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Etiqueta: extractivismo

FRENAPI denuncia usurpación y uso electoral de la agenda indígena

Escrito en . Publicado en Elecciones.

San José, 25 de enero de 2026.

El Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) emitió un pronunciamiento público en el que alerta sobre la usurpación de derechos, territorios e identidades indígenas y cuestiona el uso instrumental de la agenda de los pueblos originarios en el contexto del proceso electoral de 2026.

FRENAPI, que agrupa a ocho pueblos indígenas y al menos quince territorios de todo el país, recordó que desde hace más de 26 años ha impulsado esfuerzos sostenidos para posicionar las demandas indígenas ante los distintos poderes del Estado, independientemente de los gobiernos y administraciones de turno. En su comunicado, el colectivo reafirmó la vigencia y diversidad de los pueblos indígenas de Costa Rica, así como su compromiso con una agenda integral que abarca la espiritualidad, la tierra y el territorio, las estructuras propias de gobierno, la salud y educación propias, la protección del ambiente y la defensa de los idiomas originarios.

La organización denunció que, pese a la violencia estructural histórica ejercida por el Estado, ha mantenido una posición de respeto frente a las distintas corrientes y figuras políticas que aspiran a cargos de elección popular. Sin embargo, advirtió que los procesos electorales suelen estar estrechamente vinculados a grupos de poder que financian campañas y que, según FRENAPI, han usurpado tierras, conocimientos y espiritualidades indígenas, recurriendo a “discursos vacíos” y prácticas engañosas.

El pronunciamiento señala además que diversas figuras políticas han utilizado de forma incorrecta los idiomas indígenas o han hablado en nombre de los pueblos originarios sin conocimiento real de sus territorios ni de sus prioridades, reproduciendo la ignorancia y el desconocimiento sobre la realidad indígena. En ese sentido, FRENAPI repudió lo que calificó como prácticas reiteradas de “politiquería electoral”, en las que los derechos de los pueblos indígenas —reconocidos en leyes, decretos y convenios internacionales— son invocados de manera coyuntural, pero luego omitidos en los planes de inversión y acción estatal.

De manera explícita, el Frente cuestionó las acciones atribuidas a Laura Fernández y Fernando Zamora, a quienes acusa de utilizar las necesidades y derechos indígenas como parte de su estrategia de campaña, mediante la suplantación y la manipulación de la realidad que enfrentan las comunidades.

FRENAPI también criticó a los partidos políticos por profundizar desigualdades y violencias sistemáticas, usando a sectores históricamente excluidos como “botín electoral” u ornamento discursivo. Asimismo, denunció la imposición de proyectos extractivistas —como marinas, explotación petrolera, minería e hidroeléctricas— sin respetar la autonomía, la libre autodeterminación ni la consulta previa, libre e informada de buena fe.

El colectivo subrayó que los pueblos y naciones indígenas no son homogéneos y defendió la construcción democrática desde las diferencias, de manera pública y propositiva. Afirmó que su “proyecto de Vida” no responde a partidos políticos ni a coyunturas electorales, sino que trasciende el escenario político actual y se fundamenta en la defensa del territorio, la dignidad, el autogobierno y el bien común.

Finalmente, FRENAPI rechazó las narrativas coloniales e integracionistas que invisibilizan la diversidad indígena y llamó al pueblo costarricense a abrir el pensamiento y la acción para construir un país más democrático, inclusivo y respetuoso de su pluralidad. El comunicado concluye con un mensaje de memoria y lucha en honor a Jerhy Rivera y Sergio Rojas, reafirmando la continuidad de la resistencia de los pueblos indígenas en Costa Rica.

Brechas ambientales entre los programas de gobierno rumbo a las elecciones de 2026

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Comunicado

Un estudio independiente elaborado por la Asociación Regional por la Transformación Ecológica y Social Justeco (ARTES-JUSTECO) y presentado por el Parlamento Cívico Ambiental (PCA) reveló profundas diferencias entre los programas de gobierno de los partidos políticos costarricenses en materia ambiental, de cara al proceso electoral de 2026.

El informe, titulado “Análisis de los programas de gobierno a la luz de las tendencias de opinión pública en la prensa y las redes sociales en materia ambiental”, fue presentado públicamente el pasado 15 de enero en la Asamblea Legislativa. El estudio evaluó las plataformas programáticas de 13 partidos políticos mediante una metodología cuantitativa y cualitativa, basada en 50 indicadores agrupados en 13 categorías temáticas, entre ellas agua, clima, biodiversidad, gobernanza, justicia ambiental y ordenamiento territorial. Asimismo, contrastó dichas propuestas con el diagnóstico de deterioro institucional y regulatorio identificado por el Informe del Estado de la Nación.

Los resultados evidencian una clara estratificación entre los partidos. En el nivel superior se ubican el Frente Amplio y la Coalición Agenda Ciudadana, cuyos programas presentan propuestas coherentes y alineadas con una transformación estructural para enfrentar de manera integral la crisis ambiental, territorial, climática e institucional del país. Ambos destacan por su énfasis en justicia ambiental, fortalecimiento institucional, protección del agua, regulación del extractivismo y participación democrática.

Liberación Nacional se sitúa también en el primer nivel, con propuestas técnicas e institucionales sólidas en áreas como agua, clima, energía y biodiversidad, aunque con menos propuestas radicales en materia de participación ciudadana y justicia socioambiental. Su programa respalda explícitamente la ratificación del Acuerdo de Escazú.

En un segundo grupo se encuentran partidos cuyas propuestas mantienen, en general, el statu quo, con avances parciales o simbólicos que no abordan las fallas estructurales de la gobernanza ambiental. En el extremo opuesto, el estudio identifica plataformas claramente regresivas, orientadas al extractivismo y la desregulación ambiental. Entre ellas figuran los programas de Nueva República, Integración Nacional y Pueblo Soberano, que promueven la minería a cielo abierto bajo el concepto de “minería sostenible” y plantean la exploración y extracción de hidrocarburos como mecanismo de financiamiento de políticas públicas.

Durante la presentación, la vicepresidenta del Parlamento Cívico Ambiental, Victoria Rudín, subrayó que el objetivo del estudio es ofrecer a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a los tomadores de decisión una herramienta comparativa clara y transparente para evaluar en qué medida las propuestas políticas responden a los desafíos ambientales reales del país.

Por su parte, el Dr. Bernardo Aguilar, vicepresidente de ARTES-JUSTECO, señaló que la evidencia confirma que la crisis ambiental de Costa Rica es también una crisis política e institucional, marcada por el debilitamiento de la institucionalidad pública, la regresión regulatoria, los conflictos territoriales, la presión inmobiliaria en zonas costeras, el deterioro del acceso al agua y la reducción de los espacios de participación ciudadana. En este contexto, el informe advierte que la decisión del electorado será determinante para enfrentar esta crisis o profundizarla, con implicaciones directas para el modelo de desarrollo socioambiental y para la calidad de la democracia costarricense.

Puede descargar el informe completo desde SURCOS:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/01/Analisis-de-los-programas-ambientales-de-los-partidos-2026.pdf

Sobre el Parlamento Cívico Ambiental (PCA)

El Parlamento Cívico Ambiental es una plataforma ciudadana permanente creada en 2019, orientada a fortalecer la democracia ecológica, la justicia social y el desarrollo sostenible mediante el enfoque de Parlamento Abierto y una pedagogía de aprender haciendo.

Alto a toda invasión imperialista, colonialista y capitalista en Venezuela y en la región

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

El Movimiento de Trabajadores y Campesinos -MTC- condenamos la intervención militar y política del gobierno de Estados Unidos en Venezuela, en la madrugada del 3 de enero, 2026; vil agresión contra la vida y la soberanía del pueblo venezolano, junto al secuestro de presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Invasión que viola tratados internacionales y es una amenaza para la autonomía de toda la región:

“No se permitirá que Venezuela continúe bajo un régimen que ha oprimido a su pueblo por tantos años. Por eso, los Estados Unidos van a dirigir el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada, justa y sensata a un gobierno legítimo. Esto significa que habrá una administración temporal enfocada en paz, libertad y justicia para el pueblo venezolano.” Trump

Venezuela posee aproximadamente el 17% de las reservas mundiales de petróleo. Repudiamos que Trump reafirme la decisión de que empresas petroleras estadounidenses “administrarán la infraestructura energética del país”.

En este escenario, propio de la crisis de los imperios capitalistas, retrotraemos que el pasado 1° de diciembre Trump descaradamente indultó a Juan Orlando Hernández (JOH), pese a la sentencia de 45 años dictada en junio de 2024, por un jurado federal de Estados Unidos, por cometer delitos relacionados con armas de fuego y ser parte del narcotráfico nacional e internacional presidiendo un gobierno narco dictatorial en Honduras, interviniendo públicamente en el proceso electoral reciente en dicho país. De igual manera, apoya al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, denunciado por sus vínculo con el narcotráfico. Y paradójicamente hoy, en su narrativa, justifica la invasión a Venezuela acusando a Maduro en esa misma línea.

Frente a una invasión directa y descarada del imperialismo, donde Trump afirma: “No tengo miedo de poner ‘botas en el terreno’”, nos unimos a la condena internacional y a cada acción continental en defensa de la libre soberanía de los pueblos, el respeto al principio de autonomía, al patrimonio cultural y natural, y recursos naturales por el restablecimiento de la paz, en una sola voz:

¡Ni el petróleo, ni el agua, ni nuestra energía y futuro les pertenece!
¡No somos el patio trasero de nadie!
¡Alto a la extensión de la doctrina nacionalista, colonialista, expansionista y extractivista del capitalismo!
¡Nunca más “América first” (Estados Unidos primero)!
¡Alto a toda amenaza imperialista capitalista contra otros pueblos
para expandir los intereses energéticos de Washington!
¡Venezuela Bolivariana no está sola, somos un solo pueblo!
¡Nuestra solidaridad con las hermanas y hermanos de Venezuela!
¡Viva América Latina, libre y soberana!

Balance socio ambiental 2025

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Por Mauricio Álvarez Mora
Docente UNA
Coordinador del Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la UCR.

Retrocesos, resistencias y nuevas articulaciones desde los territorios

El balance ambiental del año 2025 puede leerse desde tres dimensiones: los retrocesos y amenazas, los avances logrados pese a un contexto adverso, y los hechos más significativos que marcaron la agenda socioambiental. Este análisis parte del acompañamiento sostenido a comunidades, organizaciones sociales y territorios que hemos realizado en la acción social de la Universidad de Costa Rica desde el Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica.

Un panorama negativo: retrocesos democráticos y violencia estructural. En términos generales, el balance ambiental del 2025 es sombrío y preocupante. Costa Rica atraviesa un grave retroceso en derechos humanos y sociales que tiene consecuencias directas sobre la agenda ambiental. El aumento sostenido de la violencia, junto con la expansión y arraigo del narcotráfico, se manifiesta con especial crudeza en territorios rurales, costeros y transfronterizos. Durante este año quedó expuesta, por ejemplo, una preocupante triangulación entre estructuras del narcotráfico y actores dentro de INCOPESCA, evidenciando la penetración del crimen organizado en instituciones públicas claves. Este tipo de relaciones es evidente en la actividad minera ilegal entre Crucitas y Abangares.

A este contexto se suma la emergencia de nuevas formas de movilización social que buscan romper la parálisis reforzada por un gobierno autoritario y negacionista. El tejido social aparece fragmentado y desmovilizado, atravesado por el miedo, el cansancio y la apatía, lo que limita la capacidad de respuesta colectiva.

La violencia se reproduce además gracias a la impunidad y a discursos profundamente polarizantes que legitiman la hostilidad frente a cualquier forma de disenso. Este clima se expresa en un discurso abiertamente ecocida, sostenido tanto por el presidente como por sectores empresariales. Ya en 2024 se había registrado un aumento en la criminalización y los ataques contra organizaciones socioambientales; en 2025 esta tendencia continuó, materializándose en demandas judiciales contra personas comunicadoras e influencers, así como en múltiples expresiones de violencia simbólica dirigidas contra defensoras y defensores ambientales.

Avances y resistencias: frenar el retroceso y construir alternativas. En medio de este escenario adverso, el año también dejó elementos positivos. Aunque persiste una parálisis en la movilización social masiva, a nivel legislativo la sociedad organizada, en articulación con partidos de oposición, sectores académicos y diversos movimientos sociales, logró frenar varias reformas regresivas. Entre ellas destacan los intentos de privatización del ICE, modificaciones orientadas a desproteger la Zona Marítimo-Terrestre y una serie de proyectos mineros que habrían significado un retroceso histórico para el país.

En el plano del debate público, se lograron avances importantes en la disputa de ideas. Se consolidó el rechazo social a la exploración petrolera y de gas, y se amplió la discusión crítica sobre los impactos de la gentrificación y la turistificación. En este contexto, se realizó el primer Encuentro Nacional y se conformó la Red de Mujeres Costeras y Rurales, una articulación inédita que conecta luchas locales en territorios como Guanacaste, Caribe, Talamanca y Puntarenas.

Esta red, de carácter horizontal y autónomo, está construyendo una agenda innovadora que articula organizaciones feministas, rurales, indígenas y populares, demostrando que, pese al desgaste social, siguen emergiendo nuevas formas de organización para la defensa de los bienes comunes.

Frente a los procesos de criminalización y violencia contra activistas, también se registraron avances significativos. La Universidad de Costa Rica aprobó el acuerdo CU-19-2024, que establece la realización anual, cada 7 de diciembre, de actividades institucionales en homenaje a las personas asesinadas por defender el derecho a un ambiente sano. En 2025, esta conmemoración reconoció a un amplio grupo de lideresas, líderes comunitarios, organizaciones y activistas que actualmente enfrentan amenazas, criminalización y persecución vinculadas a proyectos extractivos y políticas de despojo en territorios como Playa Pelada, la Fila Costeña, Punta Pelencho, Térraba, el Humedal de Coris, Cipreses de Oreamuno, Playa Cabuyal, Caribe Norte, Miramar y Belén.

Asimismo, el 22 de abril se llevó a cabo un acto de reconocimiento a personas y comunidades que defienden la vida frente a las amenazas contra la naturaleza, reforzando la dimensión simbólica y política de estas luchas.

Las alertas por la seguridad del defensor indígena Pablo Sibar, los pronunciamientos colectivos y diversas acciones de denuncia y visibilización evidencian una capacidad de reacción social rápida y articulada, con aprendizajes acumulados que resultan especialmente valiosos en un contexto de violencia estructural y creciente criminalización socioambiental.

Lo más destacado del año: agua, corrupción y disputas territoriales. El hecho más grave y determinante del año fue la reforma al Reglamento de Agua Potable, uno de los retrocesos más profundos en materia de salud ambiental de las últimas décadas. Esta modificación desmanteló el paradigma basado en el principio de precaución y lo sustituyó por un enfoque permisivo que favorece la contaminación y beneficia directamente a la industria de los plaguicidas. Todo ello ocurrió pese a una oposición amplia y sólida por parte de sectores académicos, regulatorios, científicos, especialistas, institucionales y socioambientales, que se pronunciaron de manera contundente y documentada.

Este retroceso se inserta en un clima de violencia política que facilita el avance de la corrupción, la parálisis institucional y la reducción presupuestaria de entidades clave como el SINAC y el MINAE. Durante el año, la Contraloría General de la República evidenció prácticas y omisiones graves en SETENA, particularmente en zonas costeras, que reflejan un relajamiento selectivo de sus funciones en límites que rozan la corrupción, precisamente en la institución encargada de garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano.

Paralelamente, tomó fuerza una movilización social amplia y diversa en torno a la turistificación y la gentrificación. Más allá del debate público, estas tensiones se expresaron de forma concreta en los territorios: desalojos en Playa Pelada; críticas al modelo de “república independiente” en Papagayo; oposición al Plan Regulador de Talamanca; denuncias por la destrucción del Refugio Gandoca–Manzanillo, Playa Negra,  defensa de Punta Pelencho en Brasilito; y el fortalecimiento de las luchas en la Fila Costeña, entre muchas otras. Prácticamente todas las regiones costeras del país registraron acciones de articulación y resistencia comunitaria.

Finalmente, se consolidaron luchas temáticas a lo largo del territorio nacional: resistencia contra nuevos rellenos sanitarios, Ojochal, Rio San Juan, Abangares, Pacifico Central, ,Caribe Norte, defensa de espacios naturales como el Parque Ross y el Santuario del Agua en Belén; protección de ríos como el Ario, el Frío y el Guacimal frente al extractivismo; y defensa de arrecifes como El Chino en Puerto Viejo y Jícaro en Bahía Culebra.

El 2025 deja así un balance marcado por fuertes retrocesos institucionales, pero también por resistencias persistentes y nuevas articulaciones sociales que mantienen viva la defensa de los territorios, el agua y los bienes comunes en Costa Rica.

Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

¿Qué país imaginan los planes de gobierno cuando hablan de ambiente?

Escrito en . Publicado en Elecciones.

Observatorio de Bienes Comunes

Después de revisar propuestas y planes de gobierno, descubrimos que caminar entre sus nociones de “naturaleza”, “recursos” o “desarrollo” fue casi como atravesar Mordor e Isengard: promesas verdes que se derriten, extractivismos disfrazados, silencios sobre comunidades y territorios que casi nadie menciona.

Preparamos un cuaderno de estudio para leer críticamente el debate ambiental electoral en Costa Rica:

– ¿Cómo se nombra la naturaleza?

– ¿Qué ideas se repiten en todos los colores políticos?

– ¿Qué megaproyectos avanzan sin discusión?

– ¿Dónde quedan los bienes comunes, las comunidades y la vida?

– ¿Qué tensiones muestra el país cuando se mira más allá del discurso?

No es para promover partidos, sino para pensar, contrastar e interpelar lo que se nos presenta como “desarrollo”.

Léalo aquí:
https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/entre-mordor-e-isengard-una-lectura-critica-de-los-planes-de-gobierno-desde-los-bienes-comunes-cuaderno-de-estudio/

Calle Álvarez, Guatuso, vive un abandono que ya no se puede ocultar

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Mientras el río se debilita por la extracción de material y se levantan proyectos en zonas de riesgo, la comunidad vive con la inseguridad permanente de quedar aislada cada vez que llueve y de enfrentar nuevas inundaciones sin una ruta segura de salida.

Este caso revela cómo las desigualdades socioambientales se sienten en el cuerpo y cómo las decisiones (y las omisiones) institucionales aumentan la vulnerabilidad de las personas.

Leé la nota completa del Observatorio de Bienes Comunes y conocé por qué este no es solo un problema local, sino un síntoma de un modelo que construye “desarrollo” a cualquier precio.

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/calle-alvarez-cuando-el-abandono-institucional-se-vuelve-parte-del-paisaje/

UCR conmemora a Personas Defensoras de los Territorios

Escrito en . Publicado en Derechos.

  • Lunes 8 de diciembre – 10:00 a.m. Conector Biológico, antiguo parqueo de Ingeniería, junto a la Biblioteca Carlos Monge

En 2024, la Rectoría y el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica, a solicitud del Programa Kioscos Socioambientales y otras instancias universitarias, con el acompañamiento de familiares y activistas, aprobaron el acuerdo institucional CU-19-2024, que establece que cada 7 de diciembre se realizarán actividades para honrar a las personas asesinadas por defender el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

La fecha fue seleccionada en memoria de los ecologistas Óscar Fallas Baldí, Jaime Bustamante Montaño y María del Mar Cordero Fernández, asesinados el 7 de diciembre de 1994 en un contexto de amenazas y violencia vinculada a la defensa del Golfo Dulce frente a la industrialización impulsada por la transnacional Stone Container.

La UCR ha señalado: “La Universidad reconoce que, a pesar del prestigio internacional de nuestro país por promover la sostenibilidad y la conservación del ambiente, las personas defensoras de los derechos humanos ambientales están expuestas a riesgos como amenazas, hostigamiento, persecución, estigmatización, aislamiento social, violencia física o política, e incluso la muerte”.

El año pasado, la Universidad colocó placas conmemorativas en honor a 12 personas defensoras del territorio, activistas, ecologistas e indígenas que perdieron la vida. Sus ausencias siguen siendo una herida en la memoria colectiva y un recordatorio del alto costo que implica proteger los territorios y los bienes comunes.

Este año, la UCR quiere reconocer a quienes continúan defendiendo la vida, enfrentando actualmente amenazas, criminalización y persecución derivadas de proyectos extractivistas y políticas de despojo. Son personas cuyo trabajo cotidiano sostiene luchas por el bien común, muchas veces sin reconocimiento público, pero con un impacto profundo en sus comunidades y ecosistemas.

Este acto busca renovar el compromiso institucional con la justicia, la memoria y la defensa de los derechos humanos, honrando a quienes resisten y cuidan los territorios.

Para el Programa Kioscos Socioambientales «es urgente que la sociedad costarricense reconozca estas violencias, se posicione frente a ellas y reivindique la importancia de las acciones de defensa que hoy sostienen muchas comunidades».

La actividad es abierta al público y contará con el acompañamiento de las autoridades universitarias, oficina Nacional del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y personas homenajeadas.

Federación ecologista elige nueva presidenta y analiza coyuntura electoral

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

  • FECON hace un llamado a votar con conciencia social, ambiental y en defensa de los ecosistemas que sostienen la vida, la economía, la salud; en defensa de la democracia y contra el autoritarismo.

(1 de diciembre 2025) La especialista en justicia climática Mariana Porras Rozas es la nueva presidenta de esta plataforma de articulación de organizaciones ecologistas de todo el país denominado Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON). La Federación que acoge a una decena de organizaciones ambientales y desde el año 1989 tiene la finalidad de ser una plataforma que lucha por la justicia ambiental.

Comunidades Ecologista La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica (CoecoCeiba-AT) es la organización de base de Mariana Porras Rozas. Ella proviene de los Guidos de Desamparados y desde niña sus padres la incluyeron actividades de juventudes impulsados por la extinta Asociación Ecologista Costarricense (AECO) en los años 90’s. Por lo cual, Porras acumula más de 30 años de formación y trabajo ecologista; lo que la han llevado también a liderar espacios dentro de Amigos de la Tierra América Latina (ATALC) y representar a Costa Rica en la Federación de Amigos de la Tierra Internacional.

La asamblea ecologista se desarrolló el pasado 29 de noviembre, la sede de este evento fue la Asociación. para la Conservación y Desarrollo Sostenible de los Cerros de Escazú (CODECE) parte de la membresía de FECON desde sus inicios. Adicional a la asamblea FECON organizó un espacio de discusión con otras 16 organizaciones aliadas invitadas para discutir el panorama político-ambiental a escasos dos meses de la primera ronda electoral. Algunos puntos claves de la discusión fueron:

Costa Rica atraviesa una coyuntura especialmente delicada caracterizada por el recrudecimiento de tendencias autoritarias, el avance del crimen organizado dentro de múltiples esferas del poder político, empresarial y estatal; el desmantelamiento acelerado de la institucionalidad pública y el fortalecimiento de un modelo extractivista que profundiza desigualdades sociales, de género, territoriales y ambientales. Sumado a esto el ataque a las personas periodista y los medios de comunicación son síntomas de la deriva autoritaria y anti-democrática que vive el país. La combinación de estos factores conforma un escenario que impacta directamente las luchas por la justicia ambiental, la defensa de los territorios y la protección de los bienes comunes.

Se consolidan señales preocupantes de autoritarismo: ataques recurrentes de la Administración Rodrigo Chaves hacia otros poderes, instituciones y organizaciones. Discursos estigmatizantes contra sindicatos, universidades públicas, prensa, organizaciones sociales, ambientalistas, mujeres y comunidades indígenas, además del uso creciente de narrativas de criminalización.

Esta clausura democrática se expresan también en flexibilización de regulaciones ambientales, debilitamiento de comisiones técnicas, avance del monocultivo intensivo, turismo inmobiliario agresivo, gentrificación de territorios, y apertura de megaconstrucciones y privatización de áreas de alto valor ecosistémico, que evidencian procesos de despojo territorial, captura del Estado y presión sobre los bienes comunes, mientras comunidades y organizaciones locales cargan con la defensa cotidiana del agua, los bosques y la biodiversidad.

Un eje central de esta coyuntura es el debilitamiento estructural de la participación social en asuntos ambientales. La actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad es solo un ejemplo dentro de una tendencia más amplia: participación simbólica, acelerada y sin incorporación real de las voces territoriales.

La presión creciente de gentrificación, y un modelo de atracción de inversión sólo sabe avanzar erosionado derechos laborales, precarizando la vida rural y expandiéndose en forma de enclaves turísticos. Todo esto impacta directamente los ecosistemas, el acceso al agua, la erosión del suelo, la pérdida de biodiversidad y la soberanía alimentaria, al mismo tiempo que profundiza la desigualdad territorial y fractura comunidades enteras.

Esta coyuntura crítica afecta de manera diferenciada a mujeres rurales, juventudes, defensoras ambientales, pueblos originarios y comunidades empobrecidas, que sostienen la economía del cuidado, la producción de alimentos y la defensa de los territorios. Los retrocesos en derechos sexuales y reproductivos, la violencia patriarcal, el aumento del feminicidio y la criminalización de la protesta agravan la situación para quienes encabezan luchas territoriales y ambientales en condiciones de riesgo.

El desafío inmediato para el movimiento ecologista y para espacios como FECON consiste en comprender y combatir esta coyuntura como un fenómeno sistémico, fortalecer la articulación comunitaria y territorial, producir pensamiento crítico propio, y defender de manera integral la justicia ambiental, climática, territorial, económica, social y de género.

Por último, la Federación hace un llamado a votar con conciencia social, ambiental y en defensa de los ecosistemas que sostienen la vida, la economía, la salud; en defensa de la democracia y el autoritarismo. No es posible defender la biodiversidad, el agua y los bosques sin inconstitucionalidad democrática y derechos plenos para todas las personas.

Presentarán investigación inédita sobre minería ilegal y su expansión en territorios protegidos

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

La Fundación Heinrich Böll Centroamérica y la Federación Ecologista (FECON) invitan a la presentación en línea de la investigación “La multinacional del oro que le abrió las puertas a la minería ilegal en tierras protegidas de Costa Rica”, publicada el pasado 23 de noviembre por Revista RAYA y desarrollada por los periodistas Edinson Arley Bolaños y Camilo Ubaque Calixto.

El reportaje expone cómo una empresa minera transnacional proporcionó información estratégica —incluyendo rutas y coordenadas— que posteriormente facilitó la expansión de la minería ilegal en áreas protegidas, en particular en la región de Crucitas, una zona de alta relevancia ecológica.
La investigación documenta además impactos ambientales y sociales, el uso de mercurio, redes de tráfico de minerales y vacíos en la gobernanza ambiental del país.

Detalles del evento

Panel de presentación

  • Ingrid Hausinger – Directora, Fundación Heinrich Böll Centroamérica

  • Edinson Arley Bolaños – Director, Revista RAYA (Colombia)

  • Amaru Ruiz – Presidente, Fundación del Río (Nicaragua)

  • Henry Picado – Miembro de FECON y Red de Biodiversidad (Costa Rica)

Según las organizaciones convocantes, el encuentro abrirá un espacio para profundizar en los hallazgos del reportaje, analizar sus implicaciones regionales y dialogar sobre los desafíos que la minería ilegal plantea para Costa Rica, Nicaragua y otros territorios mesoamericanos.

Investigación completa

Puede leerse en:
https://revistaraya.com/la-multinacional-del-oro-que-le-abrio-las-puertas-a-la-mineria-ilegal-en-tierras-protegidas-de-costa-rica.html

Agricultura 4.0: La Re-Revolución Verde (“Agricultura” guerrerista y genocida)

Escrito en . Publicado en Alimentación.

“Todas las criaturas vivientes deben tener una interacción
constante con su ambiente si quieren vivir en este planeta”
Saito, K (2017)

Por Óscar Rivas1

1 Me desempeño como Agricultor Orgánico desde el 2019 (actualmente en un proyecto propio llamado “Finca Macambo”) y en términos académicos tengo un grado de licenciatura en Pedagogía con énfasis en Didáctica.

Las últimas décadas han estado marcadas por la implementación discursiva de lo que llaman “IV Revolución Industrial” esto, desde el discurso dominante, se debe a la necesidad de “modernizar”, aún más, algunos sectores de la economía. Sin embargo, lo que realmente arrastra este discurso es la necesidad por parte de la clase en el poder de hacerle frente a la crisis de mercados, abrir nichos de consumo y encontrar fuentes para movilizar el capital; esto, abonado a otros aspectos, son muestras de las contradicciones sistémicas y una crisis objetiva que se agrava cada día más.

Esta crisis objetiva es una sola con la crisis subjetiva de la gran burguesía y es que como clase dominante y dirección del mundo está con el pasar del tiempo cada vez más desacreditada y, además, las vestimentas “democráticas” se empiezan a caer y se hace más visible la verdadera cara del sistema capitalista.

¿Qué tiene que ver esto con la Agricultura? Está íntimamente relacionada. Este aspecto es lo que se pretende explicar o por lo menos tener un acercamiento al tema debido a que la agricultura ha presentado y presenta una gran oportunidad en dos aspectos de suma importancia: el primero como mercado residual de las guerras y los conflictos y el segundo en términos de la utilización de esta para utilizar y seguir imponiendo el discurso de la necesidad de “modernización” en un campo que “no se ha adaptado aún a las nuevas necesidades y tiempos”. Esto no es algo nuevo ya que con la Revolución Verde lo han impuesto, pero que los términos actuales de esta visibilizan una Re-Revolución Verde ahora recargada y con tecnología de punta.

El discurso de la “Agricultura 4.0”, de la “Agricultura de precisión” trae consigo la práctica de llevar al campo a fondo la alta tecnología utilizada en las guerras, así como los venenos tuvieron su auge luego de que fueran utilizados en la primera y segunda guerra mundial para asesinar al enemigo. Hoy, está el agravante, de que esta alta tecnología, a modo de laboratorio, está siendo utilizada para aniquilar a un pueblo entero: el pueblo palestino. Mientras drones asesinos, alta tecnología represiva, máquinas “ultra-inteligentes” son utilizadas en aspectos genocidas, también se va creando la necesidad de “modernizar” el campo.

Lo anterior, no es resignifcar lo que ya venía sucediendo en la ruralidad, es llevar al paroxismo la tarea de socavar el suelo, imponerse o borrar la pequeña agricultura, y seguir profundizando un modelo que llevó a la quiebra a la pequeña producción agrícola donde le hicieron utilizar su parcela como laboratorio para el uso de venenos, le empeñaron su relación con la tierra y convirtieron al pequeño campesino en un asalariado más, lo que Marx plantea como un efecto de “proletarización creciente”1.

El despojo de la riqueza biológica 2 fue y es el despojo de la riqueza existencial y esto se ve más que reflejado en la lejanía cada vez mayor con la actividad base para sobrevivencia de la especie: la agricultura (entendiendo a esta como la propia palabra lo describe la cultura y la cercanía con la tierra). El gran capital agrícola (Agromafia) y el gran capital tecnológico son, hoy más que nunca, uno solo y justifican su necesidad de movilizar y realización del capital por medio de la Re-Revolución Verde, la IV Revolución Industrial llevada a la agricultura o lo poco que queda de esta. El propio Bill Gates (fundador y dueño de Microsoft) habla de la necesidad de invertir en el campo agrícola, y esta es la tendencia de la gran burguesía mundial. “Si la ciencia y la tecnología no son independientes de consideraciones políticas, tampoco lo son sus respuestas al problema de agotamiento de la biodiversidad domesticada y silvestre”3.

Estamos, por lo tanto, ante una “agricultura”4 genocida y no solo por ser mercado residual del genocidio al pueblo palestino, también porque se une a la alta gama de venenos que asesinan toda la micro y macrofauna, sobreexplotando tanto el suelo como a la población africana para fabricar todo lo que gira alrededor de la alta tecnología. Generando así un combo aún mayor de una actividad que se sustenta bajo el sufijo de muerte (-cida) solo que ahora maquillada de tecnológica y avanzada (caso similar a lo que pasaba con la gran maquinaria agrícola en los comienzos de la Revolución Verde).

Ahora bien, y como dice el refrán popular, “al que no quiere caldo dos tazas”. La agresión al campo con énfasis en la pequeña agricultura no queda ahí, el gran capital agrotecnológico no puede dejar cabos sueltos y responde también al crecimiento de actividades agrícolas alternativas traficando la tecnología como forma de generar “sostenibilidad” cosa imposible sabiendo el origen de la alta tecnología que como planteaba el párrafo anterior se sustenta en una actividad extractivista y sobreexplotadora. Esto último le ha servido para blanquear su imagen por los crímenes que llevan a cabo y presentarse como la cabeza de la “agricultura verde” y la “salvación del campo”. Hoy en día ya hay universidades que han metido en su currículo aspectos de la llamada “Agricultura 4.0” y están por profundizar en esta área, una vez más la corroboración de su influencia y quienes realmente tienen el poder.

En conclusión, se está imponiendo una “agricultura” donde se sigue viendo el suelo como mina por lo que se socava la base de la vida, se rompe con el metabolismo material con la naturaleza5, justificadora y perpetuadora de la actividad guerrerista y genocida, la re-imposición de la dependencia del pequeño agricultor a insumos (¡y ahora a tecnología!) externos, el blanqueamiento del exterminio a un pueblo entero bajo el discurso falaz de la “sostenibilidad”, volcar instituciones estatales enteras hacia el proyecto de la “Agricultura 4.0”, y utilizar a las naciones y sus suelos para ver como subsanan la crisis que ellos mismos generaron, subsanar en el sentido de clase: abrir nuevos mercados, continuar explotando el suelo y revertir el fenómeno de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia6.

La “Agricultura 4.0” es el proyecto del gran capital sionista genocida y fiel reflejo de un sistema que pone por encima el capital a la vida, un sistema capitalista cada día más barbárico.

1 Marx, K. 1970. Ideología Alemanda. Editorial Progreso

2 Rodríguez, S. 2013. El despojo de la riqueza biológica. EUNA

3 Ídem.

4 De ahora en adelante si la palabra aparece entrecomillada se hace en el sentido de recuperar su concepto, de ser un concepto en disputa. Entrecomillada para diferenciar entre la agricultura que queremos y pretendemos rescatar, y la concepción e imposición del gran capital en el área agrícola.

5 Saito, K. 2017. La naturaleza contra el capital. Bellatera Edicions.

6 Roberts, M. 2024. La ley de rentabilidad de Marx: aún más evidencia. Extraído de https://braveneweurope.com/michael-roberts-marxs-law-of-profitability-yet-more-evidence