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Etiqueta: Estado Social de Derecho

COSTA RICA 2021: LA COMMEDIA È FINITA

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (17).

Tercera época.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

El telón de la obra teatral que ha venido siendo representada durante los últimos ocho años en la escena política del pequeño país centroamericano que somos ha caído por fin: entre la penumbra reinante empezamos a distinguir ¿quién es quién dentro del juego político? Ya no se trata de seguir a los protagonistas por lo que dicen, o acostumbran a decir con suma ligereza, sino de establecer un inventario cabal de lo que han venido haciendo.

Los “progres” del PAC, esos maestros del fingimiento, no sólo nos han traicionado, ejecutando con saña la más agresiva contrarreforma neoliberal que acabó con nuestro estado social de derecho, y el pacto social establecido en la constitución de 1949, sino que terminaron por confundir a un gran sector de la población, que ante su postura mimética llegó a pensar que ellos son “comunistas”, “socialistas” o algo así, resultando muy difícil sacarles de la cabeza a muchas gentes semejante equívoco, por lo que no se han dado cuenta de que este gobierno representa a lo más rancio de la ultraderecha neoliberal. Contando con la ayuda y decidida participación de los restos ya descompuestos del otrora PLN socialdemócrata (en el buen sentido del término), de los del PUSC del tránsfuga Rodolfo Piza Rocafort, quien en esta campaña electoral se nos presenta con otro rostro, del también “progre” FA que se adhirió a la coalición gobernante desde el primer momento, en abril de 2018, de cuyo gabinete formó parte su presidenta durante casi tres años, sin deslindarse de manera clara y transparente del neoliberalismo (neoconservador y mercantilista, más bien) reinante, mientras sus líderes más conocidos dicen ubicarse hacia el centro, un gran sector de la población lo sigue y seguirá viendo como los temibles “comunistas”, “ socialistas” o “castrochavistas”, y aunque esas percepciones carezcan de todo asidero en la realidad, son válidas en las cabezas de quienes terminaron pensando de esa manera. Dado lo anterior, es que podemos comprender porque un gran sector de la población rural involucrado en la protesta social de agosto-octubre de 2020, en las filas del Movimiento Rescate Nacional, encabezado por Célimo Guido y Óscar Campos, decía que estaba luchando contra un gobierno “comunista”, a pesar de que la policía que los reprimía brutalmente sigue siendo entrenada por los Carabineros de Chile y la sanguinaria Policía Nacional de Colombia, consumadas expresiones de la política represiva de la ultraderecha en esta parte del mundo. Carlos Alvarado se negó a dialogar con quienes protestaban en las calles, y con la complicidad del FA formó unas “mesas de diálogo” (de un monólogo del régimen, en realidad) en las que terminaron dándole atolillo con el dedo a los participantes.

Una vez terminada la representación teatral, no podemos ponernos a reír, la comedia resultó ser una tragedia en la que los patos a sacrificar resultamos ser nosotros: lo peor de todo, es que nos quedamos sin herramientas políticas para enfrentar la catástrofe que se nos viene encima, tendremos que empezar de cero como en el viejo mito de Sísifo para llevar la roca hasta la cima de la montaña, pero metidos en un gigantesco mar de confusiones, donde a semejanza de Odiseo de Itaca tendremos que poner oídos sordos a los cantos de sirena, esos del régimen imperante que se tornarán más abundantes, cuando más profunda y evidente se nos haga la catástrofe, corremos el riesgo de encallar en las rocas.

En política es preciso distinguir lo esencial de lo irrelevante

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (16)
Tercera época.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

Ni siquiera como un mero “entertainment”, en el más cabal y preciso sentido de la expresión anglosajona, es decir con una diversión, espectáculo o entretenimiento para las gentes, es que podríamos asumir, o definir la naturaleza singular de lo que ocurrirá en Costa Rica, el primer domingo del mes de febrero del año que tendrá su inicio, dentro de un par de semanas más. Nos encontramos ya ante el despliegue de los componentes de un espectáculo de dudosa calidad, diseñado para un público poco exigente, la que ha venido disminuyendo, de manera sostenida, con el paso de los años, y de las sucesivas décadas transcurridas, lo que considerado en los términos más castizos, de la lengua castellana de la que hacemos empleo cotidiano (la nuestra, la de las américas, no la de los veleidosos peninsulares), conduce a que la palabra “diversión” asuma la connotación negativa de alejamiento de la realidad, de oscurecimiento de nuestra capacidad de distinguir lo esencial de lo puramente accesorio, algo que se intensifica con el excesivo número de comediantes que viene tomando parte en la representación. De nuevo, nos encontramos con que Alberto Cañas Escalante tenía razón: la gradería de sol asaltó la cancha e incluso los palcos.

Tan grave es todo esto que no hemos podido darnos cuenta aún que las decisiones más importantes para el rumbo económico, político y social de este país centroamericano durante los próximos años ya fueron tomadas, en otro escenario y por otras gentes que permanecen, casi siempre en la sombra: esas que conforman los poderes fácticos. Lo único a lo que puede dar lugar el resultado del mencionado evento electoral es el nombre de quienes serán los encargados (as) de ejecutar lo que ya se decidió en otra parte.

Las decisiones tomadas y ejecutadas, a mansalva y contra todo intento de protesta, (la que puede ser sancionada hasta con diez años de cárcel, según ley impulsada por el diputado “liberacionista” Carlos Ricardo Benavides y aprobada en el transcurso del año de 2019) durante los últimos años por el gobierno de la coalición PAC, PLN, PUSC y FA, formada en abril de 2018, con el concurso entusiasta de los pseudocristianos de Restauración Nacional (vaya nombre, ¿serán reaccionarias estas gentes?) y Nueva República, como el non plus ultra del neopentecostalismo criollo, con su teología reaccionaria de la prosperidad, ya decidió el destino final o postrero de la Segunda República, inaugurada setenta años atrás, al igual que el pacto social de entonces que definió la existencia de nuestro estado social de derecho: en estos meses esperaban aprobar la nefasta ley de empleo público y consumar el saqueo de la Caja Costarricense del Seguro Social, cuya privatización sigue en camino (Ver editorial del diario La Nación del lunes 13 de diciembre de 2021).

El simple hecho de decir eso de que la “fiesta” se acabó, y por lo tanto el estado no tiene más plata cuando alguien se refiere, por ejemplo, al saqueo sistemático de que han venido siendo objeto los regímenes de pensiones, los programas sociales y las instituciones públicas por parte de los políticos de oficio que durante las últimas décadas han venido desmantelando la Segunda República, y el estado social de derecho, pilares de la vieja socialdemocracia costarricense, es algo que constituye no sólo un acto cínico per se, sino también la consagración de un régimen deshumanizado, cínico y mentiroso. Lo peor de todo, es que tales afirmaciones son omisas en cuanto a señalar a ¿quiénes son los que de verdad han venido saqueado las arcas públicas de este país? Y ¿cuál ha sido su modus operandi?

Hoy, están de moda y al uso corriente los odios más increíbles e irracionales, todo a la manera del universo totalitario del Londres de 1984, ese que George Orwell imaginó y delineó a mediados del siglo anterior como una especie de profecía maldita, la que vino a materializarse en este cambio de siglo. Son los tiempos del odio a la Costa Rica que crearon José Figueres Ferrer y Daniel Oduber Quirós, la que nos dio oportunidades a muchos costarricenses de la generación del Baby Boom, la de los que nacimos al concluir la Segunda Guerra Mundial. En estos días, los restos descompuestos de lo que fuera aquel PLN tan importante se unen al coro de los que odian su utopía originaria para abrazar la distopía de la insolidaridad social y el sálvese quien pueda. Ya no es sólo el odio a un “comunismo” que nunca existió sino también a aquella socialdemocracia criolla, aquella que le dio solución de continuidad la Reforma Social de los años cuarenta, con razón Daniel Oduber Quirós(de grata memoria) no soportaba a los mediocres y a los infiltrados que ya se preparaban para destruir ese partido…la plaga del PAC y otros amarillos diz que de izquierda se encargaron, en este cambio de siglo, de machacar los clavos del ataúd en la hora final de la Costa Rica democrática y social para darle lugar al falso liberalismo, a los monopolios privados de Riteve, Meco, APM y otros, todo en nombre de un libre mercado que no existe que siga la robadera, la fiesta fue ellos y nosotros la tenemos que pagar No habrá fuerza planetaria capaz de cambiar ese rumbo, impuesto e impulsado por una oligarquía, que ha visto culminar sus sueños restauradores en el tiempo histórico de la larga duración. Su gratitud hacia el joven Carlos Alvarado es inconmensurable, ha hecho el trabajo sucio con una vocación digna en encomio y con una devoción, a prueba de toda desviación “populista” (esa mala palabra que sirve para consolar a los incautos y reclutar a los tontos, a semejanza de lo que ocurría con el fantasmagórico e indefinible “comunismo”). El elegido o elegida se encargará de administrar lo que otros decidieron en escenarios diferidos, ya lo verán a partir de mayo de 2022, mientras tanto el andamio del PAC que tanta utilidad les prestó ya puede ser desechado.

Cambio de modelo en Chile: ¿El norte estará en el sur?

Luis Fernando Astorga Gatjens

El triunfo electoral de Gabriel Boric sobre José Antonio Kast, en la segunda ronda de las elecciones presidenciales chilenas del 19 de diciembre anterior, tuvo su fragua en octubre del 2019, en un país marcado por un inesperado estallido social de alcances tsunámicos.

En ese octubre pre pandémico, cuando el gobierno de Sebastián Piñera decretó un aumento del valor de los boletos del Metro de Santiago, los estudiantes protestaron brincándose los molinetes de ese sistema de transporte. Lo que fue inicialmente una acción puntual de protesta derivó pronto en un movimiento generalizado en la capital y en otras ciudades del país austral.

El fuerte contraste entre una élite económica y política, beneficiaria directa del modelo neoliberal y que se rodeó golosamente de privilegios, frente a amplias mayorías empujadas a la pobreza, acumuló las condiciones propicias para el intempestivo estallido social.

El modelo chileno que los políticos y medios adeptos a esa doctrina, habían convertido en un referente internacional, se derrumbó como un castillo de naipes. El proyecto marcado por la reducción del rol del Estado y la expansión del papel del sector privado, que impulsó e impuso la dictadura de Augusto Pinochet, con la asesoría de Milton Friedman, no resistió la acumulación de injusticias y desbalances sociales.

Las protestas fueron duramente reprimidas por la policía con un saldo tan trágico como doloroso: 20 muertos, 233 heridos y más de 700 personas detenidas. Empero la represión fue más gasolina que agua. Y lo que fueron, inicialmente, reivindicaciones económicas y sociales (centradas en pensiones, salud, educación) se tornaron en exigencias políticas. Ganó fuerza el reclamo de una Convención Constituyente que pusiera fin a la camisa de fuerza que ha sido la Constitución, creada a imagen y semejanza de la dictadura de Pinochet.

La acción de la protesta social fue tan fuerte que el gobierno de Piñera no tuvo más remedio que convocar a un referéndum para determinar si la ciudadanía estaba de acuerdo con iniciar un proceso constituyente, para redactar una nueva Constitución y también para fijar el mecanismo del proceso. Originalmente, el referéndum fue convocado para el 26 de abril de 2020, pero a causa de la pandemia de la covid-19, hubo de ser pospuesto para el 25 de octubre del mismo año. El resultado aprobatorio fue contundente: Mas del 78 % de los que votaron dijeron que si aprobaban la Constituyente mientras menos del 22 % se inclinó, por lo contrario.

Así las cosas, el 15 y 16 de mayo de 2021 los electores chilenos acudieron a elegir a 155 constituyentes encargados de redactar la nueva Carta Magna. Más de 6,3 millones votaron. Los resultados representaron una abrumadora derrota para la derecha, ya que, de los 155 elegidos, 48 fueron independientes, 52 de la oposición, los pueblos originarios obtuvieron 17 puestos y el oficialismo tan solo 38. Una cifra a todas luces insuficiente para fijar la agenda y acuerdos de la Convención, que arrancó sus tareas el 4 de julio de 2021 y las completará a finales de junio de 2022.

El 21 de noviembre de 2021 se celebraron los comicios para elegir quien dirigirá, desde la presidencia, los destinos de Chile entre 2022 y 2026. También fueron electos los senadores, diputados y consejeros regionales. A raíz de las situaciones y procesos desarrollados a partir de octubre de 2019, se esperaba un claro triunfo del candidato de la coalición de izquierda, “Apruebo Dignidad”, Gabriel Boric, aun cuando los números no le alcanzaran para evitar el balotaje. Sin embargo, en un resultado inesperado, el candidato ultraderechista, José Antonio Kast se impuso sobre Boric por dos puntos.

Este resultado envalentonó a la derecha que esperaba ganar en la segunda ronda, que se celebró el 19 de diciembre. Para esta elección se confabularon todos los ingredientes para la polarización política. Se enfrentaban dos proyectos diametralmente opuestos.

Kast (55 años), neoliberal confeso, detractor de la Convención Constituyente, simpatizante de Pinochet, admirador de Trump y Bolsonaro, y con una serie de proyectos amenazantes para los imperativos avances sociales y los derechos humanos, frente a Boric (35 años), líder de la nueva izquierda chilena, madurado al calor de las luchas estudiantiles y sociales, adversario abierto del modelo neoliberal e impulsor de una Constitución que sea llave y matriz de la imperativa e impostergable justicia social para un pueblo marcado por lustros de desigualdad y pobreza, en medio de la concentración indignante de la riqueza de las élites.

El 19 de diciembre se jugaba entonces algo más que una elección entre dos candidatos presidenciales; se jugaba la perpetuación del modelo neoliberal frente a su progresivo desmantelamiento. Eso lo comprendió el pueblo de Chile que acudió a las urnas en un porcentaje mayor que en la primera ronda y le dio un contundente triunfo a Boric (55,87 %) sobre Kast (44,13 %).

El nuevo presidente tomará posesión del cargo, en marzo de 2022 y tendrá como desafío el cambio de modelo, con la abierta oposición de la derecha y las élites económicas, cuyo peso es significativo. Eso se puso de manifiesto al día siguiente de la elección de Boric, cuando esa abstracción denominada mercado (que no son otra cosa que empresas y personas de carne y hueso), mostró su descontento con la caída de la bolsa de Santiago mientras el peso sufrió una significativa depreciación.

La elección de Boric no solo es muy importante para Chile. Lo es para América Latina, región donde las fuerzas progresistas han ido ganando terreno.

Chile ha sido destacado como un “milagro económico” aunque ese milagro siempre fue para una minoría y algunas trasnacionales avariciosas. Las mayorías, mientras tanto, lo vieron desde muy lejos. En el presente, puede emerger un modelo alternativo que consolide la democracia y haga renacer un Estado Social de Derecho, robusto y fuerte como lo soñó Salvador Allende. Esto le dará sentido al propósito y consigna el Norte está al Sur.

Imagen: https://www.radioagricultura.cl

Actuario Rodrigo Arias López presenta recurso de reconsideración ante Defensoría de los Habitantes en relación con desvío de fondos del IVM

El actuario y matemático Rodrigo Arias López presentó un recurso de reconsideración ante la Defensoría de los Habitantes, en relación con su tesis sustentada en investigación propia de que hubo desvío de fondos de los recursos correspondientes al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que debe cubrir las pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Ante gestiones del máster Arias López, la Defensoría de los Habitantes envió una serie de requerimientos de información a las instancias correspondientes de la CCSS. Luego de varias respuestas el órgano defensor solamente concluye: “…la Defensoría de los Habitantes considera que de las preocupaciones del sr. Arias López en su solicitud de intervención, queda pendiente por parte de la CCSS lo relativo al tema del desvío de fondos del 7.5% del IVM, en el tanto, este Órgano Defensor queda a la espera de que se active el trabajo relativo a la segunda etapa de análisis de las propuestas para fortalecer el Régimen del IVM, tal y como lo afirmó la Gerencia de Pensiones. Por tanto, este órgano Defensor, considerará iniciar una futura intervención para darle seguimiento a las acciones de la CCSS en relación ese tema. De momento, con el presente informe se concluye la intervención 251996-2017-SI”.

Ante ello, Rodrigo Arias López estima que la Defensoría no está cumpliendo con su deber por tres razones:

Primero. En el oficio de la referencia esa Defensoría se limita a comunicar las consultas que le realizó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y las respuestas de la CCSS, sin que haya realizado ninguna investigación ni análisis independiente, serio y objetivo como en derecho corresponde, sobre la legalidad de las actuaciones de la CCSS sobre el desvío de más de un 7,5% sobre los salarios del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Segundo. En relación con lo anterior, se observa que en el oficio que se cuestiona, esa Defensoría dedica 15 páginas para realizar citas textuales de preguntas que le realizó a la CCSS y de las respuestas que recibió y al final se limita a decir lo siguiente en un único párrafo:

A la luz de lo anterior, la Defensoría de los Habitantes considera que de las preocupaciones del sr. Arias López en su solicitud de intervención, queda pendiente por parte de la CCSS lo relativo al tema del desvío de fondos del 7.5% del IVM, en el tanto, este Órgano Defensor queda a la espera de que se active el trabajo relativo a la segunda etapa de análisis de las propuestas para fortalecer el Régimen del IVM, tal y como lo afirmó la Gerencia de Pensiones. Por tanto, este órgano Defensor, considerará iniciar una futura intervención para darle seguimiento a las acciones de la CCSS en relación ese tema. De momento, con el presente informe se concluye la intervención 251996-2017-SI.

Tercero. Consta en el oficio que se cuestiona que la solicitud de intervención de esa Defensoría la realicé el 17 de diciembre de 2021; es decir, hace CUATRO AÑOS. En tal sentido, el artículo 17 de la Ley de esa Defensoría dispone lo siguiente:

“2.- La intervención de la Defensoría de los Habitantes de la República debe darse dentro del plazo de un año, contado a partir del momento en que el interesado tuvo conocimiento de los hechos. No obstante, tendrá amplia discrecionalidad para aceptar reclamos o quejas aun fuera de ese plazo si, a su juicio, considera necesaria su intervención.”

Le invitamos a leer el documento completo del recurso de reconsideración presentado ante la Defensoría de los Habitantes por el matemático y actuario Rodrigo Arias López:

Transformar RECOPE en ECOENA: Un paso tan acertado como urgente

Luis Fernando Astorga Gatjens

En una campaña electoral, en la cual una de las características más destacadas es la escasez imaginativa y de propuestas originales para impulsar el desarrollo inclusivo y sostenible del país, una de las promesas más reiteradas es el cierre de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE).

Varios candidatos han apelado a esta consigna, con el afán de ganar adeptos y votos el próximo 6 de febrero, aprovechándose de que muchas personas no están debidamente informadas sobre el papel que juega RECOPE en la estratégica provisión energética del país. Asimismo, su propuesta de colocarle candados a la institución, parte de una campaña prejuiciosa y superficial, que han venido impulsando algunos políticos y que ha sido acogida por algunos medios, detractores –unos y otros– de nuestro Estado Social de Derecho (ESD). Un elemento común de estas campañas anti-RECOPE, es el trasfondo neoliberal que las orienta y las anima.

Son propuestas tan demagógicas como falsas y efectistas. Veamos por qué: Se basan en la creencia de que los actuales altos precios de los combustibles, son responsabilidad de RECOPE. Se trata de una idea errada ya que las modificaciones de estos precios (hacia arriba o hacia abajo), se fundamentan en gran medida, en el precio internacional de los combustibles y en la relación de cambio entre el dólar estadounidense y el colón. Como demostré en un artículo anterior, en el costo de cada litro de combustible, el componente asociado al rol de esta entidad pública en la importación, almacenaje y distribución, es de alrededor del 7 %; incluso menor al cercano 9 % que obtienen los empresarios dueños de las gasolineras. También dentro de este contexto relacionado con los precios de los hidrocarburos, se ha magnificado cuánto impacta la convención colectiva institucional. Si bien es cierto esa convención ha contenido claúsulas abusivas (muchas de las cuales han sido eliminadas), lo real y concreto es que el impacto en el precio de los combustibles, es limitadamente significativo. Representa menos de cuatro colones del valor de cada litro de combustible.

Otros candidatos a la presidencia han propuesto abrir el mercado de los combustibles para que empresas privadas (presumiblmente extrajeras) compitan con RECOPE. De esta manera, argumentan que los combustibles bajarían de precio. Eso es imposible ya que el afán de lucro de esas empresas privadas que entrarían al mercado de los hidrocarburos, con certeza operarían con un porcentaje superior al 7 % con el que funciona RECOPE; lo cual impactaría en el precio final que pagamos los consumidores. Este aserto quedó patentizado en el “Estudio sobre impactos en el modelo de compraventa-distribución de la industria de hidrocarburos en Costa Rica”, elaborado por los economistas Leiner Vargas y Katherine Barquero.

Una completa desregulación del mercado de los combustibles, implicaría de cara al año 2025, precios más caros para los consumidores, con una diferencia de ¢ 23 por litro de gasolina Súper, ¢ 20 en la Plus 95, ¢ 61 en el diesel y ¢ 57 en el gas LPG, según lo que se desprende del citado estudio. Asimismo, esta apertura generaría precios diferenciados entre las zonas urbanas y las rurales y remotas, con lo que se verían afectadas comunidades vulnerables.

En ambos escenarios se fabrican espejismos, que no son garantía ni de rebaja del precio de los combustibles, ni del necesario desarrollo –urgido por los tiempos que corren—inclusivo, sostenible y solidario, que requiere el país.

Realmente, el camino justo y acertado es el de la transformación de RECOPE para convertirla en la Empresa Costarricense de Combustibles y Energías Alternativas (ECOENA). Se trata de una ruta para mejorar lo que tenemos, ajustándanos a un contexto mundial y nacional, completamente distinto a cuanto se creó RECOPE. Tal es lo que se propone en la iniciativa que se tramita en la Asamblea Legislativa, bajo el expediente 21.343, que haría que la ECOENA no sólo importe y distribuya hidrocarburos, sino que también desarrrolle investigaciones en la generación de energías alternativas, como sería –por ejemplo—la utilización del hidrógeno para el transporte automotor.

De esta manera, la nueva entidad pública: “Podrá investigar, desarrollar, producir, importar, exportar, industrializar, almacenar, transportar y comercializar energías químicas alternativas y productos asociados, con el fin de descarbonizar la economía, reducir la demanda de combustibles fósiles y asegurar la continuidad, calidad, eficiencia, del suministro energético nacional”, como expresa el proyecto de ley.

Un componente clave de este cambio de RECOPE a ECOENA es avanzar en el proceso de la descarbonización de la economía nacional, que tal como lo define el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), es “el proceso por el cual los países, individuos u otras entidades apuntan a eliminar el consumo de combustibles fósiles.”

Este proceso demanda una necesaria transición energética, una transformación estructural que elimine el carbono en la producción de energía. O dicho de otra manera: “Se trata de electrificar la economía en base a energías alternativas limpias que emitan únicamente lo que el planeta puede absorber.”

Actualmente, RECOPE produce un 70% de la energía total de Costa Rica. Eso nos indica que cualquier cambio en la matriz energética del país, pasa inevitablemente por RECOPE. En tal contexto es fundamental el liderazgo que debe y puede asumir la nueva entidad, en la transición hacia las energías renovables.

Un proyecto de ley como el mencionado se convierte en un factor coadyuvante para avanzar en el propósito de convertir al país en carbono neutral, asumiendo un liderazgo que nos convierta en un modelo a seguir. Es oportuno recordar aquí que múltiples estudios sobre este tema indican que los planes de descarbonización aseguran beneficios económicos superiores a los costos de su impulso y desarrollo.

Sin duda que estos temas son componentes fundamentales para asegurar el desarrollo sostenible de Costa Rica, por lo que deben tomarse con mucha seriedad y rigor por quienes aspiran a gobernar el país desde mayo próximo. No deben ser temas de promesas tan falsas como demagógicas. Un electorado cada vez más crítico lo debe demandar, por el bien de todos.

CCSS: Grandes logros en medicina pública pero con un futuro financiero incierto

Luis Fernando Astorga Gatjens

Cuando un reputado investigador y especialista, como el Dr. Atul Gawande elogia los logros de Costa Rica en el campo de la salud pública, algo hemos hecho muy bien a lo largo de varios decenios. Pero tenemos que seguir haciéndolo para evitar que los avances que son motivo de orgullo, se conviertan en sombríos retrocesos.

El Dr. Gawande, profesor en la Facultad de Medicina y de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, escribió un artículo en el que destaca que Costa Rica ha priorizado la salud pública, con lo que ha alcanzado una expectativa de vida dos años superior a la de Estados Unidos (casi 81 versus 79), con un ingreso per cápita seis veces menor que el estadounidense. «Y no solo superó la esperanza de vida de Estados Unidos, sino que consiguió la más alta en América del Sur y América del Norte, con excepción de Canadá», subrayó el Profesor Gawande en su análisis.

Esto lo consignó recientemente, BBC Mundo a través de un amplio reportaje en el que se resalta que el especialista estadounidense realizó una laboriosa investigación de seis meses sobre nuestro sistema de salud pública y a partir de un “viaje profundo”, que realizó al país en abril anterior. El investigador valora en forma significativa lo que ha hecho el país, a tal punto que estima que es un modelo referencial y aplicable en otros países, incluido Estados Unidos.

No obstante los logros que exalta el investigador estadounidense en un sistema en que se ha priorizado la medicina pública frente a la atención privada y donde antes que la atención de las personas en hospitales y clínicas, se desarrollan estrategias de promoción de la salud y prevención, las amenazas se han venido acumulando. En estas circunstancias, el sabor agridulce es inevitable.

Los logros que destaca el Profesor Gawande se empezaron a esculpir hace ochenta años cuando el Gobierno del Dr. Rafael Calderón Guardia impulsó la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), dando un paso decisivo en el desarrollo del Estado Social de Derecho, que ha singularizado la forja de la nación costarricense.

Todos quienes habitamos Costa Rica le debemos mucho a la Caja, por los múltiples servicios prestados en el desarrollo general del país y no sólo en el campo de la salud y la seguridad social. Sin embargo, los que han acogido la doctrina neo-liberal como su credo, ahí donde la salud emerge como un derecho fundamental, ellos lo que han visto es un jugoso negocio. Con la consigna avasalladora “más mercado- menos Estado”, estos adalides del individualismo a ultranza, han querido privatizar muchos de los servicios que presta la CCSS y han avanzado en sus despropósitos y anhelos.

Algunos desde adentro (como topos) han venido afectando el desarrollo de la institución. Son aquellos que han debilitado las finanzas de la Caja, creando una cara y frondosa élite burocrática mientras la oferta de especialistas en distintas áreas es limitada y, con ello, se alargan las esperas de atención así como de algunas cirugías. No pocas familias con limitados recursos han sido empujados a utilizar los servicios de la medicina privada, desesperados ante tan prolongadas (y evitables) lista de espera. Este tópico ha sido motivo de tensión social y de cuestionamientos a la eficiencia y eficacia de la ochentera entidad.

Los detractores del Estado Social de Derecho y de la medicina pública han movido distintos hilos para convertir al robusto árbol de la CCCS en un debilitado bonsai. Si su desmedido afán privatizador hubiese ganado completamente la partida, en el 2020 y en el presente 2021, el país hubiera estado mal preparado para atender la desafiante pandemia de la Covid-19. Porque una pandemia de este demoledor alcance para afrontarla exitosamente, ha requerido del esfuerzo solidario de la medicina social. Todo indica que el mundo y el país, desde luego, habrá de afrontar en el futuro otras pandemias. Por ello, la apuesta certera e inevitable para el país debe ser el fortalecimiento de la Caja.

Como lo expresa el Informe de la Comisión Legislativa que investigó las –preocupantes—finanzas de la Caja: “No cabe duda de que las acciones llevadas a cabo por la CCSS … para universalizar la protección (cobertura horizontal) como para mejorar la cantidad y calidad de las prestaciones (cobertura vertical), explican en buena medida el éxito alcanzado por nuestro sistema público de salud. Empero, de cara al futuro, su sostenibilidad financiera se encuentra seriamente amenazada.”

De acuerdo con las proyecciones actuariales –que se fijen en el citado informe—, el Seguro de Salud será solvente hasta el año 2026 o a lo sumo hasta el 2031. Mientras tanto el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, tendrá solvencia hasta el año 2037 con lo que, “a partir de 2038, este seguro no podrá hacer frente al pago de las pensiones en sus diferentes acepciones.” Esta sombría situación financiera se ve significativamente agravada como consecuencia de la exorbitante deuda acumulada por el Estado, que supera ya los 5,9 billones de colones.

Es dentro de un contexto de grave incertidumbre y preocupación que corresponde colocar el manejo y administración de las finanzas institucionales, realizado por 18 exjerarcas de la CCSS (algunos integrantes del Consejo Financiero y de Control Presupuestario) que fueron acusados en marzo de 2019, por tres presuntos delitos de fraude financiero, a saber: i) Influencia contra la Hacienda Pública, ii) Administración Fraudulenta y iii) Fraude de Ley; tal y como consigna el citado informe legislativo. De acuerdo a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Primer Circuito Judicial de San José, estas transgresiones habrían acontecido en el lapso 2006 y 2014, “cuando por medio de aparentes documentos falsos, se aprobaron cuantiosos incrementos en el beneficio de cesantía, salarios y plazas; mismos que al resultar impagables para el Régimen de Salud, habrían sido financiados parcialmente mediante subsidios ilegales del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte”, así expresado también por el informe legislativo.

El valioso estudio del Profesor Gawande retrata la historia de éxito de la Caja y del modelo de salud pública costarricense. El que se nos valore con admiración desde fuera (bien cada vez más escaso), debe ser motivo de orgullo nacional. Pero algo de mayor valor, en el presente, es convertir este elogio de lo que ha sido la Caja en acicate para su defensa y el fortalecimiento de sus finanzas de cara al futuro. Bien vale la pena esta justa y necesaria causa.

SOY UN PRIVILEGIADO

Adriano Corrales Arias*

A fin de año me jubilo luego de casi treinta años de servicio en la educación superior, en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, para ser más exacto, y tres o cuatro años en la primaria y secundaria, además de algunos “camarones” como empleado o trabajador informal. Recibiré de pensión, más o menos, un sesenta por ciento de mi actual salario. De golpe y porrazo abandonaré ese estamento social conocido como “clase media” para engrosar la ancha banda de la pobreza, según el galopante nivel devaluativo de la moneda nacional y el encarecimiento del costo de la vida. Los ahorros y “pluses” salariales de más de treinta años de vida laboral y académica se irán al carajo. Tampoco sirvieron más de veinte años de estudios e investigaciones para obtener un salario digno y acorde con el esfuerzo. Los avances de la contrarreforma neoliberal te desvalorizan como profesional, funcionario público y trabajador intelectual. Pero soy un privilegiado.

Sí, para la oligarquía y la masa intoxicada por el discurso único de los medios desinformativos de aquella, soy un privilegiado pues recibo un “salario de lujo”. La atroz campaña de la contrarreforma ha calado tan hondo que hoy compañeros trabajadores nos destazan en público, sin comprender que, precisamente, los “privilegios” de los cuales gozamos, obedecen a años de luchas, sacrificios personales y colectivos, represiones y conquistas; no han sido regalos de nadie sino conquistas del movimiento social. Desconocen – por ello lo obvian con facilidad – que ellos mismos deben gozar también de esos “privilegios”, mismos que sus patrones les birlan al no reconocerles siquiera el salario mínimo. Dichos “privilegios”, reconocidos en castellano históricamente como derechos y garantías sociales – por los cuales hubo incluso una guerra civil – deberían ser pan de cada día para todos los trabajadores costarricenses; por eso la equiparación debe ser ascendente, no descendente, como propone y ejecuta el gran empresariado, y malinterpretan miles de incautos intoxicados. El borrado lingüístico y semántico, correlativo al de la misma historia, hace que entre nosotros, trabajadores del estado, independientes y de la empresa privada, nos veamos como enemigos, cuando en realidad el verdadero enemigo es la clase social que promueve la nueva manera de leer la legislación y la historia: quienes evaden y eluden impuestos y cargas sociales, legitiman y exportan capitales a paraísos fiscales y explotan mano de obra nacional y migrante sin contemplaciones; léase, la oligarquía nacional y sus socios transnacionales, consorcios y trusts amparados por el FMI, el BM y otras garroteras mancomunadas con los países más poderosos del planeta.

Pero hay otro privilegio, el verdadero: “la suerte” corrida en mi historia de vida. Aludo al hecho de cursar estudios superiores gracias a sendas becas para estudiar en Europa y realizar un posgrado en mi alma mater, la UNA. Todo ello gracias al Estado Social de Derecho, es decir, a las reformas sociales de los años cuarenta, bajo una alianza inédita en el mundo conformada por la iglesia católica, el partido comunista y parte de la rancia oligarquía cafetalera, acuerpada luego por una socialdemocracia aclimatada en el trópico centroamericano. Me explico: si mi infancia y adolescencia fuesen hoy, no podría estudiar. Mi familia era de escasos recursos con doce hijos (todos vivos afortunadamente a la hora de escribir esto) y unos padres trabajadores e incorruptibles: él comerciante, pasando por artesano, agricultor, empleado, funcionario público; ella ama de casa realizando trabajos de toda índole tales como lavado de ropa para la CCSS, entre otros, para aportar a la exigua olla doméstica. En las actuales condiciones jamás podrían haberme enviado, junto a mis otros hermanos, a la escuela pública, luego al Liceo San Carlos y, mucho menos, a la Universidad Nacional. No tendrían recursos para enviarme desde “Villa Quesada” a la meseta central a subsistir con decoro por los alrededores de la “U”. En los gloriosos años setenta pude hacerlo gracias a becas de la Municipalidad de San Carlos, de la misma universidad, la cual me ofreció, además, residencia estudiantil y servicio de comedor, y luego del Ministerio de Relaciones Exteriores a través del convenio educativo/cultural con la antigua URSS. Por eso me considero privilegiado.

Por cierto, la universidad que dejo es otra. A mi ingreso en ella – inicios del año 1992 – era una de las cuatro públicas del país, la cual, a pesar de haber sido creada para fortalecer los procesos de industrialización de la clase dominante nativa con una estructura vertical y cuasi militar (no existían facultades ni escuelas o departamentos, sino “divisiones”), había sido transformada en una universidad democrática, participativa y abierta a la comunidad costarricense con una misión de servicio para el fortalecimiento de la ciencia y la técnica al servicio de la economía nacional, especialmente de los sectores más desprotegidos. Esa metamorfosis se logró gracias a un inédito, combativo y lúcido movimiento estudiantil, cuyas luchas en los años 1981/82 consiguieron flexibilizar aquel cascarón empresarial/tecnocrático. Así, la institución pudo salir de la modorra colonial cartaga creando una Sede Regional en San Carlos, misma por la cual – benditas paradojas de la vida – había luchado en mis años de colegial (fui expulsado del Liceo San Carlos por organizar una marcha solicitando dicha sede para la región norte) y más tarde un Centro Académico en San José. Hoy repito, es otra; la contrarreforma la ha alcanzado y, con aliados internos, ha sufrido un proceso de descapitalización ya no solo material, sino sobre todo cultural e ideológico, sumiéndola en una institución cada vez más vertical, antiacadémica, tecnocrática y aislada del entorno y de los problemas que aquejan a las grandes mayorías. El proceso de cooptación neoliberal y de privatización ha sido intenso y su actividad académica, especialmente en términos de investigación, extensión y acción social, se ha restringido ostensiblemente. Lo peor, todo a ojos vista de una comunidad académica y un movimiento estudiantil sumidos en la anomia, el temor, la dispersión y el confort intramuros, dado que han sido objeto de ese borrado o lavado ideológico, semántico e histórico que produce una tabula rasa en cuanto a nuestras memorias e identidades.

La contrarreforma neoliberal desestructuró el Estado Social de Derecho, con ello la educación pública y la seguridad social, bases de nuestra otrora imperfecta pero robusta democracia. Lo grave: convenció a miles de costarricense que así debe ser, que la privatización es buena, que la ciencia, los saberes y los derechos a la salud pública y al empleo con salarios y garantías dignas como una pensión justa, no son necesarios. La masa se lo tragó. De hecho, quienes más necesitan del Estado Social de Derecho se convirtieron en sus acérrimos enemigos y en militantes contra los trabajadores públicos y los necesarios servicios de un estado que se debe a las personas. ¡Divide y vencerás! Es el mayor triunfo de la contrarreforma: convencer a humildes trabajadores, transmutados en “colaboradores”, de que sus derechos son nocivos porque obedecen a consignas de comunistas y servidores de satán. Para ello movilizaron millones de colones provenientes del mismo estado, ya no solo evadiendo o eludiendo impuestos, máxima sangría del déficit fiscal, sino sirviéndose de figuras corruptas como la deuda política, las compras estatales o la concesión de obra pública. Y siguen engordando a mediocres “profesionales”, vividores o viles predicadores devenidos en “políticos”, a medios corruptos de incomunicación masiva y empresas mal habidas que explotan mano de obra, sobre todo migrante.

Pero los privilegiados somos nosotros, no ellos, nuevos ricos que arrasaron con impunidad uno de los proyectos sociopolíticos más innovadores y eficaces de América Latina y del mundo, construido, como se ha indicado, gracias a un inédito contrato social. ¿Imperfecto?, claro que sí, como toda obra humana, pero perfectible y renovable de acuerdo a los tiempos que corren sin tanto sacrificio social; las bases del estado, a pesar de la galopante corrupción y de la pérdida de soberanía, todavía lucían estables para soportar cambios a favor de las grandes mayorías sin graves convulsiones. Pero la gula de una oligarquía insaciable no lo ha permitido. Lo dicho y lo deplorable: con la venia de una masa domesticada, según aserto de uno de los artífices de la erección de un estado socialista exitoso en medio de dictaduras y de países en cruentas guerras intestinas y bajo la constante amenaza del imperio del norte. Ese enroque ideológico y semántico produce grotescas caricaturas propagandistas afirmando, por ejemplo, que los últimos gobiernos neoliberales son conducidos por socialistas o comunistas. “Miente, miente, miente… que algo queda”.

*Escritor.

La vieja y la nueva derecha en la Torre de Babel

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (14).
Tercera época.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense.

La descomposición absoluta que muestra el sistema político y social imperante en este cambio de siglo, tanto como la inopia y la estulticia reinantes en materia de pensamiento y acción alcanzan también a la llamada derecha, o las derechas más diversas de nuestros países latinoamericanos, pues sucede que mientras sus pensadores y líderes más destacados han abandonado el escenario histórico sin que aparezca, por ningún lado, una generación de relevo que esté a la altura de los nuevos desafíos históricos, de suyo muy complejos.

Por otra parte, las derechas de raíz oligárquica, tan propias de esta parte del mundo sólo mostraron, a lo largo del siglo anterior, una vocación democrática de la boca para afuera, dado que consideran que sólo cuando ganan ellos no hay fraude electoral, por lo que han acudido a los golpes militares para desplazar a la izquierda y a la centroizquierda del poder, especialmente en los casos de los odiados peronismo argentino y varguismo brasileño (el de Getulio Vargas y sus seguidores Juscelino Kubitschek y Joao Goulart, que gobernaron después de su dramático deceso, ocurrido en 1954), más recientemente han acudido a los golpes parlamentarios y a los juicios políticos fraudulentos como cuando desplazaron del gobierno a la presidenta brasileña, Djilma Roussef, a mediados de 2016, acudiendo para ello a un montaje típicamente mafioso.

También en ese sector, de tendencia conservadora, y defensor en apariencia de un statu quo tan poco transparente e inescrutable, tanto que quienes lo componen no logran siquiera definirlo, dada su desesperación por liquidar el “estado social de derecho”, surgido al concluir la Segunda Guerra Mundial y preconizado por los Figueres Ferrer, Perón, Getulio Vargas, Árbenz, Batle y otros, dentro de un período que encarnó una disminución  importante de la pobreza, la miseria extrema y abrió enormes oportunidades de ascenso social a una población que hace un siglo carecía de ellas en países como Costa Rica, Uruguay, Argentina y Chile, acudiendo al fomento de la inversión pública y la redistribución del ingreso, por la vía de unas políticas que fomentaban los salarios crecientes y fortalecimiento del mercado interno, a la manera keynesiana-rooseveltiana.

Se puede decir que hoy nos encontramos con que el despliegue de una cierta dimensión sociológica, como aquella de la que nos hablaba don Alberto Cañas Escalante (1920-2014), hace ya algún tiempo, la que cobra plena vigencia en estos primeros años de la tercera década del nuevo siglo: la gradería de sol asaltó la cancha y una ruidosa chusma invadió la conducción política, especialmente en el campo de las llamadas derechas, en especial las de los falsos liberales y los falsos cristianos.

En vez de nutrir sus filas con lo que podríamos calificar como una intelectualidad propia del “antiguo régimen” han acudido a los remanentes de una vieja oligarquía, formados por gentes cada vez más incultas y obsesionadas con visiones meramente tecnocráticas de la realidad, en un extraño panorama que se vino desplegando una vez concluida la guerra fría entre los bloques encabezados por los Estados Unidos y la Unión Soviética, un hecho que para ciertos intelectuales de Washington marcaría el fin de la historia (Fukuyama, dixit) con la derrota del socialismo-comunismo no sólo en su versión soviética, china o trotskistizante, sino incluso en cuanto al fin paulatino de la socialdemocracia, cuyos partidos más representativos tanto en Europa como en América Latina se fueron corriendo hacia la derecha, con lo que dejaron abandonado a su suerte el estado social de derecho o welfare state, del que renegaron para adoptar los dogmas de un novísimo neoliberalismo, que como sabemos de liberal tiene muy poco. Los herederos de la socialdemocracia regional (PLN de Costa Rica incluido) perdieron su esencia aunque no quieren soltar la etiqueta, o franquicia electoral a la que han quedado reducidos, los beneficios que obtienen de ella les resultan muy apetecibles.

Más bien, en medio de ese arrebato neoliberal del cambio de siglo nos hemos encontrado con una chusma como la del fujimorismo en el caso del Perú, o la masa de falsos cristianos (neopentecostales) seguidores de Jair Bolsonaro en Brasil, hoy dedicado a acabar con los bosques de la Amazonía y las conquistas sociales de los trabajadores, campesinos e indígenas, pues esas son unas gentes que han empobrecido hasta límites insospechados y hasta ensombrecido los  escasos debates parlamentarios que todavía suelen darse en esos otros países. Es un populismo (en el mal sentido del término) inculto y vociferante que ha terminado por darle un marcado tono plebeyo a las filas de una ultraderecha emergente, desconcertada ante de los desafíos de sus contrapartes de una izquierda muy diversa. Tanto el fujimorismo como los restos del aprismo (el APRA un viejo partido histórico peruano que marcó la pauta de las aspiraciones de una izquierda democrática, durante la primera parte de los años treinta, pero que topó con una brutal oligarquía que les respondió fusilando a seis mil de los suyos en las ruinas de Chan Chan en el norte peruano, cuando se había consagrado a la organización reivindicativa de los trabajadores azucareros del departamento de La Libertad, es un partido que desde entonces ha venido girando, cada vez más hacia la derecha y hacia las prácticas gangsteriles) se han convertido en un puñado de grupos violentos, vociferantes que amenazan a un tímido intento de transformación social, como el emprendido por el profesor Pedro Castillo Terrones para revertir treinta años de saqueo de la economía nacional por parte de una mafia neoliberal.

Algunas damas de esa plebe derechista y reaccionaria, tales como cierta Patricia Chirinos, hija de un militante aprista y ligada a las prácticas mafiosas en el puerto de El Callao, contiguo a la metrópoli limeña y entrada desde el Pacífico, no sólo se han dedicado a satanizar y denostar a los políticos serranos de izquierda como Vladimir Cerrón, Guido Bellido y Pedro Castillo que le ganaron las elecciones generales del mes de junio pasado a las élites limeñas, encabezadas por la hija del dictador Alberto Fujimori, sino que ahora dicha señora pide el derrocamiento o vacancia del presidente Pedro Castillo…resultaba intolerable para esta gente, tan rancia como inculta, en el sentido más amplio del término, el sólo hecho de que el hijo de una mujer quechua, que sólo habla esa lengua ancestral de los Andes como Guido Bellido, se desempeñara como Primer Ministro y diera un mensaje en ese idioma tan importante en el Parlamento, o que un profesor primario de Cajamarca, cuya madre habla un castellano con ingredientes de la sintaxis del quechua de esa región, diciendo por ejemplo: “Yo soy su mamá de Pedro Castillo” los ha puesto a delirar, pues para la estrecha y autista visión de las élites (plebe fujimorista incluida) de la capital peruana esto es imposible de aceptar, ni siquiera en términos abstractos. Así están las cosas en estos países que formaron parte del imperio colonial español o del portugués (para el caso de Brasil) durante tres siglos. La derecha tampoco ha tomado nota de los desafíos del presente cambio de siglo.

UCR reitera su desacuerdo con el proyecto Ley Marco de empleo público

La UCR mantiene su posición de que las universidades públicas deben quedar fuera de este proyecto de ley. (Imagen: Andrea Jiménez)

Alejandra Amador Salazar, Periodista

Luego de analizar el texto sobre el Proyecto Ley Marco de empleo público dictaminado por la Comisión Permanente de Consultas de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) recomendó nuevamente no aprobar dicha propuesta debido a que mantiene muchos de los elementos que violentan la autonomía de las universidades públicas y la independencia de los poderes del Estado.

En el dictamen que la Institución enviará al Poder Legislativo, el Órgano Colegiado llama la atención sobre la manera tan básica en que el proyecto concibe la autonomía universitaria y sobre los planteamientos desarrollados por la misma Sala Constitucional que resultan contradictorios al artículo 84 de la Constitución Política.

Para la UCR, las modificaciones introducidas al texto no corrigen los vicios señalados por la Sala IV, sino que son una coletilla que no toma en cuenta el sistema completo, pues lo que hace es maquillar la propuesta original para decir que se adapta a las estipulaciones constitucionales sin realmente hacerlo.

Por otra parte, esta casa de estudios superiores señala que la iniciativa tiene implicaciones serias para las universidades públicas, ya que concibe dos categorías de contratación laboral: una que tiene fines protegidos constitucionalmente en sus actividades de docencia, investigación, extensión y acción social –a la que no se le aplicaría la futura ley–, y otra de personal administrativo y demás personas trabajadoras que sí se somete a las nuevas regulaciones y que quedaría expuesta a los vaivenes del Poder Ejecutivo.

Para el Consejo Universitario, el proyecto de empleo público tiene un objetivo de naturaleza financiera y de control del gasto en materia de remuneraciones, pero –solapadamente– también contiene una reforma del Estado no explicitada, discutida, ni decidida por la sociedad costarricense, cuando centraliza este tema en el Poder Ejecutivo y debilita las autonomías otorgadas constitucionalmente, lo cual lesiona un aspecto básico de la democracia costarricense como es la independencia de poderes.

Al mismo tiempo, la UCR indicó que, si bien es oportuno diseñar una legislación que permita a las instituciones estatales continuar fortaleciendo su eficacia, efectividad y eficiencia, en procura del bienestar de la población, ese objetivo es enemigo de la improvisación, el análisis superficial, la falta de rigurosidad científica y de estudios técnicos, así como de perspectivas cortoplacistas cimentadas en análisis económicos que acentúan la dinámica fiscal por sobre las complejas interrelaciones que caracterizan a las sociedades actuales.

Ejemplo de ello es la intención de unificar el sistema salarial del sector público sin que estén claros los aspectos metodológicos que contemplaría el establecimiento del salario global.

Finalmente, el Consejo Universitario llamó la atención sobre la cláusula de objeción de conciencia que todavía conserva el proyecto de ley y que para el ámbito universitario es inconveniente, porque la universidad pública debe posicionarse a la vanguardia en las reflexiones, nunca tener autorización para evadir el análisis crítico de las ideas y los sistemas de pensamiento o, peor aún, discriminar a las personas por causa de ellas.

Adicional a estos señalamientos, el criterio de la UCR contempla una serie de observaciones específicas y posibles formas de subsanar los inconvenientes que presenta el texto, en caso de que la Asamblea Legislativa insista en aprobar la iniciativa de ley.

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Tomado de: https://www.cu.ucr.ac.cr/inicio/noticias/noticia/Articulo/ucr-reitera-su-desacuerdo-con-el-proyecto-ley-marco-de-empleo-publico.html

El debate pendiente de las elecciones de 2022

Luis Fernando Astorga Gatjens

Es ya un lugar común decir que estas próximas elecciones serán las más atípicas de la historia, debido a una serie de causas y factores combinados. Observémoslos:

  • Se dan en medio de una pandemia que se ha convertido en un factor agravante de una crisis multidimensional, que el país ha venido acumulando a lo largo de varios lustros.
  • Se realizarán convocando a un electorado numerosamente apático que no ve un futuro claro y que ha acumulado la frustración de las promesas incumplidas por los gobernantes, ya sea desde Zapote o Cuesta de Moras.
  • Se desarrollarán con la mayor oferta de candidaturas a la presidencia y a diputados que registra la historia; lo que obliga al TSE a imprimir papeletas tan nutridas en nombres de partidos y colores de banderas, que muchos electores terminarán confundidos y empachados.
  • La atipicidad se muestra asimismo a que al llegar el 15 de noviembre (fecha en que escribo este artículo), la frialdad es lo que domina a sus anchas el escenario electoral. Pareciera que no estuvieran en el calendario nacional las que quizás deberían ser las más importantes elecciones en varias décadas.

Mientras tanto, el debate general que se expresa a través de los diversos escarceos e intercambios entre candidatos presidenciales, ya desarrollados o los que se avizoran para las próximas semanas, no tocan los temas que deben ser los más relevantes y claves de cara a las elecciones del año 2022: La gravedad y alcance de la crisis multi-dimensional, el deterioro del Estado Social de Derecho, sus causas reales y las propuestas de solución.

Emergen como grandes temas tópicos que, aun siendo importantes o de valor político, no pueden ser los que marquen el debate electoral. Muchos de ellos giran alrededor de las pifias y torpezas del gobierno de Carlos Alvarado; como por ejemplo la imposición vertical del código QR o la inclusión de preguntas impertinentes en las pruebas FARO.

Que se discuta alrededor de las acciones y omisiones de un gobierno desprestigiado y con la brújula hace tiempo extraviada, evidencia que el debate electoral sigue siendo tangencial; le hace falta profundidad y calado.

Un primer acercamiento a la causa de tal desenfoque se podría explicar por el hecho de que la profusa oferta de candidatos esté marcada por ambiciones personalistas con poco que ofrecer en propuestas programáticas. Cuando el país está urgido de estadistas lo que domina la escena son candidatos sin hondura de pensamiento y con trayectorias políticas y currículos que apenas les alcanzan para dirigir pequeñas instituciones públicas y algunos, ni para eso.

Sin embargo, tal perspectiva –aunque válida– no toca las causas más profundas de la superficialidad y aridez del debate político de cara a las elecciones de 2022. La crisis económica y social, previa a la pandemia, es la crisis de un modelo que fracasó, el modelo neoliberal que empezó a expresarse en la década de los ochenta del sigo anterior y que siguió con una zigzagueante agenda de declinación hasta el presente.

Lo que debía estar en el centro del debate es, ni más ni menos, el fracaso del modelo neoliberal que sustituyó los logros alcanzados por el Estado Social de Derecho, que Costa Rica construyó a partir de los años cuarenta del siglo XX, por números que muestran los alcances de una crisis multi-dimensional, que fija un horizonte sombrío al país si no se da el urgente cambio de rumbo requerido.

Tenemos por delante una grave situación de recaudación fiscal, con perdón de deudas a grandes “contribuyentes”, con cifras enormes en evasión y elusión fiscal, con grandes fortunas escondidas en paraísos fiscales como lo muestran los papeles de Panamá y de Pandora.

Enfrentamos sucesivos escándalos de corrupción que asocian delictivamente a empresarios privados y funcionarios públicos, que privan a las finanzas públicas de cuantiosas cifras. La “cochinilla” y el más reciente que involucra a varios alcaldes (“caso diamante”), son tan solo la punta del iceberg de casos de corrupción que, con certeza, todavía permanecen ocultos.

La crisis que amenaza a las finanzas de la CCSS –como lo demostró la comisión legislativa en su investigación–, no asegura el mejor porvenir al sistema de salud pública, que es un componente fundamental del erosionado Estado Social de Derecho y que ha sido positivamente determinante en el combate a la Covid-19.

Una educación pública en grave crisis, que lo que hace la pandemia es mostrarla en una dimensión que raya en el desastre y en la severa incompetencia de las autoridades educativas.

Un desempleo superior al 15 %, una de las tasas de desempleo juvenil más elevado de América Latina y una informalidad creciente, que esconde el enorme subempleo que enfrenta el país, son causas coadyuvantes de una pobreza que afecta a más de la cuarta parte de la población nacional.

Unas cifras de desigualdad social que involucionaron desde finales del siglo anterior hasta convertir a Costa Rica en el octavo país más desigual del mundo.

Este panorama desolador –económico y social—muestra al mismo tiempo la aguda crisis que enfrenta el país y nuestra sociedad, que ha sido agravada por la pandemia (nunca causada) y el fracaso de la propuesta neoliberal, a la que han echado mano sucesivos gobiernos del PLN, PUSC y PAC, y diputados de esos partidos y de otras facciones legislativas.

En otros países de la región se ha venido cuestionando el neoliberalismo como un sistema fracasado que ha servido para concentrar la riqueza, incrementar la desigualdad social y depredar el ambiente, pero aquí este cuestionamiento es casi inexistente. Incluso, para no ir más lejos, los rectores de las universidades públicas cuando visualizan a la Costa Rica del año 2050, no lo señalan como causa sustancial de los problemas que enfrenta el país. El cálculo político deriva en timidez conceptual.

Así las cosas, el debate político en Costa Rica sigue encapsulado en una pecera. Y eso se debe –en gran medida– a que los causantes y cómplices del fracaso neoliberal y, la subsecuente, erosión del Estado Social de Derecho, no van a ser autocríticos en sus errores y menos aún, cuando son directos beneficiarios de tales políticas. Tampoco la plutocracia va ser la propiciadora de ese imprescindible debate. Nunca ha sido patriótica y menos lo va a ser ahora. Sus medios informativos (impresos, televisivos, radiales y digitales) que han venido adormeciendo y distrayendo a la ciudadanía de mil maneras, no lo van a generar. Seguirán con los mismos juegos de distracción.

El debate político que debe darse no vendrá desde arriba. Tendrá que venir desde abajo, desde la indignación ciudadana que llegará el momento en que dejará de comer cuento y se movilizará exigiendo el cambio hacia un impostergable Estado Social y Ecológico de Derecho.

(15 de noviembre, 2021)