Etiqueta: Estado Social de Derecho

Ante un inmediatismo político vacío

Escrito en 20/10/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Estamos a pocos días, el próximo 22 de octubre, cuando se cierre el plazo de inscripción definitivo por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, de saber con exactitud cuántos partidos políticos participarán a nivel presidencial y cuántos a nivel legislativo. Del mismo modo, cuántos con sus dobles candidaturas, a nivel presidencial y a nivel de diputados, y cuántos solo a nivel de diputados.

Lo que para algunos sobresalta es el número de partidos a nivel presidencial con relación a los procesos anteriores, en tanto habrá, finalmente, alrededor de 20 partidos cuando el promedio de los últimos procesos electorales fue de 13. De esto destaca la cantidad de candidatos presidenciales que postulan doblemente a la candidatura de diputados, poco más de la mitad de ellos.

A nivel presidencial solo uno de todos ellos ganará. A nivel de diputados pocos de ellos, los doble candidatos, tienen la posibilidad real de ser electos diputados. Si eso sucede puede empezar a tener resultados positivos si no llegan, por este camino, “populistas”, y lleguen dirigentes serios, que entiendan bien el arte del Gobierno, y del buen gobierno construido con pactos y acuerdos legislativos de cara a la población y el electorado.

Hasta hoy la campaña electoral ha mantenido un bajo nivel. Poca presencia de los candidatos y de los partidos. Probablemente ante la duda de la cantidad real han preferido no empezar a gastar dinero en vallas ni en publicidad hasta tener la certeza de cuántos efectivamente son, y dentro de estos cuáles perfilan como principales o punteros. También, porque ante tantos partidos y candidatos es mejor concentrar todos los recursos propagandísticos al final, para que los partidos que tienen más recursos provoquen mayor impacto publicitario, y no gastar esos recursos ahora, que sería, para usar el refrán popular, como gastarlos en zopilotes.

Se está ante una táctica no militar sino propagandística al estilo de un blitzkrieg, ante una guerra relámpago, de atacar enemigos e influir sobre todo el electorado de una manera rápida, simultánea y constante durante los días finales de la campaña, desde enero hasta el día de las elecciones. Quizá sea la mejor manera de hacerse sentir, de visualizarse y de distinguirse ante tantos candidatos y partidos.

Incluso un partido como Liberación Nacional, que tenía en sus manos la fecha del 70 aniversario de su fundación, el pasado 12 de octubre, y el ejercicio de nueve gobiernos de los 17 que ha habido desde 1953, desaprovechó esa oportunidad para haber hecho un gran escándalo sobre ese aniversario, de los logros que pueden atribuirse a Liberación Nacional en estos 73 años de Segunda República, considerando el Gobierno de Facto de 1948-1949. En este caso la sensación que me produce es que este partido se desmemorió, su edad de 70 años lo tiene olvidando constantemente sus principales momentos. Padece de un mal, ¿un alzheimer político?, que no le permite ni siquiera recordar bien los hechos y eventos de su pasado, de su “glorioso” pasado como algunos lo podrían ver, como lo exalta constantemente el “único” liberacionista que queda de ese estilo, Francisco Morales Hernández, y de vez en cuando le acompaña Fernando Berrocal Soto, porque del presente prefieren no acordarse conscientemente por las políticas que han venido impulsando, que probablemente continuarán, que chocan violentamente con el Estado Social de Derecho que contribuyeron a impulsar, y que contribuyen a desmembrar y acabar. Más se mantiene a flote Liberación Nacional por el escándalo familiar alrededor de la ex Primera Dama y ex Diputada, madre del actual candidato, que es un asunto interno de familia, que se presenta, por otra parte, como la defensa de una adulta mayor.

Los otros partidos tradicionales, todos, los grandes y los pequeños, los que han entrado compactos a la Asamblea Legislativa y los que allí se han dividido, los que han venido participando en elecciones desde 1998, que todavía están jugando, no tienen memoria política pública porque no tienen eventos que lucir como parte de su patrimonio político y electoral de estos años.

Lo que hasta ahora se nos presenta en el panorama electoral es un inmediatismo político vacío. No hay caminos recorridos por esos partidos que puedan verse con dignidad e importancia en sus resultados ante los ciudadanos. No es la discusión de grandes temas. Es la discusión fundamental de lo que se está acabando, el Estado Social de Derecho, lo que debe interesarnos a los ciudadanos. Es el conjunto de leyes sociales y laborales que se han venido afectando y que están en la mira de limitarlas, debilitarlas y eliminarlas hasta donde se pueda. Es el conjunto de políticas orientadas a eliminar la autonomías institucionales existentes, para desde el Poder Político, del Poder Ejecutivo principalmente, con el Ministerio de Planificación de ejecutor, golpear definitivamente los rasgos democráticos que aún existen institucionalmente. Quienes así están actuando, e impulsando estas medidas restrictivas de esas instituciones, y concentrando estos poderes, de esta manera distorsionada, o están impulsando un modelo fascista de Estado, que pareciera ser, o están creando las condiciones para que cualquier líder populista que pueda llegar al Gobierno con esos mecanismos tenga todos los poderes para actuar a lo Maduro, a lo Ortega o a lo Bukele. ¿Eso es realmente lo que quieren quienes impulsan estas políticas? No se quejen después si esto llega a suceder, sea por la izquierda o por la derecha, pero las condiciones institucionales que se están creando, en ese sentido, hacia eso se orientan.

¿La clase política y gobernante se está dando cuenta realmente de este camino institucional que están creando hacia el fascismo “a la tica”, hacia el “totalitarismo” institucional? ¿O son tan tontos o retontos?

Ningún populista tiene nada que alterar, del sistema político, para desarrollar sus políticas populistas, cuando ya le han dado en bandeja de plata toda la institucionalidad y legalidad para actuar de esa manera bien servida.

Hasta ahora no han aparecido, en sus discursos y mensajes estos líderes populistas. Pero pueden resultar y salir, y saltar, como si surgieran de un sombrero de mago, que las elecciones dan para todo. Veo esto con asombro, pero no dejo de preocuparme por la Democracia costarricense.

Algo hay que decir

Escrito en 08/10/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por José Luis Callaci

El hecho de haberse presentado tantos candidatos de distintos partidos para estas próximas elecciones, de los cuales muchos dicen pensar igual, ha suscitado sorpresas no exentas de críticas.

Algunas de ellas muy ásperas o subidas de tono. Por tal razón creemos que estamos en tiempos, superando desidias, temores o sentimientos de impotencia, de abocarnos a una profunda reflexión que nos conduzca como ciudadanos a actuar, arremetiendo con coraje y justeza, para rescatar a Costa Rica de tantos males que le aquejan.

Decía el gran escritor portugués, José Saramago, que no se podía discutir a Dios o a la Patria pero que una sociedad y una democracia si tienen que discutirse a sí mismas. La sociedad costarricense que durante años logró construir algo diferente, que la convirtió en emblemática y adornada de laureles, atraviesa hace ya tiempo graves problemas.

Ya no se discute, y eso la viene conduciendo a una crisis de tal magnitud que hasta hace poco era inimaginable para la gran mayoría de los costarricenses. La ausencia de esa práctica democrática, en las diferencias, convertida en atributo individual y colectivo, que facilitaba el diálogo y los acuerdos en torno a principios, convicciones y valores, hoy son reemplazadas por agendas personales.

Algunos le llaman a esas conductas “ilusiones individuales de poder” sin embargo creemos que hay que buscarles otras definiciones más aterrizadas o concretas ya que encajan más con egoísmos y mezquindades. ¿O con mediocridades, sin rumbo y cobardías? Porque una cosa es referirse en solitario a los problemas con promesas de resolverlos, que ya sabemos en qué terminan, y otra muy diferente es asumir responsabilidades y compromisos entre partes mediante diálogos y negociaciones abiertas, de cara al resto de la sociedad, evitando así que los ciudadanos y ciudadanas sigamos pensando que en el fondo lo que prevalece, en los que conforman parte de esta clase política, son los tapujos y las complicidades.

Lo cierto es que con estas conductas y actitudes el país se encuentra a la deriva, botando por la borda los pocos laureles o las grandes obras sociales que aún le quedan por proteger. Es imperioso discutir esta sociedad y esta democracia para que ese “volver a creer” sea realidad y nos devuelva la fuerza que ha permitido esa cierta cohesión nacional, en la solidaridad y en el respeto a un proyecto social exitoso y perfectible. Antes que estalle esa bomba social, que la irresponsabilidad de la clase gobernante de los últimos años ha activado.

CHIVOS EXPIATORIOS

Escrito en 06/10/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Manuel Arroyo Gutiérrez

¿Quién es el culpable de los problemas que el sistema no logra resolver? En el nacional-socialismo alemán, principalmente la minoría judía; el odio en su contra atizó y movilizó a un pueblo por otra parte culto, cumbre de la filosofía, la literatura, la música, la teoría jurídica y política… hasta convertirlo en una horda delirante y genocida. En la Costa Rica actual, se señala como culpable a la minoría que integra el sector público, sus asalariados y jubilados, y por arrastre, instituciones claves para la democracia: la independencia judicial y la autonomía universitaria, entre otras. La estrategia es la misma: repetir hasta el cansancio verdades a medias o abiertas mentiras y fomentar el odio contra el chivo expiatorio. Será culpable todo lo que huela a Estado Social de Derecho; a regulación de la ley de la selva y el sálvese quien pueda; todo lo que tenga que ver con aportes solidarios para asistir a los trabajadores que enferman o darles condiciones de vida dignas en la vejez; todo el que no pueda costearse una educación de calidad; en fin, culpable será ese otro, quien no tiene idea de los que significa la palabra offshore y no puede refugiarse en un paraíso fiscal.

Y no me vengan a decir que los casos no admiten comparación. Pregúntenle a un joven chileno que para estudiar tiene que hipotecar a una vulgar financiera todo su futuro. Pregúntenle a un viejo, también chileno, que tiene que escoger entre comer o comprar las medicinas. Demuéstrenme que estas no son sólo formas más sofisticadas de exterminio.

La agenda conservadora regresiva y la regla fiscal antihumana avanzan al ritmo de la pandemia

Escrito en 05/10/2021. Publicado en Derechos, Trabajo.

SURCOS comparte la siguiente información:

Juan Carlos Durán Castro
Dirigente Sindical
SIFUPCR-CMTC
Sector Salud Costa Rica

Nuestra historia reciente nos coloca en cuatro momentos de irrupción político-social: la lucha de Alcoa, el combo del ICE, el referéndum contra el Tratado de Libre Comercio (TLC), cuyos bondades seguiremos esperando y finalmente en el pasado más reciente la huelga del 2018, contra la mal llamada “ley de fortalecimiento de las finanzas públicas”, conocido popularmente como combo fiscal, hoy ley 9635, que jamás resolverá el tema del déficit fiscal, proceso diremos sellado con la aprobación de la ley 9808, que a nuestro gusto es violatoria de derechos humanos fundamentales.

En esos cuatro episodios de lucha, aunque se ha ocultado, el pueblo debe entender que lo que ha realmente ha sucedido es, una disputa del enfoque del modelo de desarrollo nacional, es decir, una disputa política entre un grupo cada vez más pequeño de ricos y un bloque de pobres cada vez más grande , una guerra entre el Dios mercado versus el Dios Estado, un partido entre la exclusión y la inclusión social, lo cual en concreto explica, porque todo es más caro, porque hay menos trabajos, porque hay más pobres, porque recortan las becas, porque hay menos comida en el comedor de la escuela, etc.

El balance de ese devenir histórico nos permite atrevernos a decir, que el país ha entrado en una suerte de proceso muy perverso, antidemocrático, antihumano y altamente corrupto, cuyo buque insignia no dudamos en decir, es la antihumana, darwiniana y dogmática regla fiscal, que ya empezó a hacer las veces de un cartucho de dinamita que terminará de dejar en añicos el Estado Social de derecho y cuyos efectos e impactos vulneraran y precarizar aún más la vida de miles o millones de hombres, mujeres, niños y niñas.

Ese oprobioso proceso en desarrollo que los ricos impulsan en nombre de la modernidad y demás palabrerías lindas, que repiten los “medios de comunicación”, los seguirán colocando en la vitrina de una legalidad legítima, pero lo cierto es que alimentan un monstruo, una superestructura corrupta que ya no responde a las necesidades de las mayorías, no responde al qué por Dios tenga cada persona en su esfera personal y familiar.

En ese sentido rechazamos ese proceso de exclusión y no dudamos en proclamar que esas mayorías excluidas crecerán en número en cada rincón del país y que además al ser arrastradas irreductiblemente a lo que llamaremos una ilegalidad legítima, se consolidaran en algún momento histórico en lo que llamaremos el bloque social de los oprimidos y saldrán a protestar a las calles.

Ese conglomerado social en desarrollo tendrá como un volcán su momento de erupción y su magma humano deberá destruir las partes o el todo de este modelo corrupto, ya corroído y fetichizado en buena parte, está una cochinilla nacional vergonzante, para dar paso a un nuevo modelo de país más humano, probó, ético, inclusivo y respetuoso efectivamente del enfoque de género, de los derechos humanos y del trabajo decente.

Lo descrito nos coloca en el hoy y vemos como todos los y las aspirantes a Zapote o a Cuesta de Moras, construyen discursos huecos y gastados de una nueva normalidad, pero lo cierto del caso es que son marionetas y títeres de los del bando de los ricos y como es de esperar serán correa de transmisión de los sectores conservadores y neoliberales de Costa Rica que han aprovechado la pandemia de la Covid-19, para posicionar e impulsar su agenda política y económica.

Veamos:

Rebaja de «cargas» sociales. Las contribuciones a la seguridad social (mal llamadas “cargas”) financian el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (RIVM), el Seguro de Salud y varios programas sociales. Recientemente crecen las voces que dicen que estas “cargas” son las responsables del alto desempleo y de la alta informalidad laboral. La propuesta es mecánica y sencilla: si las “cargas” son muy altas, hay que bajarlas. Pero cuando se les pide a estos sectores alternativas de financiamiento, el acuerdo entre ellos mismos cesa. El gran peligro es desfinanciar la seguridad social en Costa Rica, uno de nuestros últimos bastiones del Estado Social de Derecho. .

Una forma de asfixiar salud y pensiones y avanzar en la ruta de la privatización.

Privatización camuflada de pensiones.

Se está posicionando una matriz informativa que lleve a la gente a creer que una “pensión básica universal”, aunque su monto sería ridículamente bajo. Se trata de una forma abierta de impulsar la privatización camuflada de las pensiones, aunque se evite el término “privatizar”, hoy completamente desprestigiado cuando de pensiones se trata.

Cierre del PAI y del CNP. Si hay problemas en el CNP, estos deben identificarse y corregirse, pero la prensa del gran capital solo conoce una palabra: cierre. A los grandes agricultores les duele el Programa de Abastecimiento y Apoyo (PAI), que con justeza fue creado para evitar que miles de pequeños agricultores cayeran en la pobreza.
Apertura eléctrica. Igualmente avanzan en colocar este tema en la agenda pública y con el enfoque conocido. El caballo de batalla en esta ocasión es “generación distribuida”, pero tampoco faltan las voces que sencillamente claman por la privatización de la generación, hoy en manos del ICE, CNFL y cooperativas eléctricas.
Defensa cerrada del austericidio.

La llamada regla fiscal ya está haciendo estragos en muchas instituciones públicas, desde el Ministerio de Educación hasta las universidades públicas. No ponemos en duda la importancia de la eficacia y eficiencia en el gasto público, pero la regla fiscal se ha convertido en la mejor arma para destruir “a mordiscos” nuestro Estado social.

Es urgente una reacción rápida y articulada de los movimientos sociales que impacte en la ciudadanía y que ponga en blanco y negro esta gran amenaza, porque lo que está en juego es la calidad y la misma posibilidad de los servicios públicos a la población más desfavorecida que estas instituciones brindan.

Asfixiar RECOPE.

RECOPE es la joya de la corona que la oligarquía criolla anhela. Si bien es cierto que la refinación de petróleo no ha resultado según lo planeado, el verdadero negocio es la importación y distribución de combustibles. Y es esto lo que desvela a nuestros neoliberales criollos. La idea original de RECOPE sigue siendo correcta (más allá de los posibles errores de gestión): la importación de combustibles no debe ser un negocio para unos cuantos, por eso el Estado debe tener ese monopolio.

Privatización de las frecuencias al ICE

Esta es otra “joyita”, la que queda por apropiarse de la apertura en las telecomunicaciones. Y al igual que el resto de las frecuencias radioeléctricas, las quieren a precio de ganga.

Esta es solo una lista incompleta de la agenda neoliberal de corto plazo, la cual es claramente regresiva en una Costa Rica que está dando pasos agigantados hacia una sociedad altamente desigual y excluyente y no nos cabe la menor duda de que la guillotina de la regla fiscal es afilada por los ricos en el molejón de la deshumanización y nos conduce directamente a una sindemia mayor de precarización social, que tarde o temprano provocará un nueva protesta social de enormes dimensiones que estará centrada en ondear

la bandera de la justicia social y la verdadera inclusión social desde una segura ilegalidad legítima que tendrá por objetivo destruir un modelo opresor y corrupto y construir normas de convivencia humanas e inclusivas a favor de las mayorías oprimidas.

28 de septiembre de 2021.

Adjuntamos documento oficial para descarga:

La-agenda-conservadora-regresiva-y-la-regla-fiscal-antihumana-avanzan-al-ritmo-de-la-pandemia Descarga

El abaratamiento partidario

Escrito en 29/09/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Cuando la oferta es mayor que la demanda, según las leyes del mercado, los precios bajan. Aunque con los oligopolios transnacionales ese principio no se sostiene, en el caso de la actual sobreoferta partidaria sí hay evidencias que estamos ante el abaratamiento de los partidos.

En este sentido, se trata de un fenómeno que, aunque no es nuevo, viene en ascenso, y no es, precisamente, un indicador de un fortalecimiento del régimen democrático, todo lo contrario: con el abaratamiento partidario estaríamos asistiendo a una mayor devaluación de nuestra democracia.

Y esto obedece, como argumentan algunos politólogos, a que la política viene cada vez más cediendo espacio a los poderes fácticos empresariales y financieros, o sea, la economía domina a la política. Tal es el caso, del comportamiento de las nuevas propuestas partidarias, entre otras, el Partido Acción Ciudadana (PAC) y los partidos de corte confesional “evangélico” (PRN y PNR), que se convirtieron en más -mucho más- de lo mismo, haciendo causa común con el bipartidismo neoliberal, vía los consensos legislativos dirigidos a desmantelar el Estado Social de Derecho. Y secundados, por una campaña inquisitorial, impulsada por los medios de comunicación dominantes contra el sector público. Es decir, la agenda política ha estado en manos de esos poderes fácticos.

Por otra parte, el fenómeno del pluripartidismo en ascenso se ha convertido en una vía para acceder a la Asamblea Legislativa, ante un sistema que ha supeditado las candidaturas a diputados a la vía partidaria. Solo en este aspecto, es que podría estar contribuyendo a la democratización en la elección de diputados. Una muestra de que el país requiere nuevas alternativas para la elección de diputados, así como la apuesta por un régimen más parlamentario. Para ello, es fundamental que accedan a este primer poder de la república personas con trayectoria en el movimiento social, verdadero liderazgo comunitario, así como quienes han probado, desde diversos frentes, tener vocación y capacidad para servir al bien común. Evitar, así, el abaratamiento también de ese primer poder de la república, cada vez más decadente.

Las ofertas partidarias de hoy no muestran evidencias contundentes de estar marcando la diferencia. No se avizora una propuesta coherente y consistente para encarar los álgidos problemas que vive el país. Podría aducirse que la campaña todavía no arranca. Sin embargo, quienes lideran las múltiples ofertas partidarias ya se han lanzado al ruedo y resultan más ruidosos que propositivos. A estas alturas, y debido a la crítica situación que vive el país, es de que ya se hubiesen levantado las voces de la denuncia de tanta injusticia que colma el vaso y de la propuesta seria y visionaria que haga renacer la esperanza para reconstruir esta maltrecha “finquita”.

Para tiempos críticos como los actuales, se requieren liderazgos valientes, atrevidos y disruptivos, decididos a propiciar cambios estructurales, mostrando independencia frente a los poderes fácticos y los intereses particulares. Liderazgo político que genere confianza, trascendiendo el gremialismo partidista, y mostrando voluntad para conjuntar a las mejores personas, que se conviertan en garantes de una propuesta con visión de un país inclusivo, equitativo y solidario. Un liderazgo decidido a relanzar el país por los caminos de la paz y la justicia social requiere entereza, para poner a toda la ciudadanía a contribuir con generosidad -sin exclusiones, como se hace ahora con los que más tienen-, y a aportar lo mejor de sus recursos y capacidades, para proyectar la Costa Rica digna, justa y soberana en que habrán de vivir las próximas generaciones.

Quizá todavía estemos a tiempo para cambiar de rumbo, y no continuar abaratando la política, pilar esencial para una convivencia humana con justicia y paz social.

De aniversarios, centenarios, bicentenario y otros equívocos

Escrito en 27/09/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (7)
Tercera época

Rogelio Cedeño Castro. Sociólogo y escritor costarricense

La proximidad de cierto bicentenario muy importante, al menos en términos históricos e historiográficos, tanto como la obsesión de nosotros los seres humanos por la medición del tiempo (el de la vida cotidiana, y el de la duración histórica muy unido a una visión secularizada de antiguas tradiciones judeocristianas) y la observancia periódica de las cronologías con fines o significados muy diversos, pero también en cuanto a la casi inevitable manipulación, un tanto inocente o desprevenida a veces, de las conciencias de la gente revistiendo de una cierta solemnidad una fecha y una conmemoración, aunque en el fondo muchos ni piensen ni sientan nada importante al respecto. De esos equívocos está llena nuestra cotidianidad, la que ha devenido en el desconocimiento de ¿Cómo es que ciertas élites del poder han venido desmantelando nuestro estado nacional?, y se preparan para devorar lo poco que queda del estado social de derecho.

Todo lo anterior sucede porque los ensueños, las evocaciones del pasado lejano vienen a nosotros, de innumerables maneras, y a partir del encadenamiento de los hechos más casuales e inconexos que forman parte del diario transcurrir, sobre todo para el caso de aquellos que ya hemos vivido una buena cantidad de años, tantos que a veces nos parece algo increíble que semejante cosa haya sucedido (¿sucedió en efecto esto, aquello y lo otro?, son preguntas que nos hacemos con cierta frecuencia). La selectiva memoria, algo traicionera a veces, como decía el escritor y político venezolano del siglo anterior Domingo Alberto Rangel, en sus memorias que tituló de una manera ácrata o anarquista ALZADO CONTRA TODO, publicadas poco antes de su deceso, ocurrido casi una década atrás. La obra de Rangel, que transcurre desde su infancia que mira como lejana y llena de matices, en los primeros años del nuevo siglo, evocando su vida en los Andes Venezolanos, más concretamente en Mérida y haciendo referencia a los largos viajes que su padre emprendía, en gran parte debido al comercio y a la venta de productos agrícolas y ganaderos, dentro de una vasta región del piedemonte y los llanos que lo sucedían. Después hará un excurso y un discurso prolongados acerca de una larga vida dedicada la militancia política partidaria, de la que terminó abjurando durante las dos décadas que antecedieron a su fallecimiento.

El recuerdo colectivo (a veces no estoy tan seguro de que lo sea) del pequeño país centroamericano que éramos, durante los primeros años de la segunda mitad del siglo anterior, dentro de los que transcurrió la mayor parte de mi vida, me hace evocar circunstancias, gentes, hechos diversos e incluso objetos materiales de la vida urbana y rural que me resultan inverosímiles. Trato de evitar los lugares comunes, a los que acude la mayor parte de la gente para terminar no diciendo nada que tenga, de verdad relevancia, procuro no idealizar situaciones del pasado que me puedan conducir a la trampa aquella de que vivíamos entonces en una arcadia feliz, o la aún más engañosa de que todo tiempo pasado fue siempre mejor, tan llena de equívocos y tan expuesta a las trampas selectivas que suele jugarnos nuestra traicionera memoria. Tendemos, casi por instinto, a evitar los malos recuerdos y a idealizar las condiciones de nuestra infancia y juventud, dejando de lado las limitaciones o las privaciones a que nos vimos expuestos, muchas veces a pesar nuestro. Ese es el riesgo de toda empresa tendiente a escribir o sistematizar acerca de los avatares del pasado, sobre todo de los que conforman nuestra subjetividad, la que está conformada por una gran cantidad de ingredientes que no son precisamente nuestros, sino que nos han sido impuestos por el medio social.

El horizonte o panorámica sociopolítica del ayer, tanto como del presente que se diluye en la inmediatez, siempre estuvo presidido por las posturas reaccionarias y conservadoras de los poderes fácticos, quienes terminaron imponiéndolas tanto en el plano de la moral como en el de las visiones religiosas (en el peor sentido del término) más diversas e interesadas, en procura de legitimar sus equívocas acciones, revistiéndolas de una cierta dosis de santurronería, no por ello menos caracterizadas por el cinismo más atroz e hipócrita.

En estos doscientos años de nuestra separación del dominio imperial español, los neoliberales de pacotilla no logran convencerme de que la farsa que han implantado ha permitido construir un mejor país que el que forjaron los socialdemócratas, con su estado social de derecho de la primera parte de la segunda mitad del siglo anterior: José Figueres Ferrer y Daniel Oduber Quirós eran estadistas y hombres cultos muy superiores a estos comediantes de baja estofa que dicen ser “nuestros gobernantes” del bicentenario. Les juro que el Partido Liberación Nacional con sus cuadros estudiosos y sus valiosos aportes existió cuando en este país habían partidos políticos de verdad, la izquierda verdadera (por así llamarla) del Vanguardia Popular y otros partidos con sus luchas, sus cuadros también valiosos, quienes lucharon al lado de los obreros y campesinos también, a diferencia del decadente coro de “progres” del presente, esos que dicen ser (o son, de hecho) la pata izquierda del régimen. ¿Lo habré soñado o mi tía Virginia Matamoros Córdoba – una mujer extraordinaria de aquellos tiempos, fallecida en el estado de Nueva York en 2009- fue de verdad una socialdemócrata convicta y confesa en los años cincuenta, después de haberse unido a las fuerzas de José Figueres en 1948, aún y cuando décadas después de haberse ido a los EEUU terminará pensando como el Tea Party republicano de aquel país continente, ya muy alejada de sus orígenes? ¿O mi madre Rosa Cedeño Castro (1926-2008), existió de verdad como una militante del Vanguardia Popular de aquellos tiempos, como una mujer que defendió siempre la causa de los trabajadores?, todo en esto en contraste con una izquierda light y posmoderna que le ha hecho el juego a uno de los gobiernos más reaccionarios y represivos de nuestra historia reciente, dentro de lo que no pasa de ser un triste bicentenario.

Desvío de fondos de IVM y devaluación de los montos de las pensiones

Escrito en 25/09/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

M.Sc. Rodrigo Arias López. Actuario Matemático

Desvío de fondos de IVM y devaluación de los montos de las pensiones. CCSS se ahorra anualmente hasta ₡145 mil millones entregando pensiones devaluadas.

Comentaba en un artículo anterior que el Régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) debería tener una reserva de ₡55 billones (Artículos 32 y 34 de la Ley No 17); pero que maquillistas y desviadores de fondos que ocupan altos cargos políticos y administrativos en la CCSS solo le permitieron acumular ₡2.3 billones (ver https://wp.me/p6rfbZ-fUA). Con estos mega desvíos, que tienen al IVM peor que perro callejero sin dueño, los maquillistas justifican que las pensiones no se pueden revaluar, que hay que aumentar las edades de retito y reducir los beneficios, pero que según ellos y doña Rocío Aguilar Montoya, las pulgas de IVM se deben al envejecimiento de la población, a la informalidad del empleo y al Covid-19. ¿Quién les creerá tan colosal mentira?

La última revaluación de las pensiones la hicieron en mayo de 2019; ni siquiera durante la pandemia los maquillistas han mostrado misericordia, menos por quienes tienen una pensión mínima que Aguilar y Cía. desean desaparecer, pues quienes la disfrutan son algo así como un parásito que “reciben una pensión mayor a la que contribuyeron” (Ver https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/459664/supen-propone-eliminar-pensi-n-m-nima-de-la-ccss). Los miembros de la Junta Directiva de la CCSS que dirigen al clan de maquilladores, creen que ellos son los dueños de los pocos fondos que aún no le han desviado a IVM y que pueden decidir cuándo hacer o no hacer los reajustes por pérdida de valor de los montos de las pensiones. Solo en los últimos 21 meses los desviadores de fondos han dejado de entregar a los pensionados casi ₡30 mil millones, como muestro en el Cuadro 1.

Cuadro 1. Reajustes por costo de vida no realizados por la Junta Directiva de la CCSS en 2019-2021

Dicha suma escamoteada a los pensionados en menos de dos años es pequeña si analizamos la pérdida de valor que han sufrido las pensiones desde la fecha de vigencia, muchas de las cuales hoy son pensiones mínimas porque los maquillistas no les reponen el costo de vida de manera adecuada. Usando datos suministrados por la misma CCSS con corte a noviembre de 2020 actualicé el monto de la pensión inicial en fecha de vigencia con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) sin superar el tope máximo de pensión y lo comparé con el monto de la pensión vigente en la fecha de corte o actual. Si la pensión actualizada es inferior a la pensión actual, entonces el pensionado se considera “favorecido”, caso contrario “perjudicado”. Esto lo hice preliminarmente para las pensiones otorgadas en caso de vejez e invalidez, ya que en el caso de muerte no cuento con suficiente información.

Si los datos proporcionados por la CCSS son correctos, el resultado indica que, del total de 215,740 pensiones por invalidez y vejez vigentes en la fecha de corte, un 65.5% resulta perjudicado; es decir, el monto de la pensión de 141,410 pensionados ha sufrido pérdida de valor adquisitivo, frente a 74,330 que se han visto favorecidas. Por ejemplo, un total de 7,486 pensiones otorgadas antes de 1992 han sufrido una pérdida de valor superior a un 50%, o sea que hoy deberían estar recibiendo más del doble de lo que reciben; todo por obra de los desviadores de fondos que gestionan al régimen, que lo manejan como si fuera propiedad de ellos.

El grupo que se ha visto favorecido recibe en promedio un 4% más del monto actualizado con el IPC (Ver el Cuadro 2). Este beneficio “adicional” es por la garantía de la pensión mínima que doña Rocío Aguilar propone eliminar y porque cuando se calculó la pensión inicial se hizo con una fórmula que solo consideraba 48 salarios sin indexar, lo que ocasionó grandes injusticias. Estimo que este grupo “favorecido” requiere un gasto o beneficio adicional de unos ₡35 mil millones anuales, sobre lo cual me referiré en otra oportunidad.

Cuadro No 2. Pensiones de IVM favorecidas y perjudicadas a noviembre de 2020

El grupo que se ha visto “perjudicado” ha perdido en promedio un 11% de valor adquisitivo en el monto de la pensión, aunque podría ser superior. Si se considera a todo el grupo la pérdida promedio de valor es de un 7% (Ver el Cuadro 2). No obstante, de este lado de los perjudicados opera el riesgo moral de recibir una pensión mayor inflando los salarios en años próximos al retiro, cuando se usaban solo 48 salarios no indexados para calcular el salario de referencia, sobre lo que opinaré en otro artículo.

El gasto que llamo “adicional” en el grupo favorecido, asciende a ₡14,304 millones anuales y el ahorro o escamoteo que han sufrido los perjudicados llega a ₡91 mil millones anuales y alcanzaría los ₡110 mil millones si se agregan los casos de muerte, suponiendo que han sido afectados con mayor intensidad, pues la fecha de vigencia de la pensión del causante es más antigua. Esto sin descontar el posible riesgo moral no estimado. Entonces el desvío de fondos de IVM no es solamente el monto de ₡800 mil millones de cuotas que anualmente no son ingresadas a su contabilidad, sino que hay que agregar los ₡110 mil millones que anualmente le sacan de la bolsa a los pensionados en forma de alimentos, vestido, etc. que ya no podrán adquirir con pensiones devaluadas. Incluso los ₡35 mil millones que los “beneficiados” podrían requerir para corregir sus pensiones iniciales. ¡Se imaginan el mastodonte de billones de colones que le han escamoteado a los pensionados durante todos los años que los han estado sangrando o bolseando! No obstante, el tema no es solo inflacionario, sino que depende de otras variables, entre ellas la cantidad de cuotas y los salarios cotizados, lo cual analizaré en otra oportunidad.

En el Cuadro 3 presento al agrupo perjudicado, distribuido según rangos de monto de pensión actual, por quinquenios de años de vigencia de la pensión. Contrario a lo que uno podría esperar, la mayor proporción de las pensiones que se han visto perjudicadas son hoy pensiones mínimas; pero no eran pensiones mínimas en la fecha de vigencia. Es decir, muchas de ellas se han devaluado hasta llegar a convertirse en pensiones mínimas. Para doña Rocío Aguilar es que “no contribuyeron para ella”, emulando a José Piñera, exministro de Pinochet, quien atribuye el fracaso del modelo chileno de cuentas individuales a que los trabajadores “no llenaron el tanque” del Mercedes Benz (Ver https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/08/11/guillier-defiende-reforma-de-pensiones-de-bachelet-parafraseando-a-jose-pinera-quieren-mas-gasolina-para-el-mercedes-benz/). De lejos se nota que Aguilar Montoya está buscando gasolina para el “pichirilo” tico, es decir, para el negocio privado de los neoliberales criollos.

Cuadro 3. Cantidad de pensiones perjudicadas según rango de pensión y quinquenio de vigencia

Por ejemplo, casi 8 mil pensiones concedidas antes del año 1995 son hoy pensiones mínimas de ₡137,000 que han perdido un 39% o más de valor; es decir, hoy deberían ser mayores a ₡225,000. Otras 1,376 pensiones concedidas en el mismo período han tenido una pérdida de un 49%; hoy son de un monto promedio de ₡174,000; pero deberían ser de ₡340,000 (Ver los Cuadros 3 y 4). No obstante, no hay que olvidar el posible riesgo moral antes indicado.

Cuadro 4. Pérdida de valor de las pensiones del grupo afectado

¿Qué dirán o pensarán sobre estos desvíos de fondos y devaluaciones de los montos de las pensiones nuestro presidente Carlos Alvarado y los candidatos al puesto? Posiblemente estarán felices de que existan en la CCSS suficientes maquillistas en los puestos claves que manejan los fondos del seguro social de los trabajadores asalariados. Los empresarios neoliberales y doña Rocío Aguilar hacen porras, piden a voces bajar los aportes patronales, aumentar edades de retiro, bajar beneficios y eliminar las pensiones mínimas, para poder echarle gasolina al “pichirilo” que quieren convertir en un negocio que será un Mercedes Benz para unos cuantos. Los diputados neoliberales les harán el favor de servirles en bandeja lo que queda del pulguiento IVM que produjeron los directivos de la Caja y los gobiernos de turno. ¡El festín neoliberal está más cercano cada día!

El desafío de la Fiscalía General de la República

Escrito en 23/09/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Fernández González

Como gran parte de la ciudadanía en este momento, veo con enorme preocupación el desplome de nuestro Estado Social de Derecho, en medio del asedio —exacerbado por la pandemia— de un neoliberalismo a todas luces anacrónico pero clavado como un cáncer en nuestra cultura política.

Una pieza clave está gravemente herida, la Fiscalía General de la República, y el proceso de llenar esa vacante parece estar muy lejos de los requerimientos reconocidos internacionalmente, tal como los establece por ejemplo la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Respaldo el clamor que realiza en este sentido el panel independiente de personas expertas designado para mejorar este proceso.

Adjunto su carta del 20 de setiembre al Presidente de la Comisión de Nombramientos del Poder Judicial, magistrado Fernando Cruz, donde se señala la importancia de reforzar los siguientes aspectos:

– Idoneidad ética
– Conocimiento y destreza legal sobresaliente
– Independencia e imparcialidad
– Experiencia y conocimiento del sistema de justicia penal
– Compromiso con los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho
– Transferencia en la actuación funcional
– Capacidad de interlocución con otros actores y usuarios del sistema
– Sensibilidad al género y a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad
– Conocimiento de los principales desafíos institucionales del sistema de procuración de justicia
– Rectitud y alto sentido de justicia

Como indica este panel de personas expertas, no debe ser que el mero cumplimiento de requisitos formales mínimos como la nacionalidad, la edad, u otros sea recompensado con un 70% del puntaje total: estas condiciones deben ser solamente el punto de partida sin el cual no es posible aspirar al cargo y por lo tanto no debieran recibir puntaje alguno.

El peso de la elección al cargo debe recaer sobre el cumplimiento de otros requisitos realmente sustantivos para un desempeño excelente de esta función clave en nuestra institucionalidad judicial, tales como los que se sugieren en el documento.

Este primer pronunciamiento también tiene observaciones muy importantes en materia de transparencia, participación ciudadana, e igualdad y no discriminación.

Carta-a-Comision-de-Nombramientos-Estandares-minimos-y-cartel-de-convocatoria Descarga

Acuerdos de la Junta Directiva de la CCSS sobre reforma a IVM son nulos

Escrito en 02/09/2021. Publicado en Análisis, Derechos.

Mala gestión y desvío de fondos es lo que lleva a la quiebra a IVM

Asesor de Román Macaya recomendó cambiar el modelo financiero de IVM

M.Sc. Rodrigo Arias López

Una mala gestión y el desvío de cuotas superior a un 7.5% sobre los salarios -equivalente a más de ₡750 mil millones anuales- es lo que está llevando a la quiebra al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). El IVM solo cuenta con una reserva de ₡2.5 billones cuando lo que debería tener según la normativa es ₡54 billones. ₡34 billones del faltante de reservas corresponden al 7.5% sobre los salarios que durante décadas han desviado para cubrir otros programas de seguridad social que administra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que son total o parcialmente con cargo al presupuesto nacional (Leyes N° 5349, N° 5905, N° 7735, N° 7739, N° 7935 y N° 7983). Otros ₡16 billones del faltante de reserva se explican por turbios manejos de la Ley N° 7374, entre otros hechos, por lo que el escamoteo total de fondos de IVM llega a ₡50 billones, que es casi igual a la reserva requerida por este régimen de pensiones.

Lo anterior se realiza a vista y paciencia de la Auditoría Interna de la CCSS, ya que a pesar de los múltiples informes que ha realizado dicho órgano auditor (ASF-065-2011, ASF-084-2014, ASAAI-210-2013, ASF-009-2014, ASF-019-2012, ASF-151-2013, ASAAI-187-2012, ASF-321-2012, ASF-112-2017, ASF-186-2016, ASF-15-2017, ASF-195-2017, ASF-137-2019, ASF-171-2020), todo termina en nada o como “cumplido”; pero cuesta a los asegurados ₡5 mil millones anualmente en el pago de salarios y demás gastos que demanda dicho órgano de vigilancia de fondos públicos.

Esto pone en serias dudas la integridad de la administración de IVM y del deber de probidad al que están obligados los funcionarios públicos. Recordemos que el artículo 73 de la Constitución ordena que los fondos y reservas de los seguros sociales (seguros de salud y pensiones de los trabajadores asalariados), no pueden ser desviados para otros fines distintos a los de su creación. Los artículos 32 y 34 de la Ley N° 17 establecen que el IVM debe gestionarse como un fondo de capitalización colectiva. Sin embargo, el actuario Ronald Cartín Carranza y actual asesor de la Presidencia Ejecutiva, quien presuntamente es nombrado a dedo a diario como Director a.i. de la Dirección Actuarial, propuso en el año 1980 cambiar o “formalizar” el modelo de capitalización completa por uno de primas escalonadas. El plan fue ejecutado con un primer escalón de 63 años de duración; en 2010 cambia la tarifa cada 5 años y a partir de 2020 cada tres años. En el estudio actuarial del año 1980 realizado por Cartín se lee lo siguiente:

Objetivo general del presente estudio

El presente estudio pretende dar un ordenamiento financiero adecuado y una definición matemático-actuarial apropiada y conveniente, al actual régimen financiero del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social.

La implantación en la CAJA de un nuevo sistema de financiamiento, que sea conveniente a la evolución económica y social del país y que permita adaptar en forma flexible las prestaciones a los fenómenos tanto demográficos como económicos y sociales, permitiendo el otorgamiento de prestaciones suficientes para cumplir con la finalidad social que le fue asignada al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte.

Presuntamente al actuario se le olvidó que la evaluación actuarial y sus recomendaciones tenían que basarse en la normativa constitucional y legal (entre ella el artículo 73 Constitucional y los artículos 32, 34 y 43 de la Ley 17), de conformidad con lo ordenado a los miembros del Colegio de Ciencias Económicas en la Ley N° 7105 que dice: “Observar una conducta intachable, conforme con el reglamento de ética profesional, el reglamento y la ley.” Los artículos 5 y 19 de tal Código de Ética indicado dicen lo siguiente:

Artículo 5. En el desempeño profesional y de las funciones que ejerza el colegiado debe actuar según los dictados de su conciencia y su leal saber y entender, sin hacer concesiones que menoscaben los intereses generales, o el buen nombre de los profesionales en Ciencias Económicas. Por eso su ejercicio profesional deberá ser siempre probo, leal, veraz, ético y de buena fe.

Artículo 19. El colegiado tiene el deber ineludible de cumplir con las normas legales vigentes. Igualmente deberá ajustar sus actividades profesionales a las disposiciones y acuerdos que con carácter general y obligatorio dicten los organismos facultados para ello, siempre que se encuentren apegados a derecho.

En la página 54 de su informe, el Sr. Cartín llegó a la siguiente conclusión: “De conformidad a lo expuesto en las dos secciones anteriores, ante las inconveniencias de aplicar el sistema de prima media constante (como lo son los serios problemas de inversión ocasionados por la acumulación de enormes capitales y la dificultad de adaptar las prestaciones conforme al aumento en el costo de la vida), se concluye que el sistema financiero más adecuado para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte es el de la prima escalonada. Este representa una solución intermedia que, mientras garantiza la estabilidad de las tasas de cotización por un período relativamente amplio, evita la excesiva acumulación de reservas.”

En sus conclusiones el actuario no solo desacreditó al modelo de capitalización de reservas completas, para el cual también aclaró que en 1980 ya ocupaba una prima superior a la vigente -no vio el 7,5% que le estaban desviando, pues tampoco miró los artículos 32 y 43 de la Ley 17-, sino que también denigró al modelo de reparto; pues señaló que el costo sobre lo salarios crecería a un ritmo bastante alto; pero que para el año 2025 se estabilizaría. ¡Oh, qué alentador, en cuatro años el costo de IVM sobre los salarios dejará de crecer! Fue así como recomendó lo siguiente, para que todo fuera “oficialmente”, pues la Junta Directiva de la CCSS ya venía violentando la Ley 17, desviando fondos:

Adoptar oficialmente el «sistema de prima escalonada», como el método financiero que regirá el funcionamiento del Régimen de Pensiones. Para tal efecto es recomendable incluir en el Reglamento de Invalidez, Vejez y Muerte la correspondiente reforma que defina claramente, sin dejar lugar a dudas, la organización financiera del Régimen.

Ya con esa recomendación la jerarquía de la CCSS se sintió con luz verde del actuario para seguir desviando fondos, pero necesitaba maquillar la normativa reglamentaria; por eso hoy leemos en el artículo 30 del Reglamento de IVM lo siguiente:

“En consistencia con la naturaleza y reformas introducidas al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, el sistema de financiamiento que rige es el de Primas Escalonadas, al que a su vez corresponde el método de valuación denominado Proyecciones Demográficas y Financieras. Es en ese marco en donde deben efectuarse las valuaciones actuariales para este Seguro, en las cuales se debe garantizar que los cálculos reflejen fielmente los métodos y las hipótesis adoptadas.”

Si alguien sigue con dudas sobre como los maquillistas se las ingenian para desviar tanta cantidad de billones de dinero, basta con que lea el artículo 43 de la Ley 17 que dice lo siguiente: “Artículo 43.- La Caja regulará la distribución de sus fondos con arreglo a los cálculos actuariales que le sirvieron de base, o con los que se adopten en virtud de los resultados que arrojen las revisiones ordenadas en el artículo anterior”, lo cual como dicen, “es un saludo a la bandera”, pues en el informe de auditoría ASF-205-2018 de fecha 4/12/2018, dice lo siguiente:

Mediante entrevista escrita, el Lic. Guillermo López Vargas, Director Actuarial y Económico, respecto a las razones por las cuales las valuaciones actuariales del Seguro de Salud, anteriormente no se remitían a Junta Directiva, manifestó: ‘Por ser un corte más financiero que actuarial, se remitían a la Gerencia Financiera para su valoración y quedaba a su criterio llevarla a Junta de Directiva. Las del Seguro de Pensiones esas si históricamente se han comunicado o la Junta Directiva. La Valuación Actuarial del 2015 del Seguro de Salud fue la primera que se conoció en Junta Directiva».

En cuanto a la Valuación Actuarial del Seguro de Salud 2015, esta se presentó formalmente luego de atender requerimientos anteriores, en el artículo 8 de la sesión 8978 celebrada el 19 de julio 2018. No obstante, llama la atención que dicho acuerdo de Junta Directiva no señala haberse aprobado la Valuación Actuarial.

Lo anterior significa que la Junta Directiva de la CCSS no dirige ni fiscaliza las operaciones de la Caja como lo ordena el artículo 14 de la misma Ley, sino que es a ella a quien la dirigen y gobiernan, pues todo el mundo se preguntará ¿cómo puede cumplirse el artículo 32 de la Ley 17, que ordena que los fondos del seguro social se dividan en dos partes, una para el fondo de reparto del seguro de salud y otra para el fondo de capitalización del seguro de pensiones, si esa Junta Directiva nunca había visto un estudio actuarial del seguro de salud y no ve ningún estudio actuarial conjunto de salud y pensiones?. La respuesta es que esa es la clave de los maquillistas para el desvío de fondos de IVM.

Si todavía alguien sigue dudoso, que vea la valuación actuarial que la Junta Directiva de la CCSS utilizó para tomar la reciente decisión de elevar las edades de retiro y bajar beneficios en IVM. Notará que el actuario asesor de Román Macaya y “Director a.i,” de la Dirección Actuarial según firma -presuntamente nombrado a dedo y quien recomendó en 1980 el modelo de primas escalonadas para IVM-, junto con el jefe del Área Actuarial presuntamente incurren en violación del código de ética y del deber de probidad definido en el artículo 3 de la Ley Contra el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública N° 8422, pues en la página 4 dicen que el estudio actuarial se realiza según “la normativa del régimen”, citan en la página 18 el artículo 32 de la Ley 17 y conocen que el costo del fondo de reparto (seguro de salud) regulado por la Ley 17 es de solo un 7.11% sobre los salarios en lugar del 15% que le trasladan -desviándole 7.89% (15% – 7.11%) sobre los salarios al IVM -; sin embargo, omiten mostrarlo en el estudio actuarial de IVM, con lo cual se convierten en cómplices de los maquillajes para continuar con el desvío de fondos. En el resumen ejecutivo del informe actuarial se lee lo siguiente:

La valuación fue elaborada bajo la dirección y los lineamientos generales del actuario M.A.S. Ronald A. Cartín Carranza, Director Actuarial ai, de la DAE. El actuario responsable de la ejecución de las proyecciones, balances actuariales y otros cálculos aquí presentados. fue el actuario M.Sc. Cristian Torres Jiménez_ Jefe del Área Actuarial de la DAE.

El indicador de «Costo Anual» (Egresos año/Salarios año) presenta una tendencia evidentemente creciente, y con tendencia a superar el 13% para el año 2030 (y posteriormente alcanzar niveles cercanos al 33% para el año 2085).

El análisis del Balance Actuarial al 31/12/2018 con Grupo Abierto señaló un déficit actuarial de aproximadamente 100 billones de colones, obteniéndose una Razón de Solvencia del 48.3 % (o sea, al 31 de diciembre de 2018, hay un déficit que no permitiría al Fondo financiar al 51.7% de las promesas en el periodo de 100 años bajo estudio).

¿Recuerdan que nos habían dicho que para el año 2025 ese costo anual se estabilizaría; pero ahora nos dicen que casi se triplicará después de 2030 a 2085? En 1980 nos recomendaron no crear reservas; pero hoy usan como excusa esos faltantes -incluso bastante inflados- para mostrarnos una situación bien precaria del IVM y tener pretextos para elevar edades y bajar beneficios. ¿Recuerdan que nos dijeron que el cambio de un modelo de reservas completas a un modelo de primas escalonadas era para “dar un ordenamiento financiero adecuado” a IVM y que cumpliera sus fines? ¿Qué dicen en su informe los actuarios sobre el desvío de fondos de IVM? Nada.

Todo lo anterior sucede como una afrenta a la Mesa de Diálogo convocada en 2017, pues la Junta Directiva de la CCSS, en el artículo 180 de la sesión N° 8976, celebrada el 12 de julio del año 2018, acordó en el acuerdo tercero, acoger todas las recomendaciones realizadas por dicha mesa de diálogo, entre ellas las siguientes, que se encuentran sin cumplir por el Sr. Román Macaya y la administración activa de la CCSS (Ver informe auditor AI-2211-19):

“Se realicen las gestiones que correspondan para que se nombre como Director de la Dirección Actuarial a un actuario, en virtud de que las funciones sustantivas corresponden a esa disciplina.”

“Realizar un estudio de sostenibilidad del Seguro de Salud, que incluya la razonabilidad y pertenencia de las contribuciones, el cual sea elaborado por un organismo independiente con experiencia en sistemas públicos de Seguridad Social.”

Lo anterior no es sorprendente, pues la Directiva de la CCSS derogó en el año 2010 el Reglamento de la Dirección Actuarial, que en su artículo 3 ordenaba que la Dirección Actuarial fuera dirigida por un director experto en el campo actuarial. En su lugar aprobó un manual organizacional, que no indica los requisitos del puesto de Director Actuarial y que menciona que su fundamento es el reglamento que no existe pues fue derogado. En el manual organizacional se lee lo siguiente como factor clave de éxito:

“Se debe actualizar el reglamento de la Dirección Actuarial y de Planificación Económica, aprobado por la Junta Directiva, en el artículo 11°, de la sesión N° 6489, celebrada el 24 de enero de 1991, con el propósito de que responda a la estructura funcional y organizacional establecida en el presente Manual de Organización.”

También en el manual organizacional se cita lo establecido en el artículo 192 de la Constitución Política sobre la idoneidad comprobada para realizar nombramientos en cargos públicos, lo cual también está regulado en el artículo 21 de la Ley 17; sin embargo, el puesto de director actuarial ha sido llenado interinamente a dedo durante más de 12 años.

Como para ofender más a la Mesa de Diálogo de 2017, la jerarquía de la CCSS no solo ha incumplido la ejecución de esas dos recomendaciones, sino que su Junta Directiva nombró como Gerente Financiero a la misma persona que ya había ocupado el cargo durante seis años, presuntamente eliminando el requisito académico obligatorio de maestría afín al puesto y sin considerar que la misma persona estaba denunciada ante la Fiscalía General de la República por presuntos daños ocasionados a la CCSS que aceleraron la crisis del seguro de salud en el año 2011.¿Recuerdan que los estudios actuariales del seguro de salud se los enviaban a la Gerencia Financiera? Ella decidía si los tramitaba o no a la Junta Directiva; o sea, lo que existe es una Junta Directiva de adorno o de papel en la Ley 17. ¿Alguna duda? Los estudios actuariales del seguro de salud con corte al 31/12/2017 siguen maquillados, les falta el balance por modalidad de seguro y no dicen nada al respecto en sus conclusiones y recomendaciones. Igual característica tiene el estudio actuarial de IVM con corte al 31/12/2018 por la misma razón. ¿Quiénes y donde los maquillan? ¿En la Dirección Actuarial? ¿La Gerencia financiera sigue participando? ¿Y la Dirección Jurídica? ¿Y qué hace Don Román Macaya? ¿Los miembros de la Junta Directiva de la CCSS serán al fin y al cabo los responsables? ¿Y la Auditoría Interna? ¿La Contraloría General de la República? ¿El Ministerio Público qué hace? ¿O será que existe una camarilla para desviar fondos de IVM?

Y como para ponerle la cereza al pastel el asunto podría estar enturbiado por conflictos de interés entre el Director Actuarial y algunos subalternos, quienes presuntamente habrían recibido el pago de hasta 10 anualidades adicionales a las usuales, sin cumplir con los requisitos aprobados por la Junta Directiva de la CCSS en el artículo 5 de la sesión 8345 del 7/5/2009, pues desde el año 2013 no están laborando en el Área Actuarial, todo lo cual conoce el Sr. Román Macaya Hayes y hasta la Contraloría General de la República. Todo esto en relación con el teje y maneje del desvío de fondos públicos.

Todos estos hechos llevarían al IVM a una situación prácticamente de insolvencia a partir del año 2009, cuando los aportes ya no fueron suficientes para pagar los gastos, obligando -sin necesidad pues lo que hay es un desvío de fondos- a un aumento de los aportes de 1.66% sobre los salarios (0.66% el Estado y 1% el trabajador), lo cual ayudó poco porque ya era demasiado tarde y además el Covid vino a derramar el vaso lleno de pésima gestión.

Por todo lo anterior es que considero que el reciente acuerdo de la Junta Directiva de la CCSS de reforma a IVM es completamente nulo; se realizó al margen de la normativa constitucional y legal citada anteriormente, sin un estudio actuarial que considere el impacto de la pandemia, sin crearle a IVM nuevas fuentes de financiamiento y sin reintegrarle los desvíos de fondos que le han venido haciendo. Con ello también incurren en la falacia de informar a la ciudadanía que con esa reforma le están dando sostenibilidad a IVM hasta el año 2050. Una mentira más.

Sin duda una de las acciones necesarias para restaurar la viabilidad financiera de IVM, es que le reintegren gradualmente el desvío de 7.5% sobre los salarios que le hacen, a razón de un 1% sobre los salarios por año, comenzando en 2022. A partir del año 2029 la devolución debe ser completa; es decir, un 7.5% sobre los salarios. Y por supuesto, hay que evitar que la CCSS siga siendo manejada por maquillistas.

He sido sumamente reiterativo brindando este tipo de opiniones técnicas desde hace casi dos décadas, tanto siendo funcionario de la CCSS como ejerciendo mi derecho como ciudadano. Este análisis fue presentado a la Junta Directiva de la Caja por FECTSALUD sin que hubiera sido tomado en cuenta, confirmándose que el principal objetivo de los maquilladores es continuar desviando fondos de IVM.