Dr. Luis Paulino Vargas Solís
Economista
Director a.i. CICDE-UNED

Escribo estos rápidos apuntes, incentivado por la solicitud que recibí de un político nacional, que me pidió mi criterio en relación con un artículo titulado “Un plan B para el acuerdo con el FMI”, del colega economista Francisco Esquivel, el cual fue publicado en el Semanario Universidad el 2 de julio de 2021.

1) Estoy de acuerdo con todo lo que plantea Francisco, pero creo que se queda corto.

2) La situación de relativa sostenibilidad o mejora fiscal que se registra en los primeros meses de este año, podría no ser perdurable. Puede que haya efectos de incrementos en los ingresos por IVA, e influidos por este último, de incremento en los impuestos sobre ingresos y utilidades, que podrían no repetirse en el futuro. Incluso con tales incrementos, la tasa de tributación sigue siendo baja (en el orden del 15% del PIB, aproximadamente, con un PIB que todavía no recupera sus niveles de 2019).

3) Estoy completamente de acuerdo en lo que Francisco plantea en materia tributaria.

4) Pero creo que deberíamos atrevernos a dar un paso más allá mediante la tributación progresiva sobre rentas y ganancias de capital y sobre grandes patrimonios. En el primer caso, la tasa plana penaliza más fuertemente al pequeño ahorrante, al pequeño propietario o, en fin, al pequeño rentista. En el segundo caso, la idea sería ampliar lo que ya existe en relación con casas de lujo, para incluir las otras formas de patrimonio personal o familiar, pero hacerlo con base en tasas progresivas y con un umbral exento suficientemente alto

5) Si ya lo anterior (bien lo sé) es políticamente delicado, lo que enseguida diré quizá lo es más, pero aun así lo creo necesario: la tributación progresiva sobre herencias y sucesiones, como un mecanismo necesario para romper la transmisión intergeneracional de las desigualdades (en la línea de ideas propuestas por Piketty, esto podría alimentar un fondo que, a su vez, permita asignar una dote de capital a cada persona, la cual podría ser entregada a cada muchacho y muchacha, cuando lleguen a su mayoría de edad, o, quizá, a los 21 años).

6) Esquivel plantea en su artículo, ideas valiosas en la línea de una reforma administrativa, que propicie más eficiencia y productividad en el sector público. Está bien, pero no es suficiente. Tendríamos que ambicionar más. Por ejemplo, mediante una mejor articulación y coordinación, que permita eliminar duplicidades y despilfarros. Hay que pensar en lograrlo sobre una base dialógica y respetuosa, sin generar más polarización y conflicto del que ya existe. Una reforma a los regímenes de empleo público, igualmente construida de forma dialogada y con pleno respeto a la Constitución, sigue siendo necesaria (no el esperpento que está siendo propuesto), para corregir incoherencias en las remuneraciones (puestos con funciones y responsabilidades muy similares, a veces idénticas, con salarios muy distintos en distintas instituciones), evitar en el futuro salarios excesivamente altos; garantizar mejora real de los salarios a lo largo del tiempo, pero de forma financieramente sostenible.

7) El aspecto clave, sin el cual nada de lo anterior tiene mucho sentido, tiene que ver con la reactivación de la economía y el incremento sustancial en la capacidad de generación de empleos. Al respecto es importante considerar:

• Pasarán varios años antes que el turismo tenga una plena recuperación. Lo que por ese lado pueda lograrse es limitado.
• Las exportaciones de zona franca claramente no son una respuesta. En el último año han crecido a un ritmo espectacular, sin que el resto de la economía (o sea, el 95% de las personas trabajadoras) apenas se enteren.
• Las exportaciones que no son de zona franca, desde hace algunos años (o sea, desde antes de la pandemia) manifiestan un dinamismo más bien contenido. La recuperación en los países ricos del norte, contribuirá a reanimarlas, pero no será suficiente.
• Es urgente promover una reactivación con efectos en plazos lo más corto posibles, y que se sienta significativamente en el empleo.
• En el momento actual ello solo es posible mediante el empuje desde el Estado, a través de un programa de inversiones públicas que sean de rápida y fácil ejecución, y que se diseñen de forma que generen muchos empleos, incluyendo muchos empleos para las mujeres.
• Esto último debería ser parte, de un amplio programa de inversiones públicas, con proyección a mediano y largo plazo, que enfatice ámbitos como los siguientes: sanidad, educación y cuido; energías limpias; transporte público; ciencia y tecnología; agua; vivienda popular, entre otros.
• El endeudamiento externo que el país obtenga debería destinarse a financiar estos programas de inversión pública, para generar la necesaria capacidad de pago futura. Hoy se destina a sustituir deuda interna “cara” por deuda externa “barata”. A la larga, ello puede significar que el caldo salga más caro que los huevos, puesto que se descuida el aspecto clave: modernizar la economía y elevar su productividad, para que, en el futuro, podamos afrontar estas deudas sin que ello nos genere nuevos problemas.

8) Claro que es necesario avanzar en la renegociación de la deuda pública, por lo menos el componente interno de ésta. Esta, junto a otras medidas (incluso una intervención más directa del Banco Central), debería propiciar una reducción significativa en los pagos por intereses.

9) El crédito accesible y barato o, en general, una política monetaria que propicie la baja en las tasas de interés, solo puede cumplir una función complementaria, no puede ser el centro de la estrategia. Es que el crédito se mueve a partir de la demanda, no de la oferta. O sea: el crédito se reactiva cuando la economía se reactiva, no a la inversa. Enfatizar la generación de empleo, la modernización de la economía y la elevación de la productividad, así como el desarrollo regional equilibrado, la equidad de género y la democratización en la distribución de la riqueza, son objetivos que deberían guiar la asignación del crédito.

10) Desde luego que hay que avanzar seriamente en simplificación de trámites, siempre que ello no implique sacrificar objetivos ambientales, de protección de los derechos laborales y de los derechos humanos en general, o la protección de la salud. Pero tengamos claro que simplificar trámites es un paliativo y un complemento, no una medida estructural significativa.

11) Cualquier propuesta en materia de reducción de cuotas de seguridad social debería garantizar que habrá fuentes alternativas de financiamiento o, en último término, deberían garantizar que no se dañará financieramente ni a la Caja ni a otras instituciones de seguridad social.

12) En todo caso, no debemos olvidar que las cuotas de seguridad social son “altas” no tanto en términos absolutos, cuando principalmente en términos relativos, es decir, son altas relativamente a la productividad de nuestros trabajadores y trabajadoras. Las soluciones deberían concentrarse en lo segundo, más que en lo primero, y eso es lo que anima, en general, las ideas que aquí propongo.

Información e imagen tomada del blog: https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/