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Ciudad Gobierno y alquileres

Publicado el 10/02/2024. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Freddy Pacheco León

Por supuesto que creemos, que el Estado ha de ir sustituyendo los alquileres que pagan algunas de sus instituciones, por bienes de su propiedad. Pero, igualmente creemos, que dichas nuevas construcciones han de obedecer a una adecuada PLANIFICACIÓN, para así tratar de garantizar un uso eficiente de las mismas. Que sus espacios obedezcan a necesidades actuales y futuras, ni muy pequeñas ni muy grandes, para que los funcionarios trasladados, encuentren las mejores condiciones, y así, el dinero público invertido, tenga óptimo aprovechamiento. Lo que se ha de pretender es que los servicios que allí se brindarán, sean sustancialmente mejores, y que las condiciones laborales de los que allí trabajarán, así lo permitan.

Sin embargo, ¿verdad que hay algunas cosas que parecen no ir bien? Tanto la ministra como su viceministra de Planificación, que se presentaban como encargadas de la importantísima planificación, de un proyecto que albergaría a miles de trabajadores, dejaron el gobierno, como parte de la ola de renuncias que se diera a lo largo del año pasado. Surge entonces, la interrogante de si habrán dejado estructurada y en funcionamiento, una oficina ejecutora, encargada de toda la compleja logística que demanda un proyecto de tal magnitud. Esperamos que así haya sido.

No sabemos si ustedes, amigos, habrán tenido la oportunidad de conocer el proyecto integral, con el nivel de detalle necesario, que justifique para la ciudadanía, el préstamo por US$450 millones, que otorgaría el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), o si existe, como habría de ser, una página web, donde los ciudadanos que pagaríamos el préstamo y acudiríamos por los servicios públicos que allí se ofrecerían, podamos conocer, y valorar, si es del caso, las instituciones que se mudarían, los espacios que ocuparían, la cantidad de funcionarios para los que se ha planificado, los diseños y distribución finales, la inversión en el nuevo mobiliario y equipo, lo que se ha pensado sobre los problemas del transporte hacia y desde la «ciudad», la cantidad y ubicación de los espacios de estacionamiento para funcionarios y usuarios, las previsiones presupuestarias para el pago del préstamo extranjero, y los costos de mantenimiento. Por eso, si alguien sabe de la existencia de esa página informativa, o, por lo menos, cómo se podría conocer una actualizada información del mismo, muchos agradeceríamos esa información.

Lo que sí se conoce es que se pagó US$50.000 a un arquitecto venezolano que diseñó el complejo de edificios para 35 instituciones públicas, y 11.000 servidores. Números redondos que evidencian, escaso nivel de detalle, y que no creemos el diseñador haya tampoco conocido a la hora de hacer su trabajo bien remunerado. Y es que, hay que valorar, que el proyecto, fraguado inicialmente durante la segunda administración de don Óscar Arias, fue cambiando con el tiempo, hasta ser heredado al presente gobierno, por la administración de don Carlos Alvarado, originalmente consistía en una «Ciudad Gobierno» de US$320 millones, que se desarrollaría mediante la modalidad de concesión a 30 años plazo. O sea, un ente, que podría ser un fideicomiso, lo construiría con sus propios fondos, cubriría su inversión y obtendría sus ganancias, mediante el pago de alquileres, por ejemplo. El proyecto recibido y anunciado por la administración de Rodrigo Chaves, tiene un costo US$130 millones más caro. Mediante una diferente modalidad, se haría un préstamo con el BCIE, y el mismo banco centroamericano, se encargaría de su construcción en los terrenos estatales, y del cobro de un alquiler a su favor durante 25 años, con el cual indemnizar el endeudamiento que se trasladaría a los costarricenses. Al final de los cuales (esto no está claro todavía) el BCIE traspasaría el complejo de edificios, o no, al Estado.

Alrededor de unos 160.000 metros cuadrados de construcción (más o menos porque tampoco eso está suficientemente definido) sería la magnitud de la obra, pero, quizá porque la “oficina ejecutora” que debería existir en el Ministerio de Planificación, no ha sido lo competente que se requiere, hay algunos aspectos que todavía están sin definirse, y que, en este momento, hacen inviable el proyecto. Específicamente, llama la atención que los asesores jurídicos de dicha oficina, no se hubiere percatado y llamado la atención a sus compañeros, que, por tratarse de un préstamo internacional, el mismo debería contar con la aprobación de la Asamblea Legislativa, Poder que tiene el deber de aprobar los presupuestos de la República y, como en este caso, conocer las condiciones del préstamo, y la viabilidad de dicho endeudamiento. Es mucho el dinero y razonablemente, jamás se podría tramitar como algo ajeno a las normas constitucionales, pues podría comprometerse el Estado con una operación crediticia que en la de menos no podría honrarse.

Erróneamente, los encargados de ese trámite, empezando por el presidente Chaves, no aceptan que un endeudamiento tan significativo tenga que ser aprobado por la Asamblea Legislativa, e insisten, sin ninguna posibilidad de cambiar el criterio legal, en no enviar el respectivo proyecto a conocimiento del Congreso, al tiempo que acusan, hasta soezmente, a la señora Contralora General de la República, de estar “interpretando” indebidamente la legislación que todo funcionario, y principalmente el ente contralor, tienen el deber de cumplir, según su leal entender. Y para profundizar el error que no quiere admitir la asesoría jurídica de la Casa Presidencial, anunciaron la presentación de un proyecto de ley de “interpretación auténtica” de una legislación específica, pero solicitando, en el mismo acto, la modificación de los dos artículos de la ley que, dicen ellos, deben ser interpretados por la Asamblea Legislativa. Error tras error, si no es gallo es gallina, dice el refrán popular.

El proyecto presentado, en el fondo, no se trata de una “interpretación auténtica” (que presienten que no cabe) sino de una modificación en el contenido de una ley, cuyo texto obviamente les incomoda. La finalidad de una interpretación auténtica, es la de aclarar conceptos oscuros o dudosos de la ley que se dice, hay que interpretar, para así entender de manera precisa cuál es el sentido real de la intención del legislador. Por lo cual, al plantearla sobre una ley diáfanamente clara, se estaría, por el contrario, ante la necesidad de crear un texto sustituto al original. Modificación que es válida presentar, pero jamás acompañada de una solicitud de interpretación auténtica que, creemos, los señores diputados no entrarán siquiera a conocer, por insólita.

En términos formales, el gobierno presentó dos proyectos de ley sobre la Ley General de Contratación Pública con el fin de construir Ciudad Gobierno, sin necesidad de que su financiamiento cuente con la aprobación de los diputados, como se exige en los casos de endeudamiento externo. Un proyecto plantea la interpretación auténtica de los artículos 67 y 77 de Ley General de Contratación Pública, para “esclarecer el espíritu del legislador y el contenido de estas normas”, a fin de que no restrinjan el desarrollo de proyectos bajo mecanismos especiales en terrenos públicos. El otro es una reforma a la Ley General de Contratación Pública, en los mismos artículos 67 y 77, para que la normativa permita el desarrollo de este tipo de proyectos bajo mecanismos especiales, en terrenos del Estado. O sea, desde la misma propuesta, la oficina ejecutora del proyecto Ciudad Gobierno, reconoce de antemano, que ante la interpretación que hace la Contraloría General de la República, lo que hace falta es, en forma casuística, a partir del caso particular que obliga a un trámite equilibrado que demanda transparencia, modificar la legislación que se está aplicando, para adecuarla a deseos expresos del presidente, de pagar por un alquiler de unos edificios construidos por un extraño en terrenos del Estado. ¿Raro verdad?

Y es que la administración Chaves quiere que la construcción de Ciudad Gobierno se efectúe bajo una figura de arrendamiento operativo, que se encuentra regulada por el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública, pero para situaciones que no conlleva deuda. Además, el Ejecutivo pretende desarrollar Ciudad Gobierno, sin concurso público, bajo la ejecución y el financiamiento del BCIE, en una cuadra ocupada hoy por el MOPT, unas propiedades privadas cercanas, y una cuadra perteneciente al Liceo de Costa Rica, fundado en 1887, por ley específica a su favor, que impulsara el expresidente ex liceísta don Daniel Oduber.

No solo la Contraloría General de la República (órgano de la Asamblea Legislativa), ratificó la ilegalidad de la iniciativa del Poder Ejecutivo, sino que, además, resulta que la cuadra que hasta hace unas semanas era arrendada por el MOPT al centenario Liceo, situada al sur del edificio oeste del colegio, sigue siendo propiedad del mismo. Pese a ello y a que no se puede construir en una finca ajena, el Ejecutivo no ha siquiera presentado iniciativa legal alguna, para negociar con los representantes del Liceo de Costa Rica, una expropiación regulada por la ley específica, o la aplicación de otro mecanismo a determinar, que fuere beneficioso para ambas partes. Hoy ese terreno está inscrito registralmente a nombre del Liceo, y sobra decir, NO puede ser usado para la eventual construcción de los edificios citados, aunque Chaves desdeñe el conflicto.

Cabe anotar, que, con la complicidad de una junta administrativa asesora del director del Liceo, sin más funciones que esas, los ministros del MEP, MOPT y Planificación, firmaron un espurio “convenio de cesión”, tan falso como la representación que se adjudicó la presidenta de la citada junta, quien, de un día para otro, regaló la propiedad al gobierno central. No es de extrañar que ella y otros de esa junta administrativa, están procesados por la Fiscalía…

¡Pero no todo se ha perdido!

Con el intercambio de opiniones que ha generado la intransigencia presidencial, han surgido unas ideas sobre proyectos que quizá sean más factibles, menos costosos, más recomendables, y con mayores beneficios para las comunidades de regiones alejadas de la ciudad capital de San José. Hablamos de sedes de oficinas gubernamentales descentralizadas, ubicadas en regiones por determinar. Así como el Poder Judicial lo ha venido haciendo por regiones, el Poder Ejecutivo, puede planificar la instalación de oficinas regionales de diversas instituciones estatales, para atención del público, donde recibir solicitudes y canalizar respuestas, a las oficinas centrales, así como y resolver casos sencillos, gracias a la comunicación digital. En una misma sede, el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, podría tener una oficina, al lado de una oficina del Ministerio de Ambiente, otra de Salud, otra de Educación, del AyA, de Migración, del INS, y otras dependencias como Agricultura, para algunos trámites, que hoy, por ejemplo, habitantes de Osa, de Guápiles, de Upala, de Cahuita, de Los Santos, de Filadelfia, de Sarapiquí, de San Carlos, de La Cruz, de la península de Nicoya, de Limón, de Esparza, de Garabito, de Paraíso, de Turrialba, etcétera, no pueden realizar sino en San José. Sería, algo así, como un servicio local, en un mismo lugar, que poco a poco se iría posiblemente desarrollando, para comodidad de los habitantes. Con ello se acabaría con los alquileres que con los años han ido sumando cifras altísimas, por pequeños edificios más cercanos a los olvidados habitantes de hoy, mientras, las instalaciones centrales de los entes de gobierno, ocuparían, necesariamente, espacios más reducidos, menos costosos de mantener y más eficientes.

Y es que es sabido, que la centralización crea dinosaurios poco ágiles, pesados y generalmente, ineficientes. Por eso el proyecto, realmente «medio planificado» de Ciudad Gobierno, que propone el pago de alquileres a privados, a un banco centroamericano, ¡en terrenos del Estado!, además crearía una estructura que, en la de menos, le costaría más al Estado. La alternativa de olvidarnos de la centralización, para pasar a la regionalización, ha de ser valorada.

8.2.2024

Prisma Latinoamérica y Miguel Sobrado desentrañan los «Orígenes del Estado Latinoamericano y sus Secuelas»

Publicado el 03/02/2024. Publicado en Derechos.

Por José Daniel Gamboa Araya

El programa Prisma Latinoamérica se une al sociólogo Miguel Sobrado para presentar una intrigante producción titulada «Orígenes del Estado Latinoamericano y sus Secuelas». Esta producción ofrece una profunda exploración de las condiciones estructurales que dieron origen a las complejas estructuras sociales en Latinoamérica, analizando sus consecuencias para las sociedades contemporáneas y las relaciones de poder a nivel global.

Desde una perspectiva sociológica y geopolítica, Miguel Sobrado desentraña las raíces históricas que han moldeado la realidad socioeconómica y política de la región. El documental destaca la relevancia de comprender el pasado para contextualizar los desafíos actuales y traza vínculos esenciales entre los orígenes del Estado latinoamericano y su impacto en las dinámicas de poder internacionales.

La colaboración entre Prisma Latinoamérica y el renombrado sociólogo ofrece una valiosa contribución al entendimiento crítico de la evolución de Latinoamérica y su posición en el escenario global. Esta producción promete arrojar luz sobre las complejidades históricas que siguen influyendo en las sociedades latinoamericanas, fomentando el diálogo y la reflexión en busca de un futuro más informado y equitativo.

Fuente: Prisma Latinoamérica

Misiones de observatorios de mujeres proceso electoral Guatemala, 2023

Publicado el 12/09/2023. Publicado en Derechos.

Observatorio de Mujeres

Pronunciamiento

Misiones de observatorios de mujeres proceso electoral

Guatemala, 2023

Nosotras, Misiones de Observatorios de Mujeres del Proceso Electoral, Guatemala 2023, debidamente acreditadas en el Tribunal Supremo Electoral, integrantes de Observatorio Transnacional de Mujeres, Misión de Observación Latinas en Poder, II Observatorio desde la mirada de las Mujeres Mayas, MOLOJ; y, Misión de Observación Plataforma de Mujeres Indígenas; basadas en los principios de las siguientes Convenciones y Mecanismos Internacionales: Declaración Universal de Derechos Humanos; Convención Interamericana sobre de Derechos Humanos; Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW); Convención Interamericana para la Prevención, Castigo y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres (Belem Do Para); Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Consenso de Montevideo, entre otras,

Manifestamos:

Nuestra profunda preocupación ante el debilitamiento de la democracia en los países de la región centroamericana y con particular atención en Guatemala donde el Estado de derecho está siendo violentado por la extralimitación de funciones de instituciones como el Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad y el organismo Legislativo que irrespetan la Constitución Política de la República.
Declaramos nuestra Irrestricta Defensa de la Democracia Plena (reconociendo que aún está en construcción en Guatemala), levantamos la voz, ante la forma sistemática en la que el Estado ha estado violentando la voluntad popular expresada en las urnas, al perseguir, mediante acciones ilegales al partido ganador, interfiriendo con la independencia del Tribunal Supremo Electoral, TSE, poniendo en cuestión su calidad como ente rector electoral.
Es motivo de especial preocupación las denuncias de amenazas a la integridad del binomio presidencial ganador que ameritaron medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Rechazamos las acciones represivas del Estado como los desalojos violentos en varios territorios, persecución de defensoras de derechos humanos, y las limitaciones al derecho a la libre expresión que continuaron incluso en pleno proceso electoral.
Nuestro rechazo a las persistentes formas de discriminación, racismo y misoginia en la vida política que evidencian el retroceso en la representación de las mujeres mayatas y de la ausencia de las mujeres afrodescendientes y xincas en los espacios de toma de decisión en el actual Gabinete de gobierno, Congreso de la República, Alcaldías Municipales y Magistraturas.
Valoramos que en el ejercicio de la primera y segunda vuelta se mantuvo el orden, la transparencia y la agilidad en la presentación de resultados. Muy importante fue la participación de las Juntas electorales garantes de la total transparencia y la voluntaria participación de la ciudadanía en las fiscalías de mesas a favor del partido que hoy resultó ganador, por lo que representa en términos de rescate de la democracia. Sin embargo, identificamos que persisten las siguientes problemáticas:

la convocatoria al empadronamiento y a las votaciones solo en idioma español, en un país en dónde casi la mitad de personas se identifican como indígenas, hablantes de idioma mayas, Garífuna y otros idiomas.
la falta de participación de mujeres indígenas y afrodescendientes en la estructura electoral (Junta Nacional, Departamentales, y Municipales y receptoras de votos;
la falta de transporte gratuito el día de las elecciones para que las mujeres y personas participen libremente durante las votaciones.
la promoción del empadronamiento de las juventudes y lo que implica en lograr un eficiente trabajo del Registro Nacional de las Personas, RENAP a nivel nacional y en el extranjero.
el poco compromiso de las instancias relevantes para educar y promover la participación electoral (de alrededor de tres millones guatemaltecas y guatemaltecos migrantes en el exterior).
Dadas las condiciones de desestabilización postelectoral que ponen en riesgo la democracia en el país, seguiremos observando y monitoreando desde nuestros espacios durante los siguientes meses y los próximos años para asegurar la transparencia política en el país.
Hacemos un llamado a las Misiones de Observación Nacionales e Internacionales a continuar vigilantes del proceso político electoral en Guatemala.
Convocamos a las Organizaciones de Mujeres y Organizaciones Sociales a defender el proceso democrático y a exigir que se respete la decisión electoral de la ciudadanía.

Guatemala, 4 de septiembre de 2023.

Contactos

Observatorio Transnacional de Mujeres, Latinas en Poder. Nitza Seguí, info @latinasenpoder.org, Tel. +1202-912-0201; Dra. Ana Silvia Monzón, Tel. +502.551.718893
Observatorio desde la mirada de las Mujeres Mayas, MOLOJ; Habby Aju Coy, Directora Ejecutiva; Deysee Maribel Cottom Ixcot, Coordinadora Consejo Directivo, Contactos: ednmoloj@gmail.com , +50230753011 direccionmoloj@gmail.com, Tel. +50232942948
Misión de Observación Electoral de Mujeres Indígenas de la Plataforma de Mujeres Indígenas, PMI, Mellina, Salvador, Directora Ejecutiva, mellinasalvador@yahho.es, +502.5412.6179

La doble moral del Estado costarricense en materia ambiental – En 5 MINUTOS, O MENOS – EPISODIO 28

Publicado el 07/07/2023. Publicado en Madre Tierra.

Si por un lado este, y gobiernos anteriores, han expresado ante organismos, Estados y entidades internacionales que Costa Rica no solo posee una rica e inmensa diversidad ambiental, superando a muchas naciones del mundo, sino que, además sus gobiernos fortalecen las políticas nacionales para su protección, es evidente que la realidad a lo interno del país es el ejercicio permanente de políticas que debilitan y eliminan esa protección, sea en forma legal o ilegal.

Lo vemos cuando a las instituciones públicas, especializadas y jurídicamente dotadas de mecanismos y leyes, se les vulnera sus capacidades para el ejercicio de sus potestades, no solo mediante acciones ilegítimas, sino también por medio de la corrupción y compra de “favores” políticos.

Los Parques Nacionales, las zonas marítimo-terrestres, las zonas protegidas, son, mayor frecuencia violentados. Aunque es difícil poder resumir en 5 minutos sobre un tema tan importante y diverso, para actualizarnos sobre los últimos acontecimientos en este tema de los ultrajes a la legislación de protección ambiental en Costa Rica, sobre todo en este gobierno de Rodrigo Chaves, nos acompaña el doctor Freddy Pacheco León, especialista en ciencias Biológicas.

Don Freddy, ¿Cuáles son las últimas noticias con respecto a la situación ambiental en nuestro país?

Freddy Pacheco: Sobre un tema tan diverso, una particularidad, los parques nacionales. Desde hace 85 años, cuando el doctor José María Orozco propuso la creación del primer parque nacional en Costa Rica, el Parque Nacional Volcán Poás, hemos avanzado bastante en ellos. Eso fue en 1938, que, por cierto, entre paréntesis, para los que no lo conocen, el doctor José María Orozco fue el que escogió en 1937 la Guaria Morada como flor nacional. Ahí la tienen, gracias a él.

Pues bien, el doctor Orozco propuso ese Parque Nacional Volcán Poás en 1938, no se logró llegar a su creación. Después, en 1955, don Pepe creó el Parque Nacional Volcán Irazú.

Se siguió avanzando y en los años 70, se llegaron a establecer otros parques nacionales, destacándose la participación de don Daniel Oduber como presidente de la República.

Y por supuesto, la de don Rodrigo Carazo, con la creación del Parque Nacional Isla del Coco. Pero jamás pensamos que 85 años después de que el doctor Orozco lanzara esa magnífica idea, iba a aparecer un gobierno de la República casi que dispuesto a acabar con parques nacionales.

El doctor Orozco, en su opinión, le estorban los parques nacionales. Y lo hace porque, según él, y según algunos que le creen, al permitir que un parque nacional como el Parque Nacional Manuel Antonio, que es muy pequeño en la parte terrestre, menos de 2.000 hectáreas.

Al permitir que un parque nacional reciba un número de visitantes antojadizo, sin base científica, sin estudios de los conocedores que hay muchos y muy buenos, que reciba 3.000 visitantes diarios, irrespetando lo que se llama capacidad de carga del parque nacional, que establece que el número ha de estar en 1.200 visitantes diarios, para que no se destruya, para proteger su fauna y su flora también, para proteger sus playas. Pues no, él determinó que se puede hacer por decreto ejecutivo que ingresen 3.000 visitantes diarios.

Eso sería como que, al Estadio Nacional, que sabemos que ese estadio puede recibir 32.000 aficionados en sus instalaciones, llegue un director de deportes o a quien se le ocurra decir, no, no, miren, quitemos unos cuantos asientos y recibamos 50.000. Por supuesto que lo pueden hacer, tal vez que sí, de pie, y por supuesto también que lo van a destruir.

Eso no se puede hacer así. Es que hasta en la casa de habitación nuestra, tiene una capacidad de carga. Usted no recibe en su casa a 50 personas. Sabe cuántos puede recibir para que no se destruya, pues está pasando con el Parque Nacional Manuel Antonio, y es un signo muy preocupante.

Porque si Costa Rica es conocida en el mundo por su protección ambiental, por proteger más del 25% de su territorio en áreas de conservación, si muchos visitantes, muchos turistas, que es la principal fuente de divisas y de empleo en el país, vienen acá, atraídos por sus bellezas naturales, mal haríamos en echar marcha atrás y romper ese prestigio extraordinario que tiene nuestro país, y lo peor, hacer que nosotros los costarricenses perdamos la mayor riqueza natural que tenemos, nuestros sistemas de áreas de conservación.

5 MINUTOS, O MENOS
5 de julio 2023

Ejercicio práctico para la reconstrucción de la izquierda

Publicado el 03/07/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Carlos García Hernández

Definición de Estado: territorio con fronteras fijas bajo una autoridad central con capacidad de emitir moneda nacional y de imponer deudas en dicha moneda a todos los residentes en el Estado.

Consecuencia I: la moneda nacional toma su valor de la necesidad de los ciudadanos de redimir sus deudas con el Estado.

Consecuencia II: antes de recaudar las deudas impuestas el Estado tiene que gastar en moneda nacional para que las deudas sean pagables.

Consecuencia III: el Estado da lugar a un mercado en el que se compran y venden bienes y servicios a cambio de la moneda nacional con objeto de redimir las deudas con el Estado, autoabastecerse y ahorrar.

Consecuencia IV: el Estado puede adquirir en el mercado todo lo que esté a la venta en moneda nacional, ya que en calidad de emisor soberano no se puede quedar sin su propia moneda.

Consecuencia V: la frontera de posibilidades de producción del Estado está limitada por los recursos reales de la economía, no por los recursos financieros del Estado en moneda nacional.

Consecuencia VI: el Estado puede aumentar su frontera de posibilidades de producción importando bienes y servicios de mercados extranjeros.

Definición de política económica: introducción por parte del Estado de variables endógenas y exógenas en el ciclo económico.

Variables endógenas: variables introducidas por el Estado cuyo cumplimiento es necesario acatar por parte de los actores económicos para poder participar en el mercado nacional (leyes).

Variables exógenas: variables que el Estado permite que sean decididas por los actores privados participantes en el mercado nacional durante el ciclo económico.

Propuesta del socialismo fiduciario:

1- Convertir en endógenas del ciclo económico las siguientes variables:

Pleno empleo garantizado y permanente mediante planes de trabajo garantizado basados en las reservas de estabilización de empleo.
Utilización plena y prudente de los recursos naturales.
Garantía a todo ciudadano de comida, alojamiento, vestido, servicios sanitarios y educación.
Seguridad social en forma de pensiones y subsidios.
Garantía de estándares laborales dignos.

2- Permitir que sea la ciudadanía quien decida qué variables deben ser endógenas o exógenas del ciclo económico mediante la decisión democrática sobre el alcance de la participación del sector privado en la economía.

Ejercicio práctico: partiendo de todo lo anterior, considérese qué política económica debería llevar a cabo la izquierda. Es decir, qué variables debería incorporar la izquierda al ciclo económico en calidad de variables endógenas y qué variables deberían considerarse exógenas.

***

La propuesta de la izquierda española y de la izquierda occidental en general es coincidente con la propuesta del socialismo fiduciario, excepto en el primer punto (el más importante), el pleno empleo permanente garantizado por ley. El ciclo económico español incorpora como variables endógenas la defensa de la naturaleza (sin éxito), la garantía de comida, vestido, servicios sanitarios (insuficientes) y educación (infradotada), una seguridad social en forma de pensiones y subsidios (demasiado bajos) y legislación (que no se cumple) en materia de estándares laborales. Quedan fuera del ciclo económico el derecho a la vivienda y sobre todo el derecho al trabajo garantizado.

¿Cuál es la razón para que la izquierda occidental no garantice el acceso a un puesto de trabajo? Su incapacidad para comprender que el nivel de desempleo del Estado es una decisión política, igual que la educación o la sanidad garantizadas.

La definición de Estado, las consecuencias de esa definición y la definición de política económica a las que hemos hecho referencia al principio de este artículo describen lo que se llama economía monetaria de producción. En ella, lo que moviliza los recursos humanos y materiales para crear bienes de consumo son las deudas con un poder central que emite el dinero que demanda en forma de impuestos. Por consiguiente, y si atendemos a la consecuencia IV, el Estado puede adquirir en moneda nacional toda la mano de obra desemplea a cambio de trabajo asalariado, de manera que todo el mundo que quiera y pueda trabajar tenga un empleo y se llegue a una situación de pleno empleo permanente. Si además el pleno empleo se consigue mediante planes de trabajo garantizado basados en las reservas de estabilización de empleo y se adoptan tipos de cambio flotantes y tipos de interés de 0% permanente, tal y como sostiene el consenso de la moneda moderna, se puede llevar a la economía hacia lo que el socialismo fiduciario ha bautizado como el punto Lerner, un estado ideal de la economía en el que tanto la inflación como el desempleo son nulos.

Acabamos de chocar contra la última frontera del capitalismo. A regañadientes, durante el siglo XX el movimiento obrero fue arrancando progresivamente el acceso a los derechos sociales de las fauces de las variables exógenas y lo fue introduciendo en el reino de las variables endógenas del ciclo económico. Margaret Thatcher y Ronald Reagan fueron los encargados de detener ese proceso de emancipación. Para ello crearon un mito que la izquierda occidental ha aceptado. Ese mito falso e inventado se llama neoliberalismo.

El neoliberalismo cambió la definición de Estado y con ello las consecuencias de la existencia de los Estados. En el engaño del neoliberalismo, el gasto público ya no antecede a la recaudación de impuestos, sino que los impuestos son los que financian el gasto público posterior. Por tanto, ya no es el Estado el que elige el nivel de empleo de la economía, sino que es el sector privado el que mediante sus decisiones de inversión el que decide el nivel de desempleo. Así es como el desempleo masivo y no el pleno empleo permanente se convierte en una variable endógena del ciclo económico. También así es como el neoliberalismo va negando progresivamente el acceso a los servicios sociales y poco a poco va devolviendo dicho acceso al terreno de las variables exógenas del ciclo económico.

La reconstrucción de la izquierda pasa por destruir el falso mito del neoliberalismo y convertir tanto al pleno empleo permanente como el acceso universal a los servicios sociales expuestos por el socialismo fiduciario en variables endógenas del ciclo económico. Para ello el engaño del gasto público financiado por impuestos debe ser desechado.

La recuperación de la soberanía monetaria es el primer paso que debe dar la izquierda española. El límite de gasto y de déficit público impuestos por la Unión Europea y el euro son la expresión más avanzada del neoliberalismo. Una vez recuperada, la soberanía monetaria debe convertir en variables endógenas del ciclo económico todos los derechos sociales del socialismo y permitir que mediante su participación democrática la ciudadanía decida el tamaño del sector privado.

No se puede reconstruir lo que no existe.

Euro delendus est

*Carlos García Hernández. Licenciado en Filosofía e Historia por la Universidad Humboldt de Berlín y fundador de la editorial Lola Books.

Publicado en https://elcomun.es y compartido con SURCOS por el autor.

Carlos Escalante Macaya: “lo mejor que puede hacer el Estado por los artistas es crear un ambiente artístico sano”

Publicado el 26/05/2023. Publicado en Cultura, Derechos.

Carlos Escalante Macaya, compositor y docente de la Escuela de Artes Musicales, fue galardonado con el Premio Naciona de Música Carlos Enrique Vargas 2022, en la categoría de composición, por su obra «Obscur». Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR

Premio Nacional de Música Carlos Enrique Vargas 2022 en la categoría de composición

El compositor es docente de la Escuela de Artes Musicales

Mucha de su experiencia se ha centrado en componer música para teatro, danza y cine, por lo que su proceso creativo no parte de cero, por lo general hay algún tema detrás que sustenta sus composiciones, pues siempre le ha gustado hacer referencia a la literatura, a la poesía o a otras cosas.

En el caso de su obra “Obscur”, recurre al film noir o cine negro, para crear personajes musicales, la estructura de su creación, así como contrastes musicales e instrumentales. De esta manera, utilizar esos personajes fue una manera más práctica de lograr esos contrastes que buscaba plasmar en la composición.

La pieza la desarrolló a solicitud de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Costa Rica, que se estrenó durante el concierto de aniversario de la institución, en agosto del 2022.

Es con esta obra que Carlos Escalante Macaya, obtuvo el Premio Nacional de Música Carlos Enrique Vargas 2022, en la categoría de composición.

El jurado consideró que “es una obra muy bien lograda, con una adecuada instrumentación. Hay gran coherencia en el discurso musical. Su manejo del timbre y textura proporcionan un color que denota con claridad el estilo musical del cine negro sobre el cual se inspiró. Es, además, una obra bien equilibrada y compleja que presenta elementos contrastantes que capturan la atención del oyente”.

Según señaló el artista, quien obtiene el galardón por primera vez, todavía está procesando el significado que tiene para él recibir este reconocimiento.

“Yo te diría que durante estas semanas, después de haber ganado del premio y haciendo una reflexión sobre cómo me siento al respecto, sí me parece que las dotaciones económicas deberían ser para compositores jóvenes, que el Ministerio (de Cultura) y el Estado en general deberían orientar los premios y las dotaciones económicas hacia los artistas jóvenes, sobre todo y no tanto como se hace ahora, que los premios y las dotaciones más grandes se le dan a los artistas más viejos, con más trayectoria. Ahí es donde no sé si estoy de acuerdo con cómo funcionan los premios”.

De igual manera, reflexionó acerca del papel del Estado en apoyo a los artistas nacionales.

“Me parece que está bien que el Estado premie o reconozca la labor de los artistas y eso se puede hacer a través de premios y dotaciones económicas también. Ahora bien, yo creo que lo mejor que puede hacer el Estado por los artistas es crear un ambiente artístico sano, en dónde haya espacios para expresarse artísticamente. Y tristemente parece que nos alejamos de eso, ya los teatros en Costa Rica, como el Teatro Nacional, el Teatro Melico Salazar o el Teatro de la Danza ya no son espacios para los artistas, sino son salas de alquiler”.

También enfatizó en la necesidad de reforzar esos espacios para que por ejemplo, los compositores puedan dar a conocer su trabajo, lo que significa temporadas de música costarricense con la Orquesta Sinfónica Nacional o con otros ensambles de cámara, así como llevar esta música a todas las provincias del país.

En este sentido, expresó que se deben fortalecer las alianzas con las instituciones autónomas, como las universidades públicas y que éstas continúen poniendo al servicio de la comunidad artística sus espacios y proyectos que lleven a un crecimiento cultural de la población, no solo del Valle Central sino también de las áreas rurales.

También destacó la labor que desempeñan otras instituciones estatales como la Orquesta Sinfónica Nacional o la Orquesta Sinfónica Juvenil, que hacen un formidable trabajo muchas veces pese a las disposiciones del Ministerio de Cultura y Juventud.

Para Carlos Escalante el trabajo no termina. Acaba de concluir la banda sonora para la película Frankenstein, un proyecto de la Universidad de Texas, que se presentará en varios lugares de Estados Unidos. Además, está colaborando en un largometraje del director Andrés Heindenreich y en un cortometraje de Antonio Bolandi.

Andrea Marín Castro

Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR

UCR, Voz Experta: Ley de Empleo Público, ¿por qué estamos aquí y hacia dónde vamos?

Publicado el 12/04/2023. Publicado en Derechos.

M Sc. Angélica Vega Hernández, directora de la Escuela de Administración Pública. Foto: Karla Richmond, UCR.

El país debería promover nuevas habilidades en la función estatal

Como todo cambio, esta reforma tiene adeptos y enemigos, gente que gana y gente que pierde.

Nuevamente nuestro país se encuentra en una discusión acalorada respecto a la Ley Marco de Empleo Público.

Quiero detenerme en el análisis del por qué ha sido tan complicada una verdadera modernización del empleo público. Es cierto que puede haber muchas visiones válidas; sin embargo, quisiera apuntar tres que veo con claridad: la mala calidad del servicio, los intereses de tercerización y la crisis presupuestaria.

En la primera tenemos responsabilidad todos los funcionarios públicos, quienes de una u otra forma nos hemos escudado en beneficios como la estabilidad y derechos adquiridos para mantenernos en el puesto, en algunos casos sin esfuerzo, calidad e incluso sin la ética necesaria en el servicio que prestamos. Evidentemente, la sociedad está cansada, e incluso nosotros mismos como empleados estamos hastiados de conocer personas en el trabajo que realmente son un gasto para la institución y generan sobrecarga a los equipos, mientras las jefaturas no pueden o no quieren accionar al respecto.

El segundo es la tendencia en nuestro país, desde hace ya más de 30 años, del traslado de los servicios públicos al sector privado, algo que ya se ha logrado en muchas áreas: la banca, la educación primaria y secundaria, las telecomunicaciones y el sector salud. La apuesta ha girado en torno a la premisa de que el sector privado da resultados de altísima calidad con respecto a la función pública, situación que – hemos constatado – está muy lejos de ser cierta… Pero la peor parte es la desigualdad que ha generado este fenómeno.

Como ejemplo concreto de lo anterior, hoy nuestra sociedad debe contribuir a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y además pagar por servicios tercerizados de salud para atención primaria, pero que en ningún caso atienden casos agudos de pacientes, operaciones delicadas y tratamientos de largo plazo; para este tipo de complicaciones, la persona debe ir a los hospitales de la CCSS. Al final el pago es doble y el sector privado no da una respuesta semejante a lo que ofrece el sector público hasta el presente.

Finalmente, la eterna crisis presupuestaria de nuestro país. Esta siempre es más grande y preocupante, y se ciñe en los recortes del gasto público. Por ende, todas las instituciones estatales han sufrido estos recortes en sus recursos desde los años 80 y, desde entonces, se ha creado una idea del funcionariado público como enemigo de la ciudadanía: personas vagas, incompetentes, desleales y poco preparadas.

Derribando mitos del funcionariado público

Los estudios muestran que los servidores públicos – en su mayoría – tienen grados universitarios y desarrollan efectivamente una carrera administrativa. Además, en el sector estatal los salarios mantienen paridad de género y políticas de no discriminación en las contrataciones, pautas difíciles de encontrar actualmente en el sector privado.

Esta es una realidad que persevera, a pesar de que hace más 30 años “se le vende” a la población que nuestro sector público es de pésima calidad. Si fuera así, la atención de la pandemia por el COVID-19 hubiera sido absolutamente diferente a lo que fue, pues dicho sea de paso, esta crisis sanitaria fue enfrentada casi en su totalidad por el sector público costarricense.

Los recortes y la mala imagen que se ha forjado del servidor público ha generado, sobre todo, un sinsabor de la población, en beneficio de sectores privados que reciben ganancias de esta dicotomía falsa que se le inculca a la población y que busca un “buen servicio”, pero que no resuelve las necesidades de nuestro país: salud de calidad, educación de calidad, trabajo de calidad, vivienda de calidad y seguridad de calidad.

Lo preocupante de este contexto es que la Ley Marco de Empleo Público se enfoca en un único elemento: el presupuestario. La consigna es recortar salarios, porque son desiguales y excesivos. Sin embargo, ni el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, ni el de Hacienda, ni tampoco la Dirección General del Servicio Civil muestran estudios de mercado, con datos y evidencia, para establecer esa nueva escala global. Al parecer, la referencia es que las remuneraciones “se parezcan” a las del sector privado; sin embargo, olvidan que este se caracteriza por tener salarios bajos y desiguales. Parece imposible que con en esta ley podamos tener, cuando menos, un análisis de mercado de salarios respecto al costo de vida, que es el más alto en la región.

El destino incierto del empleo público

La pregunta final es: ¿hacia dónde vamos? Si no se percibe con seriedad que estemos frente a una reforma de toda la dinámica de empleo público y no solo de un ajuste de salarios a la baja, vamos a empeorar aún más las condiciones laborales de la población y esto impactará negativamente en el servicio público, de forma indudable.

En el corto plazo, las personas en la función pública desistirán de crecer en las organizaciones, las más preparadas probablemente se trasladarán a sectores privados o comenzarán a salir del país a buscar mejores condiciones (sí, en Costa Rica tenemos mucho capital humano de exportación en las instituciones públicas). En el mediano y largo plazo no habrá incentivos para permanecer en el servicio público, lo que traerá efectos adversos sobre la competitividad del país.

Este no es un asunto menor. Mientras en nuestro país se minimiza la función pública, en Europa no solo se potencia, sino que también se discute cómo se prepararán las personas para atender servicios con inteligencia artificial y qué otras innovaciones tecnológicas deberán implementar; además de cómo se perfilan para servir a las poblaciones de adultos mayores y cuáles nuevas habilidades de participación social van a requerir. Estos temas no se discuten en la Ley de Empleo Público, pues su texto se limita al recorte del gasto y esto es absolutamente preocupante de cara la tendencia internacional.

La función pública es responsabilidad de todos. Las personas funcionarias debemos tener claro que no trata solo de estar contratado por el Estado, sino de una posición estratégica desde donde se diseña y se construye el país día con día. Espero que las autoridades hagan una reflexión importante sobre la amplitud de las decisiones que se toman hoy y abran rutas de discusión que hagan de nuestra función pública una plataforma de innovación y desarrollo, porque realmente eso es lo que nuestra población requiere, pero que la discusión actual de la ley no lo promueve.

M Sc. Angélica Vega Hernández
Directora de la Escuela de Administración Pública, UCR

Frontera sociopolítica de la industria piñera vs el Estado. ¿Desterritorialización o reterritorialización capitalista?

Publicado el 16/11/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Wendy Navarro Abarca, Hellen Bonilla Rivera, Carlos Zúñiga Álvarez

El Estado costarricense, cómo organización política, fuera de desempeñar un papel protector a lo largo y ancho del territorio nacional, desvirtúa su función cara a las periferias, mismas que a través del recuento histórico han permanecido invisibilizadas; ya que las diferentes manifestaciones de gobierno reflejan el enfoque hacia el centro del país.

Es así, como ciertas transnacionales han entrado al país aprovechando los vacíos de poder estatal, con el objetivo de malversar recursos naturales, aprovechando estos para la producción piñera, misma que genera deterioro ambiental. También, da a cambio a las personas menos de lo que les corresponde. Con ello han logrado implantarse dentro del territorio nacional para fines capitalizados de agricultura extensiva, al mismo tiempo que sacan beneficios de la mano de obra barata (explotación) en las periferias. De manera que, el abandono del Estado ha minimizado la protección de los ciudadanos y sus necesidades, representando así una región que se adhiere a los precarios beneficios de la hegemonía piñera.

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Este último ente, que se adjudica con una vehemente participación en el desarrollo socio-económico, para la estructura de carácter relacional llamado territorio nacional. Ha desamparado principalmente a sectores encarecidos atinentes a zonas rurales, donde la industria piñera se posiciona como “benefactora” de la población rural, debido a la contribución que realiza como parte de la “Responsabilidad Social Corporativa”. El abandono ha desencadenado un proceso donde los actores locales están siendo desplazados y poseen poca capacidad de ejercer en su territorio, debido a procesos de dominación de empresas capitalistas “desterritorialización”.

Ejemplificando cómo esta desterritorialización inherente a la práctica capitalista, es parte del debilitamiento del Estado y la ausencia de fuerza dentro de las fronteras. Se refleja la inoperancia estatal, como pacto de intransigencia Estado- multinacional, que fundamenta el daño colateral del impacto socioambiental de la actividad piñera, cediendo a la entidad multinacional el rol que por deber le corresponde al gobierno.

Claramente, el Estado como organización protectora/paternal será el principal señalado por invisibilizar estas regiones periféricas (rurales en su mayoría). Pero ¿realmente se puede adjudicar al Estado la responsabilidad completa de este “abandono”? o ¿la población -generalizando- de estas regiones también deciden, de cierto modo, darle la espalda al Estado en presencia de estas industrias extranjeras? En este caso, en la actualidad muchas de estas zonas le dan la espalda al Estado debido a que están cansados de buscar ayuda, buscar oportunidades donde no se las han dado.

Por ello, se han presentado casos en comunidades piñeras y de palma, donde la población reafirma su apoyo a las industrias transnacionales, pues ven en ella una fuente de ingreso segura, una contribución al desarrollo como comunidad. El Estado se había mantenido completamente ausente de brindarles una oportunidad. Se resalta que, estas ayudas representan migajas para la totalidad de ganancias que estas trasnacionales perciben.

Por un lado, tenemos la inacción del Estado en términos de la libertad que brinda a estas compañías, por otra parte, el apoyo/respaldo que estas compañías encuentran en las comunidades abandonadas. Se da lugar a un proceso de reterritorialización, por medio de procesos de reconfiguración socio-económica, político-cultural y simbólico-cultural.

Ahora bien, conociendo los factores económicos como el motor de casi todos los sistemas y organismos presentes, podemos ver la relación Estado-transnacional como un mutualismo entre ambas organizaciones; es decir, hay un beneficio para las diferentes partes en cuestión. Esto no implica que la relación sea la correcta o adecuada, pero es una que ha funcionado tanto al Estado como a muchas comunidades que se sostienen con la presencia de estas compañías de gran envergadura e importancia.

Siendo así cómo este fenómeno social destituyó al Estado de su función, para poder conciliar los derechos naturales de todo ser, implicando una crisis ambiental, como daño colateral. Donde el ente protector además de abandonar su ejercicio en zonas altamente susceptibles, redirige las funciones a trasnacionales. Los cuales no tienen responsabilidad social propia con el país, pero terminan siendo apoyadas por las masas periféricas y el Estado, descuidando la política verde y la marca país bajo una repercusión de peligro ambiental.

Generando una frontera socio-política de la industria piñera vs el Estado, para las poblaciones periféricas excluidas del ojo estatal que se resguardan en una trasnacional que les ofrece más garantías y mayor compromiso comunal. Estos procesos están repercutiendo en la desterritorialización capitalista del Estado al ceder poder y responsabilidad, abriendo las puertas a la reterritorialización multinacional como método de escape a problemáticas socio-económicas y ambientales.

De esta manera, este ente por descuido provoca más problemas de los que está resolviendo. Y aunque quisiera arreglar la situación, en cierta forma no puede, en este punto hacer algo con conciencia social, que mejore las condiciones, es poco creíble y probable. Estas poblaciones seguirán venerando a aquellos que sí les brindan “apoyo”, esto sin importar que sean migajas y tenga como consecuencia una crisis ecológica inminente. Al final el principal culpable es el gobierno por desasistir a su población.

Imagen ilustrativa.

(El) papá Estado y algunos de sus hijos aprovechados

Publicado el 24/10/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

COLUMNA LIBERTARIOS Y LIBERTICIDAS (34).
Tercera época.
Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense.

“A sus 102 años, el combatiente republicano español Virgilio Peña le llegó el reconocimiento de Francia a finales del mes pasado, sólo dos semanas antes de morir. Nombrado caballero de la Orden Nacional de la Legión el pasado 24 de junio, falleció este miércoles en Billère (Pau), comunista desde su adolescencia, combatió en la guerra civil española y luego en la Resistencia Francesa hasta que fue deportado al campo de concentración de Buchenwald. Allí compartió el barracón número 40 con Jorge Semprún, el político y escritor español muerto hace cinco años. Carlos Yárnoz Páris 7 de julio 2016 EL PAÍS España.”

Gracias a los contornos de la figura con que se nos muestra, a partir de su existencia efectiva como una entidad abstracta pero que se materializa de muchas maneras, a la que con cierta ironía y no sin una dosis de cinismo desembozado, algunas gentes llaman (el) Papá Estado, a costa del que unos cuantos se hacen “empresarios” o rentistas, con los recursos que todos aportamos, se pone de manifiesto una esencial paradoja: Todo lo anterior, como resultado de la acción reiterada de un padre benévolo, a cuya sola mención acuden por conveniencia propia, como algo que les resulta muy beneficioso invocar, bajo la modalidad de una institucionalidad que protege los intereses del capital financiero, con sus corridas especulativas tipo ALDESA o las supuestas “inversiones” con fondos de pensiones del IVM, del llamado ROP o del de capitalización del magisterio nacional, cuya recuperación ha resultado ser más que dudosa.

En cambio, si desde el Estado se protegen (o cautelan) los intereses de las mayorías nacionales se hace un anatema de su existencia misma, alegándose que está quebrado (sin decir, desde luego, ¿quién lo quebró, en el caso de que sea cierta semejante afirmación?), estableciéndose el fin de una cierta fiesta, a la que no fuimos invitados, la que se terminó se nos dice y ha llegado la hora de apretarnos los cinturones, los de ellos y no los de cierta casta que ha usufructuado de los recursos públicos durante muchas décadas, desde prácticas mercantilistas que sólo llevan el nombre de “capitalistas” y en un medio sociopolítico donde el libre mercado no pasa de ser una ficción.

Esos mismos son los que se burlan de los trabajadores rurales y urbanos, cuyas conquistas sociales durante las primeras décadas del siglo anterior representaron una importante mejoría en sus vidas. Es el caso de los campesinos de Andalucía, Extremadura, Castilla, Aragón y Levante en la España anterior a la Segunda República, proclamada el 14 de abril de 1931, como un hecho histórico inexistente en este mundo totalitario de la posverdad en que vivimos, que más nos recuerda a aquella distopía orwelliana de la novela “1984” que a las democracias de baja intensidad, o de mentirillas en que las vivimos en esta primera mitad del nuevo siglo.

Cuenta el viejo combatiente republicano de varias guerras, incluida la incivil ocurrida en España, de 1936 a 1939, el inolvidable Virgilio Peña, fallecido a los 102 años en el exilio francés, a quien aludimos en el epígrafe, que en su natal tierra cordobesa hasta 1931 los campesinos andaluces trabajaban desde el alba hasta que se ponía el sol y daba inicio a la noche, razón por la que, entre muchos otros, no pudo estudiar ni las primeras letras durante su infancia y juventud en las que tuvo que trabajar en esas condiciones hasta que la república implantó las ocho horas de trabajo en los campos y las siete y media para las labores más duras en el agro, además de abrir una serie de ventanas que permitieron a muchos de sus contemporáneos acceder a la educación formal e informal.

Mientras los republicanos españoles de la década de los treinta del siglo anterior saludaban la llegada de esas reivindicaciones sociales tan importantes y los de estas latitudes centroamericanas daban sus primeras batallas, nos encontramos que casi una centuria después los que reivindican al Papá Estado, de manera oportunista, lo buscan o procuran como uno mínimo, sin inversiones en lo social, ni tampoco en la cultura y la educación, o al menos reduciéndolas a su mínima expresión…como en aquella vieja canción de Joan Manuel Serrat es ahora cuando…vamos bajando la cuesta que arriba en mi calle se acabó la fiesta ¿la tan ficticia de los pobres o la interminable de los ricos liberticidas?