La Contraloría General de la República (CGR) revela los resultados encontrados sobre la evaluación de la calidad de la información presentada sobre el cumplimiento de las metas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2023-2026 (PNDIP), y vinculadas al Presupuesto de la República 2024. Este informe es parte del ejercicio de las labores ordinarias de fiscalización de la institución, así mismo se presenta en el marco para asegurar la transparencia en la rendición de cuentas.
El análisis sobre la calidad de la información reportada es un aspecto fundamental, ya que permite fortalecer tanto la gestión pública como el control institucional. Al disponer de datos precisos y bien documentados permite a la ciudadanía y a los entes responsables realizar un seguimiento efectivo del desarrollo nacional, promoviendo así un ambiente de mayor confianza a los procesos de toma de decisión públicas y responsabilidad gubernamental.
La CGR estudió 18 metas, de las cuales 8 presentaron incumplimientos significativos. Estas metas se enfocan en sectores estratégicos como salud, educación, bienestar y medio ambiente, evidenciando la necesidad de robustecer los mecanismos de registro y verificación para garantizar una representación fiel del avance de las intervenciones públicas.
En el sector salud, el informe destaca inconsistencias alarmantes. Se encontró que la Caja Costarricense Seguro Social (CCSS), excluyó a 9,339 personas, en lista de espera para cirugía ambulatoria, en el proceso de estimación del indicador “plazo promedio de días de espera”. Está acción compromete la veracidad de los datos esenciales para evaluar la eficiencia en la atención médica. Igualmente se encontraron deficiencias en el desarrollo del proyecto del nuevo hospital en Limón.
En el ámbito educativo, se identificaron errores en el registro de egresados en programas de formación. Tanto el Ministerio de Educación Pública (MEP) como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) se duplicaron la cifra de egresados en los programas de formación en inglés, en tecnologías de información y en turismo, generando una sobreestimación que pone en entredicho la metodología empleada para contabilizar estos logros.
El sector de bienestar también mostró fallas en la información reportada. El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) contabilizó 13,504 beneficiarios más en la meta relacionada con la atención a familias, lo que revela deficiencias en los procesos de registro y una posible distorsión en la medición de los beneficios socialmente otorgados.
En cuanto al sector ambiental, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) presentó irregularidades en la meta vinculada con la protección del recurso hídrico. La institución no presentó evidencia sobre cumplimiento de las estrategias de Nimboyores y Tiribí. Esta omisión afecta la evaluación del avance en la conservación de este recurso vital, subrayando la importancia de contar con datos precisos para gestionar adecuadamente las políticas ambientales.
Otro hallazgo relevante se relaciona con la educación, específicamente a la meta asociada con la Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA). El informe indica que, ante MIDEPLAN, el MEP reportó un avance del 0% en esta meta, lo que sugiere una falta de progreso en una iniciativa educativa crucial orientada a ampliar las oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida.
El informe de la CGR pone de manifiesto serias inconsistencias en los registros, deficiencias metodológicas y ausencia de la documentación necesaria para una correcta rendición de cuentas del PNDIP. Estas deficiencias no solo debilitan la fiabilidad de la información, sino que además complican la toma de decisiones públicas y el seguimiento del desarrollo nacional.
Para obtener más información sobre los hallazgos encontrados, se puede acceder al siguiente enlace DFOE FIP IAC-00001-2025
La historia política costarricense no solo es una retórica, un discurso o una narrativa que solo sirve para charlas de café, como afirman algunos de los personajes desde hace más de medio siglo de un caduco partido político que aspira la próxima presidencia de Costa Rica.
El orgullo de un pasado democrático no suele reconocer que esos momentos se han esfumado y convertido en un fantasma que teme el poder y sus partidos políticos que pueda renacer, por ello destruyen todo vestigio de esperanza, libertad y progreso social, con el apoyo de los mercantilizados medios para convertir a la ciudadanía en una complaciente cómplice, o sin suficiente oposición ni resistencia que lo impida.
La memoria histórica no lo confirma nuestro presente, a pesar de la incesantemente repetición sobre la importancia sobre democracia y la defensa de la institucionalidad pública, como una añoranza, que las palabras no describen ni construyen. Al parecer como afirma Watzlawick (1994) vivimos una realidad inventada, una ficción que nos imagina ser felices, igualitarios, solidarios, o tener un gobierno democrático, aun cuando, es evidente la existencia de una estructura social, económica y jurídica que regula e impone condiciones que reproducen y extienden la desigualdad, explotación, apropiación de los recursos de las poblaciones y de la nación. ¿Es que la miseria, la perdida de derechos y la generalizada explotación, no tienen vinculo alguno con la democracia y la libertad?
No es posible asumir democracia cuando no es posible modificar los medios y formas de explotación y la apropiación de los recursos sociales por los entes financieros nacionales ni internacionales que incrementan su rentabilidad parasitaria, ni con gobiernos que garantizan presupuestos para la privatizar del bienestar, con gobernantes que conviven con la corrupción y otras formas delincuenciales, porque ayudan a perpetuar el miedo y enlutan los hogares.
La educación formal, los medios y los discursos del poder falsifican la historia e invisibilizan al pueblo como gestor de la democracia, lo público y el progreso, lo cual no es nada nuevo, la historia en Costa Rica, como en otros espacios, también ha sido escrita por el poder, independientemente de los partidos políticos y de las caretas usadas por los gobernantes de turno. Esos partidos del pasado que acompañaron las conquistas populares y que aun, sin merecerlo, usufructúan las conquistas sociales del pasado, son los artífices que destruyen, desde hace más de cuatro décadas, todo resquicio del Estado Social costarricense, para continuar privatizando la historia, esta vez con el auxilio de nuevos partidos similares, que sin principios, mediocres, corruptos y privatizadores, buscan imponerse como dictaduras electorales.
La década del ochenta del siglo pasado, la hegemonía imperial de sus nefastos organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y de partidos políticos que se turnaban el poder, fueron radicales y feroces implementadores liberales, que iniciaron la privatización del Estado, en una continuidad sin pausa, hoy con el concurso del exfuncionario del BM en el poder, ejecuta acciones afectando a los trabajadores empobrecidos con salarios miserables, liquida las políticas sociales y de seguridad, para magnificar estadísticamente las cifras macroeconómicas y beneficiar a las corporaciones internacionales y propietarios del capital financiero, en sus salvajes apropiaciones de los recursos de los sectores pobres y medios de la sociedad y también a los amigos, imitando las prácticas autocráticas de Milei y de otros ignorantes dictadores.
En Costa Rica existe una implícita alianza electoral entre los partidos enemigos del bienestar social y nacional, unidos corruptamente, para ganar las elecciones y repartirse influencias y privilegios en la privatización de las instituciones del Estado. El gobernar sin resistencia ni oposición, con leyes indignas, la eliminación de la división de poderes del Estado y empobrecimiento generalizado a trabajadores, como se experimenta en otras naciones, muestran el asomo político totalitario en Latinoamérica, mientras que los consorcios empresariales crecen enriqueciéndose con extremo cinismo, lo cual no es ningún vaticinio fatalista, es una práctica recurrente en esta fase de las relaciones con el imperio y Costa Rica no es una excepción, como se evidencia en los rastreros juegos del poder.
La degradación de los partidos políticos en la actualidad es extraordinaria, no representan a la ciudadanía ni lo público, tampoco son entes democráticos que aspiren la libertad ni el progreso social nacional, son agrupaciones formales que tienen dueños, o son controlados por perennizadas camarillas que cínicamente expresan representar intereses privados, nunca la heterogeneidad social, la pluralidad del pensamiento ni las alternativas sobre el devenir nacional. Esos partidos no constituyen guías para la organicidad, participación y lucha por la conquista de derechos y el bienestar para todos. Hoy, esos partidos políticos, reproducen imponen la privatización de la economía, como interés de toda la sociedad. De modo similar lo efectúa el gobierno y el poder económico, al imponer que el interés privado es de todos y del Estado, así como repetir incansable e ignorantemente, que los empresarios son los creadores de riqueza. Así, no se requiere demostración alguna sobre el gobierno que impondrán, a quienes favorecerán y a las poblaciones que perjudicarán. El saber popular afirma que “ante la confesión de parte, relevo de pruebas”, así como, es posible complementar que las prácticas infames contra la salud, la educación, la libertad y democracia de quienes han saboreado las mieles del poder que, sin enmienda alguna, aspiran la presidencia de la república. Así, no es posible esperar algo distinto a lo que ya ocurre para las poblaciones necesitadas ni para los requerimientos nacionales. Las palabras pierden su sentido y significación en aquellos partidos y candidatos que aspiran el poder por cualquier medio.
Quienes imaginan que las creencias y las especulaciones cambian las realidades, repiten una afirmación de “creer es poder” de la antigua Grecia particularmente de los filósofos estoicos, una visión individualista que desde el siglo XIX aún tiene continuidad con el positivismo y la psicología entre otros seguidores. Así, se cree que los individuos poseen la capacidad de autodeterminación, la de definirse a sí mismo y el suponer que las realidades cambian según sus creencias, como una convicción idealista, que las realidades son, según las interpretamos, creemos o imaginamos. Estas posiciones no son del todo ajenas de las convicciones y relaciones cotidianas, dado que se han inventado intencionalmente leyes, decretos, reglamentos o disposiciones tiránicas a los pueblos y creado a través del tiempo un sistema con estructuras y relaciones, que han afectado y concretado condicionamientos, regulaciones y pautado las acciones y conciencias, así como hacer de la explotación y la esclavitud de las colectividades un proceso natural.
Nuestra historia pionera de un Estado democrático y moderno nos permite apreciar las profundas diferencias con el presente, como también nos muestra, que no ha sido una fantasía el haber construido temprana y peculiarmente un Estado de Bienestar en Costa Rica, como tampoco, es una utopía la concreción de un Estado obediente de las necesidades del pueblo y la realización de los anhelos y el bienestar de todos los ciudadanos, lo cual es imposible de los que recrean incesantemente los poderes privativos heredados. Pero, no ha sido solo el poder autoritario quien han destruido la democracia también comprometió nuestra responsabilidad política con el futuro. No defendimos lo conquistado.
La obediencia sustenta al sistema de papel de las dictaduras de todo tipo, mientras que la desobediencia civil es un proceso que construye democracia y justicia social, que no es un invento, pues la historia de los pueblos son hechuras colectivas y ciudadanas. Es inhumano y tiránico, en un mundo interdependiente, que unos pocos determinen el destino y vida de todos en las sociedades.
Mientras no exista un pensamiento que aglutine críticamente el devenir político de la sociedad civil, es difícil esperar un mandato presidencial progresista de cualquier partido. Sin organización ni acción colectiva solidaria, la ambición destructora, explotadora y privatizadora del sistema y del poder autoritario, nos asesina suicidándose.
La clase trabajadora y media en Occidente sufre hoy un doble castigo que no solo deteriora sus condiciones materiales, sino que desintegra su equilibrio espiritual y mental. No es casual que sociólogos como Oliver Nachtwey hablen de sociedades del descenso para describir una época en la que el futuro ya no promete ascenso ni mejora, sino degradación constante. Esta crisis no surge del vacío: es producto de una convergencia perversa entre el neoliberalismo económico y el progresismo cultural hegemónico. Aunque se presentan como fuerzas antagónicas, en la práctica actúan en equipo, imponiendo sobre las mayorías populares una doble condena: explotación económica por un lado, y desarraigo cultural e identitario por el otro.
Para nadie es un secreto que el neoliberalismo ha generado décadas de precarización, destrucción ambiental, desempleo disfrazado de emprendimiento, debilitamiento de sindicatos, recortes al Estado social y concentración obscena de la riqueza. Para millones de trabajadores, la vida se ha reducido a sobrevivir. Ya no se lucha por vivir mejor, sino por no hundirse más. Las condiciones materiales se erosionan y el ascenso social es cada vez más un espejismo.
Pero a este castigo económico se le suma uno cultural (espiritual): el progresismo dominante, desde sus posiciones de poder simbólico e institucional, impone un modelo identitario y moral que desarraiga a la clase trabajadora de sus raíces culturales, espirituales y comunitarias. En nombre de una supuesta liberación individual, se promueve un discurso que margina las formas tradicionales de vida, ridiculiza los valores religiosos y comunitarios, y despoja a las clases populares de su sentido de pertenencia. Se les exige adaptarse a códigos culturales ajenos (que vienen curiosamente de aquellos centros de poder neoliberales), hablar un lenguaje que no es el suyo y aceptar una moral que no nace de su experiencia de vida. Nada más ajeno al espíritu original del marxismo, que nunca separó la lucha material de las realidades culturales del pueblo.
El resultado es devastador: crisis de identidad, depresión colectiva, fragmentación de comunidades, colapso espiritual. Estas clases ya no solo sienten que han perdido el control sobre su presente económico, sino también sobre el relato de quiénes son. Se enfrentan al vacío existencial de quien no puede reconocerse en el espejo de la cultura dominante. ¿Entonces? Esta ruptura entre la vida material y la vida simbólica, entre el cuerpo explotado y el alma desarraigada, explica en parte el desapego de estas clases hacia la política institucional (tradicional) y, al mismo tiempo, su creciente atracción por discursos populistas o extremistas que al menos les hablan en un idioma comprensible y les devuelven una (falsa) ilusión de identidad.
Este fenómeno no es accidental. Tanto el neoliberalismo como el progresismo cultural, que de izquierdas realmente tiene poco, comparten un desprecio estructural por lo comunitario, por lo espiritual, por las tradiciones populares. Ambos promueven una radical individualización: el primero convierte al ciudadano en consumidor precarizado; el segundo en sujeto identitario aislado, obligado a reinventarse constantemente según los dictados de una cultura de élite cosmopolita “moderna”. En ambos casos, lo que se rompe es la posibilidad de una vida común, de una historia compartida, de una lucha colectiva.
La identidad espiritual, tan presente en las comunidades trabajadoras y populares, ha sido una fuente histórica de resistencia, de dignidad, de sentido. No es un simple conjunto de creencias privadas: es el lazo que une, el refugio que sostiene, la memoria que guía. Destruir esa identidad es debilitar su capacidad de lucha, reducirlas a individuos desconectados, agotados y fácilmente manipulables. ¡Creo que dimos en el blanco!
Denunciar este doble castigo no es un gesto retórico, es una necesidad política. La clase trabajadora y media no solo necesita pan y techo: necesita también ser reconocida, valorada en su cultura, y fortalecida en su identidad espiritual. Sin raíces, ningún árbol resiste la tormenta; y hoy, millones son arrancados de su suelo simbólico por vientos ideológicos que los debilitan más que la propia miseria material. Ante un sistema que los exprime económicamente y los vacía espiritualmente, urge construir una alternativa que articule justicia social con respeto profundo por la cultura popular y su dimensión espiritual. No hablamos de nostalgia, sino de resistencia. No de pasado, sino de presente y futuro.
Solo recuperando su centro (material, simbólico y espiritual) las clases trabajadoras de occidente podrán romper el cerco que las asfixia. Sin esa reconexión espiritual profunda, no habrá cambio posible. Y sin ellas, no habrá transformación real ni futuro digno para nuestros pueblos.
Después de más de dos siglos de vida independiente y más de setenta años de democracia continua, Costa Rica atraviesa una de sus peores crisis de confianza política y social. El deterioro del Estado social, la degradación institucional y la desorientación ideológica del actual gobierno dibujan un país confuso, fragmentado y carente de liderazgo con visión.
Las señales son múltiples: la inseguridad ciudadana que desborda barrios y comunidades, el crecimiento de la pobreza estructural, el desencanto con los partidos tradicionales y la improvisación tecnocrática del poder actual. A esto se suma una creciente polarización que intoxica la discusión pública. El país, como en el antiguo interrogante romano, parece preguntarse a sí mismo: ¿Quo vadis, Costa Rica?
Balance: ¿Dónde está la verdad?
Ante un clima social tan polarizado, urge acudir a la evidencia y el análisis crítico. A continuación, se abordan algunas de las preguntas más candentes del debate público, con datos y perspectiva.
¿Está quebrada la CCSS?
No. A pesar de sus dificultades financieras y estructurales, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) no está quebrada. Tiene problemas de liquidez, rezago tecnológico, presión por envejecimiento poblacional y evasión patronal, pero también posee un sólido patrimonio, infraestructura extendida y una base de cotizantes que aún la sostiene. Decir que está quebrada es una afirmación alarmista que no resiste el análisis técnico. Lo que necesita es reforma, no demolición.
¿La prensa miente y es canalla contra el gobierno?
No. La prensa tiene fallas, como en cualquier democracia, pero en Costa Rica sigue siendo un contrapeso legítimo al poder político. Las acusaciones de “prensa canalla” desde el Poder Ejecutivo forman parte de una estrategia internacional de desprestigio mediático usada por liderazgos populistas de derecha y de izquierda. Los medios, a pesar de sus intereses empresariales, han visibilizado actos de corrupción, contradicciones del gabinete y decisiones poco transparentes. El periodismo crítico no es enemigo de la democracia, sino su garantía.
¿La oposición exagera cuando dice que Chaves no respeta el Estado de derecho?
No exagera. El presidente ha demostrado en múltiples ocasiones una actitud autoritaria, desde la confrontación directa con la Sala Constitucional hasta los vetos o amenazas públicas a diputados y órganos autónomos. La desinstitucionalización y el debilitamiento de los controles republicanos son hechos concretos. Su forma de gobierno se basa más en la lógica del “gerente supremo” que en la del estadista dialogante. Respetar el Estado de derecho implica reconocer límites, algo que el actual mandatario ha desafiado constantemente.
¿El tono del presidente es respetuoso o soez?
Es sistemáticamente soez y confrontativo. Sus comparecencias públicas están marcadas por la burla, el doble sentido, el sarcasmo y un tono que raya en la humillación. Este tipo de discurso presidencial no solo empobrece el debate político, sino que instala una cultura de la agresión como método de liderazgo. El lenguaje de un jefe de Estado importa; configura el clima democrático, y en este caso, lo erosiona.
¿Se usan correctamente las redes sociales en política?
No. Las redes sociales han sido utilizadas por el gobierno más como herramienta de propaganda y control narrativo que como canal de diálogo ciudadano. Se promueve el culto a la personalidad del mandatario, se bloquean voces críticas y se fomenta la polarización a través de ataques digitales. Esta forma de usar las plataformas digitales distorsiona la esfera pública y refuerza la desinformación, debilitando la democracia deliberativa.
¿Ha sido productiva la Asamblea Legislativa durante este período?
La Asamblea ha tenido avances en algunas materias, pero ha funcionado bajo tensión permanente con el Ejecutivo. El oficialismo, sin bancada propia sólida, ha recurrido a alianzas coyunturales, vetos y presiones externas para gobernar. El Ejecutivo, por su parte, ha descalificado frecuentemente el trabajo legislativo, debilitando la legitimidad de un poder que representa la pluralidad política nacional. La falta de diálogo institucional ha afectado la gobernabilidad democrática.
¿Hacia dónde vamos?
Costa Rica se encuentra ante una disyuntiva histórica. Seguir profundizando el deterioro del Estado social, debilitando sus instituciones y empobreciendo el debate público, o reconstruir una visión colectiva de futuro basada en el respeto, la equidad y la participación.
El cambio que el país necesita no vendrá de una figura mesiánica, sino de una ciudadanía crítica, movilizada y consciente del valor de sus instituciones. Costa Rica no está perdida, pero necesita urgentemente reencontrar su rumbo.
San José, 6 mayo 2025
*Instituto Sindical de Formación Democrática (ISFODE).
1 Catedrático pensionado de la Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Costa Rica.
La política contemporáneamente ha sido concebida popular y mediáticamente como el quehacer de los gobernantes, o de las intencionalidades y actuaciones de los políticos, para transformar las realidades y obtener determinados resultados en la sociedad. Es una falsa concepción que ignora la historia, la epistemología y la ética, a pesar de ser una recurrentemente visión alimentada por el discurso del poder prevaleciente y por una cotidianidad que promueve la apatía, el conformismo y la ignorancia, que asume y divulga que la problemática social y el desarrollo nacional, son decisiones y acciones, que se resuelven con las políticas del poder estatal.
La política no es una facultad individual del autócrata, tampoco ha existido siempre. La política surge en la historia con la Revolución Americana y la Revolución Francesa, cuando se erradicaron, en sus tiempos y espacios, las formas autocráticas del poder estatal y emergieron decisiones y acciones que inauguraron nuevas sociedades con democracia, libertad e igualdad, así como se constituía la ciudadanía, la política, la nación y el Estado Social.
La articulación de la sociedad civil y la sociedad política fue una conquista continuada por los Estados de Bienestar, hoy liquidada en Costa Rica, inconclusa en EE.UU y en acelerada descomposición en Europa. La política o la facultad ciudadana de decidir y actuar sobre sus necesidades y anhelos, así como la acción estatal es dependiente de las decisiones sociales y del interés nacional.
En el pasado esclavista y feudal no existían las políticas, el poder adoptaba decisiones absolutas y arbitrarias que se imponían a las poblaciones subalternas. Los esclavistas, los señores feudales, ni en los actuales autócratas de la colonialidad del poder, subordinados al poder imperial, no han tenido o han perdido las facultades sociales otorgadas al Estado para ejecutar los mandatos ciudadanos.
La concepción epistemológica individualista de la política, en la actualidad, es la imposición del individuo, el autócrata, quien se ha arrogado la facultad de decidir, delimitar y ejecutar acciones para pretender lograr predeterminados propósitos, aun cuando sin mediación social ni conocimiento sobre la realidad intervenida. La mecanización y estandarización de la política es digna de orates, pues estiman tener la capacidad de alterar las realidades a su antojo y obtener cualquier resultado deseado. El conocimiento sobre los espacios sociales, inéditos, complejos y multideterminados, nunca son técnicos ni iguales a otras realidades, son aspectos ignorados por los políticos que prefieren la estandarización de las cosas y las simplificaciones del pasado y el presente.
Emular alguna política estatal por los resultados en un contexto y tiempo particular, es error como lo es, el asumir que las determinaciones de los fenómenos en contextos específicos obedecen a causas y efectos similares. La particularidad y dinamismo de cada realidad, impide la obtención de resultados similares. Las realidades sociales no son objetos mecánicos, ni los fenómenos son producto de determinaciones ni efectos estandarizadas.
La proyección el pasado y el presente hacia un futuro inventado, es una ilusa o intencionada práctica del aparato institucional estatal y de los políticos que engañan ofreciendo bienestar, justifican desaciertos, acusan a otros y no asumen responsabilidades, modos infantiles de pretender ganar legitimidad social y presentarse como inocentes víctimas. No obstante, es una regularidad de la política autocrática, el dilapidar los recursos públicos para propósitos ajenos a la ciudadanía y al progreso nacional, para ser fuente de compras de dudosa legalidad empresarial y de procesos poco transparentes en la administración estatal.
La visión de política es el mecanicismo aplicado en la actuación estatal en la sociedad. Así, la materialización de los fracasos de la política no son errores ni omisiones, son resultados obvios e intencionados que el discurso del poder distorsiona la realidad y divide social e ideológicamente a las poblaciones.
La política como se conceptúa y ejecuta es inconsistente, enuncia ofrecimientos imposibles de resolver, no solo por lo expresado previamente, sino porque se efectúa en un sistema y una estructura, sustentado en una legislación que reproduce la clase en el poder y el capitalismo imperial en el espacio nacional, así como, porque es la alternativa impuesta como forma de vida de las relaciones sociales. De este modo, las políticas de los Estados contemporáneos son contradictorias, demagógicas y segregacionistas socialmente, porque son manifestaciones como se reproduce y expande la clase global nacional y mundialmente.
La política de ningún modo es una actuación autoritaria de autócratas. La apropiación de la facultad ciudadana es una regresión histórica, democrática y cognoscitiva del Estado.
La defraudación social de la política en las poblaciones se agudiza incesantemente, en sus formas ideológicas y partidarias, posibilitando una eterna e insustancial competencia electoral. La política actual, no persuade y se revela como un juego de engaños y traiciones contra la ciudadanía que crea decepciones e indiferencias sobre el devenir político, así como miedos y visiones fatalistas de inevitabilidad de la situación ciudadana y nacional.
La política vive una profunda crisis causada por los autócratas que se han apropiado del derecho ciudadano de decidir su propio futuro privatizando el bienestar, por empobrecer y esclavizar a las poblaciones con salarios miserables, desempleo, así como, por la descomposición, corrupción y desfinanciamiento de los servicios públicos en Costa Rica y en los hermanos subalternos de nuestra América.
El reconocimiento de la crisis de la política es parte del camino para restablecer la democracia y la libertad por la política del pueblo para el pueblo.
El lawfare no es de creación jurisprudencial, ni legal. Tampoco corresponde a creatividad doctrinaria jurídica; siendo, una instrumentalización de la justicia. Es la utilización de una opción aparentemente legal y lógica de tipos y actuaciones judiciales, utilizados como instrumentos políticos y por ende alejada de lo sistemático de la dogmática jurídica. Se conoce como guerra jurídica; judicialización de la política; o acoso judicial. Se relaciona con el ataque al poder ejecutivo o al representante de esa rama; mediante la utilización de instancias judiciales nacionales e internacionales, buscando su desprestigio y hasta su caída y destitución, sin el uso de las armas. Su principal engranaje es funcionar con la dictadura mediática intoxicante (medios de comunicación) y el uso de las redes sociales. En el escenario latinoamericano, luego del fracaso de las dictaduras militares, se acudió, como signo desestabilizador del imperio y lacayos criollos, a la llamada “dictadura civil” para transmutar, en los últimos años, en el fenómeno del “golpe blando”. La derecha habla del Estado de Derecho; pero la realidad es que tienen archivado el Estado Social. El escenario propicio para la aplicación del lawfare es la carencia, o falta de funcionamiento, de un Estado Social, en un país determinado; en donde predomina la institución judicial subordinada al poder político y a los partidos políticos tradicionales, detentadores de poder; con una presentación de miseria de la justicia y por ende un cuadro de justicia vulnerable. Tomando los casos emblemáticos de uso del “golpe blando” en países latinoamericanos como Honduras, Paraguay, Perú, Bolivia, Brasil y el no abortado del caso colombiano, se puede caracterizar una constante de aplicación en gobiernos progresistas, alternativos, con proyección de izquierda, que afectan al “establecimiento” pro-imperio. La medida no ha logrado aplicar en gobiernos de izquierda, con inspiración socialista y por ende con un marco constitucional diferente, de nuevo tipo, tal como sucede con la indoblegable Cuba; el ejercicio constitucional del bravo pueblo bolivariano y la consecuente inspiración soberana del gobierno sandinista. Por ende, al abordar sobre su caracterización persiste en mantener una apariencia de legalidad, buscando deslegitimar, desprestigiar, provocar el repudio popular y aplicar hacia el desgobierno y/o el “mal gobierno”.
Destacar que cuando hay sumisión al estado social no se da aplicación del lawfare. No es dable particularizar en lo de jueces afines al régimen imperante; como el de casos de jueces que resaltan como jueces valientes. Aunque no es tema de este ensayo, no se puede desconocer el contenido ideológico de las sentencias judiciales. Predomina el ejercicio de la tridivisión de los poderes. Aplica lo del ejercicio o ejecución armónica de la tridivisión del poder. Por ello se puede encontrar una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, valiente, al asumir en contrario una imposición del ejecutivo. Pero, de igual manera, la correspondencia de decisiones judiciales armoniosas y acorde al desempeño gubernamental en la Republica Bolivariana de Venezuela, como también en la Nicaragua Sandinista. O las medidas judiciales contra la pretendida fascistización contra el migrante en los Estados Unidos. Hasta aquí este preámbulo de fundamento jurídico-doctrinario, sobre el lawfare, para adentrarnos en la caldera del diablo, tal como corresponde al desarrollo institucional actual en Colombia.
Cómo opera el lawfare en Colombia
Existe particulares condiciones en el escenario, no ya de una Rama seca de la justicia, la cual fue incinerada por el militarismo de derecha. Sí, de un sistema de justicia, permeado por la corrupción, en un modelo de estado considerado, por algunos, como un narco-Estado imperante. Realísticamente operan feudos, con identificaciones y denominaciones exactas y de contenido delictivo como el denominado “Cartel de La Toga”. No opera el acoso judicial cual un modelo único aplicado a cada país. Pero en el caso colombiano si se da y aplica unas condiciones y formas lastimosas. Comencemos por el comportamiento de las Altas Cortes ante las propuestas de reformas de fondo (ni siquiera revolucionarias) en lo de la salud, lo laboral, pensional, tributario e iniciativas administrativas gubernamentales para superar el estado de cosas inconstitucional (eci) que existen en regiones del país como en la Guajira, por ejemplo y a hoy potenciado en lo de El Catatumbo. Pero no solo en eso; el sistema judicial contencioso administrativo (Consejo de Estado) ha sido reiterativo en impedir la función constitucional de ser el presidente de la república el orientador de las relaciones internacionales. Durante cerca de tres años transcurridos de gobierno progresista-liberal, los nombramientos de libre remoción de embajadores, cónsules y del servicio exterior, le fueron revocados al presidente de la república, quien actúo conforme al mandato constitucional, Artículo 189-2 de la Constitución Política de 1.991 (CP91). “Corresponde al Presidente de la República: “Dirigir las relaciones internacionales”. Bajo revestimiento legal, adujeron la existencia de un estatuto reglamentario de la carrera consular, que exige suplir vacantes con personal adscrito en antigüedad en la Cancillería, al que le acomodan lo de “pacto sindical”; siendo que una asociación de empleados de libre nombramiento y remoción, en modo alguno son sindicalizados; resultando tal materia así atendida totalmente inconstitucional; como es desde todas luces notorio impedir al director de las relaciones internacionales la búsqueda de mejor escogencia de sus colaboradores. Pues bien, sin pretender ser taxativos, ese es un caso ejemplar de acoso judicial y de guerra legal contra el presidente colombiano. Tan solo nombrar, como de registro, el procedimiento obtuso y dilatorio de la Corte Suprema en nombrar al Fiscal General de Colombia, que debía reemplazar al anterior titular Francisco Barbosa. Quedó, como de registro histórico “el manejo de los tiempos” y el condicionamiento a que el cuestionado fiscal citado, quien empoderó como un descarado activista político de oposición al ejecutivo; autoproclamándose como un órgano de control constitucional, sin serlo; que no tenía superior alguno que le vigilare y auditare, buscando lograr el cometido que su aliada y también cuestionada Vice Fiscal General, continuara en interinidad, por inconcebible periodo de tiempo; de no ser por el decido empeño del movimiento popular movilizado, en abortar tan criminal treta. Se pueden citar más casos emblemáticos de intervención torticera de las Altas Cortes contra el programa político del presiente G. Petro y que dibuja la escena del llamado “golpe blando”. Pero ha quedado demostrado que el tal golpe blando no solo aplica por el uso del manejo de las instancias judiciales. En el caso colombiano, también se acudió al acoso por parte del principal órgano de control constitucional, la Procuraduría General, que es el supremo director del Ministerio Público. Resulta innumerable señalar las actuaciones, en desfase, de la Procuradora General Margarita Cabello; todas tendientes a enrarecer el ambiente de un “mal gobierno” del titular del Ejecutivo. Logró la muerte política, mediante destitución y prolongadas inhabilidades para desempañar cargos públicos, de muchos funcionarios gubernamentales, destacando el de dos representativos: el ex canciller Álvaro Leiva Duran y el Dr. Luis Guillermo Pérez Casas, como director de la Superintendencia de Subsidio Familiar. Al igual que el anterior Fiscal General mencionado, actúo la Procuradora General como una activista opositora contra las decisiones del titular del ejecutivo nacional, presidente G. Petro U. De igual reseña resulta el inconstitucional proceder del Consejo Nacional Electoral (CNE) al violar el fuero constitucional que reviste al presidente de la república, que predica sea únicamente La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes su juez natural. Siendo el CNE el máximo rector que inspecciona y regula la actividad electoral, armó una plataforma de ataque contra el señor presidente de la república al decidir investigarlo, con cargos directos, dentro del debido accionar por la investigación que adelanta sobre supuesta violación de topes financieros en la campaña electoral para le elección de presidente. Corresponde que “esos” cargos contra el señor presidente sean de conocimiento de la Comisión de Acusaciones y así no ha sido tramitado. De resultar ciertos y probados esos cargos de irregularidad electoral, el candidato ganador, que en este caso lo fue el presidente de la república, incurriría en mala conducta, con el efecto de destitución del cargo de elección y al no ser previamente juzgado por su juez natural le declararían la vacancia que llegaría a ser suplida por el actual presidente del Senado. Así resumido, sobre la suerte de la presidencia de la república de Colombia pende una espada de Damocles, como resultado de un montaje torticero, materializado en un recurso crudo de guerra jurídica contra el titular de la rama ejecutiva.
Pero valga pues, para concluir en reflejo de asomo de aplicación del acoso legal y judicial conocido como lawfare lo último sucedido por la actual titular de la Fiscalía General, Luz Adriana Camargo Garzón y por la señora ministra de Justicia Angela María Buitrago.
La encerrona al proceso del fin del conflicto armado con una insurgencia denominada coordinadora bolivariana
Con 30 años de análisis y conocimiento del conflicto armado interno; no había encontrado una actitud tan mentirosa, falaz, de perjurio y descalificadora del estatus insurgente de la guerrilla colombiana. Pensaba que no lo era de la concepción de nuestro presidente; pero si lo es de la CIA y del adecuado maquillaje Trump. El Catatumbo exige y requiere un consejero nacional sobre el conflicto armado, con aplicación de solución política definitiva.
Una cosa es analizar el desvertebrado accionar del Alto Comisionado del gobierno progresista – liberal, en la búsqueda del fin del conflicto armado interno en Colombia, basado en la perfidia y en la práctica divisoria anti – solución; y otro callar ante el maquiavélico accionar de la titular de la Fiscalía General de la República, contra la buena fe del presidente G. Petro U, en su búsqueda de «Paz». La detención arbitraria, desde todo punto de vista, contra Giovanni Arias Rojas, alias ARAÑA, de la muy fraccionada Segunda Marquetalia y ahora denominada la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, al mando del cuestionado Walter Mendoza, demuestra el accionar de la derecha militarista pro imperio, al finiquitar el proceso adelantado con lo que queda de ese sector insurgente. La postura del vocero gubernamental, Dr. Armando Novoa, es consecuentemente jurídica y digna de aplauso, conforme al marco legal aplicado.
La Fiscalía General alega que antes de concretar acuerdos en la mesa de negociación o de conversaciones, la Interpol no está impedida para solicitar capturas. Que la circular roja aplicada al ex farc alias Araña, en su calidad de vocero de los negociadores, se dio desde antes del actual gobierno. Calla en explicar que la decisión fue tomada desde Lyon Francia, y aquí ejecutada y cumplida en un tiempo récord de 24 horas. LA Fiscal General, se erige como intérprete de la norma; en la prelación del acatamiento a un acuerdo internacional como lo es el de la extradición. Desconoce la orden expresa, legal, de levantamiento de orden captura contra el señor Giovanni Arias Rojas. Como funcionaria en el papel de actora judicial, a ella no le compete interpretar la orden a ejecutar. Tampoco es interprete de la norma y mucho menos abrogarse la facultad de aplicarla, como si se tratara de un juez. Olvida que La Fiscalía no es un órgano de control y en esto emula al saliente Fiscal General opositor, de quien en la práctica ha sido una garante continuadora. La Fiscalía es una operadora del sistema judicial, pero no imparte justicia. Eso lo olvida para acudir a una acción de desprestigio al accionar gubernamental del ejecutivo nacional
En tanto y al unísono, la ministra de justicia Angela María Buitrago, defendió la captura de alias Araña, contradiciendo la argumentación del negociador del gobierno Dr. Armando Novoa, ante la orden de su detención, emanada de la Interpol, sin mayores consideraciones.
Las anteriores dos funcionarias, al mejor ejemplo de contenido y naturaleza del fenómeno del lawfare, en este artículo analizado, justifican la decisión de entrampamiento de un vocero de un sector de la insurgencia al que el gobierno del presidente G. Petro, le dio el carácter de insurgente o rebelde, independiente que esté incurso en delitos de narcotráfico, (que no es un delito de lesa humanidad, ni crimen de guerra).
Ambas abrieron un debate político-jurídico sobre el cumplimiento de los tratados internacionales y la protección de quienes han realizado acercamientos con el Estado para dejar las armas. Aduce la ministra Buitrago en cuestión: «No es una orden proferida internamente, por lo que no es un proceso que se esté ventilando en Colombia. Para nosotros, los tratados, las convenciones y los convenios son obligatorios de cumplir por el principio de la reciprocidad para efectos de justicia». Significa lo anterior que la orden presidencial puede ser desconocida, acudiendo a instancias internacionales.
Indudablemente han generado, ambas funcionarias, una escena de estafa procedimental con el único mensaje y encubierta labor de instrumentalizar una adecuación de trámite judicial a la espera de resultados desconsiderados a la eficacia y eficiencia de la gestión gubernamental; afectar su buen desempeño y propiciar la solicitud formal del gobierno entrometido de los Estados Unidos de pedir la extradición de alias Araña, que no será competencia a definir de ninguna de la dos nombradas sino del señor presidente de la república de Colombia. Conclusivamente, es un claro caso de guerra jurídica o lawfare, para afectar la consistencia del titular del ejecutivo nacional. Y quien extraditará: ¡el señor presidente o el imperio!
Vivian Rodríguez Araya Presidenta Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras Banco Popular y de Desarrollo Comunal
En Costa Rica nos representa La libertad, y el máximo patrimonio ciudadano, que ampara hoy a la población, derechos y deberes que dotan de gran reconocimiento y responsabilidad civil al pueblo en un país que vive en democracia.
La democracia estimula el impulso de una convivencia pacífica y armoniosa entre el sistema gubernamental y la población en general, la democracia busca fortalecer el convivio y las relaciones, fortificando los acuerdos sociales, y sobre todo promoviendo la participación activa civil, siendo esta la forma de garantizar la protección de los derechos consagrados, y la oportunidad de crear espacios hacía la inclusión plural y social, como antesala al avance, el progreso y el desarrollo.
Vivir en Democracia es recibir oportunidades constantes y reales, mismas que son necesarias para el verdadero ascenso social y productivo de una nación. Clave es la participación ciudadana en la democracia, a partir de liderazgos asertivos, el diálogo constructivo y el respeto recíproco entre los actores que constituyen el Estado Costarricense.
La articulación de sectores sociales y productivos contribuye e influyen, impactando positivamente en la mejora continua de las condiciones de vida en sociedad, nuestra democracia se construyó y se revitaliza bajo el resguardo de la institucionalidad pública, como parte del proyecto país con visión compartida de prosperidad y progreso que identifica y caracteriza a nuestro a país.
Hoy la estabilidad democrática se encuentra en peligro y desmantelamiento, debido a políticas y visiones erradas de algunas representaciones, si se diera paso a esa visiones que vienen en detrimento de nuestro Estado benefactor, se ocasionaría un grave quebranto a las insignes conquistas y garantías sociales que gozamos hasta hoy como país democrático, mismas que han logrado cimentar considerables logros históricos en la construcción de nuestra sociedad.
Ante este escenario, la ciudadanía, es la llamada a conducir el vehículo de movilidad social hacía el rescate, resguardo y defensa de la libertad, la paz y nuestro Estado de bienestar, se lo debemos a las nuevas generaciones, esa niñez y juventud que merecen crecer y desarrollarse bajo un Estado Social democrático compacto y firme.
Somos democracia, somos ciudadanía, somos pueblo, somos libertad, y sobre eso reincide la conservación de nuestra soberanía e independencia.
Activemos las acciones en favor y celebración de la democracia, este 15 de diciembre 2024, en la primera edición del FESTIVAL SOMOS, por la Democracia, la Libertad y la paz, una iniciativa ciudadana para la ciudadanía, organizada por sectores sociales, productivos, laborales y empresariales, un espacio para generar reflexión del gran privilegio que es vivir bajo democracia, enmarcado en la conmemoración del 75 aniversario de nuestra Constitución Política y del 76 aniversario de la abolición del ejército en nuestro país.
Golpe de gracia al Estado Social e instauración definitiva del excluyente Estado neoliberal. Modificación unilateral del Contrato Social Costarricense procedente de los años 40 y 50 del Siglo XX.
Alejandro A. Sura
Nota introductoria:
En el Plenario de la Asamblea Legislativa, impulsado por la administración Chaves Robles, (PLP de Feinzag, PUSC y el PNR de Fabricio, más una mayoría del PLN que repudia la Social Democracia, excepto diputado Nicolás) y promovido por el aparato mediático nacional con raras excepciones, se tramita aceleradamente con la oposición del Frente Amplio, a espaldas del pueblo, y en la opacidad conveniente en este tipo de privatizaciones, el Expediente N° 23 414 que contiene el proyecto de ley titulado LEY DE ARMONIZACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL. Con esta ley, los servicios de electricidad son privatizados y no regulados por ARESEP y declarados como servicios NO PÚBLICOS. (Ver 21 Definiciones al final del texto Proyecto de ley 23 414 y Semanario Universidad No. 2514, pág. 4 y 5)
Esta ley se propone privatizar totalmente el Sector Eléctrico del ICE: un objetivo político y económico largamente ambicionado por los comerciantes de electricidad locales y regionales que ha sido frenado hasta ahora únicamente por la resistencia de un movimiento social y sindical nacional que se ha opuesto consistentemente a esa privatización y la consecuente entrega de recursos naturales energéticos a un grupo de interesados en hacer grandes fortunas con la explotación de cualquier recurso energético que esté al alcance de su mano y de sus chequeras.
Para lograr la aprobación de esta ley de «armonización del mercado eléctrico costarricense» es que se armó el escándalo de los supuestos apagones regionales que nunca se produjeron tal y como lo advertimos antes de que se anunciaran públicamente como un hecho y se generalizara el temor.
Para lograr este propósito fue que se levantó la campaña mediática contra el ICE por la prensa televisiva y escrita. Particularmente La Nación y Telenoticias. Todo con base en un refrito contra un ICE que en telefonía celular e internet actúa en los dominios del mercado y del comercio privado de las telecomunicaciones y que por lo tanto se relaciona directamente con los gigantes industriales en ese mercado mundial.
Breve y necesario encuadre
Con esta ley privatizadora se cierra el círculo iniciado con el PAE I aprobado en la administración Monge Álvarez, 1982-1986 y se termina de imponer el modelo neoliberal de la derecha costarricense. Así se termina de meter en el ataúd el que fuera conocido en vida como ESTADO SOCIAL DE DERECHO. Queda Costa Rica al amparo nada más de la ilusión de un ESTADO DE DERECHO, cuyas reformas profundas en materia de derechos laborales y aprobación de tratados internacionales empujan a ver en realidad un ESTADO DE DERECHA.
Adentro de ese ataúd ya está la educación pública debilitada (apagón educativo del que tampoco se señalan responsables en ningún lado) donde la misma se ha ido privatizando en todos sus niveles, igual la salud pública, es claro el debilitamiento de esos servicios y el ataque frontal a la CCSS por parte de la administración Chaves Robles. Todo esto para tercerizar servicios (listas de espera y otros que terminan a disrio en un una especie de genocidio encubierto y sin responsables otra vez. Hay gente muriendo por falta de atención médica) y favorecer los intereses privados en ese campo. El acceso a la vivienda es carísimo; el acceso a los salarios crecientes; y derechos laborales que desaparecieron hace 5 años, los derechos sindicales arrasados por el PAC de Solís-Alvarado y el PLN de los Arias-Sánchez y su emisario diputado Benavides, y, desde luego, toda la pequeña y mediana producción agropecuaria en abandono y largamente traicionada con muchas falacias por la casta neoliberal que incluye al actual gobierno de Chaves.
Nada de esto ocurre sin la intermediación de los grandes intereses geopolíticos y geoestratégicos en un mundo que va saliendo con apuros de la estructura de poder global que emerge de la segunda guerra mundial. Dichos intereses son determinantes en cada rama de la actividad económica local y regional. Justamente esa combinación de castas neoliberales locales y esos grandes intereses regionales es como se explica por el fondo los altos niveles de desigualdad económica y social que sufre el país y que lo colocan lamentablemente entre los 10 países más desiguales del mundo (BBC News mundo. 2 de julio 2018).
Gran desigualdad económica y grande exclusión social de costarricenses, en la región más desigual del planeta. Justamente este es el encuadre socioeconómico que impulsa los altos niveles de criminalidad que nos agobia. Cientos de vidas de jóvenes que este modelo neoliberal impuesto en los últimos 44 años expulsa de las pocas oportunidades que tenían, generalmente con pretextos fiscales que han reducido drásticamente la inversión social. Todos sabemos que es así: la vieja y la nueva casta neoliberal lo saben; pero lo disimulan y lo esconden. El aparato mediático del que también son los dueños, salvo raras excepciones, trabaja para que el modelo excluyente y concentrador de riqueza no se toque. Preguntémonos qué pasaría si esos miles de adolescentes y jóvenes excluidos hubiesen tenido consciencia política contra aquellos que favorecieron desde sus posiciones de privilegio la imposición de las políticas públicas que generaron su pobreza y marginalidad. ¿A lo mejor volvería existir violencia política armada?
La vieja casta neoliberal y la nueva hablan de los efectos de la marginalidad y la desigualdad, pero esconden las causas, aunque sean tan groseramente evidentes y de nuevo, no hay responsables. Todos se quitan. Ese es el sector de la sociedad que ha concentrado la riqueza, la otra cara de la moneda. Esta es la esencia del modelo neoliberal impuesto regionalmente por la hegemonía económica e ideológica de Estados Unidos que actúa con mandato e imposición imperialista en nuestras débiles y dependientes economías. USAID, FMI, BM y otros son las correas de transmisión internacionales. PLN-PUSC-PAC y ahora la administración Chaves Robles han sido las correas nacionales de transmisión, en una especie de contrarreforma de las conquistas sociales de los años 1940 y de importantes aspectos de la Segunda República como el Código de Trabajo, ahora amenazado de muerte con la llamada ley 4-3.
Vamos a la ley de marras
Vaciamiento y trasvase de bienes públicos del ICE al sector de los comerciantes de electricidad. (Ahora retirada tácticamente por Chaves por lo q el articulado actual se modificará y algunos excesos evidentes se replantearán)
Lo explicado en el encuadre anterior es imprescindible para entender el dramático final de nuestro Estado Social. Y de Derecho?
Con este tipo de fin del modelo solidario y de acceso universal a la electricidad que representa el ICE, se desprenden las siguientes y profundas reformas privatizadoras del modelo eléctrico universal que representa el ICE. (Vaciamiento del ICE y regalo de la infraestructura eléctrica a los comerciantes de electricidad nacionales y extranjeros).
Toda la infraestructura construida por los costarricenses por medio del ICE por mandato del Decreto Ley 449 del 8 de abril de 1949, será traspasado a los comerciantes privados y sus títeres en el Poder Ejecutivo. Ahí se va el Centro de Control de la Generación y Transmisión de Energía (CENCE) ahora
El valor sugerido por técnicos del ICE puede ser de unos cuatrocientos cincuenta mil millones de colones. Ello sin contar con el equipo de profesionales especializados y altamente eficientes que trabajan en el control electrónico de la generación, transmisión y comercialización nacional y centroamericana de electricidad. Todo se lo llevan. Trasvase de riqueza de todos los costarricenses a unos cuantos hombres de negocios.
Todas las líneas de alta tensión en transmisión de alto voltaje con sus torres gigantes, las subestaciones en todo el territorio nacional y todas las líneas y los postes que llegan a nuestras casas, también serán puestas a la disposición gratis de esos comerciantes nacionales e internacionales de electricidad. Todo ese ahorro nacional para que se enriquezcan unos cuantos, aumentando la pobreza y la desigualdad.
El artículo 1 de la ley que crea el ICE dice: «Créase el Instituto Costarricense de Electricidad, en adelante llamado el Instituto, al cual se encomienda el desarrollo racional de las fuentes productoras de energía física que la Nación posee, en especial los recursos hidráulicos. La responsabilidad fundamental del Instituto, ante los costarricenses será encauzar el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica con el fin de fortalecer la economía nacional y promover el mayor bienestar del pueblo de Costa Rica.»
Este artículo ponía en el ICE la responsabilidad legal de llevar electricidad a todos los rincones del territorio nacional. Por ese mandato de derecho público había a quien reclamarle legalmente ese cumplimiento. Incluso por la vía de un amparo constitucional. En la ley privatizadora que aquí denunciamos esa obligación legal queda en el aire. NADIE RESPONDERÁ. Como se acostumbra en el comercio mal regulado que nos han impuesto y que por ello fomenta la corrupción y la falta de responsabilidad ante el indefenso pueblo consumidor.
La ley privatizadora que aquí rechazamos, aparte de la GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD, LA TRANSMISIÓN (Alto voltaje) Y LA DISTRIBUCIÓN (Al consumidor) arranca del ICE tres funciones básicas para la seguridad eléctrica del país: las que tenía el CENPE (Planificación eléctrica nacional) y la del CENCE el control de la generación y transmisión de energía y la comercialización de energía para atender la demanda nacional y la comercialización en Centroamérica de excedentes nacionales después de cubrir la demanda nacional o la importación en caso de desabastecimiento nacional o amenazas del mismo.
La PLANIFICACIÓN es la que permite conocer con anticipación los factores que pueden alterar el consumo y la producción de energía: es una tarea multidisciplinaria que, consecuentemente obliga planear las necesidades de más energía a futuro y proponer la construcción de plantas de generación: hídrica, térmica, eólica, geotérmica o solar. incluso el ICE conoce los detalles de la generación con hidrógeno propuesta por un reconocido científico nacional. Todas las energías renovables que le han dado fama mundial a CR, ESTA FUNCIÓN PASA A UN MINISTERIO, el MINAE. Este ministerio dirá que se necesita, para cuando se necesita y quien construirá las plantas. El ICE deberá hacer fila y con la Regla Fiscal entre manos y otras limitaciones fiscales ya veremos languidecer la generación de energía por parte del ICE.
EL CONTROL de la generación de electricidad en todo el país: hay q hacer un esfuerzo para entender la sofisticación y lo caro que son los equipos con los cuales el ICE y por su medio todo el País conoce la cantidad y la potencia real de cada klw hora que se produce a nivel nacional. Cantidad y calidad de la electricidad en un detalle imprescindible para que no se caiga la red nacional que permite la vida del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). La calidad de los profesionales que trabajan estos equipos y estos cálculos son otro activo importante. ESTA FUNCIÓN FUERA DEL ICE QUEDARÁ SUJETA A LAS PRESIONES DE LOS COMERCIANTES PARA DECIDIR CUAL PLANTA PRODUCE Y CUAL NO. En los sistemas privatizados de otros países es esta función una fuente de corrupción que termina afectado sensiblemente las tarifas y produce apagones y racionamientos múltiples. SIN RESPONSABILIDAD INMEDIATA PARA NADIE. Difícil conseguir los medios de prueba para sancionar sin violar el debido proceso.
TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN: también se observan y miden desde estos caros equipos, pero además son redes de cables, torres y postería que son responsabilidad de dos Direcciones especializadas, la Dirección de Transmisión y Dirección de Distribución del ICE que las han desarrollado por décadas y que la ley privatizadora también pone al servicio de los comerciantes en forma gratuita para que transporten la energía que van a vender en Costa Rica o en Centro América. EL ICE TENDRÁ QUE HACER FILA. Igual que los enfermos en la CCSS. Nada importa en esa ley que el ICE devuelve ganancias de ventas en el mercado regional de electricidad bajando tarifas. Ganancias q ahora se irán los bolsillos sin fondo de los nuevos dueños de la electricidad. Tampoco se verán bajas de tarifas en el segundo semestre por reducción del CVG (Costo variable de generación) al bajar consumo de hidrocarburos ante el aumento de energía hidro por el relleno de los embalses del ICE.
COMERCIALIZACIÓN: Con esta función es la que el ICE y Costa Rica por medio del CENCE dispone de la cantidad y el origen de la electricidad que se pone a despacho para el consumo o la para la venta, en Costa Rica o en Centro América. ESTA FUNCIÓN FUERA DEL ICE PODRÁ DETERMINAR CON INTERESES QUE NO SON OBLIGACIÓN PARA NADIE QUE SEAN LOS DEL PUEBLO COSTARRICENSE. CUAL SERÁ EL PROPIETARIO DE PLANTAS QUE VENDERÁ PRIMERO Y SI HAY PARA EXPORTAR, TAMBIEN DIRÁ QUIEN HARÁ NEGOCIO Y EN QUÉ MOMENTO. El ICE perfectamente podrá ser relegado las veces que les de la gana por los operadores del sistema y sin mayores explicaciones para nadie. SIN RESPONSABILIDAD. (no queda claro redactar mejor) Ese mercado que ahora administra el ICE, según datos del CENCE-ICE, el año 2022 vio movimientos por valor de $ 839.2 millones. Unos 542.5 mil millones de colones. (Semanario Universidad No. 2514 ya citado)
En el marco anterior, hay otras realidades contrarias al interés nacional: POR EJEMPLO, LA LEY PRIVATIZADORA SEÑALA TÍMIDAMENTE QUE SOLO SE PODRÁ EXPORTAR DESPUÉS DE CUBRIR LA DEMANDA NACIONAL(Art 46) PERO EN NIGÚN LADO SEÑALA QUIÉN DIRÁ SI LA DEMANDA INTERNA FUE SATISFECHA. QUEDA EN EL AIRE. Otra vez: SIN RESPONSABILIDAD DE NADIE.
La ley privatizadora dice que al bajar los costos estos deberán reflejarse en reducción de tarifas; PERO NO DICE QUIENES EL RESPONSABLE DE SEÑALAR CUANDO y CUÁNTO DEBERÁ TRASLADARSE PARA LA BAJA DE TARIFAS; TAMPOCO DICE QUIEN TENDRA ESE ENCARGO.
EN LO MEDIOAMBIENTAL. Este tema trae dos perlas agravios:
a) los estudios de impacto ambiental para la construcción de plantas no irán a SETENA. Una oficinilla a media máquina dentro del MINAE, será la que dará la viabilidad ambiental que deberá remitirse a la ARESEP. Capítulo 6, art 8.
b) Si alguien quiere explotar alguna fuente de energía, la que sea: será el «ministro» de turno en el MINAE el que con su firma harás realidad el propósito de alguien que quiera hacerse millonario con cualquier fuente energética. No discrimina el tipo de fuente. No hace esta ley la conexidad con otras normas al respecto. Capítulo 6 art 9.
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Un museo con sede en Mexico dedicado a la narcocultura muestra la razón del hiperconsumo llevada al extremo.
Desde lentes con valores inimaginables pasando por armas con incrustaciones de millones de dólares, hasta piyamas blindadas y vestidos valorados en millones de dólares.
En esencia se trata de una acción en la que se conjugan poder y acumulación impulsados por una estética que ha trastocado los valores con los que la sociedad venía construyéndose.
“Ser alguien” no es ya un fin que se consiga con la educación como palanca. En medio de un discurso de la desesperanza, las personas jóvenes encuentran en otras prácticas culturales, económicas y sociales, los mecanismos para construirse cierto lugar donde ser visibles.
En particular en contextos pobres y precarios, el lenguaje de lo pragmático que proponen las actividades delictivas organizadas se superpone a los proyectos educativos, en otros momentos integradores horizontales y verticales de la sociedad.
Por esa razón en el caso costarricense nos enfrentamos a nuevas lógicas de convivencia que tienen como eje formas de relación donde la frugalidad, la acumulación y la violencia sustituyen el proyecto integrador del estado social que alguna vez funcionó para todos.
Al finalizar junio más del 50% de los homicidios perpetrados en el país tenían como causa principal el ajuste de cuentas, indicador de cómo el mercado ha hecho su trabajo en la instalación de los poderes fácticos como organizadores de lo social.
En algunos barrios populares costarricenses la opulencia ya empieza a evidenciarse como estética dejando atrás la precariedad, lo que significa que es otro el contrato social predominante.
Por ahora la perplejidad analítica no nos deja señalar un camino de respuesta. Hemos dicho que la mejor manera de abordar estas nuevas realidades es acudir a un pacto inclusivo con nuevas formas de juntarnos. No se si sea suficiente. Pero sigo aspirando a ello.
Por Memo Acuña (sociólogo y escritor costarricense)
Días antes, una marcha de diversos sectores sociales en defensa del agro costarricense había sido rebajada en su significado por el mismo presidente de la República.
El sentido de asumir el espacio público como un espacio político es, en un país como Costa Rica, al menos la expresión de que cierta respuesta aún pervive en el inconsciente colectivo, dada la poca capacidad de los partidos políticos no hegemónicos y la misma sociedad civil para convocar un movimiento articulado, ante la maquinaria ideológica y práctica del neoconservadurismo y la derecha tóxica que se pasea gustosa por los tres poderes de la Republica.
Ante este escenario, la calle como expresión.
Valga decir, sin embargo, que los movimientos de mujeres, tan diversos como heterogéneos pero claros en sus urgencias y planteamientos, han sostenido ese significado cada 8M y lo han dotado de sentido: el mensaje debe quedar patentado no solo en sus cuerpos (que utilizan como lienzo y pancarta) sino en las paredes de varios edificios emblemáticos en el centro de la ciudad capital. Eso es acción política, reivindicativa, cuestionadora.
Han sabido politizar la calle.
Mientras esto ocurre, mientras la respuesta social se rearticula para enfrentar la falacia de un discurso y un ejercicio gubernamental plagado de mala fe y desorientación, la calle sigue siendo disputada como ese espacio político y simbólico.
En ocasiones como signo inequívoco de las más feroces violencias.
Ocurrió días después de esa marcha multitudinaria a la que el discurso presidencial dedicó calificativos ofensivos.
Un nutrido grupo de motociclistas intentó traspasar una de las agujas de cobro de la carretera denominada Ruta 27, administrada por una concesionaria empresarial internacional. Una carretera privada en vía pública.
Al no tener éxito, algunos de los motociclistas se fueron con violencia contra la corporalidad de una persona cobradora. Le castigaron hasta reducirle a la impotencia, en el suelo. Y entonces lograron su cometido: pasar el peaje sin pagar el monto establecido.
Salvo algunas poquísimas excepciones, los principales medios de comunicación nacionales no ahondaron en este hecho en su principal significado: el uso de la violencia como mecanismo para transitar plácidamente por la vía.
Ni siquiera las autoridades gubernamentales hicieron referencia a este lamentable altercado, lo cual demuestra que desde su perspectiva hay violencias legitimadas y hay otros usos de las vías, políticos y cuestionadores, que no serán permitidos o autorizados ni en la práctica ni en el discurso.
Para ese grupo de motociclistas escudados en un colectivo descontrolado no hubo aquella frase “esas no son las formas”.
Avisados estamos. En esta batalla sociocultural por la defensa de lo que nos queda de Estado Social, la calle seguirá constituyendo ese territorio de disputa al que deberemos acudir una y otra vez para hacerla propia y devolverle su sentido social y político.
