Área de Ciencias Sociales de la UCR invita al conversatorio “Alcances del dictamen de la Sala Constitucional: empleo público y Estado Social de Derecho”.
Se contará con la participación de:
El moderador será: Constantino Urcuyo Fournier.
Al parecer, la resolución de la Sala IV respecto del “Proyecto Ley Marco de Empleo Público” tuvo algo de “salomónica”. Por un lado, reafirmó el precepto constitucional y democrático de división de poderes, por lo tanto, salió en defensa del Estado de Derecho y la democracia como régimen jurídico. Y, por otro, legitimó la propuesta de un salario único sin pluses y limitó la negociación, vía convenciones colectivas, en esta materia, lo que implica en cierta forma apoyo a una política de salarios decrecientes en el sector público y, por consiguiente, un golpe al Estado Social.
Avance en materia de gestión democrática, un freno a los aires oligárquico-autoritarios del pluripartidismo neoliberal en alzada. Y retroceso en materia socio-laboral en un sector estratégico para el desarrollo del país, a pesar de que ha sido intensamente vilipendiado por parte de quienes solo ven virtudes en el sector privado y vicios y privilegios en el público, atendiendo a esa trillada lógica maniquea con la que la prensa y los “publicistas” del neoliberalismo han venido atizando el fuego de los odios entre ambos sectores.
Celebramos la decisión de la Sala IV porque significa ponerle límites a una clase política que, como bien señala Marcos Roitman, al igual que “los hacedores del capitalismo transnacional rechazan los valores democráticos. Pero como creadores de la nueva derecha y seguidores del fascismo societal se manifiestan en fervientes defensores de la idea de progreso a favor de la economía de mercado, de la propiedad privada y del beneficio personal […] Sus ideas no se encuentran en la cruz gamada o en las camisas negras, las defienden los representantes de los organismos internacionales del FMI. El Banco Mundial, La OMC y de los gobiernos conservadores, neoliberales o defensores de la economía de mercado en sus versiones progresistas y socialdemócratas” (Roitman, Marcos (2007) Democracia sin demócratas y otras invenciones. Madrid, Ediciones sequitur, p.94).
Efectivamente, lleva razón el autor citado al calificar de “fascismo societal” a este conjunto de ideas y acciones políticas que vienen impulsando las nuevas fuerzas políticas, que se visten de progresistas y socialdemócratas, pero que en lo esencial son portadoras de un proyecto conservador cuya meta es desmantelar el Estado Social de Derecho, para favorecer a los grandes intereses empresariales y financieros nacionales y extranjeros.
Con gran acierto, el movimiento sindical ha convocado a un “Encuentro Nacional por la defensa del Estado Social de Derecho”. El país se encuentra en la encrucijada entre retroceder a la Constitución Liberal de 1871 o defender el Estado Social de Derecho de la Constitución vigente de 1949. Definitivamente, llegó la hora de demandar a los poderes del Estado actuar en consecuencia con los preceptos constitucionales que abogan por una repartición equitativa de la riqueza, la defensa y el respeto de los derechos humanos, así como la salvaguarda de la división e independencia de los poderes de la república.
NO al Estado Asocial sin Derecho de las fuerzas políticas del autoritarismo antidemocrático y SÍ al Estado Social de Derecho de las fuerzas sociales de la dignidad y la solidaridad.
Nota de redacción: En la foto de cabecera se aprecia una vista parcial del Encuentro Nacional por la Defensa del Estado Social de Derecho realizado este martes 3 de agosto, en el Centro Internacional de Convenciones de la ANDE. Asistieron más de cien personas de organizaciones sociales y sindicales.
Por Luis Paulino Vargas Solís
La resolución de la Sala Constitucional -al menos el “por tanto” que se dio a conocer- tiene claros y oscuros, no obstante lo cual, hay en un punto en el cual fue absolutamente contundente: de parte del presidente Carlos Alvarado, de su subalterna la ministra Pilar Garrido, y de una amplia mayoría de diputados y diputadas, ha habido una actitud de abierto e indisimulado irrespeto a la Constitución de la República, como al mismo tiempo se puso en evidencia que estos señores y señoras, desconocen flagrantemente, o en todo caso no les importa un rábano, algunos de los principios más fundamentales en que se asienta la democracia y el Estado de derecho.
Muchas veces, muchas personas se los advertimos, en todos los tonos y de todas las formas posibles. Inútilmente, como es evidente.
De forma deliberada, y con absoluta alevosía y mala intención, se ha intentado pisotear la Constitución, borrar de un plumazo algunos de los principios filosóficos y doctrinarios más importantes que inspiraron a la Asamblea Constituyente de 1949, y, con ello, no solo socavar el Estado de derecho, sino torpedear principios tan básicos como el de la división de poderes, sin el cual la democracia no tiene sentido.
Carlos Alvarado como los diputados y diputadas, violentan así su juramento de respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes, y violentan también el mandato que, en ese mismo sentido, recibieron del pueblo costarricense.
Todo esto es extremadamente grave, quizá mucho más grave que el peor escándalo de corrupción que hemos visto en los últimos tiempos.
Publicado en https://www.facebook.com/1472773056278453/posts/2775957075960038/ y compartido con SURCOS por el autor.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Recientemente, justo en medio de una discusión acalorada acerca de la representación de la mujer deportista y su invisibilización por la narrativa hegemónica masculina a propósito de las Juegos Olímpicos desarrollados en Japón, fueron anunciadas en Costa Rica 14 mujeres como Beneméritas de la patria.
Representantes de distintos campos y actividades políticas, sociales y culturales, son quizá un punto distante en una sociedad que todavía hoy discute el tipo de vestimenta que una mujer debe llevar en una actividad deportiva o si es bueno para el espectáculo industrial del entrenamiento que mujeres deportistas de élite muestren su humanidad, su miedo, su incertidumbre por encima de la disciplina que realizan y las obliga a la perfección constante.
El anuncio de las 14 mujeres Beneméritas prácticamente pasó desapercibido en el medio nacional salvo algunas consideraciones vertidas en redes sociales a favor y en contra acerca de sus logros y sus biografías. Confieso que, en estos tiempos, escuchar algunos nombres incluidos en una lista así, me llena de satisfacción por lo que hicieron, lo que aportaron en sus luchas personales y colectivas, por su trabajo incansable, por lo que significan en una sociedad como esta.
Quisiera recordar en esta oportunidad un breve pasaje compartido, para mi dicha, con una de ellas. Para presentarla me valgo de la querida poeta costarricense María Montero que la resume así:
“Soy la gran Virginia Grütter, ¿la recuerdas?
la que escupe tabaco en las esquinas
y está ronca de pegar gritos
y camina como una estela pintarrajeada y tambaleante”
Exactamente ese esencia del personaje, como se suele decir en las artes escénicas respecto a la construcción del papel de parte de quienes les interpretan, es lo que guardo en mi memoria como resultado de ese breve encuentro con la gran Virginia, esa poeta y actriz descomunal de nuestra historia artística.
Era octubre de 1991. La fecha no tendría nada de especial si no contextualizamos y la ubicamos en la gran jornada que librábamos entonces las cuatro universidades públicas por defender nuestro presupuesto.
Eran otros tiempos. Eran los primeros años de fiereza neoliberal en Costa Rica y a un Ministro de Hacienda, fiel representante del monetarismo y las ideas sobre la reducción del Estado (de esos abundan ahora y siguen estando en los poderes Ejecutivo y Legislativo, por cierto) se le ocurrió la genial idea de meterse con las universidades públicas. Y nos encontró. Vaya que nos encontró.
Ahí nos tuvo en las calles de San José por varias semanas. Cerca de 20.000 universitarias y universitarios le hacíamos visitas diarias a sus oficinas ubicadas en las inmediaciones del Hospital San Juan de Dios. Eran marchas multitudinarias, alegres, artísticas por toda la ciudad capital. Que lograron al menos contrastar, retrasar con mística, el gran músculo del pensamiento economicista en boga.
Por aquellos días, en la vieja Facultad de Ciencias Sociales de la UCR, instalamos un “comando de lucha”: La Radio 24 de Abril sonaba desde el 4 piso, ubicada en los ventanales de las asociaciones estudiantiles. Desde allí se informaba a la comunidad universitaria el curso de los acontecimientos. Las aulas se convirtieron en talleres de confección de mantas, pancartas, consignas. A la entrada del edificio, una tarima convocaba tanto discursos políticos como propuestas de arte, de toda expresión posible.
Cerca de esa tarima, una tarde de octubre de 1991, esa estela de pintorrejeos y voz profunda se acercó para solicitarme un cigarro y café. Los conseguí en el acto. Sus risas rebeldes de esa tarde y su rostro ya curtido me han acompañado todos estos años, desde entonces, en mis recuerdos sobre mis primeras intromisiones en varias luchas que he acompañado.
Termina mi querida María su texto:
Soy yo
la del cuerpo grabado en la piedra
la que consume sus ojos en la arena
la que ya no puede hablar de amor tan fácilmente.
La Grütter, como el medio literario y cierto sector político la llama familiarmente, acaba de ser condecorada por un país que se está quedando sin memoria. Hoy, Virginia, más allá de tu benemeritazgo que obligará a las nuevas generaciones a conocerte, las luchas continúan aún más fuertes contra esto que ya no no solo es fiera sino torbellino insaciable por terminar con todo lo que del Estado Social se encuentre a su paso. Universidades públicas incluidas.
Más allá del merecido reconocimiento estatal a Virginia Grütter, permanecen intactas otras formas de aprender de sus luchas personales, buscando, encontrando, liberando. Ese personaje, tantas veces encarnado en su vida como si fuera una puesta teatral en la que participara como actriz principal, es el que devela su anchísima estatura a la vuelta de los años.
Me quedo con el recuerdo de esa tarde de octubre. Me quedo con su vozarrón fuerte, su carcajada insolente, su alma profundamente maquillada por la ternura y la permanente vocación de rebeldía y de lucha, la igualdad, la apuesta por la cultura. Dice Jenny, mi compañera de vida, que recuerda haberla escuchado en esa tarde invitarme a su casa a leer poesía. Ahora, a la vuelta del tiempo, con toda seguridad le hubiera aceptado la invitación. Y mucho café.
Benemérita, pero sobre todo la Grütter. ¿Cómo no despedir este recuerdo con uno de los textos más evocadores de su biografía?
Tú llegarás oliendo a madrugada
a musgo y a camino.
Traerás aún hojas desconocidas
enredadas al pelo
y no estarás cansado.
Pero yo besaré
tus ojos de cóndor
hasta secar la última lágrima,
la última gota de sangre,
y con ramos de veranera y de bellísima
limpiaré la pólvora
que aún quede entre tus manos.
Imagen: http://www.antoniomiranda.com.br/iberoamerica/costa_rica/virginia_grutter.html
SURCOS comparte el documento con la resolución de la Sala Constitucional en relación con las consultas presentadas en torno al Proyecto de Ley de Empleo Público. Asimismo compartimos las declaraciones del presidente del alto tribunal.
El documento de 20 páginas indica en su presentación:
«La Sala Constitucional, después de una larga deliberación que se prolongó durante seis días en doble audiencia, y en sesión extraordinaria este sábado 31 de julio, resolvió dentro del plazo establecido por ley, las consultas legislativas formuladas por un grupo de diputados y diputadas sobre el proyecto de ley de empleo público».
Puede leerlo en línea en el siguiente enlace:
El proyecto de Ley del PUSC (expediente N° 21.522) para condonar deudas con la CCSS de patronos y trabajadores independientes sigue ganando adeptos, ya no solo levantaron la mano a favor el PLN, PAC y PRN, sino que hasta el presidente Alvarado (Ver [1]). ¿Quién levanta la mano para que el Estado le pague a la CCSS la deuda de ₡8 billones? ¿Los diputados? ¿El presidente? Sobre el deber del Presidente de la República de hacer cumplir las leyes nuestra carta magna dice lo siguiente: “ARTÍCULO 140.- Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno: (…) 3) Sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su exacto cumplimiento” (Destacado no es del original).
¿Y qué hace al respecto la Asamblea Legislativa? ¿Exigirá “los presupuestos ordinarios y extraordinarios” que necesita la CCSS para evitar la quiebra del régimen de pensiones, como ordena el numeral 11) del artículo 121 constitucional? ¿Recurrirá a “formular interpelaciones a los Ministros de Gobierno (…), cuando a juicio de la Asamblea fueren culpables de actos inconstitucionales o ilegales, o de errores graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses públicos”? Como dice el numeral 24) constitucional, ¿no es evidente el perjuicio al interés público? ¿Los servicios y las pensiones de la CCSS no son del interés público?
El proyecto del diputado Pedro Muñoz es pura sinvergüenzada. Si quieren hacerle un favor a la CCSS deben archivarlo y promulgar una ley con seriedad, que tenga algún sentido lógico y técnico, libre de influencias e intereses politiqueros. Si alguien le quiere entrar, debería considerar al menos lo siguiente:
Cuadro 1
Nota: Adicionalmente el Estado contribuirá un 0.25% en salud y pensiones.
Ahora bien, si los diputados y el Presidente quieren seguir con el mismo proyectito actual sin resolver el problema de fondo, lo menos que podrían hacer es trasladar al Estado la obligación de cancelar a la CCSS las deudas, multas e intereses que piensan perdonar a patronos y trabajadores independientes, pues el Estado es el responsable en última instancia y era lo que estaba vigente antes de la torta de 2007; además, este problema se lo buscaron los administradores de la CCSS y los gobiernos por tomar decisiones que no se apegan a la Ley, ni a la técnica. No es un asunto de pandemia, el chorizo fue adobado por los políticos desde el año 2007.
De continuar con el malévolo proyecto de Pedro Muñoz y compañía al menos vamos a ver a varios de los diputados que le tienen el perro amarrado a la CCSS recusándose de votar el proyecto de ley y de opinar sobre el mismo. Por fortuna el artículo 112 constitucional establece: “Los diputados cumplirán con el deber de probidad. La violación de ese deber producirá la pérdida de la credencial de diputado, en los casos y de acuerdo con los procedimientos que establezca una ley que se aprobará por dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa.” ¿Será la Ley 8422? ¿Lo cumplirán? ¿Darán el ejemplo los diputados correspondientes?
La CCSS tiene un serio problema actuarial y financiero con varios grupos de asegurados (independientes, voluntarios, por convenio y parte del privado). De no ponérsele atención no solo sufrirán estos sectores, sino también los asegurados asalariados y los que se encuentran en otras modalidades de aseguramiento, incluyendo a los no asegurados. Es decir, todos los seguros y servicios de la CCSS. Los diputados deberían enfocarse en estos problemas de fondo, en lugar de buscar como joder más a la CCSS.
En el año 2019 cotizaron para IVM 1,417,900 personas (Ver Cuadro 2). De estas un 29.3% o 489,172 corresponden a aseguramiento con ingresos cotizables inferiores al salario mínimo legal de ₡320,000, precisamente porque la Junta Directiva de la CCSS mantiene la base mínima contributiva baja para no hacerle una factura importante al Estado, ya que en la mayoría de estos casos al Estado le corresponde una tasa de aporte mayor; es decir, debería en teoría aportar más; pero le reducen el monto de la factura gracias a favores.
Cuadro 2. Asegurados cotizantes de IVM en 2019
Los bajos niveles de salario o ingreso cotizable que se observan en el Cuadro 3, incluyendo a un importante grupo de trabajadores del sector privado, deben llamar a la reflexión. Esto por cuanto no tienen suficiente correspondencia con los costos de los beneficios que deben otorgarse y al final de cuentas estas personas resultan perjudicadas, porque tendrán una pensión mínima, la cual también es mantenida baja por los políticos.
Cuadro 3. Distribución de cotizantes de IVM según rango de salario cotizado – año 2019
Gráfico 1
El “sector” en los datos de los cuadros anteriores corresponde al que tenía el trabajador cuando aportó la última cuota, en 2019 o antes, según datos proporcionados por la Gerencia de Pensiones. Es notorio que en la empresa privada prefieren trabajadores jóvenes, lo cual presiona a los otros sectores (Ver Gráfico 1). Los cotizantes voluntarios están haciendo su esfuerzo para tener una pensión, lo cual es importante; pero a la vez una llamada de atención por el nivel de los beneficios y la reducción del aporte estatal. El sector de trabajadores independientes también viene cobrando fuerza. Los datos del Gráfico 2 lo conforman.
Gráfico 2
En definitiva, el IVM continuará aumentando la cantidad de pensionados al igual que sus deficiencias financieras y de gestión, mientras que los diputados se esfuerzan por ponerle piedras en el camino para llevar agua a sus molinos. La deuda con la CCSS continuará como un asunto de poco o ningún interés público y no veo a los directivos de la institución exigiendo al gobierno que pague la deuda.
Foto Semanario Universidad.
Rodrigo Arias López. Actuario Matemático
Más estafas “legales” contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Proyecto del PUSC avalado por PLN, PAC y PRN pide garrote para la insigne institución.
Se tramita en la corriente legislativa un proyecto de Ley bajo el expediente 21.522 “AMNISTÍA PARA LA FORMALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS CARGAS SOCIALES” presentado por los diputados del PUSC, entre ellos Pedro Miguel Muñoz Fonseca, el 31 de julio de 2019, el cual pretende condonar deudas a patronos y trabajadores independientes con la CCSS y las cuentas individuales que los trabajadores tienen en el Régimen Obligatorio de Pensiones y el Fondo de Capitalización Laboral creados por la Ley de Protección al Trabajador N° 7983. (Ver https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2021/07/EXPEDIENTE-N.°-21.522.pdf).
Preocupa no solo la afectación que tendrá la CCSS, sus asegurados y los trabajadores con cuentas individuales obligatorias, sino también el desestimulo y el mensaje erróneo que le envían a los patronos y trabajadores independientes honrados que pagan puntualmente sus obligaciones con la seguridad social. Sin embargo, como veremos más adelante, los trabajadores independientes y sus seguros en la CCSS requieren de una solución urgente. La motivación del proyecto es deficiente y no presenta los datos completos de la morosidad con la CCSS y nada sobre la morosidad con la Ley N° 7983. Únicamente dice “Al 31 de mayo de 2019, existen 15.553 patronos activos que adeudan a la institución ₡71.445 millones, monto que no incluye los intereses, multas y sanciones”, lo cual, como veremos, oculta la realidad.
Recientemente el diputado Pedro Muñoz -cacique del PUSC- presentó un texto sustituto del proyecto 21.522, en el cual excluye las condonaciones de adeudos a las cuentas individuales (Ley 7983; a lo mejor doña Rocío Aguilar Montoya hizo lobby!), a cambio de condonaciones de rubros en mora con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Instituto Nacional de Aprendizaje y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (Ver http://www.masterlex.com/descargas/PuntoJuridico/2021/Junio/Texto_sustitutivo_Condonacion_CCSS.pdf). Como dice el dicho, el hilo se revienta por la parte más delgada, a pesar de que se autodenominan “socialcristianos”. Después los veremos con el puñal escondido pidiendo el voto a los más pobres. La nueva versión “fue votada por nueve legisladores de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Acción Ciudadana (PAC), Restauración Nacional (PRN) y el diputado independiente Erick Rodríguez”, informa La Extra (https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/451968/avanza-amnist-a-para-trabajadores-independientes-). Para fortuna del PUSC ya no estará solo escondiendo el puñal cuando esté buscando el apoyo popular el próximo año. Por supuesto que los jerarcas de la CCSS hacen la pantomima o el show de que se oponen al mismo (https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/caja-se-opone-a-condonar-deudas/). Saben que con eso ganan publicidad gratuita. ¿Quién le creerá a Macaya lo que dice en esa publicación, cuando el desvío de fondos y los maquillajes actuariales son lo cotidiano que ocurre en la CCSS, con la bendición de él y de la Junta Directiva de esa institución?:
“Tiene que ser un pragmatismo legalmente sustentado, constitucionalmente sustentado, económicamente sustentado y actuarialmente sustentado. Todos esos filtros son los que tienen que considerarse a la hora de cualquier iniciativa, en este caso condonar o crear una amnistía”. “Ahí es donde la Junta Directiva, principalmente porque está violando el artículo 73, que le asigna exclusivamente a la institución el gobierno de esos seguros sociales, acordó oponernos al proyecto tal y como está”, dice Macaya en esa fuente.
¿Será que la cantidad de filtros que tienen la Constitución y las leyes actuales sobre el seguro social y la seguridad social no le permiten a Macaya y demás autoridades y Directivos de la CCSS ver lo que en ellas dice? ¿O será que la Constitución y las leyes actuales no tienen los filtros que Macaya exige? ¿O sería que a Macaya lo asesoró el nuevo trío “López, Picado, Alfaro” que asesoró a doña Rocío Sáenz pocos años atrás? En la época de doña Ileana Balmaceda -cuando quebraron el seguro de salud- el trío era distinto (era el trío “López, Guardia, González”); el nuevo trío tiene dos miembros renovados, con más músculo, bendición y poder para que todo sea como Macaya lo exige, con “pragmatismo legalmente sustentado, constitucionalmente sustentado, económicamente sustentado y actuarialmente sustentado”. Los tres componentes idóneos: el jurídico, el financiero-económico y el actuarial. Por eso en el nuevo trío un miembro -el de mayor experiencia- domina la técnica actuarial al dedillo y es capaz de encontrar superávits donde hay pérdidas, otro maneja con gran sabiduría, rentabilidad y seguridad la platilla que aún le queda a la CCSS, en particular, el anémico IVM, su gran experiencia mató la necesidad de exigirle un título de maestría para nombrarlo en el puesto, por lo que ese requisito se cambió a “deseable” como antiguos y viejos conocidos ¿quién lo cambió?, y el tercero es experto en ciencias jurídicas para que le diga al oído al resto del equipo -incluido Macaya y los 8 caballeros y damas restantes de Junta Directiva- lo que es justo, legal y lo que no; también cuenta con gran experiencia. Si así fue, sin duda que Macaya y compañia está en todas como decimos los Ticos ¿Quién pondría en duda la experiencia, formación profesional y la ética de este RENOVADO Y FORATELECIDO trío? Aunque no faltaría quien lo dude y diga: “pobre el IVM y sus asegurados, lo que les espera”.
La cifra de ₡71.445 millones de morosidad patronal que menciona Pedro Muñoz en su proyecto, no solo está desactualizada, sino que oculta la verdad a la sociedad. El monto de la deuda morosa con la CCSS al año 2020 asciende a casi ₡840 mil millones, sin incluir la deuda estatal; pero recordemos que los miembros de la Junta Directiva de la CCSS, como son super cuates, compadres y camaradas de los otros políticos de Zapote y Hacienda, le tienen contabilizada al Estado una deuda bien bajita de solamente ₡2.2 billones. Más de la mitad de esos ₡840 mil millones corresponden a casos inactivos, muchos de los cuales son pura sinvergüenzada para no honrar las obligaciones. (Ver el Cuadro 1).
En https://www.elpais.cr/2020/02/05/ccss-rechaza-proyecto-legislativo-de-amnistia-para-recaudar-cargas-sociales/ se informa: “Luis Diego Calderón, Gerente Financiero de la Caja respondió que el dato histórico en el sector patronal es de cerca de 250 mil millones de colones, que de estos 76 mil millones corresponden a patronos activos y el monto restante corresponde a patronos inactivos, la estimación de lo adeudado representa menos del uno por ciento de la facturación de la Caja al año”, por lo que al comparar esas cifras con las del Cuadro 1 -suministradas por la CCSS a FECTASALUD y ANEP- se observa que presuntamente no se ajustan a la verdad completa; además de que el Gerente minimiza su importancia al decir “representa menos del uno por ciento”.
El proyecto de ley de Pedro (ahora del PUSC, PLN, PAC, PRN y Erick Rodríguez) no solo es omiso en mostrar la información sobre morosidad de los patronos y trabajadores independientes inactivos, sino que omite la morosidad superior a los ₡281 mil millones que tienen los trabajadores independientes y el análisis de las causas fundamentales por las cuales esta morosidad es tan elevada en este sector de trabajadores.
Sin lugar a dudas los gobiernos y las autoridades de la CCSS, principalmente la Junta Directiva, son los responsables directos de la situación preocupante que afronta, no solo este sector de trabajadores independientes, sino los regímenes de salud y pensiones que se han visto afectados por la irresponsabilidad de algunos funcionarios públicos a quienes no les importa el futuro de los trabajadores, sean asalariados o no asalariados, como lo he venido mostrando y seguiremos viendo.
La Ley 7983 dispuso en su transitorio XVIII lo siguiente: “La Caja formulará dentro de los seis meses siguientes, contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley, un plan de universalización de la cobertura del seguro social, en el que deberá establecer un cronograma con objetivos anuales cuantificables que deberán ser verificados y evaluados por el Sistema Nacional de Evaluación, del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.” ¿Dónde están esos planes de la CCSS y las evaluaciones del ministerio candidato a Mega Ministerio? ¿Alguien los conoce para que me los muestre? Y si eso no existe ¿cómo iban a lograr la universalización de los seguros a los trabajadores independientes, ordenada en el Transitorio XII de esa misma ley? La respuesta los políticos la tenían clara, seguir desviando fondos de los trabajadores asalariados, tal como lo he venido mostrando.
Precisamente la Ley 7983 dispuso en el artículo 78 fondos adicionales para financiar dicha universalización (el seguro para los independientes). Pero ¿recuerdan lo que sucedió con esos recursos? ¿Le llegaron a la CCSS? ¿Le llegan hoy completos a la CCSS?: “Recursos para el fortalecimiento del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte Se establece una contribución del quince por ciento (15%) de las utilidades netas de las empresas públicas del Estado, se encuentren en régimen de competencia o no. Lo anterior, calculado de conformidad con los estados financieros auditados anualmente, con el propósito de fortalecer el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en cuanto a su financiamiento y para universalizar la cobertura de la CCSS a los sectores de trabajadores no asalariados en condiciones de pobreza” dice el garroteado artículo 78. ¡Viva Maripepa! Recuerden que la vedette quería ser primera dama en Tiquicia, lo que atrajo la atención de los medios mucho más que los dineros que le esconden a la Caja.
La misma ley adicionó al artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS N° 17 el párrafo siguiente -por aquello de que los recursos del artículo 78 no fueran suficientes-: “Corresponderá al Ministro de Hacienda la obligación de presupuestar, anualmente, las rentas suficientes que garanticen la universalización de los seguros sociales y ordenar, en todo caso, el pago efectivo y completo de las contribuciones adeudadas a la Caja por el Estado, como tal y como patrono. El incumplimiento de cualquiera de estos deberes acarreará en su contra las responsabilidades de ley. Penalmente esta conducta será sancionada con la pena prevista en el artículo 330 del Código Penal.” ¿Dónde están esos dineros? ¿Qué hizo la Junta Directiva de la CCSS para tener esos fondos? ¿Quién está en la cárcel? ¿Dónde está el Ministerio Público defendiendo a los asegurados? ¿Qué hacen la Contraloría General de la Repúblicas y las Auditorías Internas? ¿Y los diputados, al menos uno de los 57? Bueno, para ser honrado, reconozco el esfuerzo del diputado José María Villalta, no solo con esos fondos del artículo 78, sino también por la recuperación -en alas de cucaracha- de aquel mega chorizo del artículo 9 de la Ley 7374, superior a los ₡6 billones que obviamente no aparecen como deuda estatal en los estados financieros avalados por la Junta Directiva de la CCSS -solo los ₡2,2 billoncillos-. ¡Así es el trato entre compadres, no faltaba más! Por mera “coincidencia” ese texto adicionado al artículo 74 de la Ley 17 se parece al texto del artículo 9 de la Ley 7374. El texto más reciente supera al más antiguo principalmente porque “amenaza con cárcel”, por lo que seguro de ahí saldrá un mega salchichón mayor que el mega chorizo de ₡6 billones que nació del artículo 9 de la Ley 7374. Cuando alguien lo intente medir seguro no va a poder porque estará demasiado hediondo.
La Ley 7983 también agregó al artículo 3 de la Ley 17 lo siguiente: “Para los trabajadores independientes cuyo ingreso neto sea inferior al salario mínimo legal y que soliciten su afiliación al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, la cuota del Estado se incrementará con el fin de subsanar parcialmente la ausencia de la cuota patronal. Para tales efectos, se creará un programa especial permanente a cargo del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares”. ¿Qué hizo al respecto la Junta Directiva de la CCSS? ¿Alguien sabe cuándo crearon el “programa”? ¿Quién lo creó, los diputados? No lo localizo.
Y para cerrar con boche de oro la misma Ley 7983 le adicionó el siguiente texto al artículo 1 de la Ley N° 17: “La institución creada para aplicar los seguros sociales obligatorios se llamará Caja Costarricense de Seguro Social y, para los efectos de esta ley y sus reglamentos, CAJA. “La Caja es una institución autónoma a la cual le corresponde el gobierno y la administración de los seguros sociales. Los fondos y las reservas de estos seguros no podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas de las que motivaron su creación. Esto último se prohíbe expresamente.” Es decir, le ordena a la CCSS no usar las cuotas de los asalariados para esa universalización del seguro al sector no asalariado. No obstante, los miembros de la Junta Directiva de la CCSS parece que padecían o aún padecen dislexia, pues leyeron que los autorizaban a desviar fondos de las cuotas aportadas por los patronos y por los trabajadores asalariados, como ya lo venían haciendo desde antes del año 2000. Como tantearon que los trabajadores asalariados aguantaban o no sabían que les desviaban aportes, en el año 2007 la Junta Directiva de la CCSS aumentó las cuotas a los trabajadores independientes a tal grado que los asfixió, le quitó responsabilidades al Estado y dejó la base mínima contributiva lo más bajita que pudo para que los favores a los gobiernos fueran bien altos, creyendo los miembros de esa Junta Directiva que el Estado era lo mismo que el Consejo de Gobierno que los nombra cada cuatro años. ¡Muy agradecidos los compadres!
Regresando al proyecto de Pedro ¿será que los diputados del PUSC -acuerpados ahora por otros partidos- realmente están pensando en ayudarle a los patronos y trabajadores independientes que por las malas decisiones de los políticos incluidos ellos, están hoy en una situación muy complicada, o será que desean ayudarle a grupos poderosos de ambos sectores? La respuesta a esta interrogante no está disponible, habría que preguntarle a Pedro y compañía; sin embargo, algunos datos ponen a meditar a medio mundo. Según la información proporcionada por la CCSS para construir el Cuadro 1, existen al menos 38 patronos que le adeudan a esa institución ₡35,985 millones en forma conjunta. La deuda individual de cada uno varía desde los ₡500 millones hasta los ₡3,461 millones. Diez de ellos adeudan cada uno más de ₡1,000 millones. Algunos ya cerraron la empresa. Veinte trabajadores independientes tienen deudas con la CCSS que varían de los ₡100 millones hasta los ₡319 millones y una deuda total de ₡2,867 millones, sin descartar que estos montos estén más que duplicados por las escalas aprobadas en el año 2007. Me pregunto si Pedro Muñoz estará al tanto de ello o si solicitará a la CCSS que le aporte la información completa y detallada, incluyendo multas e intereses, nombres, apellidos, cédulas físicas y jurídicas. ¿Publicará Pedrito esos datos en los medios?
Supongamos que el proyecto de Pedro es aprobado -espero que no-. ¿Quién tapará el hueco que quedaría en las finanzas de la CCSS -salud y pensiones- por esa creación o maquillaje de los políticos de la CCSS y los gobiernos iniciada en el año 2000 con la Ley 7983? Los asalariados obviamente. El proyecto de reforma a IVM les quedará como anillo al dedo; más adelante doña Rocío Aguilar Montoya les ofrecerá una atractiva cuenta individual. Unas décadas después llamarán al cierre del IVM y posteriormente la CCSS.
¿Qué dice el máximo órgano constitucional sobre el desvío de fondos de los seguros sociales en la CCSS? Es un asunto que no les compete, sentenció hace una década el máximo órgano (Ver [1] y [2]):
“No le compete a esta Sala revisar si lo actuado por las autoridades accionadas se ajusta o no a la normativa legal vigente, labor propia de la vía común -administrativa o jurisdiccional-, ya que esta Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración. Por ello, deberá la parte recurrente plantear su inconformidad o reclamo ante la autoridad recurrida o en la vía jurisdiccional competente, vías en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, el recurso es inadmisible y así se declara”.
Chistosamente los juristas me mandaron a la CCSS -la autoridad recurrida- la que desvía los fondos . Más adelante les contaré lo que sucedió cuando se lo envié a la Fiscala General doña Emilia Navas Aparicio, cuando movía las redes sociales de la esperanza.
¿Qué dice la Sala sobre estos maquillajes de la Junta Directiva de la CCSS y los gobiernos iniciada contra los trabajadores independientes en el año 2007 y las omisiones o el incumplimiento de partes fundamentales de la Ley 7983 indicadas anteriormente? Nada aún, a pesar de que desde el año 2017 tienen en el escritorio una acción de inconstitucionalidad durmiendo el sueño de los justos. Ni la misma Procuraduría General de la República (PGR) -siendo abogado del Estado- se pudo tragar el cuento. ¡Me pregunto si don Gilberth Alfaro Morales observó pasar el ELEFANTE, o si será que forma parte del grupo de los camaradas y compadres!. La PGR concluyó (Ver [3]):
“CONCLUSIÓN. En virtud de lo expuesto, se concluye que los acuerdos impugnados, dictados por la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, son parcialmente inconstitucionales en cuanto han creado una escala contributiva que exime al Estado de contribuir, para efectos de ajustar la ausencia de la cuota patronal, con el seguro social de los Trabajadores Independientes de mayor ingreso, específicamente aquellos ubicados en las categorías 4 y 5, lo cual violenta los principios constitucionales de razonabilidad, solidaridad social, justicia social y igualdad. ” (Destacados no son del original)
Aunque me temo que el asunto es más serio que eso. Posiblemente los magistrados y magistradas de la Sala Constitucional están muy tranquilos y frescos en el fondo de pensiones al que ellos pertenecen, que si es el del Poder Judicial se financia con una cuota que es casi tres veces la que la Junta Directiva de la CCSS le traslada a IVM, muy flaquita debido al 7,5% sobre los salarios que le desvían desde hace décadas. Presuntamente más tranquilos estarán los llamados a “impartir justicia” sabiendo que si suben la cuota del Estado en IVM también sube la cuota del 29% que se cotiza para el Fondo de Pensiones del Poder Judicial. ¿Quiénes pagan la cuota del 29% sobre los salarios de ese fondo de pensiones? Hasta los más pobres de Costa Rica con los impuestos que recauda el Gobierno y por supuesto todos los cotizantes de IVM que ahora quieren leñatear.
[1] https://drive.google.com/file/d/14RXzD83l6G8JzqzEnF93P52gxZUsTWdv/view?usp=sharing
[2] https://drive.google.com/file/d/1KJudBrL0vjDq18CM0eyVjLGjFo3WdKa1/view?usp=sharing
El Consejo Superior Estudiantil, en conjunto con las representaciones estudiantiles en el Consejo Universitario de la UCR, ha convocado a una manifestación en contra del proyecto de Ley marco de empleo público, recientemente aprobado en primer debate. Esta se llevará a cabo a partir de las 10:00 a.m. en la Plaza de la Cultura el lunes 28 de junio de 2021.
El rector da permiso para que los estudiantes asistan, y reitera el llamado a participar activamente en la discusión sobre el proyecto de ley y sus implicaciones con el Estado Social de Derecho. Se insta al cuerpo docente a compartir la información con sus estudiantes y hacerles partícipes de esta discusión.
Con este nombre se ha anunciado la participación de dos partidos políticos, Alianza Demócrata Cristiana y el Liberal Progresista, que se presentarán unidos, bajo la forma de una coalición, que llevará el nombre de COALICIÓN PARA EL CAMBIO, con una bandera combinada con los colores azul y anaranjado.
Las coaliciones políticas son una oportunidad que brinda la legislación electoral para que dos o más partidos puedan unirse, sin perder cada uno su identidad, en una tercera opción con otro nombre, como en este caso “Coalición para el Cambio”.
Es una manera de unir fuerzas electorales, por pequeñas que sean, para mejores opciones de participación y de ganar procesos electorales, como ha sucedido en tres ocasiones en el país, en 1958, cuando triunfó Mario Echandi Jiménez, en 1966, cuando José Joaquín Trejos Fernández derrotó a Daniel Oduber Quirós y en 1978, cuando Rodrigo Carazo se hizo con la Presidencia de la República. La sola unidad en una coalición da una idea de mayor tamaño.
Históricamente hemos tenido las siguientes experiencias de coaliciones políticas.
En las elecciones de 1953 participaron solo dos partidos políticos sin ninguna coalición, ganando la Presidencia de la República José Figueres Ferrer, con 64.71%.
En las elecciones de 1958 se unieron los partidos Unión Nacional y el Republicano Nacional, triunfando con un 46. 42 % de votación, Mario Echandi Jiménez.
En las elecciones de 1962 participaron 4 partidos sin ninguna coalición, ganando la elección Francisco Orlich Bolmarcich con 50.29%.
En las elecciones de 1966, en un ambiente muy tenso, con solo dos candidatos, la oposición a Liberación Nacional se organizó con la coalición Unificación Nacional, que postuló a José Joaquín Trejos Fernández, quien obtuvo el 50.48% de la votación. La Unificación nacional reunió a los partidos Republicano Nacional y el Unión Nacional.
En las elecciones de 1970 participaron 9 partidos políticos sin ninguna coalición, obteniendo el triunfo José Figueres Ferre con 54.79%.
En las elecciones de 1974, participaron 12 partidos, entre ellos el primer partido cristiano no católico, Alianza Nacional Cristiana, que impulsó una coalición, de tres partidos que al final se redujo a dos, el Unión Popular que se plegó al de Rodrigo Carazo, Renovación Democrática, ganando la Presidencia de la República Daniel Oduber, con un 43.44%.
En las elecciones de 1978 participaron 15 partidos, entre ellos dos coaliciones, la UNIDAD y Pueblo Unido. La Unidad reunió los partidos Renovación Democrática, Unión Popular, Demócrata Cristiano, Republicano Calderonista, y Unión Nacional. Por su parte, Pueblo Unido fue la primera coalición de partidos de izquierda después de la Guerra Civil de 1948, y luego de que en 1975 se eliminaran las trabas legales para que participaran partidos de izquierda en elecciones. Pueblo Unido reunió a Vanguardia Popular, al Socialista Costarricense y al Movimiento Revolucionario del Pueblo, ganando las elecciones Rodrigo Carazo con 50.51%.
En las elecciones de 1982 participan seis partidos políticos, dos de ellos en coaliciones, la UNIDAD y Pueblo Unido nuevamente, ganando las elecciones Luis Alberto Monge, con 58.80%. La Unidad en este caso reunió a los partidos Unión Popular, Democracia Cristiana y Republicano Calderonista.
En el gobierno de Luis Alberto Monge los partidos que constituían la Coalición Unidad se fusionaron dando origen, desde entonces, al Partido Unidad Social Cristiana.
Cuando los partidos se fusionan desaparecen haciendo surgir la nueva organización. En las coaliciones mantienen su independencia orgánica partidaria, y existen como coaliciones solo para efectos electorales.
En las elecciones de 1986 participaron 13 partidos políticos, manteniéndose la coalición Pueblo Unido. En esta ganó la Presidencia de la República Oscar Arias Sánchez con 52.34%.
En las elecciones de 1990 participaron 14 partidos, manteniéndose la coalición Pueblo Unido. Ganó la Presidencia de la República Rafael Ángel Calderón Fournier, con 51.51%.
En las elecciones de 1994 participaron 15 partidos sin ninguna coalición, ganando la Presidencia José María Figueres Olsen con 49.62%.
En las elecciones de 1998 participaron 13 partidos sin ninguna coalición, ganando la Presidencia de la República Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, con un 46.96%.
En las elecciones del 2002 participaron 13 partidos, entre ellos la coalición Cambio 2000, que incluyó al Socialista Costarricense, Pueblo Unido y al Acción Democrática Alajuelense. Ganó la Presidencia Abel Pacheco con 38.58% en una segunda vuelta electoral.
En las elecciones del 2006 participaron 14 partidos políticos, entre ellos una coalición, Izquierda Unida, que reunió a los partidos Movimiento Autónomo del Pueblo Unido (MAPU), Movimiento de Trabajadores y Campesinos, partido provincial limonense, Partido del Pueblo Costarricense, el Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT), el Socialista de los Trabajadores y Vanguardia Popular. Ganó las elecciones Oscar Arias Sánchez con 40.92%.
En las elecciones del 2010 participaron nueve partidos políticos sin ninguna coalición, ganando la Presidencia de la República, Laura Chinchilla Miranda, primera mujer en asumir la Presidencia de la República, con un 46.91%.
En las elecciones del 2014 participaron 13 partidos políticos, sin ninguna coalición, ganando la Presidencia de la República, en segunda vuelta electoral, Luis Guillermo Solís Rivera, con 30.64%.
En las últimas elecciones del 2018 participaron 13 partidos políticos sin ninguna coalición, ganando la Presidencia de la República Carlos Alvarado Quesada, en segunda vuelta electoral, con 21% de votos.
De 17 procesos electorales desde 1953 hasta el 2018 ha habido coaliciones en 10 procesos, 1958, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 2002 y 2006, y en tres de ellos han ganado las elecciones, 1958, 1966 y 1978.
Desde el 2010 no se presenta ninguna coalición nacional. De allí la importancia que han anunciado Mario Redondo y Eli Feinzaig, de constituir esta Coalición Alianza para el Cambio, para las próximas elecciones del 2022.
Soy de la idea que la cultura y la práctica política nacional debe avanzar hacia coaliciones más desarrolladas y compactas, alrededor de Programas Políticos sólidos y de doctrinas, teorías e ideologías políticas compartidas, o en su lugar, de partidos más poderos y grandes, que permitan mejorar la administración pública.
Desde hace tiempo lo he venido señalando como una posibilidad de lograr mejores acuerdos políticos nacionales para una mejor gobernabilidad o gobernanza. Sé que no es fácil avanzar en esa línea. Muchos pequeños intereses, más personales, que políticos se cruzan para evitar las coaliciones.
En las coaliciones se tienen que ceder espacios de figuración y de posibilidades de elección. Mezquindades políticas, prejuicios políticos, vanidades `personales y egos hiper inflados impiden muchas veces constituir estos esfuerzos unitarios. Para ello se requiere madurez y cultura política, sensatez, sentido de la realidad, inteligencia emocional política, visión nacional, seguridad en sí mismos, tolerancia sólida de reconocerse y unirse en las diferencias, en saber que lo más importante es lo que une y no lo que divide, que sobre las diferencias está la unidad en la acción. Es distinguir lo principal político de lo accesorio, de saber unir, sumar y multiplicar más que restar y dividir en política. Diversidad de opinión con Unidad de acción es lo que distingue una buena coalición.
La coalición lograda en esta etapa del proceso electoral por Mario Redondo y Eli Feinzaig, por su naturaleza reúne esas condiciones, de estos dos políticos, inteligencia, sensatez, intereses comunes alrededor de las propuestas que trabajan como oferta de Gobierno, equipos de trabajo alrededor de una plataforma común.
Mario Redondo es de tradición socialcristiana, primero del Partido Unidad Social Cristiana y luego de un partido cristiano no católico, quien fuera Presidente de la Asamblea Legislativa y uno de los más distinguidos diputados que ha habido cuando le ha tocado desempeñarse en esa Tribuna del Pueblo. Con serenidad política ha aceptado aliarse a Eli Feinzaig en este proyecto común siendo Eli por formación económica un Liberal, que a sí mismo se considera Progresista y desarrolla su liberalismo progresista como una corriente atractiva, en política y en economía, sin amenazar violentamente la organización del Estado Social de Derecho que se ha venido construyendo desde 1943, hoy bastante golpeado por los sectores ultraliberales que campean por toda la institucionalidad política nacional, en incrustados en todos los partidos que han venido gobernando.
Desde el punto de vista religioso Eli, de tradición judía, y Mario, desde el cristianismo no católico, son igualmente una amalgama de respeto y tolerancia especial de resaltar.
La posibilidad de una coalición como la que impulsaba Miguel Ángel Rodríguez con la Unidad Social Cristiana como motor, la mataron en la Asamblea Nacional de ese partido Pedro Muñoz y los suyos, sin entender la inteligente posición de Miguel Ángel, en ese sentido, y sin tener la profundidad de miras del Presidente Rodríguez, que llegó a proponer una coalición centro humanista como terminó llamándola, o en la misma visión, procurando una coalición, como lo propició Rafael Ángel Calderón, con su partido como vértice de una posible coalición de centro derecha, como originalmente la llamó, y la siguió intentando hacer con Rodrigo Chaves Robles, el exministro de Hacienda de este Gobierno del PAC, cometiendo el error de tenerlo no como un verdadero aliado sino como un monigote que asomar, motivo por el cual le fracasó el esfuerzo unitario que impulsaba.
Por su parte, Rodrigo Chaves, a todos los efectos, es una mezcla más que de liberalismo puro, por haber trabajado en organismos internacionales, detestados por la izquierda, de distintos matices de corrientes socialdemócratas, según se puede desprender de sus opiniones sobre diversos problemas nacionales.
En mi opinión hay que ponerle atención al planteamiento liberal progresista de Eli Feinzaig, en general, como al de Rodrigo Chaves para atacar ciertos males nacionales.
En el campo liberal son trasnochados, para mí, los liberales que se mantienen atrincherados en el viejo Movimiento Libertario, que ya no es la bandera de Otto Guevara ni de Federico Malavassi, ni de Natalia Díaz Quintana.
Otto y Federico en su campo, nos gusten o no, han sido buenos diputados, saben hacer su trabajo. Natalia es de otro estilo. Ella sola no va a tener espacio donde relucir, con tantas alternativas liberales. por lo demás, en este momento, está más concentrada en su trabajo profesional que en el político, donde pretende presentarse solita con su partido “Unidos Podemos”.
Los grupos cristianos no católicos van separados sin posibilidad de unirse con Fabricio Alvarado, que ya anunció su plancha presidencial y toda la lista de diputados, aprobados por su Asamblea Nacional, lo que significa que va solo. En el anuncio de su propuesta de candidatos dio el primer golpe. Anunció a todos los 57 diputados, retando con ello a todos los partidos a que hagan lo mismo. Todos los 57 candidatos son profesionales, con estudios universitarios. Aprendió la lección de escogencia de diputados. Otro reto para todos los partidos políticos, la nominación y escogencia de sus diputados.
Los cristianos no católicos al margen del partido Nueva República, de Fabricio Alvarado Muñoz, pareciera que están muy desarticulados. Por ahora no se sienten en su organización electoral hacia el 2022.
La izquierda que ha tenido experiencias de coalición no apunta en esa dirección. En este momento no hay ni existen partidos de izquierda inscritos en posibilidad de coaligarse. No se puede hablar de coalición de grupos de personas, que no existen como partidos inscritos, alrededor de un partido que sí existe inscrito. En este caso es tan solo un llamado a votar por un partido.
Hay grupos y movimientos pequeños de ciudadanos de izquierda. Muy divididos entre sí. Todavía arrastran los dolores del parto que significó la división de la década de 1980. Tienen muchos resentimientos. Su heroico pasado histórico lo enfrentan y valoran de manera hipercrítica, exaltando más los errores, o lo que se consideran errores, que aquello que produce una gloria de reconocimiento en la Historia nacional. El peor de los defectos de estos militantes que andan sueltos orgánicamente es su sectarismo para tratar a otros militantes de izquierda, o personas de izquierda en general. Hay todavía quienes se sienten poseedores de la Verdad política absoluta con solo denominarse de izquierda o exmilitantes. Como decía Fidel Castro en la década de 1960, criticando algunos grupos de izquierda, que hay gente que se siente águila sin tener una sola pluma en su pecho.
La izquierda hoy, en el 2021, tiene que replantearse en todos sus aspectos. La izquierda es hoy un espectro más amplio que en 1980. La desintegración del Sistema Mundial Socialista no acabó con el socialismo ni con el comunismo, como teoría o doctrina política, ni siquiera como utopía política. Acabó con sistemas mal administrados, con prácticas corruptas de gobernabilidad, y con sistemas que no supieron organizarse con prácticas más democráticas de ejercicio de gobiernos, y de ejercicio de derechos y libertades.
Mientras existan los problemas de hambre, desempleo, de pobreza y pobreza extrema, de inequidades sociales y de brechas sociales cada vez más amplias, de mayor concentración de la riqueza, de menores oportunidades y posibilidades de ascensos sociales, de exclusión y marginación de sectores sociales, de destrucción y empobrecimiento de las clases medias, siempre habrá banderas socialistas y comunistas que levantar…y existirán quienes las levanten, por más utópicos o idealistas que parezcan.
El Frente Amplio es observado por estos grupos de manera muy crítica. El mismo Frente Amplio se percibe como un gran complejo de culpa de sus actuaciones. No exhibe por ahora banderas importantes atractivas para los electores. La defensa a ultranza que han hecho de los gobiernos y gobernantes de Nicaragua, y de la Venezuela cabello madurista, es su Talón de Aquiles, que no les ha contribuido a proyectar un modelo socialista para Costa Rica, si tienen por espejos a esos modelos mal llamados socialistas, que tienen prácticas de gobierno corruptas muy enraizadas.
Los esfuerzos unitarios convocados por el ex Secretario General de Vanguardia Popular, Lenin Chacón, en la búsqueda de una coalición, por ahora son gritos en un desierto. No tiene interlocutores válidos.
Estudiar a fondo la historia de Vanguardia Popular es una tarea política para las personas de izquierda que quieren revivirse en las luchas sociales y políticas de este momento.
Coalición para el Cambio como lo proponen Mario Redondo y Eli Feinzaig, es un concepto válido para todos los que quieran impulsar cambios en la Costa Rica actual.
Llaman la atención algunas de las personas que están apoyando a Mario y a Eli, gente preparada, profesionales destacados en sus campos. Con ellos están construyendo sus equipos de trabajo y de plan de Gobierno, entre otros, Fabián Volio Echeverría, Denis Meléndez, Alberto Trejos, Rafael Brenes, Randall Brenes, Juan Enrique Muñoz, Marcela Trejos, Erick Lonis, Gilberto Campos, Walter Niehaus y Laura Fernández.
No han definido aún candidaturas. Alguno de ellos, seguramente, Mario o Eli irá encabezando la papeleta presidencial. Podrían ir los dos, a la vez encabezando provincias, Cartago y San José, como candidatos a diputados, acompañados, de la misma forma, y en la misma fórmula presidencial, de Laura Fernández, gran conocedora del engranaje político institucional, asesora parlamentaria, excelente cuadro político.
Por ahora valoro positivamente este esfuerzo de Mario Redondo y Eli Feinzaig. Es un ejemplo de lo que se puede hacer.
La Facultad de Comunicación – FCS de la Universidad de Costa Rica realiza una serie de imágenes en donde motiva a luchar por un Estado Social de Derecho, las imágenes dejan en claro cuáles son las principales demandas sobre el proyecto de Ley sobre el Empleo público.
Invitamos a visualizar las imágenes en la galería. Además, puede descargar la carpeta comprimida con los elementos gráficos para compartir y utilizar en trabajos de educación ciudadana:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2021/06/Empleo-público.zip
