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Etiqueta: Estado Social de Derecho

En tiempos de reacción y retroceso político y social (I)

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (20)
Tercera época

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

Los tiempos históricos en los que predominan las fuerzas de la reacción, y dan a lugar a un marcado estancamiento social, suelen ser más prolongados que las situaciones o coyunturas revolucionarias, en las que el tiempo para la acción y la irrupción de los más insospechados e innumerables actores sociales, resulta ser más propicio para quienes toman esa vía, dándose una aceleración e intensidad en el transcurrir del tiempo, tal y como lo perciben los colectivos sociales enfrentados a semejantes desafíos.

Para el caso de Costa Rica, al cabo de setenta años del pacto social con el que saldó el último conflicto bélico de nuestra historia republicana, nos encontramos con que una ofensiva de las fuerzas conservadoras y del capital financiero, en detrimento del sector productivo y de las clases trabajadoras en general, está a punto de acabar con los restos del estado social de derecho que sirvió de fundamento a la llamada Segunda República.

Una vez concluidos los enfrentamientos armados de marzo-abril de 1948, entre los “glostoras” (que dieron lugar después al “socialdemócrata” PLN) y los vanguardistas (los así llamados “comunistas”, conste que estoy empleando el término como un sustantivo), los que a pesar de sus marcadas diferencias y las duras e incluso encarnizadas persecuciones “anticomunistas” instigadas desde Washington, propias del primer período de la guerra fría, infligidas por los primeros hacia los segundos, a lo largo de las dos primeras décadas posteriores, lo cierto es que ambos representaban a sectores reformistas que aspiraban a ocupar el mismo espacio político, y a ser los actores decisivos de la transformación social que vino a superar al país del viejo olimpo liberal, ya agotado al llegar la década de los cuarenta. Tanto la gente del Centro de Estudios de los Problemas Nacionales (Rodrigo Facio, Carlos Monge y otros) como la de los militantes del emergente Bloque Obrero Campesino, después Vanguardia Popular (Carmen Lyra, Manuel Mora entre otros líderes sociales) fueron rupturistas en relación con el orden social y político imperante en la Costa Rica anterior a la Reforma Social, cosa que no puede afirmarse en todo el sentido de la expresión para el caso del “calderonismo” del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, a pesar de las dotes de estadista y el espíritu de avanzada social que lo caracterizaron, al darle un decisivo impulso inicial a la reforma social, a través de una alianza político electoral con los de Vanguardia Popular, la que se extinguió después del desenlace del conflicto armado.

Después de derrotar en el campo de batalla y sacar del juego político a sus adversarios “comunistas” y calderonistas, los “glostoras” llamaron a una Asamblea Constituyente, dando lugar a constitución reformista que sirvió de base al estado social de derecho, hoy a punto de ser aniquilado por la ultraderecha conservadora del nuevo siglo, la que a pesar de sus disfraces de presuntamente liberal, cristiana o progre profesa en su totalidad, y a pie juntillas todos los extremos y consecuencias del credo neoliberal.

En 1949 se produjo, al interior de la Asamblea Constituyente, una tácita alianza entre glostoras y vanguardistas, en la que los segundos intervinieron a través de los constitucionalistas electos por el Partido Constitucional Demócrata de Celso Gamboa, y los primeros bajo la denominación de Partido Social Demócrata (después de PLN), con su pequeño grupo parlamentario, encabezado por Rodrigo Facio Brenes. Estos sectores antagónicos pero afines, que a lo sumo representaban una cuarta parte de los constituyentes le imprimieron un tono reformista al nuevo texto constitucional, para lo que contaron con el apoyo de la gran mayoría de los constitucionalistas que estaban imbuidos de ese ethos renovador, tan propio de esa convulsa década que vino a cerrar el ciclo histórico del viejo liberalismo.

Lo paradojal vino después, en esos tiempos de reacción, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, cuando desde la Casa Blanca y la United Fruit Company se impulsó la destrucción de la primavera democrática de Guatemala (1944-1954), representada por los presidentes Juan José Arévalo, quien había apoyado con armas la revuelta de José Figueres en Costa Rica y Jacobo Árbenz, contando con el apoyo de la dictadura somocista en Nicaragua y la de Tiburcio Carías en Honduras. Eran los tiempos en que los EEUU buscaban reafirmar, una vez más, el control de su patio trasero: Por eso, su agenda para 1954, era la de acabar con la Argentina de Juan Domingo Perón, la Guatemala de Jacobo Árbenz y la Costa Rica de José Figueres Ferrer habiendo llamado con ese propósito, durante el mes de mayo de 1954, a la X conferencia interamericana, convocada por la Organización de Estados Americanos (OEA), en la ciudad de Caracas, Venezuela. Argentina y Costa Rica se negaron a asistir, mientras la Guatemala de Árbenz intentó heroicamente enfrentarse a los designios imperiales, a pesar del aislamiento a que fue sometida, a partir de esa conferencia y hasta su derrocamiento en julio de ese mismo año.

Mientras tanto, una vez concluida la guerra civil en Costa Rica, Calderón Guardia se refugió en la Nicaragua somocista, la que le dio apoyo en su primer intento armado de recuperar el poder, en diciembre de 1948, y posteriormente bajo el paraguas republicano de la administración estadounidense Eisenhower-Nixon intentó de nuevo, en enero de 1955, tomar el poder por la vía armada para acabar, tanto con los “comunistas” de Vanguardia Popular como con los de José Figueres Ferrer y su Partido Liberación Nacional, los dos sectores reformistas que habían luchado entre sí con las armas en la mano en 1948, pero habían terminado, no de manera conjunta ni deliberada, por darle un rumbo reformista, y rooseveltiano-keynesiano un tanto tecnocrático a las políticas económicas y sociales de estado, razón por la que Figueres Ferrer, que le había dado solución de continuidad a las reformas sociales de la década del cuarenta, era considerado como “comunista” ante los ojos de la ultraderecha conservadora de la región y por los gobernantes “republicanos” de la Casa Blanca.

Como puede apreciarse, a pesar de la relativa estabilización política y social con la que transcurrieron las primeras décadas del creciente estado de bienestar, unido al crecimiento económico planetario sostenido de los llamados treinta gloriosos(1945-1975), a partir de la conformación de un estado social de derecho, como un evento insólito en el istmo centroamericano, este estuvo siempre amenazado desde los poderes fácticos que se valieron de los grandes medios como el diario La Nación, los noticieros radiofónicos y la naciente televisión.

Por su parte, las fuerzas conservadoras retomaron la iniciativa, durante la segunda mitad de la década de los sesenta, con el triunfo electoral del conservador José Joaquín Trejos, a quien una coalición de sectores de derecha y del “calderonismo”, como un sector político que abandonó sus ya debilitados arrebatos reformistas que venían de la década de los cuarenta, una vez transcurrido un breve paréntesis, después del regreso del exilio de sus líderes, durante el año de 1958 y de su reincorporación a la vida política electoral, para diluirse dentro de un espectro de fuerzas cada vez más inclinadas hacia la regresión social, esa que hoy conocemos como neoliberalismo. Fue entonces cuando el Partido Liberación Nacional se sintió amenazado por estas fuerzas de la derecha conservadora, motivo por el que su interior surgió el Movimiento Democrático para una Revolución Social que, en el transcurso de 1968, lanzó su Documento o Carta de Patio de Agua, con la firma de numerosos líderes y militantes de aquella socialdemocracia reformista que buscaba así darle una solución de continuidad al proceso que había iniciado dos décadas atrás.

Chapucerismo ilustrado

Luis Fernando Astorga Gatjens

Tengo la certeza de que la Administración Alvarado Quesada pasará a los anales de la historia patria, como la más chapucera, improvisada y errática. Para merecer tal distinción, sin duda, contará con sobrados méritos, los que se reflejan en el copioso número de errores a su haber. Errores y gazapos que se han manifestado a través de distinto tipo de productos y procesos; los que han tenido a jerarcas y funcionarios de diversas instituciones gubernamentales como protagonistas.

Según el Diccionario de la Real Academia Española, el vocablo chapucero significa (para quien se hace acreedor de tal calificativo) que “trabaja o hace las cosas con poco cuidado, sin técnica o con un acabado deficiente.”

Los errores de diversa naturaleza y alcance, que han salpicado a este gobierno, se han convertido en noticias tercamente perennes como si formarán parte de promesas de campaña que se cumplen con esmerado rigor. Una vez que saltan a la luz pública aparecen las excusas, explicaciones y solicitudes de perdón (muchas con poca convicción, por cierto), pero ya el mal está hecho; los males han sido consumados. Podemos definir entonces a este gobierno como tristemente ilustre o tristemente chapucero.

Debo aclarar que lo de “ilustre” no está, en modo alguno, relacionado con el movimiento cultural del siglo XVIII, que surgió en Francia y se extendió por Europa y que ha sido conocido como Ilustración. La razón y la lógica fueron motores propulsores de ese proceso histórico. Cosa que no siempre ha estado presente en los avatares de la presente administración.

La posibilidad de cometer errores es una condición humana inevitable. Eso nos sucede en la cotidianidad de nuestras vidas por distintas causas, con nuestros familiares, amigos y también con personas que no conocemos. La humilde solicitud de perdón cuando erramos nos enaltece y nos puede y debe proyectar como mejores personas. Sin embargo, cuando estos errores se cometen, de manera sistemática, dentro del ejercicio de cargos públicos, su impacto se magnifica por el daño social y económico que pueden generar.

En el largo rosario de pifias y chapucerías institucionales acumuladas desde mayo de 2018 hasta el presente, se pueden identificar las chapuzas en escenarios públicos tan diversos como el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), el Ministerio de la Presidencia, el Instituto Nacional de Ferrocarriles (INCOFER), el Instituto Nacional de Turismo (ICT) y podríamos seguir citando entidades.

Pongamos como ejemplos algunas perlas ilustrativas, sin orden ni concierto cronológico:

  • Errores en las pruebas educativas FARO.
  • Graves fallas en el control del CONAVI/ MOPT que posibilitó que una cochinilla bicéfala (MECO y HSolís) engordara sus astronómicas finanzas, construyendo vías deficientes con obsolescencia programada.
  • Regla fiscal que pone en dudas el funcionamiento del 911.
  • El ruidoso caso UPAD.
  • Errores en las guías turísticas del ICT.
  • Cambios en el discurso sobre el cultivo del cáñamo y la mariguana medicinal.
  • No ratificación del Acuerdo de Escazú aun cuando el país fue su impulsor original.
  • Fiasco en el sitio Web del MOPT para las pruebas de licencia.
  • Dudas hamletianas entre la obligatoriedad o no de la vacunación contra la Covid-19.
  • Vicepresidencias erráticas y opacas, con escasa incidencia en el quehacer gubernamental.
  • Errores garrafales del MEP en la búsqueda de imponer a la Fundación Omar Dengo para la creación y desarrollo de la Red Educativa del Bicentenario.
  • Falta de vigilancia del movimiento vehicular en los peajes de la ruta 32 (Globalvía) por errores en la contratación de la entidad supervisora.
  • Etcétera.

Pero la «chapuza» mayor de este gobierno ha sido renunciar a la tradición progresista del país y de defensa de su singular Estado Social de Derecho, que construimos el siglo anterior.

En vez de buscar recorrer caminos distintos antes que entregarse a los designios de los grupos plutocráticos y a las órdenes del Fondo Monetario Internacional (FMI), desde los inicios de este periodo gubernamental, Carlos Alvarado, un tecnócrata imberbe y con un pálido liderazgo, abrazó las doctrinas y las prácticas neoliberales como un mono tití, indefenso y frágil, agarrado a una palmera azotada por un huracán inclemente. Desde luego, no lo hizo solo. Contó con la aquiescencia complaciente y cómplice de una alianza legislativa neoliberal hasta la médula, de la que han formado parte el partido oficialista (PAC), el PLN, el PUSC, Restauración, Nueva República y otras fracciones denominadas independientes.

Con ello, ha hecho retroceder al país en múltiples campos. Para recobrar esta Patria mustia y su democracia, real y efectiva, quienes luchamos y lucharemos por un país justo, inclusivo y solidario, tendremos que dar lo mejor de nosotros y nosotras para revertir esta impronta que debe marcarse con el olvido. Claro está, en mi caso, daré esta hermosa pelea con mucho gusto y convicción porque este hermoso país, su pueblo y su futuro, lo merecen con creces.

(26 de enero, 2022)

El enorme deterioro del Estado Social de Derecho debe estar en el centro de las elecciones de 2022 – Crónica de conversatorio

Crónica del conversatorio político “Por la esperanza de una mejor Costa Rica”

Luis Fernando Astorga Gatjens

El jueves, 21 de enero, se celebró el Conversatorio Político “Por la esperanza de una mejor Costa Rica”, co-organizado por la Diócesis de Alajuela y la Universidad Técnica Nacional (UTN), como un espacio de intercambio reflexivo, fecundo y productivo, de cara a las elecciones del próximo 6 de febrero.

El evento de carácter virtual fue transmitido por Facebook Live, YouTube y trasmitido por radio Fides y otras emisoras católicas regionales. Su amplia promoción hizo que tuviera una amplia e interesada audiencia.

Participaron dos expositores y una expositora, bajo la conducción y moderación de Luis Fernando Astorga Gatjens, activista político y social, especialista en derechos humanos y discapacidad. Nelly López Alfaro, Directora del Instituto de Estudios de Población (IDESPO), de la Universidad Nacional (UNA), fue la panelista y Monseñor Ángel San Casimiro Fernández y el ex catedrático y ex vicerrector de la UNA, Hernán Alvarado Ugarte, fueron los dos ponentes.

La actividad fue introducida por el Obispo de Alajuela, Monseñor Bartolomé Buigues y José Matarrita Sánchez, vicerrector de Docencia de la UTN. Ambos coincidieron en la importancia de este tipo de diálogos, en función de iluminar al electorado para animarlo a acudir a las urnas y, con ello, fortalecer la democracia nacional.

El padre Luis Hernández, organizador de la actividad presentó al moderador y a los tres participantes, y con ello, dio el banderillazo de salida del evento, el cual se dividió en cuatro segmentos.

AUGE Y CAÍDA

La primera ronda de intervenciones se centró en la génesis, declive y momento actual del Estado Social de Derecho (ESD) del país. Ugarte Alvarado hizo un recorrido histórico de los antecedentes de ese Estado de Bienestar, que tuvo su punto de origen en la década de los años cuarenta del siglo anterior. Destacó el papel cimero de Rafael Calderón Guardia, Monseñor Víctor Manuel Sanabria y Manuel Mora Valverde, en echar sus cimientos (garantías sociales, creación de la Caja, Código de Trabajo, UCR) y la consagración de éste en la Constituyente de 1949 y en la Constitución Política vigente. Hizo mención del conjunto de instituciones que le dieron vida en las décadas de los años cincuenta, sesenta y setenta de la anterior centuria, lo que permitió destacados avances en derechos sociales; que posibilitaron que Costa Rica se singularizara en el contexto latinoamericano.

Por su parte, Nelly López fijó la década de los ochenta anterior como el punto de una progresiva erosión de ese ESD, donde la intervención de organismos internacionales (como el FMI y el Banco Mundial), marcaron la agenda económica y social del país, bajo la omnipresente consigna: “Más mercado y menos Estado”. Subrayó la directora del IDESPO como el crecimiento de la desigualdad social (Costa Rica es el octavo en el ámbito mundial, en ese preocupante rubro), la concentración de la riqueza en cada vez menos manos y una pobreza que baja poco en sus indicadores, son reflejo de ese deterioro.

Mientras tanto Monseñor San Casimiro recordó el papel de distintas entidades de la Iglesia Católica en apoyo a los pobres y el rol, activo y consciente, bajo el manto de la Doctrina Social de la Iglesia, en la defensa y promoción del ESD. Asimismo reivindicó el rol político de los sacerdotes al lado del pueblo, en la reivindicación de sus derechos, así como la importancia que se apruebe el carácter laico del Estado costarricense.

ESD Y ELECCIONES

La segunda ronda de los intercambios se centró en cómo se ha estado abordando la situación que vive el ESD en la actual campaña electoral. Los tres panelistas y el conductor del debate coincidieron que es un tema ausente. Se indicó que en los programas de los partidos, en las campañas y en los debates se observan temas de ese grave problema que enfrenta el país, pero se ven en forma aislada; no sistémica e integral.

López Alfaro, con cifras frescas del más reciente estudio de IDESPO, mostró el enorme deterioro del ESD y lo contrastó con la escasa consciencia política y social del fenómeno. “Hay un inconsciente colectivo muy arraigado porque la gran mayoría de medios informativos y partidos políticos, no han identificado la gravedad del estado de cosas”, acotó Astorga Gatjens.

Por su parte, Hernán Alvarado destacó el hecho de que el país está en un precipicio económico, político y social, que aunque algunos sectores se lo atribuyen a la pandemia de la Covid-19, lo real y concreto es que es un problema estructural, que viene de décadas atrás. La pandemia lo que ha hecho es agravar los problemas y desnudarlos, y en vez de más democracia para afrontar la crisis múltiple, se ha dado exactamente lo contrario, expresó Alvarado Ugarte.

EL FUTURO DEL ESTADO DE BIENESTAR

La tercera ronda tuvo como tema central, los desafíos futuros del Estado Social de Derecho en el país. Se inició con la pregunta del moderador dirigida a Monseñor San Casimiro: “El Papa Francisco ha planteado tres T dentro de su compromiso social con las mayorías planetarias, que son Techo, Tierra y Trabajo. ¿Cómo visualiza esas tres T en la Costa Rica hoy y de cara al futuro?”

En primer lugar, el panelista expresó su profunda decepción de cómo se ha abordado el tema de la vivienda en el país. Es tema de cada campaña electoral desde hace mucho tiempo y los precarios, y los tugurios siguen creciendo. Se pronunció sobre la necesidad imperiosa de soluciones inmediatas e impostergables y de la construcción vertical de viviendas, partiendo de que el acceso a un techo digno es fundamental para el desarrollo de las personas y las familias. Con respecto al acceso a la tierra expresó que hace mucho tiempo los campesinos fueron abandonados a su suerte, cuando son un actor clave para asegurar la independencia alimentaria del país, máxime en estos tiempos pandémicos que corren. Sobre el acceso al trabajo indicó que es urgente un verdadero plan de reactivación económica, que asegure la inclusión laboral y la reducción del desempleo.

Hernán Alvarado planteó con respecto al futuro del ESD que era imprescindible darle vida al carácter participativo de la democracia costarricense, establecido en el artículo 9 de la Constitución, desde el año 2003. Un componente consustancial de tal aplicación práctica debe ser la revocatoria del mandato, tanto presidencial como de los diputados. Es seguro –subrayó Alvarado Ugarte— que, si se diera la posibilidad de revocar mandatos, el país estaría mejor porque la presión social impediría la incompetencia política, el incumplimiento impune de obligaciones y la corrupción a la que se enfrenta hoy el país. De la misma manera, López Alfaro se pronunció por el fortalecimiento de la democracia y el ESD a través de la participación social en las comunidades, en los barrios, en las asociaciones.

VOTO CONSCIENTE Y CRÍTICO

En la cuarta y última ronda, los tres panelistas coincidieron en la importancia de cumplir con el deber de emisión del sufragio, el 6 de febrero próximo. Pero debe ser un voto consciente y crítico para asegurar que las futuras autoridades se comprometan con retornar al camino de revitalización del Estado Social de Derecho. “Sólo de esta manera, se puede asegurar el desarrollo de un país justo, inclusivo y solidario”, fue el pronunciamiento unificado.

En la misma dirección, se expresó el conductor del evento al reivindicar la necesidad de dar un paso en el desarrollo de ese ESD, al incorporar el carácter ecológico, tal y como ha venido abogando el Papa Francisco al examinar la enorme crisis social en el mundo y los desafíos que nos impone la crisis climática. Alvarado Ugarte subrayó la necesidad de incorporar un amplio capítulo a la Carta Magna dedicado al tema ambiental.

Se terminó el constructivo conversatorio, invocando las esperanzadoras palabras del poeta, Isaac Felipe Azofeifa: “De veras, hijo, ya todas las estrellas han partido. Pero nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer.”

(21 de enero, 2022)

Pueblos indígenas sufren retroceso en derechos humanos

Luis Fernando Astorga Gatjens

En los últimos años, el país ha venido avanzando como el cangrejo en muchos campos, incluido el de los derechos humanos. Lo que ha sido motivo de orgullo y prestigio internacional se ha venido erosionando con el concurso de distintas administraciones gubernamentales, del Poder Judicial y de la Asamblea Legislativa.

De ese progresivo deterioro pueden dar cuenta los pueblos indígenas de Costa Rica, que han sido y son presa fácil de un racismo cada vez menos disimulado. Lo que hubo de sufrir Leonel García Segura del Pueblo Cabécar de Bajo Chirripó, el 30 de diciembre anterior, es un reflejo tan notorio como indignante de una grave violación de sus derechos, que se busca cubrir con el manto racista de la impunidad.

Dos hombres no indígenas de apellido León, padre e hijo, ajenos e intrusos en el Territorio de los Cabécar, que ocupan en forma ilegal terrenos en ese territorio, agredieron con machetes en mano a García Segura, propinándole múltiples heridas en todo su cuerpo, que lo llevaron a Cuidados Intensivos del Hospital Tony Facio. Pero mientras el brutalmente agredido luchaba por su vida, los dos agresores que ya le habían amenazado de hacerlo picadillo, se encontraban libres con la venia de las autoridades judiciales. Este hecho atroz, motivado por el odio y la discriminación, debe ser causa de repudio y de reclamo inmediato de justicia.

Existe un expediente judicial que debe dar la razón a Leonel García en contra de los usurpadores, que han mantenido la ocupación ilegal del terreno, pero ante la demora, negligencia e inacción de los responsables judiciales de apurar la resolución, los León han querido imponer su aberrante ley con una acción de extrema violencia. Ya antes lo habían amenazado con hacerlo picadillo. Cuando deberían haberse dictado medidas cautelares para proteger la integridad física y la vida de Leonel García, el proceso avanza con una pasmosa lentitud.

Esta es otra pieza más del rosario de injusticias que han venido enfrentando los pueblos indígenas, sin que esta situación muestre cambio alguno.

Los antecedentes de este tipo de actos hay que situarlos en el año 1977, cuando fue aprobada la Ley Indígena de Costa Rica Nº 6172, a través de la cual se buscó regular temas como la identidad, organización y territorio de los pueblos indígenas. Mediante esta norma, el Estado costarricense reconoció el derecho exclusivo de los indígenas a sus territorios. En la ley que tiene ya 44 años, en su momento se delegó al Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) y a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), la resolución del problema de apropiamiento ilegal de tierras por parte de personas no-indígenas.

La devolución de los territorios indígenas a los pueblos originarios es un compromiso clave e ineludible contenido en esa ley. Sin embargo, los años han venido pasando y ese compromiso no se ha cumplido. Gobierno tras gobierno lo han venido posponiendo, fruto de las presiones políticas de terratenientes que usurpan ilegalmente esas tierras. La discriminación ancestral es la que ha marcado la pauta.

Pero el incumplimiento del Estado de una ley tan añeja en su promulgación, no se queda ahí. También se han venido incumpliendo un conjunto de disposiciones del Sistema de Naciones Unidas, contenidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este convenio indica que “los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación”. Igualmente, este instrumento jurídico internacional fija que los Estados “deberán adoptar medidas especiales para proteger a las personas, instituciones, los bienes, el trabajo, la cultura y el medio ambiente de los pueblos originarios”.

La justa lucha por lograr que los territorios indígenas vuelvan a las manos de sus legítimos dueños ha generado dolor, luto y sangre de luchadoras y luchadores indígenas. Así lo testimonian los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz, de Jehry Rivera y de varias tentativas de homicidio contra otros líderes.

Múltiples hechos que forman parte de esa injusticia han sido debidamente documentados y denunciadas ante la Subcomisión de Acceso a la Justicia para los Pueblos Indígenas del Poder Judicial, actuando la Defensoría de los Habitantes como testigo; empero todas estas denuncias han sido archivadas por la Inspección Judicial. No ha habido justicia, y cuando se insinúa, no ha sido ni pronta ni cumplida.

Con ello la impunidad le ha venido ganando la batalla a la justicia. Y de esta manera se ha alentado a los usurpadores a que sigan agrediendo a mansalva a los pueblos originarios y atropellando sus derechos. Mientras tanto las autoridades del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo siguen mirando para otro lado, haciéndose cómplices de una injusticia que pone en entredicho a la democracia costarricense.

Algunos en el país (incluidos candidatos presidenciales y candidatos a diputados) siguen viviendo en una Costa Rica paralela, en la que algunos logros y avances en derechos humanos, eran reales. Pero lo que fue ya no es. Los derechos humanos contenidos en normas nacionales o internacionales, se alejan cada vez más de su cumplimiento efectivo. Mucho ruido normativo y pocas nueces en su implementación.

No emerge otro camino que no sea el de la lucha social para que el brillo de un Estado Social de Derecho, respetuoso de los derechos humanos de todas las personas, pero priorizando a las minorías perseguidas y discriminadas, vuelva a singularizar a este país que se nos está yendo de las manos.

(17 de enero, 2021)

Votar por Figueres Olsen tapándose la nariz

José Manuel Arroyo Gutiérrez

         Algunas personas están considerando votar por el candidato Figueres Olsen del PLN. Hasta aquí todo legítimo y válido. Lo que no puede ser admisible es que agreguen: “aunque sabemos que ese partido y ese candidato están tomados por la corrupción…” Las consecuencias jurídicas, éticas y políticas de este razonamiento son devastadoras. Dicen de un ciudadano totalmente confundido y extraviado, dispuesto a normalizar las peores prácticas en el manejo de la cosa pública con tal de aprovechar, según ellos, un poco de experiencia y competencia.

         Es cierto que en estas elecciones se juega mucho más que la escogencia de nuevos representantes populares. La gran mayoría de candidatas y candidatos, los malos y los peores, siguen la ruta del telele neoliberal, abjurando de la mejor herencia política costarricense, el estado social de derecho y las aspiraciones de un modelo de convivencia democrático, con bienestar para las mayorías, sin grandes inequidades y con oportunidades para todas y todos.

         El significado jurídico, en sentido metafórico, de una decisión como la señalada líneas arriba, convierte a quienes así están pensando en cómplices y coautores de un daño social gravísimo. Desde el punto de vista ético asumen la destrucción de valores fundamentales para la convivencia como son la honradez, la responsabilidad en el destino compartido y la confianza en quienes han de liderar el mundo que entregaremos a las futuras generaciones.

         La cuestión cultural, en sentido amplio y referida a la cultura democrática, nos desnuda una sociedad y una clase política incapaces de definir y escoger una nueva etapa histórica. Mientras sigamos debatiéndonos entre calderones y figueres no habremos superado el mundo que construyeron con más méritos que deméritos los padres y abuelos. Es patético que todavía nos debatamos en esas alternativas. Quizá en este punto radica la indecisión de la mitad del electorado y sobre todo la apatía de los más jóvenes.

         El punto de inflexión estuvo en la década de los años noventa del siglo pasado. Un pacto implícito entre los hijos de los caudillos se repartió las áreas de influencia de lo más jugoso del andamiaje institucional de la patria. No hay casualidad ninguna en que esta manera de hacer política, manejando lo público como si fuera hacienda privada, culminara con los escandalosos casos CAJA-FISCHEL e ICE-ALCATEL. Esa es la herencia que nos han dejado los herederos de los caudillos.

         Pero es que además, votar por Figueres Olsen tapándose la nariz, supone olvidar que este político ya tuvo su oportunidad, que aún hoy muchos sectores padecen las consecuencias de su gestión y que, en definitiva, fue un período con mucha pena y poca gloria. Supone también echar en el olvido que no hizo frente a los hechos derivados de “una asesoría” a la empresa que estaba negociando con el estado costarricense una compra multimillonaria en el sector de telecomunicaciones, el legado de papá. ¿Hay alguien capaz de defender que es lo mismo que un ex presidente “asesore” este tipo de negociados, a que lo haga cualquier hijo de vecino? Más allá de si hubo o no delitos o fiscales que los persiguieran, ¿este tipo de movidas, para beneficio propio y de los más cercanos, es el modelo de político y política que queremos?

         Lo peor del argumento expresado por este sector de votantes es que no advierten lo que está pasando precisamente en estos días. Parte de lo que pasa con la “experiencia” es que entre más se ejerce el poder, más riesgo hay de caer en vicios y corruptelas. Lo que ha sucedido con los alcaldes liberacionistas en el tema de la concesión de obra pública; lo que ha pasado con las cercanías del alcalde liberacionista en la zona sur con sujetos vinculados al narcotráfico; lo que ha pasado en la Asamblea Legislativa con la comisión de no-investigación de la influencia del narcotráfico en los partidos políticos, incluido el PLN, suponen un grado de contaminación y descaro que no se pueden permitir.

         Expreso estas opiniones sin mucha esperanza. Sólo para que no se diga que no fueron advertidas.

Conflictos sociales en el horizonte ante un país cada vez más desigual

Luis Fernando Astorga Gatjens

Costa Rica tiene en sus manos una bomba de relojería, que vislumbra en el horizonte –casi irremisiblemente– futuros conflictos y estallidos sociales. La crisis social ha venido madurando al compás del progresivo deterioro del Estado Social de Derecho (ESD), que forjó el país el siglo anterior.

Hoy, cada vez queda menos de ese Estado de Bienestar y eso se retrata en el incremento de la pobreza y la desigualdad social, y la ominosa concentración de la riqueza en cada vez menos manos. Lo que nos proyectó internacionalmente en el pasado, con cifras en desarrollo humano y en esfuerzos reductores de desigualdad social alentadores, hoy es un recuerdo que se desdibuja cada vez más. Es un país que ha venido cambiando para lo peor.

Actualmente, lo que fue halagüeño y esperanzador se ha tornado sombrío. Así se puede constatar en el Informe 2021 del Programa de Estado de la Nación (PEN). Como bien se señala en el informe, Costa Rica muestra un creciente desgaste en su capacidad para impulsar el desarrollo humano. Aunque algunos analistas ponen el acento causal en la arrasadora pandemia de la covid-19, lo más objetivo es que esta situación tiene causas más profundas y añejas.

La pandemia y sus secuelas económicas y sociales ha sido un significativo factor agravante de la crisis económica y social que padece el país. Pero no se debe echar la culpa al coronavirus porque realmente la crisis y la erosión del Estado Social de Derecho, nos viene de lejos. Hizo su aparición inicial en los años ochenta del siglo pasado, cuando la pandemia neoliberal hizo su aparición. Luego con zigzagueos, pero con constancia esa doctrina fue marcando la economía y la sociedad costarricenses, con su sello promotor del individualismo, y con el impulso privatizador de servicios públicos y el achicamiento del Estado.

La falta de soluciones a los problemas que enfrenta un sector mayoritario de los habitantes del país es muy posible que les impulse al justo reclamo y a la protesta social. Las calles en los años que vienen y, particularmente, en este 2022, se podrían llenar de gente que se cansó de esperar soluciones concretas para mejorar sus vidas. No hay mal que dure por siempre ni cuerpo social que lo resista.

Dice bien el investigador del PEN, Ronald Alfaro Redondo cuando afirma que: “Los desafíos que tenemos y las dificultades para que esas fortalezas históricas que teníamos soporten, no solo la pandemia (porque ya veníamos en una situación crítica a la que se suma la pandemia), nos dejaron en una situación compleja y muy complicada donde si se tira un fósforo y hay gasolina, esto puede arder.”

El visualizar esta situación crítica que emerge en el horizonte debería constituirse en una responsabilidad de los candidatos y los partidos presentes en la liza electoral del 6 de febrero próximo. Pero lo que debe ser una responsabilidad política ineludible aparece esquiva en la agenda electoral dominante.

Con contadísimas excepciones, el conjunto de candidatos presidenciales no ha profundizado en el análisis de la real situación que enfrentan amplios sectores de la población y la significativa erosión del Estado Social de Derecho. Cuando hablan de problemas sociales lo hacen sin la profundidad que demanda la gravedad de la situación actual. Consecuentemente, las propuestas de solución adolecen de la misma debilidad.

En este estado de cosas, contribuyen la mayor parte de los medios de comunicación, que alineados a las políticas neoliberales, no ahondan en la gravedad de la crisis social que se ha venido acumulando en los últimos años. Eso se refleja en la falta de hondura de las entrevistas que realizan a los candidatos y, es muy probable que también se reflejará en los debates, que organizan en estas próximas semanas.

Quienes piensen y pretendan que con la leyes impulsadas por este Gobierno y aprobadas por la alianza neoliberal conformada en el Congreso, para frenar y criminalizar la lucha social, les alcanzará para contener las justas protestas ciudadanas, están equivocados. Cuando la injusticia llega a los estómagos y cunde la desesperanza por una vida mejor entre muchos, el camino de la lucha social, pacífica pero firme y reivindicadora, emergerá con una fuerza creciente.

Harían muy bien los candidatos presidenciales y también quienes aspiran a ocupar una curul legislativa de leer con seria atención la sabias palabras del Papa Francisco: “La crisis económico-social y el consiguiente aumento de la pobreza tiene sus causas en políticas inspiradas en formas de neoliberalismo que consideran las ganancias y las leyes de mercado como parámetros absolutos en detrimento de la dignidad de las personas y de los pueblos.”

Sólo con un cambio de rumbo que haga reverdecer el Estado Social de Derecho, se evitará que la lucha por la justicia social llene las calles de voces justicieras. Pero, por ahora, estamos más situados en las dudas que en la esperanza.

(9 de enero, 2021)

COSTA RICA 2021: LA COMMEDIA È FINITA

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (17).

Tercera época.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

El telón de la obra teatral que ha venido siendo representada durante los últimos ocho años en la escena política del pequeño país centroamericano que somos ha caído por fin: entre la penumbra reinante empezamos a distinguir ¿quién es quién dentro del juego político? Ya no se trata de seguir a los protagonistas por lo que dicen, o acostumbran a decir con suma ligereza, sino de establecer un inventario cabal de lo que han venido haciendo.

Los “progres” del PAC, esos maestros del fingimiento, no sólo nos han traicionado, ejecutando con saña la más agresiva contrarreforma neoliberal que acabó con nuestro estado social de derecho, y el pacto social establecido en la constitución de 1949, sino que terminaron por confundir a un gran sector de la población, que ante su postura mimética llegó a pensar que ellos son “comunistas”, “socialistas” o algo así, resultando muy difícil sacarles de la cabeza a muchas gentes semejante equívoco, por lo que no se han dado cuenta de que este gobierno representa a lo más rancio de la ultraderecha neoliberal. Contando con la ayuda y decidida participación de los restos ya descompuestos del otrora PLN socialdemócrata (en el buen sentido del término), de los del PUSC del tránsfuga Rodolfo Piza Rocafort, quien en esta campaña electoral se nos presenta con otro rostro, del también “progre” FA que se adhirió a la coalición gobernante desde el primer momento, en abril de 2018, de cuyo gabinete formó parte su presidenta durante casi tres años, sin deslindarse de manera clara y transparente del neoliberalismo (neoconservador y mercantilista, más bien) reinante, mientras sus líderes más conocidos dicen ubicarse hacia el centro, un gran sector de la población lo sigue y seguirá viendo como los temibles “comunistas”, “ socialistas” o “castrochavistas”, y aunque esas percepciones carezcan de todo asidero en la realidad, son válidas en las cabezas de quienes terminaron pensando de esa manera. Dado lo anterior, es que podemos comprender porque un gran sector de la población rural involucrado en la protesta social de agosto-octubre de 2020, en las filas del Movimiento Rescate Nacional, encabezado por Célimo Guido y Óscar Campos, decía que estaba luchando contra un gobierno “comunista”, a pesar de que la policía que los reprimía brutalmente sigue siendo entrenada por los Carabineros de Chile y la sanguinaria Policía Nacional de Colombia, consumadas expresiones de la política represiva de la ultraderecha en esta parte del mundo. Carlos Alvarado se negó a dialogar con quienes protestaban en las calles, y con la complicidad del FA formó unas “mesas de diálogo” (de un monólogo del régimen, en realidad) en las que terminaron dándole atolillo con el dedo a los participantes.

Una vez terminada la representación teatral, no podemos ponernos a reír, la comedia resultó ser una tragedia en la que los patos a sacrificar resultamos ser nosotros: lo peor de todo, es que nos quedamos sin herramientas políticas para enfrentar la catástrofe que se nos viene encima, tendremos que empezar de cero como en el viejo mito de Sísifo para llevar la roca hasta la cima de la montaña, pero metidos en un gigantesco mar de confusiones, donde a semejanza de Odiseo de Itaca tendremos que poner oídos sordos a los cantos de sirena, esos del régimen imperante que se tornarán más abundantes, cuando más profunda y evidente se nos haga la catástrofe, corremos el riesgo de encallar en las rocas.

En política es preciso distinguir lo esencial de lo irrelevante

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (16)
Tercera época.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

Ni siquiera como un mero “entertainment”, en el más cabal y preciso sentido de la expresión anglosajona, es decir con una diversión, espectáculo o entretenimiento para las gentes, es que podríamos asumir, o definir la naturaleza singular de lo que ocurrirá en Costa Rica, el primer domingo del mes de febrero del año que tendrá su inicio, dentro de un par de semanas más. Nos encontramos ya ante el despliegue de los componentes de un espectáculo de dudosa calidad, diseñado para un público poco exigente, la que ha venido disminuyendo, de manera sostenida, con el paso de los años, y de las sucesivas décadas transcurridas, lo que considerado en los términos más castizos, de la lengua castellana de la que hacemos empleo cotidiano (la nuestra, la de las américas, no la de los veleidosos peninsulares), conduce a que la palabra “diversión” asuma la connotación negativa de alejamiento de la realidad, de oscurecimiento de nuestra capacidad de distinguir lo esencial de lo puramente accesorio, algo que se intensifica con el excesivo número de comediantes que viene tomando parte en la representación. De nuevo, nos encontramos con que Alberto Cañas Escalante tenía razón: la gradería de sol asaltó la cancha e incluso los palcos.

Tan grave es todo esto que no hemos podido darnos cuenta aún que las decisiones más importantes para el rumbo económico, político y social de este país centroamericano durante los próximos años ya fueron tomadas, en otro escenario y por otras gentes que permanecen, casi siempre en la sombra: esas que conforman los poderes fácticos. Lo único a lo que puede dar lugar el resultado del mencionado evento electoral es el nombre de quienes serán los encargados (as) de ejecutar lo que ya se decidió en otra parte.

Las decisiones tomadas y ejecutadas, a mansalva y contra todo intento de protesta, (la que puede ser sancionada hasta con diez años de cárcel, según ley impulsada por el diputado “liberacionista” Carlos Ricardo Benavides y aprobada en el transcurso del año de 2019) durante los últimos años por el gobierno de la coalición PAC, PLN, PUSC y FA, formada en abril de 2018, con el concurso entusiasta de los pseudocristianos de Restauración Nacional (vaya nombre, ¿serán reaccionarias estas gentes?) y Nueva República, como el non plus ultra del neopentecostalismo criollo, con su teología reaccionaria de la prosperidad, ya decidió el destino final o postrero de la Segunda República, inaugurada setenta años atrás, al igual que el pacto social de entonces que definió la existencia de nuestro estado social de derecho: en estos meses esperaban aprobar la nefasta ley de empleo público y consumar el saqueo de la Caja Costarricense del Seguro Social, cuya privatización sigue en camino (Ver editorial del diario La Nación del lunes 13 de diciembre de 2021).

El simple hecho de decir eso de que la “fiesta” se acabó, y por lo tanto el estado no tiene más plata cuando alguien se refiere, por ejemplo, al saqueo sistemático de que han venido siendo objeto los regímenes de pensiones, los programas sociales y las instituciones públicas por parte de los políticos de oficio que durante las últimas décadas han venido desmantelando la Segunda República, y el estado social de derecho, pilares de la vieja socialdemocracia costarricense, es algo que constituye no sólo un acto cínico per se, sino también la consagración de un régimen deshumanizado, cínico y mentiroso. Lo peor de todo, es que tales afirmaciones son omisas en cuanto a señalar a ¿quiénes son los que de verdad han venido saqueado las arcas públicas de este país? Y ¿cuál ha sido su modus operandi?

Hoy, están de moda y al uso corriente los odios más increíbles e irracionales, todo a la manera del universo totalitario del Londres de 1984, ese que George Orwell imaginó y delineó a mediados del siglo anterior como una especie de profecía maldita, la que vino a materializarse en este cambio de siglo. Son los tiempos del odio a la Costa Rica que crearon José Figueres Ferrer y Daniel Oduber Quirós, la que nos dio oportunidades a muchos costarricenses de la generación del Baby Boom, la de los que nacimos al concluir la Segunda Guerra Mundial. En estos días, los restos descompuestos de lo que fuera aquel PLN tan importante se unen al coro de los que odian su utopía originaria para abrazar la distopía de la insolidaridad social y el sálvese quien pueda. Ya no es sólo el odio a un “comunismo” que nunca existió sino también a aquella socialdemocracia criolla, aquella que le dio solución de continuidad la Reforma Social de los años cuarenta, con razón Daniel Oduber Quirós(de grata memoria) no soportaba a los mediocres y a los infiltrados que ya se preparaban para destruir ese partido…la plaga del PAC y otros amarillos diz que de izquierda se encargaron, en este cambio de siglo, de machacar los clavos del ataúd en la hora final de la Costa Rica democrática y social para darle lugar al falso liberalismo, a los monopolios privados de Riteve, Meco, APM y otros, todo en nombre de un libre mercado que no existe que siga la robadera, la fiesta fue ellos y nosotros la tenemos que pagar No habrá fuerza planetaria capaz de cambiar ese rumbo, impuesto e impulsado por una oligarquía, que ha visto culminar sus sueños restauradores en el tiempo histórico de la larga duración. Su gratitud hacia el joven Carlos Alvarado es inconmensurable, ha hecho el trabajo sucio con una vocación digna en encomio y con una devoción, a prueba de toda desviación “populista” (esa mala palabra que sirve para consolar a los incautos y reclutar a los tontos, a semejanza de lo que ocurría con el fantasmagórico e indefinible “comunismo”). El elegido o elegida se encargará de administrar lo que otros decidieron en escenarios diferidos, ya lo verán a partir de mayo de 2022, mientras tanto el andamio del PAC que tanta utilidad les prestó ya puede ser desechado.

Cambio de modelo en Chile: ¿El norte estará en el sur?

Luis Fernando Astorga Gatjens

El triunfo electoral de Gabriel Boric sobre José Antonio Kast, en la segunda ronda de las elecciones presidenciales chilenas del 19 de diciembre anterior, tuvo su fragua en octubre del 2019, en un país marcado por un inesperado estallido social de alcances tsunámicos.

En ese octubre pre pandémico, cuando el gobierno de Sebastián Piñera decretó un aumento del valor de los boletos del Metro de Santiago, los estudiantes protestaron brincándose los molinetes de ese sistema de transporte. Lo que fue inicialmente una acción puntual de protesta derivó pronto en un movimiento generalizado en la capital y en otras ciudades del país austral.

El fuerte contraste entre una élite económica y política, beneficiaria directa del modelo neoliberal y que se rodeó golosamente de privilegios, frente a amplias mayorías empujadas a la pobreza, acumuló las condiciones propicias para el intempestivo estallido social.

El modelo chileno que los políticos y medios adeptos a esa doctrina, habían convertido en un referente internacional, se derrumbó como un castillo de naipes. El proyecto marcado por la reducción del rol del Estado y la expansión del papel del sector privado, que impulsó e impuso la dictadura de Augusto Pinochet, con la asesoría de Milton Friedman, no resistió la acumulación de injusticias y desbalances sociales.

Las protestas fueron duramente reprimidas por la policía con un saldo tan trágico como doloroso: 20 muertos, 233 heridos y más de 700 personas detenidas. Empero la represión fue más gasolina que agua. Y lo que fueron, inicialmente, reivindicaciones económicas y sociales (centradas en pensiones, salud, educación) se tornaron en exigencias políticas. Ganó fuerza el reclamo de una Convención Constituyente que pusiera fin a la camisa de fuerza que ha sido la Constitución, creada a imagen y semejanza de la dictadura de Pinochet.

La acción de la protesta social fue tan fuerte que el gobierno de Piñera no tuvo más remedio que convocar a un referéndum para determinar si la ciudadanía estaba de acuerdo con iniciar un proceso constituyente, para redactar una nueva Constitución y también para fijar el mecanismo del proceso. Originalmente, el referéndum fue convocado para el 26 de abril de 2020, pero a causa de la pandemia de la covid-19, hubo de ser pospuesto para el 25 de octubre del mismo año. El resultado aprobatorio fue contundente: Mas del 78 % de los que votaron dijeron que si aprobaban la Constituyente mientras menos del 22 % se inclinó, por lo contrario.

Así las cosas, el 15 y 16 de mayo de 2021 los electores chilenos acudieron a elegir a 155 constituyentes encargados de redactar la nueva Carta Magna. Más de 6,3 millones votaron. Los resultados representaron una abrumadora derrota para la derecha, ya que, de los 155 elegidos, 48 fueron independientes, 52 de la oposición, los pueblos originarios obtuvieron 17 puestos y el oficialismo tan solo 38. Una cifra a todas luces insuficiente para fijar la agenda y acuerdos de la Convención, que arrancó sus tareas el 4 de julio de 2021 y las completará a finales de junio de 2022.

El 21 de noviembre de 2021 se celebraron los comicios para elegir quien dirigirá, desde la presidencia, los destinos de Chile entre 2022 y 2026. También fueron electos los senadores, diputados y consejeros regionales. A raíz de las situaciones y procesos desarrollados a partir de octubre de 2019, se esperaba un claro triunfo del candidato de la coalición de izquierda, “Apruebo Dignidad”, Gabriel Boric, aun cuando los números no le alcanzaran para evitar el balotaje. Sin embargo, en un resultado inesperado, el candidato ultraderechista, José Antonio Kast se impuso sobre Boric por dos puntos.

Este resultado envalentonó a la derecha que esperaba ganar en la segunda ronda, que se celebró el 19 de diciembre. Para esta elección se confabularon todos los ingredientes para la polarización política. Se enfrentaban dos proyectos diametralmente opuestos.

Kast (55 años), neoliberal confeso, detractor de la Convención Constituyente, simpatizante de Pinochet, admirador de Trump y Bolsonaro, y con una serie de proyectos amenazantes para los imperativos avances sociales y los derechos humanos, frente a Boric (35 años), líder de la nueva izquierda chilena, madurado al calor de las luchas estudiantiles y sociales, adversario abierto del modelo neoliberal e impulsor de una Constitución que sea llave y matriz de la imperativa e impostergable justicia social para un pueblo marcado por lustros de desigualdad y pobreza, en medio de la concentración indignante de la riqueza de las élites.

El 19 de diciembre se jugaba entonces algo más que una elección entre dos candidatos presidenciales; se jugaba la perpetuación del modelo neoliberal frente a su progresivo desmantelamiento. Eso lo comprendió el pueblo de Chile que acudió a las urnas en un porcentaje mayor que en la primera ronda y le dio un contundente triunfo a Boric (55,87 %) sobre Kast (44,13 %).

El nuevo presidente tomará posesión del cargo, en marzo de 2022 y tendrá como desafío el cambio de modelo, con la abierta oposición de la derecha y las élites económicas, cuyo peso es significativo. Eso se puso de manifiesto al día siguiente de la elección de Boric, cuando esa abstracción denominada mercado (que no son otra cosa que empresas y personas de carne y hueso), mostró su descontento con la caída de la bolsa de Santiago mientras el peso sufrió una significativa depreciación.

La elección de Boric no solo es muy importante para Chile. Lo es para América Latina, región donde las fuerzas progresistas han ido ganando terreno.

Chile ha sido destacado como un “milagro económico” aunque ese milagro siempre fue para una minoría y algunas trasnacionales avariciosas. Las mayorías, mientras tanto, lo vieron desde muy lejos. En el presente, puede emerger un modelo alternativo que consolide la democracia y haga renacer un Estado Social de Derecho, robusto y fuerte como lo soñó Salvador Allende. Esto le dará sentido al propósito y consigna el Norte está al Sur.

Imagen: https://www.radioagricultura.cl

Actuario Rodrigo Arias López presenta recurso de reconsideración ante Defensoría de los Habitantes en relación con desvío de fondos del IVM

El actuario y matemático Rodrigo Arias López presentó un recurso de reconsideración ante la Defensoría de los Habitantes, en relación con su tesis sustentada en investigación propia de que hubo desvío de fondos de los recursos correspondientes al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que debe cubrir las pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Ante gestiones del máster Arias López, la Defensoría de los Habitantes envió una serie de requerimientos de información a las instancias correspondientes de la CCSS. Luego de varias respuestas el órgano defensor solamente concluye: “…la Defensoría de los Habitantes considera que de las preocupaciones del sr. Arias López en su solicitud de intervención, queda pendiente por parte de la CCSS lo relativo al tema del desvío de fondos del 7.5% del IVM, en el tanto, este Órgano Defensor queda a la espera de que se active el trabajo relativo a la segunda etapa de análisis de las propuestas para fortalecer el Régimen del IVM, tal y como lo afirmó la Gerencia de Pensiones. Por tanto, este órgano Defensor, considerará iniciar una futura intervención para darle seguimiento a las acciones de la CCSS en relación ese tema. De momento, con el presente informe se concluye la intervención 251996-2017-SI”.

Ante ello, Rodrigo Arias López estima que la Defensoría no está cumpliendo con su deber por tres razones:

Primero. En el oficio de la referencia esa Defensoría se limita a comunicar las consultas que le realizó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y las respuestas de la CCSS, sin que haya realizado ninguna investigación ni análisis independiente, serio y objetivo como en derecho corresponde, sobre la legalidad de las actuaciones de la CCSS sobre el desvío de más de un 7,5% sobre los salarios del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Segundo. En relación con lo anterior, se observa que en el oficio que se cuestiona, esa Defensoría dedica 15 páginas para realizar citas textuales de preguntas que le realizó a la CCSS y de las respuestas que recibió y al final se limita a decir lo siguiente en un único párrafo:

A la luz de lo anterior, la Defensoría de los Habitantes considera que de las preocupaciones del sr. Arias López en su solicitud de intervención, queda pendiente por parte de la CCSS lo relativo al tema del desvío de fondos del 7.5% del IVM, en el tanto, este Órgano Defensor queda a la espera de que se active el trabajo relativo a la segunda etapa de análisis de las propuestas para fortalecer el Régimen del IVM, tal y como lo afirmó la Gerencia de Pensiones. Por tanto, este órgano Defensor, considerará iniciar una futura intervención para darle seguimiento a las acciones de la CCSS en relación ese tema. De momento, con el presente informe se concluye la intervención 251996-2017-SI.

Tercero. Consta en el oficio que se cuestiona que la solicitud de intervención de esa Defensoría la realicé el 17 de diciembre de 2021; es decir, hace CUATRO AÑOS. En tal sentido, el artículo 17 de la Ley de esa Defensoría dispone lo siguiente:

“2.- La intervención de la Defensoría de los Habitantes de la República debe darse dentro del plazo de un año, contado a partir del momento en que el interesado tuvo conocimiento de los hechos. No obstante, tendrá amplia discrecionalidad para aceptar reclamos o quejas aun fuera de ese plazo si, a su juicio, considera necesaria su intervención.”

Le invitamos a leer el documento completo del recurso de reconsideración presentado ante la Defensoría de los Habitantes por el matemático y actuario Rodrigo Arias López: