Ir al contenido principal

Etiqueta: Estado

Denuncia contra el Estado – sin luchas no hay victorias

El pasado 13 de octubre SURCOS publicó la nota “Denuncia en contra del Estado de Costa Rica”, en la cual el ingeniero Carlos Manuel Vega Bolaños, secretario general del sindicato UNPROBANPO y dirigente comunal del Cantón de Grecia compartió la siguiente denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

“Denuncia en contra del Estado de Costa Rica, presidente de la república y ministro de Seguridad Pública por graves violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos y la gravísima violación a la Convención de los Derechos del Niño ratificada por el Estado denunciado”. (Puede leer la nota completa ingresando en el enlace del titular de dicha nota).

A días de interpuesta la denuncia el Ing. Carlos Vega, luchador social hace la siguiente reflexión:

“Gracias a patriotas que hicieron invaluables aportes para enriquecer este recurso de amparo en contra del presidente de la República y la cúpula de la Fuerza Pública y estar en trámite a partir de las 16:00 horas.

Este recurso de amparo tiene dos salidas: 1-si es rechazado la Sala deberá de fundamentar las razones de su decisión. Esto permitirá agotar la vía interna y continuar en la vía internacional hasta escalar las Instancias de DDHH y llegar hasta el Tribunal Penal Internacional. 2-En caso de que sea acogido, podría convertirse en un Recurso de Amparo para la historia de Costa Rica.

Valió la pena las madrugadas destinadas a la Defensa de los Sin Voz de los EXCLUIDOS de los llamados «diálogos». Gracias Patriotas por sus aportes profesionales. ¡Nos han cerrado las puertas con grandes candados, pero les abriremos las ventanas para que salga la Justicia aprisionada! ¡Sin luchas no hay

victorias!”.

Estado, Territorio, Despojos y Resistencias Colectivas

Organizado por PIC UNA Programa Interdisciplinario Costero-Idespo

El próximo viernes 16 de octubre de 2 p.m. a 4 p.m. se realizará el encuentro «Estado, Territorio, Despojos y Resistencias Colectivas, reflexiones desde Sassen y Mbembe«. Éste será compartido por el Dr. Randall Blanco Lizano docente e investigador de la Escuela de Sociología de la UCR y académico de la Escuela de Sociología de la UNA. Lo acompañará como moderadora la Dra. Silvia Rojas Herrera, coordinadora del Programa Interdisciplinario Costero-IDESPO, académica de la Escuela de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Costa Rica.

Con esta actividad el PIC UNA Programa Interdisciplinario Costero-Idespo, inicia la celebración de dos décadas de trabajo con comunidades de las islas del Golfo de Nicoya, así como, comunidades de la Península de Nicoya y la zona interna del Golfo de Nicoya.

Se invita a estudiantes, personal administrativo y la comunidad universitaria en general, que durante estos 20 años se han vinculado de una u otra forma en el que hacer del Programa Interdisciplinario Costero -IDESPO, Universidad Nacional de Costa Rica, a participar de las actividades.

#20AniversarioPIC #Comunidadescosteras #extensiónUNA #UniversidadPública

Denuncia en contra del Estado de Costa Rica

El ingeniero Carlos Manuel Vega Bolaños, secretario general del sindicato UNPROBANPO y dirigente comunal del Cantón de Grecia compartió con SURCOS la siguiente denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

Denuncia en contra del Estado de Costa Rica, presidente de la república y ministro de Seguridad Pública por graves violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos y la gravísima violación a la Convención de los Derechos del Niño ratificada por el Estado denunciado.

¨Petitoria de medidas cautelares urgentísimas: -con envío de misión de la CIDH para recabar in situ las pruebas de las violaciones, -ordenar de inmediato el cese de la brutal represión contra la población y del periodismo en las localidades reprimidas, -detener la criminalización de los luchadores sociales José Miguel Corrales Bolaños y Célimo Guido Cruz. -Así como exigirle a los aquí denunciados, la protección inmediata de la población infanto juvenil, víctima de las represiones dentro de los hogares en sus comunidades, tomando en cuenta que el Estado denunciado es suscritor de la Convención de los Derechos del Niño ratificada por éste y los aquí denunciados la han violentado gravemente.

09 de octubre de 2020

U-050-2020

Señores

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

S.O.

Estimados Señores:

Quien suscribe, CARLOS MANUEL VEGA BOLAÑOS, cédula 2-287-015, ciudadano de la República de Costa Rica, en mi condición de Secretario General del Sindicato de Unión de Profesionales, Técnicos y Similares del Banco Popular, en adelante UNPROBANPO, Dirigente Comunal en el Cantón de Grecia, preocupado por la salvaje represión de las fuerzas policiales de la República de Costa Rica, situación que afecta muchas comunidades a nivel nacional, y en razón de que el material probatorio recabado en los últimos días y durante estas estas horas de la noche de hoy jueves 08 de octubre de 2020, es prueba suficiente y abundante para fundamentar esta Denuncia en contra del PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICAPOR GRAVES VIOLACIONES A LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ratificada por el Estado de Costa Rica y de acatamiento obligatorio, Artículos 1, 5, 13. De la misma manera, la grosera violación a la Convención de los Derechos del Niño ratificada por Costa Rica

En mi condición de ciudadano del Estado de Costa Rica, promotor de la Cultura de Paz aprendida como Egresado de la Universidad Para la Paz, estoy alarmado por las PERTURBADORAS IMÁGENES que demuestran una BRUTALIDAD POLICIAL en contra de poblaciones enteras y periodistas locales, algo nunca vista en el Estado Denunciado, ordenada por el PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA, conductas que violentan el Artículos 1, 5, 13 de esta Convención Americana y la CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO RATIFICADA POR EL ESTADO DENUNCIADO.

Ante estos graves hechos, y el reclamo de diversos sectores de la sociedad costarricense que rechazan un dialogo excluyente convocado para imponer políticas públicas que a la vez han sido RECHAZADAS por amplios sectores de la sociedad civil costarricense, quienes han hecho llegar propuestas para solucionar la grave crisis económica que padece Costa Rica sin haber sido escuchadas, situación que es el detonante de esta convulsión social por los aquí denunciados, respetuosamente peticiono para que de conformidad con esta Convención Americana y su Estatuto, de PREVIO a que se resuelva por el fondo la presente DENUNCIA, se resuelva de inmediato por parte de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

1-) Dictar MEDIDAS CAUTELARES URGENTISIMAS que protejan a las poblaciones reprimidas

2-) Enviar Costa Rica con urgencia una misión de la CIDH con el objetivo de recabar las pruebas de las violaciones en todas las poblaciones a nivel del territorio nacional que han sufrido una BRUTAL REPRESION por parte de los agentes de seguridad del Estado aquí denunciado represión ordenada por el PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA.

3-) ORDENAR DE INMEDIATO TANTO a)-EL CESE DE LA BRUTALIDAD POLICIAL EN CONTRA DE LA POBLACIÓN COSTARRICENSE COMO b-)EL CESE DE LA REPRESIÓN EN CONTRA DEL PERIODISMO EN LAS LOCALIDADES REPRIMIDAS POR CUANTO ESTA CONDUCTA REPRESORA DE LOS AQUÍ DENUNCIADOS, IMPIDE EL DEREHO HUMANO FUNDAMENTAL CONTENIDO EN EL ARTICULO 13 DE ESTA CONVENCIÓN A SER INFORMADO SIN CENSURA ALGUNA Y MENOS QUE LOS AGENTES DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO CONFISQUEN LA HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN UTILIZADA PARA EJERCER EL PERIODISMO COMO OCURRIÓ EN LA LOCALIDAD DE CAÑAS, GUANACASTE.

4-) Investigar posibles hechos ocurridos en poblaciones reprimidas por los agentes de seguridad del Estado denunciado, en las cuales se indica que los cuerpos policiales han ingresado a las viviendas de pobladores sin previa orden judicial a detener y llevarse en patrullas a personas que han participado en las protestas violentando gravemente Derechos Humanos Fundamentales protegidos por esta Convención Americana.

5-) Investigar de la misma manera, las BRUTALES REPRESIONES en contra de poblaciones indefensas con ataques desmedidos y el empleo indiscriminado del lanzamiento de gases lacrimógenos hacia las viviendas en que habitan personas adultas mayores, niños y niñas entre ellas Cañas Guanacaste, en momentos en que Costa Rica vive en su mayor pico la pandemia del COVID-19 atentando contra el Derecho a la Vida de los pobladores.

6-) Dictar Medidas Cautelares URGENTISIMAS a favor de los Luchadores Sociales José Miguel Corrales Bolaños y Célimo Guido Cruz, contra quienes pesa una denuncia penal por encabezar este movimiento de protesta social, situación que la Fundación para la Defensa de los Derechos Humanos en Costa Rica, consideró públicamente como una CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL Y SUS LUCHADORES SOCIALES.

7-) Dictar Medidas Cautelares URGENTISIMAS a favor de la población infanto juvenil que está siendo reprimida en las poblaciones REPRIMIDAS dentro de sus hogares, con lo cual los aquí DENUNCIADOS VIOLENTARON GRAVEMENTE LOS DERECHOS PROTEGIDOS EN LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO RATIFICADA POR EL ESTADO DE COSTA RICA ÉSTE.

ASI COMO EXIGIRLE A LOS AQUÍ DENUNCIADOS, LA PROTECCION INMEDIATA DE LA POBLACIÓN INFANTO JUVENIL, VICTIMA DE LAS REPRESIONES EN SUS COMUNIDADES TOMANDO EN CUENTA QUE EL ESTADO DENUNCIADO ES SUSCRITOR DE LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO RATIFICADA POR ÉSTE.

PRIMERO:

HECHOS RELEVANTES Y PRUEBAS RELEVANTES:

1-El día 05/08/2020 se adjunta, un grupo importante de organizaciones de la sociedad civil costarricense le entregaron a Presidente de la República de Costa Rica un pliego de peticiones y propuestas con el objetivo de resolver la grave crisis fiscal que vive el país.

2-El día 30 de setiembre de 2020, ante el SILENCIO TOTAL del señor Presidente de la República de Costa Rica Carlos Alvarado Quesada, dio inicio una protesta social apoyada en muchas comunidades del país.

3-A partir del 01 de octubre de 2020 y hasta fecha, Costa Rica vive una convulsión social nunca vista en décadas lo que ha provocado que muchos sectores se pronuncien condenando la falta de dialogo INCLUYENTE y la represión por parte del gobierno encabezado por el señor Presidente de la República de Costa Rica Carlos Alvarado Quesada y el Ministro de Seguridad Publica Michael Soto, dio inicio una protesta social apoyada en muchas comunidades del país.

4-Los aquí denunciados ordenaron una BRUTAL REPRESIÓN en contra de las comunidades, además los agentes de la seguridad del Estado denunciado, han reprimido al periodismo local para evitar que la población de Costa Rica conozca de primera mano las provocaciones del aparato policial para justificar estas CONDUCTAS REPRESIVAS.

5-Las evidencias es la BRUTAL REPRESION por parte del Estado denunciado por órdenes de los aquí denunciados son irrefutables:

ü  Represión y brutalidad policial en contra del periodismo en las comunidades reprimidas de poblaciones indefensas con un ataque desmedido con lanzamiento de gases lacrimógenos hacia las viviendas en que habitan personas adultas mayores, niños y niñas, en momentos en que Costa Rica vive en su mayor pico la pandemia del COVID-19 atentando contra el Derecho a la Vida de los pobladores. Alcalde de la ciudad de Cañas denuncia brutalidad policial en contra de pobladores https://youtu.be/0lqKdpK-rT8 https://www.facebook.com/allanjaranoticias/videos/1463355563868541

SEGUNDO:

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

La Convención Americana y la Convención de los Derechos del Niño, instrumentos de Derechos Humanos Internacionales ratificados por Costa Rica, VIOLADOS por el Estado de Costa Rica suscritor de la misma, así como por el PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA.

TERCERO:

PETITORIA:

Con fundamento en lo anteriormente expuesto, respetuosamente peticiono para que de conformidad con esta Convención Americana y su Estatuto, de PREVIO a que se resuelva por el fondo la presente DENUNCIA, se resuelva de inmediato por parte de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

  • 1-)Dictar MEDIDAS CAUTELARES URGENTISIMAS que protejan a las poblaciones reprimidas
  • 2-)Enviar a Costa Rica con urgencia una misión de la CIDH con el objetivo de recabar las pruebas de las violaciones en todas las poblaciones a nivel del territorio nacional que han sufrido una BRUTAL REPRESION por parte de los agentes de seguridad del Estado aquí denunciado represión ordenada por el PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y MINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA.
  • 3-) ORDENAR DE INMEDIATO TANTO a)-EL CESE DE LA BRUTALIDAD POLICIAL EN CONTRA DE LA POBLACIÓN COSTARRICENSE COMO b-)EL CESE DE LA REPRESIÓN EN CONTRA DEL PERIODISMO EN LAS LOCALIDADES REPRIMIDAS POR CUANTO ESTA CONDUCTA REPRESORA DE LOS AQUÍ DENUNCIADOS, IMPIDE EL DEREHO HUMANO FUNDAMENTAL CONTENIDO EN EL ARTICULO 13 DE ESTA CONVENCIÓN A SER INFORMADO SIN CENSURA ALGUNA DADO QUE LOS AGENTES DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO CONFISCAN LA HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN UTILIZADA POR EL COMUNICADOR LOCAL PARA EJERCER EL PERIODISMO COMO OCURRIÓ EN LA LOCALIDAD DE CAÑAS, GUANACASTE.
  • 4-)Investigar posibles hechos ocurridos en poblaciones reprimidas por los agentes de seguridad del Estado denunciado como en la Paquita de Quepos, en las cuales se indica que los cuerpos policiales han ingresado a las viviendas de pobladores sin previa orden judicial a detener y llevarse en patrullas a personas que han participado en las protestas violentando gravemente Derechos Humanos Fundamentales protegidos por esta Convención Americana.
  • 5-)Investigar in situ las BRUTALES REPRESIONES en contra de poblaciones indefensas por ejemplo Cañas Guanacaste, incurriendo en un GRAVE ABUSO DE AUTORIDAD dado el ataque desmedido con lanzamiento de gases lacrimógenos hacia las viviendas en que habitan personas adultas mayores, niños y niñas, en momentos en que Costa Rica vive en su mayor pico la pandemia del COVID-19 atentando contra el Derecho a la Vida de los pobladores, para lo cual se aporta el material grabado.
  • 6-) Garantizar que cualquier detenido en esta convulsión social que vive Costa Rica a partir de 30 de setiembre de 2020, las garantías estipuladas en los artículos 8 y 25 de esta Convención Americana.
  • 7-) Dictar Medidas Cautelares urgentes a favor de los Luchadores Sociales José Miguel Corrales Bolaños y Célimo Guido Cruz contra quienes se estableció una denuncia penal por encabezar este movimiento de protesta social, con lo cual se CRIMINALIZÓ LA PROTESTA SOCIAL en el Estado de Costa Rica en opinión de la Fundación de Derechos Humanos de Costa Rica FUNDEPRODE.
  • 😎 Dictar Medidas Cautelares urgentes a favor de los periodistas locales a quienes se les decomisan sus equipos de transmision sean teléfonos celulares ect, como lo es el hecho documentado en la población de Cañas Guanacaste dado que esta conducta REPRESORA constituye un probado AMEDRANTAMIENTO a la prensa alternativa independiente, cuyo objetivo es que el resto de la sociedad costarricense no tenga conocimiento de las provocaciones que llevan a cabo los cuerpos policiales para justificar esta BRUTALIDAD POLICIAL y con ello CRIMINALIZAR LA PROTESTA SOCIAL en el Estado de Costa Rica. MEDIDA CAUTELAR extensiva para todos aquellos que ejercen los Derechos Humanos protegidos por el artículo 13 de esta Convención Americana.
  • 9-) Dictar Medidas Cautelares URGENTISINAS a favor de población infanto juvenil en las zonas en las cuales se lleva a cabo una BRUTAL REPRESIÓN y a quienes los aquí denunciados, han VIOLADO GRAVEMENTE los DERECHOS PROTEGIDOS EN LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO RATIFICADA POR COSTA RICA EL 26 DE ENERO DE 1990.
  • 10-) Condenar al Estado de Costa Rica y los aquí denunciados al pago de costas, daños y perjuicios producto de las conductas violatorias de Derechos Humanos.

Para notificaciones:

1-A los denunciantes: Ing Carlos Manuel Vega Bolaños Costa Rica, Ciudad de Grecia, Barrio Latino costado noroeste Plaza de Futbol, Barrio Latino. Correo electrónico: ingcvega@yahoo.com

2-A los denunciados: Costa Rica, Casa Presidencia de Costa Rica, Zapote.

Agradeciendo de antemano la atención que le brindarán a la presente denuncia con Medidas Cautelares Urgentisimas, en espera de su amable respuesta, se despide de ustedes cordialmente;

Ing Carlos Manuel. Vega Bolaños         
SECRETARIO GENERAL
UNPROBANPO
Dirigente Comunal Cantón de Grecia
Egresado Universidad Para la Paz

El ingeniero Vega Bolaños solicitó a SURCOS dejar disponible el archivo para quien lo quiera descargar para apoyar su gestión:

Evitemos tocar fondo

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

            A las políticas neoliberales que han incrementado la desigualdad y la pobreza en este país, desde la aplicación de las recetas “mágicas” del FMI en la “década perdida” de 1980, simplemente hay que decirles NO por sentido común.

            Han probado hasta la saciedad ser el camino equivocado para el verdadero desarrollo con justicia y paz social. Han contribuido a desmantelar el Estado Social de Derecho. Y, como si fuera poco, han inducido a la quiebra en que se encuentra el Estado.

            Los señores y señoras del FMI, entre otros organismos, como ha señalado recientemente el presidente de México, “deberían ofrecer disculpas” por tan “grave daño” causado al pueblo.

            Nuestra clase política, por su parte, continúa desfasada. Aprueba un Plan Fiscal regresivo, donde los ricos pagan impuestos como pobres y los pobres como ricos. Y ahora va por el mismo camino con su propuesta para la negociación con el FMI. Solo el ser humano es el animal que cae dos veces en el mismo “hueco”. Sin duda, una propuesta para tocar fondo.

            ¿Por qué no atacar de raíz el problema de la evasión, la elusión y las exoneraciones y, de una vez por todas, poner a tributar con justicia? ¿Por qué no poner a tributar a las zonas francas que hacen clavos de oro con el recurso humano calificado de alto nivel que ofrece este país? ¿Por qué no utilizar reservas del Banco Central para paliar temporalmente los efectos de la pandemia? ¿Por qué no renegociar la deuda interna y externa, y en última instancia declarar una moratoria de su pago mientras azote la pandemia? ¿Por qué no gravar las grandes transacciones bancarias y no las de pulpería? ¿Por qué no aumentar el impuesto a la gran propiedad y no a las casas modestas de clase media? ¿Por qué no intervenir al Ministerio de Hacienda para que deje de tratar con manos de seda a las grandes empresas y pagar alquileres millonarios, como lo ha denunciado el ex ministro Rodrigo Chaves?

            La clase política solo atisba a buscar salidas milagrosas que vengan de afuera. Y desconfía de la imaginación y voluntad de los costarricenses para ganarle la batalla a la pandemia y la guerra a la crisis económica y social que arrastramos por varias décadas. Por eso, se resiste al diálogo y a la concertación social.

            No es necesario tocar fondo, tratando con tanta generosidad al FMI. Esta crisis de muchos rostros nos sigue convocando a sacar lo mejor de nuestras capacidades y voluntades. No se trata de andar regateando préstamos como pordioseros en un mar de riquezas concentradas. Para situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias.

            Se trata de levantar la frente y reconocernos como una nación, aunque pequeña en territorio y población, de espíritu grande y valeroso. Hay que apelar a la reserva de solidaridad de nuestro país. Hay señales de voluntad de diversos sectores, para encontrar salidas alternativas.

            Estamos en la encrucijada entre la mesa de negociación intersectorial o el estallido social desde las calles. El gobierno tiene que aceptar que no hay una tercera vía, como pretende. Evitemos tocar fondo.

Nuestra Independencia. Algunos elementos a tener presente este día

Óscar Madrigal

La Independencia es un acto que se caracteriza por dos elementos: pasar de ser una colonia de un imperio a ser una Nación y sus habitantes que pasan de ser súbditos a ser ciudadanos. Esas son las características del proceso independentista.

En Costa Rica por las particularidades que tuvo nuestra Independencia, la formación de la Nación y la Ciudadanía tuvieron un proceso de constitución de alrededor de unas dos décadas hasta 1841 donde el Estado logró consolidarse y definirse en sus líneas generales. La formación del Estado costarricense fue configurada por la naciente oligarquía cafetalera, que conforma una burguesía y que plantea el desarrollo de un modelo de desarrollo capitalista.

Tanto en la Independencia en 1821 como en la creación del Estado en 1841, la Nación que surgía a la vida tuvo que ser llenada de contenido. Los contenidos principales de ese Estado se pueden resumir de la siguiente manera:

A-. De hombres blancos
B-. De propietarios
C-. De católicos

La nueva Nación otorgó derechos solo a los hombres, pero no a las mujeres; a los blancos, pero no a los indígenas, negros o esclavos; a los propietarios, pero no a los peones agrícolas, artesanos o campesinos pobres; a los cristianos, especialmente a los católicos, pero no a otras minorías.

Es Estado fue representante de los hombres blancos, propietarios y católicos. A este prototipo se otorgaron todos los derechos, aunque no al resto de los habitantes del país.

La Ciudadanía que, en consecuencia, se formó fue negada a las mujeres, a los indígenas, negros, esclavos y a los que no poseían bienes patrimoniales. Los ciudadanos costarricenses fueron una pequeña minoría que gobernaba principalmente para ellos en detrimento de esos amplios sectores de la población.

La democracia fue, además, una democracia mutilada, reducida solo para ese pequeño círculo de poder de hombres blancos, propietarios y católicos. El resto de la sociedad no eran ciudadanos con el pleno goce de sus derechos.

El nuevo Estado creó una ciudadanía y democracia mutiladas. El capitalismo no nos trajo la democracia.

Tampoco la independencia creó una sociedad homogénea como algunos afirman, en relación con una sociedad donde la inmensa mayoría fueron pequeños propietarios por lo general pobres. Nunca existió en Costa Rica una sociedad homogénea, ni siquiera en la Colonia, porque siempre existieron los pobres (aunque sean los más pobres de los pobres), los negros, los mulatos, los pardos, los indígenas o los esclavos. (Los esclavos fueron determinantes en la producción de cacao que permitió la acumulación primitiva de capital que luego facilitó la explotación cafetalera).

El hecho es que la independencia fue generando una sociedad cada vez más diferenciada, estratificada, con una clase cafetalera oligárquica minoritaria sobre unas mayorías asalariadas empobrecidas.

La Independencia generó los derechos individuales de libertad personal en muchos campos para un grupo selecto, pero no así los derechos sociales que tuvieron que tardar casi un siglo para empezar a gestarse.

La Independencia generó la conciencia individual pero no la conciencia social, no solo de clase sino de pertenencia a grupos o comunidades. Los derechos sociales con plena madurez y fuerza empezarán a manifestarse en el segundo siglo de Independencia.

Durante el Primer siglo de Independencia se logró consolidar el Estado capitalista y luego la República y mantener el carácter independiente de la Nación en la guerra del 56. La influencia de la Religión Católica a lo largo de los primeros 60 años fue determinante y representó un gran poder, pero fue llevada casi hasta la nulidad con las reformas liberales; la democracia logró algunos pocos avances con las ampliaciones del sufragio.

El primer siglo de Independencia es el de la consolidación del modo de producción capitalista fundamentado en la producción y exportación de café, de una oligarquía cafetalera que se proyectará hasta nuestros días, consolidada a través de gobiernos sustentados en una democracia muy restringida, limitada únicamente a hombres blancos y propietarios. La consolidación de ese modelo se hizo a base de autoritarismo y límites democráticos para las amplias capas sociales del país.

Ausencia de Estado

Óscar Madrigal

Perú ocupa el primer lugar mundial en tasa de mortalidad por coronavirus. ¿Cuáles son las causas de tan doloroso récord?

Los especialistas peruanos las resumen en lo siguiente: la falta de infraestructura, la ausencia de Estado y la falta de orden social. En síntesis, las causas se reducen a una AUSENCIA DE ESTADO.

La pandemia ha demostrado que los pueblos, las sociedades, no pueden hacer frente con éxito a las calamidades de la naturaleza o de la sociedad, sin un Estado fuerte, presente y vigoroso. Así también quedó patente en la crisis financiera del 2008.

En las naciones donde el Estado es débil en cuanto a instituciones, infraestructura, servicios o legitimidad, los pueblos sufren en demasía las injusticias producidas por el hombre y la naturaleza.

El Estado no debe reducirse a brindar una media salud y educación, como pretenden los neoliberales, sino a tener injerencia en diversos campos de la sociedad.

En Costa Rica gracias a las luchas de las organizaciones sociales, se ha logrado defender y detentar un Estado fuerte y vigoroso que permite influir en una mayor justicia social. Al fin y al cabo, a pesar de los reiterados intentos de los poderosos grupos de los grandes empresarios por empequeñecerlo, aún permanece en nuestro país un Estado que está presente en la vida cotidiana de los costarricenses.

Existe en el país todo un conglomerado de instituciones públicas que se dan fortaleza mutua. En el presente las utilidades acumuladas del INS sirvieron para apoyar a la CCSS en la emergencia, los bancos públicos con una parte de las utilidades apoyan los programas del IVM (pensiones), becas y al cooperativismo, la FANAL contribuyó a abastecer de alcohol a la seguridad social a un costo bajo, Acueductos y Alcantarillados ha brindado agua potable a nuestra población y evitado epidemias, el IMAS y demás instituciones contribuyen a mitigar los efectos de la emergencia sanitaria. El Estado es también salario mínimo, vacaciones, cesantía, seguros sociales, derecho a huelga y mucho más.

Las utilidades de las instituciones públicas, como el INS, Banco de Costa Rica, Nacional, FANAL y muchas otras han servido para ayudar al Estado a enfrentar la epidemia en vez de irse a engordar aún más los bolsillos de alguna gran compañía nacional o internacional. Además, todas las instituciones pagan puntualmente sus impuestos.

En Costa Rica no se puede decir que existe, como en Perú, ausencia de Estado.

Pero existen fuerzas poderosas que quieren desbaratar muchas instituciones públicas de manera inmediata al amparo de un acuerdo con el FMI. Como dice Rodrigo Carazo, no es que quieren venderlas es que quieren comprarlas.

Los créditos con el FMI buscan imponer medidas neoliberales para reducir al mínimo el Estado. El Gobierno ha iniciado una “negociación” con el FMI en total secreto y ya han informado que está lista la propuesta.

Solo está por verse si acabaremos como Perú, sin Estado.

Hacen trizas del Estado

«El Estado tiene que cuidar de sus súbditos,
no producir en ellos un terror pánico
que retrotraería las cosas al estado de naturaleza, es decir,
al estado previo al acuerdo o pacto y a la guerra de todos contra todos»[1]

Hernán Alvarado

Lo que viene sucediendo en Costa Rica es que los representantes, las autoridades electas, están siguiendo una agenda que hace trizas el Estado social de derecho y el pacto social de 1949, plasmado en la Constitución de la República.

Nacido del terror

El origen del Estado es el terror a la muerte, como lo viera Thomas Hobbes.[2] Muchas cartas constitucionales fueron antecedidas por una guerra civil o una intensa crisis de gobernabilidad, de manera que la mayoría de las Repúblicas han nacido bañadas en sangre. Por eso, a menudo esos textos representan la verdad en armas de los victoriosos, según un pacto firmado con los derrotados. Así, pues, cada Estado emerge de una lucha cruenta, en una coyuntura crítica, y supera una situación excepcional o de violencia extrema; surge entonces como una portentosa ficción jurídica que erige el derecho como medio de pacificación.

Al derecho mismo lo sostiene, a su vez, un imaginario social, tan eficaz como que los seres humanos se dejan gobernar por creencias. En ese sentido, para Edgar Morin las ideas son entes posesivos, no solo herramientas intelectuales. No en vano Hegel creía que la idea era el sujeto absoluto de la Historia. Así que el Estado es, en esencia, social. Por tanto, no se puede destruir el «Estado social de derecho» sin destruir el Estado mismo, junto con la sociedad que le da consistencia y sustancia.

El apaciguador

Por tanto, el Estado supone una población organizada que responde a una norma representativa de un acuerdo de paz. Pero más allá de esa circunstancia implica un «ser juntos» que resulta «coesencial», es decir, una «sociación» y no solo una asociación.[3] En suma, nadie puede sobrevivir sin el otro, porque la vida implica una coexistencia pacífica entre seres humanos naturalmente obligada cuando se habita un planeta hostil.

El Estado es la mejor respuesta a la amenaza de muerte que proviene del vecino, más que a la que proviene de extraños. De ahí que sea su característica central el monopolio de la violencia, única que se considera legítima; de manera que la soberanía del Estado descansa sobre una oferta de seguridad. Por miedo a ser asesinadas, las personas están dispuestas a sufragar una organización social que les garantice paz como bien social supremo. Entonces, la llamada seguridad jurídica no es cualquier principio, sino que está en la raíz del Estado.

Este es, entonces, una manera de lidiar con el poder que unos ejercen contra otros, en la medida en que este tiende al abuso, a convertirse en violencia material, patrimonial y simbólica. Por eso, se dice que Hobbes dio a luz, en 1651, a la «invención moderna de la razón». La razón sobre la fuerza bruta y el interés particular, para servir a la seguridad y la convivencia. Por su parte, el Pueblo, y en particular los trabajadores productivos, sostienen el Estado, por esas buenas razones. Aunque el Estado supone un orden, incluso una jerarquía, porque en última instancia es la forma organizativa que conquistó una clase dominante para imponerla a las clases subordinadas, como un mal necesario que siempre puede llegar a convertirse, sin el debido control, en un terrorífico Leviatán.

El Estado opresor

Puesto que nace como alternativa frente a una historia de luchas sangrientas, nada más terrorífico y desconcertante que los crímenes del Estado opresor. Nada peor que un Estado que viola la ley, que dirige su violencia contra alguna persona, algún grupo o contra la misma población que debería proteger. En sí mismo, es una traición a la razón moderna, una total sinrazón. La racionalidad que acompaña a ese contrasentido parece monstruosa, pues arranca de cuajo el anhelo de una convivencia basada en el respeto entre personas.

El orden arbitrario de un gobierno que en vez de abolir el miedo lo provoca, crea la estampa perversa de una organización aterradora. Como delincuente o asesino, aparece como una estructura enemiga del ciudadano, capaz de brincarse el orden jurídico. Tal es el mayor absurdo imaginable y la mayor amenaza contra la paz social. Pero el Estado se precipita así en el remolino de su propia autodestrucción, contrastando con la razón moderna que necesita la convivencia para que fluya la compra y venta de mercancías.

Según una metáfora de Franz Hinkelammert, el que dispara al prójimo recibe esa bala en la nuca, dada la redondez del mundo. Él ha subrayado que toda vida social se erige sobre un mandamiento: «No matarás»; que existe como tal por lo mucho que se le infringe. Coincidentemente, para George Bataille (1897-1962) el interdicto o mandato general es contra la violencia,[4] porque el respeto a la vida del otro es la base de toda sociedad y el principio fundamental que todo Estado debería proteger cual esencia del valor moral y fundamento económico.

Oscuros nubarrones

En Costa Rica, resulta llamativo que una fracción de la burguesía le haya declarado la guerra a un Estado que es en primer lugar su servidor. Lo viene haciendo mediante una guerra financiera con las armas de la «ingeniería fiscal»: exenciones, moratorias, amnistías, evasiones, elusiones, colisiones, venta de activos a precio de remate y endeudamiento público. Todo un arsenal que depara ganancias billonarias a los más poderosos, pero tiene a la CCSS al borde de la quiebra y al gobierno de rodillas ante poderes fácticos, financieros y mediáticos que aseguran la acumulación, concentración y centralización del capital. Ello consolida la vergonzosa desigualdad social, mientras un coro de demagogos y populistas se rasga las vestiduras en público, como hacían antes los fariseos.

Esa guerra económica se acompaña con una guerra mediática que dispara una mentira tras otra, tendenciosamente, contra instituciones y universidades públicas, contra sus empleados y contra las personas pensionadas, aprovechándose de esa ilusión óptica que es efecto de unas redes sociales infestadas de odio e ignorancia; animadas por personas que son fácil presa de cifras, fotos, audios, noticias, trinos, memes y rumores falsos, además de argumentaciones falaces que solo muestran lo estúpidos que pueden llegar a ser nuestros prejuicios. Por dicha, son flores del mal que duran un día.

Tal como lo expone el juez de la República Andrés Retana,[5] el caso es que se está poniendo en marcha una agenda que suprime sistemáticamente derechos laborales y humanos conquistados a lo largo de muchos años, mediante una usurpación política autoritaria que, aprovechando la pandemia, no escatima esfuerzos en quebrantar la Constitución. Asimismo, se viene perdiendo la soberanía del Estado en cada coqueteo con el FMI y la OCDE, extraviada en la ilógica de una deuda impagable y montados como vamos en el tren sin frenos de la catástrofe ecológica. Ya se sabe que quien paga la música pone al endeudado a bailar descalzo al ritmo de los martillazos de la insolidaridad. Lamentable, porque sin soberanía estamos ante una caricatura de Estado.

Por eso, el Ejecutivo y el Legislativo seguirán siendo demandados, dadas sus múltiples tentativas de quebrantar la norma superior. Les seguirá lloviendo recursos constitucionales y de amparo, así como demandas penales. Además, ya el movimiento sindical y social ha cerrado filas y ha comenzado a tomar las calles. También han comenzado las manifestaciones como las de la Coordinadora Patriótica Alajuelense Juan Santamaría. El domador del Leviatán comienza a reunir su voz como si fuera los vientos de un huracán que sopla las velas de la resistencia popular.

La ley 9796 es el mejor ejemplo de todo esto. Ella recorta de manera regresiva y violenta las pensiones medias entre 2,200 y 5,000 millones (nominales). Al mismo tiempo, no toca a las más altas, las cuales mejoran. El Presidente ha celebrado en su Facebook la entrada en vigencia de ese adefesio jurídico, para ahorrar unos 10,000 millones al año, según corrige ahora (quién sabe qué se hicieron ya 2,000 que habían anunciado), pero no podrá usarlo como pretendía la ley 9836 sin contravenir el artículo 73.[6] Se socava así un pilar de la seguridad jurídica del Estado, lo cual representa una amenaza para todos: «A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas».[7]

Por encima de la carta magna, el Presidente se muestra orgulloso de meter la mano en el bolsillo de cientos de personas adultas mayores a las que se ha sumido en la mayor zozobra, angustia e indignación de toda su vida, haciéndolas sentir insultadas, humilladas y perseguidas, porque han hecho añicos sus proyectos de vida. Este ataque artero del Presidente contra los adultos mayores merece quedar impreso indeleblemente en la memoria de nuestro pueblo como una acción arbitraria y regresiva contra el Estado social de derecho. En sí mismo, revela lo poco que valora don Carlos la dignidad de su puesto y la poca conciencia que tiene de lo que son derechos laborales y humanos.

[1] Citado en la introducción de Carlos Moya a: Hobbes, T (1980) El Leviatán. Madrid: Editorial Nacional.

[2] Ver un ineludible trabajo sobre Hobbes en: Esposito, R (2003) Communitas. Origen y destino de la comunidad. Buenos Aires: Amorrortu.

[3] Esposito, Ibid, p. 13.

[4] Bataille, G (1985) El erotismo. Barcelona: Tusquets editores, p. 69.

[5] Andrés Alberto Retana Vargas (Juez de la República): «La supresión sistémica de derechos de las personas para el ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos» (OCDE). Semanario Universidad. Opinión. Julio 20, 2020.

[6] Constitución de la República de Costa Rica.

[7] Ibid, capítulo 34.

Los salarios y el agro: claves contra la crisis pandémica

Juan Huaylupo Alcázar[1]

Son muchas las voces en el mundo que prevén la necesidad de modificar las prácticas que los poderes han impuesto a las sociedades, no se trata de un asunto moral ni de justicia social, se trata de la supervivencia de la humanidad.

El capitalismo desde sus inicios hizo propio “las fuerzas y capacidades de las masas”, no para la transformación de las sociedades en aras de la construcción del bienestar y el progreso individual y colectivo, sino para seguir usándolas en guerras, invasiones y ocupaciones contra pueblos y también como objetos, como “mulas de carga” para labores en beneficio de quienes aún detentan el poder de disponer de sus trabajos y vidas.

Las sociedades se han transformado precisamente con la creatividad, imaginación y trabajo colectivo en las ciencias y las técnicas, se modernizaron los modos de elevación de la productividad del trabajo. Todos sin excepción, nos hemos visto involucrados en una gigantesca maquinaria de interdependencia nacional y mundial. La globalización capitalista masificó como nunca las labores de los individuos y sociedades. El gobierno del capital se estableció como un imperio en la historia, con armas y muertes, con tiranías y leyes, como en el pasado, pero también se crearon nuevas formas en ese imperio. Así, se prolongó la esperanza de vida, en muchos casos en no todas las sociedades, se vive en mejores condiciones y se trabaja con técnicas que elevan la efectividad, eficiencia y productividad, se creó la ilusión que somos gestores de nuestros propios gobiernos, que somos iguales ante la ley, el progreso y el bienestar. Pero, no se transformó el destino del trabajo de las masas, perdura la explotación de las capacidades intelectuales, la socialidad y las fuerzas físicas de las personas para seguir trabajando y haciendo más ricos a los ricos.

Asimismo, el capitalismo hizo de las capacidades de las masas, el medio no solo para seguir enriqueciéndose con la explotación del trabajo, pero a diferencia de otros tiempos, creó también nuevas y múltiples formas para apropiarse de los recursos, riquezas y salarios de las personas y las sociedades del mundo. En el esclavismo, el amo era el dueño del trabajo y vidas de esclavos, con el capitalismo esta relación se moderniza y transforma: el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, su salud, su desarrollo intelectual y perfeccionamiento de su creatividad, habilidad y capacidades e incluso las formas de hacer sus labores, depende de los propios trabajadores. Los dueños del trabajo en las jornadas labores están eximidos de esas obligaciones y supuestamente deben ser suplidas por los Estados, que social, política y económicamente son incapaces o impedidos de realizarla. Esto es, la vida del trabajador depende cada vez del salario, pero no solo para su vida, también para los ingresos fiscales del Estado y para los empresarios que nos venden lo que necesitamos, lo inútil, lo deficiente o lo que afecta a la salud. El esclavismo se modernizaba con el capitalismo, sin desaparecer.

El salario se ha convertido no solo el medio de vida para los trabajadores, sino también en un recurso que tienen los gobiernos para obtener nuevos y mayores apropiaciones ilegales del ingreso por el trabajo realizado. Así, en Costa Rica y muchos otros países, permanentemente se confiscan salarios, se suprimen complementos salariales y se privatizan pensiones con leyes y decretos. Los legisladores, serviles e ignorantes, se arrogan ser dictaminadores y sancionadores los montos de los salarios, como si estos fueran ilegales o autodefinidos por quienes los reciben y denigran la función pública de legislar, irrespetando derechos y leyes incluida la propia ley de leyes: la Constitución de la República.

Pero, el salario acumulado a través de los fondos de capitalización laboral y de pensiones complementarias, son usados para dinamizar e incentivar al sector financiero nacional y también para ser apropiado por las bolsas de valores que sus administradores privados determinan, con la venia estatal y sin injerencia de los trabajadores propietarios de esos dineros.

Las funciones que debe cumplir el salario que son propias, privadas e inalienables, se transformaron en recursos apropiables por los empresarios a través de precios especulativos de los negocios de bienes y servicios y de préstamos usureros, así como del Estado para paliar sus déficits y gastos corrientes, o las inversiones de las instituciones de servicio público, con la asesoría e imposiciones de los privatizadores del bienestar: las Cámaras de Empresarios y el Fondo Monetario Internacional.

Los salarios son la versión moderna de los “boletos de café”, “fichas” o “tokens”, que eran monedas privadas usadas para pagar el trabajo en las haciendas y que al cambiarse no alcanzaban a pagar los adelantos en especie recibidos, de este modo, esas monedas eran garantía para una eterna esclavitud y el empobrecimiento absoluto para aquellos trabajadores. Hoy, los salarios no garantizan poder adquirir lo necesario y pagar las deudas que compensan artificialmente la insuficiente capacidad adquisitiva de los salarios. Los empresarios pagan salarios cada más próximos a los africanizados, los agiotistas privados y bancarios se apropian de parte de los salarios, así como los trabajadores que han reducido los salarios o han sido despedidos, están siendo sentenciados a ser víctimas del hambre, la enfermedad y la muerte. Los problemas de la pandemia se agudizan a partir de una estructura social y estatal que expone a sus peligros a muchos y protege a pocos.

Los que se dicen ser empresarios y los otros que se creen periodistas, repiten oligofrénicamente que solo eliminando las restricciones por la pandemia se resolverá la crisis. Abrir negocios sin compradores, es absurdo, como infame y cruel es agudizar la difusión del virus, la enfermedad y los fallecimientos. Imponer los intereses privados como necesidades de todos, evidencia que un poder privado no solo subordina lo público, también lo hace sobre la inteligencia. Paradójicamente las decisiones privadas agudizan la crisis y amenazan con el exterminio de los negocios, la sociedad y la propia humanidad. El poder en su inconsistencia política y económica condena sociedades y personas, suicidándose.

Sin embargo, la inteligencia, esfuerzo y compromiso existentes en algunos, en todos los sectores sociales, son quienes hacen ingentes esfuerzos por paliar el hambre de los más vulnerables de la sociedad. No obstante, es insuficiente, como también lo fue, el regalar alimentos, dinero y el pago con sobreprecios a mercancías, por el Estado norteamericano, para proteger a consumidores y productores en momentos previos a la gran crisis mundial de 1929. La superación de aquella crisis se resolvió con el New Deal, como revelaron estudios, entre ellos el Myrdal Keynes en 1936, que básicamente proporcionaba trabajos, en apariencia inútiles, a los miles de desplazados, desocupados, despedidos y subocupados, fueron los salarios o, mejor dicho, los consumos de los trabajadores y los incrementos de las compras del gobierno, los que permitieron la reactivación económica. Este referente histórico exitoso muestra que no fue de modo alguno, despidiendo, confiscando y pauperizando salarios, destruyendo la institucionalidad pública ni contrayendo el gasto estatal como se solventó la crisis, en ese entonces. Sin embargo, es totalmente lo contrario a lo que proponen y hacen el gobierno, los legisladores y los empresarios de Costa Rica. La reedición contemporánea de las políticas de shock aplicadas en la década del ochenta y noventa del siglo pasado, mostraron ser contraproducentes y iatrogénicas para los espacios sociales latinoamericanos. Es un crimen social aprovecharse de la pandemia para aplicar tales medidas de dramáticas consecuencias contra todos.

El gobierno ya hace ajustes para reducir el gasto en 335,000 millones de colones para complacer las miopes visiones de los que se creen dueños del país y de los entes financieros internacionales que no abandonan sus afanes de colonialidad del poder, a pesar del fracaso económico de sus propuestas y acciones, así como de las nefastas consecuencias sociales en nuestra América. Dicha contracción del gasto afectará al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que financia a las universidades públicas del país, en 65,000 millones de colones, así como liquidará gran parte de la institucionalidad pública. No cabe la menor duda, que la crisis pandémica está sirviendo de pretexto para continuar con la destrucción del Estado Social de Derecho, para liquidar los logros y conquistas alcanzadas en la historia nacional, así como, eliminar el pensamiento crítico y la práctica consecuente del pueblo que nutre nuestras universidades. Mientras que los ricos, los propietarios del capital, gozan de la inmunidad e impunidad para sus prácticas ilegales contra el erario público, contra el trabajo, privatizan la función pública y exigen incentivos, subsidios y exoneraciones. Las consecuencias de la crisis pandémica no solo son sanitarias, es también la consecuencia de las intolerables prácticas políticas y económicas de los poderes prevalecientes, de los que no pierden la oportunidad para atentar contra lo público, los derechos, la libertad y la democracia.

Los propietarios del capital nacional están muy alejados de la lucidez del empresario norteamericano Henry Ford, que aumentó de modo significativo los salarios, para permitir el aumento de la capacidad adquisitiva de sus trabajadores, que no quebraron a la empresa, sino que permitió su auge y la adquisición de los autos Ford. Pero remontémonos a ejemplos más cercanos en tiempo y espacio: aquí, en nuestro país podemos observar que, al incrementarse los precios internacionales del café, se mejoró la calidad de vida de los agricultores al adquirir las mercancías que necesitan, como también permitió el progreso de los comerciantes y mercaderes con quienes intercambian en sus espacios sociales.

La agricultura costarricense ha sido el ámbito donde surgió el capital en la circulación mercantil, para luego ser la fuente de la diversificación del capital productivo, así como fueron las relaciones y confrontaciones sociales en el agro, donde se gestaron y conquistaron derechos laborales y se crearon las bases sociales por la libertad e igualdad ciudadana. El agro fue importante en la modernidad de la historia nacional, como es importante en la actual pandemia, pues permite garantizar la seguridad y soberanía alimentaria nacional, ofrece mayor cabida laboral y crea esperanzas en un espacio rural igualitario, ante la desigualdad y el desprecio a los trabajadores y los prejuicios contra la vida rural existente en el espacio social urbano.

No es ninguna locura hacer del agro un emporio laboral, sostenibilidad alimentaria y fuente para reducir la desigualdad de las relaciones sociales, así como, el rescate y fortalecimiento cultural de las raíces sociales solidarias de nuestra historia. Es seguro que será imposible efectuar este reencuentro con el espacio rural con las finanzas privadas, tampoco será lograble con el liberalismo gubernamental, pero podrá ser una realidad con la labor colectiva, solidaria y transformadora de mujeres y hombres, que no han perdido ni reniegan de sus orígenes rurales y compromisos sociales, pero también podrá alcanzarse con las riquezas socialmente inútiles para el bien común, de propietarios identificados con el bienestar y el desarrollo nacional, riquezas que eventualmente podrían disminuir o desaparecer entre la pandemia y la voracidad competitiva y financiera urbana.

[1] Catedrático en Administración Pública. Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica

Un modelo excluyente y agotado. Parte II

Marco Soto Umaña

Es una verdad de Perogrullo que el modelo económico impuesto durante las últimas tres décadas es un modelo agotado y obsoleto, que únicamente ha tenido como función, concentrar aún más la dinámica económica en unas cuantas empresas, profundizando la apropiación y acumulación de la riqueza en pocas manos.

En dicho modelo económico, la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como la producción de pequeños agricultores, campesinos, es marginal, hemos sido excluidos de dicho modelo, algunos solamente somos sobrevivientes y a duras penas.

Representamos el 90% en el mercado local, en la economía interna, y la participación en el sector exportador también con un peso importante, a pesar de eso, las micro y pequeñas empresas tienen una ínfima participación en el total de exportaciones.

Por otro lado, las políticas globalizadoras, reducción de aranceles, etc., vía discurso de las “ventajas comparativas”, han priorizado los bienes importados, marginando la producción local de alimentos, destruyendo nuestra capacidad de producción básica, ejemplo, totalmente la producción de maíz, parcialmente la de frijol, para beneficio de intereses de sectores importadores

Nos han vendido un cuento, una estafa, achacándole al Estado los problemas de nuestra sobrevivencia, que la tramitología, que las mal llamadas cargas sociales, que la burocracia, que el tamaño del Estado, etc., siendo como se mencionó, que es en la esencia misma del modelo económico excluyente el origen de nuestros problemas y de nuestras posibilidades de existencia.

Ya en la pasada crisis, muchos micro, pequeños y medianos empresarios desaparecieron, otros perdimos nuestros más valiosos activos, pequeños agricultores y campesinos, perdieron su más valioso recurso de vida, su tierra y, en general, para otros, a pesar de haber sobrevivido, fuimos golpeados y muy duramente, todavía hoy cargamos con la resaca de esa crisis.

Hoy, nos enfrentamos a otra nueva crisis que, como se proyecta, es de carácter global, y pone en entre dicho, toda esa estafa ideológica, un modelo privatizador, globalizante y concentrador de la riqueza, una crisis aún más profunda que la vivida hace unos años, una crisis que por sus características, definitivamente terminará de hundir en el desempleo y la pobreza a miles de costarricenses, con la desaparición de cientos de micro, pequeños,  medianos empresarios, campesinos y pequeños productores en el agro.

Desde la respuesta gubernamental la cosa no pinta mejor, todo apunta a que los que históricamente han gobernado, los intereses de las grandes corporaciones, financieros y transnacionales, buscan, a través del Ejecutivo y el Legislativo, aprovecharse de la crisis, cargar sobre las espaldas del pueblo trabajador, privado y público, manteniendo intocables sus propios intereses, sus cuentas en paraísos fiscales, sus ganancias, y, profundizando aún más ese injusto y antidemocrático modelo privatizador.

Seamos claros, la sociedad y la economía como parte de esta,  dependen total y absolutamente de la capacidad adquisitiva de la población, es por eso verdaderamente lamentable, cómo sectores trabajadores, micro, pequeños y medianos empresarios se pliegan al discurso, aplaudiendo el ataque frontal y oportunista contra el sector público trabajador, pretendiendo que este se equipare a las lamentables y precarias condiciones del sector privado, como si llevar a todos a la pobreza, implicaría una mejora a nuestra propia existencia como empresarios, viviendo la falsa ilusión de que empobreciendo al país, vía discurso del “déficit”, “tamaño del Estado”, etc., podría venir a mejorar nuestra propia calidad de vida.

En suma, como empresarios debemos tomar conciencia de que No somos parte de la élite empresarial, cuyo modelo económico atenta contra nuestra propia existencia, que como sector económico debemos tomar una posición más clara, aunar esfuerzos por construir un sistema económico que NOS INCLUYA a todos y todas, empresarios, campesinos y trabajadores, debemos hacernos oír, porque todos somos parte de un conglomerado social, interdependientes unos de otros, debemos EXIGIR un cambio de modelo, ampliar y profundizar nuestra DEMOCRACIA en el sentido amplio de la palabra, nuestra economía es urgente, es indispensable que para que podamos sobrellevar la crisis, sea DEMOCRATIZADA.

Ver la Parte I en el siguiente enlace: https://wp.me/p6rfbZ-bjP

La vida antes de pagar intereses, la vida antes de la meta inflacionaria

Pablo Abarca. Economista, miembro de Economía Pluralista

Dicen por ahí que es en el terreno de las ideologías donde los seres humanos toman conciencia de los conflictos que se manifiestan en el mundo económico. Sin lugar a dudas, con las ideologías se toma conciencia; pero esta conciencia dependiendo de la ideología no tiene como fundamento de existencia la vida humana en el mundo económico, y es un problema que ideologías como mantener la inflación baja o sostener la autonomía del Banco Central evitando el financiamiento al Gobierno estén por encima de facilitar una vida humana digna a nuestra gente.

De acuerdo a las proyecciones emitidas por el Ministerio de Hacienda mediante un comunicado de prensa el día 30 de abril; el déficit fiscal interanual que vamos a experimentar en el 2020 será de un 8.6% del PIB y un déficit primario de un 3.4% del PIB, estas son cifras alarmantes, y evidencia la imposibilidad financiera del Estado para poder llegar a las personas que lo necesitan de la forma correcta.

Si bien es cierto con la aprobación del primer presupuesto extraordinario en la Asamblea Legislativa publicado en La Gaceta el 25 de abril, se asignó 225mil millones de colones de subsidios referentes al bono “Proteger”; de acuerdo a cifras del BCCR en el documento “Coyuntura macroeconómica ante la pandemia y revisión de proyecciones 2020-2021” con esta medida se evitará una contracción del 2% en el consumo de los hogares costarricenses.

La necesidad de poseer recursos para la intervención del Estado en la economía es fundamental; de acuerdo con el último cuatrimestre del 2019 la tasa de desempleo era la más alta desde que se realiza la Encuesta Continua de Empleo por parte del INEC; 12.4% de la PEA, aun no se poseen cifras formales respecto al nivel de desempleo actual, sin embargo, es claro que experimentamos niveles de desempleo no vividos con anterioridad.

Los países como Inglaterra y Japón; están siendo respaldados desde sus respectivos bancos centrales en el financiamiento directo que sus Estados necesitan para proteger y mantener la vida de sus gentes ante la pandemia.

En el caso de Costa Rica el BCCR envió una modificación a su Ley Orgánica articulo 54 específicamente, a la Asamblea Legislativa procurando habilitarle la compra de bonos al Estado en el mercado secundario, petición que fue incorporada en el proyecto de ley 21874, el cual se convirtió en ley el pasado 3 de abril. A pesar de dicha muestra de mediana sensatez por parte del BCCR, el presidente del BCCR el señor Cubero dejo bien claro en una entrevista al Semanario Universidad el 30 abril “Presidente del BCCR reitera que no financiarán la lucha contra COVID-19 poniendo en riesgo la estabilidad monetaria” de que las expansiones monetarias estarán al servicio de la liquidez, la estabilidad financiera y el crecimiento del producto, pero nunca del lado de la gente, es decir, muy lejos de situar al BCCR y su política monetaria como un elemento fundamental para salvar vidas; el señor Cubero cegado por la ortodoxia económica demuestra que es más importa cumplir con una meta inflacionaria baja que nadie percibe en sus bolsillos, a ayudar al financiamiento responsable del Estado, para salir adelante con el COVID-19.

Sobre la compra de bonos en el mercado secundario, esto implicaría altos costos de intermediación que las entidades bancarias comerciales deberán incorporarlos en las tasas de interés con las cuales se negociaría con el BCCR, es decir mayores costos para el Estado.

El BCCR en su comunicado de prensa el 15 de abril agrega; “La adquisición en el mercado secundario por parte del Banco Central de títulos del Ministerio de Hacienda no constituye financiamiento al Gobierno, pues la compra de los valores se realizaría a un tercero, que sería quien recibe el dinero por la adquisición que hiciere el Banco Centra (…)”.

El financiamiento del BCCR hacia el Estado mediante la compra de bonos es fundamental para seguir adelante, sin embargo, la medida de comprar estos bonos a una entidad bancaria comercial en el denominado mercado secundario incurriendo en mayores costos, no tiene sentido presupuestario claro está.

Lo correcto sería una relación directa (mercado primario) entre el Banco Central y el Ministerio de Hacienda para la compra de los bonos sin ningún costo de intermediación y a tasas iguales a cero. Lo correcto sería financiar al Estado al menor costo posible; porque esto sería ayudar a los costarricenses.

El señor presidente en su discurso del 4 de abril sobre informe de labores indica “(…) promovemos una iniciativa global para que el financiamiento relativo a la pandemia para países de renta media sea a tasa fija, ojalá tasa cero, y de largo plazo. Esto para proteger a nuestros países y la cohesión social dentro de la región”.

En este país somos metafóricos por educación y a esto le llamamos “candil en la calle y oscuridad en la casa”, el señor presidente pide un tratamiento financiero internacional justo pero en el país se presupuesta alrededor de un 5.2% del PIB en pago de intereses por concepto de deuda en el presente año. Y para el presupuesto extraordinario se incluyó un apartado para el pago de 273.375 millones de colones por concepto de deuda pública interna.

La situación en que se encuentra el mundo y en particular Costa Rica demanda una negociación con las entidades a las cuales se les adeuda el servicio de intereses, dar a entender que en los momentos actuales el Estado necesita la mayor capacidad de flujo de caja posible, y que por ende el retraso del pago de intereses es fundamental para activar la economía, que los rendimientos de recursos ociosos pueden esperar; porque se necesita salvar vidas primero.