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Etiqueta: exclusión social

¿Crecimiento para quién? Democracia, Equidad y Derechos Humanos bajo el gobierno de Chaves Robles

Alberto Salom Echeverría

Faltan seis meses para las elecciones nacionales conducentes a elegir presidente, vicepresidentes de la República y 57 diputados. Hay un debate nacional que no ha madurado, quizás porque falta mayor precisión entre las partes. La discusión está pues pendiente en lo medular. Quiero echar mi cuarto de espadas.

  1. ¿Qué tan inclusivo es el crecimiento económico actual?

Costa Rica ha registrado cifras macroeconómicas positivas en los últimos años: crecimiento del PIB superior al 4%, baja inflación, aumento en la inversión extranjera y estabilidad fiscal. El gobierno de Chaves ha presentado estos datos como evidencia de una gestión eficiente y orientada a resultados.

Sin embargo, ¿reflejan estas cifras un bienestar colectivo o se trata simplemente de un avance para ciertos sectores privilegiados? El crecimiento se ha concentrado en zonas francas y exportaciones, dejando de lado la economía informal, que sigue abarcando más del 40% del empleo nacional. Esto implica que, aunque el desempleo abierto ha bajado, la calidad del empleo se ha deteriorado, con más personas sin acceso a seguridad social ni derechos laborales.

¿Puede llamarse sólido un crecimiento que excluye sistemáticamente a buena parte de la población trabajadora?

  1. ¿Se ha reducido la pobreza o solo su contabilidad?

El gobierno celebra la reducción de la pobreza al 18%. ¿Es esa baja estadística un reflejo de mejoras estructurales o simplemente una distorsión temporal vinculada a indicadores como una inflación baja?

Muchos hogares apenas superan la línea de pobreza, pero siguen en condiciones precarias y sin acceso estable a servicios básicos, empleo formal o crédito. Además, las desigualdades regionales persisten, con zonas como Limón y Guanacaste aún muy rezagadas.

¿Puede considerarse una victoria la reducción de la pobreza si no cambia la exclusión estructural de millones de personas?

  1. ¿Puede haber seguridad sin justicia social?

El aumento exponencial de homicidios -más de 2.500 muertes violentas en dos años- es una de las principales contradicciones del discurso gubernamental.

El gobierno impulsa una política de seguridad basada en mano dura, cárceles de máxima seguridad y militarización del discurso-, tomando como modelo a países autoritarios. Pero los datos muestran que la violencia sigue creciendo, alimentada por el crimen organizado, la pobreza y la exclusión.

¿Es sostenible un modelo que abandona la prevención social, prioriza la represión y deja intactas las causas profundas de la violencia?

  1. ¿Puede ser legítima una gestión con más de 60 causas abiertas?

Rodrigo Chaves ha mantenido altos niveles de popularidad, pero ¿puede una alta aprobación popular validar una gestión plagada de conflictos con el orden constitucional y hasta con la violación de la ley ordinaria?

Más de 60 causas se tramitan en el Ministerio Público contra el presidente y su entorno -incluyendo acusaciones por financiamiento ilegal de campaña y abuso de poder-, junto con la expulsión o renuncia masiva de ministros, revelan un poder ejecutivo marcado por la inestabilidad, la falta de transparencia y de auténtica rendición de cuentas.

¿Es aceptable hablar de “liderazgo fuerte” cuando este se sostiene sobre el debilitamiento de los mecanismos de control y la concentración del poder?

  1. ¿Es responsable legislar debilitando la institucionalidad?

Numerosos proyectos promovidos por el Ejecutivo -como la llamada y malhadada “Ley Jaguar”- han sido duramente criticados por intentar reducir los controles al poder ejecutivo, limitar la fiscalización presupuestaria y de la política pública en general o, por intentar concentrar competencias clave.

¿Puede un crecimiento económico ser sostenible cuando se erosiona la arquitectura institucional que garantiza el equilibrio de poderes, la transparencia y los derechos fundamentales?

  1. Entonces… ¿de qué vale el crecimiento?

Si el crecimiento económico no mejora la equidad, no reduce la inseguridad estructural, no fortalece las instituciones democráticas y no protege los derechos de todos, ¿para quién está creciendo el país?

Los datos macroeconómicos deben analizarse a la luz de su impacto social real y sostenido. De lo contrario, corremos el riesgo de validar un modelo que beneficia a pocos, excluye a muchos y erosiona la base democrática de Costa Rica.

  1. Conclusión

Costa Rica no necesita solo crecer: necesita hacerlo con equidad, democracia y derechos humanos. De no ser así, estaremos construyendo una fachada de éxito sobre una base cada vez más frágil.

Asentamientos informales y exclusión social: CGR revela impacto de su gestión en la Hacienda Pública

La Contraloría General de la República (CGR) emitió tres informes que exponen graves deficiencias en la gestión pública de los asentamientos informales en el país, señalando su impacto económico, social e institucional. Los documentos buscan ofrecer insumos para una toma de decisiones informada y promover buenas prácticas en la atención de una problemática estructural que afecta a más de 64 mil familias en el país.

El informe DFOE-CIU-SGP-00001-2025 Atención de asentamientos informales y su impacto en la Hacienda Pública, identifica 576 asentamientos informales distribuidos en 61 cantones, lo que representa un aumento del 50% desde 2013. La CGR destaca la falta de claridad conceptual, debilidades en la información y una fragmentación institucional entre actores como el MIVAH, INVU, BANHVI, CNE, IMAS y gobiernos locales.

Entre 2022 y 2024, se estima un impacto económico directo de ₡24.700 millones a la Hacienda Pública por consumo no facturado de servicios, atención de emergencias y otros gastos asociados.

En el reporte DFOE-CIU-RF-00001-2025 Análisis integral del riesgo de desastre: base indispensable para la atención de asentamientos informales, la Contraloría alerta sobre la ausencia total de estudios de riesgo específicos para estas comunidades. Además, señala que no existe una metodología estandarizada ni un mecanismo de coordinación institucional que permita integrar y actualizar los datos. Esta falta de análisis proactivo perpetúa los ciclos de vulnerabilidad y expone a miles de familias a condiciones de alto riesgo.

Finalmente, el documento DFOE-CIU-RF-00002-2025 Medir para transformar: rendición de cuentas sobre el uso de los recursos del BANHVI en poblaciones de asentamientos informales, denuncia debilidades en la trazabilidad y transparencia del uso de recursos públicos.

Entre 2021 y 2024 se ejecutaron ₡28 mil millones del Fondo de Subsidios para Vivienda (FOSUVI) sin contar con información desagregada por asentamiento, tipo de bono o solución habitacional. Además, no se financió ningún proyecto mediante el programa de Bono Colectivo, a pesar de su objetivo específico, y no existen evaluaciones de impacto por parte del BANHVI ni del INVU.

Estos hallazgos subrayan la urgencia de una acción coordinada y estratégica para atender de manera integral la problemática y prevenir que la respuesta institucional continúe siendo ineficaz.

Puede conocer algunos datos puntuales en el siguiente enlace: https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/7e7a0dfe-fe2e-4f70-a9f6-8198c7fea75d/page/p_hksiqvx9rd?s=t4-5uemMsho

Los informes completos pueden consultarse en los siguientes enlaces:

Informe n.° DFOE-CIU-SGP-00001-2025:

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2025/SIGYD_D/SIGYD_D_2025011604.pdf

Informe n.° DFOE-CIU-RF-00001-2025:

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2025/SIGYD_D/SIGYD_D_2025011605.pdf

Informe n.° DFOE-CIU-RF-00002-2025:

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2025/SIGYD_D/SIGYD_D_2025011606.pdf

Fuente de la imagen: Semanario Universidad

Río Frío, Sarapiquí: Un día cualquiera

Jiddu Rojas Jiménez

Aquí se puede uno esperar hasta 5 o 6 horas en Emergencias-CCSS, sin ser atendido, o sea, sin ser valorado por un médico. Luego vendrá el tratamiento. Una señora dice que espera desde la mañana, para ver a un doctor. (Uno o dos heroicos médicos para 45 o 50 personas).

Es la «otra» Patria invisibilizada. Es como un «Apartheid» interno. Una nueva y feroz cotidianidad.

Aquí el Estado Social de Derecho, junto al Salario Mínimo (que molesta a Pilar), se fueron a pasear. Y hay ausencia de justicia social, pero abundancia de gente hermosa, trabajadora, valiente, luchadora, y llena de amor al prójimo y solidaridad.

Cuando pidamos en las próximas elecciones, defender nuestra institucionalidad democrática, recordemos esta falta de Estado Nacional y la indecente e injusta exclusión social de nuestro pueblo trabajador en la periferia rural. Ni hablar del caos económico neoliberal heredado, y de la destrucción sistemática del sector agro, así como de los remanentes de nuestra maltrecha soberanía alimentaria.

Mientras en la noche la inseguridad ciudadana campea, la violencia y el narco aparecen, y el transporte público interno local no existe…

Aquí se impone la cruel narrativa, en la que se nos venden dos «héroes»: el Ja-Guaro y el tal Diablo. Así de simple. Estos viles antihéroes, personajes de caricatura dignos del mundo distópico de Trump o Bukele, son ejemplos a imitar.

Lo demás, es el clientelismo político que sobrevivió al brutal monocultivo extranjero, a décadas de abandono de lo público, y a la falta de legitimidad democrática.

La piña tóxica sustituyó a las bananeras. Los tubérculos para los pequeños campesinos.

Pero la exuberante belleza natural y su imponente clima tropical, aún se impone; y el talante rebelde y luchador de sus hombres y mujeres resiste.

Resiste en una nube de confusión y distracción ideológica, entre el machismo atávico, el alcoholismo, el culto pandereta, los nuevos mitos antivacunas, las largas distancias, los malos caminos, la pobreza atroz, la desigualdad social, y el desarrollo social teratológico (E. Guevara), y el otrora llamado en la academia, desarrollo combinado y desigual.

Queda la nostalgia de las heroicas luchas populares y de los valientes dirigentes campesinos comunistas, en algunos nombres de las comunidades y barrios.

¿Será que, en estas nuevas circunstancias democráticas, sabremos honrar esa memoria, y construir un futuro más incluyente en igualdad y libertad? ¡El futuro es ya!

P.S. Entre hoy y anoche, mientras el suscrito iba a la letrina alrededor de 15 veces en una cabaña, en un hospital público de la CCSS, –bastión de nuestra salud pública y de nuestra imperfecta democracia–, partió físicamente, el Camarada Vladimir Barrantes, QEPD., hijo, padre, tío y abuelo de una heroica familia de campesinos comunistas moristas costarricenses, ligada a las más importantes luchas históricas nacionales e internacionales del partido de Manuel Mora Valverde, Carmen Lyra y CALUFA.

Cuando el color de la piel decidía tu derecho a participar

Por Bernardo Archer Moore
Presidente de ACUDHECA
Correo: acudheca@gnail.com*

En la Costa Rica de mis padres y abuelos, esa era la norma impuesta a los afrodescendientes: los espacios de decisión política estaban reservados exclusivamente para los blancos.

¿Se imagina usted, lo que se siente cuando te niegan la entrada a una reunión en tu propia comunidad, solo por el color de tu piel “blanca”, sabiendo que las decisiones que se tomen afectarán directamente el derecho sobre su propiedad?

Esa era la realidad cotidiana en Puerto Limón antes de la promulgación de la Ley N.º 4230 del 21 de noviembre de 1968, conocida como la Ley Contra la Discriminación Racial.

El artículo 1.º: Esta ley penaliza expresamente la negativa de acceso a personas, por motivos de raza, color de piel, origen étnico o nacionalidad, a asociaciones, centros de entretenimiento, hoteles, clubes y establecimientos afines.

Su aprobación fue impulsada por el entonces diputado Carl Eduardo Neil (Q.E.P.D.), tras una serie de incidentes que sacudieron al país, entre ellos, el conocido caso del Club Miramar en Limón en 1967, donde a ciudadanos afrodescendientes se les prohibió el ingreso únicamente por su color de piel. (Reina de Simpatía de los Carnavales de Limón – Dr. Katherine Sawyers Royal).

Gracias a esa lucha legislativa, la segregación racial en espacios sociales privados pasó a ser un delito.

Y sin embargo, me duele recordar cómo, aún en mi adolescencia, compañeros de secundaria me informaron con mucha pena:

«Que No me dejarían entrar con ellos a ese club ni a la piscina, por ser negro».

Hoy, ese dolor sigue presente.

Por ello, resulta profundamente preocupante observar cómo, en algunas zonas del Caribe Sur, se intenta revivir formas de exclusión del pasado, disfrazadas ahora de regulaciones, permisos y privilegios de figurar.

Ya no se trata de letreros en la entrada, sino de decisiones y prácticas en las que el color de piel, el origen cultural o la procedencia continúan influyendo. Solo que, en esta ocasión, la discriminación se dirige contra inmigrantes blancos.

Repetir ese patrón de exclusión, aunque invertido, constituye un retroceso histórico, jurídico y humano. Nuestra lucha no es solo por preservar la memoria de las injusticias sufridas, sino por afirmar la dignidad presente y futura del pueblo tribal afrodescendiente, en igualdad y justicia para todos.

Lo más desconcertante es que estas exclusiones se intenten justificar bajo el amparo del Foro Nacional Permanente de la Población Tribal Afrodescendiente de Costa Rica, creado por el Decreto Ejecutivo N.º 43532‑MP‑MINAE‑MCJ‑MEP, del 5 de mayo de 2022.

Este decreto establece el reconocimiento del pueblo tribal afrocostarricense y propone la creación de espacios de diálogo en comunidades como Barra del Colorado, Tortuguero, Siquirres, Cahuita, Puerto Viejo y Limón Centro, con el fin de garantizar procesos de consulta previa y protección territorial.

Sin embargo, desde su promulgación hasta la fecha, la comunidad tribal de Cahuita no ha sido convocada a ningún proceso de diálogo real ni representativo.

Es más, en diversas ocasiones se han realizado reuniones en el Salón Comunal de Cahuita sobre este mismo tema, sin que los habitantes locales hayan sido invitados ni informados, incluyendo a vecinos que viven justo al otro lado de la calle de dicho salón. Muchos de ellos, legítimamente, se preguntan:

¿De qué se trata esa reunión?”

Una consulta sin inclusión es una simulación. Y excluir a Cahuita de este proceso no solo contradice el espíritu del decreto, sino que vulnera el principio de representatividad y participación activa que exige el derecho internacional en materia de pueblos tribales.

*Asociación para la Promoción de la Cultura y Defensa de los Derechos Humanos de los Habitantes de CAHUITA.

Pronunciamiento: Sobre la violencia social y su impacto en la salud mental – Colegio de Profesionales en Psicología

El Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, como órgano rector del ejercicio profesional de la psicología y defensor del bienestar psicológico de la población, manifiesta su profunda preocupación ante las múltiples formas de violencia que se presentan en contextos tales como familiares, comunitarios, académicos y laborales a lo largo y ancho del país, afectando gravemente la salud mental, la cohesión social y el desarrollo integral de las personas.

Reconoce que la violencia social se comprende como aquel acto con impacto social que atenta contra la integridad física, psíquica o relacional de una persona o un colectivo, llevado a cabo por un sujeto o por la propia comunidad. Estos actos adoptan expresiones complejas que van desde la delincuencia y el narcotráfico, hasta amenazas entre vecinos y formas más sutiles como la exclusión social, la estigmatización, la discriminación estructural y la falta de acceso a recursos y oportunidades.

Estas situaciones generan un clima constante de inseguridad, miedo e incertidumbre, especialmente en poblaciones en condición de vulnerabilidad, como niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas mayores, población migrante y personas con discapacidad.

Como órgano rector del ejercicio profesional de la psicología, hace un llamado urgente a visibilizar y atender las causas estructurales de la violencia social, entre las cuales destacan la pobreza, la desigualdad, el desempleo, el debilitamiento del tejido social y la ausencia o insuficiente ejecución de políticas públicas integrales.

Reafirma que la salud mental es un derecho humano fundamental que no se garantiza adecuadamente en contextos donde prevalecen el abandono, la impunidad y la desprotección institucional.

Por ello, insta a las autoridades nacionales, gobiernos locales, instituciones públicas, organizaciones comunitarias y a la sociedad civil a:

  1. Promover espacios seguros, inclusivos y participativos en todos los contextos, en los que se escuche activamente a sus habitantes.

  2. Educar para la convivencia pacífica, la empatía y la resolución no violenta de conflictos desde edades tempranas.

  3. Fortalecer los programas de prevención de la violencia, con enfoque psicosocial, interseccional y basado en derechos humanos.

  4. Impulsar redes comunitarias de apoyo y resiliencia con acompañamiento profesional desde la psicología comunitaria.

  5. Generar accesos reales a servicios de salud mental y atención integral a víctimas de violencia, asegurando recursos humanos y materiales adecuados.

El Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica se compromete a continuar contribuyendo activamente en el abordaje ético, científico y humano de la violencia, destacando que la construcción de una sociedad justa, solidaria y saludable es una responsabilidad colectiva que requiere una acción decidida y sostenida.

Chaves, pequeño émulo de Trump

Luis Fernando Astorga Gatjens

En muchas más cosas, acciones y decisiones, Rodrigo Chaves quiere parecerse a Donald Trump, que a partir de asumir el poder en Estados Unidos el 20 de enero pasado, ha pretendido convertirse en el emperador del mundo.

Ambos han buscado concentrar un poder omnímodo por encima de leyes, de instancias legislativas y de los poderes judiciales de ambos estados. Les incomoda y molesta cualquier cuestionamiento a sus decisiones, por más justo y con sólidas bases legales que se esgrima.

Sueña Rodrigo Chaves en ganar con la fuerza política taxi o propia, que él lidere en las elecciones de 2026, una cantidad de unos 40 diputados jaguares, para gobernar como lo ha venido haciendo su referente regional, Nayib Bukele. Con ello buscaría dirigir el ejecutivo a través de alguien que le represente en sus designios, propósitos e intereses, desde Zapote. Buscaría asimismo dominar el Poder Judicial y todos los órganos de control, para ejercer ese soñado poder autoritario unipersonal. Su sueño incluye, desde luego, convertirse en presidente en un periodo próximo.

El éxito que ha alcanzado Chaves en mantener su popularidad, en algunas encuestas de opinión, ha exacerbado su aupamiento y sus deseos mesiánicos de conservar su poder autoritario, ya sea siendo diputado en el periodo legislativo 2026-2030 o mediante algún representante que reconozca y sea fiel a su liderazgo.

Empero esa popularidad, desafortunadamente para el país, no la ha alcanzado mediante avances sociales que reflejen un mejoramiento de la calidad de vida, particularmente, de las mayorías que han venido enfrentando condiciones de pobreza y exclusión social.

La base de la popularidad sostenida por Chaves tiene como causas profundas, el cansancio acumulado por amplios sectores de la población por las promesas incumplidas y por la corrupción manifiesta de los sucesivos gobiernos del PLN, el PUSC y el PAC. Los avances sociales alcanzados al desarrollar un Estado Social de Derecho (ESD) entre los años cuarenta y ochenta del siglo anterior, esos gobiernos no los sostuvieron y desarrollaron. Todo lo contrario. De distintas maneras, los empezaron a debilitar y a dilapidar. En este periodo entre los años ochenta anteriores y el año 2022, el ESD que el país construyó, se erosionó y lo que el pueblo palpó es que pequeños grupos políticos y económicos se enriquecieron. La riqueza se concentró en pocas manos mientras el país se convirtió en uno de los más desiguales del planeta, según los datos del Banco Mundial.

Así un pueblo hastiado, elevó a la presidencia a un demagogo con ínfulas autoritarias, como Rodrigo Chaves. Y ya desde Zapote y sus teatrales y efectistas conferencias de prensa de los miércoles, y con el apoyo de un escuadrón de troles, que utilizan sistemáticamente las redes sociales, ha logrado sostener tal popularidad.

Así como Trump arremete contra un juez federal que ordenó suspender la decisión de enviar a El Salvador a migrantes venezolanos, amparado en una ley de guerra del siglo XVIII, hoy Rodrigo Chaves arremete contra el fiscal general, Carlo Díaz, al hacer avanzar causas penales contra el mismo presidente y miembros de su gabinete.

A ambos les perturba e incomoda cualquier estado de derecho que afecte sus decisiones políticas. Esperemos para el bien de la democracia, real y verdadera, y de los pueblos de aquí y todo el mundo, que ambos fracasen en sus respectivos sueños mesiánicos.

Y todo indica que en el caso de Chaves eso ha empezado a aflorar, al fracasar la manifestación anti-fiscal general, pese a los autobuses ofrecidos a los manifestantes alquilados, en distintos puntos del país, más almuerzos y pagos por su participación, y al intensos trabajo de los troles chavistas y a los “bots” (usuarios automáticos), que apoyan a Chaves desde Vietnam, Colombia, México, Perú y otros países. Qué bueno que la realidad concreta todavía pesa más que los discursos de odio y la fantasía que emerge de las redes sociales, en una de sus caras más sombrías y nefastas.

Todo el sistemático esfuerzo político-electoral que realiza hace varias semanas, desde Zapote y en sus giras proselitistas; más la exhaustiva campaña por redes sociales; más los recursos económicos empleados, no llenó las expectativas de los organizadores. Por más que digan que una movilización medianita fue una gran movilización, los hechos muestran la realidad. Una cosa es movilizar personas por redes sociales y otra muy distinta, movilizarlas presencialmente, más aún cuando no hay una causa justa que las inspire.

(18 de marzo, 2025)

Gentrificación y exclusión: Una lucha que no podemos ignorar

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

El pasado 17 de enero de 2025 estuvimos presentes en el plantón contra la gentrificación, donde tuvimos la oportunidad de dialogar con una integrante del Colectivo No a la Gentrificación, Turistificación y Daño Ambiental en CR. Durante la conversación, exploramos las tensiones que están transformando diversos territorios en Costa Rica y reflexionamos sobre los desafíos que enfrentan las comunidades locales.

Este tipo de manifestaciones resulta crucial para visibilizar los impactos de modelos de desarrollo que priorizan el poder adquisitivo, flexibilizan las normativas según intereses particulares y terminan profundizando los impactos ambientales y la exclusión social de las personas locales. Participar y apoyar estos espacios nos invita a repensar cómo construir territorios más inclusivos y sostenibles.

Asimismo, buscamos destacar las implicaciones de los procesos de denuncia y defensa de los territorios, los cuales se han convertido en un ejercicio que expone cada vez más a las personas a situaciones de mayor vulnerabilidad.

Para escuchar el audio, ingrese en este enlace.

GALERÍA

Ciudad de Dios: realidad que supera la ficción

Por Memo Acuña
Sociólogo y escritor costarricense

Todo, absolutamente todo ahora nos parece disruptivo. En realidad, no es que nos parezca. Es que así es. Y esto empezó con el marco de la crisis civilizatoria instalado a nivel planetario en marzo de 2020. Ya nada volvió a ser igual.

Más bien, hubo cosas que empeoraron para convertirse en situaciones permanentes. Sin retorno. O al menos sin posibilidades de resolverse al corto plazo.

Costa Rica conoció esta semana que termina el caso de una estructura criminal con un alto componente familiar en la zona atlántica. Se dedicaba principalmente al narcomenudeo, práctica que ha empezado a entronizarse como estrategia de consecución de recursos entre los sectores socialmente excluidos.

El caso tuvo un impacto dada la participación activa de un niño de diez años en la entrega de droga en su casa de habitación. La inclusión de personas menores de edad en actividades criminales bien podría ser catalogada como una de las acciones disruptivas de nuestro tiempo.

No solo en el sur global ocurren estás prácticas. Hace una semanas se conocía con estupor el caso de estructuras narcotraficantes en países como Dinamarca y Suecia que reclutaban a niños y niñas para instruirlos en el mundo del sicariato.

Henos perdido estas generaciones para siempre. Como en la producción brasileña Ciudad de Dios, la realidad ha superado la ficción y la naturalización de la violencia en personas cada vez más jóvenes debe llevarnos a replantearnos qué estamos accionando como adultos.

La alerta en Costa Rica está declarada. Si no hacemos algo como país, como sociedad, pronto tendremos a nuestros propios niños internos jalando del gatillo para acabar con nosotros. Volvamos a ellos. Perdonemos lo que haya que perdonar e invitémoslos a vivir. Merecen ese regalo.

Sin educación no se puede enfrentar al narcotráfico

¿Puede el narcotráfico tomar los gobiernos de América Latina? ¿Los gobiernos tienen las herramientas para combatir esta problemática? Prisma Latinoamérica, expande el tema sobre la problemática del narcotráfico. 

El narcotráfico no es únicamente un problema de seguridad, es un problema que tiene raíces en el sistema político. Especialmente en el centralismo, lo que trae como consecuencia un acceso limitado a oportunidades y recursos materiales por parte de un grupo de la población.  Se genera una exclusión social, que limita las oportunidades de trabajo, viendo como única solución el narcotráfico.

El narcotráfico es una empresa descentralizada, con una gran cantidad de recursos. Es una actividad delictiva, que se alimenta de diversas fuentes. Con gobiernos llenos de corrupción, permite en algunos casos que el narcotráfico entre a los gobiernos centrales y cometer sus actos delictivos.

La mejor manera para combatir es la capacitación y la educación hacia las personas que entran en esta alternativa, al no tener oportunidades para desarrollarse. Con una reforma de educación adecuada, que abarque a toda la población, integrando los diferentes grupos sociales y de edades distintas, proporcionando procesos de capacitación organizacional. Es la mejor manera para tomar medidas contra el narcotráfico. 

Para expandir el entendimiento del tema, se le invita a ver el siguiente video:

Despertar y hacer la vida poesible

Por Memo Acuña. Sociólogo y escritor costarricense

A escribirse esta columna el país se acerca a la alarmante cifra de 600 homicidios. En la noche previa 5 hombres fueron asesinados bajo lo que en apariencia serían ajustes de cuentas.

Al iniciar la semana un medio de comunicación local me consultaba acerca de hechos de violencia ocurridos en actividades de celebración en vías públicas. Es la ausencia de convivencia y sentido colectivo, indiqué en su momento.

Sin embargo, me parece que es más que la necesidad de tejido colectivo lo que le está ocurriendo a una sociedad como la costarricense. Es claro que los tiempos violentos transcurren en el mismo momento que la desigualdad y la exclusión social aparecen como ejes vectores de nuestra sociedad.

Y entonces empiezan las preguntas: ¿qué hacer? He dicho hasta la saciedad que para sacar al país del lastre violento al que lo sometió 40 años de agenda neoliberal, se requiere algo más que voluntad política.

Hemos tenido un violento despertar hacia otro país, hacia un vacío que nos puebla. Para sacudirnos de la oscuridad, se requieren acciones para recuperar nuestro carácter subjetivo e intersubjetivo.

He dicho hasta el cansancio que creo en el arte como vehículo transformador. A eso le apuesto. Sobre eso voy. Por eso mi camino actual. Por eso mi convencimiento que en el arte está la clave.

En los años noventa Medellín era una de las ciudades más violentas del planeta y apostó entre otras cosas por recuperar los espacios públicos para la gente y por la poesía con sentido comunitario.

Yo sueño con que nos demos la posibilidad de caminar espacios públicos con calidad, libres de violencia y poetizar la vida en todos los sentidos.