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Etiqueta: estado social

540

Escrito en . Publicado en Lucha Cultural.

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Al verles trabajar pienso mucho en este tiempo que nos tocó vivir en Costa Rica. Pienso en las atrocidades y perversiones que una camarilla de vividores empresariales y sus empleados en el gobierno han dispuesto para clausurar definitivamente el proyecto de sociedad que una vez fuimos.

Al verles trabajar a todas horas de la forma que lo hacen, pienso en el sistema de salud pública de este país y en la amenaza que se ha instalado sobre sus cimientos, desde esa gente mezquina que hoy nos gobierna.

Ellos cuidaron, atendieron, abrigaron durante más de un mes a mi padre en su convalecencia. Son los equipos interdisciplinarios del quinto piso del Hospital San Vicente de Paul en Heredia. Doctores, enfermeros, trabajadores sociales, personal de limpieza. Todos. Todas.

Le decían con cariño el abuelo, Don Guillermo. Nosotros le llamamos tata.

Él fue la historia de la cama 540 durante tantos días. Por eso pienso, tal y como lo dije en el funeral de mi amado padre, que debemos salir a defender ese último bastión del estado social que conocimos en este país. Por eso y porque este proyecto de sociedad no debe terminarse jamás.

Una tarde que acompañaba a mi papá en la 540, le programé una sesión de tangos que sé que disfrutó hasta lo más profundo de su corazón.

El, trabajador insigne de la Caja Costarricense de Seguro Social durante tantos años, libraba el partido más importante de su vida. Y allí estuvieron ellos y ellas para caminar con él con amor, empatía, dedicación.

La cama 540. La historia de un hombre bueno que quedará en los corazones de quienes lo tuvimos en nuestras vidas. Por su memoria, la lucha debe ser luchando. Por su legado, el sistema de salud pública debe ser defendido. Por su corazón, el corazón de ese equipo maravilloso que lo acompañó hasta el final.

Gracias. Mil gracias.

Los pilares del desarrollo democrático nacional están amenazados

Escrito en . Publicado en Análisis.

Vladimir de la Cruz

Tenemos 205 años de vida independiente. Declarada la Independencia de Costa Rica el 29 de octubre de 1821 iniciamos el proceso de separación de la España colonial, que había hecho de la región que iba desde la provincia Costa Rica hasta México, pasando por Guatemala, que era la cabecera principal de la Capitanía General de Guatemala o Reino de Guatemala, como también se le conoció, de la región que comprendía a las provincias de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, donde el 15 de setiembre se había dispuesto comunicar a las provincias, la ruptura con España para que cada Provincia tomara su propia decisión. Chiapas, hoy estado de México también formó parte de la Capitanía General, pero se separó antes que Guatemala y el resto de las provincias. Éramos parte del Virreinato de México, o de Nueva España, la región más grande que tenía Espala en ultramar, como se decía en esa época.

Entre 1821 y setiembre de 1823 constituimos Juntas de Gobierno para dar nuestros primeros pasos de vida independiente, al mismo tiempo que se consideraba en la región mantenerse unidos, en vida independientes, como antes se había vivido. Así se inició el proceso para la gestación de la República Federal de Centroamérica, que funcionó desde 1824 hasta 1838 cuando de ella nos retiramos ese año, que también había provocado el retiro de Nicaragua y de Honduras. Dentro de la República nos constituimos bajo la forma de Estado de Costa Rica. La República impulsó las bases de un Estado fuerte, liberal, constituido por la división clásica de los tres poderes de Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Así se constituyó Costa Rica con la Constitución Federal del 22 de noviembre de 1824, lo que se afirmó con la Constitución de Costa Rica de 1825, llamada Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica.

Desde entonces tenemos la separación de Poderes Públicos, cada uno de ellos con independencia entre sí, con funciones propias, exclusivas, indelegables, insubrogables. Así se desarrolló la estructura del Estado política y administrativa del Derecho de Costa Rica, que llega hasta nuestros días.

Hasta el año 2022 estos poderes de Estado se respetaron entre sí, en su independencia y en el ejercicio de sus funciones constitucionales y legales. Con el gobierno que inició en el 2022, que acaba de terminar, se cuestionó esa independencia y se trató de dominar por parte del Poder Ejecutivo.

Con las elecciones de febrero de este año, con el triunfo presidencial del partido Pueblo Soberano, y con una mayoría legislativa de 31 diputados, de 57, el presidente saliente, Rodrigo Chaves, y la presidenta entrante, Laura Fernández, afirmaron que ya tenían controlados y tomados dos Poderes, y. que iban por tercero, por el Poder Judicial, en lo que no han escatimado ataques verbales y amenazas directas a sus magistrados integrantes, de cambiarlos, no reeligiendo lo que puedan reelegirse y nombrando magistrados afines y comprometidos políticamente al gobierno y a sus cogobernantes, Rodrigo Chaves y Laura Fernández.

Con la figura de Estado de Costa Rica nos mantuvimos hasta el 31 de agosto de 1848, cuando el jefe de Estado y presidente de la República, Dr. José María Castro Madriz firmó la Declaratoria de República de Costa Rica, que había sido declarada el día anterior por el Congreso Constitucional. Desde entonces iniciamos la vida de la República de Costa Rica, como nos seguimos reconociendo nacional e internacionalmente.

La República surgida en 1848, en su aspecto formal, así denominada, llegó hasta el 8 de mayo de 1948, cuando el entonces líder político y militar, José Figueres, de los sucesos de marzo y abril de 1948, a favor de reconocer el resultado electoral de 1948 a favor de Otilio Ulate, elecciones que se habían anulado, se impuso sobre Ulate el 1 de mayo, para recibir el gobierno el 8 de mayo, por un lapso de 18 meses, según lo pactado, como sucedió.

Ese 8 de mayo al recibir el gobierno que terminaba, en manos del Designado a la Presidencia, Ing. Santos León Herrera, e iniciar el nuevo período de gobierno, José Figueres, hizo pública declaración, por Decreto Ejecutivo, que iniciaba su mandato fundando la Segunda República de Costa Rica. De esa forma, también declaró ipso facto la existencia de la Primera República, la que había sido fundada por Braulio Carrillo.

En la sesión primera de esa Junta de Gobierno, después de integrar a los Miembros que se encargarían “de preparar todo lo referente al acto de traspaso de los poderes públicos”, señaló que ese “Gobierno Provisorio de la Nación” ejercería “sus funciones con el nombre de Junta Fundadora de la Segunda República”. Así, desde 1948 hasta hoy hemos vivido, y seguimos viviendo, el período histórico, o fase histórica nacional, de la Segunda República.

Todos estos años han tenido pilares fundamentales que han dado como resultado el desarrollo democrático que hasta hoy hemos tenido en Costa Rica, que se ven amenazados desde el gobierno de Rodrigo Chaves, 2022-2026, y con el que inicia de Laura Fernández, donde Rodrigo Chaves sigue siendo la figura más importante de su Gabinete, de su Consejo de Ministros, con su doble ministerio de la Presidencia y de Hacienda, marcando los pasos y la música que se entona en los poderes Ejecutivo y con los 31 diputados del Legislativo.

Entre esos pilares fundamentales del desarrollo democrático podemos destacar los siguientes:

1.- Un Estado de Derecho fuerte, sólido, constituido por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a los que se sumó en esa condición el Tribunal Supremo de Elecciones, que podemos llamarlo, para estos efectos, Poder Electoral, con el mismo rango e independencia de funciones que los otros poderes de Estado.

2.- Un desarrollo vigoroso constitucional, de 13 Constituciones Políticas, que marcaron y definieron la estructura institucional y administrativa, y fortalecieron los valores del pueblo y de la ciudadanía costarricense, sus derechos y libertades. Las Constituciones de 1871 y la de 1949, ambas con el tiempo de duración y vigencia que tuvieron, a pesar de la interrupción de la de 1871, en el periodo de la dictadura de Federico Tinoco y Constitución de 1917-1919.

3.- Un ejercicio de gobernantes, en los poderes públicos, predominantemente de educadores, abogados, médicos, periodistas, con pocos militares ejerciendo el Poder. Desde Juan Mora Fernández, 1824-1833 los educadores y civiles fueron clave sobre militares.

4.- Un ejército, que a pesar de sus gloriosas jornadas en la lucha nacional contra los filibusteros norteamericanos en Costa Rica y en Centroamérica, no se desarrolló ni fortaleció de manera constante. Por el contrario, después del Crimen de Estado contra los Héroes nacionales, de aquellas jornadas, Juan Rafael Mora Porras y el General José María Cañas, se empezó a debilitar institucionalmente, hasta que pasados los sucesos de la guerra civil de marzo y abril de 1948, se tomó la decisión de eliminarlo de la estructura del Estado costarricense, haciendo tengamos 78 años sin Ejército, cuyos gastos institucionales pudieron orientarse a otras tareas de la administración pública nacional.

5.- El desarrollo de un concepto de vida democrática considerada como poder del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, concepto que se enriqueció con la incorporación del Plebiscito y el Referéndum Nacional como instancias de consulta popular, haciendo que esa vida democrática y el poder público se valide “con el pueblo”.

6.- Un sistema electoral, que, aunque con limitaciones en su origen, evolucionó y se enriqueció hasta tener hoy un sistema de partidos políticos amplio, con igualdad plena de mujeres y hombres en sus derechos políticos y sociales, en el cual todas las personas de 18 años se consideran ciudadanos con esa capacidad política de tomar las decisiones para la integración de los poderes Ejecutivo y Legislativo, como el de las instancias municipales.

7.- El desarrollo de un Estado Social y Democrático de Derecho, fundamentado en los siguientes aspectos:

a) – desarrollo de libertades púbicas

b) – desarrollo de derechos ciudadanos

c). – fortalecimiento de la educación pública, como el motor del desarrollo nacional de posibilidades y oportunidades y de superación personal de los ciudadanos.

Desde los inicios de la vida independiente se impulsó la educación de niños y niñas. Se fortaleció con la apertura de la Universidad de Santo Tomás en 1843, con los impulsos que dieron a la educación, entre otros, los Jefes de Estado y Presidentes José María Castro Madriz, Jesús Jiménez, que estableció la obligatoriedad y gratuidad de la educación primaria, con las reformas que se impulsaron por los Secretarios o Ministros de Educación, Mauro Fernández, Miguel Obregón, Uladislao Gámez, con la fundación de la Escuela Normal de Heredia y la especial atención que se dio a la formación de maestros y profesores.

Con el impulso que se dio con la fundación de la Universidad de Costa Rica, como única Universidad en el país, desde el 26 de agosto de 1940 hasta la fundación del ITCR, el 10 de junio de 1971, de la Universidad Nacional, el 15 de febrero de 1973 fortaleciendo a partir de ese momento un sistema de universidades públicas, en esa misma década, con la UNED, el 3 de marzo de 1977, y finalmente con la Universidad Técnica Nacional el 4 de junio del 2008, que contribuyeron a fortalecer los mecanismos democráticos nacionales. De hecho, hasta esos años toda la clase política nacional se formó bajo los aleros de la educación pública, contribuyendo a concebir una sociedad costarricense más inclusiva y democrática.

Elemento clave de este desarrollo universitario fue garantizar el financiamiento público a la educación superior universitaria, como meta de llegada de los niños y jóvenes que asisten a la educación preuniversitaria, siendo este un gran facto de movilidad social y democrático.

Esta financiación está en crisis y gravemente amenazada, de manera especial por el Gobierno de Rodrigo Chaves y su continuismo con Laura Fernández, orientado el desfinanciamiento y al debilitamiento total de la educación pública en general y la superior en particular.

d).- el desarrollo de un sistema de salud nacional, que desde el siglo XIX se orientó a garantizar las mejores condiciones de salud del pueblo costarricense, para los cual se impulsaron medidas de saneamiento ambiental de construcción de habitaciones, de impulso de hospitales desde los inicios del Estado de Costa Rica, hasta la fundación del Ministerio de Salud, el 4 de junio de 1927, y de la Caja Costarricense del Seguro Social, el 1 de noviembre de 1942, que llegó a universalizar sus servicios de enfermada, maternidad y de salud integrales, desarrollando en el país una medicina de primer mundo. Hoy gravemente amenazado todo el sistema por los procesos de privatización que se han venido dando contra la CCSS, la cual se debilitado institucionalmente.

e) – la Junta Gobierno fortaleció todo este proceso impulsando, entre otras medidas, la nacionalización bancaria y la de recursos hidro energéticos. Con la nacionalización bancaria facilitaron el crédito público para todos los sectores sociales del país, desarrollando los mecanismos para la gestación de las clases medias, y nacionalización de los recursos hidro energéticos y la creación del ICE desarrollaron la electricidad en todo el país, estimulando la producción y las actividades económicas, frenando a la vez la migración campo ciudad, al llevar la modernización a las zonas rurales.

Antes de la existencia del ICE la electricidad en manos privadas que se desarrolló desde 1880 no alcanzó a cubrir ni siquiera el 5% del territorio nacional. Hoy con el ICE la electricidad prácticamente llegó al 100% del territorio nacional.

Estos pilares del desarrollo democrático nacional han sido debilitados, y se encuentran amenazados en el paredón de tiro del actual grupo gobernante, de los cogobiernos de Rodrigo Chaves, Laura Fernández y sus diputados del Partido Pueblo Soberano.

f) – el desarrollo de una legislación social fuerte y avanzada que se fue logrando desde principios del siglo XX, hasta llegar a las Reformas Sociales de 1943 que incorporaron el Capítulo de Garantías Sociales en la Constitución de 1871 y que se introdujo también en la Constitución de 1949, ligeramente ampliado.

En este campo ha habido una arremetida contra la legislación laboral y los derechos laborales en el país. Su principal amenaza la tiene gestionada por los cogobiernos de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, y sus diputados del partido Pueblo Soberano que quieren establecer la jornada esclavista de trabajo de 12 horas, sin reconocimiento del pago de horas extras, de reducción en los beneficios salariales en el pago de aguinaldo y de reducción real de las pensiones, a la hora de acogerse los actuales empleados, a un 40% de su salario, bajándolas de un 60% a ese 40%, y a un aumento de la edad de retiro en 5 años más de trabajo, es decir retiro para la pensión en la realidad a los 65 o 70 años de edad.

g) – El desarrollo democrático y social del Estado de Derecho que se logró alcanzar hasta 1978 hizo surgir el Estado de Bienestar en Costa Rica, que fue un modelo en la región centroamericana, motor generador de empleo, y de creación de las clases medias. Desde aquel año ese papel del Estado empresario, del estado de Bienestar, sufrió los embates de los Planes de Ajuste Estructural, que se impulsaron a partir de la década de 1980 y de las políticas de Tratados Libre Comercio, a partir de la década de 1990, junto a las políticas neoliberales que han empobrecido al pueblo costarricense y han debilitado las clases medias.

h) – Lamentablemente los sectores sociales se han debilitado en sus organizaciones de defensa, y en sus luchas, de sus derechos fundamentales. Frente a grandes amenazas han reaccionado estos sectores. En este siglo hay recordar y tener presente las Jornadas de Defensa del ICE, las luchas del Combo del ICE, en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez y las luchas contra el TLC con Estados Unidos en el 2007.

Estamos a las puertas de batallas similares. Hay que refrescar la memoria histórica, social y política.

Más allá de la técnica: racionalidad, historicidad y disputa por el modelo eléctrico costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis.

Rodrigo Campos Hernández

MSc. Rodrigo Campos Hernández

El debate en torno al proyecto de “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional” ha sido presentado, en gran medida, como una discusión técnica acerca de eficiencia, modernización y competitividad. Desde sectores oficialistas y empresariales se ha insistido en que la reforma responde a necesidades inevitables derivadas de la transformación tecnológica, el crecimiento de la demanda energética y la integración regional de mercados eléctricos. Paralelamente, quienes cuestionan el proyecto han sido frecuentemente caracterizados como defensores del inmovilismo, del estatismo o incluso como opositores ideológicos incapaces de comprender las exigencias contemporáneas del desarrollo económico.

Sin embargo, reducir el debate a una confrontación entre modernización y atraso constituye una simplificación profundamente problemática. Lo que está en discusión no es únicamente la reorganización administrativa del sistema eléctrico nacional, sino la disputa entre distintas racionalidades históricas acerca del papel del Estado, el mercado y la función social de la energía en Costa Rica.

Precisamente aquí emerge una cuestión filosófica central: ¿qué entendemos por racionalidad cuando analizamos políticas públicas de gran impacto estructural? ¿Es posible evaluar un proyecto de esta naturaleza desde una racionalidad completamente neutral, desvinculada de presupuestos históricos, culturales e ideológicos? O, por el contrario, ¿toda racionalidad se encuentra inevitablemente situada dentro de determinados horizontes de sentido que condicionan aquello que aparece como lógico, eficiente o deseable?

La filosofía analítica clásica ha tendido históricamente a privilegiar la coherencia lógica interna de los argumentos, la claridad conceptual y la consistencia formal del lenguaje. Desde esa perspectiva, sería posible analizar racionalmente un proyecto de ley independientemente de la adhesión política o ideológica de quien lo estudia. Y ciertamente existe una dimensión válida en esta afirmación: la racionalidad no puede reducirse simplemente a preferencias ideológicas. Una contradicción normativa continúa siendo una contradicción, aunque favorezca nuestras convicciones políticas; una falacia lógica no deja de serlo por coincidir con nuestras simpatías ideológicas.

No obstante, el problema aparece cuando se pretende extender esa racionalidad lógico-formal hacia una supuesta neutralidad absoluta del análisis político y jurídico. Como advirtió Hans-Georg Gadamer (1998), toda comprensión se produce desde horizontes históricos determinados. El intérprete nunca se aproxima al mundo desde una posición vacía o puramente abstracta; interpreta desde tradiciones, lenguajes y marcos de sentido históricamente constituidos. La racionalidad, en consecuencia, no opera en el vacío: siempre se despliega dentro de horizontes históricos de sentido.

Esta observación resulta especialmente relevante para analizar el proyecto de modernización eléctrica costarricense. Conceptos como “eficiencia”, “armonización”, “competencia”, “libre acceso”, “despacho económico”, “mercado” o “modernización” aparecen en el texto legal como categorías aparentemente técnicas y neutrales. Sin embargo, dichos conceptos no poseen un significado universal ahistórico. Su sentido depende de determinadas concepciones previas acerca del Estado, la economía y la sociedad.

Ludwig Wittgenstein (1988), especialmente en su etapa tardía, insistió en que el significado de los conceptos depende de sus usos dentro de determinados “juegos de lenguaje”. Esto implica que categorías como “eficiencia” o “competencia” no pueden analizarse únicamente desde definiciones abstractas, sino desde las prácticas sociales e históricas en las que adquieren sentido. Del mismo modo, Thomas Kuhn (2004) mostró que incluso las nociones de racionalidad científica se encuentran condicionadas por paradigmas históricos que determinan qué problemas son relevantes y qué soluciones aparecen como válidas en cada época.

Cuando el proyecto propone reorganizar el sistema eléctrico mediante un Mercado Eléctrico Nacional, ampliar la participación competitiva de agentes públicos y privados, crear mecanismos de subasta, habilitar comercializadores y fortalecer la lógica de despacho económico, no está simplemente describiendo procedimientos técnicos eficientes. Está operando dentro de una racionalidad específica: una racionalidad tecnocrático-competitiva que asume que los mecanismos de mercado constituyen la forma más adecuada de organizar sectores estratégicos de la vida social.

Michel Foucault (2007) permitió comprender con enorme profundidad este fenómeno al analizar el neoliberalismo no simplemente como ideología económica, sino como forma de racionalidad gubernamental. Desde esta perspectiva, el mercado deja de ser únicamente un mecanismo económico para convertirse en principio organizador general de la acción estatal. La competencia, la eficiencia y la optimización ya no funcionan solamente como instrumentos, sino como criterios normativos mediante los cuales se redefine lo racional y lo legítimo en la gestión pública.

Así, el proyecto eléctrico no aparece como mera reforma técnica, sino como expresión de una racionalidad histórica determinada. Una racionalidad marcada por procesos contemporáneos de globalización económica, integración regional, managerialismo estatal, crisis fiscales y hegemonía de lenguajes tecnocráticos de eficiencia y competitividad.

Sin embargo, el conflicto que emerge alrededor del proyecto no enfrenta racionalidad contra irracionalidad. Lo que realmente se confronta son racionalidades históricas distintas.

Por una parte, la racionalidad tecnocrático-competitiva privilegia:

eficiencia económica,
flexibilidad del mercado,
descentralización funcional,
competencia regulada,
incentivos de inversión,
optimización de costos.

Por otra parte, la racionalidad pública-solidaria que históricamente estructuró el modelo eléctrico costarricense privilegia:

universalidad,
cohesión territorial,
planificación estatal,
seguridad estratégica,
electrificación rural,
solidaridad distributiva,
soberanía energética.

Ambas racionalidades poseen coherencia interna. Precisamente por ello el debate no puede resolverse únicamente mediante análisis lógico-formales de consistencia argumentativa. El conflicto se sitúa en un nivel más profundo: la disputa acerca de qué concepción del desarrollo nacional debe orientar la organización de un bien estratégico como la energía eléctrica.

La historia del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) resulta particularmente ilustrativa en este punto. El ICE no surgió simplemente como empresa eléctrica. Fue producto de un proyecto histórico de Estado social desarrollista construido durante la segunda mitad del siglo XX. Su racionalidad fundacional no respondía prioritariamente a criterios de maximización competitiva o rentabilidad inmediata, sino a objetivos de integración nacional, universalización del servicio, planificación de largo plazo y fortalecimiento de capacidades públicas estratégicas.

Precisamente por ello, el éxito histórico del modelo eléctrico costarricense no puede comprenderse exclusivamente desde indicadores financieros. La expansión de cobertura hacia territorios rurales, la consolidación de una matriz renovable y la estabilidad relativa del sistema fueron posibles porque el modelo subordinó parcialmente la lógica mercantil a objetivos políticos y sociales más amplios.

Desde luego, esto no implica idealizar el sistema existente ni negar la necesidad de reformas. La transformación tecnológica, el crecimiento de la demanda energética y la transición hacia nuevas formas de consumo eléctrico exigen cambios institucionales importantes. El problema aparece cuando la modernización se identifica automáticamente con apertura competitiva y reorganización mercantil del sistema.

Aquí resulta especialmente pertinente la crítica de Max Horkheimer (2003) a la reducción de la racionalidad social a mera racionalidad instrumental. Una política pública puede resultar técnicamente eficiente desde determinados parámetros económicos y, al mismo tiempo, erosionar formas de solidaridad o capacidades institucionales fundamentales para la cohesión democrática. En una línea semejante, Herbert Marcuse (1993) advirtió cómo las sociedades tecnológicas avanzadas tienden a presentar sus propios modelos de organización como los únicos racionalmente posibles, invisibilizando alternativas políticas y sociales.

Jürgen Habermas (1987; 1999), retomando parcialmente esta tradición crítica, sostuvo que la racionalidad instrumental no agota la racionalidad social. Una política pública puede ser económicamente eficiente y, simultáneamente, producir efectos negativos sobre la legitimidad democrática, la integración social o la participación ciudadana. La eficiencia, por tanto, no constituye una categoría neutra: depende siempre de aquello que una sociedad decide priorizar normativamente.

¿Eficiencia para quién? ¿Eficiencia medida según qué criterios? ¿Competitividad respecto de qué objetivos sociales? Estas preguntas no pueden responderse únicamente desde cálculos técnicos, porque involucran valoraciones políticas e históricas acerca de la función social de los bienes públicos.

En este sentido, el proyecto de modernización eléctrica revela una tensión característica de las democracias contemporáneas: la tendencia a presentar decisiones profundamente políticas como si fueran meras necesidades técnicas inevitables. La neutralidad técnica funciona entonces como mecanismo de legitimación discursiva. No porque exista necesariamente manipulación deliberada, sino porque toda racionalidad histórica tiende a naturalizar sus propios presupuestos.

Pierre Bourdieu (1997) observó que una de las formas más eficaces de poder consiste precisamente en lograr que determinadas visiones del mundo aparezcan como naturales, objetivas o incuestionables. Algo semejante ocurre cuando categorías como “modernización”, “eficiencia” o “armonización” son utilizadas como conceptos aparentemente autosuficientes, desvinculados de las relaciones de poder y de las concepciones históricas del Estado que las sostienen.

Peter Berger y Thomas Luckmann (2003) mostraron, desde la sociología del conocimiento, cómo las instituciones sociales tienden a objetivarse históricamente hasta aparecer como realidades naturales y no como construcciones humanas contingentes. Esto permite comprender cómo determinadas formas de organización económica pueden presentarse discursivamente como inevitables o técnicamente indiscutibles, aun cuando respondan a opciones políticas e históricas específicas.

Por ello, la discusión sobre el sistema eléctrico costarricense no debería reducirse a consignas simplificadoras acerca de “comunismo”, “estatismo” o “neoliberalismo”. Hacerlo impide comprender la verdadera profundidad del conflicto. Lo que está en juego no es solamente la estructura administrativa del mercado eléctrico, sino la redefinición del horizonte racional desde el cual Costa Rica entiende la relación entre Estado, mercado y derechos colectivos.

En última instancia, el debate sobre la modernización eléctrica costarricense demuestra que las discusiones jurídicas y políticas nunca son únicamente conflictos de normas o argumentos aislados, sino disputas entre formas históricas de comprender lo racional, lo legítimo y lo deseable en una sociedad democrática.

Referencias

Berger, P., & Luckmann, T. (2003). La construcción social de la realidad. Amorrortu.

Bourdieu, P. (1997). Razones prácticas: Sobre la teoría de la acción. Anagrama.

Foucault, M. (2007). Nacimiento de la biopolítica: Curso en el Collège de France (1978-1979). Fondo de Cultura Económica.

Gadamer, H.-G. (1998). Verdad y método I. Ediciones Sígueme.

Habermas, J. (1987). Teoría de la acción comunicativa. Tomo I: Racionalidad de la acción y racionalización social. Taurus.

Habermas, J. (1999). Teoría de la acción comunicativa. Tomo II: Crítica de la razón funcionalista. Taurus.

Horkheimer, M. (2003). Crítica de la razón instrumental. Trotta.

Kuhn, T. S. (2004). La estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura Económica.

Marcuse, H. (1993). El hombre unidimensional. Planeta-Agostini.

Wittgenstein, L. (1988). Investigaciones filosóficas. Crítica.

Entre la esperanza y la mano dura: apuntes críticos sobre el discurso inaugural de la nueva presidencia en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por MSc. Rodrigo Campos Hernández

Los discursos inaugurales no son simples actos protocolarios. Son ejercicios de construcción simbólica del poder. En ellos se define quién representa al pueblo, cuáles son las amenazas del país, qué problemas merecen atención prioritaria y qué emociones deben organizar la vida política de una sociedad. El reciente discurso de toma de posesión de la nueva presidenta de Costa Rica merece ser leído precisamente desde esa perspectiva: no solo como una declaración administrativa, sino como un proyecto narrativo de país.

A primera vista, el discurso logra algo políticamente muy eficaz: transmitir cercanía, determinación y esperanza. La apelación constante a Dios, al esfuerzo personal, a la clase media y al “pueblo que despertó” conecta emocionalmente con amplios sectores sociales cansados de corrupción, inseguridad y desgaste institucional. Esa dimensión afectiva no debe ser subestimada. Las sociedades no se movilizan únicamente por datos o tecnicismos jurídicos; también lo hacen por símbolos, emociones y relatos de restauración moral.

Sin embargo, una lectura más detenida permite identificar tensiones y contradicciones importantes que merecen reflexión pública.

Uno de los elementos centrales del discurso es la construcción de una narrativa de ruptura con el pasado. Se habla de “coronas”, privilegios y viejas prácticas políticas, mientras se presenta el nuevo gobierno como heredero de una “nueva forma de hacer política”. No obstante, esta retórica convive con continuidades evidentes: figuras provenientes de partidos tradicionales ocupan posiciones estratégicas y actores centrales del gobierno saliente mantienen espacios de enorme poder político. La pregunta entonces no es menor: ¿estamos frente a una transformación estructural del sistema político o ante una reconfiguración narrativa de las mismas élites bajo nuevos símbolos y lenguajes?

Otro aspecto particularmente relevante es la centralidad otorgada a la seguridad y al narcotráfico. El discurso articula gran parte de la crisis nacional alrededor del crimen organizado, la necesidad de “mano dura”, la construcción de una megacárcel y la crítica a jueces que supuestamente “sueltan delincuentes”. Este enfoque responde a una lógica de populismo punitivo cada vez más presente en América Latina: ofrecer respuestas rápidas, visibles y emocionalmente contundentes frente a problemas complejos.

El problema no es discutir seguridad pública —tema real y urgente—, sino reducir la crisis nacional casi exclusivamente a esa dimensión. En el discurso aparecen de manera marginal asuntos igualmente decisivos para el futuro del país: educación, salud pública, desigualdad, precarización laboral y debilitamiento del Estado social. Resulta llamativo, por ejemplo, que mientras se promete firmeza penal, se mantenga una visión favorable a la flexibilización laboral mediante jornadas excepcionales como el esquema 4/3.

También merece atención la forma en que el discurso construye inclusión y exclusión simbólica. Se mencionan comunidades indígenas, afrocostarricenses, mujeres y sectores históricamente invisibilizados. Sin embargo, hay una ausencia total de referencia a las disidencias sexuales y poblaciones LGBTIQ+, precisamente en un contexto donde Costa Rica se ha retirado de espacios regionales de discusión sobre derechos vinculados a estas comunidades bajo el argumento de que “todos los derechos ya están garantizados”. La omisión no es accidental. En política, lo que no se nombra también comunica.

A esto se suma un elemento discursivo interesante: aunque la presidenta reivindica su condición de mujer, madre e hija de clase media, evita sistemáticamente feminizar el cargo presidencial, salvo en una única ocasión. Puede parecer un detalle menor, pero las elecciones lingüísticas en política rara vez son neutras. La construcción de liderazgo femenino aparece asociada más a valores morales y familiares que a una agenda explícita de transformación de género.

Finalmente, hay una cuestión más profunda que atraviesa todo el discurso: la creciente mezcla entre legitimidad política y legitimidad religiosa. La constante apelación a Dios no opera únicamente como referencia cultural; funciona como fundamento ético del proyecto político. Esto obliga a preguntarnos hasta qué punto Costa Rica está entrando en una nueva etapa donde religión, seguridad y narrativa antiélite comienzan a fusionarse como pilares centrales de legitimación del poder.

Nada de esto significa negar problemas reales del país ni descalificar automáticamente al nuevo gobierno. Tampoco implica reducir el debate a consignas partidarias o ideológicas. Significa, más bien, asumir una responsabilidad democrática básica: leer críticamente el discurso político, identificar sus silencios, sus énfasis y sus contradicciones.

Porque las democracias no se debilitan únicamente cuando desaparecen las elecciones. También pueden erosionarse lentamente cuando el miedo desplaza al debate, cuando la complejidad social se simplifica en enemigos internos, o cuando las emociones sustituyen completamente la deliberación pública.

Costa Rica enfrenta desafíos enormes. Precisamente por eso necesita más pensamiento crítico y menos adhesiones automáticas. Menos fanatismo y más discusión informada. La esperanza democrática no debería construirse únicamente sobre la promesa de autoridad, sino sobre la capacidad colectiva de pensar el país con profundidad, memoria y responsabilidad.

El relevo sin relevo: Costa Rica ante una nueva fase de concentración política

Escrito en . Publicado en Análisis.

Elian Xavier Jiménez Campos
Bach. Sociología, Universidad Nacional
Asesor sindical ANEP

Hoy, viernes 8 de mayo de 2026, Costa Rica presencia mucho más que un traspaso de poderes. Lo que ocurre frente al país no es únicamente un cambio administrativo entre gobiernos, sino un posible punto de inflexión histórico en la forma en que se ejerce y se concentra el poder político. Formalmente, Rodrigo Chaves entrega la presidencia a Laura Fernández; sin embargo, la permanencia de Chaves dentro del Ejecutivo como figura central del gobierno, asumiendo ministerios estratégicos y conservando capacidad de dirección política, plantea preguntas profundas sobre la salud democrática costarricense y el futuro del equilibrio institucional. El anuncio de que Rodrigo Chaves mantendría poder directo dentro del nuevo gobierno mediante cargos ministeriales estratégicos fue interpretado por distintos sectores como una continuidad excepcional del mando presidencial. Córdoba (2026) señaló que esta permanencia le permitiría además conservar inmunidad política mientras enfrenta diversas controversias y señalamientos públicos. A esto se suma que Murillo (2026a) describió el nuevo escenario político costarricense como la consolidación de una figura de “superministro”, capaz de controlar simultáneamente la política fiscal, la articulación legislativa y buena parte de la agenda nacional.

Desde la sociología política, esto representa un cambio relevante en la tradición republicana costarricense. Costa Rica construyó históricamente una democracia basada en la dispersión relativa del poder institucional, el fortalecimiento del Estado social y la existencia de contrapesos entre poderes de la República. La concentración política alrededor de una sola figura rompe parcialmente esa tradición y acerca al país a dinámicas que el politólogo Guillermo O’Donnell definió como “democracias delegativas”, donde el liderazgo presidencial comienza a colocarse por encima de las mediaciones institucionales. Levitsky y Ziblatt (2018), en Cómo mueren las democracias, advierten que las democracias contemporáneas no suelen destruirse mediante golpes de Estado tradicionales, sino a través de procesos graduales donde líderes electos democráticamente debilitan poco a poco las instituciones encargadas de limitar el poder. La erosión democrática inicia cuando se desacredita sistemáticamente al adversario político, se debilita la legitimidad del Poder Judicial, se confronta a la prensa crítica y se instala la idea de que solamente un liderazgo fuerte puede “salvar” a la nación. En Costa Rica, esa narrativa ha venido creciendo durante los últimos años. El discurso político chavista se ha construido alrededor de una confrontación constante contra universidades públicas, sindicatos, medios de comunicación, magistrados y sectores opositores. Incluso el acto simbólico de excluir expresidentes de la República del traspaso de poderes refleja una ruptura con la cultura política costarricense basada históricamente en símbolos de continuidad democrática y convivencia institucional (Arrieta, 2026; NTG Costa Rica, 2026).

La preocupación aumenta cuando esta concentración política se acompaña de un discurso de confrontación institucional. Murillo (2026c) informó que Laura Fernández asumiría el gobierno bajo una narrativa de “guerra contra el crimen”, profundizando la lógica de securitización que ha marcado el cierre del gobierno de Chaves. Aunque la inseguridad es un problema real y urgente, la experiencia latinoamericana demuestra que los discursos de guerra interna suelen utilizarse también para justificar concentración de poder, militarización y debilitamiento de garantías democráticas. Costa Rica atraviesa efectivamente una crisis de violencia sin precedentes recientes. El Observatorio de la Violencia de la Universidad Estatal a Distancia (2025) registró cifras históricas de homicidios durante los últimos años, principalmente vinculadas a disputas del narcotráfico internacional. Paralelamente, el Instituto Costarricense sobre Drogas (2025) evidenció transformaciones importantes en las dinámicas del crimen organizado y desafíos crecientes para el control territorial y marítimo del narcotráfico. Sin embargo, reducir el problema únicamente a una cuestión policial invisibiliza las raíces estructurales de la violencia. La sociología de la criminalidad ha demostrado históricamente que el crecimiento del narcotráfico no puede explicarse sin analizar desigualdad, exclusión y debilitamiento del tejido social. El Programa Estado de la Nación (2024) advirtió sobre el deterioro progresivo de las condiciones sociales, el aumento de vulnerabilidades económicas y las tensiones sobre la inversión pública. Cuando las comunidades pierden oportunidades laborales, acceso a educación, movilidad social y presencia estatal efectiva, los grupos criminales encuentran condiciones más favorables para expandirse. En ese contexto, preocupa que el nuevo ciclo político profundice una reducción del Estado social costarricense.

Aunque el Banco Central de Costa Rica (2025) ha mostrado indicadores macroeconómicos relativamente positivos, como crecimiento económico y control inflacionario, esos números conviven con realidades sociales profundamente desiguales. La Encuesta Nacional de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (2025) refleja persistencia de precarización laboral, desigualdad territorial y dificultades de acceso a condiciones dignas para amplios sectores de la población. La tensión entre crecimiento macroeconómico y deterioro social no es nueva en América Latina. Diversos gobiernos neoliberales han mostrado estabilidad fiscal mientras aumentan simultáneamente exclusión, inseguridad y debilitamiento institucional. Desde esta perspectiva, la reducción de lo público no implica únicamente menos Estado; implica también menor capacidad colectiva para garantizar derechos sociales, cohesión comunitaria y protección frente al mercado y el crimen organizado. El escenario costarricense tampoco puede separarse del contexto internacional. El ascenso de liderazgos autoritarios y de extrema derecha en distintas partes del mundo ha generado nuevas formas de articulación política regional. Las afinidades ideológicas entre el chavismo costarricense y figuras como Nayib Bukele o sectores del trumpismo estadounidense expresan una tendencia política más amplia: liderazgos personalistas, confrontación permanente y debilitamiento de mediaciones democráticas.

Las tensiones recientes con medios de comunicación críticos reflejan precisamente esa deriva. López (2026) y Murillo (2026b) reportaron la polémica generada por el retiro de visas estadounidenses a directivos del periódico La Nación, hecho que abrió fuertes cuestionamientos sobre presiones políticas y libertad de prensa en Costa Rica. En cualquier democracia sólida, la prensa crítica constituye un contrapeso fundamental del poder político. Cuando los gobiernos convierten a los medios en enemigos permanentes, se debilita el pluralismo democrático.

El problema de fondo no es únicamente quién gobierna, sino la transformación cultural que empieza a consolidarse. Una parte importante de la ciudadanía parece cada vez más dispuesta a aceptar concentración de poder, debilitamiento institucional y confrontación política permanente a cambio de promesas de orden, seguridad y eficiencia económica. Ahí reside el verdadero punto de inflexión histórico. Costa Rica fue durante décadas una excepción democrática en América Latina precisamente porque logró construir legitimidad institucional, inversión social y mecanismos relativamente sólidos de negociación política. Hoy esa cultura democrática parece entrar en tensión con una nueva lógica política basada en liderazgo fuerte, polarización y centralización del poder. Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. Se erosionan lentamente, mientras la sociedad empieza a normalizar la concentración del poder, la confrontación permanente y el debilitamiento de las instituciones públicas. Costa Rica enfrenta hoy ese riesgo histórico. No únicamente por un gobierno o una figura política específica, sino porque comienza a consolidarse una cultura política donde el adversario deja de verse como parte de la democracia y pasa a ser tratado como un enemigo. Y cuando una sociedad pierde la capacidad de dialogar, organizarse y reconocerse en medio de sus diferencias, la democracia empieza a vaciarse desde dentro. Sin embargo, la salida a este momento no vendrá de líderes mesiánicos ni de soluciones individuales. La historia demuestra que las transformaciones profundas siempre han nacido desde lo colectivo: desde las comunidades organizadas, los movimientos sociales, las juventudes, las universidades públicas, los sindicatos y la ciudadanía activa. El problema es que también hemos aprendido a vivir cada vez más fragmentados, más cansados e individualizados; nos enseñaron durante años que la política era inútil, que organizarse no servía y que cada persona debía resolver sola su supervivencia. Esa fragmentación social es precisamente el terreno donde crecen con mayor facilidad los discursos autoritarios.

Por eso el gran desafío de Costa Rica no es solamente defender instituciones, sino volver a aprender a construir colectivamente. Recuperar la capacidad de escucharnos, debatir, organizarnos y pensar el país más allá del miedo o la desesperanza. Porque ninguna democracia se sostiene únicamente con leyes o elecciones; se sostiene cuando existe un pueblo capaz de participar activamente en la construcción de su propio futuro.

Referencias

Arrieta, E. (2026, 7 mayo). Expresidentes de Costa Rica no recibirán invitación a traspaso de poderes. La República. https://www.larepublica.net/noticia/expresidentes-de-costa-rica-no-recibiran-invitacion-a-traspaso-de-poderes

Banco Central de Costa Rica. (2025). Indicadores macroeconómicos de Costa Rica. BCCR. https://www.bccr.fi.cr

Córdoba, J. (2026, 6 mayo). Costa Rica’s leader to keep immunity as minister in his successor’s government in face of legal woes. AP News. https://apnews.com/article/97b9bc1675a8efe8e8cf9f14589b8608

Instituto Costarricense sobre Drogas. (2025). Informe nacional sobre decomisos y narcotráfico. ICD. https://www.icd.go.cr

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2025). Encuesta Nacional de Hogares 2025. INEC. https://www.inec.cr/encuestas/encuesta-nacional-de-hogares-enaho

Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). Cómo mueren las democracias. Ariel.

López, O. (2026, 6 mayo). US cancels visas for board members of Costa Rica newspaper critical of Trump ally. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2026/may/06/us-cancels-tourist-visas-board-members-top-costa-rica-newspaper-la-nacion-trump

Murillo, Á. (2026a, 8 mayo). Rodrigo Chaves entrega el mando en Costa Rica a Laura Fernández, pero se mantiene en el centro del poder como un “superministro”. El País América. https://elpais.com/america/2026-05-08/rodrigo-chaves-entrega-el-mando-en-costa-rica-a-laura-fernandez-pero-se-mantiene-en-el-centro-del-poder-como-un-superministro.html

Murillo, Á. (2026b, 5 mayo). Estados Unidos retira el visado a directivos del principal diario de Costa Rica tras las críticas al Gobierno de Rodrigo Chaves. El País América. https://elpais.com/america/2026-05-05/estados-unidos-retira-el-visado-a-directivos-del-principal-diario-de-costa-rica-tras-las-criticas-al-gobierno-de-rodrigo-chaves.html

Murillo, Á. (2026c, 8 mayo). Costa Rica’s Laura Fernandez vows ‘war’ on crime ahead of inauguration. Reuters. https://www.reuters.com/world/china/costa-ricas-laura-fernandez-vows-war-crime-ahead-inauguration-2026-05-08/

NTG Costa Rica. (2026, 7 mayo). Expresidentes no fueron invitados al traspaso de poderes en Costa Rica. NTG Costa Rica. https://ntgcostarica.com/traspaso-poderes-costa-rica-expresidentes-no-invitados/

Observatorio de la Violencia, Universidad Estatal a Distancia. (2025). Estadísticas de homicidios en Costa Rica. UNED. https://www.uned.ac.cr/observatorio-violencia

Programa Estado de la Nación. (2024). Informe Estado de la Nación 2024. CONARE. https://estadonacion.or.cr/informes/

Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). Cómo mueren las democracias. Ariel.

NTG Costa Rica. (2026, 7 mayo). Expresidentes no fueron invitados al traspaso de poderes en Costa Rica. NTG Costa Rica. https://ntgcostarica.com/traspaso-poderes-costa-rica-expresidentes-no-invitados/

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Reuters. (2026, 8 mayo). Costa Rica’s Laura Fernandez vows ‘war’ on crime ahead of inauguration. Reuters. https://www.reuters.com/world/china/costa-ricas-laura-fernandez-vows-war-crime-ahead-inauguration-2026-05-08/

The Guardian. (2026, 6 mayo). US cancels visas for board members of Costa Rica newspaper critical of Trump ally. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2026/may/06/us-cancels-tourist-visas-board-members-top-costa-rica-newspaper-la-nacion-trump

Llaman a sindicatos a ampliar el debate y replantear la elección del representante laboral en la CCSS

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Un pronunciamiento del ciudadano y trabajador de la CCSS Juan Carlos Durán Castro plantea la necesidad de que las dirigencias sindicales del país revisen de manera crítica y estratégica el proceso de elección del representante laboral ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). El llamado subraya la importancia de ampliar el diálogo más allá de las estructuras sindicales tradicionales e incorporar a diversos sectores sociales en una discusión que considera clave para el futuro institucional.

El planteamiento propone generar un proceso de diálogo entre las distintas corrientes sindicales —tanto del ámbito formal como informal— y abrir ese intercambio hacia organizaciones sociales del agro, movimientos estudiantiles, sectores eclesiales, ambientalistas, organizaciones de mujeres y la academia. Según se expone, este enfoque permitiría construir consensos más amplios y estratégicos que trasciendan la lógica estrictamente formal del proceso de elección.

Asimismo, se plantea la necesidad de redefinir la comunicación política del movimiento sindical, adaptándola a un contexto nacional que demanda nuevas formas de articulación, confianza y visión de largo plazo. En ese sentido, se considera que una decisión bien orientada podría incidir en la dinámica de la Junta Directiva y en la relación con otros actores como el Poder Ejecutivo, el cooperativismo y el solidarismo.

El análisis advierte además sobre posibles escenarios de tensión en la gobernanza institucional de la CCSS en los próximos años, incluyendo disputas de poder, eventuales procesos de reorganización interna y la influencia de intereses financieros en la toma de decisiones. En ese marco, se sugiere prestar especial atención a los perfiles que podrían ocupar cargos estratégicos, tanto en la Junta Directiva como en niveles gerenciales.

Finalmente, el llamado insiste en que las dirigencias sindicales deben “leer el momento” y asumir decisiones que respondan a la complejidad del contexto actual, con una visión que fortalezca la defensa de la seguridad social y la representación efectiva del sector laboral.

Contra el neoliberalismo: Una necesaria reorientación de la política opositora en Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis.

Gilberto Lopes
San José, 9 marzo de 2026

Parece que sobran divisas en Costa Rica. Hace ya más de dos años que el colón no para de valorizarse frente al dólar. Aunque el Banco Central atribuye la abundancia de moneda extranjera a la transformación productiva y al éxito del modelo exportador, destacados economistas sugieren una visión distinta.

Norberto Zúñiga, consultor de la firma Ecoanálisis, y Fernando Naranjo, exministro de Hacienda, presidente de la firma Consejeros Económicos y Financieros (CEFSA), citados por CRHoy, sostienen que la valorización del colón se debe principalmente al endeudamiento externo del gobierno en los últimos años.

No se trataría de grandes cambios en la inversión extranjera directa (IED), cuyos niveles fueron similares en 2024 y 2025. El incremento de las reservas monetarias internacionales –afirmó Zúñiga– se explica casi en su totalidad en esos años por el financiamiento externo neto obtenido por el Ministerio de Hacienda.

Naranjo coincide con la idea de que el aumento del endeudamiento externo ha sido uno de los principales responsables por la caída del tipo de cambio. En su opinión, las emisiones de tres mil millones de eurobonos en 2023 generaron un exceso de dólares en el mercado local, a lo que se sumaron dos emisiones más, por mil millones, en noviembre de 2025 y enero de 2006, con altas tasas de interés.

La mayor oferta de dólares no es resultado de un aumento de las exportaciones –las exportaciones del régimen definitivo crecieron solo entre del 1 % y 1,5 % el año pasado, dijo Naranjo–, ni de las inversiones extranjeras directas o del turismo, sino del endeudamiento.

El resultado es que la deuda del Gobierno alcanzó 60,4% del PIB en diciembre pasado, según los datos de Hacienda, lo que permite al gobierno congelar los salarios de empleados en 2027, aplicando la “regla fiscal” aprobada durante el gobierno del PAC, de Carlos Alvarado.

Las “reglas fiscales” de la Unión Europea son un engaño

No hay ni una sola razón científica que permita asegurar que mantener déficits fiscales inferiores al 3% del PIB o del 60% en el caso de la deuda pública, implicará una reducción de la deuda o una reactivación de la actividad económica”. “Más bien sucede todo lo contrario, pues el gasto público es fundamental para llevar a cabo inversiones fuera del alcance de la iniciativa privada”, advirtió el economista español Juan Torres López.

Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla y miembro del Consejo Científico de Attac España (una organización “opuesta a la dictadura de los mercados y la especulación financiera”), Torres vuelve sobre el tema, una y otra vez, en su página “Ganas de escribir”. Hace ya algunos años, antes de que se pensionara, lo fui a entrevistar a Sevilla y, desde entonces, vuelvo ocasionalmente a sus páginas.

Con el Tratado de Maastricht (de febrero de 1992) –dice Torres– se establecieron esas reglas fiscales en la Unión Europea (UE): los déficits públicos no debían superar el 3% del PIB, ni la deuda pública el 60%.

Durante la crisis que se inició en 2007 la disciplina fiscal basada en ambos criterios se reforzó. Se trataba, como dijo la entonces canciller alemana, la conservadora Angela Merkel, de ponerle un candado, de asegurarse de que “ningún Parlamento pudiera cambiarlas”.

La excusa fue que era imprescindible reducir la deuda y que eso sólo se podía conseguir disminuyendo el gasto público y los déficits. La realidad ha mostrado que la disciplina fiscal, en lugar de disminuir ha aumentado, en contra de lo que se aseguraba tras recortar el gasto público.

Carmen Reinhart, economista de origen cubano y profesora de Harvard sobre deuda soberana, y Kenneth Rogoff, también profesor de Harvard sobre deuda, habían publicado, en 2011, resultados de un análisis de ocho siglos de historia financiera, que los llevó a concluir que si la deuda superaba el 60% del PIB en los países emergentes y el 90% en los más avanzados el crecimiento económico se deterioraba.

Una tesis que se popularizó en todo el mundo para justificar las políticas de recortes de gasto con las que se prometía reducir la deuda. Unos meses más tarde, Thomas Herndon, Michael Ash y Robert Polin publicaron, en el Cambridge Journal of Economics, en marzo del 2014, una crítica al trabajo de sus colegas de Harvard. La base de datos con la que trabajaron contenía errores y ausencias importantes, sin los cuales sería imposible llegar a su conclusión a la que llegaron.

No tiene fundamento científico o empírico alguno limitar el crecimiento de la deuda al 60% del PIB, afirma Torres. No hay absolutamente ninguna prueba que permita afirmar que ese porcentaje es más conveniente que el 30%, el 100%, o cualquier otro.

¿Acaso la economía europea en su conjunto se desempeña mejor y es más competitiva que la de Estados Unidos por tener un porcentaje de deuda pública mucho más bajo, de 100% del PIB en la Eurozona y 93% en la UE, frente al 134% en EEUU?, se pregunta.

Criterio similar expresan Philipp Heimberger y Anna Matzner, economistas del Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW), quienes aseguran que la consolidación fiscal tiene efectos contractivos a lo largo del ciclo económico.

En un artículo publicado en febrero pasado –“Fiscal Consolidation Costs Europe Jobs and Deepens Inequality”– aseguran que los resultados de sus estudios muestran que el ajuste fiscal ralentiza mucho más la economía en etapas de recesión que en periodos de expansión.

La conclusión es que asegurar que más deuda pública implica menor crecimiento económico “ha sido un fiasco”, dice Torres.

No funciona allá, ¿funcionará aquí?

A estas alturas cualquier persona inteligente se hará la misma pregunta: si las autoridades europeas desean de verdad que disminuya la deuda y aumente la actividad económica, ¿por qué se empeñan en tomar medidas de disciplina fiscal cuyo efecto evidente, y que nadie puede negar, ha sido el contrario?

Naturalmente, debemos hacernos la misma pregunta aquí. La “regla fiscal”, que congela los salarios públicos cuando la deuda supere 60% del PIB, solo ha servido para un notable deterioro de los servicios públicos y para la fuga de profesionales calificados, del área de la salud y la educación superior, entre otras. Ha contribuido también al empobrecimiento de sectores de la población dependientes de los salarios públicos y provocado una creciente disparidad social, que alimenta el negocio de las drogas ilícitas y el narcotráfico, especialmente entre jóvenes y en las zonas marginales del país.

En Costa Rica, esas políticas –con las que soñaban los sectores neoliberales más radicales– fueron impulsadas por un partido surgido de lo que parecía el agotamiento de las medidas de privatización y ajuste fiscal, a la que, en su momento, se sumó una cierta izquierda. Pero que, una vez en el poder, se alió a los grupos más conservadores, que las impulsaron gobernando bajo una relativa sombra, entre 2018 y 2022, durante el gobierno de Alvarado.

Políticas que ha seguido profundizando el actual gobierno de Rodrigo Chaves –que concluye su período en mayo próximo–, habiendo logrado elegir a su candidata, Laura Fernández, con una amplia mayoría, para encabezar el gobierno el próximo cuatrienio. No hay razón alguna para pensar que su programa se orientará en una dirección distinta.

Uno de los resultados de esas políticas, como lo señaló Fernando Naranjo en artículo publicado el pasado 16 de diciembre –“De paso de jaguar a ritmo de tortuga”– es que la economía costarricense, en su parte doméstica, donde se concentra aproximadamente el 85% de la producción nacional, excluyendo las exportaciones de zonas francas, creció en años anteriores alrededor de 4,7%. El año pasado (2024), creció un 3,0% y en lo que llevamos del presente año (2025), “con dificultad llegará a un 2,3%”.

“No sólo la actividad económica ha bajado –agrega–, sino que la creación de empleos se convirtió en una reducción de los puestos de trabajo de cincuenta mil personas”.

Más grave es a situación de desempleo juvenil. En noviembre del 2025 la tasa de desempleo del sector llegó a 17,6%, comparada con una tasa de desempleo total de 6,6%.

“En el año 2010, de acuerdo con cifras oficiales, había 313.903 jóvenes trabajando activamente. En noviembre del 2025 la cifra descendió a 191.198, o sea 115.640 puestos de trabajo menos. En 15 años, el país no ha generado nuevos empleos para los jóvenes”, concluye Naranjo.

El fracaso de la oposición

Pese a esta realidad, la oposición insiste en su campaña contra los malos modales del presidente, contra sus desafíos a los otros poderes del Estado, contra sus ataques a los partidos tradicionales, sin que esa crítica logre permear una opinión pública harta de los engaños del pasado reciente y de los resultados de por lo menos 40 años de un neoliberalismo que ha ido demoliendo los cimientos del Estado Social, construido desde mediados del siglo pasado en Costa Rica, con especial éxito.

Parece cada vez más evidente que solo un redireccionamiento de la política opositora, hacia la crítica de las medidas más radicales del modelo neoliberal, permitirá reorganizar el escenario político y enfrentar la nueva ola que vendrá con el gobierno de Laura Fernández.

FIN

Costa Rica: las elecciones y la instauración política autocrática

Escrito en . Publicado en Análisis.

Juan Huaylupo

El orgullo costarricense por la democracia nacional permitió la conquista de nuevos derechos y la conservación de los derechos adquiridos, que construyeron una sociedad pacífica, sin necesidad de recurrir a posiciones y acciones políticas radicales. La desaparición del ejercito fue una consecuencia de una sociedad donde la violencia fue el recurso extremo y en un momento en su pasado, pero lo fue contra un invasor que atentaba contra la libertad y la soberanía nacional y la consolidación de la nación costarricense y también la centroamericana. Un pasado que está cotidianamente presente y en disputa permanente en la política, la economía y en la concepción del poder en la sociedad.

El dinamismo histórico de Costa Rica, como en todas las sociedades del mundo, ha modificado sus relaciones sociales que han incidido en su devenir. Son muchos los intentos económicos y políticos por radicalizar las prácticas liberales conservadoras, como intentos de convertirnos en objeto del poder colonial del imperio. Sin embargo, la capacidad negociadora y el respeto de nuestra soberanía conformaron un definido Estado Nación en sus relaciones internas como en sus vínculos y negociaciones con otros países y entes internacionales, cualidades que constituyeron barreras que limitaron intencionalidades ajenas, como también lo fueron la cultura y la inteligencia nacional. No obstante, a partir de la década del ochenta del siglo pasado, las tendencias liberales externas y de potencias económicas internacionales, coludidas con los partidos políticos tradicionales, en ese entonces mayoritarios, fueron los pioneros en la privatización de la función pública, así como apoyaron las imposiciones colonialistas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional que propiciaron la liquidación de la democracia y del Estado Social en Costa Rica.

Han pasado décadas del conservadurismo liberal, que no concluye, por el contrario, se profundiza y contamina el espíritu y práctica política, economía y la conciencia social costarricense. Hoy, a diferencia del pasado, se ha elegido a una candidata que se declara continuadora de un gobierno que denigra la institucionalidad pública, que desprecia nuestra educación y se burla y antagoniza contra la democracia nacional, así como se ha impuesto con grotescos gritos, insultos y difamaciones contra todos sus críticos y que internacionalmente apoya el genocidio de pueblos y el dominio imperial, que provocan e incentivan una tercera conflagración mundial, de trágicas e imprevisibles consecuencias contra la humanidad. La paz y neutralidad que aspirábamos en el pasado, no muy lejano, se ha transformado en la actualidad en un gobierno que promueve la belicosidad y el enfrentamiento social, así como la parcialidad y la unilateralidad imperialista.

El reciente resultado electoral ha revelado que el actual gobierno no está terminando, dado que ha sido elegida su continuadora que, sin rubor ni moralidad, manifiesta ser seguidora de la política y orientaciones del actual presidente, su próximo ministro de la Presidencia. Una reelección de facto. que relativiza una expresa prohibición constitucional.

El triunfo electoral de un partido que tiene como dueño al actual mandatario, no es una organización democrática, es autoritaria, no existe una pluralidad de ideas y posiciones que orienten decisiones y actuaciones de partido, pues esta conducido por un vulgar autócrata.

Las personas en igualdad real de derechos, la ciudadanía, es el medio formal establecido nacional e internacionalmente ante la desigualdad existente en la sociedad mundial, siendo la democracia la expresión libre e igualitaria en la pluralidad societal. En democracia se construye lo común a todos, lo público, en una sociedad interdependiente socialmente.

La democracia regularmente es interpretada como una relación pacifica entre los actores sociales, no obstante, no se suprimen las contradicciones imperantes de desigualdad, inequidad ni los antagonismos de clase, por el contrario, la democracia lucha, se opone y actúa permanentemente contra todas las formas que violentan y transgreden los derechos en la explotación del trabajo, en la facultad ciudadana de decidir y actuar por la libertad y defender sus derechos y la igualdad social. Asimismo, la democracia es una creación y construcción colectiva que reproduce la propia sociedad, así como el progreso y una vida digna para todos.

Creer que la designación electoral del poder político es el otorgamiento de una facultad absoluta de actuación clasista, parcial y parcializada, en la heterogeneidad social, es una falsedad, ningún proceso electoral en la historia nacional ha sido una imposición tiránica, ni ha sustituido las facultades ciudadanas. En democracia los poseedores del capital y riquezas no son quienes determinan el destino de la nación, tampoco quienes poseen transitoria y electoralmente el poder político. La violación de la institucionalidad pública y la imposición de leyes indignas que transgreden las conquistas históricas, son acciones de tiranos, nunca de procesos democráticos.

La afirmación de la presidenta electa de suprimir las garantías individuales, plasmadas en la Constitución de la República, es una amenaza nacional, efectuada sin haber asumido el poder, así como es su anuencia a permitir la instalación de bases militares de EE. UU. Estas intencionalidades son tempranas evidencias que son antagónicas a nuestro pasado y presente. Es democrático protestar, cuestionar y actuar contra las transgresiones a los derechos e intereses ciudadanos. Amenazar sin motivo e imponer criterios unilaterales es un explicito anuncio de un gobierno que atenta contra nuestro pasado y presente, como también lo expresa su lamento de no haber obtenido la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa, para despreciar y desoír las necesidades sociales de la mayoría nacional, negando de este modo, el dialogo, el debate o la concertación en una sociedad democrática.

Asimismo, es contrario al espíritu nacional costarricense el manifestar su compromiso político e ideológico con un personaje que incendia el planeta en su crítico afán hegemónico mundial, así como expresa su compromiso con proyectos genocidas en el espacio internacional.

Costa Rica nunca ha requerido la supresión de nuestras constitucionales garantías ciudadanas por protestar y demandar atención a las necesidades sociales, las cuales son manifestaciones que crearon instituciones públicas y políticas en favor de la calidad de vida y bienestar social. Tampoco ha requerido el uso de la fuerza bruta, porque respetamos el orden legitimo constituido ni somos agresores con naciones hermanas ni hemos requerido de la violencia para dirimir nuestras discrepancias y menos aún hemos comprometido nuestra soberanía con el establecimiento de bases militares imperiales.

Del vergel al páramo: fragilidad territorial y recomposición hegemónica en las elecciones de 2026

Escrito en . Publicado en Análisis.

Abelardo Morales Gamboa (*)

Los resultados de las elecciones nacionales de 2026 en Costa Rica son la manifestación territorial de una crisis del orden sociopolítico que durante décadas sostuvo la estabilidad democrática del país. Lo que alguna vez se presentó como el “vergel” del excepcionalismo centroamericano muestra hoy densas manchas donde la integración económica, la presencia estatal y el consenso político se han deteriorado de forma visible.

Uno de los rasgos más reveladores de ese resultado fue la concentración del apoyo al Partido Pueblo Soberano (PPS) en cantones caracterizados por mayores niveles de pobreza, informalidad laboral, desigualdad y problemas de seguridad. Al cruzar los resultados electorales con el Índice de Desarrollo Humano cantonal, se observa que varios de los cantones donde el PPS obtuvo sus mejores desempeños se ubican en los quintiles inferiores del desarrollo humano. Del mismo modo, los cantones con menor inserción en sectores económicos dinamizadores del empleo y el ingreso muestran mayor inclinación hacia opciones políticas de ruptura.

Este patrón no es un dato anecdótico. Sugiere que el voto responde a trayectorias desiguales de desarrollo. Allí donde la promesa histórica de movilidad social y protección estatal se ha erosionado, emergen con mayor fuerza opciones que cuestionan el orden político establecido.

Para comprender este fenómeno resulta útil la noción de fragilidad territorial. No se trata simplemente de pobreza o rezago económico, sino de una condición estructural donde convergen precariedad productiva, debilitamiento institucional y erosión de los vínculos simbólicos con el proyecto nacional. Son territorios donde la reproducción social depende crecientemente de economías informales, empleos precarios o transferencias públicas; donde la presencia estatal es intermitente; y donde la confianza en las mediaciones políticas tradicionales se debilita.

En varios casos, este patrón también coincide con cantones con tasas elevadas de homicidio en los últimos años. Más que establecer una relación mecánica entre violencia y voto, esta superposición sugiere la existencia de territorios donde la capacidad regulatoria del Estado se percibe limitada y donde la demanda por orden, protección y autoridad adquiere centralidad política. La violencia no explica por sí sola el comportamiento electoral, pero forma parte de una ecología territorial de fragilidad acumulada.

La hipótesis que aquí se plantea es que la geografía electoral de 2026 revela la territorialización de una crisis hegemónica. Durante la segunda mitad del siglo XX, Costa Rica consolidó un bloque histórico relativamente estable que, entre otras bases, se sustentó en la expansión del Estado social, la movilidad ascendente a través de la educación pública y el crecimiento de amplias clases medias. Más allá de la alternancia partidaria, existía una narrativa compartida de progreso, institucionalidad confiable y excepcionalidad regional. La hegemonía no se reducía al control del gobierno; implicaba dirección moral e intelectual sobre el conjunto de la sociedad.

Ese bloque tuvo una base territorial concreta. La expansión de infraestructura, servicios públicos, crédito agrícola y empleo estatal permitió integrar progresivamente regiones rurales y urbanas al proyecto nacional. La promesa de movilidad social tuvo fundamentos materiales reales. Sin embargo, esta articulación comenzó a erosionarse con la reestructuración económica asociada a la apertura comercial, la globalización y la transformación del régimen de acumulación.

El nuevo patrón productivo se orientó hacia sectores altamente integrados a mercados globales —zonas francas, servicios empresariales, exportaciones especializadas— reduciendo la centralidad del mercado interno y debilitando la articulación tradicional entre capital nacional y Estado social. El resultado fue una diferenciación creciente entre territorios dinámicamente conectados a cadenas globales y territorios rezagados o subordinados. La integración dejó de ser progresiva y se volvió selectiva. Cada vez más, el mercado —y no el Estado— pasó a ser el principal gestor de esa transformación.

En este contexto, la desigualdad adquirió un rostro territorial marcado. Existen enclaves altamente productivos y conectados, junto a periferias rurales y urbanas donde predominan la informalidad y el empleo precario. La fractura ya no puede explicarse únicamente como urbano versus rural o centro versus periferia, sino como integración versus desconexión respecto al régimen de acumulación dominante. Allí donde el crecimiento se concentró, también se fortalecieron las oportunidades y la densidad institucional. Donde no ocurrió, se acumuló fragilidad.

Políticamente, esta transformación se hizo más visible a partir de 2014. La derrota del Partido Liberación Nacional marcó el debilitamiento del eje histórico del bloque dominante. El ascenso del Partido Acción Ciudadana fue interpretado como una renovación ética e institucional, pero la crisis fiscal, la conflictiva reforma tributaria de 2018 y el creciente malestar social evidenciaron las dificultades para reconstruir bases materiales de consenso en un contexto de desigualdad persistente.

En diversos territorios periféricos se consolidaron patrones de distanciamiento respecto a las fuerzas tradicionales. El proceso electoral de 2022, con la irrupción de liderazgos disruptivos, y el posterior ascenso del PPS en 2026 pueden leerse como momentos sucesivos de una crisis orgánica más amplia. Allí donde la integración socioeconómica era más débil, el consenso se fracturó antes y con mayor intensidad.

Este fenómeno también está vinculado a la transformación de las clases medias. Durante décadas cumplieron una función estabilizadora: moderaron polarizaciones, sostuvieron el pacto redistributivo y ofrecieron una base electoral relativamente predecible. Sin embargo, procesos de precarización, endeudamiento y diferenciación ocupacional han fragmentado este estrato. Hoy las clases medias se distribuyen en posiciones divergentes frente al mercado laboral y al Estado, generando orientaciones políticas más volátiles y menos previsibles.

La fragmentación de las clases medias debilita uno de los pilares del bloque histórico desarrollista. Al disminuir su seguridad material, también se reduce su capacidad de sostener el consenso redistributivo que legitimaba a las élites tradicionales. En ese escenario emergen nuevas alianzas entre sectores empresariales más transnacionalizados y liderazgos políticos que apelan directamente a territorios excluidos, configurando una recomposición hegemónica aún incompleta.

La dimensión territorial de este proceso es central. La desigualdad no solo implica brechas de ingreso, sino también diferencias en densidad institucional, acceso efectivo a derechos y capacidad de regulación pública. Cuando la presencia estatal es desigual, también lo es la experiencia de ciudadanía. La crisis hegemónica se expresa, por tanto, en la fragmentación territorial de los derechos y del consenso.

El resultado de las elecciones parece cristalizar estas tensiones acumuladas. En esos territorios socialmente deprimidos este no puede interpretarse únicamente como un giro ideológico hacia posiciones conservadoras o autoritarias. Más bien refleja una búsqueda de protección, orden o reconocimiento en contextos donde la promesa histórica del Estado social perdió credibilidad. Se trata de un voto situado territorialmente, arraigado en experiencias concretas de precariedad y desconexión.

Lo que emerge no es todavía un nuevo bloque histórico plenamente consolidado y tampoco democrático. El orden anterior muestra signos de agotamiento, pero la alternativa en gestación aún no logra articular un consenso amplio y duradero. El escenario resultante es de mayor volatilidad electoral, fragmentación partidaria y disputa por la definición misma de “pueblo”, “orden” y “Estado”.

La cuestión de fondo es si Costa Rica transita de un modelo de integración territorial progresiva hacia uno de integración selectiva y segmentada. Si el viejo “vergel” se transforma en un paisaje de archipiélagos de prosperidad rodeados de territorios frágiles, la cohesión democrática podría verse comprometida. La estabilidad histórica del país descansó en la capacidad de articular crecimiento económico, redistribución moderada e institucionalidad sólida sobre bases territoriales relativamente integradas. Cuando esa articulación se fragmenta, también se debilita la hegemonía que la sostenía.

Comprender el momento actual exige ir más allá de la coyuntura electoral y situar los resultados de 2026 en una trayectoria iniciada al menos desde 2014, con raíces estructurales que se remontan décadas atrás. No se trata simplemente de alternancia partidaria, sino de la transformación de las bases sociales y territoriales del poder. La fragilidad territorial no es un fenómeno marginal; puede estar convirtiéndose en el escenario privilegiado de la recomposición hegemónica.

En última instancia, el desafío para la democracia costarricense consiste en reconstruir mecanismos de integración territorial capaces de restituir bases materiales de consenso. Sin esa reconstrucción, la fragmentación espacial de la desigualdad continuará traduciéndose en fragmentación política. Las elecciones de 2026 podrían entonces recordarse no como un episodio aislado, sino como el momento en que se hizo visible la transición entre un orden que se agota y otro que aún no termina de definirse.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

El autor reconoce el uso de herramientas de IA para la revisión de aspectos formales del artículo, pero las ideas son enteramente suyas.

El “paciente” está enfermo por el tratamiento

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Juan Carlos Cruz, para SURCOS

En un texto reciente publicado en su perfil de Facebook, Carlos Francisco Echeverría analiza la elección y el ejercicio del poder de Rodrigo Chaves como expresión de un malestar social previo y profundo. Aunque Chaves ganó la presidencia con relativa facilidad, su victoria se apoyó más en el rechazo a un adversario desgastado que en propuestas propias. Ya en el gobierno, ha mantenido altos niveles de aprobación no por logros concretos, sino por convertir la presidencia en plataforma de una retórica de desprecio hacia la historia, las instituciones y la democracia costarricense.

Esa retórica conecta con una parte significativa de la sociedad frustrada por la creciente desigualdad y el deterioro de los servicios públicos. Según Echeverría, el “desprecio” funciona como válvula de escape para quienes se sienten abandonados por un sistema injusto. Costa Rica, sin embargo, ya era un “paciente” debilitado: el discurso presidencial no cura la enfermedad, sino que agrava el malestar y lo convierte en capital político, deteriorando el diálogo social.

El autor recurre a la metáfora de una enfermedad autoinmune para describir una sociedad que, obsesionada con sus errores y carencias, termina atacando también sus propios logros, virtudes e instituciones. Las próximas elecciones serán, en este sentido, una prueba de la salud cívica del país: podrían confirmar el avance de un clima autoritario y cínico, aunque también existe el antecedente de 2018, cuando el electorado reaccionó frente a una amenaza percibida a la convivencia democrática.

Echeverría subraya la urgencia de revisar a fondo el sistema que generó concentración de ingresos y deterioro de los servicios públicos. Sin correcciones estructurales serias, advierte, el país corre el riesgo de entrar en una fase terminal de demagogia y populismo autoritario, aunque todavía existe una ventana de oportunidad para evitarlo. Su tesis de fondo es clara: el chavismo es síntoma y acelerador de una crisis estructural, no su causa originaria. El verdadero dilema es si Costa Rica logrará corregir esa crisis antes de que el proceso autodestructivo se consolide.

Echeverría deja servida la mesa para una respuesta que no se quede en la superficie moral del “paciente enfermo”, sino que vaya al hueso estructural del problema. Lo que él describe como “sistema ineficiente e injusto” no es un accidente ni una desviación reciente: es el resultado de un viraje histórico profundo que Costa Rica emprendió desde finales de los años 80 y que hoy muestra sus consecuencias más crudas.

La invitación a “revisar a fondo el sistema que nos llevó hasta aquí” es indispensable, pero exige nombrar con claridad cuál fue ese sistema y cómo se instaló. Costa Rica no llegó a la actual concentración de la riqueza ni al deterioro de su Estado social por fatalidad ni por errores aislados: llegó por un proceso histórico de desmantelamiento progresivo del pacto social que había sostenido la movilidad social, la clase media amplia y las instituciones públicas fuertes.

Durante buena parte del siglo XX, el país combinó tres pilares que explicaban su excepcionalidad regional: un Estado social robusto, una estructura tributaria relativamente progresiva y un modelo de desarrollo orientado a la inclusión. Ese equilibrio comenzó a romperse con la crisis de la deuda en los años 80. Bajo presión de organismos financieros internacionales y élites económicas locales, Costa Rica adoptó un modelo neoliberal de apertura, desregulación y privatización parcial que tuvo tres efectos decisivos.

Primero, se debilitó la capacidad redistributiva del Estado. La estructura tributaria se volvió más regresiva: aumentó el peso de los impuestos indirectos, se multiplicaron exoneraciones a grandes capitales y zonas francas, y se redujo la carga sobre las rentas altas y el patrimonio. El resultado fue una transferencia silenciosa de riqueza hacia arriba.

Segundo, se fragmentó el mercado laboral. El empleo público dejó de ser motor de movilidad y el empleo privado se precarizó. La economía se dualizó: un sector moderno, exportador y altamente productivo, pero con poco encadenamiento, y un sector interno estancado, informal y mal remunerado. La desigualdad dejó de ser solo de ingresos: se volvió desigualdad de oportunidades, estabilidad y dignidad.

Tercero, se consolidó un modelo de crecimiento que no derrama. La inversión extranjera directa generó islas de prosperidad, pero no un desarrollo nacional integrado. El país creció, sí, pero creció para pocos. La clase media dejó de expandirse y comenzó a erosionarse. En síntesis, Costa Rica pasó de un modelo de movilidad social a uno de acumulación concentrada, donde el crecimiento económico dejó de traducirse en bienestar colectivo.

El deterioro de las instituciones del Estado social tampoco es producto de la incompetencia reciente, sino de un proceso de asfixia fiscal, política y simbólica que lleva décadas.

La asfixia fiscal ha sido deliberada: mientras se exigía al Estado hacer más, se le quitaban los recursos para hacerlo. La regla fiscal, las exoneraciones, la evasión y la elusión estructural han dejado a instituciones como la CCSS, el MEP o el IAFA sin capacidad de inversión, innovación o expansión. Un Estado sin recursos es un Estado condenado a fallar.

La privatización por desgaste siguió un patrón conocido: se deteriora el servicio público, la ciudadanía se frustra, se abre espacio para el discurso de “lo público no sirve” y así se legitima la privatización o la tercerización. Es un círculo vicioso que erosiona la legitimidad del Estado social.

A esto se suma la captura política y tecnocrática: las élites económicas lograron imponer una visión de país donde el Estado es visto como obstáculo y no como garante de derechos. Esa narrativa permeó medios, partidos y tecnocracias, produciendo un Estado administrado para no incomodar al poder económico.

Finalmente, el desgaste simbólico del pacto social ha sido profundo. La prédica presidencial actual —que desprecia instituciones, historia y democracia— no surge en el vacío. Es la fase aguda de un proceso largo de deslegitimación cultural del Estado social, que lo presenta como ineficiente, corrupto o anacrónico, mientras oculta los intereses que se benefician de su debilitamiento.

La conclusión es inevitable: el “paciente” no está enfermo por accidente, sino por tratamiento. Si Costa Rica parece hoy un paciente debilitado, es porque durante décadas se le aplicó un tratamiento que debilitó su sistema inmunológico (el Estado social), concentró la riqueza en pocas manos, precarizó a la mayoría y abrió la puerta a discursos autoritarios que se alimentan del malestar social.

Revisar el sistema implica revertir ese rumbo, no maquillarlo. Implica recuperar la capacidad redistributiva del Estado, reconstruir servicios públicos universales, democratizar la economía y devolverle a la ciudadanía la certeza de que el país puede ser nuevamente un espacio de movilidad, dignidad y esperanza.

Todavía estamos a tiempo. Pero solo si dejamos de tratar los síntomas y enfrentamos la enfermedad estructural.