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Etiqueta: Estado Social de Derecho

Voto joven en defensa del progresismo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Sebastián Bermúdez Morúa

La palabra “progre” se ha desvirtuado en los últimos 8 años, en parte gracias a un gobierno que ha demostrado ser uno que utiliza el poder para servir a ciertos intereses particulares y que olvida o ignora en la práctica la verdadera interpretación del progresismo. No solo con las propuestas absolutamente inconstitucionales y regresivas que promueve, como el Plan Fiscal y la ley anti-huelgas, sino también colocando a personas cuestionables en su gabinete, como André Garnier y Rodrigo Chaves. También desoyendo a los sectores que a gritos piden auxilio; líderes indígenas asesinados, cada vez más mujeres víctimas de violencia de género, etc. Este gobierno particularmente ha sido nefasto y regresivo en lo que concierne a la institucionalidad costarricense, sin embargo, se hacen llamar progresistas, y orgullosamente ponen una vez al año la bandera LGBTIQ+ en Casa Presidencial.

El “progresismo” que se ha acuñado en el país en los últimos 8 años es un progresismo burgués, y no de clase. No representa en muchas medida una propuesta disruptiva al sistema imperante, al contrario, se acomoda con los grandes intereses de quienes dirigen al país, dueños de una que otra empresa, y de uno que otro medio de comunicación.

Los últimos 2 gobiernos han evidenciado el decaimiento de un proyecto alternativo (para la derecha), en el cual se ha ido desenmascarando quienes manejan los hilos del poder, las mismas personas que lo tomaron hace más o menos 40 años, por allá del primer gobierno de Oscar Arias. Como persona joven creo en la institucionalidad de este país, estoy convencido de que hay que defenderla y que es rescatable. Es por lo anterior que en las siguientes líneas expreso algunas opiniones e ideas que pienso ayudar a defender un progresismo real, que tan desvirtuado y desfigurado ha quedado luego de la carnicería con que ha hecho en PAC con ese término por 8 dolorosos años para este país.

Creo que es importante trascender la discusión del posicionamiento ideológico, que es a veces trasnochada, al igual que los resentimientos, bien fundados o no, que restan a la discusión del por quién votar este 6 de febrero. Con respecto a esa discusión trasnochada, el Frente Amplio no es un partido comunista y no pienso que deba haber discusión al respecto, ya que es algo muy evidente. Sin embargo, considero que el FA representa en gran medida un progresismo disruptivo contra el conservadurismo moralista que ejerce una violencia leonina, no solo sobre la juventud, sino también sobre las personas sexualmente diversas y las mujeres. La imposición de una clase sobre otra, de quienes tienen derecho y quienes no tienen tanto o no tienen ninguno siempre es violenta. Encontrar un espacio que unifique las luchas de quienes no tienen derecho, con una agenda que a su vez sea progresista y realista es un reto grande en estas elecciones. Hay muchos (25) que dicen tener la respuesta, analizando no sólo las principales propuestas, sino también la historia reciente de esas 25 figuras y lo que han aportado (o no) al país, es muy evidente que el FA destaca como una opción que en sus inicios estaba al frente de las demandas justas de la mayoría y en defensa de la institucionalidad. Conforme ha crecido ese partido y ha perdido claridad ideológica se ha separado, si bien no de todas esas luchas, de quienes hacen esas demandas, de la gente. Hoy en FA se presenta como una opción moderada de centro izquierda en lo económico, más a la derecha que cuando inició, pero con la bandera del progresismo como norte fijo.

Pienso que el “progresismo” puede estar jugando el mismo papel que jugó la socialdemocracia en el desmantelamiento de la propuesta socialista durante la Guerra Fría, un amortiguador que encauce dentro del sistema capitalista burgués las necesidades de quienes a él protestan. Sin embargo, existe en el progresismo una fuerza disruptiva contra el moralismo y el conservadurismo imperante, lo cual es indiscutible, al menos en un verdadero progresismo. Esta última idea me da cuerda para la siguiente, un partido de izquierda no es necesariamente progresista, y el progresismo no es necesariamente de izquierda cuando se lleva junto con una agenda compartida con un modelo económico que atenta contra el derecho, y los derechos, de la mayoría. La frase mal usada de “vivimos en un Estado social de derecho” pierde su significado cuando en la práctica sólo algunas personas tienen derecho, y estas viven en el mismo territorio, pero en un Estado sin derecho.

Como persona joven, resulta muy seductora la idea del progresismo como oposición a ese conservadurismo moralista, o incluso la marginalidad de la izquierda “tradicional” y sus luchas del siglo pasado, las cuales fueron y son justas. Al mismo fin se puede llegar por varios medios, sin embargo, no todos son los correctos, es por esto que considero importante preguntarse si es efectivamente el progresismo una propuesta alternativa al modelo neoliberal.

Hace algún tiempo me preguntaron políticamente cómo me identifico, no supe dar una respuesta clara en el momento. Quisiera encontrar la respuesta a esa pregunta en una frase de José Martí que escuché en una reunión familiar y luego leí en un libro de sus poemas: “con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar…”. Efectivamente, el progresismo real debe buscar devolverle los derechos a quienes los han perdido, y a quienes nunca los han tenido en el contexto del modelo explotador que ha reinado en Costa Rica desde hace 40 años. Paradójicamente el progresismo debe reconquistar las luchas que se dieron en otro tiempo y adaptarlas a los tiempos actuales, además claro, de ser la vanguardia en los nuevos espacios de lucha que abran. Cada derrota abre un nuevo espacio de lucha.

Una izquierda progresista debe necesariamente entender que existe una realidad en la cual no es justo equiparar los “problemas” pequeños burgueses con las contradicciones de clase. Ejemplifico, darles una vida digna a las mascotas otorgándoles derechos es una excelente propuesta, muy bonita, y a la cual es imposible oponerse, no obstante, se vuelve intrascendente cuando se compara con que hay realidades de personas que tienen una vida precaria, niños que no pueden comer más de una vez al día por ejemplo. Una agenda realmente progresista entiende que, el que existan perros callejeros pierde relevancia cuando se equipara con que hay niños en condición de calle, sin acceso a educación y comiendo una vez al día. A la hora de asignar recursos a una problemática, es claro que no debe haber discusión, ahora, proponer dar una vida digna a todas las personas del país suena comunista, legislar sobre los derechos de los animales suena progresista. Ambas propuestas están en el Plan de Gobierno del FA, son dos de los 25 ejes de trabajo que se desarrollan.

Los problemas que atiende una agenda realmente progresista son angulares en el juego de fuerzas que debe existir en el sano desarrollo de la democracia de un país. El Frente Amplio ha sido en la primera década de este siglo quien ha defendido, al menos en la AL, esta agenda realmente progresista. Si pensamos en la historia reciente de Costa Rica, y en las grandes luchas y conquistas sociales, quien ha llevado la batuta de ser una fuerza antagónica a los intereses de la oligarquía nacional (y lobby extranjero), en pro de las grandes masas ha sido el Partido Comunista. Un verdadero salvavidas en el mar de los intereses personales y transnacionales que amenazan con ahogar al país, como ha ocurrido en otras latitudes. Tan trascendental fue el Partido Comunista que luego de la firma de La Paz, se ilegalizó por 25 años la existencia de una formación electoral comunista, y se ordenó la ejecución de cualquier dirigente comunista que se postule en cualquier puesto de elección, obligando a muchos a esconderse por la persecución y a otros, como María Isabel Carvajal (Carmen Lyra) y Manuel Mora V. a vivir en el exilio. El autor de tan deshonorable y sangrienta traición es hoy conmemorado como un “héroe de la paz”. Tan hondo ha calado la herida a la democracia sobre la que se constituyó la Segunda República que todavía hoy, 47 años después de que se le permitirá a los comunistas inscribirse otra vez en las elecciones, hay una campaña de acoso permanente a cualquier agrupación que se haga llamar de izquierda. En el 2014 fue tan masiva esa campaña que se logró desplazar del primer lugar en las encuestas a José M. Villalta al tercero, llegando a una segunda ronda entre un falso progresismo y un fanático religioso, cuya única propuesta era limitar aún mas los derechos de las personas homosexuales.

Quienes financian estas campañas anticomunistas, de partidos que no son comunistas como el FA, son los mismos que desarrollaron el referéndum del miedo en el TLC, que propusieron y aprobaron el COMBO ICE y que en esta administración aprobaron el inconstitucional y desastroso COMBO Fiscal, si no las mismas personas, al menos los mismos intereses. El Frente Amplio resalta en el radar de esos grupos de poder, y se ven amenazados hasta el punto en el cual se ven obligados a desplegar sus artilugios mediáticos y comenzar con el bombardeo de desinformación que los caracteriza. Cuba y Venezuela es lo que siempre suena rimbombante, comunistas y vividores del Estado también dicen. FA rechaza verse ligado a cualquier país de izquierda y se aleja de ser llamados comunistas, más allá de una traición a los principios de la izquierda tradicional, de los cuales los jóvenes no estamos tan anuentes, esta parece ser una estrategia electorera. En el contexto de las elecciones esto puede ser entendible, hasta que no se puede tomar una postura clara en ciertos temas, como por ejemplo el desarrollo hotelero en Guanacaste, donde al menos para mí, defender una postura correcta y concreta, por más incómoda que parezca, es lo esperable. Aun cuando no se hace, llueven los ataques por todos frentes, y se extienden el tiempo que el dinero pueda comprar.

Trascendiendo esa discusión, que más que incómoda es cansada, el FA tiene sin lugar a dudas un plan de gobierno más completo y realmente progresista. Esto demuestra seriedad y capacidad, al menos discursiva, para gobernar y legislar. Es esperable de una agrupación que se auto percibe de izquierda, que realice un trabajo de acompañamiento permanente a quienes encuentra en esa agrupación un espacio para atrincherarse contra quienes hace 4 décadas pretenden hacer del Estado y de la institucionalidad una piedra en el zapato del “desarrollo”. El FA ha perdido gran parte de esa vocación, y es justo esperar que la retomen y la fortalezcan en los próximos meses y años.

En el contexto electoral en el que estamos, pienso que las personas jóvenes debemos apostarle a un proyecto verdaderamente progresista, y no dejarnos seducir por falsos progresismos ni idealismos. El FA se ha alejado mucho de las comunidades, y eso es percibible de lejos, quisiera achacar esto a la falta de experiencia, y no de voluntad o de lectura dialéctica. Espero que la curva de aprendizaje que han tenido como partido les permita volver a acercarse a esas sensibilidades que su fundador, José Merino, supo leer muy bien. Yo personalmente encuentro en el Frente Amplio un espacio con una gran capacidad de mejora, con personas muy capaces y muy bien intencionadas, lo cual se evidencia en el trabajo de único legislador y en las propuestas plasmadas en su plan de gobierno. Del FA es esperable que le haga honor a su nombre y se constituya como un verdadero Frente que tenga la amplitud para aglutinar a diferentes sectores y sensibilidades, con un progresismo real no como único norte, sino también una lectura dialéctica de la realidad y la lucha permanente de clase, que no sea una continuación del engaño PAC, sino una verdadera alternativa disruptiva al modelo neoliberal despojador de derechos.

Se dice que la fuerza hace el derecho, sin embargo, considero que en el tema del progresismo real, es prudente darle la vuelta a esta afirmación y decir que el derecho debe hacer la fuerza. En esta última premisa se condensa muy bien el tipo de progresismo que la izquierda debe promulgar y defender.

Mi esperanza, y espero que también la de una juventud analítica y crítica, cansada de los políticos tradicionales y de los discursos camuflados de progresismo falso, está en que alguna fuerza social atienda los intereses de quienes viven en este Estado sin derecho. También pongo mi esperanza en que de nuevo, una agrupación política pueda frenar las embestidas que tanto han desangrado al movimiento social y a quienes lo integran, personas trabajadoras. En un progresismo que sea congruente con las luchas de clase, y que esté de lado de quienes menos tienen. Espero que pronto exista de nuevo una agrupación sensible no solo cada 4 años, sino permanentemente todos los días del año y a todas las luchas justas.

La soga en la casa del ahorcado

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Al arribar a su final, se puede concluir que esta campaña electoral de cara las elecciones de este 6 de febrero, sigue sin mostrar la profundidad que ha debido tener ante la grave crisis múltiple que enfrenta Costa Rica en este duro y desafiante presente.

Casi todos los candidatos presidenciales se han dedicado a endulzar los oídos de los electores, practicando una comunicación política camaleónica. Sus estrategias de campaña se han centrado en ganar electores, o no perderlos si ya consideran que los han conquistado, evadiendo la apreciación diagnóstica rigurosa de la realidad del país. Consecuentemente, no han ahondado en soluciones que se ajusten a la gravedad de los problemas que enfrentamos como sociedad. Ese abordaje tangencial apenas ha rozado el epitelio de los problemas, desafíos y propuestas de solución que demanda el país, según hemos notado en entrevistas y declaraciones de la mayoría de los candidatos, así como en los debates presidenciales.

Un ejemplo concreto de esta situación lo hallamos en el tema de un posible impuesto a las llamadas Zonas Francas; las cuales se han convertido en un componente importante de la economía costarricense. Al definir qué es una Zona Franca, el artículo 1 de la Ley N° 7210, expresa que “es el conjunto de incentivos y beneficios que el Estado otorga a las empresas que realicen inversiones nuevas en el país, siempre y cuando cumplan los demás requisitos y las obligaciones establecidos en esta ley y sus reglamentos.”

Los incentivos y beneficios que el país les otorga a diversas empresas que se han acogido al Régimen de Zonas Francas (RZF), han hecho que este sector –desde que se establecieron las primeras empresas en el año 1990–, haya crecido significativamente a los largo de los últimos 30 años. Valga destacar que durante el gobierno de Carlos Alvarado se sumaron 153, con lo que actualmente existen 546 empresas beneficiarias de este régimen.

Un incentivo que se vuelve muy atractivo para las empresas que se acogen al RZF, son las múltiples exenciones tributarias que ofrece el país. En este sentido, un dato publicado recientemente por el “Semanario Universidad”, es muy ilustrativo: En el año 2019, las exoneraciones en las Zonas Francas alcanzaron la suma de 375.784 millones de colones; lo que equivale a 1,04 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Cuando en los intercambios entre los candidatos y los partidos, lo mismo que en la propaganda prevaleciente, se ha asociado el crecimiento del RZF casi exclusivamente, a tales exenciones impositivas, se atisba un claro reduccionismo argumental. Siendo como lo es un atractivo muy importante, desde luego que no es el único. La histórica estabilidad política y social del país, los servicios que brinda, un Estado de Derecho robusto, la formación académica y técnica de un sector de la población, el bilingüismo que ofrecen muchos potenciales trabajadores y, desde luego, la cercanía sus con casas matrices, sobre todo las ubicadas en Estados Unidos, constituyen componentes (que combinados), han convertido al país en un país atractivo para la inversión extranjera directa (IED) y para que muchas compañías se hayan acogido al RZF.

Como se ha indicado, aun cuando la economía costarricense sufrió los duros embates de la pandemia de la Covid-19, el sector de las Zonas Francas siguió creciendo, manteniendo un significativo dinamismo. El sector creció un 8 % en producción y generó alrededor de 20.000 empleos nuevos en 2020.

Todo indica que en este año 2022 y venideros, las empresas extranjeras atraídas por el RZF pueden seguir arribando al país por dos factores combinados. Por un lado, muchas empresas estadounidenses asentadas en China esterarían considerando su migración, porque en los últimos años los salarios en ese país se han incrementado entre un 10 y 15 %, con lo que el atractivo de mano de obra muy barata ha empezado a desvanecerse. Por otra parte, el altísimo aumento en los costos de los fletes en el transporte marítimo, están generando un incremento significativo en el costo de las mercancías al arribar a sus destinos de venta al por menor.

Así el llamado “offshoring” está convirtiéndose en “reshoring”; es decir empresas que tenían asentada la producción lejos de Estados Unidos, están desarrollando procesos de retorno. Este proceso se empezó a desarrollar con el gobierno de Donald Trump, cuando su administración decretó un paquete de medidas para incentivar la producción nacional y recuperar empleos perdidos. Eso tuvo un efecto breve pero no tan relevante como se esperaba. Mientras tanto la administración de Joe Biden ha buscado incentivar el “reshoring”, con el fin de resolver los problemas en las cadenas productivas, que han hecho que anaqueles de supermercados y almacenes, se hayan mostrado vacíos en los meses recientes.

Es dentro de este contexto que el propósito de seguir atrayendo IED y que compañías estadounidenses lleguen a las Zonas Francas, se convierte en una posibilidad real para el país, en el marco del denominado “nearshoring”, que es la alternativa a la repatriación productiva y que significa que las empresas desarrollen su producción en el “vecindario”. Y Costa Rica está relativamente cerca de Estados Unidos. Este es un factor a considerar seriamente a la hora de ofrecer las ventajas comparativas del RZF costarricense en la presente coyuntura.

Así las cosas, ofreciendo tantos atractivos, ¿Por qué casi todos los candidatos presidenciales no entran a considerar fijar un impuesto, justo y razonable, a las jugosas ganancias que obtienen las empresas ubicadas en las Zonas Francas? En entrevistas y debates, los candidatos reaccionan tan rápido como tensos resortes, rechazando la idea aun cuando la obtención de recursos frescos es un imperativo ante la grave situación económica y fiscal que enfrenta el país y para poder estimular y desarrollar un sector económico tan alicaído como el conformado por los productores nacionales, medianos, pequeños y micro emprendedores, que no cuentan con ningún tipo de estímulos y exoneraciones de impuestos.

Sin duda que es necesario darle impulso a la estrategia de desarrollo del RZF, creando las condiciones para que éstas se ubiquen no sólo en la Gran Área Metropolitana. Es urgente y necesario que se sitúen también en zonas rurales y costeras, a fin de abrir oportunidades laborales en esas regiones. Por supuesto, al mismo tiempo que se ofrecen oportunidades educativas en carreras que hagan que trabajadoras y trabajadores de esas zonas, adquieran los conocimientos técnicos para aprovechas esas oportunidades.

Pero insisto: ¿Por qué prácticamente se sataniza la posibilidad de que se fije una tasa impositiva que permita que esas empresas contribuyan al desarrollo del país, en un aspecto que no sea solo la contratación de trabajadores?

Es bien sabido que habitamos un país donde la evasión fiscal, la elusión y el contrabando impiden la recaudación de los urgentes ingresos para atender las obligaciones de la deuda, las inversiones públicas, los programas sociales y, en general, el desarrollo del país. Hace falta un Gobierno que realmente le ponga coto al no pago de impuestos, de grandes empresas y personas sumamente ricas. Solo de esta manera, se puede reducir la desigualdad y la repudiable concentración de la riqueza en pocas manos. Por otro lado, la necesidad de una reforma fiscal, progresiva y justa sigue siendo un tema pendiente.

Pienso, en suma, que desde las Zonas Francas podrían provenir recursos que ayuden al mejor desarrollo de Costa Rica, sin afectar en forma significativa los estímulos y condiciones favorables que el país ofrece mediante el RZF. No se trata de afectarlas sino buscar una solución justa y razonable para el país y las empresas, especialmente por los desafíos que impone el periodo pandémico y post pandémico que vivimos. Por eso no se justifica que en un tema de debate tan relevante en está gélida campaña electoral, casi todos candidatos, partidos y la mayoría de los medios informativos, lo hayan tratado como si se hablara de la soga en casa del ahorcado.

(2 de febrero, 2022)

Costa Rica: ¿cómo votarán las personas del colectivo de las diversidades sexuales LGBTIQ en las elecciones 2022?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dr. Luis Paulino Vargas Solís

Economista / CICDE-UNED

Ni idea. Simplemente no hay forma de saberlo. Pero leo comentarios acerca de las simpatías que alguna gente de ese colectivo manifiesta a favor de Eli Feinzaig. Lo cual resulta paradójico, puesto que Feinzaig ha coqueteado reiteradamente con grupos muy conservadores, de natural hostiles a ese sector de la población, cuando, por otra parte, lo que su programa plantea en esta materia, es sumamente limitado.

Dije que es paradójico, pero no necesariamente extraño. Y aquí diré algo solamente en relación con la letra G (gay), que es la que mejor conozco, reconociendo y respetando las heterogeneidades que se ocultan detrás del mencionado acrónimo.

Como lo expliqué en un artículo que publiqué en mi blog en mayo 2018 (“Los que éramos entonces, teníamos tantos nombres pero no teníamos ninguno”), el concepto “gay” jugó en su momento un papel muy importante: para quienes habíamos tenido que sobrevivir en el territorio de la denigración y la infamia (bajo apelativos humillantes como playo, platanazo, maricón, marica, pájaro, culiolo y un largo etcétera), ofrecía, por primera vez, la posibilidad de una nominación que intentaba conceder un lugar propio y digno en la vida, o sea, una posibilidad de autoafirmación desde la propia humanidad. De ahí la idea del “orgullo”: ser orgullosamente gay era simplemente ser orgullosamente humano. Reivindicar, pues, lo que se nos había negado: el respeto inherente a nuestra condición como persona parte del género humano.

O sea, el autorreconocimiento como gay era subversivo y comportaba un gesto de rebelión frente a un orden opresivo y violento.

Con el paso de los años las cosas han cambiado. El camino que se suponía conducía al pleno reconocimiento de nuestra dignidad humana, se desvió por atajos que más bien conllevan, otra vez, su negación. Progresivamente las reivindicaciones LGBTIQ fueron asumidas por poderosas corporaciones transnacionales y, con cada vez más frecuencia, vimos a sectores del activismo aliados a esas grandes empresas. Aquella fuerza contestaria y transgresora perdió ímpetu y tendió, gradualmente, a hacerse inofensiva. Se le limaron garras y colmillos; se le domesticó y apacentó.

Pero la cuestión se centra fundamentalmente en la letra G. Por razones que habría que investigar, fue ahí donde las fuerzas del marketing y el negocio tendieron a enfocarse.

De resultas de lo anterior, la identidad gay ha sido reconfigurada, alejándose cada vez más de sus fuentes originales. Es, cada vez, una construcción mercadológicamente concebida, alrededor de ciertos rasgos estereotipados: muchachos usualmente blancos, invariablemente jóvenes, muy guapos y con cuerpo de gimnasio; lucen ropa de marca, viajan por el mundo y son manirrotos en el consumo. Chicos muy individualistas, hipersexualizados, que viven para el disfrute, despolitizados e insolidarios. De ahí que hoy tanto se hable del “dólar rosa”, toda una fuente de redituable negocio.

Es una concepción terriblemente discriminatoria, que oculta mucho más de lo que revela, y que conlleva un altísimo grado de violencia. Dicho de otra forma: es una forma de reconfigurar la discriminación y la exclusión, y de reinventar la infamia y la ignominia. Ahí no caben los muchachos gais de rasgos indígenas, de piel oscura, los que son obreros de la construcción o peones en una piñera o recolectores de basura. No caben los que son pobres, pero tampoco aquellos que no tienen ingresos lo suficientemente elevados, que son la enorme mayoría. No caben quienes no son guapos y bellos y de gustos refinados. No cabemos los viejos que, con nuestras canas y nuestras arrugas, somos la más vívida negación del estereotipo, y, por ello mismo, los más invisibles, los que en mayor grado hemos sido lanzados al canasto de lo indeseable.

Esta identidad estereotipada, esculpida por el marketing, impone una norma cuyo incumplimiento es fuente de frustración y aislamiento. Reconstruye la soledad, reinstaura la indignidad vergonzante, imposibilita a muchos ser lo que son, orgullosos de poder serlo. Nos devuelve a la vía ominosa del odio hacia sí mismo, por no lograr ser lo que se le exige que sea, en vez de simplemente ser lo que realmente es. Construye nuevos armarios, obliga a nuevos juegos de fingimiento y, por lo tanto, a vivir de nuevo una doble vida. Es, al cabo, fuente de vaciamiento afectivo y emocional, y reinstauración del divorcio entre sexualidad y afectividad. También despolitiza e inmoviliza, al crear sujetos que no ven más allá de lo que tienen entre las piernas, descomprometidos con el mundo y la sociedad de que son parte.

No es de extrañar que, entonces, algún sector de la población gay opte por votar a candidaturas -como la de Eli Feinzaig- cuyo mensaje, de tonalidad fuertemente economicista, es enemigo del Estado social costarricense, puesto que es ignorante de la opción histórica de justicia social que lo hizo nacer. Votar, si, a candidaturas como la de Feinzaig, que beben de la despolitización y se alimentan de la falta de compromiso cívico y conciencia ciudadana.

 

Compartido con SURCOS por el autor, publicado en su blog
https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2022/02/costa-rica-como-votaran-las-personas.html?m=1

ELECCIONES 2022. ¿El voto para quién? No se puede olvidar

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

En las duras batallas contra el gobierno, fuimos testigos de cómo los diputados de los partidos políticos neoliberales del PAC, PLN, PUSC, religiosos como Restauración Nacional, Nueva República y otros, se aliaron contra la clase trabajadora del sector público y el pueblo costarricense, aprobando la ley llamada Combo Fiscal, que incluyó el Impuesto del Valor Agregado IVA afectando al pueblo costarricense, atacando y precarizando remuneraciones salariales, cesantía, anualidades, etc. Empobreciendo a las familias y afectando el consumo de alimentos y servicios públicos. Igualmente, impulsó el proyecto inconstitucional de Empleo Público para destruir el Estado Social de Derecho, perjudicar y cerrar instituciones públicas.

UNDECA en esta lucha junto al Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense-BUSSCO y otras organizaciones, fuimos contundentes en la necesidad de apoyar nuevas alternativas políticas para el pueblo.

Hoy partidos de trayectoria no neoliberales y nuevas opciones políticas, participan en las elecciones con destacados luchadores sociales, personas honestas que representan la clase trabajadora, que han venido luchando contra este capitalismo salvaje, entre ellos dirigentes sindicales, agricultores, profesores, maestros, trabajadores de la Caja, el ICE, municipalidades, intelectuales, estudiantes, amas de casa, mujeres.

Por eso en UNDECA y BUSSCO somos parte de este proceso con dirigentes que participan en esta campaña, porque estamos convencidos de la urgencia de diputados (as) comprometidos, que con actitud firme lleguen a gobernar para las verdaderas familias costarricenses.

Juntos (as) es posible construir y lograr un futuro diferente votando por luchadores (as) sociales. Firmes en la lucha.

 

Compartido con SURCOS por  UNDECA y BUSSCO.

En tiempos de reacción y retroceso político y social (I)

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (20)
Tercera época

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

Los tiempos históricos en los que predominan las fuerzas de la reacción, y dan a lugar a un marcado estancamiento social, suelen ser más prolongados que las situaciones o coyunturas revolucionarias, en las que el tiempo para la acción y la irrupción de los más insospechados e innumerables actores sociales, resulta ser más propicio para quienes toman esa vía, dándose una aceleración e intensidad en el transcurrir del tiempo, tal y como lo perciben los colectivos sociales enfrentados a semejantes desafíos.

Para el caso de Costa Rica, al cabo de setenta años del pacto social con el que saldó el último conflicto bélico de nuestra historia republicana, nos encontramos con que una ofensiva de las fuerzas conservadoras y del capital financiero, en detrimento del sector productivo y de las clases trabajadoras en general, está a punto de acabar con los restos del estado social de derecho que sirvió de fundamento a la llamada Segunda República.

Una vez concluidos los enfrentamientos armados de marzo-abril de 1948, entre los “glostoras” (que dieron lugar después al “socialdemócrata” PLN) y los vanguardistas (los así llamados “comunistas”, conste que estoy empleando el término como un sustantivo), los que a pesar de sus marcadas diferencias y las duras e incluso encarnizadas persecuciones “anticomunistas” instigadas desde Washington, propias del primer período de la guerra fría, infligidas por los primeros hacia los segundos, a lo largo de las dos primeras décadas posteriores, lo cierto es que ambos representaban a sectores reformistas que aspiraban a ocupar el mismo espacio político, y a ser los actores decisivos de la transformación social que vino a superar al país del viejo olimpo liberal, ya agotado al llegar la década de los cuarenta. Tanto la gente del Centro de Estudios de los Problemas Nacionales (Rodrigo Facio, Carlos Monge y otros) como la de los militantes del emergente Bloque Obrero Campesino, después Vanguardia Popular (Carmen Lyra, Manuel Mora entre otros líderes sociales) fueron rupturistas en relación con el orden social y político imperante en la Costa Rica anterior a la Reforma Social, cosa que no puede afirmarse en todo el sentido de la expresión para el caso del “calderonismo” del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, a pesar de las dotes de estadista y el espíritu de avanzada social que lo caracterizaron, al darle un decisivo impulso inicial a la reforma social, a través de una alianza político electoral con los de Vanguardia Popular, la que se extinguió después del desenlace del conflicto armado.

Después de derrotar en el campo de batalla y sacar del juego político a sus adversarios “comunistas” y calderonistas, los “glostoras” llamaron a una Asamblea Constituyente, dando lugar a constitución reformista que sirvió de base al estado social de derecho, hoy a punto de ser aniquilado por la ultraderecha conservadora del nuevo siglo, la que a pesar de sus disfraces de presuntamente liberal, cristiana o progre profesa en su totalidad, y a pie juntillas todos los extremos y consecuencias del credo neoliberal.

En 1949 se produjo, al interior de la Asamblea Constituyente, una tácita alianza entre glostoras y vanguardistas, en la que los segundos intervinieron a través de los constitucionalistas electos por el Partido Constitucional Demócrata de Celso Gamboa, y los primeros bajo la denominación de Partido Social Demócrata (después de PLN), con su pequeño grupo parlamentario, encabezado por Rodrigo Facio Brenes. Estos sectores antagónicos pero afines, que a lo sumo representaban una cuarta parte de los constituyentes le imprimieron un tono reformista al nuevo texto constitucional, para lo que contaron con el apoyo de la gran mayoría de los constitucionalistas que estaban imbuidos de ese ethos renovador, tan propio de esa convulsa década que vino a cerrar el ciclo histórico del viejo liberalismo.

Lo paradojal vino después, en esos tiempos de reacción, una vez concluida la Segunda Guerra Mundial, cuando desde la Casa Blanca y la United Fruit Company se impulsó la destrucción de la primavera democrática de Guatemala (1944-1954), representada por los presidentes Juan José Arévalo, quien había apoyado con armas la revuelta de José Figueres en Costa Rica y Jacobo Árbenz, contando con el apoyo de la dictadura somocista en Nicaragua y la de Tiburcio Carías en Honduras. Eran los tiempos en que los EEUU buscaban reafirmar, una vez más, el control de su patio trasero: Por eso, su agenda para 1954, era la de acabar con la Argentina de Juan Domingo Perón, la Guatemala de Jacobo Árbenz y la Costa Rica de José Figueres Ferrer habiendo llamado con ese propósito, durante el mes de mayo de 1954, a la X conferencia interamericana, convocada por la Organización de Estados Americanos (OEA), en la ciudad de Caracas, Venezuela. Argentina y Costa Rica se negaron a asistir, mientras la Guatemala de Árbenz intentó heroicamente enfrentarse a los designios imperiales, a pesar del aislamiento a que fue sometida, a partir de esa conferencia y hasta su derrocamiento en julio de ese mismo año.

Mientras tanto, una vez concluida la guerra civil en Costa Rica, Calderón Guardia se refugió en la Nicaragua somocista, la que le dio apoyo en su primer intento armado de recuperar el poder, en diciembre de 1948, y posteriormente bajo el paraguas republicano de la administración estadounidense Eisenhower-Nixon intentó de nuevo, en enero de 1955, tomar el poder por la vía armada para acabar, tanto con los “comunistas” de Vanguardia Popular como con los de José Figueres Ferrer y su Partido Liberación Nacional, los dos sectores reformistas que habían luchado entre sí con las armas en la mano en 1948, pero habían terminado, no de manera conjunta ni deliberada, por darle un rumbo reformista, y rooseveltiano-keynesiano un tanto tecnocrático a las políticas económicas y sociales de estado, razón por la que Figueres Ferrer, que le había dado solución de continuidad a las reformas sociales de la década del cuarenta, era considerado como “comunista” ante los ojos de la ultraderecha conservadora de la región y por los gobernantes “republicanos” de la Casa Blanca.

Como puede apreciarse, a pesar de la relativa estabilización política y social con la que transcurrieron las primeras décadas del creciente estado de bienestar, unido al crecimiento económico planetario sostenido de los llamados treinta gloriosos(1945-1975), a partir de la conformación de un estado social de derecho, como un evento insólito en el istmo centroamericano, este estuvo siempre amenazado desde los poderes fácticos que se valieron de los grandes medios como el diario La Nación, los noticieros radiofónicos y la naciente televisión.

Por su parte, las fuerzas conservadoras retomaron la iniciativa, durante la segunda mitad de la década de los sesenta, con el triunfo electoral del conservador José Joaquín Trejos, a quien una coalición de sectores de derecha y del “calderonismo”, como un sector político que abandonó sus ya debilitados arrebatos reformistas que venían de la década de los cuarenta, una vez transcurrido un breve paréntesis, después del regreso del exilio de sus líderes, durante el año de 1958 y de su reincorporación a la vida política electoral, para diluirse dentro de un espectro de fuerzas cada vez más inclinadas hacia la regresión social, esa que hoy conocemos como neoliberalismo. Fue entonces cuando el Partido Liberación Nacional se sintió amenazado por estas fuerzas de la derecha conservadora, motivo por el que su interior surgió el Movimiento Democrático para una Revolución Social que, en el transcurso de 1968, lanzó su Documento o Carta de Patio de Agua, con la firma de numerosos líderes y militantes de aquella socialdemocracia reformista que buscaba así darle una solución de continuidad al proceso que había iniciado dos décadas atrás.

Chapucerismo ilustrado

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Tengo la certeza de que la Administración Alvarado Quesada pasará a los anales de la historia patria, como la más chapucera, improvisada y errática. Para merecer tal distinción, sin duda, contará con sobrados méritos, los que se reflejan en el copioso número de errores a su haber. Errores y gazapos que se han manifestado a través de distinto tipo de productos y procesos; los que han tenido a jerarcas y funcionarios de diversas instituciones gubernamentales como protagonistas.

Según el Diccionario de la Real Academia Española, el vocablo chapucero significa (para quien se hace acreedor de tal calificativo) que “trabaja o hace las cosas con poco cuidado, sin técnica o con un acabado deficiente.”

Los errores de diversa naturaleza y alcance, que han salpicado a este gobierno, se han convertido en noticias tercamente perennes como si formarán parte de promesas de campaña que se cumplen con esmerado rigor. Una vez que saltan a la luz pública aparecen las excusas, explicaciones y solicitudes de perdón (muchas con poca convicción, por cierto), pero ya el mal está hecho; los males han sido consumados. Podemos definir entonces a este gobierno como tristemente ilustre o tristemente chapucero.

Debo aclarar que lo de “ilustre” no está, en modo alguno, relacionado con el movimiento cultural del siglo XVIII, que surgió en Francia y se extendió por Europa y que ha sido conocido como Ilustración. La razón y la lógica fueron motores propulsores de ese proceso histórico. Cosa que no siempre ha estado presente en los avatares de la presente administración.

La posibilidad de cometer errores es una condición humana inevitable. Eso nos sucede en la cotidianidad de nuestras vidas por distintas causas, con nuestros familiares, amigos y también con personas que no conocemos. La humilde solicitud de perdón cuando erramos nos enaltece y nos puede y debe proyectar como mejores personas. Sin embargo, cuando estos errores se cometen, de manera sistemática, dentro del ejercicio de cargos públicos, su impacto se magnifica por el daño social y económico que pueden generar.

En el largo rosario de pifias y chapucerías institucionales acumuladas desde mayo de 2018 hasta el presente, se pueden identificar las chapuzas en escenarios públicos tan diversos como el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), el Ministerio de la Presidencia, el Instituto Nacional de Ferrocarriles (INCOFER), el Instituto Nacional de Turismo (ICT) y podríamos seguir citando entidades.

Pongamos como ejemplos algunas perlas ilustrativas, sin orden ni concierto cronológico:

  • Errores en las pruebas educativas FARO.
  • Graves fallas en el control del CONAVI/ MOPT que posibilitó que una cochinilla bicéfala (MECO y HSolís) engordara sus astronómicas finanzas, construyendo vías deficientes con obsolescencia programada.
  • Regla fiscal que pone en dudas el funcionamiento del 911.
  • El ruidoso caso UPAD.
  • Errores en las guías turísticas del ICT.
  • Cambios en el discurso sobre el cultivo del cáñamo y la mariguana medicinal.
  • No ratificación del Acuerdo de Escazú aun cuando el país fue su impulsor original.
  • Fiasco en el sitio Web del MOPT para las pruebas de licencia.
  • Dudas hamletianas entre la obligatoriedad o no de la vacunación contra la Covid-19.
  • Vicepresidencias erráticas y opacas, con escasa incidencia en el quehacer gubernamental.
  • Errores garrafales del MEP en la búsqueda de imponer a la Fundación Omar Dengo para la creación y desarrollo de la Red Educativa del Bicentenario.
  • Falta de vigilancia del movimiento vehicular en los peajes de la ruta 32 (Globalvía) por errores en la contratación de la entidad supervisora.
  • Etcétera.

Pero la «chapuza» mayor de este gobierno ha sido renunciar a la tradición progresista del país y de defensa de su singular Estado Social de Derecho, que construimos el siglo anterior.

En vez de buscar recorrer caminos distintos antes que entregarse a los designios de los grupos plutocráticos y a las órdenes del Fondo Monetario Internacional (FMI), desde los inicios de este periodo gubernamental, Carlos Alvarado, un tecnócrata imberbe y con un pálido liderazgo, abrazó las doctrinas y las prácticas neoliberales como un mono tití, indefenso y frágil, agarrado a una palmera azotada por un huracán inclemente. Desde luego, no lo hizo solo. Contó con la aquiescencia complaciente y cómplice de una alianza legislativa neoliberal hasta la médula, de la que han formado parte el partido oficialista (PAC), el PLN, el PUSC, Restauración, Nueva República y otras fracciones denominadas independientes.

Con ello, ha hecho retroceder al país en múltiples campos. Para recobrar esta Patria mustia y su democracia, real y efectiva, quienes luchamos y lucharemos por un país justo, inclusivo y solidario, tendremos que dar lo mejor de nosotros y nosotras para revertir esta impronta que debe marcarse con el olvido. Claro está, en mi caso, daré esta hermosa pelea con mucho gusto y convicción porque este hermoso país, su pueblo y su futuro, lo merecen con creces.

(26 de enero, 2022)

El enorme deterioro del Estado Social de Derecho debe estar en el centro de las elecciones de 2022 – Crónica de conversatorio

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Crónica del conversatorio político “Por la esperanza de una mejor Costa Rica”

Luis Fernando Astorga Gatjens

El jueves, 21 de enero, se celebró el Conversatorio Político “Por la esperanza de una mejor Costa Rica”, co-organizado por la Diócesis de Alajuela y la Universidad Técnica Nacional (UTN), como un espacio de intercambio reflexivo, fecundo y productivo, de cara a las elecciones del próximo 6 de febrero.

El evento de carácter virtual fue transmitido por Facebook Live, YouTube y trasmitido por radio Fides y otras emisoras católicas regionales. Su amplia promoción hizo que tuviera una amplia e interesada audiencia.

Participaron dos expositores y una expositora, bajo la conducción y moderación de Luis Fernando Astorga Gatjens, activista político y social, especialista en derechos humanos y discapacidad. Nelly López Alfaro, Directora del Instituto de Estudios de Población (IDESPO), de la Universidad Nacional (UNA), fue la panelista y Monseñor Ángel San Casimiro Fernández y el ex catedrático y ex vicerrector de la UNA, Hernán Alvarado Ugarte, fueron los dos ponentes.

La actividad fue introducida por el Obispo de Alajuela, Monseñor Bartolomé Buigues y José Matarrita Sánchez, vicerrector de Docencia de la UTN. Ambos coincidieron en la importancia de este tipo de diálogos, en función de iluminar al electorado para animarlo a acudir a las urnas y, con ello, fortalecer la democracia nacional.

El padre Luis Hernández, organizador de la actividad presentó al moderador y a los tres participantes, y con ello, dio el banderillazo de salida del evento, el cual se dividió en cuatro segmentos.

AUGE Y CAÍDA

La primera ronda de intervenciones se centró en la génesis, declive y momento actual del Estado Social de Derecho (ESD) del país. Ugarte Alvarado hizo un recorrido histórico de los antecedentes de ese Estado de Bienestar, que tuvo su punto de origen en la década de los años cuarenta del siglo anterior. Destacó el papel cimero de Rafael Calderón Guardia, Monseñor Víctor Manuel Sanabria y Manuel Mora Valverde, en echar sus cimientos (garantías sociales, creación de la Caja, Código de Trabajo, UCR) y la consagración de éste en la Constituyente de 1949 y en la Constitución Política vigente. Hizo mención del conjunto de instituciones que le dieron vida en las décadas de los años cincuenta, sesenta y setenta de la anterior centuria, lo que permitió destacados avances en derechos sociales; que posibilitaron que Costa Rica se singularizara en el contexto latinoamericano.

Por su parte, Nelly López fijó la década de los ochenta anterior como el punto de una progresiva erosión de ese ESD, donde la intervención de organismos internacionales (como el FMI y el Banco Mundial), marcaron la agenda económica y social del país, bajo la omnipresente consigna: “Más mercado y menos Estado”. Subrayó la directora del IDESPO como el crecimiento de la desigualdad social (Costa Rica es el octavo en el ámbito mundial, en ese preocupante rubro), la concentración de la riqueza en cada vez menos manos y una pobreza que baja poco en sus indicadores, son reflejo de ese deterioro.

Mientras tanto Monseñor San Casimiro recordó el papel de distintas entidades de la Iglesia Católica en apoyo a los pobres y el rol, activo y consciente, bajo el manto de la Doctrina Social de la Iglesia, en la defensa y promoción del ESD. Asimismo reivindicó el rol político de los sacerdotes al lado del pueblo, en la reivindicación de sus derechos, así como la importancia que se apruebe el carácter laico del Estado costarricense.

ESD Y ELECCIONES

La segunda ronda de los intercambios se centró en cómo se ha estado abordando la situación que vive el ESD en la actual campaña electoral. Los tres panelistas y el conductor del debate coincidieron que es un tema ausente. Se indicó que en los programas de los partidos, en las campañas y en los debates se observan temas de ese grave problema que enfrenta el país, pero se ven en forma aislada; no sistémica e integral.

López Alfaro, con cifras frescas del más reciente estudio de IDESPO, mostró el enorme deterioro del ESD y lo contrastó con la escasa consciencia política y social del fenómeno. “Hay un inconsciente colectivo muy arraigado porque la gran mayoría de medios informativos y partidos políticos, no han identificado la gravedad del estado de cosas”, acotó Astorga Gatjens.

Por su parte, Hernán Alvarado destacó el hecho de que el país está en un precipicio económico, político y social, que aunque algunos sectores se lo atribuyen a la pandemia de la Covid-19, lo real y concreto es que es un problema estructural, que viene de décadas atrás. La pandemia lo que ha hecho es agravar los problemas y desnudarlos, y en vez de más democracia para afrontar la crisis múltiple, se ha dado exactamente lo contrario, expresó Alvarado Ugarte.

EL FUTURO DEL ESTADO DE BIENESTAR

La tercera ronda tuvo como tema central, los desafíos futuros del Estado Social de Derecho en el país. Se inició con la pregunta del moderador dirigida a Monseñor San Casimiro: “El Papa Francisco ha planteado tres T dentro de su compromiso social con las mayorías planetarias, que son Techo, Tierra y Trabajo. ¿Cómo visualiza esas tres T en la Costa Rica hoy y de cara al futuro?”

En primer lugar, el panelista expresó su profunda decepción de cómo se ha abordado el tema de la vivienda en el país. Es tema de cada campaña electoral desde hace mucho tiempo y los precarios, y los tugurios siguen creciendo. Se pronunció sobre la necesidad imperiosa de soluciones inmediatas e impostergables y de la construcción vertical de viviendas, partiendo de que el acceso a un techo digno es fundamental para el desarrollo de las personas y las familias. Con respecto al acceso a la tierra expresó que hace mucho tiempo los campesinos fueron abandonados a su suerte, cuando son un actor clave para asegurar la independencia alimentaria del país, máxime en estos tiempos pandémicos que corren. Sobre el acceso al trabajo indicó que es urgente un verdadero plan de reactivación económica, que asegure la inclusión laboral y la reducción del desempleo.

Hernán Alvarado planteó con respecto al futuro del ESD que era imprescindible darle vida al carácter participativo de la democracia costarricense, establecido en el artículo 9 de la Constitución, desde el año 2003. Un componente consustancial de tal aplicación práctica debe ser la revocatoria del mandato, tanto presidencial como de los diputados. Es seguro –subrayó Alvarado Ugarte— que, si se diera la posibilidad de revocar mandatos, el país estaría mejor porque la presión social impediría la incompetencia política, el incumplimiento impune de obligaciones y la corrupción a la que se enfrenta hoy el país. De la misma manera, López Alfaro se pronunció por el fortalecimiento de la democracia y el ESD a través de la participación social en las comunidades, en los barrios, en las asociaciones.

VOTO CONSCIENTE Y CRÍTICO

En la cuarta y última ronda, los tres panelistas coincidieron en la importancia de cumplir con el deber de emisión del sufragio, el 6 de febrero próximo. Pero debe ser un voto consciente y crítico para asegurar que las futuras autoridades se comprometan con retornar al camino de revitalización del Estado Social de Derecho. “Sólo de esta manera, se puede asegurar el desarrollo de un país justo, inclusivo y solidario”, fue el pronunciamiento unificado.

En la misma dirección, se expresó el conductor del evento al reivindicar la necesidad de dar un paso en el desarrollo de ese ESD, al incorporar el carácter ecológico, tal y como ha venido abogando el Papa Francisco al examinar la enorme crisis social en el mundo y los desafíos que nos impone la crisis climática. Alvarado Ugarte subrayó la necesidad de incorporar un amplio capítulo a la Carta Magna dedicado al tema ambiental.

Se terminó el constructivo conversatorio, invocando las esperanzadoras palabras del poeta, Isaac Felipe Azofeifa: “De veras, hijo, ya todas las estrellas han partido. Pero nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer.”

(21 de enero, 2022)

Pueblos indígenas sufren retroceso en derechos humanos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

En los últimos años, el país ha venido avanzando como el cangrejo en muchos campos, incluido el de los derechos humanos. Lo que ha sido motivo de orgullo y prestigio internacional se ha venido erosionando con el concurso de distintas administraciones gubernamentales, del Poder Judicial y de la Asamblea Legislativa.

De ese progresivo deterioro pueden dar cuenta los pueblos indígenas de Costa Rica, que han sido y son presa fácil de un racismo cada vez menos disimulado. Lo que hubo de sufrir Leonel García Segura del Pueblo Cabécar de Bajo Chirripó, el 30 de diciembre anterior, es un reflejo tan notorio como indignante de una grave violación de sus derechos, que se busca cubrir con el manto racista de la impunidad.

Dos hombres no indígenas de apellido León, padre e hijo, ajenos e intrusos en el Territorio de los Cabécar, que ocupan en forma ilegal terrenos en ese territorio, agredieron con machetes en mano a García Segura, propinándole múltiples heridas en todo su cuerpo, que lo llevaron a Cuidados Intensivos del Hospital Tony Facio. Pero mientras el brutalmente agredido luchaba por su vida, los dos agresores que ya le habían amenazado de hacerlo picadillo, se encontraban libres con la venia de las autoridades judiciales. Este hecho atroz, motivado por el odio y la discriminación, debe ser causa de repudio y de reclamo inmediato de justicia.

Existe un expediente judicial que debe dar la razón a Leonel García en contra de los usurpadores, que han mantenido la ocupación ilegal del terreno, pero ante la demora, negligencia e inacción de los responsables judiciales de apurar la resolución, los León han querido imponer su aberrante ley con una acción de extrema violencia. Ya antes lo habían amenazado con hacerlo picadillo. Cuando deberían haberse dictado medidas cautelares para proteger la integridad física y la vida de Leonel García, el proceso avanza con una pasmosa lentitud.

Esta es otra pieza más del rosario de injusticias que han venido enfrentando los pueblos indígenas, sin que esta situación muestre cambio alguno.

Los antecedentes de este tipo de actos hay que situarlos en el año 1977, cuando fue aprobada la Ley Indígena de Costa Rica Nº 6172, a través de la cual se buscó regular temas como la identidad, organización y territorio de los pueblos indígenas. Mediante esta norma, el Estado costarricense reconoció el derecho exclusivo de los indígenas a sus territorios. En la ley que tiene ya 44 años, en su momento se delegó al Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) y a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), la resolución del problema de apropiamiento ilegal de tierras por parte de personas no-indígenas.

La devolución de los territorios indígenas a los pueblos originarios es un compromiso clave e ineludible contenido en esa ley. Sin embargo, los años han venido pasando y ese compromiso no se ha cumplido. Gobierno tras gobierno lo han venido posponiendo, fruto de las presiones políticas de terratenientes que usurpan ilegalmente esas tierras. La discriminación ancestral es la que ha marcado la pauta.

Pero el incumplimiento del Estado de una ley tan añeja en su promulgación, no se queda ahí. También se han venido incumpliendo un conjunto de disposiciones del Sistema de Naciones Unidas, contenidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este convenio indica que “los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discriminación”. Igualmente, este instrumento jurídico internacional fija que los Estados “deberán adoptar medidas especiales para proteger a las personas, instituciones, los bienes, el trabajo, la cultura y el medio ambiente de los pueblos originarios”.

La justa lucha por lograr que los territorios indígenas vuelvan a las manos de sus legítimos dueños ha generado dolor, luto y sangre de luchadoras y luchadores indígenas. Así lo testimonian los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz, de Jehry Rivera y de varias tentativas de homicidio contra otros líderes.

Múltiples hechos que forman parte de esa injusticia han sido debidamente documentados y denunciadas ante la Subcomisión de Acceso a la Justicia para los Pueblos Indígenas del Poder Judicial, actuando la Defensoría de los Habitantes como testigo; empero todas estas denuncias han sido archivadas por la Inspección Judicial. No ha habido justicia, y cuando se insinúa, no ha sido ni pronta ni cumplida.

Con ello la impunidad le ha venido ganando la batalla a la justicia. Y de esta manera se ha alentado a los usurpadores a que sigan agrediendo a mansalva a los pueblos originarios y atropellando sus derechos. Mientras tanto las autoridades del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo siguen mirando para otro lado, haciéndose cómplices de una injusticia que pone en entredicho a la democracia costarricense.

Algunos en el país (incluidos candidatos presidenciales y candidatos a diputados) siguen viviendo en una Costa Rica paralela, en la que algunos logros y avances en derechos humanos, eran reales. Pero lo que fue ya no es. Los derechos humanos contenidos en normas nacionales o internacionales, se alejan cada vez más de su cumplimiento efectivo. Mucho ruido normativo y pocas nueces en su implementación.

No emerge otro camino que no sea el de la lucha social para que el brillo de un Estado Social de Derecho, respetuoso de los derechos humanos de todas las personas, pero priorizando a las minorías perseguidas y discriminadas, vuelva a singularizar a este país que se nos está yendo de las manos.

(17 de enero, 2021)

Votar por Figueres Olsen tapándose la nariz

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

         Algunas personas están considerando votar por el candidato Figueres Olsen del PLN. Hasta aquí todo legítimo y válido. Lo que no puede ser admisible es que agreguen: “aunque sabemos que ese partido y ese candidato están tomados por la corrupción…” Las consecuencias jurídicas, éticas y políticas de este razonamiento son devastadoras. Dicen de un ciudadano totalmente confundido y extraviado, dispuesto a normalizar las peores prácticas en el manejo de la cosa pública con tal de aprovechar, según ellos, un poco de experiencia y competencia.

         Es cierto que en estas elecciones se juega mucho más que la escogencia de nuevos representantes populares. La gran mayoría de candidatas y candidatos, los malos y los peores, siguen la ruta del telele neoliberal, abjurando de la mejor herencia política costarricense, el estado social de derecho y las aspiraciones de un modelo de convivencia democrático, con bienestar para las mayorías, sin grandes inequidades y con oportunidades para todas y todos.

         El significado jurídico, en sentido metafórico, de una decisión como la señalada líneas arriba, convierte a quienes así están pensando en cómplices y coautores de un daño social gravísimo. Desde el punto de vista ético asumen la destrucción de valores fundamentales para la convivencia como son la honradez, la responsabilidad en el destino compartido y la confianza en quienes han de liderar el mundo que entregaremos a las futuras generaciones.

         La cuestión cultural, en sentido amplio y referida a la cultura democrática, nos desnuda una sociedad y una clase política incapaces de definir y escoger una nueva etapa histórica. Mientras sigamos debatiéndonos entre calderones y figueres no habremos superado el mundo que construyeron con más méritos que deméritos los padres y abuelos. Es patético que todavía nos debatamos en esas alternativas. Quizá en este punto radica la indecisión de la mitad del electorado y sobre todo la apatía de los más jóvenes.

         El punto de inflexión estuvo en la década de los años noventa del siglo pasado. Un pacto implícito entre los hijos de los caudillos se repartió las áreas de influencia de lo más jugoso del andamiaje institucional de la patria. No hay casualidad ninguna en que esta manera de hacer política, manejando lo público como si fuera hacienda privada, culminara con los escandalosos casos CAJA-FISCHEL e ICE-ALCATEL. Esa es la herencia que nos han dejado los herederos de los caudillos.

         Pero es que además, votar por Figueres Olsen tapándose la nariz, supone olvidar que este político ya tuvo su oportunidad, que aún hoy muchos sectores padecen las consecuencias de su gestión y que, en definitiva, fue un período con mucha pena y poca gloria. Supone también echar en el olvido que no hizo frente a los hechos derivados de “una asesoría” a la empresa que estaba negociando con el estado costarricense una compra multimillonaria en el sector de telecomunicaciones, el legado de papá. ¿Hay alguien capaz de defender que es lo mismo que un ex presidente “asesore” este tipo de negociados, a que lo haga cualquier hijo de vecino? Más allá de si hubo o no delitos o fiscales que los persiguieran, ¿este tipo de movidas, para beneficio propio y de los más cercanos, es el modelo de político y política que queremos?

         Lo peor del argumento expresado por este sector de votantes es que no advierten lo que está pasando precisamente en estos días. Parte de lo que pasa con la “experiencia” es que entre más se ejerce el poder, más riesgo hay de caer en vicios y corruptelas. Lo que ha sucedido con los alcaldes liberacionistas en el tema de la concesión de obra pública; lo que ha pasado con las cercanías del alcalde liberacionista en la zona sur con sujetos vinculados al narcotráfico; lo que ha pasado en la Asamblea Legislativa con la comisión de no-investigación de la influencia del narcotráfico en los partidos políticos, incluido el PLN, suponen un grado de contaminación y descaro que no se pueden permitir.

         Expreso estas opiniones sin mucha esperanza. Sólo para que no se diga que no fueron advertidas.

Conflictos sociales en el horizonte ante un país cada vez más desigual

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Costa Rica tiene en sus manos una bomba de relojería, que vislumbra en el horizonte –casi irremisiblemente– futuros conflictos y estallidos sociales. La crisis social ha venido madurando al compás del progresivo deterioro del Estado Social de Derecho (ESD), que forjó el país el siglo anterior.

Hoy, cada vez queda menos de ese Estado de Bienestar y eso se retrata en el incremento de la pobreza y la desigualdad social, y la ominosa concentración de la riqueza en cada vez menos manos. Lo que nos proyectó internacionalmente en el pasado, con cifras en desarrollo humano y en esfuerzos reductores de desigualdad social alentadores, hoy es un recuerdo que se desdibuja cada vez más. Es un país que ha venido cambiando para lo peor.

Actualmente, lo que fue halagüeño y esperanzador se ha tornado sombrío. Así se puede constatar en el Informe 2021 del Programa de Estado de la Nación (PEN). Como bien se señala en el informe, Costa Rica muestra un creciente desgaste en su capacidad para impulsar el desarrollo humano. Aunque algunos analistas ponen el acento causal en la arrasadora pandemia de la covid-19, lo más objetivo es que esta situación tiene causas más profundas y añejas.

La pandemia y sus secuelas económicas y sociales ha sido un significativo factor agravante de la crisis económica y social que padece el país. Pero no se debe echar la culpa al coronavirus porque realmente la crisis y la erosión del Estado Social de Derecho, nos viene de lejos. Hizo su aparición inicial en los años ochenta del siglo pasado, cuando la pandemia neoliberal hizo su aparición. Luego con zigzagueos, pero con constancia esa doctrina fue marcando la economía y la sociedad costarricenses, con su sello promotor del individualismo, y con el impulso privatizador de servicios públicos y el achicamiento del Estado.

La falta de soluciones a los problemas que enfrenta un sector mayoritario de los habitantes del país es muy posible que les impulse al justo reclamo y a la protesta social. Las calles en los años que vienen y, particularmente, en este 2022, se podrían llenar de gente que se cansó de esperar soluciones concretas para mejorar sus vidas. No hay mal que dure por siempre ni cuerpo social que lo resista.

Dice bien el investigador del PEN, Ronald Alfaro Redondo cuando afirma que: “Los desafíos que tenemos y las dificultades para que esas fortalezas históricas que teníamos soporten, no solo la pandemia (porque ya veníamos en una situación crítica a la que se suma la pandemia), nos dejaron en una situación compleja y muy complicada donde si se tira un fósforo y hay gasolina, esto puede arder.”

El visualizar esta situación crítica que emerge en el horizonte debería constituirse en una responsabilidad de los candidatos y los partidos presentes en la liza electoral del 6 de febrero próximo. Pero lo que debe ser una responsabilidad política ineludible aparece esquiva en la agenda electoral dominante.

Con contadísimas excepciones, el conjunto de candidatos presidenciales no ha profundizado en el análisis de la real situación que enfrentan amplios sectores de la población y la significativa erosión del Estado Social de Derecho. Cuando hablan de problemas sociales lo hacen sin la profundidad que demanda la gravedad de la situación actual. Consecuentemente, las propuestas de solución adolecen de la misma debilidad.

En este estado de cosas, contribuyen la mayor parte de los medios de comunicación, que alineados a las políticas neoliberales, no ahondan en la gravedad de la crisis social que se ha venido acumulando en los últimos años. Eso se refleja en la falta de hondura de las entrevistas que realizan a los candidatos y, es muy probable que también se reflejará en los debates, que organizan en estas próximas semanas.

Quienes piensen y pretendan que con la leyes impulsadas por este Gobierno y aprobadas por la alianza neoliberal conformada en el Congreso, para frenar y criminalizar la lucha social, les alcanzará para contener las justas protestas ciudadanas, están equivocados. Cuando la injusticia llega a los estómagos y cunde la desesperanza por una vida mejor entre muchos, el camino de la lucha social, pacífica pero firme y reivindicadora, emergerá con una fuerza creciente.

Harían muy bien los candidatos presidenciales y también quienes aspiran a ocupar una curul legislativa de leer con seria atención la sabias palabras del Papa Francisco: “La crisis económico-social y el consiguiente aumento de la pobreza tiene sus causas en políticas inspiradas en formas de neoliberalismo que consideran las ganancias y las leyes de mercado como parámetros absolutos en detrimento de la dignidad de las personas y de los pueblos.”

Sólo con un cambio de rumbo que haga reverdecer el Estado Social de Derecho, se evitará que la lucha por la justicia social llene las calles de voces justicieras. Pero, por ahora, estamos más situados en las dudas que en la esperanza.

(9 de enero, 2021)