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Etiqueta: Estado Social de Derecho

Sala Constitucional resuelve consultas legislativas sobre proyecto de ley de empleo público

SURCOS comparte el documento con la resolución de la Sala Constitucional en relación con las consultas presentadas en torno al Proyecto de Ley de Empleo Público. Asimismo compartimos las declaraciones del presidente del alto tribunal.

El documento de 20 páginas indica en su presentación:

«La Sala Constitucional, después de una larga deliberación que se prolongó durante seis días en doble audiencia, y en sesión extraordinaria este sábado 31 de julio, resolvió dentro del plazo establecido por ley, las consultas legislativas formuladas por un grupo de diputados y diputadas sobre el proyecto de ley de empleo público».

Puede leerlo en línea en el siguiente enlace:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2021/08/Sala-Constitucional-resuelve-consultas-legislativas-sobre-proyecto-de-ley-de-empleo-público-1.pdf

Fernando Castillo Viquez, presidente de la Sala Constitucional

Todos contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Proyecto del PUSC de condonación de deudas con la CCSS y FODESAF es pura sinvergüenzada. (Parte 9)

Rodrigo Arias López. Actuario Matemático

El proyecto de Ley del PUSC (expediente N° 21.522) para condonar deudas con la CCSS de patronos y trabajadores independientes sigue ganando adeptos, ya no solo levantaron la mano a favor el PLN, PAC y PRN, sino que hasta el presidente Alvarado (Ver [1]).  ¿Quién levanta la mano para que el Estado le pague a la CCSS la deuda de ₡8 billones? ¿Los diputados? ¿El presidente? Sobre el deber del Presidente de la República de hacer cumplir las leyes nuestra carta magna dice lo siguiente: “ARTÍCULO 140.- Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno: (…) 3) Sancionar y promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su exacto cumplimiento” (Destacado no es del original).

¿Y qué hace al respecto la Asamblea Legislativa? ¿Exigirá “los presupuestos ordinarios y extraordinarios” que necesita la CCSS para evitar la quiebra del régimen de pensiones, como ordena el numeral 11) del artículo 121 constitucional? ¿Recurrirá a “formular interpelaciones a los Ministros de Gobierno (…), cuando a juicio de la Asamblea fueren culpables de actos inconstitucionales o ilegales, o de errores graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses públicos”? Como dice el numeral 24) constitucional, ¿no es evidente el perjuicio al interés público? ¿Los servicios y las pensiones de la CCSS no son del interés público?

El proyecto del diputado Pedro Muñoz es pura sinvergüenzada. Si quieren hacerle un favor a la CCSS deben archivarlo y promulgar una ley con seriedad, que tenga algún sentido lógico y técnico, libre de influencias e intereses politiqueros. Si alguien le quiere entrar, debería considerar al menos lo siguiente:

  • Como punto de partida, las tasas de las cuotas de salud y pensiones de los trabajadores independientes, asegurados voluntarios y por convenio deben ser las que existían en el año 2006, antes de que la Junta Directiva de la CCSS violentara la ley y decidiera cobrar el 100% de la cuota a una parte de estos asegurados:

Cuadro 1

Nota: Adicionalmente el Estado contribuirá un 0.25% en salud y pensiones.

  • Las tasas de contribución del cuadro anterior, en el caso de los asegurados de menores ingresos, pueden ser más bajas, para lo cual el Estado debe crear la fuente de recursos ordenada en el artículo 3 de la Ley N° 17. El resto de las tasas de contribución también deben ser ajustadas para que sean suficientes para atender los costos en ambos seguros. Lo importante es que estos asegurados no paguen más que los asalariados.
  • Una vez que se tengan esas tasas de contribución definidas desde el año 2006 a la fecha, la CCSS puede utilizarlas para recalcular el monto de la deuda principal de esos tres grupos de asegurados. Sobre los montos principales incluirá los intereses de ley. La CCSS también calculará y facturará la nueva deuda del Estado de aportes e intereses. No se trata de “borrón y cuenta nueva y que siga la charanga” como pretenden los diputados encabezados por Pedro Muñoz.
  • El Gobierno debe reglamentar el cumplimiento del artículo 74 de la Ley N° 17 que dice: “Corresponderá al Ministro de Hacienda la obligación de presupuestar, anualmente, las rentas suficientes que garanticen la universalización de los seguros sociales y ordenar, en todo caso, el pago efectivo y completo de las contribuciones adeudadas a la Caja por el Estado, como tal y como patrono”; en correspondencia con el artículo 78 de la Ley N° 7983.
  • La base mínima contributiva debe ser aumentada. Se requiere que la Junta Directiva de la CCSS deje de hacerle favorcitos a los jefes de Zapote y Hacienda.

Ahora bien, si los diputados y el Presidente quieren seguir con el mismo proyectito actual sin resolver el problema de fondo, lo menos que podrían hacer es trasladar al Estado la obligación de cancelar a la CCSS las deudas, multas e intereses que piensan perdonar a patronos y trabajadores independientes, pues el Estado es el responsable en última instancia y era lo que estaba vigente antes de la torta de 2007; además, este problema se lo buscaron los administradores de la CCSS y los gobiernos por tomar decisiones que no se apegan a la Ley, ni a la técnica. No es un asunto de pandemia, el chorizo fue adobado por los políticos desde el año 2007.

De continuar con el malévolo proyecto de Pedro Muñoz y compañía al menos vamos a ver a varios de los diputados que le tienen el perro amarrado a la CCSS recusándose de votar el proyecto de ley y de opinar sobre el mismo. Por fortuna el artículo 112 constitucional establece: “Los diputados cumplirán con el deber de probidad. La violación de ese deber producirá la pérdida de la credencial de diputado, en los casos y de acuerdo con los procedimientos que establezca una ley que se aprobará por dos tercios del total de los miembros de la Asamblea Legislativa.” ¿Será la Ley 8422? ¿Lo cumplirán? ¿Darán el ejemplo los diputados correspondientes?

La CCSS tiene un serio problema actuarial y financiero con varios grupos de asegurados (independientes, voluntarios, por convenio y parte del privado). De no ponérsele atención no solo sufrirán estos sectores, sino también los asegurados asalariados y los que se encuentran en otras modalidades de aseguramiento, incluyendo a los no asegurados. Es decir, todos los seguros y servicios de la CCSS. Los diputados deberían enfocarse en estos problemas de fondo, en lugar de buscar como joder más a la CCSS.

En el año 2019 cotizaron para IVM 1,417,900 personas (Ver Cuadro 2). De estas un 29.3% o 489,172 corresponden a aseguramiento con ingresos cotizables inferiores al salario mínimo legal de ₡320,000, precisamente porque la Junta Directiva de la CCSS mantiene la base mínima contributiva baja para no hacerle una factura importante al Estado, ya que en la mayoría de estos casos al Estado le corresponde una tasa de aporte mayor; es decir, debería en teoría aportar más; pero le reducen el monto de la factura gracias a favores.

Cuadro 2. Asegurados cotizantes de IVM en 2019

Los bajos niveles de salario o ingreso cotizable que se observan en el Cuadro 3, incluyendo a un importante grupo de trabajadores del sector privado, deben llamar a la reflexión. Esto por cuanto no tienen suficiente correspondencia con los costos de los beneficios que deben otorgarse y al final de cuentas estas personas resultan perjudicadas, porque tendrán una pensión mínima, la cual también es mantenida baja por los políticos.

Cuadro 3. Distribución de cotizantes de IVM según rango de salario cotizado – año 2019

Gráfico 1

El “sector” en los datos de los cuadros anteriores corresponde al que tenía el trabajador cuando aportó la última cuota, en 2019 o antes, según datos proporcionados por la Gerencia de Pensiones. Es notorio que en la empresa privada prefieren trabajadores jóvenes, lo cual presiona a los otros sectores (Ver Gráfico 1). Los cotizantes voluntarios están haciendo su esfuerzo para tener una pensión, lo cual es importante; pero a la vez una llamada de atención por el nivel de los beneficios y la reducción del aporte estatal. El sector de trabajadores independientes también viene cobrando fuerza. Los datos del Gráfico 2 lo conforman.

Gráfico 2

En definitiva, el IVM continuará aumentando la cantidad de pensionados al igual que sus deficiencias financieras y de gestión, mientras que los diputados se esfuerzan por ponerle piedras en el camino para llevar agua a sus molinos. La deuda con la CCSS continuará como un asunto de poco o ningún interés público y no veo a los directivos de la institución exigiendo al gobierno que pague la deuda.

[1] https://semanariouniversidad.com/pais/gobierno-acelera-plan-socialcristiano-de-condonacion-de-deudas-con-la-ccss-con-retiro-de-agenda-de-asamblea-legislativa/

 

Foto Semanario Universidad.

Más estafas “legales” contra la Caja Costarricense de Seguro Social – (Parte 8)

Rodrigo Arias López. Actuario Matemático

Más estafas “legales” contra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Proyecto del PUSC avalado por PLN, PAC y PRN pide garrote para la insigne institución.

Se tramita en la corriente legislativa un proyecto de Ley bajo el expediente 21.522 “AMNISTÍA PARA LA FORMALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN DE LAS CARGAS SOCIALES” presentado por los diputados del PUSC, entre ellos Pedro Miguel Muñoz Fonseca, el 31 de julio de 2019, el cual pretende condonar deudas a patronos y trabajadores independientes con la CCSS y las cuentas individuales que los trabajadores tienen en el Régimen Obligatorio de Pensiones y el Fondo de Capitalización Laboral creados por la Ley de Protección al Trabajador N° 7983. (Ver https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2021/07/EXPEDIENTE-N.°-21.522.pdf).

Preocupa no solo la afectación que tendrá la CCSS, sus asegurados y los trabajadores con cuentas individuales obligatorias, sino también el desestimulo y el mensaje erróneo que le envían a los patronos y trabajadores independientes honrados que pagan puntualmente sus obligaciones con la seguridad social. Sin embargo, como veremos más adelante, los trabajadores independientes y sus seguros en la CCSS requieren de una solución urgente. La motivación del proyecto es deficiente y no presenta los datos completos de la morosidad con la CCSS y nada sobre la morosidad con la Ley N° 7983. Únicamente dice “Al 31 de mayo de 2019, existen 15.553 patronos activos que adeudan a la institución ₡71.445 millones, monto que no incluye los intereses, multas y sanciones”, lo cual, como veremos, oculta la realidad.

Recientemente el diputado Pedro Muñoz -cacique del PUSC- presentó un texto sustituto del proyecto 21.522, en el cual excluye las condonaciones de adeudos a las cuentas individuales (Ley 7983; a lo mejor doña Rocío Aguilar Montoya hizo lobby!), a cambio de condonaciones de rubros en mora con el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Instituto Nacional de Aprendizaje y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (Ver http://www.masterlex.com/descargas/PuntoJuridico/2021/Junio/Texto_sustitutivo_Condonacion_CCSS.pdf). Como dice el dicho, el hilo se revienta por la parte más delgada, a pesar de que se autodenominan “socialcristianos”. Después los veremos con el puñal escondido pidiendo el voto a los más pobres. La nueva versión “fue votada por nueve legisladores de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Acción Ciudadana (PAC), Restauración Nacional (PRN) y el diputado independiente Erick Rodríguez”, informa La Extra (https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/451968/avanza-amnist-a-para-trabajadores-independientes-). Para fortuna del PUSC ya no estará solo escondiendo el puñal cuando esté buscando el apoyo popular el próximo año. Por supuesto que los jerarcas de la CCSS hacen la pantomima o el show de que se oponen al mismo (https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/caja-se-opone-a-condonar-deudas/). Saben que con eso ganan publicidad gratuita. ¿Quién le creerá a Macaya lo que dice en esa publicación, cuando el desvío de fondos y los maquillajes actuariales son lo cotidiano que ocurre en la CCSS, con la bendición de él y de la Junta Directiva de esa institución?:

“Tiene que ser un pragmatismo legalmente sustentado, constitucionalmente sustentado, económicamente sustentado y actuarialmente sustentado. Todos esos filtros son los que tienen que considerarse a la hora de cualquier iniciativa, en este caso condonar o crear una amnistía”. “Ahí es donde la Junta Directiva, principalmente porque está violando el artículo 73, que le asigna exclusivamente a la institución el gobierno de esos seguros sociales, acordó oponernos al proyecto tal y como está”, dice Macaya en esa fuente.

¿Será que la cantidad de filtros que tienen la Constitución y las leyes actuales sobre el seguro social y la seguridad social no le permiten a Macaya y demás autoridades y Directivos de la CCSS ver lo que en ellas dice? ¿O será que la Constitución y las leyes actuales no tienen los filtros que Macaya exige? ¿O sería que a Macaya lo asesoró el nuevo trío “López, Picado, Alfaro” que asesoró a doña Rocío Sáenz pocos años atrás? En la época de doña Ileana Balmaceda -cuando quebraron el seguro de salud- el trío era distinto (era el trío “López, Guardia, González”); el nuevo trío tiene dos miembros renovados, con más músculo, bendición y poder para que todo sea como Macaya lo exige, con “pragmatismo legalmente sustentado, constitucionalmente sustentado, económicamente sustentado y actuarialmente sustentado”. Los tres componentes idóneos: el jurídico, el financiero-económico y el actuarial. Por eso en el nuevo trío un miembro -el de mayor experiencia- domina la técnica actuarial al dedillo y es capaz de encontrar superávits donde hay pérdidas, otro maneja con gran sabiduría, rentabilidad y seguridad la platilla que aún le queda a la CCSS, en particular, el anémico IVM, su gran experiencia mató la necesidad de exigirle un título de maestría para nombrarlo en el puesto, por lo que ese requisito se cambió a “deseable” como antiguos y viejos conocidos ¿quién lo cambió?, y el tercero es experto en ciencias jurídicas para que le diga al oído al resto del equipo -incluido Macaya y los 8 caballeros y damas restantes de Junta Directiva- lo que es justo, legal y lo que no; también cuenta con gran experiencia. Si así fue, sin duda que Macaya y compañia está en todas como decimos los Ticos ¿Quién pondría en duda la experiencia, formación profesional y la ética de este RENOVADO Y FORATELECIDO trío? Aunque no faltaría quien lo dude y diga: “pobre el IVM y sus asegurados, lo que les espera”.

La cifra de ₡71.445 millones de morosidad patronal que menciona Pedro Muñoz en su proyecto, no solo está desactualizada, sino que oculta la verdad a la sociedad. El monto de la deuda morosa con la CCSS al año 2020 asciende a casi ₡840 mil millones, sin incluir la deuda estatal; pero recordemos que los miembros de la Junta Directiva de la CCSS, como son super cuates, compadres y camaradas de los otros políticos de Zapote y Hacienda, le tienen contabilizada al Estado una deuda bien bajita de solamente ₡2.2 billones. Más de la mitad de esos ₡840 mil millones corresponden a casos inactivos, muchos de los cuales son pura sinvergüenzada para no honrar las obligaciones. (Ver el Cuadro 1).

En https://www.elpais.cr/2020/02/05/ccss-rechaza-proyecto-legislativo-de-amnistia-para-recaudar-cargas-sociales/ se informa: “Luis Diego Calderón, Gerente Financiero de la Caja respondió que el dato histórico en el sector patronal es de cerca de 250 mil millones de colones, que de estos 76 mil millones corresponden a patronos activos y el monto restante corresponde a patronos inactivos, la estimación de lo adeudado representa menos del uno por ciento de la facturación de la Caja al año”, por lo que al comparar esas cifras con las del Cuadro 1 -suministradas por la CCSS a FECTASALUD y ANEP- se observa que presuntamente no se ajustan a la verdad completa; además de que el Gerente minimiza su importancia al decir “representa menos del uno por ciento”.

El proyecto de ley de Pedro (ahora del PUSC, PLN, PAC, PRN y Erick Rodríguez) no solo es omiso en mostrar la información sobre morosidad de los patronos y trabajadores independientes inactivos, sino que omite la morosidad superior a los ₡281 mil millones que tienen los trabajadores independientes y el análisis de las causas fundamentales por las cuales esta morosidad es tan elevada en este sector de trabajadores.

Sin lugar a dudas los gobiernos y las autoridades de la CCSS, principalmente la Junta Directiva, son los responsables directos de la situación preocupante que afronta, no solo este sector de trabajadores independientes, sino los regímenes de salud y pensiones que se han visto afectados por la irresponsabilidad de algunos funcionarios públicos a quienes no les importa el futuro de los trabajadores, sean asalariados o no asalariados, como lo he venido mostrando y seguiremos viendo.

La Ley 7983 dispuso en su transitorio XVIII lo siguiente: “La Caja formulará dentro de los seis meses siguientes, contados a partir de la entrada en vigencia de esta ley, un plan de universalización de la cobertura del seguro social, en el que deberá establecer un cronograma con objetivos anuales cuantificables que deberán ser verificados y evaluados por el Sistema Nacional de Evaluación, del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.” ¿Dónde están esos planes de la CCSS y las evaluaciones del ministerio candidato a Mega Ministerio? ¿Alguien los conoce para que me los muestre? Y si eso no existe ¿cómo iban a lograr la universalización de los seguros a los trabajadores independientes, ordenada en el Transitorio XII de esa misma ley? La respuesta los políticos la tenían clara, seguir desviando fondos de los trabajadores asalariados, tal como lo he venido mostrando.

Precisamente la Ley 7983 dispuso en el artículo 78 fondos adicionales para financiar dicha universalización (el seguro para los independientes). Pero ¿recuerdan lo que sucedió con esos recursos? ¿Le llegaron a la CCSS? ¿Le llegan hoy completos a la CCSS?: “Recursos para el fortalecimiento del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte Se establece una contribución del quince por ciento (15%) de las utilidades netas de las empresas públicas del Estado, se encuentren en régimen de competencia o no. Lo anterior, calculado de conformidad con los estados financieros auditados anualmente, con el propósito de fortalecer el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en cuanto a su financiamiento y para universalizar la cobertura de la CCSS a los sectores de trabajadores no asalariados en condiciones de pobreza” dice el garroteado artículo 78. ¡Viva Maripepa! Recuerden que la vedette quería ser primera dama en Tiquicia, lo que atrajo la atención de los medios mucho más que los dineros que le esconden a la Caja.

La misma ley adicionó al artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS N° 17 el párrafo siguiente -por aquello de que los recursos del artículo 78 no fueran suficientes-: “Corresponderá al Ministro de Hacienda la obligación de presupuestar, anualmente, las rentas suficientes que garanticen la universalización de los seguros sociales y ordenar, en todo caso, el pago efectivo y completo de las contribuciones adeudadas a la Caja por el Estado, como tal y como patrono. El incumplimiento de cualquiera de estos deberes acarreará en su contra las responsabilidades de ley. Penalmente esta conducta será sancionada con la pena prevista en el artículo 330 del Código Penal.” ¿Dónde están esos dineros? ¿Qué hizo la Junta Directiva de la CCSS para tener esos fondos? ¿Quién está en la cárcel? ¿Dónde está el Ministerio Público defendiendo a los asegurados? ¿Qué hacen la Contraloría General de la Repúblicas y las Auditorías Internas? ¿Y los diputados, al menos uno de los 57? Bueno, para ser honrado, reconozco el esfuerzo del diputado José María Villalta, no solo con esos fondos del artículo 78, sino también por la recuperación -en alas de cucaracha- de aquel mega chorizo del artículo 9 de la Ley 7374, superior a los ₡6 billones que obviamente no aparecen como deuda estatal en los estados financieros avalados por la Junta Directiva de la CCSS -solo los ₡2,2 billoncillos-. ¡Así es el trato entre compadres, no faltaba más! Por mera “coincidencia” ese texto adicionado al artículo 74 de la Ley 17 se parece al texto del artículo 9 de la Ley 7374. El texto más reciente supera al más antiguo principalmente porque “amenaza con cárcel”, por lo que seguro de ahí saldrá un mega salchichón mayor que el mega chorizo de ₡6 billones que nació del artículo 9 de la Ley 7374. Cuando alguien lo intente medir seguro no va a poder porque estará demasiado hediondo.

La Ley 7983 también agregó al artículo 3 de la Ley 17 lo siguiente: “Para los trabajadores independientes cuyo ingreso neto sea inferior al salario mínimo legal y que soliciten su afiliación al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, la cuota del Estado se incrementará con el fin de subsanar parcialmente la ausencia de la cuota patronal. Para tales efectos, se creará un programa especial permanente a cargo del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares”. ¿Qué hizo al respecto la Junta Directiva de la CCSS? ¿Alguien sabe cuándo crearon el “programa”? ¿Quién lo creó, los diputados? No lo localizo.

Y para cerrar con boche de oro la misma Ley 7983 le adicionó el siguiente texto al artículo 1 de la Ley N° 17: “La institución creada para aplicar los seguros sociales obligatorios se llamará Caja Costarricense de Seguro Social y, para los efectos de esta ley y sus reglamentos, CAJA. “La Caja es una institución autónoma a la cual le corresponde el gobierno y la administración de los seguros sociales. Los fondos y las reservas de estos seguros no podrán ser transferidos ni empleados en finalidades distintas de las que motivaron su creación. Esto último se prohíbe expresamente.” Es decir, le ordena a la CCSS no usar las cuotas de los asalariados para esa universalización del seguro al sector no asalariado. No obstante, los miembros de la Junta Directiva de la CCSS parece que padecían o aún padecen dislexia, pues leyeron que los autorizaban a desviar fondos de las cuotas aportadas por los patronos y por los trabajadores asalariados, como ya lo venían haciendo desde antes del año 2000. Como tantearon que los trabajadores asalariados aguantaban o no sabían que les desviaban aportes, en el año 2007 la Junta Directiva de la CCSS aumentó las cuotas a los trabajadores independientes a tal grado que los asfixió, le quitó responsabilidades al Estado y dejó la base mínima contributiva lo más bajita que pudo para que los favores a los gobiernos fueran bien altos, creyendo los miembros de esa Junta Directiva que el Estado era lo mismo que el Consejo de Gobierno que los nombra cada cuatro años. ¡Muy agradecidos los compadres!

Regresando al proyecto de Pedro ¿será que los diputados del PUSC -acuerpados ahora por otros partidos- realmente están pensando en ayudarle a los patronos y trabajadores independientes que por las malas decisiones de los políticos incluidos ellos, están hoy en una situación muy complicada, o será que desean ayudarle a grupos poderosos de ambos sectores? La respuesta a esta interrogante no está disponible, habría que preguntarle a Pedro y compañía; sin embargo, algunos datos ponen a meditar a medio mundo. Según la información proporcionada por la CCSS para construir el Cuadro 1, existen al menos 38 patronos que le adeudan a esa institución ₡35,985 millones en forma conjunta. La deuda individual de cada uno varía desde los ₡500 millones hasta los ₡3,461 millones. Diez de ellos adeudan cada uno más de ₡1,000 millones. Algunos ya cerraron la empresa. Veinte trabajadores independientes tienen deudas con la CCSS que varían de los ₡100 millones hasta los ₡319 millones y una deuda total de ₡2,867 millones, sin descartar que estos montos estén más que duplicados por las escalas aprobadas en el año 2007. Me pregunto si Pedro Muñoz estará al tanto de ello o si solicitará a la CCSS que le aporte la información completa y detallada, incluyendo multas e intereses, nombres, apellidos, cédulas físicas y jurídicas. ¿Publicará Pedrito esos datos en los medios?

Supongamos que el proyecto de Pedro es aprobado -espero que no-. ¿Quién tapará el hueco que quedaría en las finanzas de la CCSS -salud y pensiones- por esa creación o maquillaje de los políticos de la CCSS y los gobiernos iniciada en el año 2000 con la Ley 7983? Los asalariados obviamente. El proyecto de reforma a IVM les quedará como anillo al dedo; más adelante doña Rocío Aguilar Montoya les ofrecerá una atractiva cuenta individual. Unas décadas después llamarán al cierre del IVM y posteriormente la CCSS.

¿Qué dice el máximo órgano constitucional sobre el desvío de fondos de los seguros sociales en la CCSS? Es un asunto que no les compete, sentenció hace una década el máximo órgano (Ver [1] y [2]):

No le compete a esta Sala revisar si lo actuado por las autoridades accionadas se ajusta o no a la normativa legal vigente, labor propia de la vía común -administrativa o jurisdiccional-, ya que esta Sala no es un contralor de la legalidad de las actuaciones o resoluciones de la Administración. Por ello, deberá la parte recurrente plantear su inconformidad o reclamo ante la autoridad recurrida o en la vía jurisdiccional competente, vías en las cuales podrá, en forma amplia, discutir el fondo del asunto y hacer valer sus pretensiones. En consecuencia, el recurso es inadmisible y así se declara”.

Chistosamente los juristas me mandaron a la CCSS -la autoridad recurrida- la que desvía los fondos . Más adelante les contaré lo que sucedió cuando se lo envié a la Fiscala General doña Emilia Navas Aparicio, cuando movía las redes sociales de la esperanza.

¿Qué dice la Sala sobre estos maquillajes de la Junta Directiva de la CCSS y los gobiernos iniciada contra los trabajadores independientes en el año 2007 y las omisiones o el incumplimiento de partes fundamentales de la Ley 7983 indicadas anteriormente? Nada aún, a pesar de que desde el año 2017 tienen en el escritorio una acción de inconstitucionalidad durmiendo el sueño de los justos. Ni la misma Procuraduría General de la República (PGR) -siendo abogado del Estado- se pudo tragar el cuento. ¡Me pregunto si don Gilberth Alfaro Morales observó pasar el ELEFANTE, o si será que forma parte del grupo de los camaradas y compadres!. La PGR concluyó (Ver [3]):

CONCLUSIÓN. En virtud de lo expuesto, se concluye que los acuerdos impugnados, dictados por la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, son parcialmente inconstitucionales en cuanto han creado una escala contributiva que exime al Estado de contribuir, para efectos de ajustar la ausencia de la cuota patronal, con el seguro social de los Trabajadores Independientes de mayor ingreso, específicamente aquellos ubicados en las categorías 4 y 5, lo cual violenta los principios constitucionales de razonabilidad, solidaridad social, justicia social y igualdad. ” (Destacados no son del original)

Aunque me temo que el asunto es más serio que eso. Posiblemente los magistrados y magistradas de la Sala Constitucional están muy tranquilos y frescos en el fondo de pensiones al que ellos pertenecen, que si es el del Poder Judicial se financia con una cuota que es casi tres veces la que la Junta Directiva de la CCSS le traslada a IVM, muy flaquita debido al 7,5% sobre los salarios que le desvían desde hace décadas. Presuntamente más tranquilos estarán los llamados a “impartir justicia” sabiendo que si suben la cuota del Estado en IVM también sube la cuota del 29% que se cotiza para el Fondo de Pensiones del Poder Judicial. ¿Quiénes pagan la cuota del 29% sobre los salarios de ese fondo de pensiones? Hasta los más pobres de Costa Rica con los impuestos que recauda el Gobierno y por supuesto todos los cotizantes de IVM que ahora quieren leñatear.

[1] https://drive.google.com/file/d/14RXzD83l6G8JzqzEnF93P52gxZUsTWdv/view?usp=sharing

[2] https://drive.google.com/file/d/1KJudBrL0vjDq18CM0eyVjLGjFo3WdKa1/view?usp=sharing

[3] http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/asunto_cons/asu_informe_pgr.aspx?ContInforme=0&param1=AIP&nValor1=1&param5=17-011922-0007-CO&paramInf=1&strTipM=IP1

Movimiento Estudiantil convoca a una manifestación en contra del proyecto de Ley Marco de Empleo Público

El Consejo Superior Estudiantil, en conjunto con las representaciones estudiantiles en el Consejo Universitario de la UCR, ha convocado a una manifestación en contra del proyecto de Ley marco de empleo público, recientemente aprobado en primer debate. Esta se llevará a cabo a partir de las 10:00 a.m. en la Plaza de la Cultura el lunes 28 de junio de 2021.

El rector da permiso para que los estudiantes asistan, y reitera el llamado a participar activamente en la discusión sobre el proyecto de ley y sus implicaciones con el Estado Social de Derecho. Se insta al cuerpo docente a compartir la información con sus estudiantes y hacerles partícipes de esta discusión.

Coalición para el Cambio

Vladimir de la Cruz

Con este nombre se ha anunciado la participación de dos partidos políticos, Alianza Demócrata Cristiana y el Liberal Progresista, que se presentarán unidos, bajo la forma de una coalición, que llevará el nombre de COALICIÓN PARA EL CAMBIO, con una bandera combinada con los colores azul y anaranjado.

Las coaliciones políticas son una oportunidad que brinda la legislación electoral para que dos o más partidos puedan unirse, sin perder cada uno su identidad, en una tercera opción con otro nombre, como en este caso “Coalición para el Cambio”.

Es una manera de unir fuerzas electorales, por pequeñas que sean, para mejores opciones de participación y de ganar procesos electorales, como ha sucedido en tres ocasiones en el país, en 1958, cuando triunfó Mario Echandi Jiménez, en 1966, cuando José Joaquín Trejos Fernández derrotó a Daniel Oduber Quirós y en 1978, cuando Rodrigo Carazo se hizo con la Presidencia de la República. La sola unidad en una coalición da una idea de mayor tamaño.

Históricamente hemos tenido las siguientes experiencias de coaliciones políticas.

En las elecciones de 1953 participaron solo dos partidos políticos sin ninguna coalición, ganando la Presidencia de la República José Figueres Ferrer, con 64.71%.

En las elecciones de 1958 se unieron los partidos Unión Nacional y el Republicano Nacional, triunfando con un 46. 42 % de votación, Mario Echandi Jiménez.

En las elecciones de 1962 participaron 4 partidos sin ninguna coalición, ganando la elección Francisco Orlich Bolmarcich con 50.29%.

En las elecciones de 1966, en un ambiente muy tenso, con solo dos candidatos, la oposición a Liberación Nacional se organizó con la coalición Unificación Nacional, que postuló a José Joaquín Trejos Fernández, quien obtuvo el 50.48% de la votación. La Unificación nacional reunió a los partidos Republicano Nacional y el Unión Nacional.

En las elecciones de 1970 participaron 9 partidos políticos sin ninguna coalición, obteniendo el triunfo José Figueres Ferre con 54.79%.

En las elecciones de 1974, participaron 12 partidos, entre ellos el primer partido cristiano no católico, Alianza Nacional Cristiana, que impulsó una coalición, de tres partidos que al final se redujo a dos, el Unión Popular que se plegó al de Rodrigo Carazo, Renovación Democrática, ganando la Presidencia de la República Daniel Oduber, con un 43.44%.

En las elecciones de 1978 participaron 15 partidos, entre ellos dos coaliciones, la UNIDAD y Pueblo Unido. La Unidad reunió los partidos Renovación Democrática, Unión Popular, Demócrata Cristiano, Republicano Calderonista, y Unión Nacional. Por su parte, Pueblo Unido fue la primera coalición de partidos de izquierda después de la Guerra Civil de 1948, y luego de que en 1975 se eliminaran las trabas legales para que participaran partidos de izquierda en elecciones. Pueblo Unido reunió a Vanguardia Popular, al Socialista Costarricense y al Movimiento Revolucionario del Pueblo, ganando las elecciones Rodrigo Carazo con 50.51%.

En las elecciones de 1982 participan seis partidos políticos, dos de ellos en coaliciones, la UNIDAD y Pueblo Unido nuevamente, ganando las elecciones Luis Alberto Monge, con 58.80%. La Unidad en este caso reunió a los partidos Unión Popular, Democracia Cristiana y Republicano Calderonista.

En el gobierno de Luis Alberto Monge los partidos que constituían la Coalición Unidad se fusionaron dando origen, desde entonces, al Partido Unidad Social Cristiana.

Cuando los partidos se fusionan desaparecen haciendo surgir la nueva organización. En las coaliciones mantienen su independencia orgánica partidaria, y existen como coaliciones solo para efectos electorales.

En las elecciones de 1986 participaron 13 partidos políticos, manteniéndose la coalición Pueblo Unido. En esta ganó la Presidencia de la República Oscar Arias Sánchez con 52.34%.

En las elecciones de 1990 participaron 14 partidos, manteniéndose la coalición Pueblo Unido. Ganó la Presidencia de la República Rafael Ángel Calderón Fournier, con 51.51%.

En las elecciones de 1994 participaron 15 partidos sin ninguna coalición, ganando la Presidencia José María Figueres Olsen con 49.62%.

En las elecciones de 1998 participaron 13 partidos sin ninguna coalición, ganando la Presidencia de la República Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, con un 46.96%.

En las elecciones del 2002 participaron 13 partidos, entre ellos la coalición Cambio 2000, que incluyó al Socialista Costarricense, Pueblo Unido y al Acción Democrática Alajuelense. Ganó la Presidencia Abel Pacheco con 38.58% en una segunda vuelta electoral.

En las elecciones del 2006 participaron 14 partidos políticos, entre ellos una coalición, Izquierda Unida, que reunió a los partidos Movimiento Autónomo del Pueblo Unido (MAPU), Movimiento de Trabajadores y Campesinos, partido provincial limonense, Partido del Pueblo Costarricense, el Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT), el Socialista de los Trabajadores y Vanguardia Popular. Ganó las elecciones Oscar Arias Sánchez con 40.92%.

En las elecciones del 2010 participaron nueve partidos políticos sin ninguna coalición, ganando la Presidencia de la República, Laura Chinchilla Miranda, primera mujer en asumir la Presidencia de la República, con un 46.91%.

En las elecciones del 2014 participaron 13 partidos políticos, sin ninguna coalición, ganando la Presidencia de la República, en segunda vuelta electoral, Luis Guillermo Solís Rivera, con 30.64%.

En las últimas elecciones del 2018 participaron 13 partidos políticos sin ninguna coalición, ganando la Presidencia de la República Carlos Alvarado Quesada, en segunda vuelta electoral, con 21% de votos.

De 17 procesos electorales desde 1953 hasta el 2018 ha habido coaliciones en 10 procesos, 1958, 1966, 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 2002 y 2006, y en tres de ellos han ganado las elecciones, 1958, 1966 y 1978.

Desde el 2010 no se presenta ninguna coalición nacional. De allí la importancia que han anunciado Mario Redondo y Eli Feinzaig, de constituir esta Coalición Alianza para el Cambio, para las próximas elecciones del 2022.

Soy de la idea que la cultura y la práctica política nacional debe avanzar hacia coaliciones más desarrolladas y compactas, alrededor de Programas Políticos sólidos y de doctrinas, teorías e ideologías políticas compartidas, o en su lugar, de partidos más poderos y grandes, que permitan mejorar la administración pública.

Desde hace tiempo lo he venido señalando como una posibilidad de lograr mejores acuerdos políticos nacionales para una mejor gobernabilidad o gobernanza. Sé que no es fácil avanzar en esa línea. Muchos pequeños intereses, más personales, que políticos se cruzan para evitar las coaliciones.

En las coaliciones se tienen que ceder espacios de figuración y de posibilidades de elección. Mezquindades políticas, prejuicios políticos, vanidades `personales y egos hiper inflados impiden muchas veces constituir estos esfuerzos unitarios. Para ello se requiere madurez y cultura política, sensatez, sentido de la realidad, inteligencia emocional política, visión nacional, seguridad en sí mismos, tolerancia sólida de reconocerse y unirse en las diferencias, en saber que lo más importante es lo que une y no lo que divide, que sobre las diferencias está la unidad en la acción. Es distinguir lo principal político de lo accesorio, de saber unir, sumar y multiplicar más que restar y dividir en política. Diversidad de opinión con Unidad de acción es lo que distingue una buena coalición.

La coalición lograda en esta etapa del proceso electoral por Mario Redondo y Eli Feinzaig, por su naturaleza reúne esas condiciones, de estos dos políticos, inteligencia, sensatez, intereses comunes alrededor de las propuestas que trabajan como oferta de Gobierno, equipos de trabajo alrededor de una plataforma común.

Mario Redondo es de tradición socialcristiana, primero del Partido Unidad Social Cristiana y luego de un partido cristiano no católico, quien fuera Presidente de la Asamblea Legislativa y uno de los más distinguidos diputados que ha habido cuando le ha tocado desempeñarse en esa Tribuna del Pueblo. Con serenidad política ha aceptado aliarse a Eli Feinzaig en este proyecto común siendo Eli por  formación económica un Liberal, que a sí mismo se considera Progresista y desarrolla su liberalismo progresista como una corriente atractiva, en política y en economía, sin amenazar violentamente la organización del Estado Social de Derecho que se ha venido construyendo desde 1943, hoy bastante golpeado por los sectores ultraliberales que campean por toda la institucionalidad política nacional, en incrustados en todos los partidos que han venido gobernando.

Desde el punto de vista religioso Eli, de tradición judía, y Mario, desde el cristianismo no católico, son igualmente una amalgama de respeto y tolerancia especial de resaltar.

La posibilidad de una coalición como la que impulsaba Miguel Ángel Rodríguez con la Unidad Social Cristiana como motor, la mataron en la Asamblea Nacional de ese partido Pedro Muñoz y los suyos, sin entender la inteligente posición de Miguel Ángel, en ese sentido, y sin tener la profundidad de miras del Presidente Rodríguez, que llegó a proponer una coalición centro humanista como terminó llamándola, o en la misma visión, procurando una coalición, como lo propició Rafael Ángel Calderón, con su partido como vértice de una posible coalición de centro derecha, como originalmente la llamó, y la siguió intentando hacer con Rodrigo Chaves Robles, el exministro de Hacienda de este Gobierno del PAC, cometiendo el error de tenerlo no como un verdadero aliado sino como un monigote que asomar, motivo por el cual le fracasó el esfuerzo unitario que impulsaba.

Por su parte, Rodrigo Chaves, a todos los efectos, es una mezcla más que de liberalismo puro, por haber trabajado en organismos internacionales, detestados por la izquierda, de distintos matices de corrientes socialdemócratas, según se puede desprender de sus opiniones sobre diversos problemas nacionales.

En mi opinión hay que ponerle atención al planteamiento liberal progresista de Eli Feinzaig, en general, como al de Rodrigo Chaves para atacar ciertos males nacionales.

En el campo liberal son trasnochados, para mí, los liberales que se mantienen atrincherados en el viejo Movimiento Libertario, que ya no es la bandera de Otto Guevara ni de Federico Malavassi, ni de Natalia Díaz Quintana.

Otto y Federico en su campo, nos gusten o no, han sido buenos diputados, saben hacer su trabajo. Natalia es de otro estilo. Ella sola no va a tener espacio donde relucir, con tantas alternativas liberales. por lo demás, en este momento, está más concentrada en su trabajo profesional que en el político, donde pretende presentarse solita con su partido “Unidos Podemos”.

Los grupos cristianos no católicos van separados sin posibilidad de unirse con Fabricio Alvarado, que ya anunció su plancha presidencial y toda la lista de diputados, aprobados por su Asamblea Nacional, lo que significa que va solo. En el anuncio de su propuesta de candidatos dio el primer golpe. Anunció a todos los 57 diputados, retando con ello a todos los partidos a que hagan lo mismo. Todos los 57 candidatos son profesionales, con estudios universitarios. Aprendió la lección de escogencia de diputados. Otro reto para todos los partidos políticos, la nominación y escogencia de sus diputados.

Los cristianos no católicos al margen del partido Nueva República, de Fabricio Alvarado Muñoz, pareciera que están muy desarticulados. Por ahora no se sienten en su organización electoral hacia el 2022.

La izquierda que ha tenido experiencias de coalición no apunta en esa dirección. En este momento no hay ni existen partidos de izquierda inscritos en posibilidad de coaligarse. No se puede hablar de coalición de grupos de personas, que no existen como partidos inscritos, alrededor de un partido que sí existe inscrito. En este caso es tan solo un llamado a votar por un partido.

Hay grupos y movimientos pequeños de ciudadanos de izquierda. Muy divididos entre sí. Todavía arrastran los dolores del parto que significó la división de la década de 1980. Tienen muchos resentimientos. Su heroico pasado histórico lo enfrentan y valoran de manera hipercrítica, exaltando más los errores, o lo que se consideran errores, que aquello que produce una gloria de reconocimiento en la Historia nacional. El peor de los defectos de estos militantes que andan sueltos orgánicamente es su sectarismo para tratar a otros militantes de izquierda, o personas de izquierda en general. Hay todavía quienes se sienten poseedores de la Verdad política absoluta con solo denominarse de izquierda o exmilitantes. Como decía Fidel Castro en la década de 1960, criticando algunos grupos de izquierda, que hay gente que se siente águila sin tener una sola pluma en su pecho.

La izquierda hoy, en el 2021, tiene que replantearse en todos sus aspectos. La izquierda es hoy un espectro más amplio que en 1980. La desintegración del Sistema Mundial Socialista no acabó con el socialismo ni con el comunismo, como teoría o doctrina política, ni siquiera como utopía política. Acabó con sistemas mal administrados, con prácticas corruptas de gobernabilidad, y con sistemas que no supieron organizarse con prácticas más democráticas de ejercicio de gobiernos, y de ejercicio de derechos y libertades.

Mientras existan los problemas de hambre, desempleo, de pobreza y pobreza extrema, de inequidades sociales y de brechas sociales cada vez más amplias, de mayor concentración de la riqueza, de menores oportunidades y posibilidades de ascensos sociales, de exclusión y marginación de sectores sociales, de destrucción y empobrecimiento de las clases medias, siempre habrá banderas socialistas y comunistas que levantar…y existirán quienes las levanten, por más utópicos o idealistas que parezcan.

El Frente Amplio es observado por estos grupos de manera muy crítica. El mismo Frente Amplio se percibe como un gran complejo de culpa de sus actuaciones. No exhibe por ahora banderas importantes atractivas para los electores. La defensa a ultranza que han hecho de los gobiernos y gobernantes de Nicaragua, y de la Venezuela cabello madurista, es su Talón de Aquiles, que no les ha contribuido a proyectar un modelo socialista para Costa Rica, si tienen por espejos a esos modelos mal llamados socialistas, que tienen prácticas de gobierno corruptas muy enraizadas.

Los esfuerzos unitarios convocados por el ex Secretario General de Vanguardia Popular, Lenin Chacón, en la búsqueda de una coalición, por ahora son gritos en un desierto. No tiene interlocutores válidos.

Estudiar a fondo la historia de Vanguardia Popular es una tarea política para las personas de izquierda que quieren revivirse en las luchas sociales y políticas de este momento.

Coalición para el Cambio como lo proponen Mario Redondo y Eli Feinzaig, es un concepto válido para todos los que quieran impulsar cambios en la Costa Rica actual.

Llaman la atención algunas de las personas que están apoyando a Mario y a Eli, gente preparada, profesionales destacados en sus campos. Con ellos están construyendo sus equipos de trabajo y de plan de Gobierno, entre otros, Fabián Volio Echeverría, Denis Meléndez, Alberto Trejos, Rafael Brenes, Randall Brenes, Juan Enrique Muñoz, Marcela Trejos, Erick Lonis, Gilberto Campos, Walter Niehaus y Laura Fernández.

No han definido aún candidaturas. Alguno de ellos, seguramente, Mario o Eli irá encabezando la papeleta presidencial. Podrían ir los dos, a la vez encabezando provincias, Cartago y San José, como candidatos a diputados, acompañados, de la misma forma, y en la misma fórmula presidencial, de Laura Fernández, gran conocedora del engranaje político institucional, asesora parlamentaria, excelente cuadro político.

Por ahora valoro positivamente este esfuerzo de Mario Redondo y Eli Feinzaig. Es un ejemplo de lo que se puede hacer.

Facultad de Ciencias Sociales UCR difunde material gráfico sobre Proyecto de Ley del Empleo Público

La Facultad de Comunicación – FCS de la Universidad de Costa Rica realiza una serie de imágenes en donde motiva a luchar por un Estado Social de Derecho, las imágenes dejan en claro cuáles son las principales demandas sobre el proyecto de Ley sobre el Empleo público.

Invitamos a visualizar las imágenes en la galería. Además, puede descargar la carpeta comprimida con los elementos gráficos para compartir y utilizar en trabajos de educación ciudadana:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2021/06/Empleo-público.zip

Dos vacunas contra la pandemia neoliberal

Luis Fernando Astorga Gatjens

Quienes nacieron en Costa Rica, al final de los años ochenta del siglo pasado, se han encontrado a un país y una sociedad sumergida dentro del totalizador proyecto económico, político e ideológico neoliberal.

Han visto asimismo (y la mayoría lo ha padecido), el progresivo debilitamiento del Estado Social de Derecho, que emergió en los inicios de la década de los años cuarenta del siglo XX.

Esta progresiva erosión, con acciones de distinto alcance e intensidad, la han protagonizado e impulsado las élites políticas, que han liderado a los partidos tradicionales como el PLN y el PUSC, y también del PAC. Este partido que hoy está en el gobierno, ha sido protagonista de un gran engaño porque nació con una prédica antineoliberal y terminó muy pronto, asumiendo esta doctrina hasta el tuétano. Mientras tanto los evangélicos, que han irrumpido más recientemente en el escenario político, también la han convertido en el objeto de sus principales decisiones y proyectos.

Pero quiero detenerme un momento para recordar lo que se define como neoliberalismo. Se trata de una teoría económica y política que se orienta a reducir al máximo la intervención del Estado y cuyos pilares fundamentales incluyen la privatización de las entidades públicas y la desregulación financiera. Asimismo, forma parte de esta doctrina la reducción de impuestos a las personas más ricas, con el supuesto propósito de impulsar el desarrollo de la iniciativa privada y las empresas para la contratación de más trabajadores, a partir de la llamada filtración descendente, conocida también como «teoría del derrame». Es decir, si los muy pocos “de arriba” crecen económicamente pronto beneficiarán a los muchos “de abajo”. Este derrame en los hechos realmente no se da por el afán concentrador de la riqueza, que pareciera que no tiene límite y que funciona como una especie de agujero negro que se traga todo.

El neoliberalismo emerge inicialmente como reacción a la intervención del Estado como garante de una mayor justicia social (el Estado benefactor). Para el neoliberalismo el Estado debe cumplir un papel muy limitado como organismo regente en la organización de la sociedad; lo que incluye un rol marginal en el funcionamiento de la economía, para así mantener a raya las regulaciones e impuestos a la producción industrial, al comercio y las finanzas. Es igualmente partidario de la reducción del gasto social, de propiciar la libre competencia, de las grandes corporaciones, y de debilitar y desintegrar los sindicatos.

¿Se les parece al modelo que domina la escena política del país desde los años ochenta? Pues claro, eso es lo que ha guiado a los sucesivos gobiernos desde esa década hasta el duro presente pandémico y a las mayorías parlamentarias, que paso a paso, han ido desmontando el Estado Social de Derecho, que singularizó al país y que tanto nos costó construir. Empero hoy la embestida de una élite plutocrática, que evade, elude, que exige la rebaja de impuestos y que los «Papeles de Panamá» la desnudaron en su voracidad mezquina y egoísta, quiere borrar de la historia lo que queda del Estado Social de Derecho.

Representan menos del 1 % de la población del país pero concentran la riqueza que han acumulado, más que con esfuerzos productivos, con nefastas triquiñuelas para nunca cumplir con sus obligaciones tributarias.

Empero lo más grave del neoliberalismo es que también es una ideología que ha penetrado en el cuerpo socio-cultural, en el diario vivir de la gente, en su cotidianidad; incluso en su lenguaje. Erosiona la genuina solidaridad social al compás de un «sálvese quien pueda», profundamente individualista y diluyente del tejido social. Desde que aparece el neoliberalismo, disolviendo doctrinas como la socialdemocracia y el humanismo cristiano, va creciendo, empieza a ganar terreno en la comunicación, en los más influyentes medios informativos, en el intercambio cotidiano de las y los ciudadanos. Lo empieza a dominar todo como una mancha oscura que se expande como un cáncer.

Lo paradójico es que cuando una pandemia tan devastadora para el país, como la que se refleja en las cifras del contagio y de fallecimientos, y en la grave saturación de los hospitales, que exigiría la solidaridad de todos los sectores del país, de manera insensible y soberbia, la élite plutocrática que controla el país, ha pisado el acelerador en su afán de borrar del mapa el Estado Social de Derecho. Hacen caso omiso al hecho incontrovertible de que lo que realmente puede luchar con acierto ante esta pandemia y otras que –con certeza– vendrán en el futuro, es el esfuerzo mancomunado del Estado, desde lo público, con el involucramiento solidario de todos los sectores del país. Jamás la medicina privada habría podido enfrentar como lo hace la pública, desde la Caja y el Ministerio de Salud, la embestida de esta pandemia; aún con errores incluidos.

Y por lo que se observa en el gobierno actual, en la Asamblea Legislativa y en las candidaturas dominantes de los partidos tradicionales de cara a las elecciones del 2022, nadie quiere ponerle el cascabel al gato del neoliberalismo plutocrático; nadie ofrece propuestas con valentía y dignidad que contradigan el proyecto insolidario.

Son personas y partidos que no se percatan (o no quieren percatarse) de lo que está sucediendo en otros países del continente, en donde los serios cuestionamientos al neoliberalismo, se han convertido en una fuerza política que gana elecciones y orienta a gobiernos y parlamentos, y constituyentes (como en Chile).

Tampoco quieren percatarse de que sólo 13 % de los costarricenses, mantienen algún vínculo con algún partido político mientras el 87 % no lo tienen, según se desprende del reciente estudio realizado por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR). No leen que la apatía, el rechazo, el hastío, la decepción y la ira, se están acumulando en una caldera de descontento social, que tarde o temprano, puede estallar.

Todavía están a tiempo de rectificar pero es muy probable que no lo hagan. Mientras tanto yo, como un número creciente de grupos y ciudadanos, trabajamos en un camino de participación política real y concreto, al tenor de lo que fija el artículo 9 de la Constitución, para que una Democracia viva, pueda emerger rompiendo las redes de una doctrina que es buena para el 1 % de la población y que la estamos sufriendo, de distinta forma y alcance, los demás costarricenses.

¿Adivinaron cuáles son esas vacunas para revertir esta doctrina y sus dañinas consecuencias para las mayorías, para nuestro sufrido pueblo? Pues, ni más ni menos, que la participación política y la solidaridad social son la cruz y la estaca con el que hay ponerle fin al vampiro del neoliberal.

(23 de mayo, 2021)

Comunicado Público: Defendamos los recursos de Fo-Mujeres

SURCOS comparte la siguiente información:

De parte del Comité Coordinador del Foro de las Mujeres del INAMU, hacemos llegar hasta ustedes el comunicado público N° 1-2021, si después de leerlo se encuentra de acuerdo con el mismo pueden suscribir el mismo, ya sea de manera colectiva o individual.

Del Foro de las Mujeres del INAMU, ante convocatoria del décimo concurso de Fo- mujeres

Considerando que:

1.La Ley del INAMU N°. 7801 del 30 de abril de 1998 establece, dentro de las atribuciones del Instituto Nacional de las Mujeres para el cumplimiento de los fines señalados y los otros que la misma ley prevé, lo siguiente: «Promover y facilitar la creación de un fondo para fomentar actividades productivas y de organización de las mujeres». Y por otro lado el Artículo 1 del Decreto Ejecutivo N°. 37783-MP crea el fondo no reembolsable denominado: «Fondo de Fomento a Actividades Productivas y de Organización de las Mujeres».

2.El INAMU es un ente rector a favor de Políticas para la Igualdad y su actuar debe ser ante cualquier forma de discriminación y por la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres

3.Que desde el año 2019, las organizaciones de Mujeres y Feministas han venido planteando, propuestas de evaluación y mejora sustantiva al FO-mujeres para que logre cumplir con esos objetivos.

4.La crisis actual en el contexto del covid,-19, profundiza las desigualdades sociales, económicas, de empleo en las mujeres, impactando de forma relevante el deterioro de sus condiciones de vida.

Demandamos:

1.Que los recursos de Fo-mujeres de la convocatoria del 2021, sea destinado en su totalidad y de forma directa a las mujeres y sus emprendimientos y a las organizaciones por los derechos de las mujeres

2.Que el INAMU mantenga su perfil de apoyo directo a las mujeres y organizaciones de mujeres y no transmute hacia un ente financiero u otras instituciones.

3.Los recursos de Fo-mujeres deben llegar de forma práctica, asequible y directa a la pluralidad de las mujeres con emprendimientos que mejoren sus condiciones actuales de vida ante la crisis económica que vive el país, y debe contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones por los derechos de las mujeres que históricamente han tenido presencia local, regional y nacionalmente

4.Es necesario aumentar los montos para las organizaciones de mujeres que les permita cumplir su rol de tutela y defensa de los derechos de las mujeres. Más aún en momentos donde estos derechos están seriamente amenazados no sólo por la crisis de la pandemia del covid-19, sino también por el avance de movimientos anti derechos y políticas que atentan contra nuestro estado social de derecho.

Ratificamos:

a)Nuestro total desacuerdo a la propuesta de reducción del presupuesto de Fo-mujeres de la 10 edición y su fragmentación para otras modalidades como la convocatoria de un fondo abierto y planes de inversión, por cuanto estas modalidades de convocatoria, limita radicalmente la participación de las organizaciones de mujeres, violentándose el artículo 4, inciso j… “fondo para fomentar actividades productivas y de organizaciones de mujeres”.

b)La urgente necesidad de que los fondos de fo-mujeres se constituyan en programa permanente del INAMU en favor de las mujeres y de las organizaciones por los derechos de las mujeres.

c)Que el INAMU debe mantener su rol de rectoría en la fiscalización de las instituciones para que éstas contemplen dentro de sus programas y presupuesto propio, el apoyo a las mujeres.

Si desea llenar suscribir el comunicado, adjuntamos el link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4hNpeMqJHh6-1OO4ny0SFT3AHgt4MPXehcowFtgVoK7HmbA/viewform

“Gobierno paralelo” hunde a miles de costarricenses

Por Rafael A. Ugalde Quirós*

A menos de un año de las elecciones generales en Costa Rica, el llamado “gobierno corporativo” hunde a miles de trabajadores costarricenses en la pobreza y la desigualdad social, viendo ellos como la pequeña nación centroamericana de 51 mil kilómetros cuadrados irremediablemente, se “colombianiza” por la corrupción y narcotráfico en los más altos niveles de la sociedad, mientras intencionalmente va cambiando el Estado Social de Derecho hacia otro donde los poderes de la república formalmente existen pero sus competencias cada vez son más difusas por la colaboración que deben dar para consolidar así el ambicioso “proyecto” país.

 Con un 60% de los votos en segunda ronda para el presidente Carlos Alvarado en 2018, proveniente del Partido Acción Ciudadana (PAC) – una incisión de partidarios que se consideraban marginados del “socialdemócrata” Liberación Nacional (PLN)- los costarricenses hicieron gala de su buena fe y creyeron en un redireccionamiento de la política exterior , la seguridad ciudadana, la cleptocracia y la economía doméstica controlada, esta última, como es sabido, por al menos un centenar de familias encargadas de las finanzas, los bancos y el gran comercio. Los votantes vieron entonces la oportunidad de “castigar” al cerrado bloque bipartidista constituido por “socialcristianos” y “liberacionistas”, fortalecido sobre manera a partir de la administración de Luis Alberto Monge (1982-1986), cuando este gobierno apostó por el Primer Ajuste Estructural de la Economía (PAE I) exigido por el Banco Mundial.

Es así que a menos de 10 meses de realizarse las elecciones generales – están previstas para el 6 de febrero de 2022- la reputación del mandatario no es la mejor: sus detractores lo vincularon con supuestos viajes de descanso pagado por empresarios allegados a su gobierno, de priorizar la economía por encima de la salud de los trabajadores, de no dejar pasar la crisis de la pandemia para echar al suelo conquistas laborales y de recolectar “información” personal de más de un millón de ticos, sin que los ciudadanos conocieran estas andanzas, entre otras. La Fiscalía General de la República dice que va a investigar hasta las últimas consecuencias al gobernante y a un cercano grupo suyo por este asunto de la recolección de información de más de un millón de personas que, primero se entregó a una empresa privada para su “custodia” y luego, dicen ya está en el lugar correspondiente por ley: el Ministerio de trabajo. Su popularidad tampoco es la mejor, pues una encuesta centroamericana de opinión otorgó a Alvarado el último lugar en el istmo (Agencia Prensa Latina, citando a la encuestadora CID Gallup 4/3/2021).

La matriz mediática presenta además al gobernante como “alumno” aventajado en cuanto a las peores causas enarboladas por Washington, sí se trata de los gobiernos constitucionales de Daniel Ortega y Nicolás Maduro, en Nicaragua y Venezuela, respectivamente. Respalda al “grupo de Lima” y a la desprestigiada Organización de Estados Americanos (OEA), cuando se trata de reconocer al “gobernante fantasía” y su “banda” – no controlan en Venezuela una cuadra- encargados de saquear los activos de los venezolanos en el extranjero. Sí bien es cierto el gobierno de Alvarado terminará su administración en 2022, desde ya tiene asegurado un lugar en el colectivo de miles de trabajadores costarricenses, sobre todo a partir de sus gestiones para alcanzar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $ 1.778 millones, que a decir de sus detractores, no necesita el país y, en cambio, compromete seriamente el futuro del movimiento sindical, el empleo público y las cuatro universidades públicas para citar algunos de los “daños colaterales” . El decir de estos grupos es que “embarga” la nación centroamericana por varias generaciones, así como toda clase de recursos e instituciones. Las universidades públicas en la mira desde hace tiempo por el “proyecto país” (Súmese el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) o la Refinadora Costarricense de Petróleo) sobreviven frente a unas 60 casas de estudios superiores privadas encargadas de llenar de sus profesionales los tres poderes de la república. Las autoridades universitarias les han costado entrar en razón en el sentido que para muchos de los tecnócratas formados en ellas la educación ya es un gasto ensanchador del llamado déficit fiscal y no una inversión y un derecho a la instrucción, sobre todo de aquellos más arrinconados por el sistema de producción. El dirigente del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU), Trino Barrantes, en un reciente llamado a la unidad para la defensa del “Estado Social de Derecho”, la coordinación de “acciones” y “la lucha contra el neoliberalismo”, calificó de “guerra despiadada desde los tres poderes de la República” la coyuntura que viven los costarricenses.

En otra proclama en ocasión del 1 de mayo dada a conocer por la revista Surcos los trabajadores acusaron a las élites económicas y políticas del PLN, de los Partidos Unidad Socialcristiana, del PAC, Restauración Nacional y Nueva República, de “precarizar” las deterioradas condiciones laborales y salariales, al reducirse las jornadas laborales, suspenderse los contratos de trabajo y congelando salarios. En el documento proclama del movimiento sindical “por el derecho a la vida, al trabajo, a salarios; se oponen al acuerdo con el FMI y las exigencias que el mismo contiene con siete proyectos legislativos simulados, porque deteriora servicios públicos esenciales, empobrecen, y golpe las instituciones estatales.

Recuérdese que mediante una Cadena de radio y televisión a principio de octubre de 2020 Alvarado, y quien fue presidente de la Asamblea Legislativa Eduardo Cruickshank, convocaron a una mesa de diálogo multisectorial a fin de buscar acuerdos para atender la situación fiscal y la crisis económica del país. Cerca de 70 organizaciones entre sindicatos, federaciones estudiantiles de las universidades públicas, Alianza Cristiana, Movimiento solidarista, municipalidades, Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, entre otras , junto a Cámaras y federaciones empresariales fueron llamadas al “dialogo” por Costa Rica (fuentes: https://delfino.cr/2020/10/quienes-representaran-a-cuales-sectores-en-la-mesa-de-dialogo-multisectorial y https://www.larepublica.net/noticia/estado-de-la-nacion-cancela-dialogo-multisectorial-porque-no-se-dieron-las-condiciones-necesarias).Sin embargo, ahora algunos “lideres” sindicales que tuvieron expectativas con dicho dialogo, sienten ya los efectos de aquel promovido “acercamiento”; no obstando lo anterior para reconocer que, por encima de las críticas que ahora quieren hacer al jefe de estado, es un hecho que el presidente Alvarado, sí “tiene quien le escriba”, pues en algunos medios de comunicación ha recibido apoyo para su frase favorita dicha por televisión: “trabajar, trabajar”. Estas loas provienen principalmente de miembros de cámaras y federaciones empresariales, algunos cuyos líderes son, a la vez, parte o defensores del poderoso “gobierno corporativo” (Ver: https://elearningccpa.or.cr/producto/presupuesto-publico-contratacion-administrativa-17-05-2021/?id_producto=undefined).

SOROS Y LA “TERCERA VIA”

El “esfuerzo” sostenido por casi 12 años, en cuanto a la posibilidad de una “tercera vía” de gobernanza sin “capitalismo salvaje” y menos algún asomo de “socialismo”, tiene en Costa Rica “magistrales” alumnos que, a lo mejor, el magnate George Soros conoce y ni siquiera imaginó cuando confeccionó sus mantras para el campo de los recursos naturales y dar su lógica creíble a la ideología de género, entre otros. Desde los gobiernos de la expresidenta Laura Chinchilla (2010-2014); el exmandatario Luis Guillermo Solís (2014-2018); así como del actual (2018-2022), la nueva gobernanza está complementada por grandes empresas cuyos esfuerzos van dirigidos a fortalecer las relaciones de los accionistas, propietarios e inversionistas con el Estado, cada vez más disminuido. De esta manera, el llamado “estado corporativo”, adecúa el marco legal, financiero y económico a la “democracia”, “la paz social” y el “desarrollo” del país.

Empero, la discusión sobre cómo organizar a los asalariados y articular sus demandas, más allá del interés del empresariado para que disputen, en un primer momento el poder, lo controlen luego, y posteriormente, sea distribuido entre los sujetos activos de la producción de riqueza, sigue siendo una tarea pendiente entre los líderes de los asalariados. La evidencia más a mano es la desmovilización de los trabajadores promovidos por este sistema de “gobernanza paralelo” en estos últimos años; además de que muchas cabezas de la llamada gente “progresista” o la denominada “izquierda”, han perdido la perspectiva de lucha en pro del derecho a tener patria independiente, justa y digna, presentando como “conquista”, por ejemplo, ver izada la bandera del movimiento LGTBIQ en las afueras de la casa presidencial, como sinónimo de “igualdad” e “inclusión” social, cuando los prejuicios sociales, económicos y religiosos siguen evidentes a lo largo y ancho del país contra estas minorías; o la lucha por mejores salarios para las mujeres, como forma de combatir “el patriarcado”, olvidando la necesidad urgente de enderezar la lucha conjunta de hombres y mujeres contra las estructuras económicas que cada día nos despojan de esa patria cuyas sabanas corrimos siendo niños y a la cual tenemos derechos a vivir con dignidad como personas por el simple hecho de haber nacido vivos.

De esta .manera, quienes por acción u omisión defienden las tesis de Soros en cuanto a familia, ambiente, recursos naturales o trabajo, lograron muchas veces elevar a tema nacional sí, es mejor o peor un “estado laico” , sí la extracción de minerales a cielo abierto va contra el “desarrollo sostenible”, etc.; por encima de por qué en Costa Rica el sindicalismo es inexistente en el sector privado, sí es posible un sindicalismo en pleno siglo XXI que entierre egos y derribe feudos, o sí este país cumple con el artículo 23.1 de la Convención Universal de Derechos Humanos. Esta norma ordena que el trabajo es un derecho garantizado a la persona, pero el gobierno corporativo interpreta que la disposición se refiere a escoger libremente el trabajo. O hasta dónde, haberse sometido a la tesis de la fundación Soros, en cuanto debe reducirse la población en las economías periféricas, ya afectó a toda la sociedad costarricenses. La cantidad de adultos mayores ha crecido un 60% solo en los últimos 12 años y para estar más que claros, para el año 2045, seremos más adultos mayores que jóvenes (Fuente: https://www.google.com/search?q=costa+rica+envejece&rlz=1C1UUXU_esCR944CR944&oq=costa+rica+envejece&aqs=chrome..69i57.9867j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8).

El “gobierno corporativo” puede ufanarse que el valor agregado en el sector de servicios es de un 73 % del valor total de Costa Rica, seguido por la industria y la construcción (21 %) y el sector primario (5 %). El proceso de apertura al comercio internacional y la atracción de inversión extranjera directa, que comenzó desde las décadas de los ochenta, diversificaron la producción del país, impulsando las exportaciones y mejorando la utilización de la fuerza laboral (Fuente: El Panorama del gobierno corporativo; en https://www.oecd-ilibrary.org/sites/380130cf-es/index.html?itemId=/content/component/380130cf-es). Además debemos alegrarnos que los ticos con anemia menores de dos años son apenas el 18%, el desempleo nacional es de 23,2%, según la encuesta Continúa de Empleo (ECE), cuyo porcentaje de desocupados nunca antes se había visto, cuya fuente asegura es culpa de la pandemia de la COVID 19. O con el creciente deterioro de las escuelas usadas por la gente impedida de recurrir a la boyante educación privada. Según la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, no se justifica el abandono en que están los centros de educación pública, porque “el Estado es responsable de asegurar las condiciones que permitan la plena realización de los derechos del niño y en particular, el derecho a una educación de calidad. (Fuente: Sobre anémicos en La Nación 16/ago 2019 y https://www.elmundo.cr/costa-rica/defensoria-mal-estado-de-centros-educativos-debe-ser-prioritario-para-el-mep/).

NACE UN MANTRA: “SIN FMI NOS VAMOS AL CARAJO”

El desempleo, la falta de vivienda, los elevados precios de los servicios y los alimentos, el congelamiento de salarios y la exclusión social – Costa Rica está entre los cinco primeros países latinoamericanos con más mayor inequidad – entre otros, estaban antes de la aparición de la pandemia de COVID 19. El sicariato y los “ajustes” de cuenta, al mejor estilo de Colombia, nunca necesitaron de un maldito virus para extenderse. Con o sin vacunas están presentes en la vida del costarricense. Y no hay un plan integrado que ataque las raíces socioeconómicas del problema. Las noticias sobre narcotráfico suelen ser aquí las compañeras inseparables durante el almuerzo o la cena. Solo en febrero de 2021 la Policía Antidrogas confirmó que evitó la “exportación” de 2.5 toneladas de cocaína; que saldría por el puerto de Limón. Según la agencia de noticias Reuter -9 ene de 2021- Costa Rica cerró el 2020 con la mayor cantidad de cocaína y marihuana incautadas en su historia, al decomisar 71,2 toneladas de droga, explicando que el récord se logró por un aumento de la producción en Colombia y mayores capacidades policiales en casa.

En este contexto cobró relevancia que un influyente diputado del PLN, exsecretario general de esa organización y presidente de la comisión legislativa sobre narcotráfico, Gustavo Viales, renunciara a los dos últimos cargos, tras ser vinculado por la policía con una investigación a un cartel dedicado al trasiego de cocaína y legitimación de capitales. (Fuente:ELPaís.cr; 13/4/2021; http://www.elpais.cr/2021/04/13/diputado-viales-del-pln-renuncia-a-inmunidad-por-caso-de-narcotrafico-en-region-sur/). El ha negado toda vinculación hecha por la policía, así como de unos parientes cercanos, haciendo ver su disposición a someterse a la investigación. Según la Fiscalía de la República la banda había infiltrado la policía del Organismo de Investigación Judicial (OIJ); trasegarían una tonelada de cocaína cada dos meses. En 1985 durante la administración del PLN, encabezada por expresidente Monge, fue detenido en Costa Rica el “inversionista” y narcotraficante mexicano, Rafael “Caro” Quintero, supuestamente con una lista de “contactos”. Fue devuelto a México en tiempo récord y la libreta donde, según la prensa, aparecían direcciones y ubicaciones de esos contactos se perdió misteriosamente.

No todo, empero, está perdido en cuanto al derecho de tener un mejor país y lo provisorio del asunto. Para el presidente Alvarado la situación socioeconómica de su país encontrará una solución con el préstamo de $ 1776 millones provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI), pero como “no hay chocolate sin cacao”, para acceder al empréstito deberá reformarse todo el sector estatal, congelar planillas y salarios, así como reducir fondos a importantes instituciones públicas (transferencias suena más elegante). De esta manera, la gobernanza paralela – está inspirada en el gobierno de los empresarios brasileños desde 1995-, prácticamente se consolidará definitivamente, pues quedan pocos activos estatales que vender o dar en concesión.

Durante un reciente discurso dado en la región del pacífico costarricense, en tono coloquial y para destacar la trascendencia del empréstito, Alvarado aseguró que necesitan la reforma del sector público a fin de reducir el faltante fiscal, porque sin el FMI “todo se va al carajo”.

Fuente: Semanario Universidad del 13/4/2021.

El déficit fiscal se origina, según la versión oficial, porque se destina el 1.56% de la producción nacional al pago de la deuda, siendo la mayor carga (83,82% de ella) para los llamados acreedores internos (Fuente: Diario Extra 17/4/2021). Para el Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, el faltante fiscal es provocado por los tenedores de bonos de la deuda interna, la evasión de impuestos, la corrupción, el contrabando y las repetidas amnistías tributarias dadas en los distintos gobiernos, cada vez que así exigen el empresariado.

Vargas apunta a que los distintos gobiernos han “satanizado” a los empleados públicos como los responsables de la crisis fiscal cuando hay elevadísimos salarios en el sector estatal para altos burócratas afines al proyecto neoliberal, además de millones de colones que se pagan en “asesorías” a los amigos del gobierno. Es del criterio que quienes tienen bonos de deuda interna y especulan con esos valores, hacen que cada costarricense nazca embargado, pues llega a este mundo con una deudilla equivalente a $ 9.917. Por su parte, el Semanario UNIVERSIDAD se quejó recientemente porque nadie conoce a estos “tenedores de deuda interna”, pues están blindados por el principio de “confidencialidad”, según los altos tribunales del país.

Este periódico dio a conocer que 25 grandes contribuyentes del control unificado del Ministerio de Hacienda entre 2017 y 201|9 estuvieron, inexplicablemente, ausentes del Registro Único de Contribuyentes, según una investigación realizada por la Contralaría General de la república (Fuente: https://semanariouniversidad.com/pais/fifco-britt-h-solis-farmaceutica-y-pineras-fueron-grandes-contribuyentes-que-quedaron-fuera-del-foco-de-hacienda-en-algunos-anos/). El informe asegura que todas esas firmas registraron volúmenes de importaciones por ₡ 370.936 millones e impuestos aduaneros por ₡ 51.078 millones, equivalente en dólares estadounidense a unos $ 604 234 millones y 83 millones.

¡Sí, amigo, Cid Campeador, cosas veredes¡

* Periodista, abogado y notario por la U.C.R.

Proclama del movimiento sindical “por el derecho a la vida, al trabajo, a salarios dignos”

SURCOS comparte la siguiente proclama:

La clase trabajadora a nivel global conmemora este 1 de Mayo, el Día Internacional de las y los trabajadores, luchando contra la pandemia por COVID-19, con un altísimo costo en vidas y un terrible impacto económico y social.

En nuestro país, miles de trabajadores, públicos y privado, están en la primera línea: sosteniendo la continuidad de la vida en hospitales y clínicas; garantizando el acceso a electricidad, agua potable, educación, supermercados, pulperías, tiendas, a transporte público; produciendo productos y bienes en fábricas e industrias; que con su labor diaria posibilitan que la vida continúe a pesar de la grave crisis sanitaria.

La pandemia ha sido utilizada por las élites económicas y políticas del PLN, PUSC, PAC, Restauración Nacional y Nueva República para precarizar, aún más, las deterioradas condiciones laborales y salariales: reducción de jornadas, suspensión “express” de contratos laborales, congelamiento y reducción de salarios.

La jerarca del Ministerio de Trabajo se ha dedicado a instrumentalizar todas las medidas antilaboralles para proteger los intereses empresariales, con el eufemismo de “proteger el empleo”, ignorando toda protección y norma laboral.

Un gobierno absolutamente insensible al clamor de miles de compatriotas trabajadores, que sólo atien­de a las élites empresariales y cuya única estrategia económica son las propuestas neoliberales de austeridad para desmantelar nuestro Estado Social de Derecho.

Por tanto, rechazamos:

1- El Acuerdo con el FMI y su agenda complemen­taria de 7 proyectos legislativos que golpean nuestra institucionalidad pública e impone más impuestos al pueblo.

2- La política de recortes presupuestarios que deteriora servicios públicos esenciales para la vida y que abren el camino a la privatización.

3- La actual política económica del gobierno y sus aliados políticos que empobrece más al conjunto de la sociedad costarricense.

Exigimos:

1- Que se garantice que los patronos cumplan con su obligación de dotar de equipos de protección a los trabajadores, para evitar que tengan que costearlo los trabajadores.

2- Que el Ministerio de Trabajo, en forma inmediata, ponga en marcha la operación de las Comisiones de Salud Ocupacional en todos los centros de trabajo a fin de fiscalizar el cumplimiento de protocolos de protección.

3- Que el Ministerio de Trabajo ponga a la Inspección Laboral a verificar el cumplimiento de las condiciones laborales y las medidas y protocolos de salud en todos los centros de trabajo, privados y públicos.

4- Que el MOPT destine a los oficiales de tránsito necesarios para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias en las unidades de transporte público, para proteger a miles de personas trabajadoras.

5- Que las autoridades sanitarias, en particular el Ministerio de Salud, acelere el ingreso de vacunas y se garantice la inmunización a todos los habitantes.

Proponemos:

1- Se impulse una política de “reconstrucción económica” que ponga en el centro la creación de empleos permanentes y sostenibles, con salarios dignos; incrementando la capacidad de consumo, el fortalecimiento del mercado interno y contemple estímulos a los pequeños agricultores y a las micro y pequeñas empresas.

2- Garantizar el mejoramiento de las finanzas públicas por medio de una política fiscal orientada no a gravar el consumo, sino al patrimonio, a las ganancias de capital, a las herencias y a las grandes fortunas y riquezas.

3- Establecer una política de nuevos ingresos tributarios por medio del combate a la evasión y elusión fiscal corporativa, ilegalizando las sociedades offshore; quitando el secreto bancario y tributario; ilegalizando la práctica de trasladar ganancias a paraísos o guaridas fiscales y convirtiendo el fraude fiscal y a la seguridad social en un delito penal.

Llamamos a la clase trabajadora:

1- A no dejarse engañar por los mismos de siempre con sus promesas electorales. El PAC, PLN, PUSC, Restauración Nacional y Nueva República son responsables de que tengamos mayor pobreza, desempleo y la reducción de los salarios y otros.

2- A organizarnos y redoblar nuestra capacidad de lucha contra la élite neoliberal que busca desmantelar nuestro Estado Social, privatizar los servicios públicos y empobrecernos día a día.

3- A construir un imponente movimiento de resistencia, lucha e indignación social, que abra paso a la transformación de una Costa Rica verdaderamente incluyente, equitativa y solidaria.

Movimiento sindical y social en lucha

1 de mayo 2021