Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Un museo con sede en Mexico dedicado a la narcocultura muestra la razón del hiperconsumo llevada al extremo.
Desde lentes con valores inimaginables pasando por armas con incrustaciones de millones de dólares, hasta piyamas blindadas y vestidos valorados en millones de dólares.
En esencia se trata de una acción en la que se conjugan poder y acumulación impulsados por una estética que ha trastocado los valores con los que la sociedad venía construyéndose.
“Ser alguien” no es ya un fin que se consiga con la educación como palanca. En medio de un discurso de la desesperanza, las personas jóvenes encuentran en otras prácticas culturales, económicas y sociales, los mecanismos para construirse cierto lugar donde ser visibles.
En particular en contextos pobres y precarios, el lenguaje de lo pragmático que proponen las actividades delictivas organizadas se superpone a los proyectos educativos, en otros momentos integradores horizontales y verticales de la sociedad.
Por esa razón en el caso costarricense nos enfrentamos a nuevas lógicas de convivencia que tienen como eje formas de relación donde la frugalidad, la acumulación y la violencia sustituyen el proyecto integrador del estado social que alguna vez funcionó para todos.
Al finalizar junio más del 50% de los homicidios perpetrados en el país tenían como causa principal el ajuste de cuentas, indicador de cómo el mercado ha hecho su trabajo en la instalación de los poderes fácticos como organizadores de lo social.
En algunos barrios populares costarricenses la opulencia ya empieza a evidenciarse como estética dejando atrás la precariedad, lo que significa que es otro el contrato social predominante.
Por ahora la perplejidad analítica no nos deja señalar un camino de respuesta. Hemos dicho que la mejor manera de abordar estas nuevas realidades es acudir a un pacto inclusivo con nuevas formas de juntarnos. No se si sea suficiente. Pero sigo aspirando a ello.
Por Memo Acuña (sociólogo y escritor costarricense)
Días antes, una marcha de diversos sectores sociales en defensa del agro costarricense había sido rebajada en su significado por el mismo presidente de la República.
El sentido de asumir el espacio público como un espacio político es, en un país como Costa Rica, al menos la expresión de que cierta respuesta aún pervive en el inconsciente colectivo, dada la poca capacidad de los partidos políticos no hegemónicos y la misma sociedad civil para convocar un movimiento articulado, ante la maquinaria ideológica y práctica del neoconservadurismo y la derecha tóxica que se pasea gustosa por los tres poderes de la Republica.
Ante este escenario, la calle como expresión.
Valga decir, sin embargo, que los movimientos de mujeres, tan diversos como heterogéneos pero claros en sus urgencias y planteamientos, han sostenido ese significado cada 8M y lo han dotado de sentido: el mensaje debe quedar patentado no solo en sus cuerpos (que utilizan como lienzo y pancarta) sino en las paredes de varios edificios emblemáticos en el centro de la ciudad capital. Eso es acción política, reivindicativa, cuestionadora.
Han sabido politizar la calle.
Mientras esto ocurre, mientras la respuesta social se rearticula para enfrentar la falacia de un discurso y un ejercicio gubernamental plagado de mala fe y desorientación, la calle sigue siendo disputada como ese espacio político y simbólico.
En ocasiones como signo inequívoco de las más feroces violencias.
Ocurrió días después de esa marcha multitudinaria a la que el discurso presidencial dedicó calificativos ofensivos.
Un nutrido grupo de motociclistas intentó traspasar una de las agujas de cobro de la carretera denominada Ruta 27, administrada por una concesionaria empresarial internacional. Una carretera privada en vía pública.
Al no tener éxito, algunos de los motociclistas se fueron con violencia contra la corporalidad de una persona cobradora. Le castigaron hasta reducirle a la impotencia, en el suelo. Y entonces lograron su cometido: pasar el peaje sin pagar el monto establecido.
Salvo algunas poquísimas excepciones, los principales medios de comunicación nacionales no ahondaron en este hecho en su principal significado: el uso de la violencia como mecanismo para transitar plácidamente por la vía.
Ni siquiera las autoridades gubernamentales hicieron referencia a este lamentable altercado, lo cual demuestra que desde su perspectiva hay violencias legitimadas y hay otros usos de las vías, políticos y cuestionadores, que no serán permitidos o autorizados ni en la práctica ni en el discurso.
Para ese grupo de motociclistas escudados en un colectivo descontrolado no hubo aquella frase “esas no son las formas”.
Avisados estamos. En esta batalla sociocultural por la defensa de lo que nos queda de Estado Social, la calle seguirá constituyendo ese territorio de disputa al que deberemos acudir una y otra vez para hacerla propia y devolverle su sentido social y político.
En el año 2021, una serie de organizaciones de la sociedad civil, sobre todo de base agro, se acercaron a la Rectoría de la Universidad de Costa Rica y le solicitaron al rector que la Universidad asumiera el papel de motor articulador de muchos grupos sociales que andan dispersos y que requieren de un espacio y apoyo idóneos para sentarse a dialogar sobre sus preocupaciones en torno a, según dichos grupos, los peligros que están circundando a diferentes instituciones y campos de la sociedad que son clave en nuestro Estado social de derecho.
Ante tal solicitud, la UCR reflexiona y entiende que es su deber responder ante este llamado a la reflexión nacional, así como sumar para amalgamar inquietudes y propuestas que circulan casi siempre unilateralmente, que reúnen preocupaciones varias, pero que convergen con claridad en una gran interrogante: ¿qué está pasando con el Estado social de derecho y el contrato social que suponía y que distingue históricamente a la sociedad costarricense en nuestra región y en el mundo?
El decano de la Facultad de Letras, el Dr. Francisco Guevara, explicó que el hecho de que los movimientos sociales busquen a la UCR para reflexionar sobre la realidad nacional provoca satisfacción y esperanza en el tanto los distintos actores sociales estén en busca del capital intelectual: conocimiento, datos y estadísticas que les permitan construir una visión integral de los problemas nacionales.
Combatir la dispersión social
A raíz de esa reflexión, el pasado octubre, tuvo lugar en la UCR un primer encuentro de organizaciones y movimientos sociales. Unas 40 agrupaciones acudieron a este primer encuentro: organizaciones de la sociedad civil, de la diversidad, de cultura, de mujeres, de la agricultura, sindicatos de varias instituciones que dan servicios públicos, entre otros.
En este intento de articulación, participan las universidades públicas en la figura del Consejo Nacional de Rectores (Conare). “Esta incorporación del resto de universidades públicas busca que seamos entonces el marco articulador de ese movimiento social que anda desde hace algunos años desamparado, agobiado”, detalló Marinela Córdoba, politóloga y asesora en la Rectoría de la UCR.
Un segundo encuentro de movimientos sociales se realizó este lunes 28 de noviembre, en el Aula Magna de la UCR. El espacio denominado Foro por el Futuro será la oportunidad para presentar a las diferentes organizaciones sociales una propuesta de mesas de trabajo para los próximos seis meses. “A estas mesas se invitará al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para trabajar en once temas específicos que inquietan a los movimientos sociales. Se pretende construir algunos productos que se puedan retribuir a los tomadores de decisiones en el país, a través de propuestas, proyectos de ley, etc.”.
El espacio incluyó un conversatorio sobre las políticas actuales en torno al Estado social de derecho con intervenciones de representantes de las organizaciones allí reunidas. La Federación de Estudiantes de la UCR también presentó un manifiesto. Hassan Lobo, presidente de la FEUCR, señaló que lejos del discurso populista «… la presencia de los sectores sociales en el foro nos llena de esperanza de un porvenir más justo y democrático».
“Es un momento de compartir, de reflexión y de diálogo, en el cual abordaremos la propuesta metodológica para el trabajo que iniciaremos a partir del 2023”, concretó Córdoba.
¿Por qué tocar las puertas de la UCR?
Para Marinela Córdoba, parte de la respuesta se encuentra en la legitimidad que la UCR también se ha ganado por su interlocución histórica con muy diversos grupos, temáticas y comunidades; por la capacidad y recursos intelectuales que las organizaciones sociales reconocen en la universidad pública. “La UCR es la llamada a cobijarnos, nos han dicho estas organizaciones, se sienten amparadas en la U, donde ven aún un poquito de ese Estado social de derecho que está en riesgo”.
Foro realizado este 28 de noviembre del 2022 en el Aula Magna de la Sede Universitaria Rodrigo Facio. Foto: María Peña Bonilla, UCR.
Por su parte, Pablo Morales, asesor de la Rectoría, considera que todos esos movimientos y organizaciones sociales buscaron a la UCR porque “sienten que están excluidos de la discusión política del modelo productivo que se está gestionando desde algunos espacios políticos, y también porque perciben políticas que debilitan a la institucionalidad pública y a la democracia. Entonces, frente a ese escenario, la UCR es un actor que puede aportar en el análisis y la reflexión sobre esas temáticas”.
Morales señala que es pertinente recordar las funciones constitucionales que se le han encomendado a la Universidad. “La Constitución Política nos manda hacer análisis y reflexión, y esto lo haremos en este foro del 28 de noviembre. Analizaremos y reflexionaremos sobre las situaciones que nos están planteando esos movimientos sociales, sobre esa coyuntura, se trata de generar acciones democráticas en defensa del Estado social de derecho, la democracia y la institucionalidad pública”.
Si bien cada una de estas organizaciones y movimientos tiene una agenda más propia, esta iniciativa en la que el marco articulador está conformado por las universidades públicas no va a gestionar un conjunto de agendas gremiales. “Nosotros, como universidades, vamos a gestionar las preocupaciones de fondo al respecto de la institucionalidad pública, la democracia y el debilitamiento del Estado social de derecho. Es otro plano de discusión en el cual todos estos sectores coinciden, pero que son excluyentes de sus agendas gremiales, están en otro ámbito”.
Aunque la tarea principal de este trabajo conjunto con las organizaciones y movimientos sociales es la reflexión, la idea es que la Universidad pueda también aportar cuando exista una movilización social y las personas tengan claro por qué se movilizan, “que no sea una movilización en abstracto, desinformada; a la Universidad le puede tocar el rol de problematizar los temas frente a los cuales la gente se moviliza”.
Finalmente, Morales enfatiza que la vida de la mayoría de la población costarricense, a diferencia de otros países, pasa muchísimo más por un entramado de institucionalidad pública que toca diferentes puntos de nuestra vida. “Porque nuestra institucionalidad pública no solo protege los derechos de primera generación (derechos individuales), sino que protege derechos humanos de segunda generación que son derechos económicos, sociales y culturales que tienen que ver con jubilación, con sanidad pública, con educación, entre muchos otros; son derechos que se ejercen más colectivamente que individualmente”.
Es importante que los movimientos sociales tengan voz fuerte
El rector de la Universidad de Costa Rica, el Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, dijo que no se pude permanecer indiferente a los ataques al Estado social de derecho y pidió que, así como se deben dejar de lado las diferencias entre las universidades públicas, se deben dejar de lado las diferencias entre las distintas organizaciones, que no se trata de defender a las organizaciones ni sus privilegios, pero sí defender la institucionalidad.
La funcionaria Córdoba rescató que después del histórico confinamiento por la pandemia del COVID-19, después de una desmovilización es importante sentirnos unidos como sociedad civil, como movimiento. “También es importante el convivir y sentirse ciudadano, ciudadana, con empoderamiento, y eso lo va a permitir esta articulación que se va a hacer desde la UCR”.
Córdoba agrega que es importante entender que la sociedad civil, que los movimientos sociales, necesitan volver a tener voz, y a través de la Academia, de su metodología, de los datos, de la ciencia, se pueda educar y aterrizar de manera menos abstracta en estos temas de ciudadanía que son tan importantes. “Presentar propuestas claras, concretas, de calidad en forma y en fondo para el futuro del país y, sobre todo, para la defensa de nuestro Estado social de derecho”.
En referencia a ese modelo de Estado social de derecho, Morales también suma que la institucionalidad pública, tal como se definió en la Constitución Política y como se desarrolló en las principales leyes del país, tiene por objetivo “penetrar y conectarse directamente, cuando no es gestionar en forma directa, la productividad del país y, por eso, las instituciones públicas son un referente indispensable para entender el desarrollo del país en los últimos 70 años”.
Proceso de trabajo
Se crearán mesas temáticas de reflexión: 1. Reforma del Estado 2. Educación 3. Salud 4. Economía y modelo productivo 5. Equidad de género e inclusión social 6. Energía y telecomunicaciones 7. Agricultura 8. Derechos sociales y económicos 9. Arte, cultura y humanidades 10. Ciencia y tecnología 11. Medio ambiente 12. Innovación y transferencia de conocimiento 13. Justicia En un periodo de tres meses se producirá:
Un diagnóstico de las principales problemáticas que aquejan al sector o temática de análisis.
Una serie de medidas para el corto, mediano y largo plazo, que serán trasladadas por el rector al Poder Ejecutivo y Legislativo.
Los procesos podrán producir propuestas de ley específicas en las áreas temáticas debatidas.
María Encarnación Peña Bonilla Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR
El próximo miércoles 3 noviembre del 2021, a las 9:00 am, se llevará a cabo el foro: “Seguridad ciudadana y segregación urbana en contextos de emergencia”, una reflexión a la luz del bicentenario centroamericano. Se contará con la participación de:
Natalia Camacho, directora ejecutiva Promoción de la Paz y Convivencia Ciudadana. Ministerio de Justicia y Paz (República de Costa Rica)
Edgardo A. Amaya, director Dirección de Información y Análisis. Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (República de El Salvador)
Gustavo Bardales, asesor en la Subsecretaría de Seguridad. Despacho de Prevención de la Secretaría de Seguridad (República de Honduras)
Axel Romero, ex viceministro de Prevención del Delito. Ministerio de Gobernación (República de Guatemala)
(1 de 3) Por Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo, profesor ITCR, ecologista FECON
Regresión de más de un siglo
¡Aberrante! Pocas veces esta palabra puede ser usada con tanta precisión, como en este caso para referirnos al “Proyecto de ley reforma al artículo 3 de la “Ley n° 7200 ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela”, expediente legislativo n° 22.601, que el Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa. Esta propuesta, encabezada por el Presidente de la República, remataría el modelo público de carácter social y solidario, y su institución rectora, el ICE, pues se orienta exactamente a favorecer la inversión privada de empresas generadoras tanto nacionales como externas. El proyecto además coloca al Gobierno de rodillas, como súbdito obediente, ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En este texto explicamos por qué el proyecto es un retroceso histórico de más de un siglo, y algunas de sus múltiples debilidades. Una revisión de algunos proyectos de privatización impulsados en anteriores administraciones y la complacencia del gobierno actual con la OECD, los revisamos en el artículo “Gobierno se somete a generadores privados de electricidad y a la OECD”, de próxima publicación.
La esencia del proyecto está explícita en el escrito del Gobierno: “El presente proyecto de ley se presenta ante la Asamblea Legislativa con el fin de eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico, al no existir una justificación ligada a esta restricción para la actividad económica atendida bajo la modalidad de servicio público”, y agrega que “la eliminación de esta restricción busca fomentar el comercio y la participación de la inversión extranjera en el país, así como las ventajas y efectos económicos, sociales y de desarrollo que de ellas derivan” (negrillas ODC).
Ese proyecto constituye un retroceso histórico inaudito que borraría uno de los avances sobresalientes de la sociedad costarricense, como fue la nacionalización de la electricidad y la posterior creación del ICE. De aprobarse, convertiría el mercado eléctrico nacional en un campo de competencia privada ya no sólo entre nacionales, y de éstos con el ICE, si no para favorecer directamente las inversiones transnacionales con plena igualdad de derechos al ICE, y obligando a la entidad estatal a comprar la electricidad que generen. Es decir, se perdería cualquier condición asociada a la nacionalización de la electricidad y su carácter de servicio social, para convertirla en un servicio público regido por la competencia privada, aunque el ICE siga presente como intermediario obligado entre los generadores y los consumidores finales, ya sea dentro del país o en el mercado regional, al que también los privados siguen presionando por incursionar.
Este tipo de apertura ilimitada es otro mecanismo o vía de privatización, prestación y venta de servicios públicos en favor del capital privado y desnacionalización, que se ha usado en paralelo a las concesiones de obra pública y las alianzas público-privadas. Todas conllevan el riesgo asociado de ampliar el tablero de corrupción, como ha ocurrido en muchísimos países del mundo, incluida Costa Rica. Con este proyecto el Gobierno abona directamente a la liberalización de la economía nacional entregando el servicio de electricidad al capital privado, lo cual será una pérdida para toda la sociedad costarricense.
Es una aberración que en Costa Rica el Gobierno acelere en reversa en tiempos en que urge proteger los beneficios colectivos y las economías nacionales, tal y como pide el Secretario General de la ONU, Antonio Gutiérrez. Aunque no nos detendremos en esa historia, vale decir que todos los componentes de los “modelos económicos fallidos” que vivimos hoy en el mundo, incluyeron, e incluyen, medidas de privatización y desnacionalización como las contenidas en el expediente n° 22.601 del Poder Ejecutivo. Debería el Gobierno recordar, o más bien conocer, lo que en el 2003 dijo Joseph Stiglitz, que fue jefe de economistas del Banco Mundial: “A todos aquellos que viven en México, Indonesia, Brasil, la India y otros mercados emergentes se les debería dar una consigna diferente: no luchen por la mítica economía de libre mercado, que nunca existió”. Lo que incomoda es que Stiglitz nunca lo expresara cuando él mismo impulsaba las políticas que empobrecieron y siguen llevando al hambre a millones de personas en todo el planeta.
“Ley Alvarado” para privatizar y desnacionalizar
El expediente n° 22.601 de la Administración Alvarado es mucho más intrépido que cualquiera de los intentos precedentes de privatización de la electricidad en Costa Rica. Suma un componente de desnacionalización que en aquellas propuestas no había sido expuesto de manera tan explícita con el objetivo de reafirmar los beneficios para el segmento de la élite nacional e inversionistas externos, que hasta ahora se han beneficiado con la generación privada de electricidad. La propuesta desconoce más de un siglo de avances sociales y colectivos en cuanto al servicio de electricidad frente a los intereses privados. Nos devuelve al año 1900 cuando la empresa The Costa Rica Electric Light & Traction Co., empezó a concentrar el servicio eléctrico de Costa Rica; aunque esta misma empresa fue desplazada por la American & Foreign Power Co., que concentró prácticamente todo el mercado. Esta propuesta de “ley Alvarado” desconoce la historia de luchas sociales para la nacionalización de la electricidad en Costa Rica, de fortalecimiento del servicio de electricidad con la creación de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz en 1941, pero sobre todo aniquila el Decreto Ley No. 449 del 08 de abril de 1949 que creó al ICE, del que cualquier gobernante, medianamente sensato, debería sentirse orgulloso y ser defensor.
Se podría decir incluso que la iniciativa pone en riesgo a las cooperativas y empresas de servicio público de electricidad, que contribuyeron, al menos en parte, a fortalecer el mercado eléctrico con sentido nacionalista y ampliando la cobertura a más regiones del país. (El principio de “solidaridad” en el caso de las empresas con formato cooperativo, habría que analizarlo a partir de los precios al consumidor final y del uso y reparto de sus excedentes). Digo que esas empresas reforzaron “en parte” el servicio público, pues hace años la Contraloría General de la República en un informe sobre “la eficacia y eficiencia en la asignación de fuentes de energía para la generación eléctrica”, advirtió “que los costos estimados de la energía de los proyectos de empresas distribuidoras públicas y cooperativas de electrificación rural, son en su mayoría superiores a los promedios determinados por la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA)” (CGR, 2016, p. 2). En esa misma línea, otro dato que debería revisarse con todo cuidado y seriedad es que, según explicó la Contraloría en el mismo documento sobre la eficiencia de proyectos: “no son competitivos Eólico Valle Central de la CNFL, S.A. y Los Santos de Coopesantos R.L, cuyos costos nivelados de la energía de 18,38 y 16,33 c$/kWh están muy por encima del rango utilizado de 7,09 y 12 c$/kWh. Ello, a pesar de que este tipo de generación es cada vez más competitiva y los mejores proyectos a nivel mundial alcanzan consistentemente los 5 c$/kWh sin financiamiento” (CGR, p.10).
Toda la argumentación del proyecto presentado por el Ejecutivo se subsume en un artículo que, aunque pareciera inofensivo, es la propuesta más regresiva que hayamos enfrentado desde 1990, cuando entró en vigencia la Ley 7.200 para favorecer a los generadores privados. Dice el “ARTICULO ÚNICO. – Refórmese el Artículo 3 de la Ley No. 7200, del 28 de setiembre de 1990, cuyo texto dirá: “Artículo 3.- Interés público. Se declara de interés público la compra de electricidad, por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a las cooperativas y a las empresas privadas, que establezcan centrales eléctricas de capacidad limitada para explotar el potencial hidráulico en pequeña escala y de fuentes de energía que no sean convencionales” (Negrillas ODC).
Las debilidades e imprecisiones de este proyecto en general (que revisaremos en un próximo texto), y particularmente del texto del nuevo artículo, hacen que no soporte el mínimo escrutinio técnico. Alguna de esas carencias las revisamos en seguida:
Declarar de “interés público” la compra de electricidad generada por cualquier oferente privado, nacional o extranjero, colocaría al ICE en una condición peor que la que tiene hoy comprando y pagando electricidad de acuerdo con las obligaciones que le imponen las leyes 7.200 y 7.508 aunque no sea requerida por la sociedad costarricense. La determinación del interés público no debe reducirse a un antojo político y comercial. Debe responder a un proceso técnico para definir la necesidad para el país de cada proyecto en particular. Esto está asociado con la relación oferta-demanda, y es bien sabido que el país cuenta con una capacidad instalada y de generación que duplica y más la demanda nacional. Además, esa generalidad flexibiliza la rigurosidad para concluir sobre la viabilidad social y ecológica y la factibilidad económica, que debe establecerse científica y socialmente, también para cada uno de los proyectos.
Esa idea general de “interés público” está copiada del proyecto “Ley General de Electricidad”, expediente No. 17.812, de los Gobiernos Arias Sánchez y Chinchilla Miranda, cuyo artículo 11 indicaba: “Se declaran de interés público y conveniencia nacional los proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica que desarrolle cualquier agente del mercado eléctrico nacional”. Para facilitar aún más la construcción de nuevas plantas generadoras, el proyecto proponía que “…los órganos e instancias del Estado y los gobiernos locales otorgarán trato prioritario sobre otros proyectos, a los trámites y gestiones necesarios para el desarrollo acelerado de estos proyectos. Los plazos serán reglamentados por el Poder Ejecutivo”. Ese proyecto de 2009 buscaba la igualdad de condiciones para la competencia entre el ICE y privados en el mercado eléctrico, y esta nueva iniciativa avanza sustancialmente promoviendo “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico”.
Declarar de “interés público la compra de electricidad” es otro mecanismo legal que obligará al ICE a adquirir la electricidad de cualquier competidor privado, aspecto que hace menos de un año se mostró espinoso cuando el ICE decidió no renovar algunos contratos de generadores privados por ser innecesarios para atender demanda nacional de electricidad. El pago a generadores privados llegó a 3.141 millones de dólares entre 1989 y 2021, según datos del ICE publicados por el Semanario Universidad. Aunque la amenaza de debilitamiento del ICE es el problema principal en este proceso, la misma institución ha tenido un papel destacado. De acuerdo con Mauricio Álvarez “El ICE viene actuando en esa dirección, pues ya convirtió a la transnacional española Unión Fenosa en la mayor productora de electricidad privada en nuestro país, con un total de 100 MW, al otorgarle un segundo proyecto (actualmente posee Torito, de 50 MW y La Joya, también de 50 MW)”. Recordemos que los proyectos con la Ley 7.200 no pueden superar los 20.000 kW (20 MW) y los contratos bajo la Ley 7.508 tienen un tope de 50.000 kW (50 MW). Entre ambas modalidades el tope de generación es el 30% de la capacidad del Sistema Eléctrico Nacional. Independientemente del uso que se le ha dado a esas leyes, establecen límites y cantidades claras. Y este proyecto adolece del todo de esas precisiones elementales».
Cualquiera que revise el proyecto y lea que el ICE deberá comprar la electricidad de “fuentes de energía que no sean convencionales”, lo primero que se pregunta es ¿Cuáles son esas fuentes? En el mercado eléctrico de Costa Rica podemos anotar como convencionales la hidroelectricidad, térmica, geotérmica, hasta la eólica y la generada con biomasa, si consideramos que ya tienen bastantes años de ser parte de la oferta nacional. ¿A qué se refieren con “no sean convencionales”?
La misma finalidad del proyecto “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico” es otra imprecisión inaceptable, pues no define condiciones para ejecutarla. Dada esa generalidad, el término “eliminar” permitiría eventualmente una apertura indiscriminada que sería imposible subsanar, corregir o definir por medio de un reglamento. De hecho, es común que muchos ajustes legales para favorecer la generación privada, hasta ahora, se hayan hecho por medio de decretos y directrices ministeriales, pero en este caso, es imposible determinar cómo se dará esa eliminación de barreras a la inversión privada, y sobre todo cuáles serán sus impactos en el mercado eléctrico y para la sociedad costarricense que finalmente deberá consumir esa electricidad a precios de mercado privado. Por eso el texto implica un conjunto de amenazas que ameritan su rechazo absoluto.
Forzar la Constitución para desnacionalizar
La otra línea de justificación, a la cual se le dedica la mayor parte del proyecto, es un conjunto rebuscado de argumentos para forzar la conclusión de que actualmente la inversión privada está poco menos que imposibilitada en Costa Rica. Estirando las ligas al extremo, el proyecto funde el argumento de la OECD -eliminar barreras de inversión privada- con una interpretación de la Constitución Política y de jurisprudencia constitucional de manera más que rebuscada. Dice el Gobierno que “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico”, “Es una recomendación (de la OECD) que se relaciona con el principio constitucional de igualdad, en términos generales y de igualdad entre los nacionales y extranjeros, en términos específicos, y conlleva que no se discrimine entre unos y otros, salvo las excepciones y limitaciones que la Constitución y el ordenamiento establezcan. También se relaciona con la libertad constitucional de empresa o de ejercicio de la actividad comercial”.
Esa interpretación no sólo se usa para promover la privatización del servicio público de la generación, compra, distribución y consumo de electricidad, si no que busca desnacionalizarlo. Por eso hablamos de una regresión hasta antes del 8 de abril de 1949 e incluso hasta 1900 a tiempos del mercado eléctrico controlado desde el sector privado nacional y transnacional.
Este proyecto es un gesto de genuflexión ante el empresariado privado, y en el ámbito global, una reverencia neocolonial ante la OECD. Nadie antes, ni con los proyectos de ley de los partidos más antiguos y tradicionales como Liberación Nacional y la Unidad Socialcristiana, se llegó al extremo de buscar “el principio constitucional de igualdad…entre los nacionales y extranjeros” para que no se “discrimine entre unos y otros”. Siendo la nacionalización de la electricidad y la creación del ICE insignias notables del Estado social de Costa Rica, es imposible aceptar lo que proponen estos gobernantes, como la idea de no discriminar y de procurar “igualdad entre los nacionales y extranjeros” en el control de una actividad económica verdaderamente crucial para la sociedad costarricense, como es la electricidad. Si se piensa en los costos de la cobertura en regiones de difícil acceso, de nuevo cobra más que pertinencia la necesidad de fortalecer al ICE como entidad de servicio social, y preguntarse si los privados, como nunca ha sido hasta ahora, prestarían el servicio en cualquier región del país.
Cierto es que para algunas empresas privadas del sector eléctrico la apertura indiscriminada podría ser una buena oportunidad para aliarse con foráneos, como ya ocurre con los proyectos (BOT sigla en inglés) Construcción, Operación y Transferencia de la ley 7.508, pero en un escenario de competencia abierta hasta las demás empresas, como las cooperativas, podrían ser disminuidas, parcialmente absorbidas y hasta eliminadas del mercado. No es que los empresarios nacionales de la electricidad privada ameriten defensa, pues ya hemos documentado cómo han hecho fortunas vendiendo electricidad cara e innecesaria. Se trata de que la soberanía, como condición fundamental de un país y de una nación, debe considerar como principio la defensa de “lo nacional” ante la invasión de capitales foráneos, sobre todo en la prestación de cualquier servicio social prioritario, como es la electricidad.
El proyecto no establece ningún límite de inversión para el capital externo. No señala plazos ni condiciones de inversión y venta de la electricidad. No justifica, ni remotamente, que esta apertura se fundamente en una necesidad nacional de electricidad y además, como hemos demostrado, en Costa Rica no falta ni un peso de inversión privada para atender la demanda de electricidad.
Como ciudadanía, este proyecto nos debería regresar a los primeros años del siglo pasado, pero para emular los movimientos sociales que iniciaron la nacionalización la electricidad en Costa Rica con la dirección de la Liga Cívica Nacional, lo cual se logró en 1948 tras décadas de lucha social.
Carlos Alvarado Quesada, Presidente, Rolando Castro Córdoba, Ministro a.i. de Ambiente y Energía y Elian Villegas Valverde Ministro de Hacienda, deben pasar a la historia como destacados peones de la destrucción del Estado social costarricense, y del ICE en particular. Deberían ser recordados por promover la apertura del mercado eléctrico para su privatización y transnacionalización, devolviéndonos a los peores tiempos de vasallaje en las relaciones entre países.
Este miércoles 06 de octubre del 2021 a las 5:00 pm se realizará el conversatorio: El impacto del voto de la Sala Constitucional acerca del proyecto de empleo público en el Estado social y democrático. Ésta es una actividad realizada por BUSSCO y se contará con la exposición de Manuel Hernández V, especialista en relaciones laborales.
El conversatorio se desarrolla por medio de la plataforma zoom, ID de reunión: 824 6888 3193, código de acceso: 996362
Por Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo, profesor ITCR, ecologista FECON
Regresión de más de un siglo
¡Aberrante! Pocas veces esta palabra puede ser usada con tanta precisión, como en este caso para referirnos al “Proyecto de ley reforma al artículo 3 de la “Ley n° 7200 ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela”, expediente legislativo n° 22.601, que el Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa. Esta propuesta, encabezada por el Presidente de la República, remataría el modelo público de carácter social y solidario, y su institución rectora, el ICE, pues se orienta exactamente a favorecer la inversión privada de empresas generadoras tanto nacionales como externas. El proyecto además coloca al Gobierno de rodillas, como súbdito obediente, ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En este texto explicamos por qué el proyecto es un retroceso histórico de más de un siglo, y algunas de sus múltiples debilidades. Una revisión de algunos proyectos de privatización impulsados en anteriores administraciones y la complacencia del gobierno actual con la OECD, los revisamos en el artículo “Gobierno se somete a generadores privados de electricidad y a la OECD”, de próxima publicación.
La esencia del proyecto está explícita en el escrito del Gobierno: “El presente proyecto de ley se presenta ante la Asamblea Legislativa con el fin de eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico, al no existir una justificación ligada a esta restricción para la actividad económica atendida bajo la modalidad de servicio público”, y agrega que “la eliminación de esta restricción busca fomentar el comercio y la participación de la inversión extranjera en el país, así como las ventajas y efectos económicos, sociales y de desarrollo que de ellas derivan” (negrillas ODC).
Ese proyecto constituye un retroceso histórico inaudito que borraría uno de los avances sobresalientes de la sociedad costarricense, como fue la nacionalización de la electricidad y la posterior creación del ICE. De aprobarse, convertiría el mercado eléctrico nacional en un campo de competencia privada ya no sólo entre nacionales, y de éstos con el ICE, si no para favorecer directamente las inversiones transnacionales con plena igualdad de derechos al ICE, y obligando a la entidad estatal a comprar la electricidad que generen. Es decir, se perdería cualquier condición asociada a la nacionalización de la electricidad y su carácter de servicio social, para convertirla en un servicio público regido por la competencia privada, aunque el ICE siga presente como intermediario obligado entre los generadores y los consumidores finales, ya sea dentro del país o en el mercado regional, al que también los privados siguen presionando por incursionar.
Este tipo de apertura ilimitada es otro mecanismo o vía de privatización, prestación y venta de servicios públicos en favor del capital privado y desnacionalización, que se ha usado en paralelo a las concesiones de obra pública y las alianzas público-privadas. Todas conllevan el riesgo asociado de ampliar el tablero de corrupción, como ha ocurrido en muchísimos países del mundo, incluida Costa Rica. Con este proyecto el Gobierno abona directamente a la liberalización de la economía nacional entregando el servicio de electricidad al capital privado, lo cual será una pérdida para toda la sociedad costarricense.
Es una aberración que en Costa Rica el Gobierno acelere en reversa en tiempos en que urge proteger los beneficios colectivos y las economías nacionales, tal y como pide el Secretario General de la ONU, Antonio Gutiérrez. Aunque no nos detendremos en esa historia, vale decir que todos los componentes de los “modelos económicos fallidos” que vivimos hoy en el mundo, incluyeron, e incluyen, medidas de privatización y desnacionalización como las contenidas en el expediente n° 22.601 del Poder Ejecutivo. Debería el Gobierno recordar, o más bien conocer, lo que en el 2003 dijo Joseph Stiglitz, que fue jefe de economistas del Banco Mundial: “A todos aquellos que viven en México, Indonesia, Brasil, la India y otros mercados emergentes se les debería dar una consigna diferente: no luchen por la mítica economía de libre mercado, que nunca existió”. Lo que incomoda es que Stiglitz nunca lo expresara cuando él mismo impulsaba las políticas que empobrecieron y siguen llevando al hambre a millones de personas en todo el planeta.
“Ley Alvarado” para privatizar y desnacionalizar
El expediente n° 22.601 de la Administración Alvarado es mucho más intrépido que cualquiera de los intentos precedentes de privatización de la electricidad en Costa Rica. Suma un componente de desnacionalización que en aquellas propuestas no había sido expuesto de manera tan explícita con el objetivo de reafirmar los beneficios para el segmento de la élite nacional e inversionistas externos, que hasta ahora se han beneficiado con la generación privada de electricidad. La propuesta desconoce más de un siglo de avances sociales y colectivos en cuanto al servicio de electricidad frente a los intereses privados. Nos devuelve al año 1900 cuando la empresa The Costa Rica Electric Light & Traction Co., empezó a concentrar el servicio eléctrico de Costa Rica; aunque esta misma empresa fue desplazada por la American & Foreign Power Co., que concentró prácticamente todo el mercado. Esta propuesta de “ley Alvarado” desconoce la historia de luchas sociales para la nacionalización de la electricidad en Costa Rica, de fortalecimiento del servicio de electricidad con la creación de Compañía Nacional de Fuerza y Luz en 1941, pero sobre todo aniquila el Decreto Ley No. 449 del 08 de abril de 1949 que creó al ICE, del que cualquier gobernante, medianamente sensato, debería sentirse orgulloso y ser defensor.
Se podría decir incluso que la iniciativa pone en riesgo a las cooperativas y empresas de servicio público de electricidad, que contribuyeron, al menos en parte, a fortalecer el mercado eléctrico con sentido nacionalista y ampliando la cobertura a más regiones del país. (El principio de “solidaridad” en el caso de las empresas con formato cooperativo, habría que analizarlo a partir de los precios al consumidor final y del uso y reparto de sus excedentes). Digo que esas empresas reforzaron “en parte” el servicio público, pues hace años la Contraloría General de la República en un informe sobre “la eficacia y eficiencia en la asignación de fuentes de energía para la generación eléctrica”, advirtió “que los costos estimados de la energía de los proyectos de empresas distribuidoras públicas y cooperativas de electrificación rural, son en su mayoría superiores a los promedios determinados por la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA)” (CGR, 2016, p. 2). En esa misma línea, otro dato que debería revisarse con todo cuidado y seriedad es que, según explicó la Contraloría en el mismo documento sobre la eficiencia de proyectos: “no son competitivos Eólico Valle Central de la CNFL, S.A. y Los Santos de Coopesantos R.L, cuyos costos nivelados de la energía de 18,38 y 16,33 c$/kWh están muy por encima del rango utilizado de 7,09 y 12 c$/kWh. Ello, a pesar de que este tipo de generación es cada vez más competitiva y los mejores proyectos a nivel mundial alcanzan consistentemente los 5 c$/kWh sin financiamiento” (CGR, p.10).
Toda la argumentación del proyecto presentado por el Ejecutivo se subsume en un artículo que, aunque pareciera inofensivo, es la propuesta más regresiva que hayamos enfrentado desde 1990, cuando entró en vigencia la Ley 7.200 para favorecer a los generadores privados. Dice el “ARTICULO ÚNICO. – Refórmese el Artículo 3 de la Ley No. 7200, del 28 de setiembre de 1990, cuyo texto dirá: “Artículo 3.- Interés público. Se declara de interés público la compra de electricidad, por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a las cooperativas y a las empresas privadas, que establezcan centrales eléctricas de capacidad limitada para explotar el potencial hidráulico en pequeña escala y de fuentes de energía que no sean convencionales” (Negrillas ODC).
Las debilidades y imprecisiones de este proyecto en general (que revisaremos en un próximo texto), y particularmente del texto del nuevo artículo, hacen que no soporte el mínimo escrutinio técnico. Alguna de esas carencias las revisamos en seguida:
Declarar de “interés público” la compra de electricidad generada por cualquier oferente privado, nacional o extranjero, colocaría al ICE en una condición peor que la que tiene hoy comprando y pagando electricidad de acuerdo con las obligaciones que le imponen las leyes 7.200 y 7.508 aunque no sea requerida por la sociedad costarricense. La determinación del interés público no debe reducirse a un antojo político y comercial. Debe responder a un proceso técnico para definir la necesidad para el país de cada proyecto en particular. Esto está asociado con la relación oferta-demanda, y es bien sabido que el país cuenta con una capacidad instalada y de generación que duplica y más la demanda nacional. Además, esa generalidad flexibiliza la rigurosidad para concluir sobre la viabilidad social y ecológica y la factibilidad económica, que debe establecerse científica y socialmente, también para cada uno de los proyectos.
Esa idea general de “interés público” está copiada del proyecto “Ley General de Electricidad”, expediente No. 17.812, de los Gobiernos Arias Sánchez y Chinchilla Miranda, cuyo artículo 11 indicaba: “Se declaran de interés público y conveniencia nacional los proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica que desarrolle cualquier agente del mercado eléctrico nacional”. Para facilitar aún más la construcción de nuevas plantas generadoras, el proyecto proponía que “…los órganos e instancias del Estado y los gobiernos locales otorgarán trato prioritario sobre otros proyectos, a los trámites y gestiones necesarios para el desarrollo acelerado de estos proyectos. Los plazos serán reglamentados por el Poder Ejecutivo”. Ese proyecto de 2009 buscaba la igualdad de condiciones para la competencia entre el ICE y privados en el mercado eléctrico, y esta nueva iniciativa avanza sustancialmente promoviendo “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico”.
Declarar de “interés público la compra de electricidad” es otro mecanismo legal que obligará al ICE a adquirir la electricidad de cualquier competidor privado, aspecto que hace menos de un año se mostró espinoso cuando el ICE decidió no renovar algunos contratos de generadores privados por ser innecesarios para atender demanda nacional de electricidad. El pago a generadores privados llegó a 3.141 millones de dólares entre 1989 y 2021, según datos del ICE publicados por el Semanario Universidad. Aunque la amenaza de debilitamiento del ICE es el problema principal en este proceso, la misma institución ha tenido un papel destacado. De acuerdo con Mauricio Álvarez “El ICE viene actuando en esa dirección, pues ya convirtió a la transnacional española Unión Fenosa en la mayor productora de electricidad privada en nuestro país, con un total de 100 MW, al otorgarle un segundo proyecto (actualmente posee Torito, de 50 MW y La Joya, también de 50 MW)”.
A la ausencia de definiciones y numerosas imprecisiones se suma la de que la compra se hará a “centrales eléctricas de capacidad limitada”. Esa es una ligereza insalvable que le resta el mínimo rigor al proyecto. No es lo mismo capacidad limitada en Noruega que en China, pues cada país establece sus propios estándares, como incluso ocurre en Costa Rica. Retomemos como ejemplo lo ya sabido y señalado: los proyectos con la Ley 7.200 no pueden superar los 20.000 kW (20 MW) y los contratos bajo la Ley 7.500 tienen un tope de 50.000 kW (50 MW) gracias a la (capítulo II de la 7.200), entre ambas modalidades el tope de generación es el 30% de la capacidad del Sistema Eléctrico Nacional. Independientemente del uso que se le ha dado a esas leyes, establecen límites y cantidades claras. Y este proyecto adolece del todo de esas precisiones elementales.
Cualquiera que revise el proyecto y lea que el ICE deberá comprar la electricidad de “fuentes de energía que no sean convencionales”, lo primero que se pregunta es ¿Cuáles son esas fuentes? En el mercado eléctrico de Costa Rica podemos anotar como convencionales la hidroelectricidad, térmica, geotérmica, hasta la eólica y la generada con biomasa, si consideramos que ya tienen bastantes años de ser parte de la oferta nacional. ¿A qué se refieren con “no sean convencionales”?
La misma finalidad del proyecto “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico” es otra imprecisión inaceptable, pues no define condiciones para ejecutarla. Dada esa generalidad, el término “eliminar” permitiría eventualmente una apertura indiscriminada que sería imposible subsanar, corregir o definir por medio de un reglamento. De hecho, es común que muchos ajustes legales para favorecer la generación privada, hasta ahora, se hayan hecho por medio de decretos y directrices ministeriales, pero en este caso, es imposible determinar cómo se dará esa eliminación de barreras a la inversión privada, y sobre todo cuáles serán sus impactos en el mercado eléctrico y para la sociedad costarricense que finalmente deberá consumir esa electricidad a precios de mercado privado. Por eso el texto implica un conjunto de amenazas que ameritan su rechazo absoluto.
Forzar la Constitución para desnacionalizar
La otra línea de justificación, a la cual se le dedica la mayor parte del proyecto, es un conjunto rebuscado de argumentos para forzar la conclusión de que actualmente la inversión privada está poco menos que imposibilitada en Costa Rica. Estirando las ligas al extremo, el proyecto funde el argumento de la OECD -eliminar barreras de inversión privada- con una interpretación de la Constitución Política y de jurisprudencia constitucional de manera más que rebuscada. Dice el Gobierno que “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico”, “Es una recomendación (de la OECD) que se relaciona con el principio constitucional de igualdad, en términos generales y de igualdad entre los nacionales y extranjeros, en términos específicos, y conlleva que no se discrimine entre unos y otros, salvo las excepciones y limitaciones que la Constitución y el ordenamiento establezcan. También se relaciona con la libertad constitucional de empresa o de ejercicio de la actividad comercial”.
Esa interpretación no sólo se usa para promover la privatización del servicio público de la generación, compra, distribución y consumo de electricidad, si no que busca desnacionalizarlo. Por eso hablamos de una regresión hasta antes del 8 de abril de 1949 e incluso hasta 1900 a tiempos del mercado eléctrico controlado desde el sector privado nacional y transnacional.
Este proyecto es un gesto de genuflexión ante el empresariado privado, y en el ámbito global, una reverencia neocolonial ante la OECD. Nadie antes, ni con los proyectos de ley de los partidos más antiguos y tradicionales como Liberación nacional y la Unidad socialcristiana, se llegó al extremo de buscar “el principio constitucional de igualdad…entre los nacionales y extranjeros” para que no se “discrimine entre unos y otros”. Siendo la nacionalización de la electricidad y la creación del ICE insignias notables del Estado social de Costa Rica, es imposible aceptar lo que proponen estos gobernantes, como la idea de no discriminar y de procurar “igualdad entre los nacionales y extranjeros” en el control de una actividad económica verdaderamente crucial para la sociedad costarricense, como es la electricidad. Si se piensa en los costos de la cobertura en regiones de difícil acceso, de nuevo cobra más que pertinencia la necesidad de fortalecer al ICE como entidad de servicio social, y preguntarse si los privados, como nunca ha sido hasta ahora, prestarían el servicio en cualquier región del país.
Cierto es que para algunas empresas privadas del sector eléctrico la apertura indiscriminada podría ser una buena oportunidad para aliarse con foráneos, como ya ocurre con los proyectos (BOT sigla en inglés) Construcción, Operación y Transferencia de la ley 7.508, pero en un escenario de competencia abierta hasta las demás empresas, como las cooperativas, podrían ser disminuidas, parcialmente absorbidas y hasta eliminadas del mercado. No es que los empresarios nacionales de la electricidad privada ameriten defensa, pues ya hemos documentado cómo han hecho fortunas vendiendo electricidad cara e innecesaria. Se trata de que la soberanía, como condición fundamental de un país y de una nación, debe considerar como principio la defensa de “lo nacional” ante la invasión de capitales foráneos, sobre todo en la prestación de cualquier servicio social prioritario, como es la electricidad.
El proyecto no establece ningún límite de inversión para el capital externo. No señala plazos ni condiciones de inversión y venta de la electricidad. No justifica, ni remotamente, que esta apertura se fundamente en una necesidad nacional de electricidad y además, como hemos demostrado, en Costa Rica no falta ni un peso de inversión privada para atender la demanda de electricidad.
Como ciudadanía, este proyecto nos debería regresar a los primeros años del siglo pasado, pero para emular los movimientos sociales que iniciaron la nacionalización la electricidad en Costa Rica con la dirección de la Liga Cívica Nacional, lo cual se logró en 1948 tras décadas de lucha social.
Carlos Alvarado Quesada, Presidente, Rolando Castro Córdoba, Ministro a.i. de Ambiente y Energía y Elian Villegas Valverde Ministro de Hacienda, deben pasar a la historia como destacados peones de la destrucción del Estado social costarricense, y del ICE en particular. Deberían ser recordados por promover la apertura del mercado eléctrico para su privatización y transnacionalización, devolviéndonos a los peores tiempos de vasallaje en las relaciones entre países.
La democracia que se reconoce oficialmente es el resultado de un proceso electoral, a través de la emisión del voto individual de las personas con derecho. El acto de votar o el tomar en cuenta la voluntad de cada persona, fue una conquista de las colectividades y pueblos del mundo, en distintas épocas de la historia, ante las tiranías que se arrogaban la capacidad para imponer sus intereses a las personas y pueblos bajo su dominio.
Indudablemente las elecciones fue un logro de cada sociedad y tiempo particular, fue una ruptura significativa, no obstante, sabemos que no existen verdades eternas, lo bueno del pasado, no lo son necesariamente para el presente, por el cambio de las condiciones que rodean e implican los conocimientos que se validaron en otros tiempos.
Así, en la actualidad hay una necesidad urgente de reflexionar sobre las elecciones y la democracia, que nacían contra las tiranías, pero se han convertido, en casos, en legitimadoras de dictaduras autocráticas, lo que relativiza la significación política de las elecciones, que descalifican y caricaturizan la significación de la democracia. Es antagónico a la democracia hacen de los procesos electorales, actos para designar a quien supuestamente decidirá por todos, mientras se les niega la facultad de decidir y participar directamente por un destino común.
El voto individual ciudadano plasmado en las elecciones, no representa el interés común de una sociedad heterogénea y desigual como la costarricense, menos aún, cuando solo se funda en el conocimiento, criterio o creencia individual, la cual puede estar influida por la publicidad parcializada de los medios mercantilizados y las ideologías, así como por tradiciones, incluso por influencias corruptas o fraudes. No obstante, la democracia no es un asunto individualizado ni está relacionado con la sumatoria de votos de la heterogénea preferencia de las personas, por el contrario, la democracia no es una magnitud, es la voluntad, decisión y acción colectiva de la sociedad civil sobre el devenir de asuntos que son públicos o común a todos.
Las elecciones solo son actos administrativos y técnicos, que no son neutrales, que condicionan el proceso electoral, aun cuando la democracia trasciende dicho proceso. En nuestra realidad las elecciones no son actos democráticos, se les valida por intereses generalmente relacionados con una gestión oficial comprometida, con disposiciones administrativas y legales, sin participación ciudadana. Los resultados electorales inesperados ante los compromisos sociales y políticos con las poblaciones pobres, han resultado verdaderas conmociones políticas y mediáticas de los poderes prevalecientes en algunas sociedades latinoamericanas, como ocurrió en Bolivia y recientemente en el Perú, porque son cuestionamientos al orden elitista y racista de los dueños de negocios y gobernantes que se imaginan pertenecer a una casta política o monarquía.
En Costa Rica elegimos a un Presidente de la República de un partido, que designó ministros y autoridades liberales de otros partidos políticos; un elegido que incumple las promesas de campaña; que traiciona los principios, derechos y reivindicaciones de los trabajadores; que gobierna para los empresarios, que miente con aparentes prácticas participativas que cínica e inmoralmente irrespeta; que expresa la ignorancia de su función e ignora lo que es democracia.
El gobierno de todos para todos, solo representa a pocos empresarios para despreciar a muchos trabajadores y pobres. Hoy, los mismos de siempre, conservan privilegios, que sobreexplotan y despiden trabajadores con el amparo estatal y ahora incluso son quienes deciden las medidas genocidas de sanidad pública y de las teatrales y risibles restricciones preventivas con la absurda e inexplicable anuencia de las autoridades sanitarias.
El Presidente electo liquidó las políticas públicas, lo que no lograron los liberales con los programas de ajustes estructurales ni el tratado de libre comercio, una traición a las conquistas logradas en nuestro pasado que inauguró en Estado Social, para instaurar ahora un Estado privativo de empresarios y financistas. El uso político de la pandemia es evidente, porque con el miedo a la enfermedad y muerte, se ha eliminado las protestas ciudadanas ante las diversas transgresiones contra la población vulnerable, además de haberla usado como medio para desmantelar la institucionalidad pública y hacer de la atención sanitaria pública un negocio privado para los mercaderes de la salud.
El Fondo Monetario Internacional, una vez más, el ente representante internacional del liberalismo, acompaña al gobierno financiando y chantajeando por la privatización de la función pública y la destrucción de los resquicios del Estado Social.
Este gobierno ha empobrecido a los pobres y sectores medios del país, con medidas económicas directas de hambre y muerte contra la población trabajadora. Las elecciones eligieron a una persona que engañó, corrompió y traicionó a la ciudadanía, con una institucionalidad estatal cómplice en razón de intereses privativos propios y ajenos, inmunes e impunes, pero nunca públicos ni democráticos.
Dr. Luis Paulino Vargas Solís Economista Director a.i. CICDE-UNED
Escribo estos rápidos apuntes, incentivado por la solicitud que recibí de un político nacional, que me pidió mi criterio en relación con un artículo titulado “Un plan B para el acuerdo con el FMI”, del colega economista Francisco Esquivel, el cual fue publicado en el Semanario Universidad el 2 de julio de 2021.
1) Estoy de acuerdo con todo lo que plantea Francisco, pero creo que se queda corto.
2) La situación de relativa sostenibilidad o mejora fiscal que se registra en los primeros meses de este año, podría no ser perdurable. Puede que haya efectos de incrementos en los ingresos por IVA, e influidos por este último, de incremento en los impuestos sobre ingresos y utilidades, que podrían no repetirse en el futuro. Incluso con tales incrementos, la tasa de tributación sigue siendo baja (en el orden del 15% del PIB, aproximadamente, con un PIB que todavía no recupera sus niveles de 2019).
3) Estoy completamente de acuerdo en lo que Francisco plantea en materia tributaria.
4) Pero creo que deberíamos atrevernos a dar un paso más allá mediante la tributación progresiva sobre rentas y ganancias de capital y sobre grandes patrimonios. En el primer caso, la tasa plana penaliza más fuertemente al pequeño ahorrante, al pequeño propietario o, en fin, al pequeño rentista. En el segundo caso, la idea sería ampliar lo que ya existe en relación con casas de lujo, para incluir las otras formas de patrimonio personal o familiar, pero hacerlo con base en tasas progresivas y con un umbral exento suficientemente alto
5) Si ya lo anterior (bien lo sé) es políticamente delicado, lo que enseguida diré quizá lo es más, pero aun así lo creo necesario: la tributación progresiva sobre herencias y sucesiones, como un mecanismo necesario para romper la transmisión intergeneracional de las desigualdades (en la línea de ideas propuestas por Piketty, esto podría alimentar un fondo que, a su vez, permita asignar una dote de capital a cada persona, la cual podría ser entregada a cada muchacho y muchacha, cuando lleguen a su mayoría de edad, o, quizá, a los 21 años).
6) Esquivel plantea en su artículo, ideas valiosas en la línea de una reforma administrativa, que propicie más eficiencia y productividad en el sector público. Está bien, pero no es suficiente. Tendríamos que ambicionar más. Por ejemplo, mediante una mejor articulación y coordinación, que permita eliminar duplicidades y despilfarros. Hay que pensar en lograrlo sobre una base dialógica y respetuosa, sin generar más polarización y conflicto del que ya existe. Una reforma a los regímenes de empleo público, igualmente construida de forma dialogada y con pleno respeto a la Constitución, sigue siendo necesaria (no el esperpento que está siendo propuesto), para corregir incoherencias en las remuneraciones (puestos con funciones y responsabilidades muy similares, a veces idénticas, con salarios muy distintos en distintas instituciones), evitar en el futuro salarios excesivamente altos; garantizar mejora real de los salarios a lo largo del tiempo, pero de forma financieramente sostenible.
7) El aspecto clave, sin el cual nada de lo anterior tiene mucho sentido, tiene que ver con la reactivación de la economía y el incremento sustancial en la capacidad de generación de empleos. Al respecto es importante considerar:
Pasarán varios años antes que el turismo tenga una plena recuperación. Lo que por ese lado pueda lograrse es limitado.
Las exportaciones de zona franca claramente no son una respuesta. En el último año han crecido a un ritmo espectacular, sin que el resto de la economía (o sea, el 95% de las personas trabajadoras) apenas se enteren.
Las exportaciones que no son de zona franca, desde hace algunos años (o sea, desde antes de la pandemia) manifiestan un dinamismo más bien contenido. La recuperación en los países ricos del norte, contribuirá a reanimarlas, pero no será suficiente.
Es urgente promover una reactivación con efectos en plazos lo más corto posibles, y que se sienta significativamente en el empleo.
En el momento actual ello solo es posible mediante el empuje desde el Estado, a través de un programa de inversiones públicas que sean de rápida y fácil ejecución, y que se diseñen de forma que generen muchos empleos, incluyendo muchos empleos para las mujeres.
Esto último debería ser parte, de un amplio programa de inversiones públicas, con proyección a mediano y largo plazo, que enfatice ámbitos como los siguientes: sanidad, educación y cuido; energías limpias; transporte público; ciencia y tecnología; agua; vivienda popular, entre otros.
El endeudamiento externo que el país obtenga debería destinarse a financiar estos programas de inversión pública, para generar la necesaria capacidad de pago futura. Hoy se destina a sustituir deuda interna “cara” por deuda externa “barata”. A la larga, ello puede significar que el caldo salga más caro que los huevos, puesto que se descuida el aspecto clave: modernizar la economía y elevar su productividad, para que, en el futuro, podamos afrontar estas deudas sin que ello nos genere nuevos problemas.
8) Claro que es necesario avanzar en la renegociación de la deuda pública, por lo menos el componente interno de ésta. Esta, junto a otras medidas (incluso una intervención más directa del Banco Central), debería propiciar una reducción significativa en los pagos por intereses.
9) El crédito accesible y barato o, en general, una política monetaria que propicie la baja en las tasas de interés, solo puede cumplir una función complementaria, no puede ser el centro de la estrategia. Es que el crédito se mueve a partir de la demanda, no de la oferta. O sea: el crédito se reactiva cuando la economía se reactiva, no a la inversa. Enfatizar la generación de empleo, la modernización de la economía y la elevación de la productividad, así como el desarrollo regional equilibrado, la equidad de género y la democratización en la distribución de la riqueza, son objetivos que deberían guiar la asignación del crédito.
10) Desde luego que hay que avanzar seriamente en simplificación de trámites, siempre que ello no implique sacrificar objetivos ambientales, de protección de los derechos laborales y de los derechos humanos en general, o la protección de la salud. Pero tengamos claro que simplificar trámites es un paliativo y un complemento, no una medida estructural significativa.
11) Cualquier propuesta en materia de reducción de cuotas de seguridad social debería garantizar que habrá fuentes alternativas de financiamiento o, en último término, deberían garantizar que no se dañará financieramente ni a la Caja ni a otras instituciones de seguridad social.
12) En todo caso, no debemos olvidar que las cuotas de seguridad social son “altas” no tanto en términos absolutos, cuando principalmente en términos relativos, es decir, son altas relativamente a la productividad de nuestros trabajadores y trabajadoras. Las soluciones deberían concentrarse en lo segundo, más que en lo primero, y eso es lo que anima, en general, las ideas que aquí propongo.
Sí bien es cierto durante más de dos meses faltaron manos para vacunar contra la COVID19 a casi cinco millones de costarricenses, también debe reconocerse que la pandemia en este pequeño país afloró importantes paradojas sociales, económicas y morales, excelentemente blindadas hasta entonces por las “castas” gobernantes.
Una reciente protesta de médicos que buscaban campos clínicos en los hospitales de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), no solo puso en entredicho las bondades oficiales de la sanidad costarricense, sino el bien resguardado embudo con que los galenos locales cuidan la profesión de Hipócrates, en todo el sistema asistencial. Durante la breve transmisión por la televisión se vieron a decenas de jóvenes vistiendo “gabachas blancas” en plena calle y pidiendo un lugar en los hospitales, en tanto con pancartas improvisadas expresaban su deseo de ayudar a combatir la crisis sanitaria, traducida ya en más de tres mil muertos, hasta mediados del mes de mayo.
El modelo actual, tendiente a convertir todo en negocio, mientras no se demuestre su ilegalidad, o se cometa un error grueso ostentando una “american life”, en el mercado todo es válido. El norte es crear empleo a como haya lugar por una especie de “Estado” privado, enemigo jurado del otro Estado; el que usted y yo conocíamos y nos dio obras de infraestructuras que aún se mantienen, eliminó de nuestras casas las “canfineras”, nos brindó educación gratuita, salud con dignidad, justicia pronta y cumplida, etc. Aunque, a decir verdad, nadie sigue sin explicar cómo se crea empleo sin consumo.
Sin embargo, un Estado Social cada vez más debilitado y chueco, es más fácil de controlar y, consecuentemente, las actividades más importantes, reducidas ahora a negocio privado, resultan absolutamente necesarias para el cerrado grupo de cámaras, federaciones o foros profesionales. Aunque, sea, por tanto falso, el paradigma aquel del “rebalse de la riqueza” para “Edmundo y todo el mundo”.
De esta manera, aunque quiera negarse o produzca escozor entre quienes defienden a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), se dieron los primeros pasos hacia la medicina privada, ganando terreno las clínicas y los hospitales privados, deteriorándose a la vez la atención de la población en el Seguro Social. Muere aquel o éste; solo uno de los dos modelos sobrevivirá. Citando a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la periodista Angela Ávalos (La Nación 1/12/ 2017) reveló que el 80% del gasto para servicios de salud particulares se destina a citas médicas y compra de medicinas. Dicha investigación señala que entre el 2000 y el 2014 hubo un incremento en el gasto de los costarricenses en centros médicos particulares. Este pasó de representar el 18,7% de los ingresos totales del sistema general de salud del país (incluye servicios públicos y privados) a un 24,9%. Se evidencia en el estudio que un 30% de la población usó servicios privados al menos una vez al año, un 60% de encuestados en 2009 reconoció preferir proveedores particulares a la Caja, el 50% de la población pensaba, para esa fecha, que se debería permitir dejar de contribuir a la Caja para hacerlo a un seguro privado, un 80% del gasto de bolsillo se destina a consultas médicas y compra de fármacos.
La paradoja es que, en pleno pico de la pandemia, con hospitales repletos de enfermos de Covid 19, limitaciones de camas para atender infectados y personal sanitario agotado por extenuantes jornadas laborales, el pequeño grupo de galenos “especializados” rechazó la posibilidad de pedir ayuda internacional para que doctores, que no sean ellos, auxilien a los costarricenses. Alegó que a ellos también los golpea el desempleo en el sector. Así lo dio a conocer el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname) ante la propuesta de un grupo de exdiputados, quienes pidieron al presidente de la República, Carlos Alvarado, activar un convenio internacional con Cuba, para solicitar la llegada de sus especialistas. Entre los países que recibieron ayuda humanitaria cubana por la pandemia están Italia, Andorra, Francia (para sus territorios de ultramar en el Caribe), Jamaica, Barbados, Venezuela, Nicaragua, Antigua y Barbuda, Belice, Dominica, Granada, Haití, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Surinam, Catar y Angola, entre otros. La ínsula figura además como el primer país del continente americano con una vacuna contra la pandemia desarrollada de forma independiente a la gran metrópoli controladora de la mayor parte de la ciencia y la tecnología. Se trata del inmunizante “Soberana 02” aplicada masivamente a la población, sin reacciones adversas, según las autoridades médicas de la isla.
Un reporte de la cadena estadounidense CNN en español (Patrick Oppmann; 07:52 GMT 1/4/ 2021), dio cuenta que el país caribeño tiene cinco candidatos vacunales. Se trata de la Mambisa, suministrada por vía nasal, y Abdala, que esperan producirla en forma industrial y desarrolladas ambas por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB); en tanto Soberana 01, Soberana 02 y Soberana PLUS son generadas por el Instituto Finlay de vacunas.
El reportaje de la cadena estadounidense reflejó las difíciles condiciones en que la ciencia médica cubana combate la plaga de Covid. El noticiero Rusia Today (RT), por su parte, citando a altas autoridades de la isla, acaba de informar que la educación y la salud están entre los más golpeados por el bloqueo estadounidense, que ya dura más de medio siglo.
Desde el anuncio en Washington que el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, haría su primer viaje a Latinoamérica, se conoció que entre los temas en portafolio traía lo que los norteamericanos consideran “la construcción de un hemisferio más democrático, próspero y seguro para todos”, tuiteó. Por lo tanto, de seguro -aunque no necesariamente trascienda- atajar la influencia rusa y china en la región en un mundo cada vez más multipolar estará a la orden del día cuando visite nuestro país; así como cerrar fila obligatoriamente con la Casa Blanca en los asuntos sensibles para la administración Biden en la ONU y en los intentos de independencia de los pueblos en Bolivia, Nicaragua, Venezuela o Cuba.
En este sentido, la Red en Defensa de la Humanidad (REDH), que aglutina alrededor del mundo a destacadas personalidades preocupadas por los derechos humanos y las injusticias sociales, pidió a la Asamblea General de la ONU condene nuevamente el bloqueo contra el pueblo cubano. En un documento en poder de “Surcos”, firmado por personalidades de 46 naciones, se califica de “criminal” la política estadounidense contra Cuba. Entre los firmantes están el influyente investigador norteamericano, Noam Chomsky, el vicepresidente boliviano, David Choquehuanca, los expresidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Evo Morales, José Mujica y Fernando Lugo, el excanciller ecuatoriano Ricardo Patiño, los líderes políticos venezolanos Adán Chávez Frías y Ernesto Villegas Poljak, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el profesor y fundador de la REDH Pablo González Casanova, los escritores e investigadores mexicanos Elena Poniatowska y Héctor Díaz Polanco, el historiador indio Vijay Prashad, los intelectuales brasileños Leonardo Boff y Frei Betto, los académicos e investigadores argentinos Atilio Borón y Stella Calloni, entre otros.
El “arte” de hacer dinero
La otra paradoja innegable de la democracia tica es la capacidad de controlar las contradicciones flotantes, a raíz de la actual pandemia, así como la inteligencia con que actúa para que los privilegios de sus élites queden inmunes o sufran mínimos daños colaterales. Aunque la Constitución Política es clara, en cuanto garantizaba a los trabajadores un “salario mínimo” inembargable, los bancos lograron por la vía del tribunal constitucional, quedar autorizados para dejar a cualquier asalariado sin sustento, así como a su familia, en caso de retenciones por deudas. Unos 30 mil costarricenses, cuyo salario es insuficiente y recurren a endeudarse para atender las necesidades básicas, quedan excluidos de la “salvaguarda” del salario mínimo ideada por el legislador constituyente. Ahora bajo un argumento jurídico de “avanzada” no deben negárseles créditos, aunque queden sin un centavo el fin de mes.
El nombramiento de los magistrados y la posible influencia en ello de los bancos y otros consorcios, aunque se quisiese disimular, sigue siendo un tema que “se las trae”, cuando abordamos el asunto de la “independencia” real del Poder Judicial, cuyas magistraturas son nombradas por los legisladores que siguen línea de partido. Formalmente, el poder judicial es independiente; sin embargo, el público “lobby” que hacen los candidatos a jueces para que se les nombre en un alto puesto judicial, hace dudar a miles de ticos sobre esta metodología. Es notorio, además – no hay medio de comunicación que no se haya ocupado del tema- que quienes controlan el negocio de los partidos políticos exigen altas sumas de dinero a quien aspire a un alto puesto político. Es decir, la “inversión” a largo plazo de esta “industria” de las agrupaciones electorales (con el perdón de los industriales sanitos), resta credibilidad a estos elegidos, pues difícilmente alguien saca de su patrimonio 20 o 29 millones de colones, si no tiene certeza de recuperarlos.
Por eso, el tema del nombramiento de magistraturas no pierde relevancia en el país, estese en campaña electoral o en pleno cobro de la deuda política, ante el Tribunal Supremo de Elecciones. El asunto quedó en evidencia hace pocos días cuando la Corte Plena no recibió al relator de la Naciones Unidas, el peruano Diego García Sayan, para conocer un informe, precisamente, sobre la elección de magistrados. Los juristas, por amplia mayoría, calificaron de “injerencia” este informe especializado. Este calificado juez suramericano ha presentado dos informes muy críticos sobre el proceso de elección de magistraturas en Costa Rica.
Esta especie de “verónica” – como dicen en la “fiesta brava”- con que la “bicentenaria” democracia “sortea” las profundas contradicciones sociales, así como el marcado proceso de desmoralización en casi todos los poderes de la república, bien merece un reconocimiento con caro champagne, a nombre de todos estos abnegados defensores de las poderosas élites. Por menos, en Colombia, una reforma tributaria – los cambios en cada nación son pocos, sí se comparan con la uniformidad dada por los banqueros a los gobiernos satélites- se perdió ya la cuenta de “desaparecidos” y dejó más de medio centenar de muertos, cuando el presidente Iván Duque dio trato “de guerra” a la protesta. En Chile, un alza en los pasajes del transporte del Metro desembocará, quieran o no dichas élites gobernantes, en una nueva Constitución, luego que el gobierno del conservador Sebastián Piñera también dio trato de guerra a las protestas del pueblo y los carabineros dejaran ciegos a un montón de chilenos, que siguen apareciendo con disparos en los ojos. En Bolivia, ahora se conoce, que el poder detrás del trono durante el golpe de estado instalado en la nación andina con el beneplácito de la OEA, el exministro Arturo Murillo, no solo dio también trato de guerra a las protestas en nombre de la “democracia”, como si estuviéramos nuevamente ante una nueva doctrina de seguridad nacional como fue el “Plan Cóndor” para la región, sino que se embuchacó $800 mil por sobreprecio a pertrechos para reprimir gente comprados a Brasil
En nuestro país el desempleo alcanzó 18,5%, equivalente a 452 mil personas sin trabajo, según la Encuesta Continua de Empleo, elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), entre diciembre del 2020 – enero y febrero 2021; el hambre atormentó a 220 mil ticos – el 4,4% de la población- en el trienio de 2015-2017, según dio a conocer en noviembre pasado el periódico digital “ El Mundo” (https://www.elmundo.cr/costa-rica/220-mil-costarricenses-padecen-de-hambre-mientras-que-la-obesidad-y-el-sobrepeso-aumentan/). Sin embargo, sí algo siguen sin “driblar” – no se pueden ocultar los contraste sociales, aunque culpen de todo a la pandemia- son los altos niveles de corrupción salidos a flote en las altas esferas. Sobre precios de mascarillas en la CCSS, obras de infraestructura que alcanzan dos y tres veces el valor original, infiltración del narcotráfico, evasión de impuestos, contrabandos, etc.
Según la prensa, para citar el caso más reciente, una banda de supuestos traficantes de droga “importaban” directamente cocaína desde Colombia para luego “exportarla” en contenedores hacia Europa. Lo singular del caso es que dos de los investigados entraban al congreso como “Pedro por su casa” para sostener reuniones y conversaciones con los “padres” de la patria sobre futuras inversiones en el campo turístico e inmobiliario. Durante la estadía de los legisladores en el viejo edificio de la Asamblea Legislativa restringieron la presencia de público a las barras diputadiles, pues el ruido de las protestas los desconcentraba en su noble servicio a la patria; cuando tuvieron edificio nuevo los diputados por largo tiempo estuvieron largo del pueblo, gracias a unas láminas de zinc que impedían el acceso al lujoso edificio.
Con antelación a estos inversionistas que ahora son investigados por problemas con droga, un alcalde y otro joven diputado de la zona sur fueron vinculados con otra banda de presuntos narcos. Se supo además que uno de los investigados por tráfico de drogas hasta fue fiscal electoral en Limón.
