  • Pago de la deuda billonaria del Estado con la CCSS.

  • Defensa de la CCSS como patrimonio del pueblo y símbolo de solidaridad nacional.

  • Exigencia de una gestión transparente y sostenible que garantice servicios de calidad sin exclusión.


Sector de mujeres y colectivos feministas

  • Rechazo a las respuestas meramente represivas ante la inseguridad; exigencia de políticas integrales basadas en derechos humanos.

  • Urgente declaratoria de emergencia nacional por la violencia machista.

  • Exigencia de la destitución de Yerlin Zúñiga Céspedes, presidenta ejecutiva del INAMU, por falta de acción ante la violencia contra las mujeres.

  • Implementación inmediata de un plan nacional de atención y protección integral con refugios, líneas de emergencia y medidas efectivas de seguridad.

  • Preocupación por la creciente ola de femicidios y violencia de género.


Derechos laborales y sociales

  • Llamado al Poder Ejecutivo y Legislativo para fortalecer el agro, la salud, la educación, la energía, la seguridad ciudadana y el empleo digno.

  • Exigencia de respeto a la separación de poderes, las instituciones democráticas y la prensa libre.

  • Solicitud de diálogo transparente y vinculante con los sectores sociales, sindicales, estudiantiles y comunales.

  • Rechazo al proyecto de ley 4×3, por considerar que amenaza los derechos laborales y la estabilidad democrática.


Defensa de la democracia

Las organizaciones convocantes afirmaron que la democracia no se reduce a lo electoral, sino que se construye y defiende cotidianamente en las calles, comunidades, centros de estudio y espacios de trabajo.
Llamaron a la unidad patriótica y democrática para proteger las libertades públicas, los derechos humanos y las instituciones del país.

Sí a la democracia, no a la dictadura. La lucha en las calles es la lucha de todo un pueblo.”

A 13 años de la lucha: ni un paso atrás en la defensa de la CCSS y la salud pública

Comunicado

Un 8 de noviembre de 2012, hace trece años, quedó grabado en la memoria histórica de Costa Rica no como un día de celebración, sino como una jornada de lucha y represión. Ese día, representantes legítimos de comunidades Nicoya, Grecia, Sarchí, San Ramón, Puntarenas, entre otras comunidades, convergieron pacíficamente en una gran marcha hacia las oficinas centrales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en el centro de San José.

Estas comunidades, acompañadas por trabajadores de la salud, sindicalistas y usuarias y usuarios de los servicios, llegaron hasta San José con un motivo claro y justo: exigir ante las autoridades un presupuesto digno y suficiente para la salud pública, un pilar fundamental de nuestro Estado Social de Derecho que ya entonces mostraba signos de asfixia financiera. Eran las voces de las regiones, que sufrían en carne propia el abandono de las áreas de salud y los hospitales, quienes se plantaron para decir «¡Ya basta!».

La respuesta del gobierno de turno no fue el diálogo, sino la represión. Fuerzas policiales actuaron para dispersar una protesta legítima, criminalizando la defensa de un derecho humano esencial.

Hoy, recordamos esa fecha no para avivar rencores, sino para encender la memoria y reforzar nuestro compromiso.

La represión del 8 de noviembre de 2012 fue la consecuencia visible de una política de desatención que buscaba debilitar, mediante el desfinanciamiento, a nuestra querida Caja. Ese día, el movimiento social alzó la voz para decir ¡Basta! a los recortes, a las listas de espera, al desabastecimiento de medicamentos y al deterioro de los servicios.

Trece años después, la lucha sigue siendo la misma

La CCSS continúa enfrentando desafíos monumentales para garantizar la salud para todos y todas, sin distingo. La pandemia lo demostró con crudeza: es nuestro sistema público de salud, con sus trabajadores y estructuras, el que salva vidas y sostiene al país en las crisis. Sin embargo, persisten las amenazas de asfixia presupuestaria, las presiones para su privatización encubierta y los intentos de fragmentar su carácter solidario y universal.

Por ello, en este aniversario, hacemos un llamado urgente a todo el pueblo costarricense:

1. A no olvidar. Recordar el 8 de noviembre de 2012 es recordar que la defensa de la CCSS se ha construido, en gran medida, desde la calle y la exigencia popular.

2. A defender con firmeza la CCSS. Es nuestro patrimonio nacional más valioso. Debemos rechazar cualquier intento de debilitarla, recortar su financiamiento o ceder sus funciones al sector privado.

3. A exigir a los gobernantes de turno que cumplan con su obligación de asignar los recursos económicos necesarios, de manera oportuna y suficiente, para que la Caja pueda cumplir su misión con calidad y calidez.

4. A valorar y respaldar a las personas trabajadoras de la salud, que son el alma y el corazón del sistema, y que a diario libran batallas en hospitales y áreas de salud, a menudo con recursos insuficientes.

La salud no es un gasto, es una inversión en vida y dignidad.

La represión de hace doce años no silenció la lucha, la fortaleció.

Hoy, renovamos ese espíritu y decimos con una sola voz:

¡La CCSS no se vende, la CCSS se defiende!

¡Por una salud pública, solidaria, universal y financieramente fuerte!

Consejo Regional de Juntas de Salud Central Sur

8 de noviembre de 2025.

El Consejo Regional de Juntas de Salud Central Sur está conformado por 33 Juntas de Salud de las 31 Áreas de Salud y de 2 Hospitales: Hosp. William Allen Taylor de Turrialba y el Hosp. Psiquiátrico Roberto Chacón Paut, que conforman la Dirección de Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Central Sur. El objetivo del Consejo Regional de Juntas de Salud es propiciar un espacio de participación y coordinación entre las Juntas de Salud y la DRIPSS, para el análisis y la atención de situaciones de salud que trasciendan el nivel local y desarrollar estrategias de abordaje para la solución de las necesidades priorizadas, así como compartir las experiencias exitosas obtenidas en la gestión, tanto de la Junta de Salud, como de la Administración de la unidad.

Las Juntas de Salud somos entes auxiliares de las Áreas de Salud, Hospitales y Centros Especializados de la CCSS, para mejorar la atención de la salud, el desempeño administrativo y financiero, así como la promoción de la participación ciudadana.

Marcha Nacional en Defensa de la Democracia Costarricense

Comunicado

Las universidades públicas, organizaciones sociales, sindicales, agropecuarias, comunales, ambientales, estudiantiles, laborales, de mujeres y de la sociedad civil de todo el país convocan al pueblo de Costa Rica a participar masivamente en la Gran Marcha Nacional por la Democracia Costarricense, este martes 11 de noviembre de 2025, bajo el lema: “Sí a la democracia, no a la dictadura.”

La marcha saldrá a las 8:00 a.m. desde el Parque Central de San José y concluirá en la Casa Presidencial, Zapote.

El 11 de noviembre de 1949 marcó el retorno de la vida constitucional en Costa Rica con el nacimiento de la Segunda República, cuando la Junta Fundadora entregó el poder a Otilio Ulate. Setenta y seis años después, en esa misma fecha simbólica, el pueblo se moviliza nuevamente para defender la democracia y rechazar tendencias autoritarias que amenazan las libertades.

El rumbo de nuestro contrato social se ha visto amenazado por la confrontación, la concentración del poder y el desprecio hacia las instituciones democráticas y la prensa libre desde el Poder Ejecutivo. Ante ese avance autoritario, las organizaciones sociales reafirman su compromiso con la defensa del Estado social de derecho, las libertades y los derechos que sustentan nuestra democracia.

Las organizaciones firmantes hacen un llamado vehemente y urgente por políticas públicas integrales que fortalezcan los pilares de nuestra convivencia democrática y el desarrollo nacional: el agro, la salud, la educación, la seguridad ciudadana, la energía y el empleo digno.

La defensa de la producción nacional debe protegerse, no sacrificarse. Hoy más que nunca se exige un rescate integral del campo, que garantice no solo mejores políticas públicas, sino un compromiso real frente al abandono, el endeudamiento y la competencia desleal de la importación, como lo han sufrido los paperos y cebolleros, colocando la producción hortícola en jaque mate.

Además, el Gobierno avanza sin escuchar al sector agropecuario al suscribir el Tratado Comercial Transpacífico, que afectará productos como café, lácteos, avícola, porcino, bovino, frijol, flores y follajes, oleaginosas, pesca y arroz. Asimismo, la ejecución del Decreto Ejecutivo N.º 44.336-MAG-S-SP-MOPT, sobre la trazabilidad y areteo del ganado bovino, afectará a pequeñas y medianas producciones, empeorando la situación del sector agropecuario y constituyendo una amenaza directa a la seguridad alimentaria, la soberanía y la economía rural.

La educación pública, pilar del Estado social de derecho, debe fortalecerse con el cumplimiento del mandato constitucional del 8% del PIB, la dignificación del magisterio nacional y la defensa del régimen de pensiones del Magisterio. La educación debe seguir siendo el principal instrumento de movilidad social y equidad.

La salud pública es un derecho humano fundamental. Se exige el resguardo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), patrimonio del pueblo y símbolo de solidaridad nacional. Ante los intentos de debilitamiento y privatización, se demanda financiamiento justo, respeto al personal profesional y gestión transparente que garantice la seguridad y protección social de toda la población.

Se exige también atención integral a la seguridad ante la creciente violencia que amenaza la paz y convivencia. La inseguridad y violencia, que golpea especialmente a las mujeres, las juventudes y las comunidades más vulnerables, requiere acción inmediata del Estado y políticas integrales de prevención y justicia social.

Ante la polarización y fragmentación que vive el país, las organizaciones convocantes hacen un llamado a la unidad patriótica, democrática y comunal, para defender los derechos constitucionales, las libertades públicas y las instituciones que han garantizado la paz y la convivencia democrática de Costa Rica.

Sí a la democracia, no a la dictadura.”
¡La lucha en las calles es la lucha de todo un pueblo!

Contacto: mesa.nacioaldedialogo@gmail.com

Elecciones nacionales: en la encrucijada entre Estado social de derecho y neoliberalismo autoritario – En Alternativas

El programa Alternativas, elaborado por el Colectivo Reflexión–Acción, invita al conversatorio “Elecciones nacionales: en la encrucijada entre Estado social de derecho y el neoliberalismo autoritario”, que se transmitirá en vivo el viernes 25 de octubre de 2025 a las 6:00 p. m. por las plataformas de Facebook Live, YouTube y Spotify.

La transmisión abordará interrogantes centrales para el contexto político actual, entre ellas:

¿Qué hacer ante las amenazas por medios electrónicos que atentan contra el proceso democrático?
¿Existe injerencia extranjera en los procesos electorales?

Panel invitado

El análisis estará a cargo cuatro personas invitadas que compartirán su perspectiva desde distintos ámbitos de acción social, política y académica:

  • Bernardo Corrales Briceño, ebanista, poeta y luchador socioambiental.

  • Marcela Sánchez Cortés, luchadora comunal y promotora política y sindical.

  • Cecilia Jiménez Arce, MSc en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma de México, licenciada en Sociología y Trabajo Social por la Universidad de Costa Rica, presidenta y fundadora de ACODEHU, fundadora de varios sindicatos y firmante del acta de inscripción del Frente Popular.

  • Oscar Madrigal Jiménez, abogado y analista político.

Transmisión y medios aliados

El espacio será transmitido en directo por el Colectivo Reflexión–Acción y contará con el apoyo de las emisoras amigas:
Radio Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberanía, Radio Revolución y 506 Ondas Alajuelita Radio.

Alternativas” es un programa de análisis que promueve la reflexión crítica y el pensamiento libre para contribuir a construir un país y un mundo integralmente humanos.

El dilema del 57%: más allá del voto útil y el voto castigo

JoseSo (José Solano-Saborío)

La cifra es elocuente y define la coyuntura: el 57% de la ciudadanía costarricense se declara sin partido o candidato definido (CIEP-UCR). Este no es un dato de apatía, sino el síntoma de una profunda desilusión y una crisis de representatividad. Para este electorado pivotal, la elección de febrero no es una simple contienda entre partidos, sino un complejo plebiscito sobre el rumbo del país, donde la disyuntiva parece reducirse a un oficialismo percibido como populista y autocratizante y una oposición fragmentada que ofrece cambio, pero con rostros múltiples y a veces contradictorios.

Ante este escenario, el votante indeciso debe tomar una decisión que trasciende el candidato individual. Se trata de elegir una estrategia de país, sopesando tres dimensiones críticas: la preservación de la democracia liberal, la consecución de la justicia social y la modernización del Estado Social de Derecho para hacerlo viable en el siglo XXI.

El oficialismo: ¿Continuidad o consolidación de un riesgo?

La opción oficialista se presenta como la defensora de la integridad y la transparencia, “único mal que nos aleja de convertirnos en una potencia regional”, aunque se tenga que sacrificar la justicia social y los logros del Estado Social de Derecho. Su argumento se centra en culpar a las instituciones sociales que califica como “corruptas e ineficientes” e “instrumentos de la élite”, por lo que hay que eliminarlas, algo así como la versión tica del “Estado Profundo” del QAnon de los gringos.

Que atractivo tiene el chavismo que ofrecer al 57% de indecisos o “sin partido”.

Pros para el votante indeciso: Ofrece una aparente estabilidad y continuidad en políticas macroeconómicas como la reducción de la deuda pública. Apela a la “modernización” de un modelo que, en el pasado, dio prosperidad al país, pero que fue corrompido. Para quien prioriza evitar un shock económico sobre una regresión en derechos sociales, puede parecer atractivo.

Contras fundamentales: El gran riesgo radica en la deriva autocrática. Las constantes pugnas con otros poderes del Estado, la retórica confrontativa y las prácticas que erosionan los controles y equilibrios democráticos son una alerta máxima. Un voto por el oficialismo puede interpretarse como un aval a este estilo de gestión, que podría consolidar un modelo de concentración de poder incompatible con la democracia costarricense histórica. Además, en el caso de los partidos más viejos o tradicionales, su discurso a menudo se muestra resistente a las reformas modernizadoras pero progresivas urgentes que el país necesita en materia fiscal, de empleo y de eficiencia estatal.

La oposición fragmentada: oportunidad y desconfianza

La oferta opositora es plural, pero su fragmentación es a la vez su fortaleza y su mayor debilidad. Una parte de nuevas opciones política y coaliciones representan la alternativa de cambio, pero sin una visión unificada, ni convincente hasta ahora.

Pros para el votante indeciso: Encarna la posibilidad de restaurar los equilibrios democráticos y frenar la concentración de poder que pretende consolidar el chavismo. Diversos sectores opositores proponen agendas de modernización del Estado, atracción de inversión y generación de empleo, abordando problemas económicos críticos que afectan la calidad de vida. Un voto por la oposición es, en esencia, un voto por la alternancia y la renovación del sistema.

Contras fundamentales: La falta de unidad genera incertidumbre. ¿Un gobierno de coalición por un posible consenso para la eventual segunda ronda? ¿Será viable o será ingobernable? Existe el temor fundado de que, una vez en el poder, las facciones opositoras repitan viejas prácticas clientelistas o impulsen reformas sin los consensos necesarios, generando conflictividad social. Para el votante que valora la justicia social, el desafío es discernir si la “modernización” propuesta no será un eufemismo para desmantelar conquistas sociales.

Estrategias de voto: ¿El voto útil o quebrar el voto?

Aquí es donde la decisión del 57% se vuelve táctica.

El voto útil: Consiste en apoyar al candidato opositor con mayores posibilidades de derrotar al oficialismo en una eventual segunda ronda, aunque no sea la opción preferida. Es una estrategia pragmática cuyo objetivo principal es garantizar el cambio de gobierno y la defensa del sistema democrático.

Pro: Maximiza la probabilidad de evitar la reelección del oficialismo. Es una respuesta contundente a la polarización.

Contra: Sacrifica la expresión de una preferencia ideológica más afinada. Puede perpetuar un sistema bipartidista de facto y desincentivar la oferta de propuestas más innovadoras y específicas.

Quebrar el voto (o voto estratégico distinto): Implica votar por una opción opositora que, aunque no lidere las encuestas, represente mejor los valores e intereses del votante (por ejemplo, una opción más centrada en la modernización tecnocrática o, por el contrario, en una justicia social renovada). La esperanza es que una buena votación para estas opciones fuerce al eventual ganador opositor a incorporar sus agendas en un gobierno de coalición y consensos.

Pro: Fortalece la democracia al mostrar el peso real de distintas corrientes de opinión. Envía un mensaje claro sobre las prioridades de la ciudadanía (medio ambiente, transparencia, economía social solidaria, etc.).

Contra: Es un riesgo calculado. Si el voto opositor se fragmenta demasiado, podría facilitar el paso a la segunda ronda del oficialismo, frustrando el objetivo común de cambio.

Un voto por la gobernabilidad democrática futura

El ciudadano del 57% no debe sentirse presionado a elegir entre democracia y justicia social. Esa es una falsa disyuntiva. La verdadera elección es cómo construir una gobernabilidad que garantice ambas.

La pregunta clave es: ¿Qué escenario ofrece más posibilidades de reconstruir un pacto social que modernice el Estado Social de Derecho sin destruirlo?

Un voto por el oficialismo, en la percepción mayoritaria, parece condenar al país a otros cuatro años de polarización y estancamiento en las reformas urgentes, con el riesgo latente de una mayor erosión democrática y concentración del poder e, incluso, la venta o desmantelamiento del ICE, la Banca Estatal, el INS y demás ‘joyas de la abuela’.

Un voto por la oposición, a pesar de su desorden, abre la puerta a la incertidumbre, pero también a la oportunidad. La responsabilidad del 57% no termina el primer domingo de febrero. Su verdadero poder será exigir, vigilar y participar para que, cualquiera que sea el resultado, el próximo gobierno entienda que su mandato no es imponer una ideología, sino facilitar un diálogo nacional que reconcilie la justicia social con un Estado eficiente, la sólida con una economía pujante. El voto no es el fin, es el primer acto de una ciudadanía que despierta para reclamar su futuro.

Sin hablar de seguridad pública, seguridad alimentaria y el agro, la recesión turística, por ahora me voy prometiendo hablar de esto y qué oferta hacen los movimientos políticos, en la próxima.

Saludos desde el este.

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo respalda las luchas ciudadanas en defensa de la democracia, la paz y la libertad en Costa Rica

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, en representación de diversas organizaciones sociales y productivas del país, manifiesta su profundo respaldo a los distintos movimientos de manifestación, protesta y denuncia que se han expresado en las últimas semanas en defensa de la democracia, la paz y la libertad en Costa Rica.

Expresamos nuestro respaldo al pueblo de Cartago y al Frente de Lucha por el Hospital, que ha venido articulando sus demandas con claridad y valentía. Sus 12 puntos de denuncia evidencian las múltiples agresiones que esta provincia ha recibido, incluyendo el atraso en la construcción del nuevo hospital, el recorte presupuestario para la educación pública que afecta al TEC, la crisis tarifaria de AyA, la contaminación del recurso hídrico en la provincia, la inseguridad creciente y el abandono del sector agroalimentario, reconocemos la legitimidad de estas demandas y acompañamos su llamado a la acción.

A su vez, respaldamos la convocatoria del movimiento Somos Democracia, que ha llamado a una gran manifestación ciudadana este domingo 21 de septiembre en San José, para defender la democracia, la paz, el Estado Social de Derecho e institucionalidad democrática costarricense.

Invitamos a nuestras organizaciones, aliados y ciudadanía en general a hacerse presentes, levantar la bandera de la democracia y rechazar cualquier forma de autoritarismo, violencia o debilitamiento institucional.

En este contexto, se requiere urgente la apertura de un diálogo abierto con los sectores productivos nacionales, en especial con las personas productoras de arroz, papa, cebolla y café, que atraviesan una recesión económica de más de ocho meses sin respuestas institucionales claras.

En particular, respaldamos el movimiento de productores y productoras de arroz nacional, que se han manifestado a las afueras de la Asamblea Legislativa en defensa de la aprobación del proyecto de ley N.º 24.211, Fondo de Competitividad y Auxilio al Sector Arrocero, iniciativa clave para enfrentar los efectos de la “Ruta del Arroz”, las condiciones climáticas adversas y la creciente dependencia de importaciones.

Reiteramos que la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo no es una organización, sino una plataforma de articulación plural de diversos sectores sociales y productivos que participan de manera autónoma. Nuestro compromiso es seguir promoviendo la agenda de las distintas luchas sociales, acompañando las demandas legítimas de las comunidades y sectores, sobre todo, levantando con firmeza las banderas de la democracia, la paz y la libertad, especialmente en este mes de la patria.

Manifestación Nacional este domingo 21 convocada por Somos Democracia

Este domingo 21 de septiembre, a partir de las 9:00 a.m., se realizará la Gran Manifestación Nacional convocada por el movimiento Somos Democracia.

Se trata de un grupo de la ciudadanía que anunció la organización de una marcha para expresar su compromiso con la democracia, la paz, el Estado Social de Derecho y el bienestar nacional.

El movimiento expresa en redes que se trata de un espacio para visibilizar el interés de la población en fortalecer los valores democráticos que han caracterizado históricamente a Costa Rica.

Se le invita a ser parte de este esfuerzo que recorrerá desde el parque frente a la Iglesia La Merced hasta la Plaza de la Democracia.

Ciudadanía convoca a marcha en defensa de la democracia

Un grupo de ciudadanos costarricenses anunció la organización de una marcha para expresar su compromiso con la democracia, la paz, el Estado Social de Derecho y el bienestar nacional.

La actividad se llevará a cabo el domingo 21 de septiembre, a partir de las 9:00 a.m., como un espacio para visibilizar el interés de la población en fortalecer los valores democráticos que han caracterizado históricamente a Costa Rica.

Hacer política en un mundo en crisis

Por Arnoldo Mora

Como es lo habitual en el calendario político de nuestro país, este año, el último del gobierno de turno, tiene como protagonista a los partidos que buscarán el poder en las próximas elecciones, a celebrarse el primer domingo de febrero del 2026. El año se divide en dos: en la primera parte los partidos se vuelcan hacia dentro; es la época de elegir a sus candidatos, tanto en la fórmula presidencial, como en las papeletas provinciales para confeccionar la lista de candidatos a diputados. Lo novedoso en este año es que vivimos algo inusitado en nuestra institucionalidad democrática; cuando todo parecía sólido en las instituciones y claro en la razón de ser de lo que entendemos por “democracia”, los cimientos de la misma se ven sacudidos por la actitud asumida por el partido gobernante y, en especial, por las poses y medidas que un día sí y otro también, han caracterizado al presidente y su séquito. Este gobierno no tiene paragón en nuestra historia política…y no para bien. Todo lo contrario, muchos ciudadanos sentimos que este gobierno constituye una amenaza para nuestra institucionalidad democrática. Pero lo más grave es que el país está dividido como nunca desde la Guerra Civil de 1948. A pesar de lo insólito – o, quizás, precisamente por eso – de esta actitud del gobierno, cerca de la mitad de la población apoya al presidente como persona, aunque esto no significa que apoye o apruebe a sus altos funcionarios y a los diputados de la fracción oficialista. En cuanto a sus oponentes, tanto de los partidos que lo adversan como de amplios sectores de la opinión pública y de los medios de comunicación, la mayor parte de las críticas se dirigen en contra de la persona misma del presidente; es tan frecuente esta actitud, que da la impresión de que todos los ataques y amenazas que sufre nuestra institucionalidad democrática, deban ser asociados a lacras atribuibles a la persona misma del gobernante. Si bien es cierto que hay mucho en ello de verdad, dado que Rodrigo Chaves es un improvisado, que ha demostrado adolecer de una ineptitud supina para ejercer tan altas funciones, esto no obstante considero que hay un error de apreciación en esta afirmación, no porque sea falsa en sí, sino porque no ahonda en las causas de esta insólita y grave crisis que sufre nuestra vida republicana. Estas críticas serían totalmente válidas si no fuera porque el presidente, ya al terminar su período constitucional como gobernante, sigue gozando de una popularidad digna de mejor causa.

Por eso considero que los motivos para que en nuestra tradicional vida democrática haya surgido un fenómeno de esta naturaleza tiene causas, no sólo coyunturales propias de nuestro país, sino también – y esto es lo más grave- estructurales que van más allá de la manera de ser y pensar de los individuos que son los protagonistas de los eventos que hoy nos (pre)ocupan. Y cuando hablo de causas “estructurales” no me refiero sólo a la institucionalidad democrática de nuestro país, sino a lo que está pasando en el mundo entero, no tanto por la carencia de líderes o estadistas que estén a la altura de los retos del momento histórico actual, sino porque quienes tienen un papel protagónico en la escena política mundial, constituyen un retroceso, no son parte de la solución sino parte – y muy grave – del problema. No pocos de los líderes mundiales hoy son figuras espernibles, tanto por su trayectoria pública como por su vida privada. Me refiero a personajes como Trump que, por gobernar un país que ha sido el líder del mundo después de la II Guerra Mundial a pesar de que hoy acusa síntomas de una decadencia irrecuperable tanto dentro como fuera del país, sin embargo parece servir de modelo a sujetos detestables, tales como el genocida Benjamín Netanyahu en Oriente Medio, o Milei, Bolsonaro y Bukele en Nuestra América. La misma Europa gira peligrosamente hacia la extrema derecha; el fantasma de Hitler recorre no pocos pasillos del mundo político europeo. Es el mundo entero el que está en crisis, ya no sólo política sino de valores, lo que algunos llaman “crisis civilizatoria”. Occidente pierde la hegemonía que por siglos había mantenido sin rivales.

Nuestro pequeño país, situado en una zona geopolítica estratégica como es la Cuenca del Caribe, no podía permanecer al margen de un preocupante fenómeno de esta magnitud, tanto más cuanto que es la existencia misma de la especie la que está en juego. Frente a un desafío de esta magnitud, debe ser nuestro primer y principal deber cívico preguntarnos qué debemos hacer para asumirlo con posibilidades de éxito. Considero que lo que nuestro país está padeciendo como crisis afecta al concepto mismo de “democracia”, entendiendo por tal, no sólo la tradicional definición de un sistema político que expresa la voluntad popular. Democracia es el pueblo gobernándose a sí mismo y asumiendo libremente su destino como nación. Tal definición remonta a los lejanos tiempos de la Atenas de Pericles, cuna de la democracia; para los ciudadanos libres – que no pasaban de una quinta parte de la población – el “demos” (masa de los ciudadanos) ejercita el poder para construir la “polis” (sociedad racionalmente organizada) gracias a que se rige por la ley (“nomos”), que se inspira en el orden de la Naturaleza (“fysis”) que rige la armonía del Cosmos. Las revoluciones se dan cuando el incontenible dinamismo de las fuerzas sociales sobrepasa a las estructuras de poder. Es lo que hoy sucede en el ámbito mundial. Con la emergencia incontenible de China, es la humanidad la que se convierte en sujeto de la historia.

Pero volviendo a nuestro terruño, esta crisis mundial se ve reflejada en la crisis de nuestra tradicional institucionalidad democrática. Lo que entendemos los costarricenses por “democracia” nació como fruto de los procesos políticos de la Costa Rica del siglo XIX, cuya función histórica era la de forjar el Estado Nación. Logrado este objetivo, cuya culminación fue la constitución política de Guardia (1871) basada en principios liberales, se dan los eventos de Octubre 1889, que pone fin a los gobiernos autoritarios de la década y dan a luz una nueva concepción de democracia, aquella que se rige por los partidos políticos. La primera mitad del siglo XX tendrá como partido hegemónico al Republicano, cuyo mayor logro fue la creación del Estado de derecho, que nos evitará caer en las dictaduras que ensangrentaron nuestro vecindario. En la década de los 40s vendrá la “alianza inverosímil”, compuesta por el gobierno del republicano Dr. Calderón Guardia, la Iglesia de Monseñor Sanabria y el Partido Comunista de Manuel Mora, quienes crearon el Estado social, ensombrecida por la lucha de clases a partir de las elecciones de 1944, todo lo cual culminó en la Guerra Civil (1948); consecuencia de la cual nuestra vida política será hegemonizada por el Partido Liberación, cuya función era la de modernizar las estructuras del Estado según una concepción socialdemócrata ideada por Rodrigo Facio y ejecutada por José Figueres Ferrer. Este modelo político se verá cuestionado por la imposición imperial de “planes de ajuste” de tinte neoliberal a partir de 1985. Como reacción, en la segunda década de este siglo surgen en Nuestra América nuevos liderazgos, encabezados por las potencias regionales: el Brasil de Lula en América del Sur y el México de López Obrador-Claudia Sheinbaum en Mesoamérica.

Dentro de este nuevo contexto, Costa Rica debe repensar su tradición democrática. En este momento, su meta estratégica es defender y profundizar su mayor logro histórico: la creación del Estado social de derecho, en política doméstica y en policía exterior impulsar una diplomacia en pro de la paz basada en el respeto al derecho internacional, promoviendo los derechos humanos y en defensa de la causa ecológica. Para lograr esas metas, debemos dar prioridad a un sistema de educación pública de calidad en todos los niveles, como lo hicieron nuestros liberales con la reforma de Mauro Fernández (1886) en la educación básica, y Rodrigo Facio en la educación universitaria (Reforma de la Universidad en 1957). A este propósito hay que enfatizar que la mayor debilidad de nuestra educación pública se da en la secundaria; la solución está en formar profesores del más alto nivel profesional y ético; para ello el Ministerio de Educación debe comenzar por coordinar programas y cursos de emergencia, sobre todo en matemáticas, castellano e inglés, con las facultades de educación de las universidades públicas. La salud y la seguridad ciudadana combatiendo el narcotráfico y organizando a las comunidades, son los otros rubros que se deben promover como prioridad en los programas de gobierno que deben proponer los partidos en la campaña electoral que se avecina. Para ello se requiere de un Estado fuerte, transparente y eficiente, sometido al escrutinio permanente de una opinión pública bien informada. Los recursos del Estado se lograrán acabando con la evasión y elusión de impuestos.

Para terminar, deseo enfatizar que sería un error que, en esta campaña los partidos se enfrasquen en ataques y querellas entre ellos recurriendo a un lenguaje procaz. El mayor enemigo que enfrentamos, cualesquiera que sean nuestras preferencias electorales, no son los partidos rivales, sino el creciente abstencionismo, lo mismo que las fuentes de financiación de los partidos. Los inmensos recursos económicos que los partidos invierten en las campañas electorales, se dilapidan no en confrontaciones ideológicas inspiradas en nuestros mejores valores cívicos, sino en un “marketing”, donde se promueven a las figuras de los candidatos más que a los programas de gobierno. Por eso es indispensable que el Tribunal Supremo de Elecciones sea muy severo en el control de las fuentes de financiamiento de los partidos. Combatir la antidemocrática tendencia de quienes recurren a cualquier forma de financiamiento para satisfacer sus ambiciones políticas y controlar severamente las fuentes de donde viene el dinero que emplean los partidos para financiar su propaganda, es fundamental para preservar nuestra paz política y social y consolidar nuestra institucionalidad democrática. Tal es la función cívica por excelencia de la campaña que se avecina.

¿Qué fruto nos dará el árbol electoral cuya cosecha se recogerá en febrero?

Vladimir de la Cruz

Los cielos electorales se amplían cada vez más con candidatos a la presidencia de la República. Por ahora, hay 13 aspirantes con sus partidos políticos en marcha a la Casa Presidencial.

Ya definidos están ocho candidatos masculinos, José Aguilar del partido

Avanza, Fabricio Alvarado de Nueva República, Claudio Alpízar de Esperanza Nacional, Eli Feinzaig del Liberal Progresista, Juan Carlos Hidalgo de la Unidad Social Cristiana, Álvaro Ramos de Liberación Nacional, Ariel Robles del Frente Amplio y Fernando Zamora de Nueva Generación, y cinco candidatas mujeres, Natalia Díaz de Unidos Podemos, Claudia Dobles de Agenda Ciudadana, Laura Fernández de Pueblo Soberano, Luz Mary Alpízar de Progreso Social Democrático y Ana Virginia Calzada, expresidenta de la Sala Constitucional que se le ha mencionado con una candidata más.

De todos ellos, Fabricio Alvarado ya ha sido candidato en dos ocasiones anteriores, Natalia Díaz y Eli Feinzaig en una. De ellos, han sido o son diputados, Eli Feinzaig, Natalia Díaz y Ariel Robles, y ministras Natalia Díaz y Laura Fernández, lo que les da cierta atención de los focos de la tarima y pasarela electoral de los periódicos y periodistas. Los demás, por ahora, son primerizos candidatos presidenciales, aunque son personajes activos en la Política nacional.

En la tradición electoral a los nuevos candidatos casi no los toman en cuenta para la información periodística, para entrevistas y para considerarlos en las encuestas, que muchas veces se diseñan intencionadamente para lograr ciertos resultados, de conformidad a las preguntas que se hacen a los consultados en esas encuestas.

No se anuncian, aunque estén activos sus procesos de inscripción electoral, otros candidatos y sus partidos. Probablemente no llegarán a la lista de 25 candidatos de la campaña electoral del 2022. Coaliciones políticas solo una, la de los Partidos Acción Ciudadana y Agenda Nacional, y una mujer más de candidata que en el 2022.

Me da la sensación de que las mujeres van a tener más protagonismo que los hombres, aunque no necesariamente sea el batallón delantero de la carrera presidencial. De los candidatos masculinos a mi parecer la atención debería centrarse entre Claudio Alpízar y Ariel Robles, y entre las candidatas femeninas la atención se orienta hacia Laura Fernández, Natalia Díaz y Claudia Dobles. Los demás no dejan de ser importantes, pero no les están dando la importancia que merecen en los medios de comunicación.

Las encuestas que ya se vienen haciendo toman en cuenta o destacan obviamente a los candidatos de interés principal de las casas encuestadoras, lo que provoca resultados conocidos, reales sí, porque responden como se quiere a la forma como se pregunta.

Las casas encuestadoras no exhiben el cuestionario porque evidenciarían justamente la intencionalidad de lo que se busca orientar en las respuestas y, en cierta forma, la intencionalidad de ir provocando corrientes favoritas a favor de unos u otros candidatos, por exclusión de los otros.

Esto tiene su impacto en la campaña electoral, y en la voluntad de los electores, por cuanto, a la hora final de buscar financiamiento para la campaña electoral, los bancos se orientan por esas encuestas, que de plano castigan a los partidos y candidatos menos destacados o mencionados en ellas. Por su parte, el sistema electoral no le garantiza nada, literalmente nada, a los nuevos partidos y sus candidatos para financiar su campaña lo cual, de la práctica y tradición electoral nacional, esto es lo más antidemocrático del proceso electoral mismo.

Las maquinarias electorales de los partidos tradicionales, históricos, de muchas campañas electorales, que también han dirigido el país, que hoy están muy devaluadas, como los son los partidos Liberación Nacional, la Unidad Social Cristina y Acción Ciudadana, están muy débiles y fragmentadas a su interior, lo cual presagia tiempos difíciles en la tempestad electoral que se avecina. Acción Ciudadana va oculto en la Coalición Agenda Ciudadana, pero no ha evitado una erosión interna enorme, desde su dirección política nacional. La Unidad Social Cristiana está igual y Liberación Nacional en el plano público con una lucha intestina de su Quijote contra muchos Molinos de Viento, como la representación de las fuerzas del mal que internamente debe vencer por la mala imagen que se les atribuyen, aunque sean a la vez la historia viva de ese partido político, que es lo que podría destacar publicitariamente, debido a que de los 18 gobiernos que ha habido en el país desde 1953, nueve los ha ejercido Liberación Nacional, seis lo que se reúne en la Unidad Social Cristiana, dos en Acción Ciudadana y uno en el actual gobierno, que ha gobernado sin partido político gobernante. Puestas así las cosas, lo bueno y lo malo del desarrollo institucional nacional, se les debe a esos partidos políticos en la parte proporcional que les toca.

Ninguno de estos partidos plantea en sus orientaciones electorales nada de lo que han aportado positivamente al desarrollo nacional. Se ha perdido la conciencia histórica nacional del desenvolvimiento histórico político que tenemos, que distingue a Costa Rica en su sistema y régimen democrático. Pesan más, en el ideario nacional las cosas malas de los gobiernos, no así de la democracia nacional, porque aunado a ello también esos partidos, especialmente desde 1982 se han dedicado fina o abiertamente a desmantelar, en lo que pueden, el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho.

De estos tres partidos Liberación Nacional tiene una base social dura, fuerte, lealtades políticas consolidados todavía en la masa electoral nacional que se ha expresado con darle apoyo mayoritario en la Asamblea Legislativa, pero cada vez más decreciente. La Unidad Social Cristiana totalmente ha abandonado sus principios sociales y cristianos, y sus banderas de Reforma Social. Acción Ciudadana borró en su segundo gobierno lo poco bueno que se logró en su primer gobierno, al punto que ni siquiera provocó en la última elección apoyo para su papeleta de diputados, dura tarea la que tiene en este momento la candidata presidencial de este partido, primera dama del gobierno anterior, que no da pautas de cómo corregir los entuertos de ese gobierno, en lo que debería enfocarse.

Por ahora, todos los partidos y sus candidatos, exceptuando a Claudio Alpízar, de Esperanza Nacional y a Ariel Robles, del Frente Amplio, luchan y tratan de destacarse como los más fuertes conservadores políticos nacionales, seguidores o continuadores del actual presidente Chaves en sus políticas y acciones de gobierno, orientadas cada vez más a desbaratar lo poco que queda del Estado Social de Derecho.

El país necesita hoy mucha vitamina política, que no se está ofreciendo por los partidos políticos y sus candidatos presidenciales.

Los candidatos a diputados por ahora no cuentan, aunque ya se están definiendo los primeros puestos, que son los posibles a ser electos.

Están en estas próximas semanas próximos a madurar los frutos del árbol electoral costarricense hacia el 2026. ¿Cuántos de esos frutos se pasarán de maduros? ¿Cuántos se podrirán, se descompondrán, corromperán, estropearán o gangrenarán en el proceso electoral? Y, ¿cuántos de estos partidos y sus candidatos darán u ofrecerán su fruto político, al menos su néctar y aroma, con un buen sabor? Por ahora son insaboros, inodoros y casi incoloros…

Compartido con SURCOS por el autor.