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Etiqueta: Estado Social de Derecho

Transformar RECOPE en ECOENA: Un paso tan acertado como urgente

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

En una campaña electoral, en la cual una de las características más destacadas es la escasez imaginativa y de propuestas originales para impulsar el desarrollo inclusivo y sostenible del país, una de las promesas más reiteradas es el cierre de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE).

Varios candidatos han apelado a esta consigna, con el afán de ganar adeptos y votos el próximo 6 de febrero, aprovechándose de que muchas personas no están debidamente informadas sobre el papel que juega RECOPE en la estratégica provisión energética del país. Asimismo, su propuesta de colocarle candados a la institución, parte de una campaña prejuiciosa y superficial, que han venido impulsando algunos políticos y que ha sido acogida por algunos medios, detractores –unos y otros– de nuestro Estado Social de Derecho (ESD). Un elemento común de estas campañas anti-RECOPE, es el trasfondo neoliberal que las orienta y las anima.

Son propuestas tan demagógicas como falsas y efectistas. Veamos por qué: Se basan en la creencia de que los actuales altos precios de los combustibles, son responsabilidad de RECOPE. Se trata de una idea errada ya que las modificaciones de estos precios (hacia arriba o hacia abajo), se fundamentan en gran medida, en el precio internacional de los combustibles y en la relación de cambio entre el dólar estadounidense y el colón. Como demostré en un artículo anterior, en el costo de cada litro de combustible, el componente asociado al rol de esta entidad pública en la importación, almacenaje y distribución, es de alrededor del 7 %; incluso menor al cercano 9 % que obtienen los empresarios dueños de las gasolineras. También dentro de este contexto relacionado con los precios de los hidrocarburos, se ha magnificado cuánto impacta la convención colectiva institucional. Si bien es cierto esa convención ha contenido claúsulas abusivas (muchas de las cuales han sido eliminadas), lo real y concreto es que el impacto en el precio de los combustibles, es limitadamente significativo. Representa menos de cuatro colones del valor de cada litro de combustible.

Otros candidatos a la presidencia han propuesto abrir el mercado de los combustibles para que empresas privadas (presumiblmente extrajeras) compitan con RECOPE. De esta manera, argumentan que los combustibles bajarían de precio. Eso es imposible ya que el afán de lucro de esas empresas privadas que entrarían al mercado de los hidrocarburos, con certeza operarían con un porcentaje superior al 7 % con el que funciona RECOPE; lo cual impactaría en el precio final que pagamos los consumidores. Este aserto quedó patentizado en el “Estudio sobre impactos en el modelo de compraventa-distribución de la industria de hidrocarburos en Costa Rica”, elaborado por los economistas Leiner Vargas y Katherine Barquero.

Una completa desregulación del mercado de los combustibles, implicaría de cara al año 2025, precios más caros para los consumidores, con una diferencia de ¢ 23 por litro de gasolina Súper, ¢ 20 en la Plus 95, ¢ 61 en el diesel y ¢ 57 en el gas LPG, según lo que se desprende del citado estudio. Asimismo, esta apertura generaría precios diferenciados entre las zonas urbanas y las rurales y remotas, con lo que se verían afectadas comunidades vulnerables.

En ambos escenarios se fabrican espejismos, que no son garantía ni de rebaja del precio de los combustibles, ni del necesario desarrollo –urgido por los tiempos que corren—inclusivo, sostenible y solidario, que requiere el país.

Realmente, el camino justo y acertado es el de la transformación de RECOPE para convertirla en la Empresa Costarricense de Combustibles y Energías Alternativas (ECOENA). Se trata de una ruta para mejorar lo que tenemos, ajustándanos a un contexto mundial y nacional, completamente distinto a cuanto se creó RECOPE. Tal es lo que se propone en la iniciativa que se tramita en la Asamblea Legislativa, bajo el expediente 21.343, que haría que la ECOENA no sólo importe y distribuya hidrocarburos, sino que también desarrrolle investigaciones en la generación de energías alternativas, como sería –por ejemplo—la utilización del hidrógeno para el transporte automotor.

De esta manera, la nueva entidad pública: “Podrá investigar, desarrollar, producir, importar, exportar, industrializar, almacenar, transportar y comercializar energías químicas alternativas y productos asociados, con el fin de descarbonizar la economía, reducir la demanda de combustibles fósiles y asegurar la continuidad, calidad, eficiencia, del suministro energético nacional”, como expresa el proyecto de ley.

Un componente clave de este cambio de RECOPE a ECOENA es avanzar en el proceso de la descarbonización de la economía nacional, que tal como lo define el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), es “el proceso por el cual los países, individuos u otras entidades apuntan a eliminar el consumo de combustibles fósiles.”

Este proceso demanda una necesaria transición energética, una transformación estructural que elimine el carbono en la producción de energía. O dicho de otra manera: “Se trata de electrificar la economía en base a energías alternativas limpias que emitan únicamente lo que el planeta puede absorber.”

Actualmente, RECOPE produce un 70% de la energía total de Costa Rica. Eso nos indica que cualquier cambio en la matriz energética del país, pasa inevitablemente por RECOPE. En tal contexto es fundamental el liderazgo que debe y puede asumir la nueva entidad, en la transición hacia las energías renovables.

Un proyecto de ley como el mencionado se convierte en un factor coadyuvante para avanzar en el propósito de convertir al país en carbono neutral, asumiendo un liderazgo que nos convierta en un modelo a seguir. Es oportuno recordar aquí que múltiples estudios sobre este tema indican que los planes de descarbonización aseguran beneficios económicos superiores a los costos de su impulso y desarrollo.

Sin duda que estos temas son componentes fundamentales para asegurar el desarrollo sostenible de Costa Rica, por lo que deben tomarse con mucha seriedad y rigor por quienes aspiran a gobernar el país desde mayo próximo. No deben ser temas de promesas tan falsas como demagógicas. Un electorado cada vez más crítico lo debe demandar, por el bien de todos.

CCSS: Grandes logros en medicina pública pero con un futuro financiero incierto

Escrito en . Publicado en Análisis, Salud.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Cuando un reputado investigador y especialista, como el Dr. Atul Gawande elogia los logros de Costa Rica en el campo de la salud pública, algo hemos hecho muy bien a lo largo de varios decenios. Pero tenemos que seguir haciéndolo para evitar que los avances que son motivo de orgullo, se conviertan en sombríos retrocesos.

El Dr. Gawande, profesor en la Facultad de Medicina y de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, escribió un artículo en el que destaca que Costa Rica ha priorizado la salud pública, con lo que ha alcanzado una expectativa de vida dos años superior a la de Estados Unidos (casi 81 versus 79), con un ingreso per cápita seis veces menor que el estadounidense. «Y no solo superó la esperanza de vida de Estados Unidos, sino que consiguió la más alta en América del Sur y América del Norte, con excepción de Canadá», subrayó el Profesor Gawande en su análisis.

Esto lo consignó recientemente, BBC Mundo a través de un amplio reportaje en el que se resalta que el especialista estadounidense realizó una laboriosa investigación de seis meses sobre nuestro sistema de salud pública y a partir de un “viaje profundo”, que realizó al país en abril anterior. El investigador valora en forma significativa lo que ha hecho el país, a tal punto que estima que es un modelo referencial y aplicable en otros países, incluido Estados Unidos.

No obstante los logros que exalta el investigador estadounidense en un sistema en que se ha priorizado la medicina pública frente a la atención privada y donde antes que la atención de las personas en hospitales y clínicas, se desarrollan estrategias de promoción de la salud y prevención, las amenazas se han venido acumulando. En estas circunstancias, el sabor agridulce es inevitable.

Los logros que destaca el Profesor Gawande se empezaron a esculpir hace ochenta años cuando el Gobierno del Dr. Rafael Calderón Guardia impulsó la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), dando un paso decisivo en el desarrollo del Estado Social de Derecho, que ha singularizado la forja de la nación costarricense.

Todos quienes habitamos Costa Rica le debemos mucho a la Caja, por los múltiples servicios prestados en el desarrollo general del país y no sólo en el campo de la salud y la seguridad social. Sin embargo, los que han acogido la doctrina neo-liberal como su credo, ahí donde la salud emerge como un derecho fundamental, ellos lo que han visto es un jugoso negocio. Con la consigna avasalladora “más mercado- menos Estado”, estos adalides del individualismo a ultranza, han querido privatizar muchos de los servicios que presta la CCSS y han avanzado en sus despropósitos y anhelos.

Algunos desde adentro (como topos) han venido afectando el desarrollo de la institución. Son aquellos que han debilitado las finanzas de la Caja, creando una cara y frondosa élite burocrática mientras la oferta de especialistas en distintas áreas es limitada y, con ello, se alargan las esperas de atención así como de algunas cirugías. No pocas familias con limitados recursos han sido empujados a utilizar los servicios de la medicina privada, desesperados ante tan prolongadas (y evitables) lista de espera. Este tópico ha sido motivo de tensión social y de cuestionamientos a la eficiencia y eficacia de la ochentera entidad.

Los detractores del Estado Social de Derecho y de la medicina pública han movido distintos hilos para convertir al robusto árbol de la CCCS en un debilitado bonsai. Si su desmedido afán privatizador hubiese ganado completamente la partida, en el 2020 y en el presente 2021, el país hubiera estado mal preparado para atender la desafiante pandemia de la Covid-19. Porque una pandemia de este demoledor alcance para afrontarla exitosamente, ha requerido del esfuerzo solidario de la medicina social. Todo indica que el mundo y el país, desde luego, habrá de afrontar en el futuro otras pandemias. Por ello, la apuesta certera e inevitable para el país debe ser el fortalecimiento de la Caja.

Como lo expresa el Informe de la Comisión Legislativa que investigó las –preocupantes—finanzas de la Caja: “No cabe duda de que las acciones llevadas a cabo por la CCSS … para universalizar la protección (cobertura horizontal) como para mejorar la cantidad y calidad de las prestaciones (cobertura vertical), explican en buena medida el éxito alcanzado por nuestro sistema público de salud. Empero, de cara al futuro, su sostenibilidad financiera se encuentra seriamente amenazada.”

De acuerdo con las proyecciones actuariales –que se fijen en el citado informe—, el Seguro de Salud será solvente hasta el año 2026 o a lo sumo hasta el 2031. Mientras tanto el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, tendrá solvencia hasta el año 2037 con lo que, “a partir de 2038, este seguro no podrá hacer frente al pago de las pensiones en sus diferentes acepciones.” Esta sombría situación financiera se ve significativamente agravada como consecuencia de la exorbitante deuda acumulada por el Estado, que supera ya los 5,9 billones de colones.

Es dentro de un contexto de grave incertidumbre y preocupación que corresponde colocar el manejo y administración de las finanzas institucionales, realizado por 18 exjerarcas de la CCSS (algunos integrantes del Consejo Financiero y de Control Presupuestario) que fueron acusados en marzo de 2019, por tres presuntos delitos de fraude financiero, a saber: i) Influencia contra la Hacienda Pública, ii) Administración Fraudulenta y iii) Fraude de Ley; tal y como consigna el citado informe legislativo. De acuerdo a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Primer Circuito Judicial de San José, estas transgresiones habrían acontecido en el lapso 2006 y 2014, “cuando por medio de aparentes documentos falsos, se aprobaron cuantiosos incrementos en el beneficio de cesantía, salarios y plazas; mismos que al resultar impagables para el Régimen de Salud, habrían sido financiados parcialmente mediante subsidios ilegales del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte”, así expresado también por el informe legislativo.

El valioso estudio del Profesor Gawande retrata la historia de éxito de la Caja y del modelo de salud pública costarricense. El que se nos valore con admiración desde fuera (bien cada vez más escaso), debe ser motivo de orgullo nacional. Pero algo de mayor valor, en el presente, es convertir este elogio de lo que ha sido la Caja en acicate para su defensa y el fortalecimiento de sus finanzas de cara al futuro. Bien vale la pena esta justa y necesaria causa.

SOY UN PRIVILEGIADO

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Adriano Corrales Arias*

A fin de año me jubilo luego de casi treinta años de servicio en la educación superior, en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, para ser más exacto, y tres o cuatro años en la primaria y secundaria, además de algunos “camarones” como empleado o trabajador informal. Recibiré de pensión, más o menos, un sesenta por ciento de mi actual salario. De golpe y porrazo abandonaré ese estamento social conocido como “clase media” para engrosar la ancha banda de la pobreza, según el galopante nivel devaluativo de la moneda nacional y el encarecimiento del costo de la vida. Los ahorros y “pluses” salariales de más de treinta años de vida laboral y académica se irán al carajo. Tampoco sirvieron más de veinte años de estudios e investigaciones para obtener un salario digno y acorde con el esfuerzo. Los avances de la contrarreforma neoliberal te desvalorizan como profesional, funcionario público y trabajador intelectual. Pero soy un privilegiado.

Sí, para la oligarquía y la masa intoxicada por el discurso único de los medios desinformativos de aquella, soy un privilegiado pues recibo un “salario de lujo”. La atroz campaña de la contrarreforma ha calado tan hondo que hoy compañeros trabajadores nos destazan en público, sin comprender que, precisamente, los “privilegios” de los cuales gozamos, obedecen a años de luchas, sacrificios personales y colectivos, represiones y conquistas; no han sido regalos de nadie sino conquistas del movimiento social. Desconocen – por ello lo obvian con facilidad – que ellos mismos deben gozar también de esos “privilegios”, mismos que sus patrones les birlan al no reconocerles siquiera el salario mínimo. Dichos “privilegios”, reconocidos en castellano históricamente como derechos y garantías sociales – por los cuales hubo incluso una guerra civil – deberían ser pan de cada día para todos los trabajadores costarricenses; por eso la equiparación debe ser ascendente, no descendente, como propone y ejecuta el gran empresariado, y malinterpretan miles de incautos intoxicados. El borrado lingüístico y semántico, correlativo al de la misma historia, hace que entre nosotros, trabajadores del estado, independientes y de la empresa privada, nos veamos como enemigos, cuando en realidad el verdadero enemigo es la clase social que promueve la nueva manera de leer la legislación y la historia: quienes evaden y eluden impuestos y cargas sociales, legitiman y exportan capitales a paraísos fiscales y explotan mano de obra nacional y migrante sin contemplaciones; léase, la oligarquía nacional y sus socios transnacionales, consorcios y trusts amparados por el FMI, el BM y otras garroteras mancomunadas con los países más poderosos del planeta.

Pero hay otro privilegio, el verdadero: “la suerte” corrida en mi historia de vida. Aludo al hecho de cursar estudios superiores gracias a sendas becas para estudiar en Europa y realizar un posgrado en mi alma mater, la UNA. Todo ello gracias al Estado Social de Derecho, es decir, a las reformas sociales de los años cuarenta, bajo una alianza inédita en el mundo conformada por la iglesia católica, el partido comunista y parte de la rancia oligarquía cafetalera, acuerpada luego por una socialdemocracia aclimatada en el trópico centroamericano. Me explico: si mi infancia y adolescencia fuesen hoy, no podría estudiar. Mi familia era de escasos recursos con doce hijos (todos vivos afortunadamente a la hora de escribir esto) y unos padres trabajadores e incorruptibles: él comerciante, pasando por artesano, agricultor, empleado, funcionario público; ella ama de casa realizando trabajos de toda índole tales como lavado de ropa para la CCSS, entre otros, para aportar a la exigua olla doméstica. En las actuales condiciones jamás podrían haberme enviado, junto a mis otros hermanos, a la escuela pública, luego al Liceo San Carlos y, mucho menos, a la Universidad Nacional. No tendrían recursos para enviarme desde “Villa Quesada” a la meseta central a subsistir con decoro por los alrededores de la “U”. En los gloriosos años setenta pude hacerlo gracias a becas de la Municipalidad de San Carlos, de la misma universidad, la cual me ofreció, además, residencia estudiantil y servicio de comedor, y luego del Ministerio de Relaciones Exteriores a través del convenio educativo/cultural con la antigua URSS. Por eso me considero privilegiado.

Por cierto, la universidad que dejo es otra. A mi ingreso en ella – inicios del año 1992 – era una de las cuatro públicas del país, la cual, a pesar de haber sido creada para fortalecer los procesos de industrialización de la clase dominante nativa con una estructura vertical y cuasi militar (no existían facultades ni escuelas o departamentos, sino “divisiones”), había sido transformada en una universidad democrática, participativa y abierta a la comunidad costarricense con una misión de servicio para el fortalecimiento de la ciencia y la técnica al servicio de la economía nacional, especialmente de los sectores más desprotegidos. Esa metamorfosis se logró gracias a un inédito, combativo y lúcido movimiento estudiantil, cuyas luchas en los años 1981/82 consiguieron flexibilizar aquel cascarón empresarial/tecnocrático. Así, la institución pudo salir de la modorra colonial cartaga creando una Sede Regional en San Carlos, misma por la cual – benditas paradojas de la vida – había luchado en mis años de colegial (fui expulsado del Liceo San Carlos por organizar una marcha solicitando dicha sede para la región norte) y más tarde un Centro Académico en San José. Hoy repito, es otra; la contrarreforma la ha alcanzado y, con aliados internos, ha sufrido un proceso de descapitalización ya no solo material, sino sobre todo cultural e ideológico, sumiéndola en una institución cada vez más vertical, antiacadémica, tecnocrática y aislada del entorno y de los problemas que aquejan a las grandes mayorías. El proceso de cooptación neoliberal y de privatización ha sido intenso y su actividad académica, especialmente en términos de investigación, extensión y acción social, se ha restringido ostensiblemente. Lo peor, todo a ojos vista de una comunidad académica y un movimiento estudiantil sumidos en la anomia, el temor, la dispersión y el confort intramuros, dado que han sido objeto de ese borrado o lavado ideológico, semántico e histórico que produce una tabula rasa en cuanto a nuestras memorias e identidades.

La contrarreforma neoliberal desestructuró el Estado Social de Derecho, con ello la educación pública y la seguridad social, bases de nuestra otrora imperfecta pero robusta democracia. Lo grave: convenció a miles de costarricense que así debe ser, que la privatización es buena, que la ciencia, los saberes y los derechos a la salud pública y al empleo con salarios y garantías dignas como una pensión justa, no son necesarios. La masa se lo tragó. De hecho, quienes más necesitan del Estado Social de Derecho se convirtieron en sus acérrimos enemigos y en militantes contra los trabajadores públicos y los necesarios servicios de un estado que se debe a las personas. ¡Divide y vencerás! Es el mayor triunfo de la contrarreforma: convencer a humildes trabajadores, transmutados en “colaboradores”, de que sus derechos son nocivos porque obedecen a consignas de comunistas y servidores de satán. Para ello movilizaron millones de colones provenientes del mismo estado, ya no solo evadiendo o eludiendo impuestos, máxima sangría del déficit fiscal, sino sirviéndose de figuras corruptas como la deuda política, las compras estatales o la concesión de obra pública. Y siguen engordando a mediocres “profesionales”, vividores o viles predicadores devenidos en “políticos”, a medios corruptos de incomunicación masiva y empresas mal habidas que explotan mano de obra, sobre todo migrante.

Pero los privilegiados somos nosotros, no ellos, nuevos ricos que arrasaron con impunidad uno de los proyectos sociopolíticos más innovadores y eficaces de América Latina y del mundo, construido, como se ha indicado, gracias a un inédito contrato social. ¿Imperfecto?, claro que sí, como toda obra humana, pero perfectible y renovable de acuerdo a los tiempos que corren sin tanto sacrificio social; las bases del estado, a pesar de la galopante corrupción y de la pérdida de soberanía, todavía lucían estables para soportar cambios a favor de las grandes mayorías sin graves convulsiones. Pero la gula de una oligarquía insaciable no lo ha permitido. Lo dicho y lo deplorable: con la venia de una masa domesticada, según aserto de uno de los artífices de la erección de un estado socialista exitoso en medio de dictaduras y de países en cruentas guerras intestinas y bajo la constante amenaza del imperio del norte. Ese enroque ideológico y semántico produce grotescas caricaturas propagandistas afirmando, por ejemplo, que los últimos gobiernos neoliberales son conducidos por socialistas o comunistas. “Miente, miente, miente… que algo queda”.

*Escritor.

La vieja y la nueva derecha en la Torre de Babel

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (14).
Tercera época.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense.

La descomposición absoluta que muestra el sistema político y social imperante en este cambio de siglo, tanto como la inopia y la estulticia reinantes en materia de pensamiento y acción alcanzan también a la llamada derecha, o las derechas más diversas de nuestros países latinoamericanos, pues sucede que mientras sus pensadores y líderes más destacados han abandonado el escenario histórico sin que aparezca, por ningún lado, una generación de relevo que esté a la altura de los nuevos desafíos históricos, de suyo muy complejos.

Por otra parte, las derechas de raíz oligárquica, tan propias de esta parte del mundo sólo mostraron, a lo largo del siglo anterior, una vocación democrática de la boca para afuera, dado que consideran que sólo cuando ganan ellos no hay fraude electoral, por lo que han acudido a los golpes militares para desplazar a la izquierda y a la centroizquierda del poder, especialmente en los casos de los odiados peronismo argentino y varguismo brasileño (el de Getulio Vargas y sus seguidores Juscelino Kubitschek y Joao Goulart, que gobernaron después de su dramático deceso, ocurrido en 1954), más recientemente han acudido a los golpes parlamentarios y a los juicios políticos fraudulentos como cuando desplazaron del gobierno a la presidenta brasileña, Djilma Roussef, a mediados de 2016, acudiendo para ello a un montaje típicamente mafioso.

También en ese sector, de tendencia conservadora, y defensor en apariencia de un statu quo tan poco transparente e inescrutable, tanto que quienes lo componen no logran siquiera definirlo, dada su desesperación por liquidar el “estado social de derecho”, surgido al concluir la Segunda Guerra Mundial y preconizado por los Figueres Ferrer, Perón, Getulio Vargas, Árbenz, Batle y otros, dentro de un período que encarnó una disminución  importante de la pobreza, la miseria extrema y abrió enormes oportunidades de ascenso social a una población que hace un siglo carecía de ellas en países como Costa Rica, Uruguay, Argentina y Chile, acudiendo al fomento de la inversión pública y la redistribución del ingreso, por la vía de unas políticas que fomentaban los salarios crecientes y fortalecimiento del mercado interno, a la manera keynesiana-rooseveltiana.

Se puede decir que hoy nos encontramos con que el despliegue de una cierta dimensión sociológica, como aquella de la que nos hablaba don Alberto Cañas Escalante (1920-2014), hace ya algún tiempo, la que cobra plena vigencia en estos primeros años de la tercera década del nuevo siglo: la gradería de sol asaltó la cancha y una ruidosa chusma invadió la conducción política, especialmente en el campo de las llamadas derechas, en especial las de los falsos liberales y los falsos cristianos.

En vez de nutrir sus filas con lo que podríamos calificar como una intelectualidad propia del “antiguo régimen” han acudido a los remanentes de una vieja oligarquía, formados por gentes cada vez más incultas y obsesionadas con visiones meramente tecnocráticas de la realidad, en un extraño panorama que se vino desplegando una vez concluida la guerra fría entre los bloques encabezados por los Estados Unidos y la Unión Soviética, un hecho que para ciertos intelectuales de Washington marcaría el fin de la historia (Fukuyama, dixit) con la derrota del socialismo-comunismo no sólo en su versión soviética, china o trotskistizante, sino incluso en cuanto al fin paulatino de la socialdemocracia, cuyos partidos más representativos tanto en Europa como en América Latina se fueron corriendo hacia la derecha, con lo que dejaron abandonado a su suerte el estado social de derecho o welfare state, del que renegaron para adoptar los dogmas de un novísimo neoliberalismo, que como sabemos de liberal tiene muy poco. Los herederos de la socialdemocracia regional (PLN de Costa Rica incluido) perdieron su esencia aunque no quieren soltar la etiqueta, o franquicia electoral a la que han quedado reducidos, los beneficios que obtienen de ella les resultan muy apetecibles.

Más bien, en medio de ese arrebato neoliberal del cambio de siglo nos hemos encontrado con una chusma como la del fujimorismo en el caso del Perú, o la masa de falsos cristianos (neopentecostales) seguidores de Jair Bolsonaro en Brasil, hoy dedicado a acabar con los bosques de la Amazonía y las conquistas sociales de los trabajadores, campesinos e indígenas, pues esas son unas gentes que han empobrecido hasta límites insospechados y hasta ensombrecido los  escasos debates parlamentarios que todavía suelen darse en esos otros países. Es un populismo (en el mal sentido del término) inculto y vociferante que ha terminado por darle un marcado tono plebeyo a las filas de una ultraderecha emergente, desconcertada ante de los desafíos de sus contrapartes de una izquierda muy diversa. Tanto el fujimorismo como los restos del aprismo (el APRA un viejo partido histórico peruano que marcó la pauta de las aspiraciones de una izquierda democrática, durante la primera parte de los años treinta, pero que topó con una brutal oligarquía que les respondió fusilando a seis mil de los suyos en las ruinas de Chan Chan en el norte peruano, cuando se había consagrado a la organización reivindicativa de los trabajadores azucareros del departamento de La Libertad, es un partido que desde entonces ha venido girando, cada vez más hacia la derecha y hacia las prácticas gangsteriles) se han convertido en un puñado de grupos violentos, vociferantes que amenazan a un tímido intento de transformación social, como el emprendido por el profesor Pedro Castillo Terrones para revertir treinta años de saqueo de la economía nacional por parte de una mafia neoliberal.

Algunas damas de esa plebe derechista y reaccionaria, tales como cierta Patricia Chirinos, hija de un militante aprista y ligada a las prácticas mafiosas en el puerto de El Callao, contiguo a la metrópoli limeña y entrada desde el Pacífico, no sólo se han dedicado a satanizar y denostar a los políticos serranos de izquierda como Vladimir Cerrón, Guido Bellido y Pedro Castillo que le ganaron las elecciones generales del mes de junio pasado a las élites limeñas, encabezadas por la hija del dictador Alberto Fujimori, sino que ahora dicha señora pide el derrocamiento o vacancia del presidente Pedro Castillo…resultaba intolerable para esta gente, tan rancia como inculta, en el sentido más amplio del término, el sólo hecho de que el hijo de una mujer quechua, que sólo habla esa lengua ancestral de los Andes como Guido Bellido, se desempeñara como Primer Ministro y diera un mensaje en ese idioma tan importante en el Parlamento, o que un profesor primario de Cajamarca, cuya madre habla un castellano con ingredientes de la sintaxis del quechua de esa región, diciendo por ejemplo: “Yo soy su mamá de Pedro Castillo” los ha puesto a delirar, pues para la estrecha y autista visión de las élites (plebe fujimorista incluida) de la capital peruana esto es imposible de aceptar, ni siquiera en términos abstractos. Así están las cosas en estos países que formaron parte del imperio colonial español o del portugués (para el caso de Brasil) durante tres siglos. La derecha tampoco ha tomado nota de los desafíos del presente cambio de siglo.

UCR reitera su desacuerdo con el proyecto Ley Marco de empleo público

Escrito en . Publicado en Derechos.

La UCR mantiene su posición de que las universidades públicas deben quedar fuera de este proyecto de ley. (Imagen: Andrea Jiménez)

Alejandra Amador Salazar, Periodista

Luego de analizar el texto sobre el Proyecto Ley Marco de empleo público dictaminado por la Comisión Permanente de Consultas de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) recomendó nuevamente no aprobar dicha propuesta debido a que mantiene muchos de los elementos que violentan la autonomía de las universidades públicas y la independencia de los poderes del Estado.

En el dictamen que la Institución enviará al Poder Legislativo, el Órgano Colegiado llama la atención sobre la manera tan básica en que el proyecto concibe la autonomía universitaria y sobre los planteamientos desarrollados por la misma Sala Constitucional que resultan contradictorios al artículo 84 de la Constitución Política.

Para la UCR, las modificaciones introducidas al texto no corrigen los vicios señalados por la Sala IV, sino que son una coletilla que no toma en cuenta el sistema completo, pues lo que hace es maquillar la propuesta original para decir que se adapta a las estipulaciones constitucionales sin realmente hacerlo.

Por otra parte, esta casa de estudios superiores señala que la iniciativa tiene implicaciones serias para las universidades públicas, ya que concibe dos categorías de contratación laboral: una que tiene fines protegidos constitucionalmente en sus actividades de docencia, investigación, extensión y acción social –a la que no se le aplicaría la futura ley–, y otra de personal administrativo y demás personas trabajadoras que sí se somete a las nuevas regulaciones y que quedaría expuesta a los vaivenes del Poder Ejecutivo.

Para el Consejo Universitario, el proyecto de empleo público tiene un objetivo de naturaleza financiera y de control del gasto en materia de remuneraciones, pero –solapadamente– también contiene una reforma del Estado no explicitada, discutida, ni decidida por la sociedad costarricense, cuando centraliza este tema en el Poder Ejecutivo y debilita las autonomías otorgadas constitucionalmente, lo cual lesiona un aspecto básico de la democracia costarricense como es la independencia de poderes.

Al mismo tiempo, la UCR indicó que, si bien es oportuno diseñar una legislación que permita a las instituciones estatales continuar fortaleciendo su eficacia, efectividad y eficiencia, en procura del bienestar de la población, ese objetivo es enemigo de la improvisación, el análisis superficial, la falta de rigurosidad científica y de estudios técnicos, así como de perspectivas cortoplacistas cimentadas en análisis económicos que acentúan la dinámica fiscal por sobre las complejas interrelaciones que caracterizan a las sociedades actuales.

Ejemplo de ello es la intención de unificar el sistema salarial del sector público sin que estén claros los aspectos metodológicos que contemplaría el establecimiento del salario global.

Finalmente, el Consejo Universitario llamó la atención sobre la cláusula de objeción de conciencia que todavía conserva el proyecto de ley y que para el ámbito universitario es inconveniente, porque la universidad pública debe posicionarse a la vanguardia en las reflexiones, nunca tener autorización para evadir el análisis crítico de las ideas y los sistemas de pensamiento o, peor aún, discriminar a las personas por causa de ellas.

Adicional a estos señalamientos, el criterio de la UCR contempla una serie de observaciones específicas y posibles formas de subsanar los inconvenientes que presenta el texto, en caso de que la Asamblea Legislativa insista en aprobar la iniciativa de ley.

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Tomado de: https://www.cu.ucr.ac.cr/inicio/noticias/noticia/Articulo/ucr-reitera-su-desacuerdo-con-el-proyecto-ley-marco-de-empleo-publico.html

El debate pendiente de las elecciones de 2022

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Es ya un lugar común decir que estas próximas elecciones serán las más atípicas de la historia, debido a una serie de causas y factores combinados. Observémoslos:

  • Se dan en medio de una pandemia que se ha convertido en un factor agravante de una crisis multidimensional, que el país ha venido acumulando a lo largo de varios lustros.
  • Se realizarán convocando a un electorado numerosamente apático que no ve un futuro claro y que ha acumulado la frustración de las promesas incumplidas por los gobernantes, ya sea desde Zapote o Cuesta de Moras.
  • Se desarrollarán con la mayor oferta de candidaturas a la presidencia y a diputados que registra la historia; lo que obliga al TSE a imprimir papeletas tan nutridas en nombres de partidos y colores de banderas, que muchos electores terminarán confundidos y empachados.
  • La atipicidad se muestra asimismo a que al llegar el 15 de noviembre (fecha en que escribo este artículo), la frialdad es lo que domina a sus anchas el escenario electoral. Pareciera que no estuvieran en el calendario nacional las que quizás deberían ser las más importantes elecciones en varias décadas.

Mientras tanto, el debate general que se expresa a través de los diversos escarceos e intercambios entre candidatos presidenciales, ya desarrollados o los que se avizoran para las próximas semanas, no tocan los temas que deben ser los más relevantes y claves de cara a las elecciones del año 2022: La gravedad y alcance de la crisis multi-dimensional, el deterioro del Estado Social de Derecho, sus causas reales y las propuestas de solución.

Emergen como grandes temas tópicos que, aun siendo importantes o de valor político, no pueden ser los que marquen el debate electoral. Muchos de ellos giran alrededor de las pifias y torpezas del gobierno de Carlos Alvarado; como por ejemplo la imposición vertical del código QR o la inclusión de preguntas impertinentes en las pruebas FARO.

Que se discuta alrededor de las acciones y omisiones de un gobierno desprestigiado y con la brújula hace tiempo extraviada, evidencia que el debate electoral sigue siendo tangencial; le hace falta profundidad y calado.

Un primer acercamiento a la causa de tal desenfoque se podría explicar por el hecho de que la profusa oferta de candidatos esté marcada por ambiciones personalistas con poco que ofrecer en propuestas programáticas. Cuando el país está urgido de estadistas lo que domina la escena son candidatos sin hondura de pensamiento y con trayectorias políticas y currículos que apenas les alcanzan para dirigir pequeñas instituciones públicas y algunos, ni para eso.

Sin embargo, tal perspectiva –aunque válida– no toca las causas más profundas de la superficialidad y aridez del debate político de cara a las elecciones de 2022. La crisis económica y social, previa a la pandemia, es la crisis de un modelo que fracasó, el modelo neoliberal que empezó a expresarse en la década de los ochenta del sigo anterior y que siguió con una zigzagueante agenda de declinación hasta el presente.

Lo que debía estar en el centro del debate es, ni más ni menos, el fracaso del modelo neoliberal que sustituyó los logros alcanzados por el Estado Social de Derecho, que Costa Rica construyó a partir de los años cuarenta del siglo XX, por números que muestran los alcances de una crisis multi-dimensional, que fija un horizonte sombrío al país si no se da el urgente cambio de rumbo requerido.

Tenemos por delante una grave situación de recaudación fiscal, con perdón de deudas a grandes “contribuyentes”, con cifras enormes en evasión y elusión fiscal, con grandes fortunas escondidas en paraísos fiscales como lo muestran los papeles de Panamá y de Pandora.

Enfrentamos sucesivos escándalos de corrupción que asocian delictivamente a empresarios privados y funcionarios públicos, que privan a las finanzas públicas de cuantiosas cifras. La “cochinilla” y el más reciente que involucra a varios alcaldes (“caso diamante”), son tan solo la punta del iceberg de casos de corrupción que, con certeza, todavía permanecen ocultos.

La crisis que amenaza a las finanzas de la CCSS –como lo demostró la comisión legislativa en su investigación–, no asegura el mejor porvenir al sistema de salud pública, que es un componente fundamental del erosionado Estado Social de Derecho y que ha sido positivamente determinante en el combate a la Covid-19.

Una educación pública en grave crisis, que lo que hace la pandemia es mostrarla en una dimensión que raya en el desastre y en la severa incompetencia de las autoridades educativas.

Un desempleo superior al 15 %, una de las tasas de desempleo juvenil más elevado de América Latina y una informalidad creciente, que esconde el enorme subempleo que enfrenta el país, son causas coadyuvantes de una pobreza que afecta a más de la cuarta parte de la población nacional.

Unas cifras de desigualdad social que involucionaron desde finales del siglo anterior hasta convertir a Costa Rica en el octavo país más desigual del mundo.

Este panorama desolador –económico y social—muestra al mismo tiempo la aguda crisis que enfrenta el país y nuestra sociedad, que ha sido agravada por la pandemia (nunca causada) y el fracaso de la propuesta neoliberal, a la que han echado mano sucesivos gobiernos del PLN, PUSC y PAC, y diputados de esos partidos y de otras facciones legislativas.

En otros países de la región se ha venido cuestionando el neoliberalismo como un sistema fracasado que ha servido para concentrar la riqueza, incrementar la desigualdad social y depredar el ambiente, pero aquí este cuestionamiento es casi inexistente. Incluso, para no ir más lejos, los rectores de las universidades públicas cuando visualizan a la Costa Rica del año 2050, no lo señalan como causa sustancial de los problemas que enfrenta el país. El cálculo político deriva en timidez conceptual.

Así las cosas, el debate político en Costa Rica sigue encapsulado en una pecera. Y eso se debe –en gran medida– a que los causantes y cómplices del fracaso neoliberal y, la subsecuente, erosión del Estado Social de Derecho, no van a ser autocríticos en sus errores y menos aún, cuando son directos beneficiarios de tales políticas. Tampoco la plutocracia va ser la propiciadora de ese imprescindible debate. Nunca ha sido patriótica y menos lo va a ser ahora. Sus medios informativos (impresos, televisivos, radiales y digitales) que han venido adormeciendo y distrayendo a la ciudadanía de mil maneras, no lo van a generar. Seguirán con los mismos juegos de distracción.

El debate político que debe darse no vendrá desde arriba. Tendrá que venir desde abajo, desde la indignación ciudadana que llegará el momento en que dejará de comer cuento y se movilizará exigiendo el cambio hacia un impostergable Estado Social y Ecológico de Derecho.

(15 de noviembre, 2021)

Anti-vacunas: Una brújula política extraviada y peligrosa

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

En semanas recientes, un pequeño grupo de personas que se manifiestan contra las vacunas se ha estado movilizando para expresarse. En una democracia como la nuestra (declinante en muchos aspectos), están en su derecho aun cuando la inmensa mayoría de las y los costarricenses no compartamos sus posturas y los motivos que los hacen movilizarse.

Las personas anti-vacunas para sostener sus ideas y posiciones utilizan argumentos que van desde irracionales teorías de conspiración hasta razonamientos más serios, centrados en el hecho de que las vacunas anti-covid-19, generan dudas con respecto al verdadero alcance de su eficacia inmunológica y las secuelas que podrían producir en las personas inoculadas.

En el fondo, muchas de estas personas cuestionan los avances científicos y técnicos sin fundamentos sólidos y asumen una conducta que puede ser perjudicial para ellos mismos y, peor aún, para sus entornos sociales y para la comunidad nacional ante la posibilidad de la extensión del contagio del coronavirus. Asimismo, su posición es contraria al deseable avance en la meta de la inmunización de rebaño, que nos protegería a todos y sería una condición clave para la reactivación económica y social, que le urge a un país en profunda crisis multidimensional.

Las redes sociales son como una daga para la democracia en virtud de que pueden fortalecerla porque aseguran una comunicación horizontal muy rápida pero también pueden ser medios muy eficaces para la difusión de noticias falsas y de peligrosas teorías “conspiranoicas”. Sirven al mismo tiempo para construir, pero también pueden ser útiles para destruir personas, procesos e iniciativas de beneficio social.

Precisamente, han sido esas redes sociales las principales difusoras de las posturas anti-vacunas en el mundo y, desde luego, en Costa Rica. En su momento fue Donald Trump el difusor de ideas que han afectado la atención de la pandemia en su país; incluso afirmando que una forma de combatir el coronavirus era consumiendo dosis de desinfectante. El otro promotor de estas bizarras ideas ha sido y lo es todavía, Jair Bolsonaro en Brasil, que hoy es acusado por crímenes contra la humanidad por su terrible manejo de la pandemia y por la muerte de alrededor de 120.000 personas, cuyos fallecimientos habrían sido evitables. Igualmente han brotado movimientos desde posiciones de extrema derecha en España (Vox), Francia (el partido de Le Pen) y en otros países europeos. Se trata de movimientos que se manifiestan contra las vacunas e igualmente, lo hacen contra los inmigrantes, los derechos de la mujer y otros avances en materia de derechos humanos.

En una encuesta realizada en Costa Rica por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre el 4 de agosto y 6 de setiembre del año en curso, un 94 % de la población “considera de importancia la vacunación contra la covid-19 para detener y evitar contagios y lograr una mayor inmunidad.” Mientras tanto según el mismo estudio de la OPS, el 68 % de las personas consultadas opinó que la vacuna debe ser obligatoria. Esto nos muestra que la mayoría de quienes habitamos este país compartimos una posición razonable y sensata, y no hemos sido presa de esa peligrosa influencia anti-vacunal.

En el proceso de vacunación he sido muy crítico con el gobierno y las autoridades sanitarias, por otras razones, más centradas en la celeridad del proceso y, especialmente, por la opacidad y secretividad del contrato suscrito con la farmacéutica Pfizer. Es oportuno indicar aquí que un organismo estadounidense de defensa del consumidor (Public Citizen) publicó recientemente un informe en el que reveló cómo la Pfizer utiliza su enorme poder en medio de la pandemia. Este grupo analizó los acuerdos que Pfizer alcanzó con Brasil, Chile y Colombia. «Los contratos ofrecen un vistazo poco común al poder que una corporación farmacéutica ha obtenido para silenciar a los gobiernos, acelerar el suministro, traspasar el riesgo y maximizar las ganancias durante la peor crisis de salud pública en un siglo», expresa la publicación. Y si eso lo hizo con países de economías más grandes que habrá hecho con países como el nuestro, de un peso económico y político menor. Ni más ni menos que tigre suelto (la Pfizer) contra burro amarrado (un gobierno débil de un país pequeño).

Un tema de la importancia de éste, así como el manejo calculadamente político de muchos aspectos relacionados con las medidas y acciones de bio-seguridad, emprendidos por el gobierno, no han estado en la mira de estos grupos anti-vacunas. Tienen la brújula extraviada y se tornan peligrosos porque propagan ideas contrarias al bien y a una necesidad común: El avanzar pronto y rápido para alcanzar la meta de inmunización de rebaño y, con ello, protegernos todos contra el coronavirus y sus amenazadoras variantes.

Es un hecho indiscutible que la obtención de vacunas anti-covid en tan poco tiempo es un logro de la ciencia y la medicina, aunque es seguro que con el tiempo las vacunas mejorarán y posiblemente, se conviertan en inmunizantes de aplicación anual como el de la influenza. Es también indiscutible que sus efectos positivos se reflejan en estadísticas desarrolladas por organismos serios, que muestran reducción en las tasas de contagios, mejora en los síntomas severos, disminución de las cifras de muerte, reducción en hospitalizaciones; en fin, distintos avances en la lucha contra la pandemia. Es un triunfo científico, pero –eso si– una derrota a la cooperación y la solidaridad internacionales, ya que la avaricia de las grandes empresas farmacéuticas se ha impuesto hasta ahora frente a una distribución más uniforme de las vacunas en todo el orbe, particularmente en los países pobres. Y eso en un mundo tan interconectado como el del presente, representa un peligroso lastre para el avance global contra la pandemia.

Es preocupante que algunos partidos y candidatos presidenciales hayan estado coqueteando –directa o indirectamente– con estas posturas anti-vacunas, calculando que les pueden traer algún rédito político a sus propósitos electorales. Es sin lugar a duda posiciones tan oportunistas como irresponsables. En este momento, hay argumentos contundentes que nos hacen concluir que el mejor camino para combatir la covid-19 es la vacunación. No vacunarse y, peor aún, propagar ideas anti-vacunación es estar jugando a la ruleta rusa con respecto a contraer o no la enfermedad y a contagiar o no a otras personas.

La pelea de los anti-vacunas está destinada a fracasar porque es contundente la inmensa mayoría de quienes apoyamos la vacunación. Sin embargo, se convierte en un distractor que al final les es útil al gobierno y a algunos sectores políticos y económicos, a los que no les interesa que ciertos temas que deben ser prioritarios, se conviertan en la agenda y el debate de la todavía gélida campaña electoral.

El principal tema en esta campaña que debería emerger es el del enorme deterioro del Estado Social de Derecho, expresado en cifras dramáticas en recaudación fiscal (elusión, evasión, contrabando), deuda pública en sangría cotidiana para las arcas del Estado, salud pública en amenazante deterioro (crisis creciente de la CCSS), educación en perspectivas devastadoras, desempleo en números alarmantes, informalidad laboral rompiendo récord, derechos laborales en declive, abandono estatal de agricultores, productores pecuarios y pescadores, pobreza, desigualdad social, concentración de la riqueza, entre otros rubros y cifras en rojo.

Empero los partidos piromaniacos que han sido gobierno en los últimos lustros (PLN, PUSC y PAC) y los diputados cómplices en la actual Asamblea Legislativa, no van a querer aceptar que son corresponsables de este incendio que puede reducir a cenizas lo que nos queda del Estado Social de Derecho. Prefieren contribuir al reduccionismo de un debate entre vacunación y no vacunación, y no encarar el más grave tema que amenaza al país singular que construimos en dos siglos y que avanza inexorablemente a convertirse en un humeante recuerdo.

(29 de octubre, 2021)

Protección social de la población informal: Una oportunidad para re-armar el pacto social costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Juliana Martínez Franzoni y Diego Sánchez-Ancochea, Investigadores Universidad de Costa Rica y Universidad de Oxford

La encrucijada

Costa Rica corre el riesgo de tirar por la borda gran parte del éxito en política social que le convirtió en un país especial, seguro, de paz y capaz de atraer inversión en áreas como el turismo o la tecnología de punta. En nombre de acabar con la informalidad, propuestas cortoplacistas plantean eliminar impuestos a la planilla y arriesgan, así, acabar con programas sociales sin que haya evidencia de que ello vaya a mejorar la formalidad del empleo.

El país puede hoy desarmar o rearmar el pacto social que dio origen a su estado social. Para cuidar y mejorar lo que tenemos necesitamos, primero, identificar y acordar impuestos directos progresivos que financien la política social no contributiva. Segundo, debemos mejorar la calidad del gasto de la Caja dirigido a servicios de salud y protección de la vejez. Tercero, necesitamos retomar políticas industriales-productivas dirigidas a reducir la informalidad laboral.

El problema de política pública

Ante los retos económicos y laborales creados por la pandemia, voces diversas demandan una reducción del impuesto a la planilla. Se plantea, por ejemplo, eliminar el 7% de este impuesto que actualmente se destina a FODESAF, IMAS e INA con la excusa de que con ello se reducirá la informalidad laboral. Este análisis parte de un supuesto —no sustentado— de que el problema de las empresas es de regulación e impuestos más que de baja productividad.

Lo peor es que esta propuesta ignora el acuerdo fundamental en el que se funda el éxito social costarricense. La históricamente baja recaudación de impuestos generales fue hasta ahora compensada con altos aportes vinculados a la planilla laboral.  En 2019, sin impuesto a la planilla, la recaudación de 14.7% del Producto Interno Bruto (PIB) era 3 puntos porcentuales menor que en El Salvador, un país con una política social débil y poco extendida. Con el impuesto a la planilla la recaudación aumentaba en 7 puntos porcentuales.

Parte de esas contribuciones se usaron para financiar programas no contributivos como capacitación, centros de cuido, comedores escolares, becas y uniformes escolares, seguros no contributivos de salud y pensiones, y una larga lista de acciones financiadas desde FODESAF, IMAS e INA.  Este diseño tuvo tres virtudes: compensó la ausencia de un impuesto a la riqueza y de un impuesto de renta que funcione; dio estabilidad al financiamiento; y vinculó a la población formal con aquella laboral y socialmente excluida —informales y población sin trabajo remunerado, principalmente mujeres dedicadas al trabajo de cuidados.

Este financiamiento fue la expresión de un pacto social que le permitió a Costa Rica tener uno de los mejores estados sociales del sur global.

Ciertamente, el modelo se expandió en un escenario de creciente empleo formal que desde los años 80 ya no existe. Hoy Costa Rica tiene casi la mitad de su fuerza laboral en malos empleos, informales. Además, el sector productivo más dinámico tiene empresas que informalizan su producción para reducir costos. Otras muchas empresas enfrentan costos altos en el marco de baja productividad.

Sin embargo, tratar de solucionar este problema mediante la mera reducción del impuesto a la planilla sería un error histórico: acabaríamos con una informalidad similar, pero con menor redistribución.

Soluciones

Si se tratara de re-armar este pacto social, se requiere de tres principales medidas.

La primera es identificar y acordar impuestos directos progresivos que financien la política social no contributiva. Ello permitiría eliminar luego esos costos del impuesto actual a la planilla laboral. Al reemplazar esta fuente de financiamiento es preciso reforzar la solidaridad social, identificando impuestos acordes con la alta concentración de la riqueza existente en el país. Necesitaríamos tributos progresivos para garantizar el financiamiento adecuado y posiblemente creciente de estos programas. Tengamos presente, por ejemplo, que Costa Rica carece de un impuesto al patrimonio que equivale al 8,3% del PIB en los países de la OCDE. Por supuesto que ayudaría muchísimo contar con renta global y mundial que traslade a la política social parte del dinero que hoy va a paraísos fiscales.

Dado que representa dos terceras parte de toda la inversión social, lo segundo es mejorar la gestión de la Caja. Es urgente entender y resolver de forma gradual, pero firme, estos problemas para darle tranquilidad y seguridad a la población en dos asuntos fundamentales como son la salud y la protección de la vejez. Ello evitará, además, que pronto se ponga en cuestión el papel de la propia Caja y su forma de financiación.

Lo tercero, urgente, es priorizar políticas industriales-productivas dirigidas a reducir la informalidad laboral por la vía de apoyar a las empresas, en su mayoría micro, que generan el grueso del empleo nacional. Ello requiere promoción de sectores en la frontera tecnológica, pero también encender el motor de apoyo a las empresas micro de baja productividad que, en su mayoría, producen para el mercado interno.

Publicado en el Semanario Universidad, compartido con SURCOS por la autora.

Foto: Semanario Universidad.

Una oportunidad para re-armar el pacto social costarricense

Los jueguitos de un Presidente

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

En un tono de regaño (que no le viene nada bien, por cierto), el presidente Carlos Alvarado les pidió a los candidatos presidenciales que “no pueden andarse con jueguitos” en lo concerniente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). También sacó pecho para afirmar que dejará las finanzas públicas “estables” y que terminará su gobierno bien.

¿Bien para quién? Es la inevitable pregunta que habría que formularle a un presidente, tan devaluado en su credibilidad como el colón. Y tendríamos que responder que para quienes habitamos esta Costa Rica bicentenaria y pandémica, y somos una inmensa mayoría, las cosas están mal. Estaban mal antes de la pandemia y a partir de las decisiones y políticas del actual gobierno, las cosas –en muchos aspectos– han empeorado.

No estarán de ninguna manera bien para quienes el hambre ha venido tocando sus puertas, sin clemencia, en los últimos meses. Tampoco para quienes apenas sobreviven en medio de una informalidad laboral, que es la otra cara de un crudo desempleo.

Obviamente que las cosas no están nada bien para los millares de hogares y las casi millón y medio de personas sumidas en la pobreza. Menos aún la situación estará bien para los sectores medios empujados a la creciente incertidumbre económica.

Claro está: El optimismo presidencial no estará bien para las crecientes cifras en desigualdad social y concentración de la riqueza en pocas manos.

No estará bien asimismo el final de esta administración para el casi 17 % de personas desempleadas y con un horizonte laboral marcado por la inseguridad laboral. No estará tampoco nada bien para los pequeños y medianos agricultores, productores pecuarios y pescadores que esa administración los abandonó a su suerte.

No estará bien para la salud pública, ya que la crisis financiera que golpea la CCSS sigue fijando un futuro sombrío para esta institución señera, mientras este gobierno, la fracción legislativa del PAC y otros diputados cómplices, se negaron a tomar medidas de fondo, para resolver una situación gravísima como lo fijó el informe de la comisión legislativa que investigó sus finanzas.

Y ¿Cómo puede decir el presidente Alvarado que terminará bien su mal-gobierno con el desastre que hereda en educación pública? O con la incapacidad manifiesta de su gobierno, en hacer avanzar la conectividad y la alfabetización digital para millares de hogares que podrían tener tal acceso, si se hubiera aquilatado a tiempo, el tamaño de la emergencia para utilizar los más de $ 300 millones de dólares que tienen en sus arcas FONATEL para tal propósito.

En fin, las cosas no marchan nada bien para un Estado Social de Derecho, de cuyo deterioro son corresponsables administraciones del PLN, PUSC y PAC, mientras que, en la acelerada erosión reciente, el gobierno de Alvarado Quesada tiene una cuota de responsabilidad enorme.

Para quienes si estarán bien las cosas es para las grandes empresas y personas, evasoras y elusoras de impuestos, sea que guarden sus enormes riquezas en paraísos fiscales (Papeles de Panamá y de Pandora), o en bancos propios o ajenos. Forman parte también de quienes se regocijan de felicidad ante las políticas de esta administración, esos “grandes contribuyentes” a los que este mal-gobierno les perdonó sus deudas.

Del presidente Alvarado ya no se puede esperar otra cosa que frases que ya no pueden causar un efecto favorable. Se trata de un gobernante que, a lo largo de estos tres años y medio, mostró su falta de liderazgo y su incapacidad absoluta de autocrítica. Se regodea en una mediocridad de varios días.

¿Cuántos días falta para el próximo 8 de mayo? No tantos en el calendario gregoriano, pero si demasiados para el fin de un gobierno que ha gobernado contra las mayorías.

(25 de octubre, 2021)

Desigualdad social y pobreza en Costa Rica: Las cosas están mal pero se pueden poner peor

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Luis Fernando Astorga Gatjens

Varios indicadores económicos y sociales nos están diciendo fuerte (o quizás gritando) que las cosas en Costa Rica, están mal pero pueden ponerse peores de cara al futuro, para amplios sectores de la población nacional. Cada vez con más frecuencia emergen números rojos en distintos indicadores económicos y sociales.

En el siglo anterior, el país asumió un liderazgo en el contexto latinoamericano y caribeño como resultado del impulso y desarrollo de un Estado de Bienestar, que aunque la redistribución de la riqueza no era la óptima, si permitió avances en materia de salud, educación, empleo, seguridad social, acceso a agua potable, electricidad y telefonía, entre otros rubros.

Producto del esfuerzo mancomunado de Rafael Ángel Calderón Guardia, Manuel Mora Valverde y Monseñor Víctor Manuel Sanabria, se establecieron las bases de un Estado Social de Derecho (ESD), que José Figueres Ferrer en vez de hacerlo retroceder como líder triunfador de la guerra civil del 48, lo profundizó en algunos aspectos. Con zigzagueos, subidas y bajadas, ese ESD avanzó, pese a la férrea oposición de sectores oligárquicos.

Así las cosas cuando ese ESD llegó a su apogeo, entre los años ochenta y noventa del siglo XX, se pensaba con algún optimismo que el país iba a seguir avanzando y que los índices de pobreza y desigualdad social iban a mejorar progresivamente. Pero no. El impulso de ese Estado de Bienestar emergió como una respuesta al avance del socialismo que cuestionaba las bases del capitalismo y en Costa Rica, adquirió características destacadas, que proyectaron a un país con cierto grado de desarrollo que lo posicionó como una nación de ingreso medio.

Se cumplía en parte la idea de Don Pepe (y su apuesta socialdemócrata) de avanzar hacia un país de «clases medias». Ese país se ha venido desvaneciendo, en forma dolorosamente sostenida. Hoy se ha transformado en el país controlado por una plutocracia de avaricia ilimitada, grandes mayorías que se debaten entre una creciente pobreza y miseria, y unas capas medias cada vez más reducidas y en proceso acelerado de pauperización y, por tanto, de extinción.

Esa época, que tiene como punto destacado de quiebre la década de los años ochenta del siglo pasado, hoy se ha vuelto cada vez más lejana por el sostenido avance de la polarización económica y social, en la que cada vez hay menos que concentran mucho y muchos con cada vez más poco.

Hoy, esas cifras en rojo se manifiestan en áreas como las siguientes:

  • Costa Rica se sitúa como octavo en el triste «ranking» de desigualdad social en el mundo.
  • El país es el más desigual de los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
  • Las finanzas de la CCSS están en crisis creciente como lo demostró la comisión legislativa que investigó sus finanzas mientras los partidos que han gobernado al país en las últimas tres décadas (PLN, PUSC y PAC) y otros aliados en el Parlamento, recetan acetaminofén y curitas cuando lo urge es una cirugía mayor, un tratamiento de choque. De esta manera, se pone a la salud pública en perspectivas sombrías.
  • El desempleo alcanza alrededor del 17 % mientras la llamada «informalidad» rompe records.
  • Los productores agrícolas, pecuarios y pesqueros, desde hace tiempo, superviven en situaciones precarias sin el apoyo significativo del Estado.
  • La brecha digital se ha mostrado en todo su esplendor cuando el país más necesitaba una conectividad digital cada vez más democrática, que alcanzara toda la geografía nacional.
  • La educación –que venía mal antes de la pandemia– entró en una zona de desastre que marca un enorme retroceso para el país en este campo.

Estos números en rojo no son generados por la coyuntura marcada por la pandemia. La pandemia es un factor multi agravante de problemas que vienen de atrás. Empero algunos la han colocado como pretexto de sus grandes fallas y vacíos. La crisis multidimensional obedece a problemas estructurales del sistema neo-liberal que le cayó como matapalo al árbol del Estado Social de Derecho, que el país hizo crecer entre los años cuarenta y ochenta del siglo anterior. Y ese árbol que era mediano hoy es poco más que un bonsai.

El desastre social que ya padece el país si no se adoptan soluciones y correcciones, tan dramáticas como impostergables, será peor en los años venideros. En este contexto, lo más preocupante es que este tema que debería definir la campaña electoral del 2022, no es el importante para la gran mayoría de los partidos que forman parte de la cargada oferta electoral.

El hecho de que este tema que no sea prioridad en la agenda electoral del presente para la mayoría de los partidos, obedece –a mi modo de ver– a tres causas asociadas:

(1) Los orienta la doctrina neo-liberal, que convirtieron en su creo aunque pregonen otra cosa,

(2) Han gobernado al país desde Zapote en los últimos lustros y forman parte del desastre social; no de las soluciones inclusivas y solidarias, y

(3) Desde la Asamblea Legislativa, a partir de omisiones y acciones, han empujado al país a esta situación de grave crisis multidimensional.

O para decirlo más resumidamente: Son partidos y líderes que son parte del gravísimo problema económico y social que enfrenta el país; no de la solución que debe emerger con genuino patriotismo, cuando entramos en una emergencia marcada por el desastre de pronóstico reservado.

(21 de octubre, 2021)