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La política de los poderes autocráticos

Escrito en 30/04/2025. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Juan Huaylupo Alcázar¹

1 Catedrático pensionado de la Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.

La política contemporáneamente ha sido concebida popular y mediáticamente como el quehacer de los gobernantes, o de las intencionalidades y actuaciones de los políticos, para transformar las realidades y obtener determinados resultados en la sociedad. Es una falsa concepción que ignora la historia, la epistemología y la ética, a pesar de ser una recurrentemente visión alimentada por el discurso del poder prevaleciente y por una cotidianidad que promueve la apatía, el conformismo y la ignorancia, que asume y divulga que la problemática social y el desarrollo nacional, son decisiones y acciones, que se resuelven con las políticas del poder estatal.

La política no es una facultad individual del autócrata, tampoco ha existido siempre. La política surge en la historia con la Revolución Americana y la Revolución Francesa, cuando se erradicaron, en sus tiempos y espacios, las formas autocráticas del poder estatal y emergieron decisiones y acciones que inauguraron nuevas sociedades con democracia, libertad e igualdad, así como se constituía la ciudadanía, la política, la nación y el Estado Social.

La articulación de la sociedad civil y la sociedad política fue una conquista continuada por los Estados de Bienestar, hoy liquidada en Costa Rica, inconclusa en EE.UU y en acelerada descomposición en Europa. La política o la facultad ciudadana de decidir y actuar sobre sus necesidades y anhelos, así como la acción estatal es dependiente de las decisiones sociales y del interés nacional.

En el pasado esclavista y feudal no existían las políticas, el poder adoptaba decisiones absolutas y arbitrarias que se imponían a las poblaciones subalternas. Los esclavistas, los señores feudales, ni en los actuales autócratas de la colonialidad del poder, subordinados al poder imperial, no han tenido o han perdido las facultades sociales otorgadas al Estado para ejecutar los mandatos ciudadanos.

La concepción epistemológica individualista de la política, en la actualidad, es la imposición del individuo, el autócrata, quien se ha arrogado la facultad de decidir, delimitar y ejecutar acciones para pretender lograr predeterminados propósitos, aun cuando sin mediación social ni conocimiento sobre la realidad intervenida. La mecanización y estandarización de la política es digna de orates, pues estiman tener la capacidad de alterar las realidades a su antojo y obtener cualquier resultado deseado. El conocimiento sobre los espacios sociales, inéditos, complejos y multideterminados, nunca son técnicos ni iguales a otras realidades, son aspectos ignorados por los políticos que prefieren la estandarización de las cosas y las simplificaciones del pasado y el presente.

Emular alguna política estatal por los resultados en un contexto y tiempo particular, es error como lo es, el asumir que las determinaciones de los fenómenos en contextos específicos obedecen a causas y efectos similares. La particularidad y dinamismo de cada realidad, impide la obtención de resultados similares. Las realidades sociales no son objetos mecánicos, ni los fenómenos son producto de determinaciones ni efectos estandarizadas.

La proyección el pasado y el presente hacia un futuro inventado, es una ilusa o intencionada práctica del aparato institucional estatal y de los políticos que engañan ofreciendo bienestar, justifican desaciertos, acusan a otros y no asumen responsabilidades, modos infantiles de pretender ganar legitimidad social y presentarse como inocentes víctimas. No obstante, es una regularidad de la política autocrática, el dilapidar los recursos públicos para propósitos ajenos a la ciudadanía y al progreso nacional, para ser fuente de compras de dudosa legalidad empresarial y de procesos poco transparentes en la administración estatal.

La visión de política es el mecanicismo aplicado en la actuación estatal en la sociedad. Así, la materialización de los fracasos de la política no son errores ni omisiones, son resultados obvios e intencionados que el discurso del poder distorsiona la realidad y divide social e ideológicamente a las poblaciones.

La política como se conceptúa y ejecuta es inconsistente, enuncia ofrecimientos imposibles de resolver, no solo por lo expresado previamente, sino porque se efectúa en un sistema y una estructura, sustentado en una legislación que reproduce la clase en el poder y el capitalismo imperial en el espacio nacional, así como, porque es la alternativa impuesta como forma de vida de las relaciones sociales. De este modo, las políticas de los Estados contemporáneos son contradictorias, demagógicas y segregacionistas socialmente, porque son manifestaciones como se reproduce y expande la clase global nacional y mundialmente.

La política de ningún modo es una actuación autoritaria de autócratas. La apropiación de la facultad ciudadana es una regresión histórica, democrática y cognoscitiva del Estado.

La defraudación social de la política en las poblaciones se agudiza incesantemente, en sus formas ideológicas y partidarias, posibilitando una eterna e insustancial competencia electoral. La política actual, no persuade y se revela como un juego de engaños y traiciones contra la ciudadanía que crea decepciones e indiferencias sobre el devenir político, así como miedos y visiones fatalistas de inevitabilidad de la situación ciudadana y nacional.

La política vive una profunda crisis causada por los autócratas que se han apropiado del derecho ciudadano de decidir su propio futuro privatizando el bienestar, por empobrecer y esclavizar a las poblaciones con salarios miserables, desempleo, así como, por la descomposición, corrupción y desfinanciamiento de los servicios públicos en Costa Rica y en los hermanos subalternos de nuestra América.

El reconocimiento de la crisis de la política es parte del camino para restablecer la democracia y la libertad por la política del pueblo para el pueblo.

Reservas sobre la aplicación del lawfare

Escrito en 18/02/2025. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos Meneses Reyes

El lawfare no es de creación jurisprudencial, ni legal. Tampoco corresponde a creatividad doctrinaria jurídica; siendo, una instrumentalización de la justicia. Es la utilización de una opción aparentemente legal y lógica de tipos y actuaciones judiciales, utilizados como instrumentos políticos y por ende alejada de lo sistemático de la dogmática jurídica. Se conoce como guerra jurídica; judicialización de la política; o acoso judicial. Se relaciona con el ataque al poder ejecutivo o al representante de esa rama; mediante la utilización de instancias judiciales nacionales e internacionales, buscando su desprestigio y hasta su caída y destitución, sin el uso de las armas. Su principal engranaje es funcionar con la dictadura mediática intoxicante (medios de comunicación) y el uso de las redes sociales. En el escenario latinoamericano, luego del fracaso de las dictaduras militares, se acudió, como signo desestabilizador del imperio y lacayos criollos, a la llamada “dictadura civil” para transmutar, en los últimos años, en el fenómeno del “golpe blando”. La derecha habla del Estado de Derecho; pero la realidad es que tienen archivado el Estado Social. El escenario propicio para la aplicación del lawfare es la carencia, o falta de funcionamiento, de un Estado Social, en un país determinado; en donde predomina la institución judicial subordinada al poder político y a los partidos políticos tradicionales, detentadores de poder; con una presentación de miseria de la justicia y por ende un cuadro de justicia vulnerable. Tomando los casos emblemáticos de uso del “golpe blando” en países latinoamericanos como Honduras, Paraguay, Perú, Bolivia, Brasil y el no abortado del caso colombiano, se puede caracterizar una constante de aplicación en gobiernos progresistas, alternativos, con proyección de izquierda, que afectan al “establecimiento” pro-imperio. La medida no ha logrado aplicar en gobiernos de izquierda, con inspiración socialista y por ende con un marco constitucional diferente, de nuevo tipo, tal como sucede con la indoblegable Cuba; el ejercicio constitucional del bravo pueblo bolivariano y la consecuente inspiración soberana del gobierno sandinista. Por ende, al abordar sobre su caracterización persiste en mantener una apariencia de legalidad, buscando deslegitimar, desprestigiar, provocar el repudio popular y aplicar hacia el desgobierno y/o el “mal gobierno”.

Destacar que cuando hay sumisión al estado social no se da aplicación del lawfare. No es dable particularizar en lo de jueces afines al régimen imperante; como el de casos de jueces que resaltan como jueces valientes. Aunque no es tema de este ensayo, no se puede desconocer el contenido ideológico de las sentencias judiciales. Predomina el ejercicio de la tridivisión de los poderes. Aplica lo del ejercicio o ejecución armónica de la tridivisión del poder. Por ello se puede encontrar una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, valiente, al asumir en contrario una imposición del ejecutivo. Pero, de igual manera, la correspondencia de decisiones judiciales armoniosas y acorde al desempeño gubernamental en la Republica Bolivariana de Venezuela, como también en la Nicaragua Sandinista. O las medidas judiciales contra la pretendida fascistización contra el migrante en los Estados Unidos. Hasta aquí este preámbulo de fundamento jurídico-doctrinario, sobre el lawfare, para adentrarnos en la caldera del diablo, tal como corresponde al desarrollo institucional actual en Colombia.

Cómo opera el lawfare en Colombia

Existe particulares condiciones en el escenario, no ya de una Rama seca de la justicia, la cual fue incinerada por el militarismo de derecha. Sí, de un sistema de justicia, permeado por la corrupción, en un modelo de estado considerado, por algunos, como un narco-Estado imperante. Realísticamente operan feudos, con identificaciones y denominaciones exactas y de contenido delictivo como el denominado “Cartel de La Toga”. No opera el acoso judicial cual un modelo único aplicado a cada país. Pero en el caso colombiano si se da y aplica unas condiciones y formas lastimosas. Comencemos por el comportamiento de las Altas Cortes ante las propuestas de reformas de fondo (ni siquiera revolucionarias) en lo de la salud, lo laboral, pensional, tributario e iniciativas administrativas gubernamentales para superar el estado de cosas inconstitucional (eci) que existen en regiones del país como en la Guajira, por ejemplo y a hoy potenciado en lo de El Catatumbo. Pero no solo en eso; el sistema judicial contencioso administrativo (Consejo de Estado) ha sido reiterativo en impedir la función constitucional de ser el presidente de la república el orientador de las relaciones internacionales. Durante cerca de tres años transcurridos de gobierno progresista-liberal, los nombramientos de libre remoción de embajadores, cónsules y del servicio exterior, le fueron revocados al presidente de la república, quien actúo conforme al mandato constitucional, Artículo 189-2 de la Constitución Política de 1.991 (CP91). “Corresponde al Presidente de la República: “Dirigir las relaciones internacionales”. Bajo revestimiento legal, adujeron la existencia de un estatuto reglamentario de la carrera consular, que exige suplir vacantes con personal adscrito en antigüedad en la Cancillería, al que le acomodan lo de “pacto sindical”; siendo que una asociación de empleados de libre nombramiento y remoción, en modo alguno son sindicalizados; resultando tal materia así atendida totalmente inconstitucional; como es desde todas luces notorio impedir al director de las relaciones internacionales la búsqueda de mejor escogencia de sus colaboradores. Pues bien, sin pretender ser taxativos, ese es un caso ejemplar de acoso judicial y de guerra legal contra el presidente colombiano. Tan solo nombrar, como de registro, el procedimiento obtuso y dilatorio de la Corte Suprema en nombrar al Fiscal General de Colombia, que debía reemplazar al anterior titular Francisco Barbosa. Quedó, como de registro histórico “el manejo de los tiempos” y el condicionamiento a que el cuestionado fiscal citado, quien empoderó como un descarado activista político de oposición al ejecutivo; autoproclamándose como un órgano de control constitucional, sin serlo; que no tenía superior alguno que le vigilare y auditare, buscando lograr el cometido que su aliada y también cuestionada Vice Fiscal General, continuara en interinidad, por inconcebible periodo de tiempo; de no ser por el decido empeño del movimiento popular movilizado, en abortar tan criminal treta. Se pueden citar más casos emblemáticos de intervención torticera de las Altas Cortes contra el programa político del presiente G. Petro y que dibuja la escena del llamado “golpe blando”. Pero ha quedado demostrado que el tal golpe blando no solo aplica por el uso del manejo de las instancias judiciales. En el caso colombiano, también se acudió al acoso por parte del principal órgano de control constitucional, la Procuraduría General, que es el supremo director del Ministerio Público. Resulta innumerable señalar las actuaciones, en desfase, de la Procuradora General Margarita Cabello; todas tendientes a enrarecer el ambiente de un “mal gobierno” del titular del Ejecutivo. Logró la muerte política, mediante destitución y prolongadas inhabilidades para desempañar cargos públicos, de muchos funcionarios gubernamentales, destacando el de dos representativos: el ex canciller Álvaro Leiva Duran y el Dr. Luis Guillermo Pérez Casas, como director de la Superintendencia de Subsidio Familiar. Al igual que el anterior Fiscal General mencionado, actúo la Procuradora General como una activista opositora contra las decisiones del titular del ejecutivo nacional, presidente G. Petro U. De igual reseña resulta el inconstitucional proceder del Consejo Nacional Electoral (CNE) al violar el fuero constitucional que reviste al presidente de la república, que predica sea únicamente La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes su juez natural. Siendo el CNE el máximo rector que inspecciona y regula la actividad electoral, armó una plataforma de ataque contra el señor presidente de la república al decidir investigarlo, con cargos directos, dentro del debido accionar por la investigación que adelanta sobre supuesta violación de topes financieros en la campaña electoral para le elección de presidente. Corresponde que “esos” cargos contra el señor presidente sean de conocimiento de la Comisión de Acusaciones y así no ha sido tramitado. De resultar ciertos y probados esos cargos de irregularidad electoral, el candidato ganador, que en este caso lo fue el presidente de la república, incurriría en mala conducta, con el efecto de destitución del cargo de elección y al no ser previamente juzgado por su juez natural le declararían la vacancia que llegaría a ser suplida por el actual presidente del Senado. Así resumido, sobre la suerte de la presidencia de la república de Colombia pende una espada de Damocles, como resultado de un montaje torticero, materializado en un recurso crudo de guerra jurídica contra el titular de la rama ejecutiva.

Pero valga pues, para concluir en reflejo de asomo de aplicación del acoso legal y judicial conocido como lawfare lo último sucedido por la actual titular de la Fiscalía General, Luz Adriana Camargo Garzón y por la señora ministra de Justicia Angela María Buitrago.

La encerrona al proceso del fin del conflicto armado con una insurgencia denominada coordinadora bolivariana

Con 30 años de análisis y conocimiento del conflicto armado interno; no había encontrado una actitud tan mentirosa, falaz, de perjurio y descalificadora del estatus insurgente de la guerrilla colombiana. Pensaba que no lo era de la concepción de nuestro presidente; pero si lo es de la CIA y del adecuado maquillaje Trump. El Catatumbo exige y requiere un consejero nacional sobre el conflicto armado, con aplicación de solución política definitiva.

Una cosa es analizar el desvertebrado accionar del Alto Comisionado del gobierno progresista – liberal, en la búsqueda del fin del conflicto armado interno en Colombia, basado en la perfidia y en la práctica divisoria anti – solución; y otro callar ante el maquiavélico accionar de la titular de la Fiscalía General de la República, contra la buena fe del presidente G. Petro U, en su búsqueda de «Paz». La detención arbitraria, desde todo punto de vista, contra Giovanni Arias Rojas, alias ARAÑA, de la muy fraccionada Segunda Marquetalia y ahora denominada la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, al mando del cuestionado Walter Mendoza, demuestra el accionar de la derecha militarista pro imperio, al finiquitar el proceso adelantado con lo que queda de ese sector insurgente. La postura del vocero gubernamental, Dr. Armando Novoa, es consecuentemente jurídica y digna de aplauso, conforme al marco legal aplicado.

La Fiscalía General alega que antes de concretar acuerdos en la mesa de negociación o de conversaciones, la Interpol no está impedida para solicitar capturas. Que la circular roja aplicada al ex farc alias Araña, en su calidad de vocero de los negociadores, se dio desde antes del actual gobierno. Calla en explicar que la decisión fue tomada desde Lyon Francia, y aquí ejecutada y cumplida en un tiempo récord de 24 horas. LA Fiscal General, se erige como intérprete de la norma; en la prelación del acatamiento a un acuerdo internacional como lo es el de la extradición. Desconoce la orden expresa, legal, de levantamiento de orden captura contra el señor Giovanni Arias Rojas. Como funcionaria en el papel de actora judicial, a ella no le compete interpretar la orden a ejecutar. Tampoco es interprete de la norma y mucho menos abrogarse la facultad de aplicarla, como si se tratara de un juez. Olvida que La Fiscalía no es un órgano de control y en esto emula al saliente Fiscal General opositor, de quien en la práctica ha sido una garante continuadora. La Fiscalía es una operadora del sistema judicial, pero no imparte justicia. Eso lo olvida para acudir a una acción de desprestigio al accionar gubernamental del ejecutivo nacional

En tanto y al unísono, la ministra de justicia Angela María Buitrago, defendió la captura de alias Araña, contradiciendo la argumentación del negociador del gobierno Dr. Armando Novoa, ante la orden de su detención, emanada de la Interpol, sin mayores consideraciones.

Las anteriores dos funcionarias, al mejor ejemplo de contenido y naturaleza del fenómeno del lawfare, en este artículo analizado, justifican la decisión de entrampamiento de un vocero de un sector de la insurgencia al que el gobierno del presidente G. Petro, le dio el carácter de insurgente o rebelde, independiente que esté incurso en delitos de narcotráfico, (que no es un delito de lesa humanidad, ni crimen de guerra).

Ambas abrieron un debate político-jurídico sobre el cumplimiento de los tratados internacionales y la protección de quienes han realizado acercamientos con el Estado para dejar las armas. Aduce la ministra Buitrago en cuestión: «No es una orden proferida internamente, por lo que no es un proceso que se esté ventilando en Colombia. Para nosotros, los tratados, las convenciones y los convenios son obligatorios de cumplir por el principio de la reciprocidad para efectos de justicia». Significa lo anterior que la orden presidencial puede ser desconocida, acudiendo a instancias internacionales.

Indudablemente han generado, ambas funcionarias, una escena de estafa procedimental con el único mensaje y encubierta labor de instrumentalizar una adecuación de trámite judicial a la espera de resultados desconsiderados a la eficacia y eficiencia de la gestión gubernamental; afectar su buen desempeño y propiciar la solicitud formal del gobierno entrometido de los Estados Unidos de pedir la extradición de alias Araña, que no será competencia a definir de ninguna de la dos nombradas sino del señor presidente de la república de Colombia. Conclusivamente, es un claro caso de guerra jurídica o lawfare, para afectar la consistencia del titular del ejecutivo nacional. Y quien extraditará: ¡el señor presidente o el imperio!

Somos democracia

Escrito en 06/12/2024. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vivian Rodríguez Araya
Presidenta Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras
Banco Popular y de Desarrollo Comunal

En Costa Rica nos representa La libertad, y el máximo patrimonio ciudadano, que ampara hoy a la población, derechos y deberes que dotan de gran reconocimiento y responsabilidad civil al pueblo en un país que vive en democracia.

La democracia estimula el impulso de una convivencia pacífica y armoniosa entre el sistema gubernamental y la población en general, la democracia busca fortalecer el convivio y las relaciones, fortificando los acuerdos sociales, y sobre todo promoviendo la participación activa civil, siendo esta la forma de garantizar la protección de los derechos consagrados, y la oportunidad de crear espacios hacía la inclusión plural y social, como antesala al avance, el progreso y el desarrollo.

Vivir en Democracia es recibir oportunidades constantes y reales, mismas que son necesarias para el verdadero ascenso social y productivo de una nación. Clave es la participación ciudadana en la democracia, a partir de liderazgos asertivos, el diálogo constructivo y el respeto recíproco entre los actores que constituyen el Estado Costarricense.

La articulación de sectores sociales y productivos contribuye e influyen, impactando positivamente en la mejora continua de las condiciones de vida en sociedad, nuestra democracia se construyó y se revitaliza bajo el resguardo de la institucionalidad pública, como parte del proyecto país con visión compartida de prosperidad y progreso que identifica y caracteriza a nuestro a país.

Hoy la estabilidad democrática se encuentra en peligro y desmantelamiento, debido a políticas y visiones erradas de algunas representaciones, si se diera paso a esa visiones que vienen en detrimento de nuestro Estado benefactor, se ocasionaría un grave quebranto a las insignes conquistas y garantías sociales que gozamos hasta hoy como país democrático, mismas que han logrado cimentar considerables logros históricos en la construcción de nuestra sociedad.

Ante este escenario, la ciudadanía, es la llamada a conducir el vehículo de movilidad social hacía el rescate, resguardo y defensa de la libertad, la paz y nuestro Estado de bienestar, se lo debemos a las nuevas generaciones, esa niñez y juventud que merecen crecer y desarrollarse bajo un Estado Social democrático compacto y firme.

Somos democracia, somos ciudadanía, somos pueblo, somos libertad, y sobre eso reincide la conservación de nuestra soberanía e independencia.

Activemos las acciones en favor y celebración de la democracia, este 15 de diciembre 2024, en la primera edición del FESTIVAL SOMOS, por la Democracia, la Libertad y la paz, una iniciativa ciudadana para la ciudadanía, organizada por sectores sociales, productivos, laborales y empresariales, un espacio para generar reflexión del gran privilegio que es vivir bajo democracia, enmarcado en la conmemoración del 75 aniversario de nuestra Constitución Política y del 76 aniversario de la abolición del ejército en nuestro país.

Apuntes urgentes sobre la privatización de la generación y transmisión de la electricidad en Costa Rica

Escrito en 20/06/2024. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Golpe de gracia al Estado Social e instauración definitiva del excluyente Estado neoliberal. Modificación unilateral del Contrato Social Costarricense procedente de los años 40 y 50 del Siglo XX.

Alejandro A. Sura

Nota introductoria:

En el Plenario de la Asamblea Legislativa, impulsado por la administración Chaves Robles, (PLP de Feinzag, PUSC y el PNR de Fabricio, más una mayoría del PLN que repudia la Social Democracia, excepto diputado Nicolás) y promovido por el aparato mediático nacional con raras excepciones, se tramita aceleradamente con la oposición del Frente Amplio, a espaldas del pueblo, y en la opacidad conveniente en este tipo de privatizaciones, el Expediente N° 23 414 que contiene el proyecto de ley titulado LEY DE ARMONIZACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL. Con esta ley, los servicios de electricidad son privatizados y no regulados por ARESEP y declarados como servicios NO PÚBLICOS. (Ver 21 Definiciones al final del texto Proyecto de ley 23 414 y Semanario Universidad No. 2514, pág. 4 y 5)

Esta ley se propone privatizar totalmente el Sector Eléctrico del ICE: un objetivo político y económico largamente ambicionado por los comerciantes de electricidad locales y regionales que ha sido frenado hasta ahora únicamente por la resistencia de un movimiento social y sindical nacional que se ha opuesto consistentemente a esa privatización y la consecuente entrega de recursos naturales energéticos a un grupo de interesados en hacer grandes fortunas con la explotación de cualquier recurso energético que esté al alcance de su mano y de sus chequeras.

Para lograr la aprobación de esta ley de «armonización del mercado eléctrico costarricense» es que se armó el escándalo de los supuestos apagones regionales que nunca se produjeron tal y como lo advertimos antes de que se anunciaran públicamente como un hecho y se generalizara el temor.

Para lograr este propósito fue que se levantó la campaña mediática contra el ICE por la prensa televisiva y escrita. Particularmente La Nación y Telenoticias. Todo con base en un refrito contra un ICE que en telefonía celular e internet actúa en los dominios del mercado y del comercio privado de las telecomunicaciones y que por lo tanto se relaciona directamente con los gigantes industriales en ese mercado mundial.

Breve y necesario encuadre

Con esta ley privatizadora se cierra el círculo iniciado con el PAE I aprobado en la administración Monge Álvarez, 1982-1986 y se termina de imponer el modelo neoliberal de la derecha costarricense. Así se termina de meter en el ataúd el que fuera conocido en vida como ESTADO SOCIAL DE DERECHO. Queda Costa Rica al amparo nada más de la ilusión de un ESTADO DE DERECHO, cuyas reformas profundas en materia de derechos laborales y aprobación de tratados internacionales empujan a ver en realidad un ESTADO DE DERECHA.

Adentro de ese ataúd ya está la educación pública debilitada (apagón educativo del que tampoco se señalan responsables en ningún lado) donde la misma se ha ido privatizando en todos sus niveles, igual la salud pública, es claro el debilitamiento de esos servicios y el ataque frontal a la CCSS por parte de la administración Chaves Robles. Todo esto para tercerizar servicios (listas de espera y otros que terminan a disrio en un una especie de genocidio encubierto y sin responsables otra vez. Hay gente muriendo por falta de atención médica) y favorecer los intereses privados en ese campo. El acceso a la vivienda es carísimo; el acceso a los salarios crecientes; y derechos laborales que desaparecieron hace 5 años, los derechos sindicales arrasados por el PAC de Solís-Alvarado y el PLN de los Arias-Sánchez y su emisario diputado Benavides, y, desde luego, toda la pequeña y mediana producción agropecuaria en abandono y largamente traicionada con muchas falacias por la casta neoliberal que incluye al actual gobierno de Chaves.

Nada de esto ocurre sin la intermediación de los grandes intereses geopolíticos y geoestratégicos en un mundo que va saliendo con apuros de la estructura de poder global que emerge de la segunda guerra mundial. Dichos intereses son determinantes en cada rama de la actividad económica local y regional. Justamente esa combinación de castas neoliberales locales y esos grandes intereses regionales es como se explica por el fondo los altos niveles de desigualdad económica y social que sufre el país y que lo colocan lamentablemente entre los 10 países más desiguales del mundo (BBC News mundo. 2 de julio 2018).

Gran desigualdad económica y grande exclusión social de costarricenses, en la región más desigual del planeta. Justamente este es el encuadre socioeconómico que impulsa los altos niveles de criminalidad que nos agobia. Cientos de vidas de jóvenes que este modelo neoliberal impuesto en los últimos 44 años expulsa de las pocas oportunidades que tenían, generalmente con pretextos fiscales que han reducido drásticamente la inversión social. Todos sabemos que es así: la vieja y la nueva casta neoliberal lo saben; pero lo disimulan y lo esconden. El aparato mediático del que también son los dueños, salvo raras excepciones, trabaja para que el modelo excluyente y concentrador de riqueza no se toque. Preguntémonos qué pasaría si esos miles de adolescentes y jóvenes excluidos hubiesen tenido consciencia política contra aquellos que favorecieron desde sus posiciones de privilegio la imposición de las políticas públicas que generaron su pobreza y marginalidad. ¿A lo mejor volvería existir violencia política armada?

La vieja casta neoliberal y la nueva hablan de los efectos de la marginalidad y la desigualdad, pero esconden las causas, aunque sean tan groseramente evidentes y de nuevo, no hay responsables. Todos se quitan. Ese es el sector de la sociedad que ha concentrado la riqueza, la otra cara de la moneda. Esta es la esencia del modelo neoliberal impuesto regionalmente por la hegemonía económica e ideológica de Estados Unidos que actúa con mandato e imposición imperialista en nuestras débiles y dependientes economías. USAID, FMI, BM y otros son las correas de transmisión internacionales. PLN-PUSC-PAC y ahora la administración Chaves Robles han sido las correas nacionales de transmisión, en una especie de contrarreforma de las conquistas sociales de los años 1940 y de importantes aspectos de la Segunda República como el Código de Trabajo, ahora amenazado de muerte con la llamada ley 4-3.

Vamos a la ley de marras

Vaciamiento y trasvase de bienes públicos del ICE al sector de los comerciantes de electricidad. (Ahora retirada tácticamente por Chaves por lo q el articulado actual se modificará y algunos excesos evidentes se replantearán)

Lo explicado en el encuadre anterior es imprescindible para entender el dramático final de nuestro Estado Social. Y de Derecho?

Con este tipo de fin del modelo solidario y de acceso universal a la electricidad que representa el ICE, se desprenden las siguientes y profundas reformas privatizadoras del modelo eléctrico universal que representa el ICE. (Vaciamiento del ICE y regalo de la infraestructura eléctrica a los comerciantes de electricidad nacionales y extranjeros).

Toda la infraestructura construida por los costarricenses por medio del ICE por mandato del Decreto Ley 449 del 8 de abril de 1949, será traspasado a los comerciantes privados y sus títeres en el Poder Ejecutivo. Ahí se va el Centro de Control de la Generación y Transmisión de Energía (CENCE) ahora
El valor sugerido por técnicos del ICE puede ser de unos cuatrocientos cincuenta mil millones de colones. Ello sin contar con el equipo de profesionales especializados y altamente eficientes que trabajan en el control electrónico de la generación, transmisión y comercialización nacional y centroamericana de electricidad. Todo se lo llevan. Trasvase de riqueza de todos los costarricenses a unos cuantos hombres de negocios.
Todas las líneas de alta tensión en transmisión de alto voltaje con sus torres gigantes, las subestaciones en todo el territorio nacional y todas las líneas y los postes que llegan a nuestras casas, también serán puestas a la disposición gratis de esos comerciantes nacionales e internacionales de electricidad. Todo ese ahorro nacional para que se enriquezcan unos cuantos, aumentando la pobreza y la desigualdad.
El artículo 1 de la ley que crea el ICE dice: «Créase el Instituto Costarricense de Electricidad, en adelante llamado el Instituto, al cual se encomienda el desarrollo racional de las fuentes productoras de energía física que la Nación posee, en especial los recursos hidráulicos. La responsabilidad fundamental del Instituto, ante los costarricenses será encauzar el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica con el fin de fortalecer la economía nacional y promover el mayor bienestar del pueblo de Costa Rica.»

Este artículo ponía en el ICE la responsabilidad legal de llevar electricidad a todos los rincones del territorio nacional. Por ese mandato de derecho público había a quien reclamarle legalmente ese cumplimiento. Incluso por la vía de un amparo constitucional. En la ley privatizadora que aquí denunciamos esa obligación legal queda en el aire. NADIE RESPONDERÁ. Como se acostumbra en el comercio mal regulado que nos han impuesto y que por ello fomenta la corrupción y la falta de responsabilidad ante el indefenso pueblo consumidor.

La ley privatizadora que aquí rechazamos, aparte de la GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD, LA TRANSMISIÓN (Alto voltaje) Y LA DISTRIBUCIÓN (Al consumidor) arranca del ICE tres funciones básicas para la seguridad eléctrica del país: las que tenía el CENPE (Planificación eléctrica nacional) y la del CENCE el control de la generación y transmisión de energía y la comercialización de energía para atender la demanda nacional y la comercialización en Centroamérica de excedentes nacionales después de cubrir la demanda nacional o la importación en caso de desabastecimiento nacional o amenazas del mismo.

La PLANIFICACIÓN es la que permite conocer con anticipación los factores que pueden alterar el consumo y la producción de energía: es una tarea multidisciplinaria que, consecuentemente obliga planear las necesidades de más energía a futuro y proponer la construcción de plantas de generación: hídrica, térmica, eólica, geotérmica o solar. incluso el ICE conoce los detalles de la generación con hidrógeno propuesta por un reconocido científico nacional. Todas las energías renovables que le han dado fama mundial a CR, ESTA FUNCIÓN PASA A UN MINISTERIO, el MINAE. Este ministerio dirá que se necesita, para cuando se necesita y quien construirá las plantas. El ICE deberá hacer fila y con la Regla Fiscal entre manos y otras limitaciones fiscales ya veremos languidecer la generación de energía por parte del ICE.

EL CONTROL de la generación de electricidad en todo el país: hay q hacer un esfuerzo para entender la sofisticación y lo caro que son los equipos con los cuales el ICE y por su medio todo el País conoce la cantidad y la potencia real de cada klw hora que se produce a nivel nacional. Cantidad y calidad de la electricidad en un detalle imprescindible para que no se caiga la red nacional que permite la vida del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). La calidad de los profesionales que trabajan estos equipos y estos cálculos son otro activo importante. ESTA FUNCIÓN FUERA DEL ICE QUEDARÁ SUJETA A LAS PRESIONES DE LOS COMERCIANTES PARA DECIDIR CUAL PLANTA PRODUCE Y CUAL NO. En los sistemas privatizados de otros países es esta función una fuente de corrupción que termina afectado sensiblemente las tarifas y produce apagones y racionamientos múltiples. SIN RESPONSABILIDAD INMEDIATA PARA NADIE. Difícil conseguir los medios de prueba para sancionar sin violar el debido proceso.

TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN: también se observan y miden desde estos caros equipos, pero además son redes de cables, torres y postería que son responsabilidad de dos Direcciones especializadas, la Dirección de Transmisión y Dirección de Distribución del ICE que las han desarrollado por décadas y que la ley privatizadora también pone al servicio de los comerciantes en forma gratuita para que transporten la energía que van a vender en Costa Rica o en Centro América. EL ICE TENDRÁ QUE HACER FILA. Igual que los enfermos en la CCSS. Nada importa en esa ley que el ICE devuelve ganancias de ventas en el mercado regional de electricidad bajando tarifas. Ganancias q ahora se irán los bolsillos sin fondo de los nuevos dueños de la electricidad. Tampoco se verán bajas de tarifas en el segundo semestre por reducción del CVG (Costo variable de generación) al bajar consumo de hidrocarburos ante el aumento de energía hidro por el relleno de los embalses del ICE.

COMERCIALIZACIÓN: Con esta función es la que el ICE y Costa Rica por medio del CENCE dispone de la cantidad y el origen de la electricidad que se pone a despacho para el consumo o la para la venta, en Costa Rica o en Centro América. ESTA FUNCIÓN FUERA DEL ICE PODRÁ DETERMINAR CON INTERESES QUE NO SON OBLIGACIÓN PARA NADIE QUE SEAN LOS DEL PUEBLO COSTARRICENSE. CUAL SERÁ EL PROPIETARIO DE PLANTAS QUE VENDERÁ PRIMERO Y SI HAY PARA EXPORTAR, TAMBIEN DIRÁ QUIEN HARÁ NEGOCIO Y EN QUÉ MOMENTO. El ICE perfectamente podrá ser relegado las veces que les de la gana por los operadores del sistema y sin mayores explicaciones para nadie. SIN RESPONSABILIDAD. (no queda claro redactar mejor) Ese mercado que ahora administra el ICE, según datos del CENCE-ICE, el año 2022 vio movimientos por valor de $ 839.2 millones. Unos 542.5 mil millones de colones. (Semanario Universidad No. 2514 ya citado)

En el marco anterior, hay otras realidades contrarias al interés nacional: POR EJEMPLO, LA LEY PRIVATIZADORA SEÑALA TÍMIDAMENTE QUE SOLO SE PODRÁ EXPORTAR DESPUÉS DE CUBRIR LA DEMANDA NACIONAL(Art 46) PERO EN NIGÚN LADO SEÑALA QUIÉN DIRÁ SI LA DEMANDA INTERNA FUE SATISFECHA. QUEDA EN EL AIRE. Otra vez: SIN RESPONSABILIDAD DE NADIE.
La ley privatizadora dice que al bajar los costos estos deberán reflejarse en reducción de tarifas; PERO NO DICE QUIENES EL RESPONSABLE DE SEÑALAR CUANDO y CUÁNTO DEBERÁ TRASLADARSE PARA LA BAJA DE TARIFAS; TAMPOCO DICE QUIEN TENDRA ESE ENCARGO.
EN LO MEDIOAMBIENTAL. Este tema trae dos perlas agravios:

a) los estudios de impacto ambiental para la construcción de plantas no irán a SETENA. Una oficinilla a media máquina dentro del MINAE, será la que dará la viabilidad ambiental que deberá remitirse a la ARESEP. Capítulo 6, art 8.

b) Si alguien quiere explotar alguna fuente de energía, la que sea: será el «ministro» de turno en el MINAE el que con su firma harás realidad el propósito de alguien que quiera hacerse millonario con cualquier fuente energética. No discrimina el tipo de fuente. No hace esta ley la conexidad con otras normas al respecto. Capítulo 6 art 9.

Estéticas de la acumulación o un nuevo pacto social

Escrito en 02/07/2023. Publicado en Análisis.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Un museo con sede en Mexico dedicado a la narcocultura muestra la razón del hiperconsumo llevada al extremo.

Desde lentes con valores inimaginables pasando por armas con incrustaciones de millones de dólares, hasta piyamas blindadas y vestidos valorados en millones de dólares.

En esencia se trata de una acción en la que se conjugan poder y acumulación impulsados por una estética que ha trastocado los valores con los que la sociedad venía construyéndose.

“Ser alguien” no es ya un fin que se consiga con la educación como palanca. En medio de un discurso de la desesperanza, las personas jóvenes encuentran en otras prácticas culturales, económicas y sociales, los mecanismos para construirse cierto lugar donde ser visibles.

En particular en contextos pobres y precarios, el lenguaje de lo pragmático que proponen las actividades delictivas organizadas se superpone a los proyectos educativos, en otros momentos integradores horizontales y verticales de la sociedad.

Por esa razón en el caso costarricense nos enfrentamos a nuevas lógicas de convivencia que tienen como eje formas de relación donde la frugalidad, la acumulación y la violencia sustituyen el proyecto integrador del estado social que alguna vez funcionó para todos.

Al finalizar junio más del 50% de los homicidios perpetrados en el país tenían como causa principal el ajuste de cuentas, indicador de cómo el mercado ha hecho su trabajo en la instalación de los poderes fácticos como organizadores de lo social.

En algunos barrios populares costarricenses la opulencia ya empieza a evidenciarse como estética dejando atrás la precariedad, lo que significa que es otro el contrato social predominante.

Por ahora la perplejidad analítica no nos deja señalar un camino de respuesta. Hemos dicho que la mejor manera de abordar estas nuevas realidades es acudir a un pacto inclusivo con nuevas formas de juntarnos. No se si sea suficiente. Pero sigo aspirando a ello.

¿De quién es la calle?

Escrito en 09/04/2023. Publicado en Cultura, Derechos.

Por Memo Acuña (sociólogo y escritor costarricense)

Días antes, una marcha de diversos sectores sociales en defensa del agro costarricense había sido rebajada en su significado por el mismo presidente de la República.

El sentido de asumir el espacio público como un espacio político es, en un país como Costa Rica, al menos la expresión de que cierta respuesta aún pervive en el inconsciente colectivo, dada la poca capacidad de los partidos políticos no hegemónicos y la misma sociedad civil para convocar un movimiento articulado, ante la maquinaria ideológica y práctica del neoconservadurismo y la derecha tóxica que se pasea gustosa por los tres poderes de la Republica.

Ante este escenario, la calle como expresión.

Valga decir, sin embargo, que los movimientos de mujeres, tan diversos como heterogéneos pero claros en sus urgencias y planteamientos, han sostenido ese significado cada 8M y lo han dotado de sentido: el mensaje debe quedar patentado no solo en sus cuerpos (que utilizan como lienzo y pancarta) sino en las paredes de varios edificios emblemáticos en el centro de la ciudad capital. Eso es acción política, reivindicativa, cuestionadora.

Han sabido politizar la calle.

Mientras esto ocurre, mientras la respuesta social se rearticula para enfrentar la falacia de un discurso y un ejercicio gubernamental plagado de mala fe y desorientación, la calle sigue siendo disputada como ese espacio político y simbólico.

En ocasiones como signo inequívoco de las más feroces violencias.

Ocurrió días después de esa marcha multitudinaria a la que el discurso presidencial dedicó calificativos ofensivos.

Un nutrido grupo de motociclistas intentó traspasar una de las agujas de cobro de la carretera denominada Ruta 27, administrada por una concesionaria empresarial internacional. Una carretera privada en vía pública.

Al no tener éxito, algunos de los motociclistas se fueron con violencia contra la corporalidad de una persona cobradora. Le castigaron hasta reducirle a la impotencia, en el suelo. Y entonces lograron su cometido: pasar el peaje sin pagar el monto establecido.

Salvo algunas poquísimas excepciones, los principales medios de comunicación nacionales no ahondaron en este hecho en su principal significado: el uso de la violencia como mecanismo para transitar plácidamente por la vía.

Ni siquiera las autoridades gubernamentales hicieron referencia a este lamentable altercado, lo cual demuestra que desde su perspectiva hay violencias legitimadas y hay otros usos de las vías, políticos y cuestionadores, que no serán permitidos o autorizados ni en la práctica ni en el discurso.

Para ese grupo de motociclistas escudados en un colectivo descontrolado no hubo aquella frase “esas no son las formas”.

Avisados estamos. En esta batalla sociocultural por la defensa de lo que nos queda de Estado Social, la calle seguirá constituyendo ese territorio de disputa al que deberemos acudir una y otra vez para hacerla propia y devolverle su sentido social y político.

UCR: El titánico compromiso de articularnos como movimiento social

Escrito en 29/11/2022. Publicado en Derechos.

Encuentro de movimientos sociales en Costa Rica

En el año 2021, una serie de organizaciones de la sociedad civil, sobre todo de base agro, se acercaron a la Rectoría de la Universidad de Costa Rica y le solicitaron al rector que la Universidad asumiera el papel de motor articulador de muchos grupos sociales que andan dispersos y que requieren de un espacio y apoyo idóneos para sentarse a dialogar sobre sus preocupaciones en torno a, según dichos grupos, los peligros que están circundando a diferentes instituciones y campos de la sociedad que son clave en nuestro Estado social de derecho.

Ante tal solicitud, la UCR reflexiona y entiende que es su deber responder ante este llamado a la reflexión nacional, así como sumar para amalgamar inquietudes y propuestas que circulan casi siempre unilateralmente, que reúnen preocupaciones varias, pero que convergen con claridad en una gran interrogante: ¿qué está pasando con el Estado social de derecho y el contrato social que suponía y que distingue históricamente a la sociedad costarricense en nuestra región y en el mundo?

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El decano de la Facultad de Letras, el Dr. Francisco Guevara, explicó que el hecho de que los movimientos sociales busquen a la UCR para reflexionar sobre la realidad nacional provoca satisfacción y esperanza en el tanto los distintos actores sociales estén en busca del capital intelectual: conocimiento, datos y estadísticas que les permitan construir una visión integral de los problemas nacionales.

Combatir la dispersión social

A raíz de esa reflexión, el pasado octubre, tuvo lugar en la UCR un primer encuentro de organizaciones y movimientos sociales. Unas 40 agrupaciones acudieron a este primer encuentro: organizaciones de la sociedad civil, de la diversidad, de cultura, de mujeres, de la agricultura, sindicatos de varias instituciones que dan servicios públicos, entre otros.

En este intento de articulación, participan las universidades públicas en la figura del Consejo Nacional de Rectores (Conare). “Esta incorporación del resto de universidades públicas busca que seamos entonces el marco articulador de ese movimiento social que anda desde hace algunos años desamparado, agobiado”, detalló Marinela Córdoba, politóloga y asesora en la Rectoría de la UCR.

Un segundo encuentro de movimientos sociales se realizó este lunes 28 de noviembre, en el Aula Magna de la UCR. El espacio denominado Foro por el Futuro será la oportunidad para presentar a las diferentes organizaciones sociales una propuesta de mesas de trabajo para los próximos seis meses. “A estas mesas se invitará al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo para trabajar en once temas específicos que inquietan a los movimientos sociales. Se pretende construir algunos productos que se puedan retribuir a los tomadores de decisiones en el país, a través de propuestas, proyectos de ley, etc.”.

El espacio incluyó un conversatorio sobre las políticas actuales en torno al Estado social de derecho con intervenciones de representantes de las organizaciones allí reunidas. La Federación de Estudiantes de la UCR también presentó un manifiesto. Hassan Lobo, presidente de la FEUCR, señaló que lejos del discurso populista «… la presencia de los sectores sociales en el foro nos llena de esperanza de un porvenir más justo y democrático».

“Es un momento de compartir, de reflexión y de diálogo, en el cual abordaremos la propuesta metodológica para el trabajo que iniciaremos a partir del 2023”, concretó Córdoba.

¿Por qué tocar las puertas de la UCR?

Para Marinela Córdoba, parte de la respuesta se encuentra en la legitimidad que la UCR también se ha ganado por su interlocución histórica con muy diversos grupos, temáticas y comunidades; por la capacidad y recursos intelectuales que las organizaciones sociales reconocen en la universidad pública. “La UCR es la llamada a cobijarnos, nos han dicho estas organizaciones, se sienten amparadas en la U, donde ven aún un poquito de ese Estado social de derecho que está en riesgo”.

Foro realizado este 28 de noviembre del 2022 en el Aula Magna de la Sede Universitaria Rodrigo Facio. Foto: María Peña Bonilla, UCR.

Por su parte, Pablo Morales, asesor de la Rectoría, considera que todos esos movimientos y organizaciones sociales buscaron a la UCR porque “sienten que están excluidos de la discusión política del modelo productivo que se está gestionando desde algunos espacios políticos, y también porque perciben políticas que debilitan a la institucionalidad pública y a la democracia. Entonces, frente a ese escenario, la UCR es un actor que puede aportar en el análisis y la reflexión sobre esas temáticas”.

Morales señala que es pertinente recordar las funciones constitucionales que se le han encomendado a la Universidad. “La Constitución Política nos manda hacer análisis y reflexión, y esto lo haremos en este foro del 28 de noviembre. Analizaremos y reflexionaremos sobre las situaciones que nos están planteando esos movimientos sociales, sobre esa coyuntura, se trata de generar acciones democráticas en defensa del Estado social de derecho, la democracia y la institucionalidad pública”.

Si bien cada una de estas organizaciones y movimientos tiene una agenda más propia, esta iniciativa en la que el marco articulador está conformado por las universidades públicas no va a gestionar un conjunto de agendas gremiales. “Nosotros, como universidades, vamos a gestionar las preocupaciones de fondo al respecto de la institucionalidad pública, la democracia y el debilitamiento del Estado social de derecho. Es otro plano de discusión en el cual todos estos sectores coinciden, pero que son excluyentes de sus agendas gremiales, están en otro ámbito”.

Aunque la tarea principal de este trabajo conjunto con las organizaciones y movimientos sociales es la reflexión, la idea es que la Universidad pueda también aportar cuando exista una movilización social y las personas tengan claro por qué se movilizan, “que no sea una movilización en abstracto, desinformada; a la Universidad le puede tocar el rol de problematizar los temas frente a los cuales la gente se moviliza”.

Finalmente, Morales enfatiza que la vida de la mayoría de la población costarricense, a diferencia de otros países, pasa muchísimo más por un entramado de institucionalidad pública que toca diferentes puntos de nuestra vida. “Porque nuestra institucionalidad pública no solo protege los derechos de primera generación (derechos individuales), sino que protege derechos humanos de segunda generación que son derechos económicos, sociales y culturales que tienen que ver con jubilación, con sanidad pública, con educación, entre muchos otros; son derechos que se ejercen más colectivamente que individualmente”.

Es importante que los movimientos sociales tengan voz fuerte

El rector de la Universidad de Costa Rica, el Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, dijo que no se pude permanecer indiferente a los ataques al Estado social de derecho y pidió que, así como se deben dejar de lado las diferencias entre las universidades públicas, se deben dejar de lado las diferencias entre las distintas organizaciones, que no se trata de defender a las organizaciones ni sus privilegios, pero sí defender la institucionalidad.

La funcionaria Córdoba rescató que después del histórico confinamiento por la pandemia del COVID-19, después de una desmovilización es importante sentirnos unidos como sociedad civil, como movimiento. “También es importante el convivir y sentirse ciudadano, ciudadana, con empoderamiento, y eso lo va a permitir esta articulación que se va a hacer desde la UCR”.

Córdoba agrega que es importante entender que la sociedad civil, que los movimientos sociales, necesitan volver a tener voz, y a través de la Academia, de su metodología, de los datos, de la ciencia, se pueda educar y aterrizar de manera menos abstracta en estos temas de ciudadanía que son tan importantes. “Presentar propuestas claras, concretas, de calidad en forma y en fondo para el futuro del país y, sobre todo, para la defensa de nuestro Estado social de derecho”.

En referencia a ese modelo de Estado social de derecho, Morales también suma que la institucionalidad pública, tal como se definió en la Constitución Política y como se desarrolló en las principales leyes del país, tiene por objetivo “penetrar y conectarse directamente, cuando no es gestionar en forma directa, la productividad del país y, por eso, las instituciones públicas son un referente indispensable para entender el desarrollo del país en los últimos 70 años”.

Proceso de trabajo

Se crearán mesas temáticas de reflexión:
1. Reforma del Estado
2. Educación
3. Salud
4. Economía y modelo productivo
5. Equidad de género e inclusión social
6. Energía y telecomunicaciones
7. Agricultura
8. Derechos sociales y económicos
9. Arte, cultura y humanidades
10. Ciencia y tecnología
11. Medio ambiente
12. Innovación y transferencia de conocimiento
13. Justicia
En un periodo de tres meses se producirá:

Un diagnóstico de las principales problemáticas que aquejan al sector o temática de análisis.
Una serie de medidas para el corto, mediano y largo plazo, que serán trasladadas por el rector al Poder Ejecutivo y Legislativo.

Los procesos podrán producir propuestas de ley específicas en las áreas temáticas debatidas.

María Encarnación Peña Bonilla
Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR

Atroz idea del Gobierno: privatizar y desnacionalizar la electricidad

Escrito en 07/10/2021. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

(1 de 3) Por Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo, profesor ITCR, ecologista FECON

Regresión de más de un siglo

¡Aberrante! Pocas veces esta palabra puede ser usada con tanta precisión, como en este caso para referirnos al “Proyecto de ley reforma al artículo 3 de la “Ley n° 7200 ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela”, expediente legislativo n° 22.601, que el Poder Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa. Esta propuesta, encabezada por el Presidente de la República, remataría el modelo público de carácter social y solidario, y su institución rectora, el ICE, pues se orienta exactamente a favorecer la inversión privada de empresas generadoras tanto nacionales como externas. El proyecto además coloca al Gobierno de rodillas, como súbdito obediente, ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En este texto explicamos por qué el proyecto es un retroceso histórico de más de un siglo, y algunas de sus múltiples debilidades. Una revisión de algunos proyectos de privatización impulsados en anteriores administraciones y la complacencia del gobierno actual con la OECD, los revisamos en el artículo “Gobierno se somete a generadores privados de electricidad y a la OECD”, de próxima publicación.

La esencia del proyecto está explícita en el escrito del Gobierno: “El presente proyecto de ley se presenta ante la Asamblea Legislativa con el fin de eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico, al no existir una justificación ligada a esta restricción para la actividad económica atendida bajo la modalidad de servicio público”, y agrega que “la eliminación de esta restricción busca fomentar el comercio y la participación de la inversión extranjera en el país, así como las ventajas y efectos económicos, sociales y de desarrollo que de ellas derivan” (negrillas ODC).

Ese proyecto constituye un retroceso histórico inaudito que borraría uno de los avances sobresalientes de la sociedad costarricense, como fue la nacionalización de la electricidad y la posterior creación del ICE. De aprobarse, convertiría el mercado eléctrico nacional en un campo de competencia privada ya no sólo entre nacionales, y de éstos con el ICE, si no para favorecer directamente las inversiones transnacionales con plena igualdad de derechos al ICE, y obligando a la entidad estatal a comprar la electricidad que generen. Es decir, se perdería cualquier condición asociada a la nacionalización de la electricidad y su carácter de servicio social, para convertirla en un servicio público regido por la competencia privada, aunque el ICE siga presente como intermediario obligado entre los generadores y los consumidores finales, ya sea dentro del país o en el mercado regional, al que también los privados siguen presionando por incursionar.

Este tipo de apertura ilimitada es otro mecanismo o vía de privatización, prestación y venta de servicios públicos en favor del capital privado y desnacionalización, que se ha usado en paralelo a las concesiones de obra pública y las alianzas público-privadas. Todas conllevan el riesgo asociado de ampliar el tablero de corrupción, como ha ocurrido en muchísimos países del mundo, incluida Costa Rica. Con este proyecto el Gobierno abona directamente a la liberalización de la economía nacional entregando el servicio de electricidad al capital privado, lo cual será una pérdida para toda la sociedad costarricense.

Es una aberración que en Costa Rica el Gobierno acelere en reversa en tiempos en que urge proteger los beneficios colectivos y las economías nacionales, tal y como pide el Secretario General de la ONU, Antonio Gutiérrez. Aunque no nos detendremos en esa historia, vale decir que todos los componentes de los “modelos económicos fallidos” que vivimos hoy en el mundo, incluyeron, e incluyen, medidas de privatización y desnacionalización como las contenidas en el expediente n° 22.601 del Poder Ejecutivo. Debería el Gobierno recordar, o más bien conocer, lo que en el 2003 dijo Joseph Stiglitz, que fue jefe de economistas del Banco Mundial: “A todos aquellos que viven en México, Indonesia, Brasil, la India y otros mercados emergentes se les debería dar una consigna diferente: no luchen por la mítica economía de libre mercado, que nunca existió”. Lo que incomoda es que Stiglitz nunca lo expresara cuando él mismo impulsaba las políticas que empobrecieron y siguen llevando al hambre a millones de personas en todo el planeta.

“Ley Alvarado” para privatizar y desnacionalizar

El expediente n° 22.601 de la Administración Alvarado es mucho más intrépido que cualquiera de los intentos precedentes de privatización de la electricidad en Costa Rica. Suma un componente de desnacionalización que en aquellas propuestas no había sido expuesto de manera tan explícita con el objetivo de reafirmar los beneficios para el segmento de la élite nacional e inversionistas externos, que hasta ahora se han beneficiado con la generación privada de electricidad. La propuesta desconoce más de un siglo de avances sociales y colectivos en cuanto al servicio de electricidad frente a los intereses privados. Nos devuelve al año 1900 cuando la empresa The Costa Rica Electric Light & Traction Co., empezó a concentrar el servicio eléctrico de Costa Rica; aunque esta misma empresa fue desplazada por la American & Foreign Power Co., que concentró prácticamente todo el mercado. Esta propuesta de “ley Alvarado” desconoce la historia de luchas sociales para la nacionalización de la electricidad en Costa Rica, de fortalecimiento del servicio de electricidad con la creación de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz en 1941, pero sobre todo aniquila el Decreto Ley No. 449 del 08 de abril de 1949 que creó al ICE, del que cualquier gobernante, medianamente sensato, debería sentirse orgulloso y ser defensor.

Se podría decir incluso que la iniciativa pone en riesgo a las cooperativas y empresas de servicio público de electricidad, que contribuyeron, al menos en parte, a fortalecer el mercado eléctrico con sentido nacionalista y ampliando la cobertura a más regiones del país. (El principio de “solidaridad” en el caso de las empresas con formato cooperativo, habría que analizarlo a partir de los precios al consumidor final y del uso y reparto de sus excedentes). Digo que esas empresas reforzaron “en parte” el servicio público, pues hace años la Contraloría General de la República en un informe sobre “la eficacia y eficiencia en la asignación de fuentes de energía para la generación eléctrica”, advirtió “que los costos estimados de la energía de los proyectos de empresas distribuidoras públicas y cooperativas de electrificación rural, son en su mayoría superiores a los promedios determinados por la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA)” (CGR, 2016, p. 2). En esa misma línea, otro dato que debería revisarse con todo cuidado y seriedad es que, según explicó la Contraloría en el mismo documento sobre la eficiencia de proyectos: “no son competitivos Eólico Valle Central de la CNFL, S.A. y Los Santos de Coopesantos R.L, cuyos costos nivelados de la energía de 18,38 y 16,33 c$/kWh están muy por encima del rango utilizado de 7,09 y 12 c$/kWh. Ello, a pesar de que este tipo de generación es cada vez más competitiva y los mejores proyectos a nivel mundial alcanzan consistentemente los 5 c$/kWh sin financiamiento” (CGR, p.10).

Toda la argumentación del proyecto presentado por el Ejecutivo se subsume en un artículo que, aunque pareciera inofensivo, es la propuesta más regresiva que hayamos enfrentado desde 1990, cuando entró en vigencia la Ley 7.200 para favorecer a los generadores privados. Dice el “ARTICULO ÚNICO. – Refórmese el Artículo 3 de la Ley No. 7200, del 28 de setiembre de 1990, cuyo texto dirá: “Artículo 3.- Interés público. Se declara de interés público la compra de electricidad, por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a las cooperativas y a las empresas privadas, que establezcan centrales eléctricas de capacidad limitada para explotar el potencial hidráulico en pequeña escala y de fuentes de energía que no sean convencionales” (Negrillas ODC).

Las debilidades e imprecisiones de este proyecto en general (que revisaremos en un próximo texto), y particularmente del texto del nuevo artículo, hacen que no soporte el mínimo escrutinio técnico. Alguna de esas carencias las revisamos en seguida:

Declarar de “interés público” la compra de electricidad generada por cualquier oferente privado, nacional o extranjero, colocaría al ICE en una condición peor que la que tiene hoy comprando y pagando electricidad de acuerdo con las obligaciones que le imponen las leyes 7.200 y 7.508 aunque no sea requerida por la sociedad costarricense. La determinación del interés público no debe reducirse a un antojo político y comercial. Debe responder a un proceso técnico para definir la necesidad para el país de cada proyecto en particular. Esto está asociado con la relación oferta-demanda, y es bien sabido que el país cuenta con una capacidad instalada y de generación que duplica y más la demanda nacional. Además, esa generalidad flexibiliza la rigurosidad para concluir sobre la viabilidad social y ecológica y la factibilidad económica, que debe establecerse científica y socialmente, también para cada uno de los proyectos.
Esa idea general de “interés público” está copiada del proyecto “Ley General de Electricidad”, expediente No. 17.812, de los Gobiernos Arias Sánchez y Chinchilla Miranda, cuyo artículo 11 indicaba: “Se declaran de interés público y conveniencia nacional los proyectos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica que desarrolle cualquier agente del mercado eléctrico nacional”. Para facilitar aún más la construcción de nuevas plantas generadoras, el proyecto proponía que “…los órganos e instancias del Estado y los gobiernos locales otorgarán trato prioritario sobre otros proyectos, a los trámites y gestiones necesarios para el desarrollo acelerado de estos proyectos. Los plazos serán reglamentados por el Poder Ejecutivo”. Ese proyecto de 2009 buscaba la igualdad de condiciones para la competencia entre el ICE y privados en el mercado eléctrico, y esta nueva iniciativa avanza sustancialmente promoviendo “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico”.
Declarar de “interés público la compra de electricidad” es otro mecanismo legal que obligará al ICE a adquirir la electricidad de cualquier competidor privado, aspecto que hace menos de un año se mostró espinoso cuando el ICE decidió no renovar algunos contratos de generadores privados por ser innecesarios para atender demanda nacional de electricidad. El pago a generadores privados llegó a 3.141 millones de dólares entre 1989 y 2021, según datos del ICE publicados por el Semanario Universidad. Aunque la amenaza de debilitamiento del ICE es el problema principal en este proceso, la misma institución ha tenido un papel destacado. De acuerdo con Mauricio Álvarez “El ICE viene actuando en esa dirección, pues ya convirtió a la transnacional española Unión Fenosa en la mayor productora de electricidad privada en nuestro país, con un total de 100 MW, al otorgarle un segundo proyecto (actualmente posee Torito, de 50 MW y La Joya, también de 50 MW)”. Recordemos que los proyectos con la Ley 7.200 no pueden superar los 20.000 kW (20 MW) y los contratos bajo la Ley 7.508 tienen un tope de 50.000 kW (50 MW). Entre ambas modalidades el tope de generación es el 30% de la capacidad del Sistema Eléctrico Nacional. Independientemente del uso que se le ha dado a esas leyes, establecen límites y cantidades claras. Y este proyecto adolece del todo de esas precisiones elementales».
Cualquiera que revise el proyecto y lea que el ICE deberá comprar la electricidad de “fuentes de energía que no sean convencionales”, lo primero que se pregunta es ¿Cuáles son esas fuentes? En el mercado eléctrico de Costa Rica podemos anotar como convencionales la hidroelectricidad, térmica, geotérmica, hasta la eólica y la generada con biomasa, si consideramos que ya tienen bastantes años de ser parte de la oferta nacional. ¿A qué se refieren con “no sean convencionales”?
La misma finalidad del proyecto “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico” es otra imprecisión inaceptable, pues no define condiciones para ejecutarla. Dada esa generalidad, el término “eliminar” permitiría eventualmente una apertura indiscriminada que sería imposible subsanar, corregir o definir por medio de un reglamento. De hecho, es común que muchos ajustes legales para favorecer la generación privada, hasta ahora, se hayan hecho por medio de decretos y directrices ministeriales, pero en este caso, es imposible determinar cómo se dará esa eliminación de barreras a la inversión privada, y sobre todo cuáles serán sus impactos en el mercado eléctrico y para la sociedad costarricense que finalmente deberá consumir esa electricidad a precios de mercado privado. Por eso el texto implica un conjunto de amenazas que ameritan su rechazo absoluto.

Forzar la Constitución para desnacionalizar

La otra línea de justificación, a la cual se le dedica la mayor parte del proyecto, es un conjunto rebuscado de argumentos para forzar la conclusión de que actualmente la inversión privada está poco menos que imposibilitada en Costa Rica. Estirando las ligas al extremo, el proyecto funde el argumento de la OECD -eliminar barreras de inversión privada- con una interpretación de la Constitución Política y de jurisprudencia constitucional de manera más que rebuscada. Dice el Gobierno que “eliminar la barrera a la participación extranjera en el sector eléctrico”, “Es una recomendación (de la OECD) que se relaciona con el principio constitucional de igualdad, en términos generales y de igualdad entre los nacionales y extranjeros, en términos específicos, y conlleva que no se discrimine entre unos y otros, salvo las excepciones y limitaciones que la Constitución y el ordenamiento establezcan. También se relaciona con la libertad constitucional de empresa o de ejercicio de la actividad comercial”.

Esa interpretación no sólo se usa para promover la privatización del servicio público de la generación, compra, distribución y consumo de electricidad, si no que busca desnacionalizarlo. Por eso hablamos de una regresión hasta antes del 8 de abril de 1949 e incluso hasta 1900 a tiempos del mercado eléctrico controlado desde el sector privado nacional y transnacional.

Este proyecto es un gesto de genuflexión ante el empresariado privado, y en el ámbito global, una reverencia neocolonial ante la OECD. Nadie antes, ni con los proyectos de ley de los partidos más antiguos y tradicionales como Liberación Nacional y la Unidad Socialcristiana, se llegó al extremo de buscar “el principio constitucional de igualdad…entre los nacionales y extranjeros” para que no se “discrimine entre unos y otros”. Siendo la nacionalización de la electricidad y la creación del ICE insignias notables del Estado social de Costa Rica, es imposible aceptar lo que proponen estos gobernantes, como la idea de no discriminar y de procurar “igualdad entre los nacionales y extranjeros” en el control de una actividad económica verdaderamente crucial para la sociedad costarricense, como es la electricidad. Si se piensa en los costos de la cobertura en regiones de difícil acceso, de nuevo cobra más que pertinencia la necesidad de fortalecer al ICE como entidad de servicio social, y preguntarse si los privados, como nunca ha sido hasta ahora, prestarían el servicio en cualquier región del país.

Cierto es que para algunas empresas privadas del sector eléctrico la apertura indiscriminada podría ser una buena oportunidad para aliarse con foráneos, como ya ocurre con los proyectos (BOT sigla en inglés) Construcción, Operación y Transferencia de la ley 7.508, pero en un escenario de competencia abierta hasta las demás empresas, como las cooperativas, podrían ser disminuidas, parcialmente absorbidas y hasta eliminadas del mercado. No es que los empresarios nacionales de la electricidad privada ameriten defensa, pues ya hemos documentado cómo han hecho fortunas vendiendo electricidad cara e innecesaria. Se trata de que la soberanía, como condición fundamental de un país y de una nación, debe considerar como principio la defensa de “lo nacional” ante la invasión de capitales foráneos, sobre todo en la prestación de cualquier servicio social prioritario, como es la electricidad.

El proyecto no establece ningún límite de inversión para el capital externo. No señala plazos ni condiciones de inversión y venta de la electricidad. No justifica, ni remotamente, que esta apertura se fundamente en una necesidad nacional de electricidad y además, como hemos demostrado, en Costa Rica no falta ni un peso de inversión privada para atender la demanda de electricidad.

Como ciudadanía, este proyecto nos debería regresar a los primeros años del siglo pasado, pero para emular los movimientos sociales que iniciaron la nacionalización la electricidad en Costa Rica con la dirección de la Liga Cívica Nacional, lo cual se logró en 1948 tras décadas de lucha social.

Carlos Alvarado Quesada, Presidente, Rolando Castro Córdoba, Ministro a.i. de Ambiente y Energía y Elian Villegas Valverde Ministro de Hacienda, deben pasar a la historia como destacados peones de la destrucción del Estado social costarricense, y del ICE en particular. Deberían ser recordados por promover la apertura del mercado eléctrico para su privatización y transnacionalización, devolviéndonos a los peores tiempos de vasallaje en las relaciones entre países.