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Etiqueta: Estado

“Justicia pronta para Sergio Rojas Ortiz, su familia y el Pueblo Bribri de Salitre”

Escrito en . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte el siguiente pronunciamiento público:

Las personas y agrupaciones abajo firmantes, todas integrantes de organizaciones,  comunidades, proyectos sociales o académicos, comprometidas con el bien común, el bienestar social, los derechos humanos y los derechos de los Pueblos Originarios, hacemos pública nuestra preocupación y nuestras exigencias ante las circunstancias que se vienen dando, sin la debida atención de las autoridades judiciales y del Estado costarricense, en relación con la investigación del asesinato del líder Sergio Rojas Ortiz.

Considerando que:

  • El 18 de marzo del 2019 murió asesinado de 15 balazos, en su casa de habitación, en la comunidad de Yeri de Salitre, Sergio Rojas Ortiz, bribri costarricense, líder comunitario, defensor de derechos indígenas. Sergio era beneficiario directo y de forma individual de medidas cautelares (medidas MC321 – 12), impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Costa Rica desde abril del 2015, precisamente por haber sido amenazado de muerte de manera sistemática y por haber sufrido otros atentados desde el 2012, todos relacionados con su participación en la recuperación de tierras indígenas en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas. El asesinato de Sergio Rojas se dio 4 años después del establecimiento de las medidas cautelares por parte de la CIDH, sin que el Estado costarricense realizara las acciones necesarias para responder de manera efectiva a dichas medidas.
  • Pocos días después de cometido el asesinato, el 22 de marzo del 2019, la CIDH repudió el crimen contra Sergio Rojas Ortiz y le recordó al Estado costarricense que el líder indígena se encontraba en una grave situación de riesgo, de ahí que desde el 2015 se le otorgaran medidas cautelares por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, las cuales se establecieron para garantizar su vida e integridad personal. Además, la CIDH hizo énfasis en la importancia de una oportuna investigación de las fuentes de riesgo para la vida del líder indígena y los miembros de los pueblos Teribe y Bribri de Salitre, así como en incluir como línea de investigación del asesinato la hipótesis de que este crimen pudiera haber sido cometido en razón de la actividad de defensor de derechos humanos que ostentaba Sergio Rojas Ortiz.
  • Un año después del homicidio, el 18 de marzo del 2020, la CIDH volvió a pronunciarse, esta vez sobre la situación de violencia, amenazas y hostigamiento que sufren líderes indígenas y personas defensoras de los derechos humanos en el contexto de la investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz. En este momento, la CIDH advirtió sobre la carencia de avances significativos en el enjuiciamiento de los responsables del asesinato del líder indígena e hizo un llamado enérgico al Estado costarricense sobre su obligación de investigar este caso de manera seria, profunda e imparcial, lo que permitiría sancionar oportunamente a los responsables intelectuales y materiales.
  • En setiembre del 2020, 18 meses después del asesinato, se dio a conocer la solicitud de desestimación de la investigación respectiva por parte del Ministerio Público. Tal solicitud se realizó bajo el alegato de la imposibilidad de resolver el caso, debido a la negativa reiterada del Juzgado Penal de Buenos Aires de Puntarenas de autorizar allanamientos necesarios para avanzar en el proceso de esclarecimiento del crimen.
  • Unos pocos días después, el 25 de setiembre del 2020, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un vehemente llamado al Estado costarricense para que no archivara la investigación. Además, invocó y recordó lo externado por Michael Forst (ex Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos), Victoria Tauli Corpuz (ex Relatora Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas) y Agnès Callamard (Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias) en cuanto a la importancia de que las autoridades costarricenses lograsen identificar y sancionar a los autores intelectuales y materiales del asesinato del líder indígena.
  • Gracias a los llamados de la ONU y la CIDH, así como de diversas organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, académicos y miembros de los distintos Pueblos Originarios del país, y luego de una audiencia con el abogado y con la familia de Sergio Rojas, realizada el pasado 3 de diciembre, el Juzgado Penal de Buenos Aires, en fecha 14 de enero del 2021, rechaza la solicitud de desestimación del caso y resuelve que la investigación debe continuar en atención de la “debida diligencia”.
  • Los días 21 y 22 de enero del presente año, el medio de comunicación digital “CrHoy.com” publicó varios reportajes basados en el expediente judicial 19-000178-0990-PE, correspondiente al caso del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, en los que se hace especial referencia al informe elaborado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Esta publicación se hace a pesar de tratarse de un proceso de investigación penal en curso, para el que la ley establece confidencialidad. Las notas periodísticas publicadas aportan una serie de detalles de la investigación judicial que evidencian una clara, sospechosa e intencionada filtración de la información de este expediente tutelado por las instancias judiciales, lo que podría incidir de manera negativa en el desarrollo de la investigación, a la vez que expone a riesgos adicionales a las personas informantes.
  • En enero del 2020, la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica encargada de analizar el expediente #21360, emitió un informe respecto al caso (expediente Nº 21360), en el cual se interpela a las autoridades costarricenses para que, entre otras importantes acciones, redoblen esfuerzos a fin de garantizar la protección efectiva e inmediata de los derechos de los Pueblos Originarios y de las personas que integran sus comunidades, para asegurar la incorporación de la perspectiva multiétnica y pluricultural en la aplicación de la justicia y para detener la violencia y la impunidad, así como todo acto de discriminación y racismo en el país. A la vez, mediante dicho informe, la Sub-Comisión hizo un llamado vehemente a la Fiscalía General de la República para que continúe con la investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz y para que aplique toda la pericia de que dispone para obtener la prueba que individualice a los responsables y le permita al Estado castigar el crimen cometido contra el líder indígena.

Todos los hechos referidos anteriormente refuerzan las evidencias y la convicción de que el asesinato de Sergio Rojas Ortiz fue un crimen político producido en un contexto de creciente violencia física y simbólica, la cual se produce ante la falta de acción del Estado en materia de justiciabilidad de los derechos humanos de los Pueblos Originarios, en especial los derechos de orden territorial.

Estos hechos también generan dudas razonables acerca del manejo que se está haciendo del caso por parte de las autoridades judiciales, y son particularmente preocupantes porque parecen mostrar una tendencia inaceptable hacia la generación de condiciones para la impunidad de este crimen, lo cual, además de constituir una injusticia, afectaría de manera irreparable la credibilidad de nuestro Estado Social de Derecho. Al respecto, corresponde al Poder Judicial asumir un rol garantista de los derechos humanos, mediante la ejecución de todas las medidas que permitan brindar un adecuado acceso a la justicia, en especial para las poblaciones en condición de vulnerabilidad, como es el caso de los Pueblos Originarios.

Llamamiento público

Por tanto, ante la gravedad de todos los hechos reseñados, manifestamos públicamente y hacemos un enérgico y vehemente llamado general, en especial a las autoridades del Estado y a las instancias judiciales del país, en los siguientes términos:

  • APOYAMOS la denuncia interpuesta ante la Inspección Judicial y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por parte del Lic. Óscar Retana, abogado de la familia Rojas Lázaro, para que se investiguen las irregularidades que transgreden los Principios del Debido Proceso y Confidencialidad en el proceso, y para que sancione con todo rigor a los responsables de filtrar la información del expediente 19-000178-0990-PE a la prensa.
  • APELAMOS a las autoridades del Estado a acoger y atender todos y cada uno de los planteamientos del informe final de la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica que analizó el expediente #21360.
  • EXIGIMOS que se garanticen todos los principios procesales en este caso, especialmente el debido proceso, que se concluya con el esclarecimiento del asesinato de Sergio y que se dé acceso real a la justicia y reparación a la familia de Sergio y al Pueblo Bribri de Salitre.
  • RECORDAMOS la obligación que tienen el Estado costarricense y sus instituciones de garantizar la vida, la integridad física y los derechos de los Pueblos Originarios, así como de dar cumplimiento real y oportuno a las Medidas Cautelares y a la toda la legislación vigente relacionada con los derechos de estos pueblos.
  • DEMANDAMOS la acción articulada de los distintos Poderes de la República para que se atiendan y resuelvan como corresponde, conforme a los derechos humanos de los Pueblos Originarios, los conflictos de usurpación de territorios indígenas costarricenses, causa estructural de la violencia en estos territorios.
  • ADVERTIMOS nuestra decisión de mantenernos vigilantes y fieles a nuestras obligaciones ciudadanas, para que la institucionalidad pública se respete y actúe conforme al marco jurídico nacional e internacional que protege y garantiza los derechos humanos de los Pueblos Originarios costarricenses, así como la vida y la justicia para sus defensores.

¡No más impunidad!

Organizaciones y Personas Firmantes

Organizaciones Internacionales

  1. Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA (México)
  2. Tequio Jurídico A.C. (México)
  3. Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), México
  4. Movimiento por la Defensa de los Territorios y Ecosistemas de Bocas del Toro (MODETEAB), Panamá
  5. Regional Latinoamericana de la UITA (Rel UITA). Montevideo, Uruguay
  6. Feministas Periféricas Dementes, Madrid
  7. O Istmo, Red Centroamericanista
  8. GT-CLACSO, El Istmo Centroamericano Repensando los Centro

Organizaciones nacionales

  1. Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa, Pueblo Bribri de Salitre
  2. Concejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cajc
  3. Organización Autónoma Gwrvechi Kare, Territorio Ngäbe, Conte Burica
  4. Recuperadoras/es Cabécares de Kerpego
  5. Recuperador@s Cabécares de Kono Jú.
  6. Recuperador@s Cabécares de Sekeirö Kaska
  7. Recuperador@s Cabécares de Yuwi Senaglö.
  8. Asociación de Desarrollo Indígena de China Kichá.
  9. Recuperadoras Cabécares de Sá Ka Duwé Senaglö
  10. Recuperador@s Broran de Crun Shurin
  11. Recuperador@s Broran de Finca San Andrés
  12. Alaklä Sulú Takïlï Wëmi, La Fortaleza de la Mujer Maíz por Siempre
  13. Asociación de Mujeres Mano de Tigre, Orcuo Dbön
  14. Asociación de Productores de Finca 10
  15. Comité de Lucha por la Tierra de finca Chánguena
  16. Cootraosa R.L.
  17. Comité de Lucha por la Tierra de kilómetro 37, Golfito y Corredores.
  18. Asociación para la defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP)
  19. Comité de lucha por la tierra de Finca Venecia
  20. SOJUPANO, Palmar de Osa
  21. Tierra para el Campesino de Finca Puntarenas (TIPAELCA)
  22. SERBUSUR, Finca Puntarenas
  23. Proyecto Conflictos territoriales e interétnicos en Buenos Aires, Costa Rica: aportes interdisciplinarios para su resolución, CIAN-UCREA, UCR
  24. Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED)
  25. Asociación Nacional de Educadores (ANDE)
  26. Asociación Ambientalista Shurakma
  27. Voces Nuestras
  28. Asociación de Iniciativas Populares Ditsö
  29. Coordinadora de Lucha Sur Sur
  30. Proyecto TC635-Comunicación y Cambio para el Buen Vivir, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, UCR
  31. Proyecto ED3526 – Educación Popular y Geografía: Análisis de la conflictividad socio ambiental en territorios rurales de Costa Rica del Programa Kioscos Socioambientales, UCR
  32. Asociación Proyectos Alternativos PROAL-PACUARE
  33. Radio Machete
  34. Campamento Audiovisual de Mujeres y Territorios, Programa Kioscos Socioambientales-UCR, EC-519
  35. Coordinación General del Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria-UCR, EC-3555
  36. Observatorio Bienes Comunes Agua y Tierra, EC-518
  37. Programa de Gestión Local, UNED
  38. Ríos Vivos
  39. Bloque Verde
  40. La Barriada
  41. Colectiva Caminando
  42. Departamento Ecuménico de Investigación (DEI)
  43. Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe
  44. Red Indígena de Gestores Locales del Pacifico Sur – RIGELOPS
  45. Frente Autónomo de Lucha de los Barrios del Sur
  46. Colectivo CEAAL Costa Rica
  47. Trincheras Expresión Artística
  48. Hablemos de Derechos Humanos
  49. La Cadejos, Comunicación Feminista
  50. Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica
  51. Frente Ecologista del Tecnológico de Costa Rica
  52. Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria
  53. Asociación ciudadana ACCEDER
  54. Escuela de Biología, UCR
  55. Grupo de Trabajo Pensamiento Geográfico Crítico Latinoamericano (CLACSO)
  56. Hablemos de Derechos Humanos
  57. Movimiento Ríos Vivos
  58. Centro Demostrativo de Sostenibilidad
  59. Partido Frente Amplio
  60. Akoben Colectiva Afrofeminista
  61. Grupo de Pesquisa Derecho y Sustentabilidad Socioambiental (GPDS), Facultad de Derecho, UCR
  62. Coordinación, Observatorio sobre la gestión de los conflictos socioambientales en el espacio urbano, Facultad de Derecho, UCR
  63. Proyecto Conflictividad social y su intervención a través del proceso de mediación en el contexto socioambiental costarricense, IIJ-UCR
  64. Asociación Comunidades Unidas para un Desarrollo Ecológico y Sustentable
  65. Colectivo Radio Andante
  66. CEP-Alforja
  67. Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Drogas (ACEID)

Personas

  1. Marvin Amador Guzmán, docente Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, UCR
  2. Mariano Sáenz Vega, sociólogo, investigador del Centro de Investigaciones en Antropología (CIAN), UCR
  3. Yasy Morales Chacón, docente Escuela de Sociología, Programa de Economía Social Solidaria, UCR.
  4. Juan Carlos Cruz-Barrientos, comunicador social jubilado
  5. Liliana Monge Sánchez, docente Escuela de Trabajo Social UCR
  6. Luis Paulino Vargas Solís, Director CICDE-UNED
  7. Xinia Zúñiga Muñoz, investigadora CICDE-UNED/UCREA-UCR
  8. Carmen Caamaño Morúa
  9. Lucía Molina Fallas
  10. Andrés Dinartes Bogantes
  11. Pablo Sivas Sivas (conocido como Pablo Sibar Sibar)
  12. Daniel Torres Sandí, Sociólogo
  13. Jorge Zeledón Pérez
  14. Eva Carazo Vargas, investigadora CICDE-UNED
  15. Rebeca Gu Navarro, docente Escuela de Ciencias Políticas, UCR
  16. Gustavo Gatica López, investigador CICDE-UNED
  17. Mauricio Castro Méndez, docente e investigador, Facultad de Derecho e Instituto de Investigaciones Jurídicas, UCR
  18. Dylanna Rodríguez Muñoz, docente Programa Kioscos Socioambientales y Escuela de Ciencias Políticas, UCR
  19. Laura Álvarez Garro, profesora asociada, UCR
  20. Gerardo Hernández Naranjo, docente Escuela de Ciencias Políticas, UCR
  21. Ana Tristán Sánchez, jubilada del Poder Judicial
  22. José Gabriel Rivas Ducca, biólogo, activista ecologista
  23. Raquel Molina Huezo, comunicadora y profesora
  24. Paulo Coto Murillo, profesor Posgrado en Sociología, UCR, investigador CICDE-UNED
  25. Marcela Moreno Buján, investigadora UCREA-UCR
  26. Carlos Peralta Montero
  27. Claudia Palma Campos
  28. María Eugenia Bozzoli
  29. Guillermo García Segura, director de la Escuela Sindical de ANDE
  30. María del Carmen Araya Jiménez
  31. Helga Arroyo Araya
  32. Roberto Castillo Vásquez
  33. Freddy Humberto Vargas Chavarría
  34. Juan Antonio Gutiérrez Slon, sociólogo e historiador, Centro Investigaciones en Cultura y Desarrollo (CICDE), UNED.
  35. César Moya Aburto, investigador del Centro Investigaciones en Cultura y Desarrollo (CICDE), UNED.
  36. Mariana Delgado Morales
  37. Miguel Regueyra Edelman
  38. Douglas Esquivel González
  39. Erick Mauricio Zúñiga Monterrosa
  40. Luis Emilio Cortés Ugalde
  41. Gustavo Oreamuno Vignet
  42. Andrés Pages Zamora
  43. Giancarlo Andrade Colón
  44. Ángel Molina Fernández
  45. Lilliam Marbelli Vargas Urbina
  46. Israel Azofeifa Retana
  47. Benjamín Hernández Domínguez
  48. José Ramírez Aguilar
  49. Nayla Carvajal Sancho
  50. María Paula Barrantes Reynolds
  51. María José Víquez Barrantes
  52. Silvia Castillo Morales, estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica
  53. Isis Campos Zeledón, docente Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva
  54. Mariana Castillo Rojas
  55. Melissa Mendiola Vásquez, Instituto de Estudios Latinoamericanos (IDELA), Universidad Nacional (UNA)
  56. Alberto Gutiérrez Arguedas
  57. Ciska Raventós Vorst
  58. Mario Zúñiga Núñez, director, Escuela de Antropología, Universidad de Costa Rica
  59. Patricia Mora Castellanos
  60. Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria
  61. Sergio Villena Fiengo
  62. José Luis Arce Sanabria
  63. Onésimo Rodríguez Aguilar
  64. Teresita Ramellini, Universidad de Costa Rica
  65. Ivania María Rojas Herrera
  66. Rafael Cuevas Molina
  67. Claudio Vargas Arias
  68. Osvaldo Durán Castro/Sociólogo ITCR-FECON
  69. José Julián Llaguno Thomas, Instituto de Investigaciones Sociales, UCR
  70. Manuel Peralta Reyes
  71. Isabel Avendaño Flores, docente, Facultad de Ciencias Sociales
  72. Irma Arguedas Negrini
  73. Jeisson Gutiérrez Pizarro, bachiller universitario, Heredia
  74. Olman Bolaños Vargas
  75. Pedro Salguero Aguilar
  76. Henry Mora Jiménez
  77. Alexis Rodríguez Brenes
  78. Jaime García
  79. Guadalupe Urbina
  80. Yerling Ruiz Vásquez
  81. Meibell Solera Fernández
  82. Marcela Dumani Echandi
  83. Mariana Zumbado
  84. Maritza Marín Herrera, Escuela de Estudios Generales, Universidad de Costa Rica
  85. Gaus Monge
  86. David Solís Aguilar
  87. Guido Barrientos
  88. Christoph Burkard
  89. Carol Castro Begnozzi
  90. José Ignacio Ureña Umaña
  91. Emanuel Villamil Chinchilla
  92. Cinthya Soto
  93. José María Gutiérrez Gutiérrez
  94. María Elena López Núñez
  95. Juan Fernando Cerdas Albertazzi
  96. Carolina Serrano
  97. Andrey Morales Méndez
  98. Héctor Ferlini Salazar, SURCOS Digital
  99. Carlos Cruz Chaves
  100. Ariel Robles Barrantes, académico, Regidor Municipal de Pérez Zeledón
  101. Doriam Chavarría López
  102. Liz Brenes Cambronero, Sede de Occidente, Universidad de Costa Rica
  103. María Esther Montanaro Mena
  104. Arturo Montanaro
  105. Ana Marcela Montanaro
  106. Mauricio Álvarez Mora, IDELA-UNA y Proyecto ED3526 – Educación Popular y Geografía
  107. Nery Chaves García
  108. Guillermo Acuña Gonzáles, investigador del Programa Migraciones, Cambio Social e Identidades (IDESPO-UNA)
  109. Adelina Salazar Altamirano, Chacarita # 3
  110. Jacqueline Hernández Contreras
  111. Óscar Jara Holliday
  112. Onésimo Rodríguez Aguilar
  113. Mario Zúñiga Núñez
  114. Carolina Quesada Cordero
  115. Keilyn Rodríguez Sánchez
  116. Ana Cristiana Aguilar Vega
  117. María Ramírez Chinchilla
  118. Paula León Saavedra
  119. Gerardo Miguel Alarcón Zamora
  120. Vania Solano Laclé
  121. Melania Mayela Portilla Rodríguez
  122. Ernesto Cortes Amador
  123. Denia Román Solano
  124. Gerardo Cerdas Vega

Para ver el documento oficial haga click

ComunicadopublicoSergioDescarga

La Constitución Política de MIDEPLAN

Escrito en . Publicado en Análisis, Trabajo.

“ciegos que ven, ciegos, que viendo, no ven.” (Saramago)

Manuel Hernández

La Ministra de Planificación lamentó que la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, aprobara una moción de alto voltaje, en virtud de la cual la tan acariciada rectoría de la gobernanza del empleo público se transfiere de MIDEPLAN a la Dirección General de Servicio Civil.

Pero no solo se quedó en el desconsuelo, sino, además, advirtió que esa sorpresiva huida de competencias puede tener problemas de constitucionalidad.

Así es, ahora la Ministra se nos convirtió en emergente escudera de la Norma Suprema de la Nación, de la propia Constitución que la tienen haciendo aguas desde que asumieron el poder.

La reconvención ministerial que impele la corrección política, para que el desaguisado proyecto vuelva por su fuero original, obliga a preguntarse: ¿A cuál Constitución apela con tanta vehemencia la jerarca de Gobierno, por la que ahora se viene a rasgar las vestiduras?

¿A la Constitución radicada en la Lex Mercatoria, en el dogma fundamentalista de menos Estado y más mercado, redactada en los astilleros de la OCDE y el FMI?

¿A la Constitución inspirada en la doctrina de Friedman, Buchanan y Hayek, a ese neoconstitucionalismo económico, que impusieron a sangre y fuego en el régimen de Pinochet?

¿A la Constitución del Estado de derechas, plutocrático, que proscribe el pluralismo y la legitimidad política del conflicto social?

A la titular de MIDEPLAN le duele en el alma, más que a nadie, aquella transferencia de competencias de una institución a otra, invocando al paso un problema de constitucionalidad; pero, por contrario, no ve que tenga un grave problema de constitucionalidad la operación política de subordinar las autonomías de la Caja Costarricense de Seguro Social, las universidades públicas y corporaciones municipales, a la gobernanza totalitaria, ya sea de ese ministerio, o de cualquier otro órgano del Estado.

Tampoco ve ningún conflicto de constitucionalidad imponer a rajatabla el esquema de salario único global, a las y los funcionarios públicos que actualmente tienen un esquema de salario base más pluses, a contrapunto del principio de irretroactividad de la ley, Pilar del Estado de Derecho, consagrado en el artículo 34 constitucional.

Mucho menos un problema de constitucionalidad que signifique la desafección de los derechos de ciudadanía social de las personas funcionarias, particularmente los derechos colectivos de representación sindical, negociación colectiva y el derecho fundamental de huelga, inherentes a cualquier sistema democrático.

Entonces, el agravio de constitucionalidad, como grito puesto en el cielo, que censura la Ministra, sólo se podría increpar en aquel modelo constitucional de facto, porque la Constitución del Estado Social y Democrático la tienen acorralada.

29/01/2021

Comunicado público de la Organización de Mujeres Mano de Tigre (DBÖN ORCUO)

Escrito en . Publicado en Derechos.

A 11 meses del homicidio de Jerhy Rivera, defensor de los derechos territoriales del pueblo Brorän, externa su preocupación por la falta de justicia.

Este 24 de enero de 2021, se cumplen 11 meses del homicidio de Jerhy Rivera, al ser atacado por un grupo de personas usurpadoras de las tierras indígenas del territorio de Térraba, destacamos que en esta fecha el pueblo Brorän sufrió una escalada de violencia desde el día anterior, donde se presentaron una serie de incidentes que atentaban contra la integridad física y territorial de los pobladores Brörán que defienden sus derechos y territorio.

Estos actos infringieron de una manera en extremo violenta contra la dignidad de un pueblo que se resiste a desaparecer, reivindicando su patrimonio territorial, anteponiendo sus cuerpos para lograr ejercer el pleno derecho a la tierra que por ley corresponde a sus descendientes.

Por acciones de omisión de un Estado lerdo e incapaz de resolver temas prioritarios y sensibles para garantizar la supervivencia de los Brorän. Urgimos al Estado a través del Ministerio Público, Fiscalía General y sus otros órganos de justicia, a responder con prontitud las diligencias necesarias para llevar pronto a los tribunales a los presuntos agresores a rendir cuentas, y ejercer justicia por la vida de Jerhy y el daño causado a nuestro pueblo, una justicia que no es caprichosa, sino es la misma justicia de la que el sistema judicial costarricense se vanagloria de aplicar.

Una vez más exhortamos a la comunidad nacional e internacional a levantar la voz por los derechos humanos que corresponde a la población indígena Térraba, derechos fundamentales de una democracia que se basa en un estado de derecho, y por lo que, de la manera más enérgica, exigimos la aplicación y cumplimiento de convenios internacionales sobre derechos originarios por parte del Gobierno costarricense, en aras de cumplir las obligaciones que como administrador de la nación posee.

 

Imagen tomada de la UCR.

El juzgado penal de Buenos Aires rechaza la solicitud de desestimación en la investigación del homicidio de Sergio Rojas Ortiz

Escrito en . Publicado en Derechos.

Óscar Retana Montenegro.
Abogado representante de las víctimas, familia Rojas Lázaro.
15 de enero de 2021

El Juzgado Penal de Buenos Aires dictaminó, en resolución notificada el 14 de enero 2021, que deben de continuarse los actos investigativos en torno al homicidio del líder indígena Sergio Rojas Ortiz, rechazando la solicitud de desestimación planteada por el Ministerio Público en setiembre anterior, y cuya audiencia se realizó el pasado 3 de diciembre de 2020.

Lo anterior debido a que el ente juzgador señaló que no se han agotado las herramientas investigativas disponibles, las cuales deben de evacuarse antes de solicitar la aplicación de los artículos 282 y 299 del Código Procesal Penal.

Resuelto lo anterior, el Ministerio Público tiene un plazo de 5 días hábiles para rectificar lo resuelto o manifestar su desacuerdo. En este último supuesto, debe el superior jerárquico, es decir la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, quien resuelva sobre la gestión.

La investigación penal de este homicidio debe continuar, siendo que la Fiscalía debe agotar las diligencias pendientes y realizarlas de manera exhaustiva, en cumplimiento de los estándares internacionales de debida diligencia, como lo ha definido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de acatamiento obligatorio para el Estado de Costa Rica: “La expresión “debida diligencia” se refiere a las acciones concretas exigidas a los Estados con el objeto de garantizar los derechos humanos y proteger a las personas de violaciones a sus derechos, en relación a la efectividad de las investigaciones y que obligan a la utilización de todos los medios disponibles para determinar la verdad de lo ocurrido y la identidad de los responsables”. (Corte IDH. Caso de la Masacre de La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 163, párr. 156.)

Foto: Compartida por Marcela Zamora-Cruz en redes.
Compartido con SURCOS por Mauricio Álvarez Mora

FMI y Empleo Público: ¿La última frontera?

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

La locura no tiene propósito o razón, pero puede tener objetivo
Sr. Spock. Stark Trek

Luis Andres Sanabria Zaniboni

En las últimas semanas asistíamos a la confirmación e inicio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para el acceso al Servicio Ampliado del Fondo. Este hecho ha provocado muchas intervenciones desde distintos sectores, que cada quien se coloca desde las diversas posiciones al respecto, sin embargo, un hecho resalta a todas luces, la decisión del Poder Ejecutivo de dar prioridad máxima a la Ley de Empleo Público como llave para las negociaciones con el FMI. No podemos dejar de mirar el proceso político-económico que viene adoptando el país y consolidado con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, esa hoja de ruta que hoy vuelve a confirmarse, debemos preguntarnos ¿Por qué esta necesidad de impulsar ese proyecto?

Si con la ley de Finanzas Públicas quedaba claro la postura de la carga impositiva regresiva del país y la protección de ciertos sectores económicos-financieros dominantes del país, la “Ley para brindar seguridad jurídica sobre las huelgas y sus procedimientos” perfiló la postura autoritaria ante el disenso y la criminalización de la protesta social, facilitando así la imposición de un supuesto “consenso” de los actores políticos, y el etiquetado a los disidentes.

Sin embargo, faltaba más, la Ley de Empleo Público procura realizar una reingeniería social sobre el Estado, basada en la anulación de la independencia y las autonomías de las instituciones, a través de la centralización de la política del empleo en MIDEPLAN, sin embargo, salta la primera pregunta ¿Qué hay del servicio civil?

Más allá de las percepciones que podríamos tener al respecto, que no se ignora la necesidad de repensar el empleo público, pero salta a la vista que esta postura no va en línea de la formalización laboral y protección de los derechos, sino como instrumento “austero” de los salarios, facilitando la congelación de estos y desregulación del empleo.

Como señalan muchos de sus defensores desde el Poder Ejecutivo hasta representantes de los mismos Organismos Financieros Internacionales, esta Ley coloca a Costa Rica en los “estándares internacionales”, sin embargo leamos esta afirmación detenidamente, estar dentro de dichos estándares para estos sujetos es la promoción de la desregulación laboral; la precarización de las condiciones de trabajo tanto de lugar de trabajo como de derechos, no podemos dejar de pensar lo que significó años atrás la movilidad laboral, en definitiva son formas de extorsión sobre los sectores trabajadores.

Y con esto, se consolida lo que muchas personas han señalado al respecto del Neoliberalismo, la erosión de la institucionalidad pública, grandes cascarones administrativos dedicados al pago de servicios profesionales, lo cual garantiza el desmejoramiento de los servicios y mercantilización de los derechos sociales, económicos y culturales, entiéndase la educación, la salud y la cultura de nuestro país.

Tal vez al leer esto ya lo pensó, el país continúa su ya reconocida vereda anti-sindical, si con el proyecto de Ley anti-huelga habían generado un consenso político de suprimir sindicatos (existía dicha cláusula, nada más que por extraño que parezca para estos sujetos era inconstitucional), este proyecto de ley procura cerrar los espacios de negociación colectiva de las y los trabajadores, profundizando así los alcances de las posturas autoritarias que están caracterizando a la formulación del tipo Estado que desean las élites político-económicas en esta época del “Consenso del Coronavirus”.

Podrían argumentarse con toda razón que nos encontramos en una crisis fiscal sin precedentes, pero les preguntamos aquí de todo lo que han propuestos los actores políticos ¿Qué asignaciones tienen que ver con la recuperación económica? A manera de ejemplo los grandes ausentes: política de empleo post-covid, alivio de deudas a la población, política de crédito blando para sectores productivos (pequeños y medianos), política contra la elusión y evasión fiscal integral o combate contra la morosidad de los grandes contribuyentes, impuestos selectivos sobre a las nuevas actividades económicas, por citar los grandes ausentes.

No es de extrañar que las grandes propuestas de negociación presentadas el pasado octubre 2020 fueran el calco y copia de las recomendaciones de la auditoría del FMI, así que para esta ocasión no podemos ser ingenuos, los supuestos “Acuerdos Multisectoriales” fueron una forma de legitimar esta negociación, ¿Cuánto de eso está en la mesa de negociación? Sumado a estas estrategias, el FMI invita a participar con 5 minutos para exponer, así legitiman su estilo participativo (tenemos que tomar nota esta será la nueva forma “participativa” para futuras negociaciones).

Por esta razón, es importante reconocer que la hoja de ruta está planteada lo que justifica el porqué de las contradicciones entre las y los negociadores, ya que las negociaciones tomarán el rumbo que este Organismos cite, hay consenso en las elites de las bondades para esta reingeniería del Estado, las desigualdades estructurales continuarán (precarización laboral y erosión de los servicios públicos) y el privilegio de algunos se consolida (exoneraciones, privatizaciones y desregulación).

Ante esto es necesario reconocer la importancia de la protesta social como instrumento de incidencia pública, eso sí mientras siga existiendo, pero claramente insuficiente, se hace necesario repensar la participación desde otros espacios, y debemos abordar la discusión desde otras propuestas de trabajar y abordar el déficit fiscal y la estabilidad financiera, pero la urgencia es evidenciar los intereses en conflicto y dejar claro que la apuesta de la población seguirá siendo por una sociedad inclusiva y solidaria.

 

Imagen tomada de CRONICON.

Rescate Nacional hace llamado para salir nuevamente a las calles

Escrito en . Publicado en Derechos, Trabajo.

SURCOS comparte el siguiente pronunciamiento y video:
Las personas, organizaciones y sectores abajo firmantes, hacemos de conocimiento público considerando:
PRIMERO. En el año de la conmemoración nacional del Bicentenario de la Independencia de la Patria, el 2021, la institucionalidad democrática costarricense está más vulnerable que nunca:
Cada vez más, miles de compatriotas sufren las consecuencias del desempleo, del aumento del costo de vida, de la reducción o congelamiento salarial, de la falta de oportunidades, de la exclusión de la economía, de la pobreza y de la desigualdad social.
Esta situación, que desde inicios del año anterior (2020), alcanzaba números preocupantes, se ha visto agravada llegando a cifras record alarmantes, ante la situación generada por “la llegada” del COVID-19 al país, por una parte; y por otra, la inoportuna respuesta del equipo económico del Gobierno y sus partidos aliados en la Asamblea Legislativa, a la situación antes descrita.
SEGUNDO. Quienes deciden las políticas públicas, han visto en el doloroso momento nacional actual, una oportunidad para profundizar un modelo económico concentrador y excluyente:
Cada vez más, cientos de miles de compatriotas vemos con preocupación, indignación e impotencia, cómo a pesar de experiencias que vivió la sociedad costarricense el año anterior; el 2021 inicia con la insistencia desde Gobierno y desde la Asamblea Legislativa, en impulsar como respuesta a la crisis sanitaria, económica y social, decisiones cuyo rumbo y consecuencias no hacen sino convertir el difícil momento que atraviesa el país, en una oportunidad para profundizar la receta económica que concentra riqueza en pocas manos, la cual viene en marcha en nuestro país desde los últimos 30 años, descartando cada vez más compatriotas de la economía.
Ante la exclusión social y económica en ascenso, las decisiones económicas que se impulsan nos colocan, nuevamente, a la sociedad costarricense en un punto delicado de polarización relacionada con la distribución del ingreso. Un gobierno, cuya gestión genera el mayor rechazo ciudadano de la última década y cuya imagen continúa en caída libre; y un grupo de diputados que siguen perdiendo legitimidad política real por su excesiva y descarada inclinación a favorecer al gran capital; ni unos ni otros tienen la autoridad moral para seguir polarizando al país que requiere soluciones equilibradas.
TERCERO. Las medidas económicas que impulsan el Gobierno y sus partidos aliados en la Asamblea Legislativa golpean a sectores claves para dinamizar la economía:
Es de suma preocupación, considerando el actual mega-período de sesiones extraordinarias que le otorga al Gobierno ocho meses para “mover sus hilos” en la Asamblea Legislativa, que lo inicie con iniciativas que afectan a sectores que dinamizan el mercado interno, el comercio, la producción, y a la sociedad costarricense en su conjunto; pero sin respuesta efectiva a problemáticas sectoriales reiteradamente señaladas. A saber:
a) Negociaciones de Gobierno de cara a convenio con el FMI: Costa Rica no necesita de convenio alguno con el Fondo Monetario Internacional. ¡Sobran alternativas! Como sectores sociales representativos de las diversas expresiones organizadas del pueblo costarricense, vemos con enorme preocupación que se descarte la enorme cantidad de aportes, procedentes de diversas fuentes, que se han venido planteando a fin de que, desde lo nacional, nos aboquemos a construir las soluciones hacia la crisis fiscal del país, sin necesidad de que tengamos que atarnos a organismos financieros internacionales y, mucho menos, cuando se ha venido demostrando que hay recursos financieros internos para que, de modo, paulatino, diseñemos un camino costarricense de salida a esa crisis sin abruptos procesos de agudización del clima social nacional.
Las negociaciones con el FMI se darán en un momento totalmente inoportuno, de considerable potencial provocador a un desasosiego social más intenso y extendido que el del año anterior. Particularmente, la naturaleza del desafío tributario que tenemos por delante, con su marcado sesgo regresivo; nos involucra en cuanto las características de los sectores sociales que estamos representando, castigados por ese sesgo de injusticia impositiva; de modo tal que no podemos aceptar más impuestos de orden regresivo. Por el contrario, llegó la hora nacional de que nos aboquemos a las transformaciones tributarias profundas que tengan como eje central, la progresividad fiscal.
b) Impuestos regresivos: Rechazamos, con vehemencia absoluta, que se pretenda imponerle más impuestos, todos de un profundo carácter regresivo, al pueblo trabajador en todas sus dimensiones (con empleo y salario fijo, el que está en la informalidad, el que sufre el dolor del desempleo, el que a duras penas subiste con emprendimientos micro-pequeños y/o de economía social); recargándole el peso abrumador de un sistema tributario perversamente injusto. Lo anterior no sólo aumenta la desigualdad social sin atender la evasión fiscal y las exenciones tributarias; sino que, además, encarece el costo de la vida al pueblo trabajador; a la vez que pone en grave aprieto las actividades económicas-productivas de las micro, pequeñas y medianas empresas, castigándolas con nuevas cargas tributarias.
c) Venta de activos del Estado: Integrantes del equipo económico del Gobierno han insistido en días anteriores que no han renunciado a la venta de FANAL. Desde las distintas expresiones organizadas de los sectores sociales hoy reunidas expresamos un NO rotundo a la venta de FANAL. Así mismo rechazamos con contundencia, las intenciones anunciadas en diferentes oportunidades por la fracción legislativa del PUSC y otros grupos políticos, sobre sus intenciones de impulsar venta de activos en Instituciones como activos como el Banco de Costa Rica (BCR), Instituto Nacional de Seguros (INS) y telecomunicaciones del ICE.
d) El proyecto de Ley de reducción de beneficios fiscales y ajustes de tarifas en rentas de Capital (expediente 22.369) que pretende elevar la renta, generar impuestos al trabajo y gravar los intereses sobre rendimientos del FCL y rentas de capital en cooperativas. Lo anterior afecta especialmente al movimiento Cooperativo y al Movimiento Solidarista con nuevos impuestos. Tal iniciativa debe desecharse, radicalmente,
e) El proyecto de ley Marco de Empleo Público (expediente 21.336) que concentra en manos del Poder Ejecutivo potestades excesivas, que perjudican los derechos de las personas trabajadoras estatales, poniendo en riesgo la calidad de los servicios públicos, para que el Gobierno de turno pueda manipular a su antojo el régimen de empleo del Estado costarricense. Iniciativa contraria a la institucionalidad democrática costarricense porque violenta la Constitución Política, los derechos humanos, laborales y sociales. Este proyecto junto a dos legislaciones ya aprobadas (conocidas como el combo fiscal (2018) y la ley anti-huelgas (2019), forma parte de la tríada de legislación que pretende la destrucción del modelo de Estado surgido a partir de 1949, con la denominada Segunda República.
f) Incumplimiento Gubernamental del artículo 19 de la Ley sobre Desarrollo de la Comunidad (Ley 3859). Por ley el Estado incluya en el Presupuesto Nacional, una partida equivalente al dos por ciento del estimado del impuesto Sobre la Renta de ese período, para girar las asociaciones de desarrollo de la comunidad debidamente constituidas. Lo anterior no se ha cumplido dada la reducción unilateral e inconsulta de recursos para el desarrollo comunal. Situación que atenta contra la reactivación económica en las barriadas, contra la seguridad de las comunidades y hasta contra la lucha en la atención de la pandemia, ya que estas organizaciones están involucradas en todo lo que tiene que ver con su comunidad.
g) Desinterés del Gobierno en dar solución a la condonación de deudas del sector agropecuario. En nuestro país un sector significativo de la producción agropecuaria nacional, prácticamente se encuentra en la quiebra por las altas deudas, impagables todas, de productores, a quienes la contracción adicional del mercado interno producto del Coronavirus-19 terminará de llevar a la banca rota, con su impacto negativo consecuente en la soberanía alimentaria nacional. Ante esta situación, el Gobierno no ha mostrado interés alguno, en impulsar el avance legislativo para aprobar el expediente No. 21.935 para condonación de deudas del sector agropecuario, y el expediente No. 21.960 sobre texto sustitutivo en relación a la soberanía alimentaria.
h) Falta de política integral para atender el comercio de la micro-pequeña empresa del mercado interno: El Gobierno sigue debiendo una estrategia de acompañamiento real al comercio, especialmente a la micro y pequeña empresa orientada al mercado interno; que garantice la no extinción de su actividad económica, que no le contraiga aún más el consumo afectando la capacidad adquisitiva de sectores que dinamizan su flujo de caja, o bien a través de disposiciones no dialogadas o arbitrarias sobre su actividad económica.
i) Inexistente control político sobre el abuso en reducción de jornadas y salarios o suspensión de contratos en el sector privado: A pesar que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) tiene en estudio 1047 casos de empresas por supuesto abuso en reducción de jornadas y suspensión de contratos durante la pandemia del Covid- 19; la Asamblea Legislativa aprobó en recientes días el expediente 22.265, que permite una ampliación de tres meses más al mecanismo que permite que a trabajadores del sector privado se les suspenda o reduzca jornada y salario. Lo anterior sin que exista control político alguno ni atención expedita a este tipo de irregularidades, por parte de quienes impulsan este tipo de iniciativas en el Congreso.
POR TANTO: Anunciamos al pueblo trabajador, a la opinión pública nacional, a la clase política de todo signo:
1- Nuestra decisión de unir esfuerzos, para hacer frente de forma conjunta, a las recién mencionadas iniciativas de ley y problemáticas irresueltas orientadas a golpear aún más el ya afectado ingreso del pueblo trabajador en todas sus dimensiones (con empleo y salario fijo, el que está en la informalidad, el que sufre el dolor del desempleo); de la población productiva (micro y pequeña empresa y agricultura campesina), y de sectores sociales representativos de las diversas expresiones organizadas del pueblo costarricense, que a través de diversos encadenamientos productivos dan su aporte al consumo del mercado interno y la activación de la economía.
2- Nuestra férrea oposición a: las negociaciones y el convenio que impulsa el Gobierno con el FMI, los impuestos regresivos con que pretenden cargar más la crisis sobre las espaldas de los sectores populares, al proyecto de ley 22.369 que afecta con nuevos impuestos al movimiento Cooperativo y al Movimiento Solidarista, al proyecto 21.336 ley marco de empleo público que violenta los derechos sociolaborales, y a la venta de activos del estado.
3- Nuestra exhortación urgente al Gobierno y a los diputados y diputadas de la República: aprueben el expediente 21.935 para condonación de deudas del sector agropecuario y el expediente No. 21.960 sobre texto sustitutivo en relación a la soberanía alimentaria. aprovechando además el sistema bancario nacional para el refinanciamiento de la agricultura campesina, trasladen al movimiento comunal los recursos que por ley le corresponde, necesarios para desarrollar proyectos en sus comunidades, implemente una política integral para atender el comercio de la micro y pequeña empresa del mercado interno, y atienda y regule abusos en reducción de jornadas y salarios o suspensión de contratos en el sector privado.
4- Nuestra convicción profunda que el país requiere que la clase gobernante implemente soluciones orientadas a la reestructuración de la deuda pública, la revisión del pago y de las tasas de interés que la misma ha venido demandando; así como a considerar los casi 15 mil millones de dólares que el Estado tiene en custodia en sus diversas modalidades institucionales para impulsar una solución nacional al manejo de la crisis fiscal con acción paralela en la reactivación de la economía y en la protección del empleo.
5- Nuestra disposición de unir esfuerzos y establecer una agenda de mínimos comunes, con otros actores, organizaciones y/o comunidades que compartan lo aquí expresado.
6- Nuestro vehemente y urgente llamado a nuestras propias bases sectoriales, a las organizaciones sociales, populares, cívicas y patrióticas para prepararse desde ya para dar su aporte a las distintas acciones conjuntas en fechas que estaremos anunciando en los próximos días.

Peores escenarios se avecinan para el agua

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Osvaldo Durán-Castro/Sociólogo-ITCR

Hoy, 15 de diciembre 2020, el proyecto “Ley para la gestión integrada del recurso hídrico”, Expediente 20.212, podría ser archivado. Se discute en un momento crucial de ataque a la humanidad y a los ecosistemas por parte del sistema corporativo mundial, ya que están consumando sus aspiraciones de mercantilizar el agua en la Bolsa de New York/Wall Street. Llegamos al momento aciago que el poeta Silvio Rodríguez cantara hace años: “Me pregunto qué negocio es este, en el que hasta el deseo es un consumo, qué me haré cuando facturen el sol”. En ese pantanoso escenario, es más que indispensable y de primerísimo orden que Costa Rica asegure las más estrictas medidas de protección del agua y evite su explotación comercial sobrepasando los ya perniciosos márgenes que tenemos hoy día.

Son muchísimos los aspectos por analizar pero ahora hago un resumen sobre lo público-privado y ausencia de participación. El texto como tal no reza que se vaya a privatizar el agua, pero sí contempla mecanismos que consolidan prácticas de explotación privada y crea otras que la propician. Las experiencias de control y manejo del agua con participación y privilegio del sector privado nunca han generado resultados positivos para lo pueblos. En 2003 analizamos los caminos diversos del agua privada y aunque no nos ocuparemos de este gran tema ahora, si debemos reiterar que lo público y lo privado no se dibujan en blanco y negro, ni como opuestos dado que la privatización es un ejercicio normado desde los Estados neoliberales como parte de las estrategias corporativas para trasladar servicios públicos al sector privado (ver Agua: Lucha mundial entre capital privado y justicia https://doi.org/10.15359/rca.25-1.5 y otros textos del autor relacionados). Privatizar no consiste únicamente en entregar la operación de sistemas de distribución de agua a empresas privadas de manera directa, como ocurrió en Bolivia, Argentina, Chile, México, Canadá, etc. Las alianzas público-privadas y las concesiones, que ocupan un lugar del privilegio en esta propuesta de ley, son una de las vías principales usadas en todo el mundo para estimular la competencia entre lo público y lo privado, en detrimento de lo social, colectivo y solidario.

El proyecto 20.212 no se acerca a la aspiración de regular en favor de lo público, justo y solidario. La sola y contundente propuesta de convertir a las ASADAs en concesionarias y colocarlas como competidoras por el agua, es suficiente para advertir el sesgo anti-público del proyecto. La propuesta crea todo un abanico de riesgos mediante múltiples propuestas como las concesiones (ver Capítulo III. Concesiones), las “sociedades de usuarios” (artículos 102-104), el “Uso colectivo de las aguas en condominio” (artículo 105), la posible consolidación del negocio privado de exportación de agua (artículo 57) y la reconcentración de poder en la DINA para la toma de desiciones técnicas y políticas sobre el agua (múltiples artículos).

El Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo, en su “Informe de desarrollo humano 2006. Más allá de la escazes: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua”, fue contundente al advertir sobre los riesgos de crear espacios de control del agua por parte del sector privado: “La característica distintiva del agua reside en su rol fundamental en los medios de sustento de los individuos y el medio ambiente de un país. Esta propiedad excepcional señala la necesidad de implementar sistemas de normas e instituciones altamente desarrollados que permitan garantizar que los objetivos de política pública fundamentales como la justicia social y la sostenibilidad ecológica no estén subordinados a la búsqueda de beneficios privados”.

Lo público debe primar en una legislación que a futuro procure blindar el agua ante los riesgos que desde hace años advirtió el PNUD, y repetimos, sobre todo ahora que llegamos al extremo previsible y ansiado del mundo privado de tranzar el agua en Wall Street. Sobre este particular podemos adelantar que Costa Rica debería contar una política pública que prohiba elevar los niveles actuales de lucro con el agua y, de manera absoluta, evitar la exportación de agua incluso a nivel de rango constitucional. Si el agua sale del país debería ser únicamente por fines humanitarios y nunca para negocios públicos ni mucho menos privados. La realidad actual de Costa Rica enseña que el agua ya es un elemento sujeto a la explotación y lucro privados. Ante eso lo que se esperaría de una nueva ley es que estableciera regulaciones que limiten, inhiban y prohíban los usos y explotación privada del agua y aseguraran una visión o nuevo paradigma orientado sin ambigüedades al bien común. Pero esa no es la visión del proyecto.

Si reconocemos, como debe ser, que la privatización no es sólo transferir directamente a entes privados la operación de un servicio o empresa, si no entregarlo por concesión o mediante la creación nuevos entes operadores, aunque sea para segmentos reducidos que los aprovechan en beneficio privado, este proyecto apunta a fortalecer los espacios de control no públicos del agua. Ese debate sobre las vías para disminuir lo público, entendido como el control demanial, social, colectivo, solidario y justo en precio y acceso del agua, que se ejerce desde el Estado y desde lo social-comunitario a través de organizaciones de base, como las ASADAS, seguirá pendiente más allá de lo que ocurra con este proyecto.

Más exclusión y menos participación social-comunitaria

Si hubiera que evaluar este proyecto de ley con un criterio básico y fundamental como la participación efectiva y la garantía de inclusión real de las personas a través de sus organizaciones de base comunitaria en la gestión del agua; habría que rechazarlo.

Desde que el 31 de marzo del 2014 a media noche y con extraño sigilo fue aprobado en primer debate este proyecto, sabíamos que se había liquidado cualquier vestigio de participación incluida en la iniciativa popular, contenida en el Expediente legislativo 17.742. Un segundo debate y aprobación sellaría el ataúd con el cadáver de la participación efectiva de la ciudadanía en el manejo democrático del agua (el proceso del proyecto de iniciativa popular del agua puede consultarse en trabajo de Barquero Mata, Sofía. (s.f.). Leyes de Aguas: análisis completo. Sobre el procedimiento de la iniciativa popular).

En el texto del proyecto que circulaba antes del 3 de diciembre 2020 ni siquiera se mencionaba a las ASADAS, y posiblemente por tan desmesurado error, fue que en la versión que empezó a circular ese día ahora fueron incorporadas en el artículo 5 indicando que el “sector hídrico del Estado…está constituido por la Administración Pública centralizada, descentralizada, autónoma, semiautónoma, las municipalidades, las empresas públicas y del Estado y las asociaciones administradoras de acueductos comunales (ASADAS), que tengan dentro de sus competencias la gestión sectorial y multisectorial del agua”.

Los mecanismos mediante los cuales se podría hacer efectiva la participación de las comunidades, no son claros y más bien podemos decir que no existen como tal en el proyecto. El artículo 2 “Principios generales” indica “l) Participación: el sector hídrico del Estado promoverá la participación de todos los sectores vinculados en la gestión integrada del recurso hídrico, en el ámbito nacional”. Esa es una generalidad que puede interpretarse como sea, y es claro que por vía reglamentaria no se asegurará esa participación. “Todos los sectores” es un postulado que coloca en igualdad de condiciones a todos los potenciales concesionarios que pretendan usar el agua para cualquier uso. No se podría augurar nada positivo si retomamos la competencia desproporcionada a la que someten, por ejemplo, los agronegocios y las hidroeléctricas a las comunidades, y las dificultades extremas de estas últimas para tener al menos acceso al diálogo con instituciones como el MINAE y particularmente con la Dirección de aguas y SETENA, que sistemáticamente las ignoran o anulan. De ninguna manera resulta suficiente la promesa contenida en ese artículo 2. Una legislación que verdaderamente busque garantizar el agua como derecho humano, de consumo humano y resguardada por el Estado en cualquier circunstancia o amenaza, debe establecerlo con claridad.

Lo más cercano a participación que el proyecto propone es el artículo 22 “Información y consulta pública”. Según el texto “Las propuestas del Plan Hídrico Nacional, el balance hídrico nacional y los planes hídricos de unidad hidrológica se someterán a consulta pública, a fin de que la población pueda formular observaciones, aclarar dudas y presentar modificaciones a dichas propuestas”. Esa limitadísima participación es contradictoria con el optimismo que desde el 2017 había expresado la Directora de AyA Yamilet Astorga, quien “asegura que ley de aguas mantiene la esencia de la Iniciativa Popular”. La funcionaria se contenta con que la población “pueda formular observaciones, aclarar dudas o presentar modificaciones a dichas propuestas”. Para ella es suficiente que “podemos llegar a crear los Consejos de Unidades Hidrológicas, mediante decreto ejecutivo, como una forma de operacionalizar esta ley”, https://www.informa-tico.com/8-11-2017/presidenta-aya-asegura-ley-aguas-mantiene-esencia-iniciativa-popular) lo cual no pasa de ser una laxa promesa que no asegura, de ninguna manera la participación efectiva de las organizaciones sociales de base, como las ASADAS.

Es evidente que las decisiones técnicas, financieras y políticas seguirán siendo un ejercicio centralizado y controlado desde la nueva DINA, si se aprobara el proyecto. Limitar la participación a “Información y consulta pública”, es una debilidad absoluta e insalvable que desde la aprobación del proyecto en 2014 habíamos señalado como gravísima y suficiente por sí misma para rechazar el proyecto en su totalidad. Esa exclusión revela que el “lobby” local del agua que promueve el proyecto concilió con las presiones e intereses del sector empresarial, además de resellar un desprecio total por la participación democrática y efectiva de la gente en los procesos de diálogo, generación de consensos, negociación y decisiones colegiadas sobre el agua.

En el proyecto no hay una sola frase que busque fortalecer a las ASADAS como entidades que aseguren el manejo comunitario y democrático del agua. Tampoco nada que procure que el Estado asegure espacios oficialmente reconocidos y vinculantes en la definición de políticas públicas y mecanismos de control del agua, con inclusión efectiva de las comunidades por medio de sus organizaciones. Ese aspecto está directamente asociado con principios como que la institucionalidad involucrada con el agua esté comprometida y obligada a respetar su condición de bien demanial y público y que genere confianza y seguridad de que los intereses colectivos primen frente a los particulares y privados.

La exclusión de las ASADAS y los riesgos asociados con la reducción de su perfil en el manejo del agua, valga decir en contraposición con la creación de espacios para entidades privadas, fue expuesta con claridad por el Colegio de Geólogos de Costa Rica (2020) que en su oficio 2020 CGCR 267-2020 dirigido a los y las diputadas, expresan: “Acerca de las ASADAS. Lejos de regular y fortalecer la situación actual de las ASADAS el proyecto de ley las excluye, les obliga a solicitar concesiones y pagar por ellas a pesar de ser entes que prestan el servicio mediante un Convenio de Delegación de Administración con el AyA (Art. 5 y Art. 58). Las ASADAS deben ser consideradas en cualquier legislación sobre el recurso hídrico debido a la importancia de la labor que realizan, ya que cubren un 33% de la población del país”.

Otro aspecto que no se puede dejar de lado es que el consumo humano es una prioridad cuestionable e incierta en el proyecto. Las definiciones son tan generales que abren la puerta para que cualquiera, sea público o privado, proponga, compita y obtenga concesiones. En el artículo 61, que como en muchos otros se norma el otorgamiento de concesiones, se indica: “Requisitos y procedimiento para otorgar concesiones. Toda solicitud de concesión para el aprovechamiento del recurso hídrico deberá cumplir los requisitos generales y específicos propios para cada tipo de aprovechamiento que se establecerán en el reglamento de esta ley; además, cumplir con el procedimiento aplicable para el otorgamiento”. Ni en este ni en otros artículos se enfatiza ni especifica el uso público, solidario y equitativo del agua, del tal manera que los concesionarios, de cualquier tipo, tendrán que “pujar” de acuerdo a sus intereses. Además, los requisitos quedan sujetos a nuevos reglamentos en cuya creación no está prevista ninguna forma de participación ciudadana. Como dijo una impulsora del proyecto, la Diputada Paola Vega, “se necesita una concesión independientemente de quien la pida”.

El único artículo del proyecto de ley que establece con claridad cuáles son los usos prioritarios del agua, es el 95 referido a la “Declaratoria de déficit temporal del recurso hídrico”. Esa condición se declarará “cuando (la Dirección de aguas) haya constatado técnicamente la disminución atípica de la disponibilidad del recurso; valorará, entre otras, las condiciones meteorológicas, hidrológicas, hidrogeológicas, hidrobiológicas, agrícolas, geográficas, sociales, ambientales, económicas y de calidad del recurso”. La realidad es que hasta hoy día muchísimas comunidades se han quedado sin agua y las autoridades no han hecho, por la razón que sea, los estudios pertinentes, ni mucho menos han declarado emergencia como corresponde. Esto ha sido así porque se han protegido los intereses privados sobre lo público y comunitario, y obviamente sobre los derechos de los ecosistemas, que más bien quedan desprotegidos con las definiciones y usos de los “caudal ambiental”.

Una legislación verdaderamente orientada a la protección integral y ecosistémica del agua, lo mismo que a usos justos y solidarios desde lo público y comunitario, debe icluir algunos principios que este proyecto no contiene. Algunos de los principios son:

  • que el Estado, como garante de los derechos colectivos del pueblo, ejerza soberanía total para asegurar el control del agua para su uso en favor del bien común,
  • que la población tenga seguridad de que el agua será considerada efectivamente y sin manipulaciones, controles políticos ni económicos, en las decisiones sobre los usos prioritarios y su protección ecosistémica,
  • que el Estado asegure espacios oficialmente reconocidos y vinculantes en la definición de políticas públicas y mecanismos de control del agua, con inclusión efectiva de las comunidades por medio de sus organizaciones,
  • que se tenga garantía de que por ser un derecho humano no esté sujeta de ninguna manera a la competencia comercial; mucho menos cuando se comprometan la salud de los ecosistemas y el acceso de la población,
  • que sea distribuida con equidad, solidaridad y hasta entregada de gratis a la gente más pobre que no pueda pagarla,
  • que haya seguridad absoluta de que será protegida frente a cualquier forma de explotación lucrativa y privada (esto sabiendo que en Costa Rica operan múltiples mecanismos de lucro con el agua),
  • que los usos prioritarios estén explícitamente estipulados y que no existan opciones, como las concesiones, sociedades de usuarios, etc, para que los usos públicos y colectivos tengan que competir con los negocios privados de cualquier tipo, como sucede ahora mismo en Costa Rica,
  • que la institucionalidad involucrada con el agua esté comprometida y obligada a respetar su condición de bien demanial y público, y en ese tanto no facilite su explotación privada,
  • que la institucionalidad genere confianza y seguridad de que los intereses colectivos primen frente a los particulares, y que respete y escuche a los actores sociales comunitarios,
  • que el Estado garantice los recursos económicos necesarios para que el sistema jurídico y operativo, la investigación científica y el seguimiento, permitan la efectiva protección ecosistémica del agua y su distribución equitativa.

¿Se cumplen esos atributos fundamentales en el proyecto de ley de agua número 20.212? Definitivamente no.

Imagen: Juan Pablo Ugalde

El Índice de Desarrollo Humano Cantonal: la realidad de las desigualdades regionales

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís

Se presentó recientemente el Atlas del Desarrollo Humano Cantonal 2020, construido por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Este Atlas 2020 utilizó una nueva metodología usada en cálculos nacionales desde el año 2010 y que se nutre de la aplicación de una renovada familia de índices a nivel cantonal, como lo son el Índice de Desarrollo Humano Cantonal, el Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad, el Índice de Desarrollo de Género y el Índice de Desigualdad de Género.

De acuerdo con el equipo investigador, el principal dato del Atlas 2020 es que, si bien Costa Rica ha avanzado en mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, el esfuerzo no ha sido suficiente para alcanzar a las regiones y personas en mayor condición de vulnerabilidad, como las mujeres y las zonas rurales y periféricas.

Los resultados del Índice de Desarrollo Humano (IDH), indican que:

– En el 2018 únicamente el cantón de Matina se encuentra en la categoría de desarrollo humano medio (en el 2010 eran nueve especialmente en zonas fronterizas).

– En todo el periodo no hay cantones en la categoría de desarrollo humano bajo (ElPaís.cr,5-11-2020).

En los últimos 15 lugares del IDH 2018, se encuentran Matina, Talamanca, Los Chiles, Buenos Aires, La Cruz, Tarrazú, Coto Brus, Guatuso, Sarapiquí, Hojancha, Osa, Garabito, Turrubares, Upala y Limón, de los cuales 3 pertenecen a la región Huetar Norte, 3 a la región Huetar Atlántica, 3 a la región Brunca, 2 a la Chorotega, 2 a la Central y 1 a la Pacífico Central, mostrando la mayor presencia de las regiones Huetar Norte, Atlántica y Brunca en los últimos lugares del IDH.

Entre los componentes del IDH, es importante observar las diferencias en los valores de la Esperanza de Vida y los años de Escolaridad en los cantones, siendo que Garabito, Matina, Talamanca, Osa y Limón presentan la menor esperanza de vida de todos los cantones con menos de 80 años, mientras que Los Chiles, Matina, Talamanca, Buenos Aires, La Cruz, Guatuso Sarapiquí, Osa, Upala y Limón tiene el menor número de años de escolaridad con 11 años.

Al comparar el comportamiento del 2010 con respecto al 2018, nueve cantones cambiaron 10 posiciones o más mejorando su posición. Por el otro lado, 10 cantones cambiaron 10 o más posiciones hacia abajo en el ranqueo.

Cantones como Dota, Esparza, Nandayure, Quepos, Cañas, Flores, Mora, Turrubares y León Cortés han mejorado su posición y cantones como Talamanca, Osa, Tarrazú, Sarapiquí, Guatuso, Hojancha Buenos Aires y Coto Brus y Osa han bajado posiciones ubicándose en las últimas de la clasificación.

En el Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad (IDH-D), la mayor desigualdad se registra en los cantones fronterizos y rurales, mientras que las regiones de planificación con mayor desventaja social son la Huetar Norte, la Huetar Caribe y la Brunca.

Los cantones que se encuentran en los últimos lugares del IDH-D, son Matina, Talamanca, Buenos Aires, Sarapiquí, Hojancha, Coto Brus, Osa, Tarrazú, Los Chiles y La Cruz.

Comparando el IDH y el Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad, los cantones que más pierden posiciones en relación con el primero, son Sarapiquí, Buenos Aires, Coto Brus, Hojancha, Osa, Tarrazú, Talamanca, Upala, La Cruz y Los Chiles.

En cuanto al Índice de Desarrollo Humano por Género (IDH-G), las mujeres siguen viendo limitadas sus oportunidades económicas en relación con los hombres.  Los cantones fronterizos son los que presentan mayores retrocesos en este tema.

En los últimos lugares del IDH-G estaban en el 2018, Turrubares, Dota, Guatuso, Mora, Hojancha, Nandayure, Esparza, Matina, Talamanca.

Para el 2018, 9 cantones se encontraban en la categoría IDG medio, mientras que en el 2010 se ubicaban 10 en esta categoría, en los que repetían Matina, Talamanca y aparecían Flores, Mora, León Cortés, San Mateo, Siquirres, Nicoya, Esparza y Buenos Aires.

En general integrando los tres indicadores de IDH, IDH-D e IDH-G, es posible establecer la profundización de una brecha territorial que ubica a los cantones del Caribe (Matina, Talamanca), del Norte (Los Chiles, Upala, Guatuso) y de la Zona Sur (Buenos Aires, Osa, Coto Brus) en los últimos lugares de la última década.

El comportamiento de los índices por cantón, es coincidente con el nivel de pobreza existente en el 2019, según la Encuesta de Hogares del INEC, en la que la pobreza es alta en algunas regiones, por ejemplo, en la región Brunca, la Huetar Atlántica y el Pacífico Central, en la que la pobreza ronda el 30%, lo que implica que la tercera parte de los hogares no cubren sus necesidades básicas, en esas regiones la pobreza extrema es del 9.2, 8.9 y 9.1, las más altas del país (LN.com,18-10-19).

En tanto la desigualdad en las regiones según el coeficiente de Gini, en la Brunca, Chorotega y Huetar Atlántica es cercano al 0,53 con el nivel más alto (ElPaís.cr, 18-10-2019), lo que confirma las persistentes desigualdades y desequilibrios territoriales y los deteriorados índices de desarrollo social, particularmente en las zonas rurales y costeras.

Por su parte, la investigación de la Escuela de Estadística de la UCR y del PNUD y la nueva versión del IDH, plantean algunos retos que es necesario mencionar:

  • Desarrollar políticas sociales inclusivas que reconozcan las desigualdades territoriales.
  • Atender las causas de la desigualdad local de manera prioritaria en aquellas zonas fronterizas, costeras y rurales.
  • Atender aspectos ambientales que reduzcan la vulnerabilidad.
  • Transcender el concepto económico de desarrollo mediante la atención de factores de exclusión y desigualdad.

En este sentido, el Atlas muestra la necesidad de orientar acciones de política pública que mejoren el desempeño de las instituciones del Estado costarricense, entre ellas resalta el fortalecimiento del sistema educativo, la atención de las realidades cantonales de manera diferenciada y la integración de poblaciones tradicionalmente excluidas, como las mujeres, los jóvenes, los pueblos originarios, la población afrodescendiente y las personas con discapacidad (ElPaís.cr,5-11-2020).

Presentada ampliación de denuncia en contra del Estado de Costa Rica, Presidente de la República y ministro de Seguridad Pública

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Carlos Vega envió a SURCOS un documento que contiene una ampliación de denuncia en contra del Estado de Costa Rica, el Presidente de la República y el ministro de Seguridad Pública. La gestión se realiza ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por «las graves violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos».

Este es el documento remitido por el dirigente sindical y social Carlos Vega:

U-061-2020-AMPLIACION-DE-DENUNCIA-EN-CONTRA-DEL-ESTADO-DE-COSTA-RICA-CIDH-POR-REPRESIÓN-A-AGOTAMIENTO-RECURSOS-INTERNOS-1-1Descarga

Recurso de Amparo en contra de presidente Alvarado y otros entró a estudio

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El Recurso de Amparo en contra del presidente Alvarado y otros funcionarios, expediente 20-019530-0007-CO entró a estudio el viernes 23 de octubre 2020.

Compartimos una parte introductoria del texto del Recurso de Amparo presentado y el archivo para su lectura completa.

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Quien suscribe, CARLOS MANUEL VEGA BOLAÑOS, cédula 2-287-015, en mi condición de Secretario General del Sindicato de Profesionales, Técnicos y Similares del Banco Popular (UNPROBANPO), me apersono ante sus estimables personas con el objetivo de interponer formal recurso de amparo en contra del señor CARLOS ALVARADO QUESADA, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, por la violación a derechos fundamentales como lo son entre otros, el Derecho Ciudadano a que las demandas urgentes sean atendidas no mediante respuestas positivas pero por lo menos con el debido respeto abordadas y respondidas cada una de ellas, dado que el irrespeto que una parte de la sociedad reclama al Recurrido señor CARLOS ALVARADO QUESADA, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, se debe entre otras cosas a que, un grupo de ciudadanos que bajo el nombre del Movimiento RESCATE NACIONAL y representan a sectores sociales que durante décadas han sido excluidos de los llamados “diálogos”, el día 05/08/2020 entregaron en Casa Presidencial un pliego de peticiones para resolver la grave crisis fiscal que afecta al país, PETICIONES puntuales que a la fecha se encuentran IGNORADAS, hecho que a la vez ha provocado una convulsión social de incalculables consecuencias, lo que afecta a todos nosotros, ciudadanos en general y cuyo responsable es el Recurrido.

El recurrente estuvo presente en Casa Presidencial el pasado lunes 12 de octubre, día en que los Dirigentes de RESCATE NACIONAL convocaron a una marcha hacia este lugar para ser atendidos por el señor CARLOS ALVARADO QUESADA, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA aquí recurrido, fui testigo presencial de que actores de la sociedad civil-video adjunto-presentes al igual que el suscrito, suplicaron hasta la saciedad ser atendidos por el Recurrido, o por el Ministro de la Presidencia, y la respuesta irrespetuosa fue el ser IGNORADOS Y BURLADOS COMO CIUDADANOS». 

U-057-2020-RECURSO-DE-AMPARO-CONTRA-PRESIDENTE-DE-LA-REPUBLICA-23-10-2020-N°20-019530-0007-CODescarga

La persona que quiera unirse a este Recurso de Amparo con el objetivo de poder entre todos/as detener la forma en que están actuando las fuerzas policiales, el documento está disponible en un Word modificable.

Puede solicitar el documento al correo ingcvega@yahoo.com