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Etiqueta: Estado Social de Derecho

Sectores sociales y productivos y estudiantes propician su primer encuentro de formación y diálogo social

Escrito en . Publicado en Derechos.

‘’El espacio fue promovido por el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional, sectores de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y Desarrollo Comunal, y la Federación de Estudiantes Universidad Nacional (FEUNA)’’.

Luego de 2 meses de haber iniciado los conversatorios de Análisis de Coyuntura Nacional, este sábado 05 de noviembre se llevó a cabo el I Encuentro de Análisis de la Coyuntura Nacional, esfuerzo justo y consciente que buscó lograr mediante el diálogo social y el abordaje de mesas temáticas que fortalecen la formación, la unión y el trabajo en equipo estratégico entre diversos sectores y organizaciones alrededor de la Defensa del Estado Social de Derecho. Con una participación aproximada de 300 personas, arrancó el encuentro en las instalaciones del Auditorio Institucional Cora Ferro Calabrese-Campus El Higuerón de la Universidad Nacional.

En este primer encuentro se abordaron cuatro temas importantes de la actualidad nacional como lo son Ambiente y Energía, Economía agroindustrial y agropecuaria en el contexto Alianza Pacífico, Educación pública y Seguridad Social, mediante mesas temáticas con la participación de reconocidos y reconocidas panelistas, además de la participación activa del público presente, donde lograron aproximarse e intercambiar importantes ponencias para la discusión de la situación actual del país.

El encuentro dio inició a las 8:30 am, superando la expectativa de convocatoria de asistentes, dio apertura el señor Fernando Faith Bonilla, representante de Sectores ATTBPDC, actualmente Presidente Coopeservidores con las siguientes palabras «Hoy continuamos con esta construcción que se gesta desde la sociedad, desde los Sectores Sociales», también el señor Francisco González Rector de la UNA comentó que en sus palabras de apertura al evento que, «Sin educación en los primeros niveles, no podríamos tener educación universitaria. Y la Universidad está acá porque hay personas que creen en la suma de voluntades para conseguir y nos invita a pensar en un futuro, en colectivo. Estamos para reconocer que hay que hacer una lectura crítica de la situación país, en donde aún con situaciones tan complejas tenemos un enorme potencial».

Desde la ponencia de electrificación rural, el señor Eduardo Navarro, Presidente de COOPESANTOS R.L señaló que “desde el origen las cooperativas de electrificación hemos hecho un esfuerzo para brindar energía eléctrica con altos indicadores de calidad a pesar de la diferente topografía, la dispersión de la población y eso se logra únicamente por que el modelo eléctrico en Costa Rica es solidario y las cooperativas en su ADN son solidaras” Registrando además que la energía en el mundo siguen siendo de derivados del petróleo lo que confirma que las acciones no están cambiando en el mundo y esto genera emisiones de efecto invernadero de manera importantes lo que ayuda al calentamiento global, y además la invasión de Rusia a Ucrania ha profundizado la crisis a nivel global y eso hace que haya volatilidad en los precios del petróleo y un efecto importante en el gas.

El Sr. Mayid Brenes, profesional en derecho, investigador y coordinador de la Mesa de Trabajo de Energía, Diálogo Multisectorial, además de representante de SITRAPEQUIA expuso sobre el papel de las personas trabajadoras y RECOPE en Ambiente y Energía, enfatizando que «la sustitución de los derivados de petróleo para uso en el transporte son algunas de las rutas que se buscan. En el caso de RECOPE, esta ha sido líder en el mercado petrolero, y por ello debe ser un pilar en la transición de energías alternativas. Aún estamos iniciando con este tema, y hay mucha tela por cortar, pero sabemos que el tema de la electricidad es fundamental en este tema, además de la participación de otros actores».

Mientras que en la mesa de Economía agroindustrial y agropecuaria el señor Renzo Céspedes Vargas, quien se refirió a la entrada de Costa Rica al proyecto de Alianza del Pacífico (AP) un bloque comercial en el que participan México, Colombia, Perú y Chile, destacando que la entrada de Costa Rica al AP solo produce una contracción del flujo comercial, que carece de políticas armonizadas lo que a toda luces no será provechoso ni beneficioso y además puntualizó que el costo de agro insumos representa el 46,40% de los costos de producción de la cebolla en Costa Rica, el 60,80% de la papa, el 42,74 de la zanahoria y el 52% del arroz. “Con ese nivel de participación de costos de los agro insumos, versus el valor del costo final al que elaboramos los productos, sencillamente el sector agrícola no tiene una posibilidad real de competir”

En esta misma línea la representante de la Corporación Hortícola Nacional la Sra. Gabriela Víquez, señaló que “el bloque de Alianza del Pacifico lo que busca es tener una integración de libre comercio con un arancel común lo más bajo posible y una libre movilidad de factores y de personas” de modo que ingresar a esta alianza genera presión social al privar mayores importaciones de productos más baratos de otros países y a su vez desestimular la producción nacional.

En Educación Pública, se destacó que el verdadero reto de la educación está en dar un salto gradual hacia la educación moderna y un nuevo paradigma educativo así lo comentó Pablo Zúñiga Morales Abogado especializado en derecho educativo comentando “que la crisis educativa actual nos ofrece la oportunidad única de enfocar en la reforma educativa que requiere el siglo XXI, sea una reforma que nos ubique en la cuarta y quinta revolución industrial y nos coloque como verdaderos actores en un mundo globalizado”

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El Sr. Pablo manifestó que necesariamente en educación se debe hacer un enfoque real del problema que enfrenta el sistema educativo, el cual está marcado por la discusión del presupuesto nacional en la Asamblea legislativa, en donde no se cumplen con los mandatos constitucionales, dejando de priorizar en la educación, y priorizando en el problema macroeconómico, el pago de la deuda pública. Zúñiga Morales también menciona datos relevantes del presupuesto de la educación que pese a las limitaciones de la regla fiscal el presupuesto de la educación pública podía crecer en 2.52% en el 2023, pero ese margen no se utilizó, se utilizaron para atender el problema de la deuda externa, pero más grave que no se permitió crecer sino que además se ordenó un decrecimiento del 1.52% en relación con el presupuesto del presente año, lo que resume que el presupuesto 2023 para la educación va a tener 38994 mil millones menos que el 2022.

En representación de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional, la Sra. Clareth Calderón Monge, secretaria general FEUNA comenta “que uno de los desafíos que enfrentan las universidades está en cómo lograr reivindicar y volver a posicionarse como esas universidades necesarias y evidenciar todo lo que se genera de ellas hacía a la sociedad” Además agregó que las Universidades Públicas son un espacio del cual convergen miles de realidades de los diferentes sectores, en el cual se vinculan con su acción social y esto es algo importante para la gestión sociedad del país.

La señora Calderón agregó que “El reto está en lograr un frente común de actores sociales para trabajar una agenda abierta, un colectivo que se plantea la defensa de los derechos humanos y de la institucionalidad”

Sobre la mesa temática de Seguridad Social, fue clave la participación del líder Lenin Hernández, secretario general Sindicato SINAE Y AFINES quien enfatiza la necesidad de mantener la búsqueda de una Costa Rica próspera y con mejor acceso de recursos para todas las y los costarricenses.

Sr. Lenin enfatizó en su presentación que según el INEC para el 2022, 399 439 de los hogares se encuentran en situación de pobreza: 15 934 hogares más en comparación al año 20221. Las personas que actualmente viven bajo la línea de pobreza son 1 329 757, siendo que han entrado en pobreza extrema 6 078 hogares más. Por otro lado, para hacer más compleja esta problemática, la tasa de desempleo se ubica en el 11.8% siendo que hay 292 000 personas desempleadas, con un 42.2% de personas trabajando en la informalidad, esto quiere decir más de un millón de costarricenses sin acceso a la salud pública ni a un mínimo salarial.

Contamos con problemas estructurales que no le permiten a los y las costarricenses, gozar del Estado de Derecho como en primera instancia, se debería; Actualmente el Estado le debe 2.5 billones de colones a la CCSS y hay un alto número de personas adultas mayores en estado de indigencia ya que no poseen siquiera una pensión ni casa propia. Por otro lado, los sectores sindicales, piden que se debe declarar Estado de Emergencia Nacional las listas de espera.

Para el cierre de esta actividad y como panelista de la mesa de Seguridad Social, se contó con la participación encomiable del Dr. Álvaro Ramos, ex presidente ejecutivo de la CCSS, quién enfatizó en la importancia de la visibilización de la CCSS como una institución pública modelo en el mundo, y vista como primer mundo, pero que eso no implica que la misma se ajuste a las necesidades globales y locales en salud en el contexto que tiene Costa Rica en este momento, por lo tanto la urgencia de tomar decisiones conscientes en la razón de ser la Caja Costarricense de Seguridad Social, y la visión de futuro estratégica que necesita la institución sin afectar los orígenes de la misma.

“En una sociedad moderna, la seguridad social entendida en un sentido amplio, provisión de salud pública, provisión de pensiones, provisión de todos los otros momentos de protección antes la vulnerabilidad de una, entendiéndose licencia de maternidad, entiéndase, haberse enfermado en el trabajo, enfermarse fuera del trabajo, en el caso mío por ejemplo con la sordera, en países más avanzados existen mecanismos de ingresos adicionales para personas con discapacidad. Entonces todos estos mecanismos de protección social, a pesar de ser “caros” son la base de un estado moderno. Si en Costa Rica queremos un estado moderno, entonces debemos tener protección social significativa, no hay de otra. Cualquier dirección hacia un Estado Moderno, necesita esta inversión en Seguridad Social.”

Dr. Álvaro Ramos, expresidente ejecutivo CCSS.

Además, el rector de la UCR, indica su alta preocupación por el proyecto de ley 23 380, que se envió por medio del poder ejecutivo a la asamblea legislativa que, en resumidas palabras agrega el señor Gustavo Gutiérrez Espeleta, pretende cuatro ministros a cargo de las universidades públicas: MIDEPLAN; MEP, MICIT y Hacienda, las cuales pretenden controlar no solo la organización de las mismas sino que el financiamiento, qué carreras, cuáles cursos y por quiénes serían impartidas las mismas, con intenciones de cerrar carreras como Sociología, que el mismo presidente de la república ha compartido en comentarios recientemente.

En síntesis, nos encontramos en una coyuntura que debe ser tomada con suma importancia ya que los sectores más vulnerables de la sociedad costarricense están siendo afectados en gran medida. Sin embargo, el trabajo de las mesas de discusión no termina acá y parece que hay esperanzas de formalizar rutas de acción para mejorar la situación actual de Costa Rica en una búsqueda para recuperar el Estado de Derecho:

“Estoy positivamente impactado por la cantidad de gente que se ha mantenido aquí desde las 8 de la mañana. Realmente esto dice mucho y expresa la preocupación del pueblo de la situación que nosotros estamos enfrentando, donde han surgido personas autoritarias que, basados en las posverdades, en mentiras, en noticias falsas, logran convencer el descontento del pueblo y esa situación que estamos atravesando nosotros actualmente. Cuestionan a las principales instituciones, instituciones que claramente como han indicado acá los panelistas, han promovido ese desarrollo social de nuestro país y eso ha generado (los cuestionamientos mal informados) un aumento en esa brecha en los grupos sociales y una inequidad que se incrementa cada vez más y que nos tiene muy preocupados.”

Sr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, Rector de la Universidad de Costa Rica.

De esta forma, este primer encuentro de análisis de coyuntura nacional cerró alcanzando una numerosa participación de los diversos sectores representados, donde quedaron grandes expectativas y planteamientos importantes hacia una ruta de trabajo estratégica que busca construir una agenda de acciones que promuevan la defensa de la seguridad social costarricense, en el marco del Estado Social de Derecho.

Enlace de la transmisión completa:

SINAE AFINES, UNEBANCO, y SINTRAJAP hablan de frente común con sindicatos privados

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Se reúnen para conversar sobre las políticas públicas, acciones del gobierno, que son a través de estas estrategias que le dan respuesta a las diversas demandas de la sociedad. Se puede entender como uso estratégico de recursos para liberar los problemas nacionales. Esta es la preocupación de un grupo de organizaciones sindicales que han visto que estas políticas públicas no resuelven los problemas de los ciudadanos, los trabajadores y las trabajadoras del sector del mercado laboral. Es por eso que estas organizaciones sindicales han tomado un acuerdo y una decisión de unirse para crear estrategias que puedan establecer un cambio en esas políticas públicas.

Gracias a esta iniciativa y esfuerzo que realiza los sindicatos se quieren dar una perspectiva diferente a estas políticas públicas, como dar en concesión en obra pública, dar un bono de sesenta mil colones a los trabajadores o bien permitir que las operadoras revolucionan y usen los recursos de los trabajadores para invertir fuera del país, mientras otros países invierten en sus fondos en nuestro país. Son algunas de las cosas que se han hecho, este grupo de trabajadores tienen una mentalidad diferente a lo que se está proponiendo. 

El señor secretario general del sindicato nacional de enfermería, menciona que este proceso de unidad en acción sindical nace aproximadamente hace dos meses con el propósito de defender el estado social de derecho en nuestro país, para tener un equilibrio en el desarrollo económico y social. Estas instituciones públicas que han permitido a todos los costarricenses indistintamente de su condición social, de su condición de género, poder optar por las riquezas que tiene el país y cuando se habla de estas riquezas refiere a estas instituciones que brindan un servicio que son esencial para la dignidad humana, seguridad ciudadana, educación pública y acceso a la banca.

Donde se refiere a un estado social de derecho que les permita a todas y todos los costarricenses contar con servicios de salud y con un fondo de pensiones para el momento de su jubilación. Destacar que a través de las políticas de los últimos años hemos visto este debilitamiento estructural en estas instituciones y que este gobierno actual no escapa de esta realidad con una política muy agresiva. Por tanto este grupo nació con el propósito de defender el estado social de derecho. Para llevar esa equidad entre lo económico, lo social y lo ambiental. Por otro lado, con el propósito de defender y propiciar los derechos laborales y las libertades sindicales. Ese es el motivo por el cual este grupo anunció esta unidad en la acción sindical donde vendrán acciones muy concretas donde trate de articular con el sector.

Estas organizaciones sindicales quieren establecer estrategias de alianza con organizaciones sociales y fuerzas del país a través del diálogo y la concentración social con la finalidad de tener una verdadera incidencia positiva en la política pública que se ejecuta e impulsa desde la asamblea legislativa y el poder ejecutivo. Para promover y defender los derechos fundamentales en el trabajo considerando lo comunal, la protección del medio ambiente así como también cualquier modelo de desarrollo humano. 

Muy pronto las acciones que realizará esta unidad sindical se va a hacer escuchar y los ciudadanos que desean participar, pueden unirse a alzar la voz, aquí pueden encontrar un buen momento, un buen lugar para poder cuestionar todas las políticas públicas que no solo afectan a los trabajadores públicos sino a cada ciudadano que está en su casa, pero aquí está la unidad sindical precisamente para ir contra esas políticas públicas que no son en beneficio de los y las trabajadoras del país. 

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Imagen ilustrativa.

¿Salvarán los cambios políticos a Liberación Nacional?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

El Partido Liberación Nacional, de los actuales partidos activos, en la vida nacional, es el más viejo y el que más ha impactado el desarrollo institucional del país desde 1951, cuando se fundó, y desde 1953 cuando empezó a ejercer gobiernos. Si se retrotrae su historia a sus raíces desde la Junta de Gobierno, 1948-1949, cuando su fundador, José Figueres gobernó, a la fuerza, de facto, con los Decretos Ley que aprobaron, en ese período de Gobierno, que sentaron las bases de la Costa Rica de la segunda mitad del siglo XX, más importancia se le puede reconocer en el desarrollo institucional nacional al Partido Liberación Nacional, que dirigió el país en 9 ocasiones, 9 gobiernos, 1953, 1962, 1970, 1974, 1982, 1986, 1994, 2006 y 2010 de los 18 gobiernos que ha tenido el país desde entonces, incluido el actual.

El resto de los gobiernos se los han repartido 3 coaliciones en 1958, 1966 y 1978, de tradición opositora liberacionista con ribetes socialcristianos, 3 del Partido Unidad Social Cristiana, 1990, 1998, 2002, dos del Partido Acción Ciudadana, 2014 y 2018 y el actual Gobierno de Partido Progreso Social Democrático, 2022-2026.

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De esa acción de gobiernos liberacionistas se desarrolló el Estado asistencialista, benefactor y el Estado Social de Derecho que se construyó especialmente hasta 1978, fortaleciendo un conjunto de instituciones públicas poderosas, claves y estratégicas para el desarrollo nacional, como han sido la Universidad de Costa Rica, las universidades públicas que se impulsan en los Gobiernos de Figueres y Daniel Oduber, 1970-1978, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico, la Universidad Estatal a Distancia, el Instituto de Vivienda y Urbanismo, el Consejo Nacional de la Producción para sirvió para asegurar precios justos a los productores nacionales, asegurar sus cosechas para el consumo y para regular precios para los consumidores, la Banca pública estatal que se puso al servicio de distintos sectores empresariales, comerciales y productivos y del público, la Caja Costarricense del Seguro Social, que fundada en el gobierno de Rafael Ángel Calderón Guardia, 1940-1944, se desarrolla, amplía y universaliza sus servicios por el impulso que le da Liberación Nacional, el Instituto Costarricense de Electricidad, el motor del desarrollo y de la economía nacional, y el Instituto Nacional de Seguros, por citar algunas de las instituciones que durante los gobiernos liberacionistas se fortalecieron, al menos hasta 1978.

Fue la Liberación Nacional el que impulsó y fortaleció la clase media nacional, que a pesar de los embates económicos con que se ha venido golpeando a toda la población del país, sigue siendo fuerte, poderosa y sobreviviente, una parte de ella y la otra, sectores amplios de la clase media amenazados en su estatus de vida, con tendencia a ser excluidos y expulsados de esta clase media, reduciendo su tamaño, y a pasando, parte de ella, a formar parte de la composición social de los sectores pobres del país.

Con el Gobierno de Rodrigo Carazo, 1978-1982 se empezó a desmantelar el Estado, se empezaron a privatizar instituciones que eran empresas públicas. A partir del Gobierno de Luis Alberto Monge se impulsaron los Planes de Ajuste Estructural y al inicio de la década de 1990 se impuso la política de Tratados de Libre Comercio, que han atendido todos los gobiernos desde entonces, entre otros cambios importantes que afectaron estructuralmente el desarrollo institucional del país.

El proceso de desmantelamiento estatal no ha cesado. La apertura bancaria, o la desnacionalización que se impuso en el Gobierno de José María Figueres, 1994-1998, culmina no solo con el sector bancario financiero nacional gobernando el país, sino que conduce ahora a deshacerse de más instituciones bancarias públicas, como es el intento de vender el Banco de Costa Rica y el Banco Internacional de Costa Rica.

La descentralización por la privatización de servicios en las instituciones estatales ha debilitado su esencia, camino cada vez más seguro hacia su total privatización y desaparición de las mismas. Es la pinochetización fina, que se ha venido haciendo de la atención primaria de los servicios públicos esenciales, para imponer la privatización de todos los servicios públicos.

La educación pública la han debilitado, la han disminuido en su papel estratégico. La tendencia es hacia la privatización de toda la enseñanza.

La salud pública la han debilitado, fortaleciendo la atención de la salud en manos privadas, y sometiendo a la Caja Costarricense del Seguro Social a depender en diversos servicios de esa salud privada, con grave desatención a los asegurados. Las listas de espera son su mejor emblema.

Al ICE le llevan ganas desde hace muchos años. Del Consejo Nacional de Producción mantienen sus viejos edificios por avenida 10 como símbolo del abandono que se hizo de los productores y consumidores nacionales. Las Universidades son sujetas de ataques constantes en sus finanzas y en su autonomía institucional y funcional, como de reducirles su papel hasta donde puedan. El sector cultura, desarrollado institucionalmente desde el Gobierno de José Figueres, 1970-1974, lo tienen en capilla ardiente, casi artículo mortis en algunas de sus expresiones.

En este breve escenario se han fortalecido unos pequeños grupos nacionales, pero la inmensa población se ha empobrecido. Los índices de pobreza y pobreza extrema crecen. De la misma manera los índices de riqueza se concentran cada vez más en menos manos. A mayor riqueza nacional, concentrada en pocas manos, según los datos, se produce mayor pobreza y pobreza extrema, se reduce fácticamente el volumen de la clase media. Esto es más dramático en las regiones rurales y en las regiones de polos turísticos de desarrollo, donde esto se evidencia más.

La pobreza, la pobreza extrema, el trabajo informal, el desempleo creciente, el desempleo de mujeres cabeza de familia, el ausentismo forzado del proceso educativo, en parte por la pandemia, la no recuperación de los empleos perdidos por la pandemia, las casi 1000 instituciones escolares y educativas paralizadas sanitariamente son apenas una ligera foto del país más feliz del mundo que tenemos…

El asunto es que el Partido Liberación Nacional es parte causal de todo esto. Las banderas sociales que Liberación Nacional tenía las arriaron hace mucho tiempo. Liberación Nacional perdió su memoria histórica, ya ni celebran sus fechas emblemáticas, en las campañas electorales carecían de historia y de conquistas institucionales impulsadas por ese partido. En las últimas campañas electorales se olvidaron de los sectores sociales, que fueron sus bases de apoyo histórico. La renovación de sus liderazgos partidarios se hizo cada vez más alejado de las bases y del pueblo. Se incrustó en Liberación Nacional una verdadera mafia administrativa, desde las instancias cantonales que impusieron cambios que controlaron la vida interna de ese Partido, descabezando a sus líderes históricos, y desmemorizando al Partido.

Las tres derrotas consecutivas electorales que arrastra Liberación Nacional, 2014, 2018 y 2022, a pesar de que en el 2014 y en el 2022, lograron inscribirse para la segunda vuelta electoral, no les alcanzó porque carecieron de mensaje, de identificación con sectores sociales, no pudieron levantar una sola propuesta social frente a un pueblo electoral necesitado de soluciones a los graves problemas que los aqueja, volcándose más fácilmente por nuevas opciones políticas, aunque les fallaran, porque los partidos tradicionales ya les habían y estaban fallando, y era preferible confiar, ensayo y error, en nueva opciones por peligrosas que pudieran ser. El canto de sirenas fue válido hasta el 2022.

Liberación Nacional fue cómplice del descrédito con el que se empezó a cuestionar a los políticos, a los dirigentes políticos, a los líderes tradicionales de los partidos, a los partidos políticos, a la Política como tal, al sistema político, al sistema democrático que lo han desacreditado facilitando las tendencias políticas autoritarias anti todo. En su propio seno se han comido a sus dirigentes históricos y las bases de su propio Partido.

Las medidas que han impulsado no son salvadoras. De no desmantelar la estructura mafiosa que controla el Partido para la escogencia de sus dirigentes y candidatos, desde las asambleas cantonales, no van a salir adelante.

El Partido dejó de ser un Partido Político hace mucho tiempo. Su Directorio Político era simbólico, de papel. En los últimos 20 años, me atrevo afirmar, que no se ha pronunciado públicamente de manera importante sobre ningún tema nacional.

La cabeza del Partido terminó siendo su cola, mientras las fracciones legislativas de Liberación Nacional se convertían de hecho en varias cabezas que trataban de gobernarlo.

No se sentía por ninguna parte que el Directorio Político fuera un baluarte de dirección política partidaria, hacia fuera del partido y hacia adentro.

En su Directorio llegó a mantenerse representantes de expresidentes que públicamente se habían retirado del Partido. Se aceptó a personas que se habían ido del partido, que se les habían enfrentado políticamente y electoralmente, de nuevo en el Directorio, como si nada hubiera pasado.

El Partido fue tomado por sectores bancario-financieros más que por políticos, respondiendo en ese sentido a esos otros intereses, más que la visión política que debe tener una organización que se precie de ser un partido político. Se ha impuesto una visión financiera de hacer negocios con el partido. 

El discurso manejado contra los líderes históricos, los poquillos que le quedan, es errado. Los nuevos que han sido nombrados no son menos tradicionales que los que se han convertido en blanco de los ataques, y quizá si el pensamiento político que los otros tienen.

A Liberación Nacional le faltan líderes políticos. Deberían tener espejos de los líderes socialdemócratas europeos y latinoamericanos que están en la lucha política, al lado de sectores populares.

A Liberación Nacional lo ha perjudicado mucho los vínculos con la corrupción y la narcomafia con que se ha vinculado a dirigentes suyos, de todo nivel, sin que el Partido haya podido hacer nada. No hay en este momento ninguna propuesta para modificar los Estatutos de manera que se permita actuar contra este tipo personas, y dirigentes de distinto rango, que se enquistan en el partido y sus estructuras internas, como públicas en las que participan, municipales, diputadiles o partidarias. Si eso no lo corrigen están manteniendo al paraguas que les filtra agua por todo lado.

Liberación Nacional dejó de ser un Partido pensante, ideológico, teórico doctrinario, visionario del país. En cierta forma dejó de ser un Partido político, como existían los partidos socialdemócratas. Carece de una perspectiva política, ideológica o teórica, y social para trazar el camino de la Costa Rica de los próximos años, carece de banderas sociales y políticas. Carece de identidad con sectores sociales.

Las renuncias de Laura Chinchilla, de Fernando Zamora y de Claudio Alpízar, parecieran ser las más importantes de los últimos meses en ese Partido. Por ahora son solo dirigentes y destacadas figuras del Partido.

Vienen las elecciones municipales dentro de un año. Este será el reto de Liberación Nacional, mantener las casi 50 alcaldías que tienen en su poder hoy.

El alcance de la última Asamblea Nacional solo ha trascendido en el nombramiento de dos de sus principales dirigentes del Directorio del Partido, apoyados por José María Figueres y Oscar Arias. Pareciera que esa Asamblea no dio para más.

Si es así, no ha habido más que un cambio cosmético, y en esa foto siguen siendo los más importantes dentro de ese Partido, guste o no, José María Figueres y Oscar Arias.

¡Limón se une por la institucionalidad costarricense! Marcha este sábado 29

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

Limonenses, este sábado 29 de octubre les invitamos a usted y a su familia a una gran marcha patriótica en defensa de nuestra institucionalidad.

Saldremos de la Municipalidad de Limón a las 12:00 md con destino a la entrada de JAPDEVA, por el parque Vargas, para entregar un documento con propuestas y soluciones al señor presidente Rodrigo Chaves, que se le hará llegar por medio de los diputados que nos acompañarán. La finalidad es que Limón se enrumbe hacia la reactivación económica, la generación de empleo, la lucha contra la pobreza, la ejecución del canon de APM y mayor seguridad para las familias, instituciones, empresas y negocios.

Limón se une en una propuesta directa, que el ejecutivo debe negociar con las fuerzas vivas de la provincia de Limón para aplacar los grandes males que nos aquejan. Por esa razón es importante su apoyo, el de su familia y sus amigos para sumarnos en un clamor popular que llegue hasta Casa Presidencial.

A través de los medios de comunicación y redes sociales es hora de luchar y de sembrar semillas de esperanza.

Por el bien de todos este sábado 29 de octubre a las 12:00 mediodía, salida desde la Municipalidad de Limón.

¡Limón se une por la institucionalidad costarricense!

Compartido con SURCOS por Fedrick Patterson y María Miranda.

“YO ME COMO LA BRONCA”

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Adriano Corrales Arias

Adriano Corrales Arias*

Utilizando esa frase popular, el actual presidente de la República se ganó la simpatía de miles de ciudadanos en su millonaria campaña electoral. Y, de seguro por eso, lo “eligieron”. La frase alude al personaje valiente que se enfrenta a un problema o a una disputa, la cual puede llegar, incluso, hasta la pelea callejera, dado que otras personas no están en disposición de asumirla.

Esos miles pensaron, posiblemente, que la bronca que se comería el presi, consistía en contener la contrarreforma neoliberal de los últimos gobiernos liberacionistas, “socialcristianos” y del PAC, o lo que es lo mismo, del PLUSCPAC y sus turecas. En otras palabras, detener la venta de activos estatales, eliminar la figura de concesión de obra pública, ordenar las compras del estado para evitar corruptelas y, lo más importante, ponerle coto a la evasión y elusión fiscales, máximos disparadores de la crisis fiscal. Y claro, enfrentar la corrupción y retomar la buena marcha de las principales instituciones del estado, así como la mejora de las condiciones de vida de los sectores más golpeados por esa contrarreforma, la pandemia y la crisis global: los trabajadores, los pequeños productores y emprendedores y, la cada vez más empobrecida clase media.

Pero resulta que era otra bronca la que venía a comerse el señor Chaves con sus compinches y escuderos, es decir, sus financistas; la que no arriesgaron en asumir los últimos gobernantes: venta de activos y privatización de servicios con el desmantelamiento de la seguridad social, la educación pública (sobre todo universitaria), las telecomunicaciones, electricidad, agua y la banca nacional, entre otras ocurrencias, que finalmente, no son tan ocurrentes, dado que están en la mira de muchos grandes empresarios y financieras internacionales desde el siglo pasado. Dicho de otro modo, profundizar la contrarreforma neoliberal hasta sus últimas consecuencias para acceder a un estado totalitario y corporativo estilo Chile de Pinochet, México antes de AMLO o la actual España. En breve: desmantelamiento del estado social de derecho.

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Y claro, el valiente presi luce envalentonado; se sabe apoyado por una inmensa masa intoxicada, desde hace decenios, gracias al discurso único y a la virulenta campaña anti trabajadores públicos, anti ciencia, anti saberes y anti estado social, por parte, tanto de la “prensa canalla”, como por el fundamentalismo de toda laya, ya desde iglesias y púlpitos, ya desde ciertas trincheras neoliberales como universidades privadas, cámaras patronales y ciertas embajadas. Ese conglomerado anti pueblo y anti costarricense, no repara en los graves visos inconstitucionales de decretos y “leyes” propuestas por el ejecutivo. Aplauden a un gobierno autoritario con ínfulas totalitarias, sin saber que serán ellos (la masa intoxicada) quienes, finalmente, saldrán más perjudicados.

Lo alarmante de la coyuntura es que no se vislumbra una oposición seria ante un bloque desalmado que pretende echar por la borda todas las reformas sociales que costaron tanto sacrificios y sangre en la década de los cuarenta del siglo pasado. Las cúpulas partidarias que, al final, como vimos, son las mismas, negocian parte del pastel y se ponen de acuerdo en el parlamento, para seguir desarmando el estado social de derecho y tijeretear la Constitución Política de acuerdo a sus voraces intereses. Por ello no se avizora un frente político socialmente amplio que pudiera detener esta nefasta contra ofensiva neoliberal de última hora.

La débil esperanza con que contamos, quienes padecemos desde ya al monstruo que pisa fuerte, es que los miles de intoxicados vayan abriendo los ojos y el cerebro ante la brutal embestida de quien se está comiendo la bronca a favor de sus mentores, promotores y patronos nacionales e internacionales. Para eso lo trajeron desde una de las financieras transnacionales donde laboraba, cual gris tecnócrata.

 

*Escritor

Enviado a SURCOS por el autor.

Las Universidades no pueden estar bajo la férula de los intereses políticos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dra. Yamileth González García, exrectora UCR y Colectivo Mujeres por Costa Rica

Costa Rica vive en la actualidad circunstancias que amenazan, como nunca, su estabilidad democrática y que, ponen en riesgo el Estado Social de Derecho y, en particular a las instituciones de educación superior pública.

El proyecto del Gobierno de Costa Rica que plantea una “Ley reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior”, expediente 23.380, es un irrespeto a las universidades públicas y muestra una ignorancia impropia de un Poder Ejecutivo. El proyecto inicia con una conceptualización pobre, y peor, errada de lo que son las universidades públicas, desconociendo profundamente sus características y la esencia misma de lo que es una universidad. Cuando señala que “El financiamiento de la educación en Costa Rica no se ha puesto en duda a lo largo de décadas”, evidencia, además, desconocer que durante los años de 1980 y 1990 ese financiamiento se vio severamente disminuido, particularmente para la educación superior, como, también, lo ha sido en décadas más recientes.

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Cuando se afirma que la universidad pública ha sido considerada, simplemente “…como un mecanismo de movilidad social, fundamental para el país…“ nos hace entrar en dudas si los proponentes de este proyecto entienden la esencia de la Universidad; se pone en evidencia que, para el Gobierno, las universidades son, de manera excluyente, simples casas de enseñanza, centros de formación de profesionales y, quienes vivimos la vida universitaria a profundidad, sabemos que en nuestro país el quehacer de estas instituciones es mucho más que eso, que está asentado sobre tres pilares esenciales: la investigación, la docencia y la acción social, cuando, además, se señala que las universidades, no están cumpliendo a cabalidad su misión porque no están formando los recursos profesionales que requiere el mercado, surge la pregunta ¿Qué es esa concepción de universidad, que la reduce, exclusivamente, a formar profesionales para la empresa privada y su interés mercantil? Si la visión que prevalece en el documento está dirigida a dar prioridad a las carreras que demande la empresa privada, entonces ¿dónde queda el concepto de un desarrollo integral? ¿Adónde van a dar las carreras de ciencias sociales, de arte y las humanidades? que son, precisamente, las que desarrollan en sus graduados la formación de destrezas relacionadas con el liderazgo, la creatividad, el pensamiento crítico y el trabajo en grupos, que tanto ha influido en la idiosincrasia nacional.

En el artículo1 se establecen límite a la distribución del FEES, el cual sería, fundamentalmente, para financiar la regionalización, las becas y la infraestructura y, entonces, ¿no existe financiamiento para la investigación y la acción social? En la perspectiva de este proyecto a la investigación se le da un papel marginal y la acción social es absolutamente inexistente. Y eso no es casual: así buscarían romper o silenciar la significativa relación que las universidades tienen con la sociedad. A eso se le une que, según este proyecto de ley, la creación de nuevas carreras solo se podría dar si son acordes con el Plan Nacional de Desarrollo (art.7), o sea que se elimina la potestad de las universidades de hacer inversión académica en áreas que estas consideren pertinentes.

A pesar de que, como se señala en el expediente 23.380, hubo, desde la Asamblea Constituyente de 1949, algunos legisladores que discutieron sobre la asignación del presupuesto para la Universidad, otros con sabia visión, como Rodrigo Facio, Carlos Monge y Fernando Baudrit… buscaron protegerla de posibles y futuros embates, como el que se vive en los momentos actuales.

Es inadmisible que, el Gobierno, tergiverse la Constitución Política y señale que el Estado solo debe comprometerse presupuestariamente, con lo necesario para las universidades, y así dejarlas sometidas a los criterios políticos de turno, asignando el mínimo y no el máximo.

No es admisible desde ningún punto de vista y el proyecto lo hace, que se irrespeten los procedimientos universitarios en temas diversos, como son la asignación o distribución de los recursos, la regionalización, etc. y, menos aún, que órganos de la coordinación institucional de las universidades sean eliminados o despojados de sus atribuciones en aras de un control total del Poder Ejecutivo. Contrario a lo que se señala, las universidades siempre han contado con una instancia de coordinación de la educación superior (CONARE), quinquenalmente se han elaborado planes de desarrollo universitario (PLANES) y hay un fondo especial denominado FEES. Por todo lo anterior resulta inaceptable pensar que la educación superior pueda estar administrada, como se propone en el artículo 4, por cuatro ministros de gobierno o sus representantes, encargados de desarrollar el Plan de la Educación Superior y de promover, fiscalizar y evaluar el FEES. Las Universidades no pueden estar bajo la férula de los intereses políticos.

No es de recibo la falaz afirmación de que en la educación superior pública se camina sin controles y que las universidades quieren estar exoneradas del cumplimiento de las leyes de la República; por el contrario siempre se han ajustado a todos los controles de la Contraloría General de la República (presupuestos, refrendo de contratos, etc), también de los mismos organismos de control internos, de los Tribunales de Justicia y de toda la legislación nacional pertinente: por eso la defensa frente a esta proyecto que atenta contra sus derechos, no solo es necesaria y urgente, así como cualquier otra legislación que vaya en contra de estas instituciones.

Inconcebibles son las trabas que se proponen para una ágil y eficiente administración de los recursos, si estos pasan a ser administrados por el Banco Central, y, peor aún, que las universidades tengan que hacer, mensualmente, los trámites para solicitar los fondos requeridos (art.3) y si los recursos, considerados excedentes deben pasar a la Caja única del Estado, pues, entonces, se crean impedimentos para la realización de obras que requieren más tiempo que el que define el período presupuestario señalado.

Es de esperar que una propuesta que irrespeta tanto a las universidades públicas no reciba la atención de la Asamblea Legislativa y que, en ese espacio, no olviden que, aún en tiempos de crisis, no se debe amenazar, como lo ha hecho inconcebiblemente el Presidente Chaves, a la sociedad con el quiebre de nuestro sistema democrático, sino que, por el contrario, recuerden que consolidar la naturaleza de bien público de la educación, constituye el mejor camino para fortalecer la democracia.

Caminamos hacia el resurgimiento de una nueva etapa del movimiento patriótico nacional

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Juan Carlos Durán Castro
Dirigente Sindical SIFUPCR
16 octubre 2022

Las señales que analizábamos previo al proceso de elecciones nacionales, tanto en la primera, como en la segunda ronda se han venido confirmando y estamos viendo un estilo de autoritarismo, de populismo y de manejo del escenario mediático y de redes muy atinado por parte del Presidente Rodrigo Chaves Robles, manejo que más allá de este calificativo no por lo cual deviene el mismo en sano para la democracia nacional.

Ese estilo que aun goza de una mirada de aceptación de la gente y que se refleja en las encuestas, sin duda representa (para decirlo en términos coloquiales), un buen tanque de oxígeno, que al menos en ciertos escenarios ya empezó a agotarse y está generando una variedad de procesos sociales muy interesantes.

Dicho esto, así grosso modo, nos parece que está en desarrollo un fenómeno social de unidad coyuntural al cual debemos ponerle atención y potenciarlo para que tenga una brújula adecuada, mismo que posiblemente parece rescatar o por lo menos debemos por mandato político impregnarle todos los ingredientes para imprimirle una mayor estructuralidad, soñando hacer florecer un sentimiento altamente patriótico que emule el abanico colorido del NO AL TLC.

En tal orientación es una tarea política de primer orden aspirar a tener como eje central la defensa de la institucionalidad y el restablecimiento con enfoque democrático y humanístico del Estado Social de derecho heredado de la Constitución Política establecida a partir de 1949, cuyos postulados esenciales han venido siendo dinamitados desde la alborada de neoliberal iniciada desde el primer plan de ajuste estructural en el Gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez (1982-1986).

Sin duda alguna ese enfoque ideológico de demonizar lo público y ensalzar lo privado ha provocado momentos clímax en las luchas desarrolladas desde los distintos movimientos de corte más progresistas y solo para ubicarlos, vale la pena solo citarlos, en su orden histórico, tenemos entonces: ALCOA, Combo ICE, No al

TLC y más recientemente la huelga contra el denominado combo fiscal en el Gobierno de Carlos Alvarado Quesada.

Esos puntos de inflexión supra cuyos efectos e impactos se inscriben en la lógica política del proyecto conservador tienen el objetivo de vaciar de contenido la Constitución Política de 1949 y en esa hoja de ruta los sectores de la derecha nacional más rancia se inscribe la ley 9635 denominada de «fortalecimiento de las finanzas públicas», que incluye curiosamente dos títulos novedosos en tratándose de un cuerpo normativo de corte fiscal, uno capítulo referido al empleo público y otro sobre la conocida regla fiscal.

Así las cosas, después de haber ganado la batalla de la ley 9635, aprovechando los yerros tácticos y estratégicos de los movimientos sociales en general y en particular los del movimiento sindical del sector público, los sectores más conservadores del país logran consolidar la ley 9808 y la ley marco de empleo público, ley 10.159, que forman parte del proyecto de debilitamiento de la carta política superior, lo cual es a nuestro juicio el riesgo superior en debate en este momento.

Esta seguidilla de involuciones sociales y laborales que solamente citamos, son el reflejo a nuestro juicio de cómo está realmente el panorama y en tal sentido como hemos dicho las señales en pleno desarrollo que tienen como protagonista estrella al Presidente de la Republica están produciendo acoplamientos interesantes que a nuestro entender colocan nuevamente a los movimientos sociales, sindicales y socio productivos de distinto tipo ante un nuevo predicado histórico nacional.

De ahí que los eventos ya convocados por los sectores representados en la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTBPDC), en conjunto con el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (UNA), para el 05 de noviembre 2022, con cuatro ejes de diálogo social: Educación, Seguridad Social, ambiente y energía y economía agroindustrial y agropecuaria en el contexto de la Alianza Pacífico.

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Y la convocatoria realizada desde la Rectoría de la Universidad de Costa, por parte de su Rector Gustavo Gutiérrez Espeleta (oficio R-6882-2022, fechado 13 de octubre de los corrientes), dirigido a los distintos movimientos sociales y que denota una preocupación central, actual y válida, sobre los riesgos en desarrollo que presenta el pais en tres ejes específicos de la vida política nacional, como lo son: la democracia, la institucionalidad y el Estado Social de Derecho, devienen en una alerta sin precedentes en la historia reciente.

Riesgos que a la luz de nuestra lectura del momento compartimos plenamente y sin duda requieren del concurso urgente de los movimientos sociales, todo con la mirada puesta en el impulso de un urgente movimiento patriótico que aspire a descarrilar el tren neoliberal y coloque al país en la verdadera ruta de la inclusión social, el desarrollo nacional y la reactivación económica.

En tal sentido estos dos eventos convocados desde tan importantes casas de estudio nacional, resultan ser dos enormes oportunidades, dos luces que tintinean al final del túnel y que deben ser aprovechadas al máximo por los liderazgos actuales, es decir, este nuevo punto de encuentro de los movimientos sociales que parece estar en desarrollo tiene particularidades históricas que reducen casi a cero los márgenes de error de los líderes y lideresas que pensamos van a estar al frente de los acontecimientos que van tener lugar en el corto plazo.

En tal sentido las decisiones que se vayan a tomar próximamente requieren ser articulados y dirigidos con sentido estratégico y patriótico, actitud inclusiva y con un alto componente democratizador que incorpore la realidad de la gente (hombres y mujeres de los distintos sectores), que conocen su realidad y lideran en los territorios y en las estructuras.

De igual forma, a nuestro modesto modo de ver las cosas, el reto esencial del sindicalismo del sector público es descorporativizarse, desfetichizarce y convertirse en un actor político que potencie las condiciones de un proceso informativo – educativo de amplio espectro que permita apuntar a ganar la batalla informativa en las redes, en los sectores y en los territorios, dicho en sencillo, acabar con el deslumbramiento que tiene la gente sobre el Presidente, desnudándolo y sin victimizarlo.

En esencia debe convertirse el movimiento sindical en un articulador democrático que auspicie un nuevo gran movimiento patriótico nacional, esto resulta ser así, pues está en desarrollo un nuevo punto de inflexión y de cómo se conduzca este, las decisiones que se tomen y el desenlace que resulte, dependerá el futuro del país para los próximos 50 años, de eso estamos hablando.

Nunca hemos sido un “bazar” universitario

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Osvaldo Durán Castro, Sociólogo ITCR, ecologista FECON

El rechazo por parte de la Sala IV del recurso de “inconstitucionalidad por omisión” que las universidades públicas presentaron en 2019 contra los artículos 5, 6, 11, 14, 17, 19 y 26 del Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, no sólo socava la autonomía universitaria si no que debilita a toda la institucionalidad nacional.

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El rechazo del Recurso se da en un contexto de concreción de las amenazas.  Dos ejemplos son la intromisión del Ejecutivo en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la destitución de su presidente ejecutivo y la descalificación de su autonomía, a raíz de la disputa por la posible ejecución del aumento de salario de 7.500 a la base, debidamente aprobado pero pospuesto por la pandemia.  El otro ejemplo es el “leñazo” dado con la imposición del presupuesto a las universidades en la inexistente negociación del Fondo especial para la educación superior (FEES) del 2022, a lo que se suma el proyecto de ley para fijarles parámetros y condiciones para ejecutar su presupuesto.

Este debilitamiento de la institucionalidad ya estaba claramente expuesto en expediente legislativo 22.266, que desde el 2020 intenta modificar el artículo 176 de la Constitución Política. Según ese texto, en adelante “El principio de equilibrio financiero prevalecerá sobre los principios de las autonomías constitucionalmente garantizadas”. De aprobarse tal propuesta, las universidades, la CCSS, las municipalidades y la totalidad de las entidades descentralizadas, tendrán que subordinar sus presupuestos a los parámetros dictados por el Ministerio de Hacienda y según las restricciones impuestas por la regla fiscal o cualquier otro mecanismo definido de manera centralizada y de aplicación obligatoria. La reforma propuesta indica que “en ningún caso el monto de los gastos presupuestos podrá exceder el de los ingresos probables”.

Para un país que se precia de tener un sistema educativo robusto y que aspira a mejorar la calidad de vida por medio de la educación, es gravísimo que el Presidente considere “exitosa” la última negociación/imposición del FEES, porque “Logramos reducir el monto del FEES en términos reales”.  Una reducción acumulada de cerca de 110.000 millones de colones en el FEES, equivale a casi el presupuesto anual conjunto del ITCR y la Universidad Técnica, o a casi el presupuesto total de la Universidad Nacional.  Las dimensiones del impacto negativo de la pérdida de financiamiento las resentirá la sociedad desde ya, pero más en el futuro cuando las universidades públicas pierdan las condiciones para brindarle al país especialistas calificados en todos los campos.

La ofensiva del Gobierno incluye además eventuales sanciones a las universidades “en caso de incumplimiento en la adecuada distribución del FEES” entre ellas. El expediente 23.380, presentado por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa el 6 de octubre 2022, constituye una intromisión sin precedentes, pues por décadas las universidades públicas han realizado esa distribución de acuerdo con sus necesidades, y no siguiendo criterios externos y menos impuestos unilateralmente por el Gobierno.  Las universidades públicas debemos rechazar contundentemente  el supuesto del Presidente de que “Hoy no hay cuentas ni criterios objetivos para repartirlo (el FEES) entre las cinco universidades (…) para que no sea una negociación en un bazar todos los años, sino que haya parámetros”.  Las universidades no sólo planifican internamente y entre ellas por medio del Consejo Nacional de Rectores, si no también con el Gobierno, como quedó demostrado durante la pandemia de la Covid19.

El Consejo Nacional de Rectores, en el comunicado del 10 de junio del 2020 “Posición de CONARE ante informe de Comisión Legislativa sobre el FEES”, señaló que “la última Agenda de Cooperación incluyó 18 proyectos priorizados por el gobierno y 111 proyectos innovadores adicionales propuestos por las universidades distribuidos en todo el país, en áreas tan diversas como: recurso hídrico, agricultura, ambiente, salud y recursos marinos”. “La nueva Agenda de Cooperación, en etapa de negociación, se enfocará a atender los 14 Desafíos de la Educación Pública Costarricense planteados en el documento propuesto por CONARE al Gobierno de la República”.  Esa tarea no se podría realizar desde un “bazar” universitario. La frase del Señor Presidente contra las universidades públicas no requiere comentarios.

La planificación interuniversitaria de corto, mediano y al menos para cada 5 años, se concreta en el Plan Nacional de Desarrollo de la Educación Superior (PLANES), que siempre ha considerado las necesidades del país y por tanto no es un ejercicio universitario aislado. Más bien, los responsables de que esta planificación y ligamen con las necesidades naciones se debilite, han sido los gobiernos al imponer una negociación anual y no quinquenal del FEES.

Las universidades públicas son instituciones que por mandato constitucional tienen el grado máximo y especial de autonomía con que se cuenta en el país,  y eso les otorga, entre otras facultades, la de definir con plena y absoluta independencia, cómo se usan los recursos del FEES. Ningún gobierno o ministerio, ni siquiera el de Educación pública, tiene las condiciones técnicas, la visión y el conocimiento necesarios para definir en qué campos de las ciencias y las humanidades, y en qué regiones del país, se deben invertir los recursos del FEES. Dialogar y consensuar siempre son necesidades oportunas, y eso se ha hecho; pero imponerse, suplantar y desconocer las atribuciones de las universidades, nunca será la vía para mejorar la educación pública.  Y eso es lo que precisamente pretende el Gobierno con el proyecto de ley 23.380, que incluye “parámetros” para medir el desempeño de las universidades y una posible “fiscalización” de la Contraloría General de República, lo cual equivaldría a desmoronar su autonomía, lo mismo que la de las demás instituciones autónomas del país como las municipalidades y la CCSS.

Lejos de fortalecer la institucionalidad pública, este Gobierno ha sumado a su poco original agenda, la recuperación (prácticamente en todos los campos) de las peores propuestas y proyectos de ley de administraciones anteriores contra lo que nos queda del Estado social.

CONARE rechaza categóricamente el Proyecto de Ley No. 23.380 que pretende la injerencia del Poder Ejecutivo en la gestión de las universidades públicas

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Una vez más y de manera sistemática, el Gobierno irrespeta el orden constitucional y el Estado Social de Derecho al condicionar el funcionamiento de las universidades públicas a los intereses de los gobiernos de turno.

El Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior (FEES) está garantizado en la Constitución Política:

  • En los artículos 78 y 85, en cuanto a su monto e indexación.
  • En el artículo 84 en cuanto a la autonomía e independencia del gobierno universitario que planifica su aplicación y destino.
  • En el artículo 85 en cuanto a sus fines constitucionales y su asignación institucional.

El FEES tiene como destino constitucional único, atender al financiamiento del quehacer sustantivo de las universidades públicas y sus distintos programas, desarrollados de conformidad con el Plan Nacional para la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES).

El PLANES 2021-2025 define 43 indicadores y 171 desagregaciones de la actividad sustantiva: Docencia, Investigación, Extensión y Acción Social y Gestión; y 41 metas estratégicas que incluyen 90 indicadores para los ejes de Regionalización, Calidad y Pertinencia, Cobertura y Equidad, Internacionalización y Sostenibilidad, tomando como referencia los índices e instrumentos mundialmente reconocidos y utilizados en materia de Educación Superior Universitaria.

El CONARE, en conjunto con representantes del Gobierno que conforman la Comisión de Enlace, definieron, desde hace más de ocho años, una estructura de indicadores homologados del Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal para el Seguimiento de los Acuerdos de Financiamiento del FEES, en el cual las universidades estatales han evaluado su gestión con 104 indicadores en 6 ejes y 21 temas relacionados con: aseguramiento de la calidad, equidad, cobertura, la rendición de cuentas, vinculación con sectores productivos y excelencia académica.

Lo anterior demuestra que la correcta aplicación e inversión del FEES está determinada y medida por una gran cantidad de indicadores, asociados con acciones y metas, que permiten evaluar el desempeño de las universidades públicas y también medir la eficiencia y eficacia de la ejecución del presupuesto universitario.

Adicionalmente, en la última negociación del financiamiento universitario fueron incorporados en el Anexo del Acuerdo de Financiamiento, índices específicos de desempeño asociados con este financiamiento, derivados del PLANES vigente.

Tal y como lo establecen los artículos 84 y 85 de nuestra Carta Magna, le corresponde al CONARE elaborar el PLANES y definir la distribución del FEES.

Nuestras universidades reiteran su compromiso con el adecuado uso de los fondos públicos que les confieren los artículos 78 y 85 de la Constitución Política y su sistema de transparencia y rendición de cuentas. Sometemos a aprobación de la Contraloría General de la República (CGR), los planes anuales operativos y sus respectivos presupuestos, los informes de ejecución presupuestaria y su liquidación final. Asimismo, hemos cumplido ante la Autoridad Presupuestaria y la propia Contraloría con la Regla Fiscal.

El CONARE rechaza categóricamente el Proyecto de Ley No. 23.380 que pretende la injerencia del Poder Ejecutivo en la gestión de las universidades públicas y reprueba la intención del Gobierno para intervenir en materias constitucionalmente asignadas al gobierno autónomo universitario y llama a todas las autoridades gubernamentales a respetar el orden constitucional y los principios democráticos de nuestra Nación.

Hacemos un llamado de alerta a las comunidades universitarias y a la propia comunidad nacional para manifestarnos en defensa del Estado Social de Derecho.

Confiamos plenamente que la Asamblea Legislativa actuará conforme a la observancia de los principios y normas constitucionales vigentes.

 

Compartido con SURCOS por Efraín Cavallini Acuña.

Los retos de las universidades públicas latinoamericanas

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José María Gutiérrez
Profesor emérito, Universidad de Costa Rica

Las universidades públicas son instituciones esenciales del estado social de derecho en nuestra América Latina. Las universidades han jugado y juegan papeles fundamentales en la región, como vías de movilidad social generadoras de oportunidades, centros productores de nuevo conocimiento y promotoras de desarrollo inclusivo y democrático mediante múltiples vínculos con la sociedad. Además, constituyen centros de reflexión crítica permanente, aportando a los debates sobre el devenir de nuestros pueblos y atisbando nuevas avenidas solidarias por las que transiten nuestras comunidades.

Pese a su importancia y significado, las universidades públicas de América Latina sufren un acoso sin precedentes por parte de los sectores políticos y económicos hegemónicos, acoso que se refleja en una creciente reducción de sus presupuestos, en el cuestionamiento de su carácter público y en los continuos embates contra su autonomía. La reciente negociación de los presupuestos de las universidades públicas en Costa Rica es un claro reflejo de estas tendencias, al violentarse preceptos constitucionales básicos, en el contexto de una política abiertamente hostil por parte de autoridades de gobierno.

El escenario actual de las universidades públicas latinoamericanas plantea enormes retos para estas instituciones. Por un lado, se requiere defender y fortalecer la autonomía y el carácter público de las mismas, renovando los principios de excelencia académica y procura del bien común como ejes centrales. Por otra parte, las universidades deben efectuar las transformaciones que los tiempos demandan, para depurar su funcionamiento, incrementar su trabajo académico y social y atender las urgentes necesidades de los más amplios sectores sociales de nuestros países.

Esta tesitura debe servir para desarrollar procesos de análisis y reflexión crítica y autocrítica en el seno de las universidades y mediante diálogos permanentes con diversos sectores de la sociedad. La revista UNIVERSIDADES, de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), ha publicado un número especial sobre el futuro de las universidades públicas en la región. En dicha publicación se incluye el artículo que se adjunta, que ofrece reflexiones sobre estos temas, centrados en la experiencia de Costa Rica.

El número completo en el que se publica esta contribución está accesible en el siguiente enlace: http://udualerreu.org/index.php/universidades

Nota editorial.
SURCOS comparte además el documento en formato PDF:

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