JoseSo (José Solano-Saborío)
La cifra es elocuente y define la coyuntura: el 57% de la ciudadanía costarricense se declara sin partido o candidato definido (CIEP-UCR). Este no es un dato de apatía, sino el síntoma de una profunda desilusión y una crisis de representatividad. Para este electorado pivotal, la elección de febrero no es una simple contienda entre partidos, sino un complejo plebiscito sobre el rumbo del país, donde la disyuntiva parece reducirse a un oficialismo percibido como populista y autocratizante y una oposición fragmentada que ofrece cambio, pero con rostros múltiples y a veces contradictorios.
Ante este escenario, el votante indeciso debe tomar una decisión que trasciende el candidato individual. Se trata de elegir una estrategia de país, sopesando tres dimensiones críticas: la preservación de la democracia liberal, la consecución de la justicia social y la modernización del Estado Social de Derecho para hacerlo viable en el siglo XXI.
El oficialismo: ¿Continuidad o consolidación de un riesgo?
La opción oficialista se presenta como la defensora de la integridad y la transparencia, “único mal que nos aleja de convertirnos en una potencia regional”, aunque se tenga que sacrificar la justicia social y los logros del Estado Social de Derecho. Su argumento se centra en culpar a las instituciones sociales que califica como “corruptas e ineficientes” e “instrumentos de la élite”, por lo que hay que eliminarlas, algo así como la versión tica del “Estado Profundo” del QAnon de los gringos.
Que atractivo tiene el chavismo que ofrecer al 57% de indecisos o “sin partido”.
Pros para el votante indeciso: Ofrece una aparente estabilidad y continuidad en políticas macroeconómicas como la reducción de la deuda pública. Apela a la “modernización” de un modelo que, en el pasado, dio prosperidad al país, pero que fue corrompido. Para quien prioriza evitar un shock económico sobre una regresión en derechos sociales, puede parecer atractivo.
Contras fundamentales: El gran riesgo radica en la deriva autocrática. Las constantes pugnas con otros poderes del Estado, la retórica confrontativa y las prácticas que erosionan los controles y equilibrios democráticos son una alerta máxima. Un voto por el oficialismo puede interpretarse como un aval a este estilo de gestión, que podría consolidar un modelo de concentración de poder incompatible con la democracia costarricense histórica. Además, en el caso de los partidos más viejos o tradicionales, su discurso a menudo se muestra resistente a las reformas modernizadoras pero progresivas urgentes que el país necesita en materia fiscal, de empleo y de eficiencia estatal.
La oposición fragmentada: oportunidad y desconfianza
La oferta opositora es plural, pero su fragmentación es a la vez su fortaleza y su mayor debilidad. Una parte de nuevas opciones política y coaliciones representan la alternativa de cambio, pero sin una visión unificada, ni convincente hasta ahora.
Pros para el votante indeciso: Encarna la posibilidad de restaurar los equilibrios democráticos y frenar la concentración de poder que pretende consolidar el chavismo. Diversos sectores opositores proponen agendas de modernización del Estado, atracción de inversión y generación de empleo, abordando problemas económicos críticos que afectan la calidad de vida. Un voto por la oposición es, en esencia, un voto por la alternancia y la renovación del sistema.
Contras fundamentales: La falta de unidad genera incertidumbre. ¿Un gobierno de coalición por un posible consenso para la eventual segunda ronda? ¿Será viable o será ingobernable? Existe el temor fundado de que, una vez en el poder, las facciones opositoras repitan viejas prácticas clientelistas o impulsen reformas sin los consensos necesarios, generando conflictividad social. Para el votante que valora la justicia social, el desafío es discernir si la “modernización” propuesta no será un eufemismo para desmantelar conquistas sociales.
Estrategias de voto: ¿El voto útil o quebrar el voto?
Aquí es donde la decisión del 57% se vuelve táctica.
El voto útil: Consiste en apoyar al candidato opositor con mayores posibilidades de derrotar al oficialismo en una eventual segunda ronda, aunque no sea la opción preferida. Es una estrategia pragmática cuyo objetivo principal es garantizar el cambio de gobierno y la defensa del sistema democrático.
Pro: Maximiza la probabilidad de evitar la reelección del oficialismo. Es una respuesta contundente a la polarización.
Contra: Sacrifica la expresión de una preferencia ideológica más afinada. Puede perpetuar un sistema bipartidista de facto y desincentivar la oferta de propuestas más innovadoras y específicas.
Quebrar el voto (o voto estratégico distinto): Implica votar por una opción opositora que, aunque no lidere las encuestas, represente mejor los valores e intereses del votante (por ejemplo, una opción más centrada en la modernización tecnocrática o, por el contrario, en una justicia social renovada). La esperanza es que una buena votación para estas opciones fuerce al eventual ganador opositor a incorporar sus agendas en un gobierno de coalición y consensos.
Pro: Fortalece la democracia al mostrar el peso real de distintas corrientes de opinión. Envía un mensaje claro sobre las prioridades de la ciudadanía (medio ambiente, transparencia, economía social solidaria, etc.).
Contra: Es un riesgo calculado. Si el voto opositor se fragmenta demasiado, podría facilitar el paso a la segunda ronda del oficialismo, frustrando el objetivo común de cambio.
Un voto por la gobernabilidad democrática futura
El ciudadano del 57% no debe sentirse presionado a elegir entre democracia y justicia social. Esa es una falsa disyuntiva. La verdadera elección es cómo construir una gobernabilidad que garantice ambas.
La pregunta clave es: ¿Qué escenario ofrece más posibilidades de reconstruir un pacto social que modernice el Estado Social de Derecho sin destruirlo?
Un voto por el oficialismo, en la percepción mayoritaria, parece condenar al país a otros cuatro años de polarización y estancamiento en las reformas urgentes, con el riesgo latente de una mayor erosión democrática y concentración del poder e, incluso, la venta o desmantelamiento del ICE, la Banca Estatal, el INS y demás ‘joyas de la abuela’.
Un voto por la oposición, a pesar de su desorden, abre la puerta a la incertidumbre, pero también a la oportunidad. La responsabilidad del 57% no termina el primer domingo de febrero. Su verdadero poder será exigir, vigilar y participar para que, cualquiera que sea el resultado, el próximo gobierno entienda que su mandato no es imponer una ideología, sino facilitar un diálogo nacional que reconcilie la justicia social con un Estado eficiente, la sólida con una economía pujante. El voto no es el fin, es el primer acto de una ciudadanía que despierta para reclamar su futuro.
Sin hablar de seguridad pública, seguridad alimentaria y el agro, la recesión turística, por ahora me voy prometiendo hablar de esto y qué oferta hacen los movimientos políticos, en la próxima.
Saludos desde el este.
