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Etiqueta: Estado Social de Derecho

El Riesgo de un “Cambio” que desmantele el Estado Social de Derecho

JoseSo (José Solano-Saborío)

La victoria de Laura Fernández en febrero de 2026 no es un verdadero cambio de mando; representa el clímax de una visión política que busca redefinir los cimientos de la Segunda República. Lo que se presenta como “eficiencia” y “mano dura” contra el crimen oculta, en realidad, una ofensiva contra el sistema de pesos y contrapesos que ha hecho de Costa Rica una excepción democrática en la región.

La venta del BCR: ¿Solución fiscal o liquidación de activos sociales?

La propuesta de vender el Banco de Costa Rica (BCR) se vende bajo la premisa de reducir la deuda pública o salvar el sistema de pensiones de la CCSS. Sin embargo, el análisis riguroso sugiere que el impacto en el stock de deuda o un placebo para la solvencia del sistema de pensiones, que sería marginal —apenas un “vaso de agua para un incendio”— comparado con la pérdida de una herramienta de desarrollo y competencia bancaria. Al privatizar el BCR, el Estado renuncia a utilidades anuales que financian programas de seguridad social e infraestructura, entregando el mercado a un oligopolio privado que rara vez prioriza las zonas rurales o los sectores vulnerables. Igual sucede con la excusa de ayudar al sistema de pensiones de la CCSS, cuando el Gobierno tiene una billonaria deuda que, de pagarla le permitiría a la institución administrar sus propias soluciones estructurales.

La reelección continua: El espejismo de la estabilidad

El debate sobre la reelección continua e indefinida es, quizás, el síntoma más alarmante de un personalismo ascendente. Costa Rica ha evitado el caudillismo precisamente gracias a la alternancia obligatoria. Permitir la reelección inmediata no fortalece la gestión; crea un incentivo perverso para utilizar los recursos del Estado en función de la campaña permanente, erosionando la equidad electoral y concentrando un poder que, históricamente en América Latina, tiende a no querer retirarse.

El asalto a la Judicatura y al TSE

La intención de modificar el sistema de elección de magistrados y jueces para que dependan más directamente de mayorías políticas circunstanciales es un ataque al corazón de la independencia judicial.

Poder Judicial: Si los jueces se eligen por criterios políticos, la justicia deja de ser ciega para volverse servil.

TSE: Cambiar las reglas del Tribunal Supremo de Elecciones es jugar con el árbitro. La legitimidad de nuestras elecciones descansa en un TSE técnico e independiente, no en uno capturado por el oficialismo de turno.

La “mano dura” y el Estado de Excepción

La narrativa de suspender garantías individuales bajo el pretexto de la seguridad ciudadana es una pendiente peligrosa. Aunque el artículo 121, inciso 7 de la Constitución permite la suspensión de garantías en casos de extrema necesidad, su uso como promesa de campaña normaliza la excepcionalidad. El modelo de “seguridad” que ignora los derechos humanos puede ofrecer resultados inmediatos, pero a largo plazo debilita las instituciones y deja al ciudadano común indefenso ante posibles abusos de poder.

¿Qué debe hacer la oposición?

Ante un oficialismo que cuenta con 31 escaños —una mayoría simple sólida pero no calificada (38 votos)—, la oposición tiene el deber histórico de:

Unidad programática: Dejar de lado el fraccionamiento para formar un bloque de contención que proteja la Constitución.

Control político riguroso: No basta con decir “no”; es necesario proponer alternativas estructurales para la inseguridad y la deuda que no impliquen el desmantelamiento del Estado.

Movilización ciudadana: Informar a la población sobre las implicaciones técnicas de estas reformas, rompiendo la burbuja de la retórica populista.

La democracia costarricense no se pierde en un día; se desgasta en cada decreto que ignora un contrapeso y en cada ley que debilita una institución. La vigilancia debe ser absoluta.

Costa Rica: un proceso electoral sin democracia

Juan Huaylupo Alcázar

En Costa Rica conquistamos, respetamos y admiramos los procesos electorales por ser un derecho individual, que se ha convertido en una apuesta legal y en un juego político ciudadano que sabe, cree o se imagina ser quien decide el destino político nacional, aun cuando la decisión individual adquiere significación solo con la totalidad de los votos. La elección es un proceso técnico-instrumental, no es ni representa la democracia, tampoco la libertad ni la democracia son expresiones individuales, son sociales.

La individualidad se unifica en las elecciones, pero sin concertación, dialogo ni comunidad de ideas, en un contexto donde las preferencias del voto no se divulgan, es secreto y personal. No obstante, aparenta ser un voto colectivo que no es presagiado por ningún partido ni los rentables negocios de la manipulación cuantitativa de las opiniones, que son especulaciones parciales, parcializadas y especulativas que denigran la epistemología contemporánea y el conocimiento científico.

Si bien los resultados electorales no son un albur, hay una comunidad de ideas sobre nuestra realidad fáctica de los partidos políticos, de sus dirigencias y su comprometido pasado; sobre la educación de nuestros hijos; de la atención de la salud pública, de la corrupción y crisis de la institucionalidad pública; del costo de vida, de la usura, trato y discriminación social y etaria en las entidades financieras; del infinito rezago en resolver las demandas judiciales y de las profundas y evidentes contradicciones entre las absolutas resoluciones constitucionales; de la creciente inseguridad ciudadana; de los obsoletas y las corruptas componendas en el transporte público; de los impuestos temporales que se cobran infinitamente como con la renovación de hidrantes; de los modos como las municipalidades esquilman los recursos ciudadanos con servicios y costos inventados, de una fuerza pública que no previene, que solo aparece en los desalojos y en los recurrentes accidentes y asesinatos; de las autoridades y gobernante que solo justifican sus incapacidades con agresiones contra las instituciones y la inteligencia ciudadana, etc.

Estas son algunas de las muchas inconformidades en la cotidianidad de la sociedad civil, de los que no formamos parte del aparato estatal, que constituimos y plasmamos una comunidad de pensamientos y sentimientos. Esa es la comunidad descontenta que decidió el resultado electoral, sin haberse manifestado en protestas ni movimientos sociales, salvo honrosas excepciones de los agricultores y las luchas por la devolución del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) que está siendo apropiado por las operadoras privadas y estatales.

El descontento existe aunque silencioso, porque la individualidad no se manifiesta en acciones colectivas, porque no se tiene la convicción de lo justo de nuestras demandas, porque no creemos ser los suficientes para alcanzar nuestros derechos y anhelos de justicia, porque nuestra cultura e historia nos impone una regularidad que nos limita cuestionar el poder constituido o, porque estamos esperanzados en el “papá Estado” resuelva la problemática ciudadana, el cual contradictoriamente es el causante de las angustias, miedos y quien, en nuestro nombre, decide el presente y futuro cercano nacional.

Estamos disconformes en una evidente crisis política, mientras el gobernante y su futura heredera, conspiran contra la institucionalidad pública a quienes le otorgamos la facultad de gobernar, no para instaurar una tiranía. Nuestra ciudadanía fue defraudada y engañada ante el malestar existente que confió en la mentira infantil “no me dejaron hacer nada”, aun cuando es quien paradójicamente crea las angustias y miedos desde el poder estatal, como otros en nuestra América, aquí el gobernante grita, ofende e insulta, abusando de nuestra tolerancia, mientras destruye la institucionalidad para monopolizar absolutamente el poder del Estado e imponer una reestructuración de la sociedad, que sin participación, debate ni decisión ciudadana pretenderá imponerse con una legalidad indigna y tiránica.

Estamos viviendo en Costa Rica y en el espacio latinoamericano un proceso de instauración de regímenes totalitarios con triunfos electorales en Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Nicaragua, Guatemala, El Salvador o Venezuela que evidencian no ser representantes de la pluralidad social que desprecian, para encarnar intereses ajenos a la ciudadanía, al progreso social y la democracia. El descontento y la crisis sin alternativas sociales, políticas ni económicas han sido en la historia, procesos que han nutrido las formas más sanguinarias y regresivas que ha conocido la humanidad.

Nuestra ciudadanía muestra coyunturalmente su incapacidad orgánica, analítica y de acción colectiva, importantes en el pasado, pero imprescindibles ante un gobierno que expresa ser continuador de la destrucción del Estado Social de Derecho, que sin dialogo, análisis, debates ni oposición consistente, ya anuncia la supresión de las garantías ciudadanas, así como amenaza a la oposición, algunos medios y a todos que ofrezcan resistencias ante la liquidación de las conquistas sociales e históricas que fundaron el Estado moderno costarricense.

¿Tercera República o puro voluntarismo político?

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Lo que está haciendo Laura Fernández es convertir un concepto histórico sólido, en algo banal y hueco de contenido.

En el debate político reciente ha comenzado a circular con insistencia la idea de que Costa Rica estaría transitando desde la Segunda República nacida en 1949, después de una cruenta guerra civil y acto seguido, una pacificadora Constituyente, en una supuesta “Tercera República”. La noción ha sido invocada tanto por analistas cercanos al poder como por figuras del actual oficialismo. Sin embargo, lejos de constituir una idea que exprese con rigor científico algo serio, dicho planteamiento revela un marcado sesgo voluntarista, carente de sustento sociológico, politológico e histórico. Conviene, por tanto, someter esta tesis a un examen crítico.

Voluntarismo político y ausencia de condiciones estructurales

Las transiciones republicanas NO se producen por la mera voluntad de un liderazgo, ni solamente por la retórica, el discurso de un gobierno, por más que éste haya surgido genuinamente de elecciones legítimas. Históricamente, el paso de una república a otra supone la concurrencia de condiciones estructurales, es decir la emergencia de un bloque social articulado, o sea fuerzas políticas y sociales orgánicas, una ideología relativamente coherente y, casi siempre, un momento constituyente explícito que redefine las reglas del juego. Nada de ello se verifica hoy en Costa Rica.

Ni el Partido del Pueblo Soberano (PPSO), que acaba de ganar las elecciones, con Laura Fernández a la cabeza, ni el vehículo electoral que llevó a Rodrigo Chaves a la presidencia, un partido “taxi” llamado Partido Popular Social Democrático (PPSD), hoy en otras manos, constituyen partidos políticos en sentido estricto. Se trata de instrumentos electorales coyunturales, o sea momentáneos, carentes de organización territorial, de cuadros estables, de cultura partidaria y ayunos además de un verdadero proyecto histórico. Pretender que desde estas plataformas se geste una Nueva República equivale a confundir contingencia electoral con transformación estructural del régimen político.

El antisistema costarricense: protesta sin proyecto

El apoyo social al actual gobierno proviene, en gran medida, de sectores heterogéneos que comparten una experiencia común de desprotección real o percibida de los beneficios acarreados por el Estado social de derecho. A ello se suma una cultura política fragmentaria, con bajo apego institucional, que ha sido representada eficazmente por figuras todavía “no políticas” en su mayoría, quiénes hacen gala de un lenguaje confrontativo, vulgar y emocionalmente cargado.

Esta reacción antisistema en Costa Rica no constituye un sujeto histórico con vocación fundacional. No expresa una voluntad constituyente, ni articula un proyecto republicano alternativo. Es más bien, una reacción social cargada de resentimiento, justificado o no, episódica y desarticulada, que busca llevar adelante un castigo simbólico y significativo contra sus oponentes, así como un desahogo discursivo antes que una reconfiguración consciente del orden político.

Hay en esta “reacción social y política” una intención de erosionar la institucionalidad y de establecer límites reales al poder que se deriva de La Constitución

Debe reconocerse que existe una intención deliberada por parte del presidente Rodrigo Chaves y de figuras como Laura Fernández de erosionar la legitimidad simbólica de instituciones claves del Estado costarricense. Instituciones como la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Procuraduría General de la República, la Contraloría General y el Organismo de Investigación Judicial, han sido objeto de ataques reiterados que, en la mayoría de los casos, carecen de fundamento técnico o jurídico sólido. Además, con frecuencia inusual, las principales figuras del oficialismo arremeten contra todos aquellos medios de prensa que se han opuesto al autoritarismo y la arbitrariedad propios del gobierno vigente.

Sin embargo, intención no equivale a capacidad efectiva. Estas instituciones conservan altos niveles de legitimidad social, autonomía funcional y autoridad normativa. No se ha producido su captura, ni el desacato sistemático a sus resoluciones. Lo que observamos es una estrategia de desprestigio discursivo; por fortuna no se ha dado todavía un proceso exitoso de demolición institucional, o dicho de manera simple de destrucción de la “Casa común”, el Estado Social de Derecho. Aunque, este lenguaje vulgar y procaz sí le ha servido al presente “populismo autoritario”, para captar vasto apoyo social de parte de sectores descreídos de la democracia y que, en una gran parte se volvieron antisistema.

Elecciones, legitimidad y continuidad republicana

Un dato empírico fundamental debilita de manera decisiva la tesis de la transición republicana hacia la invocada “Tercera República”: la plena vigencia y legitimidad del sistema electoral. También se puede afirmar que, aunque se evidencia una intención de destrucción por la parte gubernamental, de Chaves o de la presidenta electa Laura Fernández y algunos de sus diputados, en lo medular, el Estado Social de Derecho que, ciertamente amerita reformas democráticas, se mantiene erguido. Las elecciones continúan siendo reconocidas como el mecanismo central de designación de autoridades, el Tribunal Supremo de Elecciones mantiene prestigio transversal y los resultados de las recientes elecciones no han sido cuestionados de forma significativa.

Más aún, tras siete procesos consecutivos de aumento del abstencionismo, el último ciclo electoral registró una reducción de este abstencionismo cercana a diez puntos porcentuales. Este hecho resulta incompatible con cualquier diagnóstico serio de colapso republicano. Ninguna república se extingue mientras su mecanismo electoral conserve legitimidad social efectiva.

La “Tercera República” como ideología prestada

La insistencia en hablar de una “Tercera República” parece cumplir una función distinta: dotar de densidad, sustento o contenido ideológico a un poder que, en este momento carece de todo ello. Ciertos analistas han ofrecido al oficialismo un relato grandilocuente que pretende sustituir la ausencia de proyecto por una narrativa refundacional superflua que no refleja la realidad; por lo pronto no hay nada nuevo bajo este cielo blanco, azul y rojo.

Las intervenciones públicas de Laura Fernández son ilustrativas. La invocación solemne a la “Tercera República” estuvo carente de contenido. En efecto, la presidenta electa se mostró incapaz de caracterizarla histórica o sociológicamente, su posterior intento de explicación derivó en un concepto extremadamente banal. Palabras sueltas, desprovistas de coherencia, no constituyen una categoría histórica ni un horizonte político reconocible.

Conclusión

Costa Rica no está transitando hacia una Tercera República. Lo que presenciamos es un intento discursivo de deslegitimación del orden de la Segunda República, impulsado por un liderazgo personalista que, de momento carece de base orgánica, y también de proyecto histórico robusto; tal liderazgo busca reemplazar la solidez que aún muestran la mayoría de las instituciones por apelaciones emocionales, confrontativas y arbitrarias.

Confundir este intento con una transición republicana real no solo es analíticamente infundado e incorrecto: es políticamente riesgoso, pues trivializa los verdaderos procesos de ruptura histórica y subestima la resiliencia, la fuerza y resistencia —aún notables— de la institucionalidad costarricense.

Así pues, la Segunda República no enfrenta su acta de defunción como lo quisiera el oficialismo y sus ideólogos, algunos de los cuales se mueven tras bambalinas. Enfrenta, más bien, una fase de tensión, desgaste y disputa simbólica, que exige análisis riguroso y responsabilidad intelectual, no voluntarismo ideológico.

Desafíos autoritarios al Estado social de derecho: un programa para analizar y resistir

La Universidad para la Cooperación Internacional (UCI) mantiene abierta la matrícula del programa “Desafíos autoritarios al Estado social de derecho”, una propuesta formativa orientada a analizar críticamente el avance de discursos y prácticas autoritarias que, en distintos contextos, precarizan la vida ciudadana y debilitan la democracia.

El programa parte de un diagnóstico claro: vivimos una aceleración del autoritarismo que impacta ámbitos centrales como la gobernanza, la seguridad democrática, la movilidad humana, el ambiente y las múltiples expresiones de la violencia. Frente a este escenario, la iniciativa propone que el análisis riguroso y multidisciplinario es, en sí mismo, una forma de resistencia democrática.

Con una duración total de cinco cursos y veinte sesiones, el programa se desarrolla mediante clases virtuales en formato de videoconferencia, cada sesión con una duración de tres horas. Las lecciones se impartirán los lunes, de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. (hora de Costa Rica), iniciando el 9 de marzo.

El enfoque académico es multidisciplinario, integrando aportes de la ciencia política, la economía, el derecho, la ecología, la criminología y la sociología. Esta perspectiva permite abordar los desafíos contemporáneos del Estado social de derecho desde distintos ángulos, sin reducir el análisis a una sola disciplina.

Entre los contenidos específicos del programa se incluyen:

  • Democracia, estado de derecho y garantismo en el contexto de la globalización y el malestar contemporáneo.

  • Política penal y fundamentos criminológicos.

  • Gobernanza de la movilidad humana, migración, derechos y políticas de control.

  • Derecho ambiental y gobernanza en la sociedad del riesgo.

  • Violencia, crueldad y hospitalidad en la cultura contemporánea.

El cuerpo docente está conformado por profesores y profesoras de reconocida trayectoria internacional, entre ellos Iñaki Rivera Beiras, Iñaki Anitua, Gabriela Oviedo Perhavec, Rafael González Ballard, Eduard Müller Castro y Mónica Vul.

El programa está dirigido a personas profesionales y estudiantes de las Ciencias Sociales, así como a toda persona comprometida con los debates centrales de nuestro tiempo, especialmente aquellos vinculados con democracia, derechos, gobernanza, migración, ambiente y violencia.

La UCI subraya que, ante el avance del autoritarismo, comprender sus dinámicas, discursos y efectos resulta clave para fortalecer la defensa del Estado social de derecho y de las libertades democráticas.

Para más información e inscripciones, las personas interesadas pueden contactar a la organización del programa a través del correo info@uci.ac.cr o los teléfonos 2283-6464 y 4037-5710.

Elecciones en Costa Rica 2026: de la rebelión de las clases medias a la rebelión de los olvidados. ¿Qué hacer?

Henry Mora Jiménez

Frente a las desgracias, las derrotas y las frustraciones, debemos buscar explicaciones y salidas, no chivos expiatorios.

La rebelión de los olvidados

Hace unos quince años el sociólogo costarricense Carlos Sojo (†) denominó la irrupción del Partido Acción Ciudadana (PAC) en las elecciones presidenciales del 2002 como una “rebelión de las clases medias”, advirtiendo que fueron sobre todo estos sectores urbanos los que preferentemente apoyaron a su tres veces candidato presidencial Ottón Solis Fallas y su discurso basado en la ética en la función pública y en recuperar el papel del Estado como promotor del desarrollo económico y social.

Conocemos el desenlace de esta frustrada rebelión: después de ocho años en el gobierno (2014-2022), el PAC no obtuvo ningún diputado en las elecciones de 2022.

Parece que hoy asistimos a una nueva rebelión de importantes sectores de la población, pero esta vez se trata de costarricenses en su mayoría de estratos bajos y medio-bajos, abrumadoramente de zonas costeras y rurales y con un prolongado retraso en desarrollo humano (“zonas periféricas”). Pero sorprendentemente (o quizás no tanto a la luz de la tendencia mundial), esta rebelión la promueven y lideran personajes de la plutocracia costarricense con aspiraciones a convertirse en la nueva oligarquía: conservadores, neoliberales y de derecha autoritaria; admiradores de Trump, de Bukele y hasta de Netanyahu.

¿Cómo hemos llegado a esta situación? Los antecedentes inmediatos

Primero aclararemos rápidamente el resultado electoral y sus antecedentes inmediatos. En 2022 Rodrigo Chaves Robles, un ex tecnócrata del Banco Mundial alcanza la presidencia de la República en segunda ronda, venciendo al liberacionista José María Figueres Olsen. Chaves se presentó en las elecciones como un competente gerente de la cosa pública (tal cual empresa privada), un enemigo de la histórica corrupción que aqueja al país y un “outsider” sin compromisos con la clase política tradicional. Pero una vez establecido en el gobierno dejó claro que su proyecto político no consistía simplemente en administrar mejor los recursos públicos (promesa que no logró), sino, en refundar la República. Cuatro años después, a pesar de no presentar ningún logro importante de su propia autoría, sigue teniendo un respaldo popular de casi el 60%, incluso entre personas que reconocen que su gobierno no ha sido bueno. ¿Cómo lo hizo? Repasemos los elementos explicativos más importantes: i) se ha comunicado con la población de manera cercana, coloquial e incluso estridente (él mismo se define como un pachuco), ii) desde su elección ha estado en campaña electoral permanente, preparando el terreno para su sucesor o sucesora, iii) ha culpado a los otros poderes de la república de no dejarle gobernar, iv) ha colocado a la Contraloría General de la República como los chivos expiatorios de sus proyectos malogrados; v) pero quizás lo más importante, logró crear una identidad de grupo (a pesar de todos sus exabruptos), con al menos la mitad del país.

Así, muy pronto comenzó a repetir el estribillo de que sin 40 diputados en la Asamblea Legislativa era casi imposible transformar el país.

También el presidente Chaves (y esto resulta paradójico), ha socavado las dos instituciones insignias del Estado Social costarricense: la Caja Costarricense del Seguro Social y la educación pública. Y entre sus fracasos más estrepitosos destaca la grave ola de delincuencia, crimen organizado y narcotráfico que hoy azotan a Costa Rica y que se dispararon precisamente durante su gobierno. Pero de manera retorcida y sarcástica, ha convencido a sus seguidores (a menudo fanáticos que lo ven como un Moisés) de que estos problemas no existen, no son tan graves como los críticos señalan, o son el resultado de causas ajenas a su responsabilidad.

Y así llegamos a la reciente contienda electoral, con la politóloga conservadora Laura Fernández como su sucesora y la llamada a allanar el camino para el regreso del mesías Chaves en 2030, algo improbable, pues ello requiere una reforma constitucional difícil de lograr.

La hoy presidenta electa Laura Fernández logró lo que parecía casi imposible hace seis meses: un sólido triunfo electoral en primera ronda con el 48% de los votos válidos emitidos y una bancada de 31 diputadas y diputadas (dos más que mayoría absoluta en un Congreso de 57 diputaciones, pero 7 menos para lograr la mayoría calificada), la fracción legislativa más grande para un partido oficialista desde 1982; con una clara ventaja sobre su inmediato seguidor, el socialdemócrata Alvaro Ramos, que obtuvo 33% de los votos y 17 diputaciones. Más abajo, en un tercer lugar, el partido de izquierda democrática Frente Amplio, con 7 diputaciones.

El partido de Laura Fernández (Pueblo Soberano) venció de forma arrolladora especialmente en las zonas rurales, urbano marginales, costeras y, en general, en los cantones de menor desarrollo económico y social. El pueblo raso creyó en sus promesas y se volcó en su apoyo. La mayoría de sus seguidores ignoran seguramente que el proyecto político de Laura Fernández es claramente conservador en lo ideológico, neoliberal en lo económico y de derecha autoritaria en lo político; pero en la cultura poco politizada de la Costa Rica actual, estas denominaciones importan muy poco.

¿Cómo llegamos a esto? Los factores de más largo plazo.

Don Cristian Cambronero (a quien no tengo el gusto de conocer), hizo circular recientemente en su muro de la red social X la siguiente reflexión:

Lo escrito por el señor Cambronero es, sin duda, una parte muy cierta de la explicación, pero solo una parte. Los años 50’s -70’s del siglo pasado fueron años de esperanza en Costa Rica, el Estado social posibilitó el ascenso económico de muchos y la conformación de una pujante clase media. En cambio, los años 1980-2020 fueron años de alto crecimiento de la desigualdad, de prosperidad económica para solo una quinta parte de la población, de crisis en la educación y en la salud públicas, de vejez sin pensión para muchas y muchos, de una línea de pobreza estancada en el 20% de las familias, de infraestructuras cada vez más deterioradas, de políticas públicas contra el agricultor de pequeña escala, de fuerte crecimiento en el empleo informal, de sonados casos de corrupción, etc., etc.

Este es el “caldo de cultivo” al que se refiere don Cristian. Y ciertamente, más allá de muchos estudios diagnósticos de biblioteca, poco se hizo para impedir la aparición del populismo de derecha en las elecciones del 2022.

Otros aspectos circunstanciales para tener en cuenta

Pero si nos ubicamos en el 2026, otros factores deben ser tomados en cuenta (entre muchos otros), no necesariamente coyunturales, porque han sido recurrentes en la política electoral costarricense.

1. Él clientelismo agresivo y sistemático que practicó PPSO y el propio gobierno en las comunidades más empobrecidas del país (y que aprendieron de estrategias electorales similares practicadas en el pasado por el PLN, el PUSC y más recientemente, por el partido de Fabricio Alvarado).

2. Los miles de millones de dudosa procedencia que el PPSO gastó en la campaña electoral, más dinero que todos los demás partidos juntos, y que sirvió no solo para publicidad y propaganda, sino también para comprar operadores políticos y lideres de barrio.

3. La eficaz campaña comunicativa emprendida para convencer a los «básicos» (término utilizado por la diputada oficialista Pilar Cisneros) de las certezas de su narrativa, tanto en los medios, las redes como en las comunidades que el presidente visitaba.

4. La organización casi militar que aplicaron el día de las elecciones, cazando votos casa por casa, cuerpo a cuerpo, antes y después del 1 de febrero.

5. La transferencia de la popularidad de Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros en favor de la candidata Laura Fernández. Este traslado de popularidad no fue del 100% pero sí suficiente para ganar en primera ronda. Imperó “la continuidad del cambio”.

6.La incapacidad de la oposición para traducir los graves problemas del país (violencia e inseguridad especialmente) en incredulidad hacia las propuestas de Laura Fernández y en rechazo al continuismo.

La Costa Rica de la “Tercera República” (¿o una República de tercera?)

En su discurso de la victoria el pasado 1 de febrero en altas horas de la noche, Fernández se autoproclamó cofundadora de la Tercera República (en alusión al supuesto final de la Segunda República nacida en 1948 con el desenlace de la guerra civil de ese año); anunció nuevas reglas para el funcionamiento de la democracia (sic), advirtió a los medios de necesarias limitaciones de la libertad de prensa y a la oposición de que no podrá seguir haciendo “obstruccionismo” en la Asamblea Legislativa. Pero en realidad se trata de la amenaza de terminar con lo que queda del Estado social de derecho que ha prevalecido en Costa Rica durante los últimos 75 años: privatización de la salud pública, educación pública centrada en conocimientos básicos para las mayorías, fin de la banca estatal, privatización total de la generación y la distribución eléctrica, mayor apertura comercial (iniciando con un tratado de libre comercio con Israel), borrar todo vestigio de soberanía alimentaria, fin de la independencia de poderes, degradación e instrumentalización de las instituciones contraloras del ejercicio público y del cumplimiento de los derechos humanos, reforzamiento de los valores cristianos tradicionales (sic), etc., etc. en fin, la “bukelización” de Costa Rica.

¿Y ahora qué?

La primera tarea de un Movimiento Nacional por la Justicia Social y la Democracia es impedir la consolidación histórica del bloque de derecha autoritaria que se aglutina en torno a los nuevos oligarcas del PPSO. Resulta altamente improbable que puedan presentar a Rodrigo Chaves nuevamente como candidato en 2030 (la Constitución no lo permite), pero en estos cuatro años se han vuelto duchos en demagogia y manipulación, así que lo seguirán intentando.

Lograr este objetivo tiene su anverso positivo:

  1. La conformación de un gran movimiento de unidad nacional con una agenda programática de defensa de la democracia, los derechos humanos y laborales, el Estado social, la seguridad ciudadana, e incluso (hoy hay que advertirlo ante la amenaza del partido vencedor), las garantías individuales de la población. Pero muy especialmente, la integración social de “los olvidados”, revirtiendo las brutales diferencias entre la Costa Rica urbana y la rural, entre la “costa pobre” y la “costa rica”.

  2. Esta unidad tiene que lograrse en todos los frentes, en la Asamblea Legislativa y en la sociedad civil, en los partidos políticos democráticos, en los movimientos sociales, feministas, ecologistas y sindicales, en las comunidades, en las universidades públicas, en las iglesias, en los territorios y un largo etc.

  3. En los campos estratégicos de la educación política, de la ética, de la solidaridad, de la comunicación (virtual y presencial), de la conversación y discusión grupal, de la resistencia, de la economía solidaria, de la cultura, etc.

Podemos complementar lo anterior con tres llamados para la acción:

  1. Rechazar y denunciar permanentemente y con pedagogía popular (lo que no se ha logrado) la erosión democrática siempre que ocurra la amenaza. Hacer público cada ataque a las instituciones y a los derechos humanos, a la seguridad social, a la educación pública y contrarrestar masivamente la desinformación con información clara y verificada.

  2. Utilizar todas las vías institucionales y legales (tribunales, parlamento, plebiscitos) para frenar reformas autoritarias, apostando por una movilización social masiva y pacífica siempre que sea necesaria y que fortalezca la legitimidad de estas acciones ante la población (lo que tampoco se ha logrado aun).

  3. Construir una amplia alianza democrática transversal que supere divisiones políticas históricas (y también las personalistas), buscando activamente la incorporación a esta alianza de conglomerados clave (como las Iglesias, los sindicatos, los empresarios) y la solidaridad internacional. En la Costa Rica actual, la batalla por la hegemonía ideológica, política y cultural ha pasado de ser una advertencia de intelectuales a una realidad ya impuesta.

Porque defender la democracia y el Estado social no es solo resistir el avance de la noche autoritaria, es construir, mano con mano y sin descanso, el amanecer que todas y todos nos merecemos.

¿Hacia una Tercera República o una República de Tercera?

Vladimir de la Cruz

En términos generales la Historia de Costa Rica la podemos dividir en grandes períodos. El primero, el del surgimiento del territorio, su conformación geológica, geomorfológica, el de sus ambientes naturales y ecológicos, el de sus paisajes geográficos, su desarrollo hidrológico, su modelado fluvial, sus tipos de relieves, sus suelos, los paisajes naturales y diversas zonas de vida vegetal, que siguen siendo la base del territorio, y de los factores culturales, sociales, económicos y políticos que en ese territorio se fueron dando. El segundo, el del poblamiento migracional antiguo hasta el establecimiento de sociedades humanas, sencillas y complejas, las tribales y cacicales. El tercero, el del contacto con las exploraciones europeas, españolas, en su período de conquista y el período de la colonia, el de la formación política de Costa Rica como parte del Reino de España, del Virreinato de Nueva España o México, el de la Capitanía General de Guatemala o el Reino de Guatemala y el de la Provincia de Costa Rica en ese contexto. El cuarto, el del período de la Independencia, desde 1808 hasta 1821, con sus particularidades en el contexto de la Independencia de América, con la desintegración del colonialismo español y el surgimiento de las sociedades, regiones o países independientes. El quinto, el del inicio de la vida independiente.

A partir de la Independencia, declarada el 29 de octubre de 1821, tenemos, del mismo modo, un primer periodo, corto, el período de Las Juntas de Gobierno, 1821-1824, un segundo período, el de la incorporación de Costa Rica y del establecimiento del Estado de Costa Rica, 1824-1838, en la República Federal de Centroamérica, 1823, cuando se estableció la Asamblea nacional Constituyente que la originó hasta 1839, el período de la República de Costa Rica, 1848 – 2026.

En términos generales desaparecida la República Federal de Centroamérica se mantuvo su imagen hasta que los Estados que la constituían iban surgiendo como Repúblicas, y desarrollando sus propias relaciones exteriores en la década de 1840-1848.

El período de la República, a su vez puede dividirse en dos grandes períodos. El de la República, desde 1848 hasta 1948 y el de la llamada Segunda República desde 1948 hasta momento actual, 2026.

Las autoridades políticas de Costa Rica, desde esta perspectiva, las podemos considerar, en su conjunto de la siguiente manera: Caciques indígenas, Reyes de España y Virreyes de México, Gobernadores y Autoridades Superiores de la Capitanía General de Guatemala y de Centroamérica, que se proyectaron sobre Costa Rica, Autoridades Superiores de la Provincia de Costa Rica durante la dominación española, la Autoridades Políticas de las Juntas de Gobierno al iniciar la Independencia, los Presidentes de la República Federal de Centroamérica, los Jefes de Estado de Costa Rica cuando pertenecimos como Estado en la República Federal de Centroamérica y los Presidentes de la República, a partir de 1848 hasta nuestros días.

En la Asamblea Legislativa se reconoce como autoridades a los Jefes de Estado y a los Presidentes, con sus retratos o pinturas, del período independiente. Falta allí, por lo menos, la lista de quienes dirigieron el país, bajo las Juntas del Gobierno del período inicial de la Independencia, 1821-1824 y la de los Presidentes de la República Federal, 1823-1839.

Durante la República de Costa Rica tuvimos las Constituciones Políticas de 1848, 1859, 1869, 1871, 1917. La Constitución de 1917 correspondió al período de la Dictadura de Federico Tinoco, 1917-1919.

La de 1871 en ocasiones fue suspendida y restablecida con modificaciones en 1871, en 1882 y en 1919 cuando cayó la dictadura de Tinoco. Fue finalmente suspendida por los acontecimientos de marzo-abril de 1948, la llamada Guerra Civil de 1948, que dieron origen al establecimiento de la Junta de Gobierno, 1948-1949, que se autodenominó Junta Fundadora de la Segunda República.

La Constitución del 10 de febrero de 1847 es del Estado de Costa Rica, mientras que la del 30 de noviembre de 1848 se establece como Constitución de la República de Costa Rica.

La República de Costa Rica fue establecida por el Congreso Legislativo del Estado de Costa Rica, el 30 de agosto de 1848, lo que fue ratificado el 31 de agosto de 1848, fecha a partir de la cual se reconoce la Declaratoria de la República, por el Jefe de Estado en funciones y Primer Presidente José María Castro Madriz, título de Presidente que se consagró constitucionalmente el 30 de noviembre de 1848.

Cuando se aprobó la Constitución Política de 1949, el 7 de noviembre de ese año, no se consignó que la Constitución fuera la Constitución de la Segunda República.

¿En qué descansó el pronunciamiento de Figueres de su Declaratoria de Segunda República? A mi modo de ver, entender y comprender el contexto de la década de 1940-1949 fueron dos factores fundamentales: primero, el centenario de la Declaratoria de la República, en 1948 y segundo, las consideraciones que Figueres y el grupo insurgente hacía de los gobiernos de Rafael Ángel Calderón Guardia y Teodoro Picado, de corruptos, nepóticos, fraudulentos electoralmente, que por sus hechos habían dado al traste con la República, la que había que refundar.

Así surgió la Segunda República de Costa Rica, sin asidero constitucional. ¿Qué le dio contenido y fuerza a la Segunda República? Las medidas y políticas que se tomaron por Decretos Leyes durante la Junta de Gobierno y las políticas de los gobiernos iniciales una vez que Otilio Ulate asumió la Presidencia de la República el 7 de noviembre de 1949, con la Constitución vigente a partir de ese momento, que incluía las Garantías Sociales que se habían aprobado en 1943, junto al Código de Trabajo que se mantuvo, a la par de la CCSS y la Universidad de Costa Rica, como los grandes pilares del Estado costarricense. A ello se sumó la nacionalización bancaria, la nacionalización de los recursos hidroenergéticos, la creación del ICE. Constitucionalmente se fortalecieron mecanismos de control de la administración pública, se creó la Contraloría General de la República, se desconcentró el Poder Ejecutivo, se fortalecieron autonomías institucionales, se debilitó el presidencialismo existente, se fortaleció el régimen municipal, se le dio más poder a la Asamblea Legislativa en su control político, se eliminó el Ejército, brazo muy importante para sostener autoritarismos, despotismos, dictaduras y tiranías, se fortaleció el sufragio y se le dio al Tribunal Nacional Electoral, de 1946, bautizado como Tribunal Supremo de Elecciones, por la Junta, rango constitucional igual a los poderes del Estado.

Frente al Estado liberal, que heredábamos del siglo XIX, que fortalecimos en el período liberal de 1882-1888, la Segunda República originó el Estado Social y Democrático de Derecho, con fortalecimiento de libertades y derechos ciudadanos y más de una treintena de instituciones sociales y económicas, junto con el reconocimiento de voto de las mujeres y de los jóvenes a los 18 años.

Se habla de avanzar a una Tercera República. La razón la dio el presidente Rodrigo Chaves cuando afirmó que todos los presidentes de la Segunda República habían sido dictadores y tiranos que gobernaron para ciertos grupos elitistas de poder y de la economía, sin que hubieran gobernado para el pueblo, autodenominándose como el Presidente que le devolvía el poder al Pueblo, al soberano, como el Presidente que queriendo gobernar para el pueblo, esos grupos del pasado incrustados en la administración general del Estado no le dejaban gobernar.

Institucionalmente Rodrigo Chaves no ha hecho nada nuevo que lo distinga, en comparación con las presidencias anteriores, que fundamenten esa Tercera República.

Tampoco hay un planteamiento político orientado en esa dirección. Tan solo se ha señalado la posibilidad de la modificación constitucional para la reelección continua, la eventual convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, quitarle o debilitarle funciones a la Contraloría General de la República, destituir a los Magistrados del Poder Judicial y con ellos destituir a los del Tribunal Supremo de Elecciones, y nombrar nuevos magistrados en armonía con el Poder Ejecutivo, obligar de la misma forma a los diputados con las políticas del Poder Ejecutivo, para que actúen “disciplinadamente”, con el gobierno, como dijo la Presidenta electa, facilitar el establecimiento del estado de excepción suspendiendo libertades y derechos, y garantías constitucionales, como lo han anunciado varias veces.

El gobierno de Laura Fernández, por ahora, solo será un apéndice del gobierno de Rodrigo Chaves. La continuidad que garantiza está amarrada con su reincorporación como ministra de la Presidencia hasta el 7 de mayo, y como eventual ministro de la Presidencia a cargo de Rodrigo Chaves, a partir del 8 de mayo.

La llamada Tercera República apenas asegura el cogobierno de Rodrigo Chaves, considerado como un segundo gobierno del mismo equipo de gobierno y de sus nuevos sectores empresariales, económicos y financieros que están subiendo a las estructuras del poder político nacional, con el entramado mafioso, lavador de dinero, exportador de drogas, que opera a su amparo con bastante libertad en el país.

El objetivo político del actual grupo dominante y el que llega con Laura Fernández al Poder Ejecutivo y con mayoría en el Poder Legislativo es acabar con el Estado Social de Derecho que se ha construido en estos 78 años, desde 1948, desde el período de la Junta de Gobierno, u 83 años desde las Reformas Sociales de 1943.

La Segunda República se justificó con un ideario político, filosófico e ideológico, en el marco de las tesis políticas de la socialdemocracia con algunos ribetes del socialcristianismo.

La Tercera República carece de un ideario político, filosófico, que justifique su instauración. Por ahora, lo que me parece el llamado a la Tercera República es tan solo un canto a La Luna, con agua en las manos, que podría resultar en una República de Tercera.

El primer año del resto de nuestras vidas

Por Mario Céspedes

El resultado electoral de febrero de 2026 marca un punto de quiebre en la historia política costarricense. No se trata de una simple derrota electoral ni de un episodio coyuntural, sino del cierre de un ciclo histórico. Más que el fin de una supuesta “Segunda República” —una noción históricamente discutible— lo que se clausura es el Estado social de derecho y el pacto político que, con todas sus limitaciones, estructuró la vida democrática del país durante décadas.

Para quien observó con atención los datos electorales entre octubre y enero, el desenlace no fue una sorpresa. Todas las encuestas mostraban una tendencia consistente: el abstencionismo descendía, el chavismo crecía de manera sostenida y la oposición —PLN, PAC y Frente Amplio— se estancaba disputando votos dentro de un mismo segmento social. Sin embargo, buena parte de la dirigencia opositora prefirió aferrarse a sucesivas ilusiones: el juicio a Chaves, los debates, las caravanas, la posibilidad de una segunda ronda o una eventual fractura del oficialismo. Atacar a encuestadoras y analistas sustituyó la lectura crítica de la realidad.

Ese autoengaño tuvo un costo político alto. La derrota no es solo electoral, sino estratégica. El foco se colocó en Chaves y su entorno, y no en el malestar social que hizo posible su ascenso. El chavismo no es un accidente ni un fenómeno pasajero: es la expresión política de una crisis profunda de legitimidad de la democracia realmente existente. Una parte importante del país no votó desde la ignorancia o la manipulación, sino desde la rabia, el cansancio y la sensación de abandono.

Los resultados revelan clivajes claros de clase y territorio. El chavismo se impuso con fuerza en zonas costeras, fronterizas, rurales y barrios urbano-marginales, allí donde el Estado se retiró y fue reemplazado por economías informales, redes de sobrevivencia y una religiosidad neopentecostal con fuerte anclaje comunitario. En esos espacios, la democracia no se evalúa por la separación de poderes, sino por la seguridad cotidiana, el empleo y el costo de la vida. La oposición, atrapada en una lógica institucional y urbana, dejó de hablarle a esos sectores.

A esto se suma un cambio cultural profundo: nuevas formas de socialización digital, normalización de la violencia simbólica, resentimientos frente a los avances feministas y una política cada vez más emocional. El chavismo supo articular estos elementos en un relato simple y eficaz, centrado en la corrupción, el castigo y el orden. La izquierda respondió, en general, con lenguajes técnicos, defensas abstractas de la institucionalidad y, en no pocos casos, con descalificación moral del electorado.

Algunos análisis sitúan este proceso en una disputa entre élites tradicionales y sectores narco-financieros emergentes, e incluso anticipan posibles pactos en las sombras con el PLN para garantizar gobernabilidad legislativa. Estas hipótesis no son descabelladas, pero requieren mayor sustento empírico para no simplificar las contradicciones internas del oficialismo ni reducir la complejidad de su base social. Concentrarse exclusivamente en las disputas de cúpula corre el riesgo de perder de vista lo central: el chavismo tiene base social, proyecto político y capacidad de disputar hegemonía cultural.

El conflicto abierto en 2026 no se resolverá con un cambio de gobierno ni con la próxima elección. Por el contrario, podría profundizarse. En ese escenario, la pregunta vuelve a ser la de siempre: ¿qué hacer? No para disputar un centro político cada vez más absorbido por el consenso neoliberal, sino para reconstruir un polo democrático desde la izquierda que actúe como contrapeso real al proyecto autoritario en ciernes.

Esa tarea exige reconstrucción intencionada del tejido social, organización territorial, inteligencia colectiva, batalla cultural y nuevas pedagogías políticas. Exige presencia sostenida en los territorios olvidados, no solo en el Parlamento; comunicación capaz de disputar sentido común; y una izquierda que deje de hablarse a sí misma para volver a hablarle al país real.

En ese marco, el Frente Amplio enfrenta un desafío histórico. Es hoy la única fuerza con credibilidad suficiente para convocar un proceso de recomposición de la izquierda costarricense. Pero ese rol no se decreta: se asume. Implica salir de la comodidad institucional como único horizonte, articular partidos, movimientos sociales y liderazgos territoriales, y construir una convergencia democrática y popular con vocación de largo plazo.

Costa Rica no es una excepción en un mundo atravesado por la crisis de la democracia liberal. Un país sin izquierda organizada es un país con menos derechos y más autoritarismo. O la izquierda se reconstruye con audacia, radicalidad democrática y arraigo social, o su destino será la irrelevancia. El 2026 no cerró un ciclo por decreto: abrió el primer año del resto de nuestras vidas políticas.

Imagen: MC-Escher-Relavitidad-1953

El triunfo de Laura Fernández y la continuidad del cambio político chavista, un desafío al sistema democrático y la institucional pública

German Masís

En agosto del 2023, señalábamos en un artículo tituladoNo es sólo un cambio de Gobierno, es el inicio de un Cambio Social que podría cambiar el rumbo del país”, luego de la llegada al poder de Rodrigo Chaves y con él un nuevo grupo político y económico, el respaldo sostenido de buena parte de la población y un discurso polarizante, que se decía no eran elementos casuales del acontecer político y económico del país, sino un fenómeno de cambio social que había iniciado, impulsado por algunos sectores sociales y económicos con propósitos muy definidos y que era necesario analizar y esclarecer.

Nos preguntamos si estábamos ante un verdadero proceso de cambio social, surgido de contradicciones propias de la sociedad costarricense y de la lucha entre las clases sociales y en particular del deterioro del sistema de partidos políticos y los sectores que los habían apoyado por varias décadas.

La ciudadanía había votado por el cambio político, y ya en el poder la Administración Chaves, mostró un giro hacia una orientación política caracterizada por:

-el cuestionamiento y las acciones desestabilizadoras contra el Estado Social de Derecho, surgido de la II República y de los gobiernos de los últimos 70 años, en sus postulados, en el irrespeto a las potestades de los otros 2 poderes (el Legislativo y el Judicial) y en los intentos de reducir la institucionalidad, que según sus detractores ha crecido de manera desmedida y distorsionada.

-la arremetida contra el sistema de partidos políticos y el golpe de gracia a los partidos tradicionales para lograr su desaparición definitiva y la de sus líderes históricos e invisibilizar los logros de estos partidos en el pasado.

-el recambio de los grupos económicos tradicionales, por grupos económicos emergentes, interesados en un mayor protagonismo y en aumentar sus ganancias, en actividades principalmente dedicadas a la importación, transporte e internalización de mercancías, como productos agrícolas, insumos, medicamentos, entre otros

-la nueva generación de políticas públicas disruptivas, expresadas en las Rutas de la Educación, del Arroz, de la Seguridad, del Empleo, junto al cuestionamiento y redireccionamiento de los ministerios e instituciones autónomas, como el Ministerio de Salud, el de Vivienda, el de Ambiente, el de Obras Públicas, el de Agricultura y Ganadería e instituciones como la Caja, el ICE, el INS, Ay A, el INA, Recope, ya sea mediante modificaciones de sus leyes constitutivas o en sus estructuras de funcionamiento.

-la reducción del tamaño del Estado, a partir de la modificación de esas instituciones, en sus funciones esenciales, en la conformación de las juntas directivas, en la toma de decisiones y en los activos pertenecientes a todas ellas, incluyendo los bancos estatales.

-el aprovechamiento y profundización de las políticas aprobadas por gobiernos anteriores que podrían ir en la dirección de los intereses que convienen a los nuevos grupos políticos y económicos, como la reforma fiscal, la regla fiscal, la ley de empleo público, la ley antihuelgas, la ley de educación dual, la ley de jornadas extraordinarias, la reforma a la ley de la Caja, la reforma a la ley del INA, la reforma a la ley de pensiones del Magisterio y hasta la ley para modificar las fechas patrias y los feriados.

-la promoción de medidas liberalizadoras y desreguladoras de actividades económicas, productivas o de servicios, como la eliminación de restricciones o “cuellos de botella” en las gestiones institucionales, el cuestionamiento de la ARESEP por la aplicación de tarifas, la reducción del precio de la revisión técnica, la ampliación de los años de vigencia del transporte público, la modificación de las plataformas de transporte para favorecer a sectores económicos específicos.

-el nombramiento discrecional de autoridades de instituciones y diplomáticos cercanos a los líderes del grupo político y económico que manejó la campaña política o de sus aliados políticos durante la gestión, que justifica su defensa incondicional o su remoción según los resultados definidos por esos líderes.

-el cuestionamiento y restricción a los derechos humanos de sectores particulares de la sociedad, como población LGTBIQ+, feministas, ambientalistas, pensionados y sindicalistas, que según los nuevos grupos y sus líderes, habían venido obteniendo logros excesivos en la reivindicación de sus derechos.

-la descalificación y debilitamiento de la educación, la cultura y el conocimiento y de las institucionales encargadas de ejecutar esas actividades públicas, como los Ministerios de Educación, de Cultura y las Universidades Públicas.

-el discurso populista del presidente y de las autoridades institucionales en sus conferencias de prensa y actos gubernamentales, reiterando que todas las acciones son en beneficio del pueblo y sus necesidades, referencia muy efectiva en la intención de mantener su popularidad. (SURCOS digital, agosto 2023)

Era innegable que había un cambio social en marcha y que este cambio podría modificar seriamente la estructura social y política del país, hacia una menos democrática, polarizada y menos respetuosa de los derechos humanos y esa ha sido la tónica.

El día de ayer, el resultado de las elecciones nacionales, confirmó el cambio sociopolítico vigente y el giro hacia una orientación más autoritaria y populista de parte del partido y la candidata triunfadora. En su discurso de la victoria la presidenta electa Laura Fernández, estableció los rasgos principales de su gestión en el marco de la continuidad del cambio y la afirmación de un estilo de gobierno confrontativo para los próximos 4 años, al enunciar que “el cambio será profundo e irreversible” e implicará cambios profundos en el sistema democrático, en ámbitos como:

es un cambio que sólo busca rescatar y perfeccionar nuestras instituciones democráticas y devolverlas al pueblo soberano para crear mayor bienestar y prosperidad.

Costa Rica ha cerrado un ciclo en su historia, lo que se llamó la II República, que ha quedado en el pasado y a partir de mayo se instalará la III República.

Uno de los cambios más significativos, será la forma en que actúe la oposición al gobierno, que tiene que ser propositiva y leal a la ciudadanía, y no debe ser obstruccionista y saboteadora.

Con respecto a las leyes, el principio es sencillo, la ley que no sirve y se volvió obsoleta al desarrollo, se convirtió en un lastre al desarrollo, se modifica y deroga,

La III República, llega para cambiar ciertas reglas del juego político nacional, porque el pueblo exige acabar con la corrupción y con la ineficiencia del Estado.

Ella seguirá haciendo rugir la economía jaguar, multiplicando el desarrollo con libertad de empresa, de comercio, libertad que se acrecienta con la propiedad privada.

A los diputados les pidió actuar con prudencia y sabiduría, patriotismo, valentía y lealtad al pueblo, debe ser una bancada legislativa fructífera y guiada por el ejemplo del presidente.

Sobre el papel de la prensa, ésta debe ser auténticamente libre para cumplir su labor con objetividad y responsabilidad y no convertirse en moneda de truque para los dueños de los medios de comunicación que favorecen intereses económicos particulares”. (discurso de la presidenta electa, video canal 13,1-2-2026)

El planteamiento de la presidenta electa es claro y directo, “marcando la cancha” con tintes autoritarios a partir de la experiencia y la influencia del presidente y del movimiento político chavista que ahora tiene una base social propia, cuadros políticos con experiencia en la gestión del ejecutivo y el legislativo y con una cúpula económica amplia que ha sido favorecida con la participación en diversas actividades económicas.

Sin embargo, ésta propuesta hacia la eficiencia, la prosperidad, la libertad económica y el bienestar del pueblo, puede continuar dejando al margen a amplios sectores como la educación, la salud, el ambiente, el agro y los derechos humanos y plantando serios desafíos a la división de poderes, la labor fiscalizadora y el ejercicio legislativo; el panorama a partir de mayo, apunta a una centralización del poder y a la aplicación de prácticas coercitivas, que no augura grandes posibilidades de diálogo y la construcción de acuerdos frente a los problemas del país, pero eso es lo que habrá.

La locura del continuismo (hacia la demencia nacionalsocialista)

Guillermo Murillo Castillo
Abogado

En la presente campaña, ha surgido una enorme disputa entre quienes defienden el Estado Social de Derecho instaurado en Costa Rica y quienes defienden un estilo autoritario de poder sustentado en la figura del actual presidente de la república, al cual, se pretende bajo la figura del mal llamado “continuismo” centralizar ese poder destruyendo el Estado que conocemos.

La campaña política que ha polarizado al país como nunca en la historia reciente, se ha sustentado por la violencia del discurso del actual gobierno, continuado en el proceso electoral por quienes pretenden imponer este estilo autocrático como “solución” a los problemas del país. Esto lo hacen a través de campañas de miedo y amenaza a quienes les adversan, quienes automáticamente si intentan debatir o criticar su estilo de hacer política se transforman en “los malos”, “los corruptos”. Esto porque para los seguidores del estilo violento y fascista adoptado por el presidente actual, se consideran a sí mismos “los buenos” los elegidos” y se sienten superiores a cualquier persona solo por el hecho de “pertenecer a este grupo que sigue a un “líder” que lo único que hace es atacar con insultos sin resolver los problemas de fondo.

El nacionalsocialismo, mejor conocido como “régimen nazi”, representó la aspiración de un grupo político que busca en sí la concentración del poder en una figura, que exalte los valores nacionales de una forma racista y que considere enemigo a quienes se lo opongan. Se sustenta en el odio hacia el otro, en la Alemania Nazi todo el que no era de “sangre pura” (arios) alemana no merecía derechos, llegando incluso a considerarlos como “no humanos”, bajo este régimen sufrieron los judíos, los comunistas, los testigos de jehová, los sindicalistas, los gitanos entre otros grupos, además de los propios alemanes que se atrevían a criticar este estilo político.

Los llamados del partido “Pueblo Soberano”, se sustentan en contenidos como el obtener “40 diputados” con el fin de cambiar el orden constitucional e institucional de Costa Rica y concentrar el poder en un “líder supremo” al cual nadie debe cuestionar y el cual puede determinar qué hacer y qué no hacer en el país, bajo una perspectiva de estado policiaco que maneje a su interpretación el derecho penal (y otros derechos).

Aunado a esto repiten y repiten el tema de la “inseguridad” y como una solución, la construcción de una “mega cárcel”, el eliminar facultades al Poder Judicial e imponer desde casa presidencial que se hace y que no, eliminar controles y rendición de cuentas al líder supremo y su grupo (ya lo intentaron hacer con el pago de una póliza con dineros del estado), además del dominio absoluto de entidades autónomas, incluidas las universidades públicas (control den pensamiento mediático y crítico), control electoral, control de los medios de comunicación y vigilancia a la ciudadanía para que no se salgan del guion impuesto.

Muy similar al estilo de la Alemania nazi, el partido Pueblo Soberano y otros partidos satélites como “Unidos Podemos” representado por Natalia Díaz, tratan de llevarnos a la locura del pensamiento y aplicación del nacionalsocialismo, a través de la discriminación, el racismo, el miedo y la violencia contra sus opositores.

Visto lo que sucede, se trae a colación, lo que nos fue advertido por el Doctor en Derecho Javier Llobet Rodríguez en su libro “Nacionalsocialismo y Antigarantismo Penal (1933-1945)”, del cual se busca ilustrar el camino que lleva Costa Rica de no detenerse en las urnas el 1 de febrero de 2026, valorando algunas similitudes.

El camino por el cual se abrió paso el nacismo en Alemania viene orquestado por la crisis económica y social, inflación, altas tasas de desempleo y escaso apoyo a la democracia, antes de que el nacionalsocialismo llegase al poder había una tendencia al autoritarismo y a la dictadura. Se suma a esto el miedo que los sectores de la derecha alemana tenían del bolcheviquismo y de la toma del poder por los comunistas. (Llobet Rodríguez Javier, Nacionalsocialismo y Antigarantismo Penal (1933-1945), 2015, página 61).

Estos fenómenos sociales en la actualidad costarricense se asimilan al guion de la Alemania nazi, puesto en escena por el presidente Rodrigo Chaves Robles con el fin de transformarse en el único interlocutor y representante del descontento del pueblo, para levantar su imagen y la de su grupo, este en ningún momento se detuvo a solucionar los problemas sociales, políticos, jurídicos y económicos del país. Lo que sí ha hecho es buscar culpables, ponerle rostro de “enemigo” a cada problemática para aparentar ser “el único líder” capaz de combatir a estos “enemigos”. Luego vendió su idea repetida todos los días y allanó el camino para llevar a cabo su plan de extrema derecha, hoy bajo la bandera del partido “Pueblo Soberano”.

Desde ya, nos anuncian suspensión de garantías individuales, justificada en el “aumento de la criminalidad” (algo que ya viene en aumento galopante en la actual administración) y que el continuismo amenaza con “combatir” de esa forma. Además de criminalizar a cualquier persona o medio que se atreva a cuestionar sus “ideas”. En la Alemania Nazi, se dio una ordenanza que fue fundamental para la consolidación del proyecto político de Adolfo Hitler: la Ordenanza del Presidente del Reich para la protección del Pueblo y el Estado (aprobada el 27 de febrero de 1933), que limitó la libertad de prensa y la libertad de reunión con fines políticos (…) Con la ordenanza quedaron sin vigencia derechos como el de la inquebrantabilidad de la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, el secreto de la correspondencia, correo, telégrafos y teléfonos, el derecho a la libertad de expresión del pensamiento y la garantía de la propiedad. (Llobet Rodríguez Javier, Nacionalsocialismo y Antigarantismo Penal (1933-1945), 2015, págs. 63-65).

La reforma pretendida al sistema penal costarricense, pondría a cualquier ciudadano bajo un régimen que, se sustentaría en una figura que decide quien es “bueno” y quien es “malo”, como ya se ha visto, despreciando el derecho como tal y dejando las decisiones en la figura de una persona y su grupo, quienes de acuerdo a lo que crean “impartirían justicia”, así fue en la Alemania nazi, así se plantea ahora, donde se engaña al pueblo llamándole “el soberano”, pero sus actuaciones y decisiones no son tomadas en cuenta, solamente deben acatar lo que se les dicte según quien gobierne, sin controles ni apelaciones a su dictado. Se decía que el Führer era el portador de la voluntad popular, siendo independiente de todos los grupos, asociaciones e intereses. Se afirmaba que no era un órgano estatal, sino era más bien el portador de la voluntad popular comunitaria, de modo que en su voluntad aparecía la voluntad del pueblo. Se indicaba que él hacía que simple sentimiento del pueblo se convirtiese en su voluntad consciente. Se señalaba que el Fürher unía en él mismo el poder del soberano del Reich, de modo que cualquier poder público en el Estado se deducía del poder del Fürher. Se decía que no era el Estado como unidad impersonal el portador del poder político, sino que lo era el Fürher como ejecutor de la voluntad comunitaria popular. Todo ello llevaba a que se sostuviera que el poder del Fürher no estaba sometido a garantías y controles, sino era independiente, exclusivo e ilimitado. Es importante anotar que esto estaba relacionado con la existencia del llamado mito de Hitler, que partía de una imagen heroica de éste y de la infalibilidad del mismo en la toma de decisiones, lo mismo de la consideración de que Hitler conducía a Alemania hacia una mayor prosperidad. (Llobet Rodríguez Javier, Nacionalsocialismo y Antigarantismo Penal (1933-1945), 2015, pág. 142).

Cuando en campaña se pide una mayoría legislativa (40 diputados) para “reformar el estado y concentrarlo en una persona con poder, se siente el eco de lo que hizo Adolfo Hitler, nos narra así el doctor Llobet: Luego del nombramiento de Hitler como Canciller, de común acuerdo con este, Paul von Hindenburg (presidente de Alemania) convocó a nuevas elecciones al Reichstag (cuerpo legislativo alemán), las que se llevaron a cabo el 5 de marzo de 1933, en un ambiente de terror desatado por los nacionalsocialistas en la calle… los nacionalsocialistas obtuvieron (…) 288 escaños, mientras que los nacionalistas, sus socios de coalición (…) 52 escaños. Con ello lograron en conjunto 340 escaños de un total de 647, obteniendo así una mayoría absoluta del Reichstag, pero no los votos necesarios para una mayoría calificada de dos tercios, necesaria para una Ley de autorización o de Plenos Poderes, como la que en definitiva llegó a ser aprobada por el Reichstag, bajo la presión de los nacionalsocialistas. (…) Aunque la constitución de Wimar nunca fue derogada expresamente, la ley dejó sin vigencia la misma, esto al indicarse que las leyes aprobadas por el gobierno podían separarse de lo establecido en la constitución del Reich. (Llobet Rodríguez Javier, Nacionalsocialismo y Antigarantismo Penal (1933-1945), 2015, págs. 68 y 69).

Visto lo anterior, la derecha extrema apela por tener mayoría absoluta en el congreso, lo cual es difícil para un solo partido, siendo que , tienen partidos que siguen esta línea y a los cuales necesita que la gente vote, con el fin de lograr sus objetivos de dominación, por lo cual no se debería votar por ellos, como es el caso de los partidos “Unidos Podemos”, “Nueva República”, “Avanza”, “Aquí Costa Rica Manda”, “Progreso Social Democrático” (partido que llevo a Rodrigo Chaves a la presidencia, el partido que debería hablar de continuismo, no uno nuevo como “Pueblo Soberano”), “Alianza Costa Rica Primero” y” Esperanza y Libertad”. Muy cercanas a estas posiciones se encuentra también la Unidad Social Cristiana. Cabe destacar que este proceso lo inició el Partido Acción Ciudadana, que además trajo al actual presidente de la República, quien ha continuado y profundizado la ruta que dejo este partido, hoy escondido tras la cortina llamada “Coalición Agenda Ciudadana”.

Con estos aspectos básicos compartimos parte de la conclusión del doctor Llobet en lo que al tema nos ocupa: “…El régimen no reconocía derechos fundamentales y desconocía no solamente el carácter de ciudadanos, sino incluso de personas, de sectores completos de la población (…). Esto llevó a un estado de deshumanización que implicó no solamente el trato degradante y la tortura de millones de personas, sino también su asesinato planificado conforme a métodos industriales. (…). … la voluntad del Fürher, que a través del principio del Fürher llevaba a la eliminación de la independencia judicial. La voluntad del Fürher se constituía en la fuente máxima del Derecho y la base de la arbitrariedad total en la Alemania nazi, ya que implicaba que la misma imperaba sobre el derecho que hubiera sido publicado formalmente. Esto significaba en definitiva la autorización de vías de hecho, sin base legal alguna… (Llobet Rodríguez Javier, Nacionalsocialismo y Antigarantismo Penal (1933-1945), 2015, págs. 581 y 582).

Las similitudes y los síntomas están en la Costa Rica actual, toca defender en las urnas la democracia, las libertades individuales y colectivas y el respeto por los derechos humanos, civiles, sociales y políticos de toda la ciudadanía costarricense a través del voto en las urnas por partidos contrarios al mal llamado “continuismo” y sus afines.

El futuro de la Patria está en nuestras manos. ¡Salgamos a votar por partidos que defienden el Estado Social de Derecho!

¿Qué clase de Estado tenemos y qué clase de Estado queremos?

Por Marjorie Hernández Delgado
Docente

“El Estado, no lo olvides jamás, no tiene recursos que le sean propios,
no tiene nada, no posee nada que no tome de los trabajadores”.
Frédéric Bastiat

Al calor de la campaña política acercándonos a las elecciones presidenciales y en la algarabía y pasión que despiertan los debates con los candidatos a la presidencia, se escucha como un estribillo “…tenemos un Estado Social de Derecho”, pero ¿realmente lo tenemos?

Porque en nombre de ese llamado Estado Social de Derecho se han aprobado leyes espurias en las últimas administraciones gubernamentales, que han venido a socavar los derechos de las personas. Al hablar de personas me refiero a los trabajadores, a los jubilados, a los estudiantes, a los enfermos, a los productores, a los comerciantes informales o formales, en fin, a toda la población que debe gozar de la protección del Estado como mandato constitucional y, sobre todo, los sectores más vulnerables.

Entonces, no podemos decir actualmente que gozamos de un Estado Protector, de un Estado Justo y Equitativo y menos de un Estado Benefactor y Democrático. ¿Por qué? Por la simple razón de que se rompió o rompieron el Pacto Social que décadas atrás nos diera como producto nuestra preciada Carta Magna. La misma donde se procuraba la justicia social, la equidad, respeto a los derechos individuales y colectivos, las garantías sociales y aseguraba el orden jurídico que regiría la Nación.

Podemos hablar de varios actores que provocaron esa ruptura del Pacto Social (Carta Magna). Las cúpulas de poder económico y político del país, aquellos tomadores de decisiones que por intereses mezquinos solo han pensado en su propio beneficio y no en el bien común, aquellos que, gozando del beneficio de haber sido electos por el pueblo para ser representado dignamente, solamente obedecen a sus propios intereses, los de quienes les financiaron sus campañas políticas o los colocaron en los puestos que ocupan.

Es así como nacieron adefesios jurídicos, por ejemplo, “el combo fiscal”, la ley 9635, o Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que con su ley de Empleo Público generó más desigualdad e inequidad en lugar de cerrar brechas laborales-salariales con su famoso salario global, castigando a los trabajadores más antiguos. También la Regla Fiscal, que ha provocado tanto daño a los trabajadores del sector público con el congelamiento salarial indefinido, llevando ya seis años y contando, cuya promesa de que se aumentará el mismo suena más a una quimera, sarcasmo o burla despiadada. O los recortes de presupuesto temerarios en los programas de transferencias sociales, educación, salud y seguridad. Y la famosa imposición del 1% a la Canasta Básica, que aparte de los muchos productos que sacaron de la misma, los que quedaron fueron gravados con el IVA, afectando con esto a los sectores más vulnerables y vulnerando otros como bien lo demostró en su momento el Observatorio Económico y Social de la UNA. Además, la Ley 9808 conocida como ley anti huelgas, para coartar el derecho a la protesta social pacífica.

Sin embargo, ¡a pesar de violentar todos los derechos establecidos en la Constitución Política, la Sala Constitucional no halló ningún vicio que riñera con la Carta Magna! Causando estas leyes todo el desequilibrio económico y social que vive el país, porque se le dio prioridad al pago de una eterna deuda pública, que nunca se ha renegociado por el bien de la población vulnerable y vulnerada, sino que beneficia únicamente a los tenedores de la misma.

¿Dónde quedó el artículo 50 de la Constitución Política sobre “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”? ¿Cuál fue la reactivación económica prometida, el aumento de empleo y la disminución de la pobreza? ¿A dónde quedó la generación de mayores oportunidades para los jóvenes? ¿Es esto un Estado Social de Derecho?

Otra falencia en los debates políticos es que nunca se tocó el tema pensiones de manera clara y abierta, siendo este un tema país, que ha estado en la palestra desde hace más de tres años y que ha tomado relevancia en los últimos meses por la discusión sobre la devolución del ROP.

Siendo que la ley 9906 que impuso la entrega del ROP a cuenta gotas, arrebatando a los jubilados el derecho de recibir este fondo completo al momento de la jubilación, causándoles grandes perjuicios y beneficiando únicamente a las operadoras de pensiones, violenta no solo los artículos constitucionales: 09 sobre la participación ciudadana al aprobarse de manera inconsulta, el 50 sobre la distribución de la riqueza, el 45 sobre la propiedad privada porque son cuentas individuales que le pertenece a cada trabajador, sino que también violenta la ley 7935, Ley de Protección al Adulto Mayor.

Pero lo peor de todo esto es que instituciones públicas como SUPEN y el Banco Central, de manera irresponsable defienden los intereses del Capital Financiero dejando totalmente desprotegidas a las personas jubiladas en la etapa más crítica de su vida, la vejez. Por eso no podemos afirmar que tenemos un Estado Social de Derecho, tenemos actualmente un Estado avasallador, un Estado opresivo que ha permitido la aprobación y ejecución de leyes espurias, que han roto el Pacto Social constituido en 1949, el cual trajo paz y justicia social.

Por tal razón, los invito a salir a votar este domingo 1º de febrero, pero que sea un voto informado, un voto pensado, un voto que nos permita recuperar la Democracia, donde el pueblo tenga verdadera participación ciudadana en la construcción de las políticas públicas, donde los administradores del Estado brinden rendición de cuentas y una evaluación de resultados, según lo establece nuestra Carta Magna (art.11), un Estado benefactor, protector, un Estado donde impere el principio de justicia social y equidad, un Estado donde se busque el bien común y la seguridad ciudadana, donde se respeten los derechos de las personas y se valore el impacto que puede causar las leyes que se van a aprobar. Ese es el Estado que queremos y como ciudadanos y ciudadanas tenemos la responsabilidad de velar para que así sea, porque también somos actores y parte fundamental de éste al contribuir con nuestros impuestos.