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Etiqueta: extractivismo

Costa Rica ante el cambio climático: entre la excepcionalidad y sus límites

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Costa Rica ha sido durante décadas presentada —y celebrada— como una excepción en el contexto centroamericano: un país pequeño que, a contracorriente de las tendencias regionales, apostó a partir de la segunda mitad del siglo XX, por la conservación de la naturaleza, la institucionalidad ambiental y un modelo energético relativamente limpio. Esta imagen no es una simple construcción discursiva: descansa sobre decisiones históricas concretas, políticas públicas sostenidas y sustentables, con resultados verificables. Sin embargo, en el contexto contemporáneo de la crisis climática, y un desarrollo extractivo y neoliberal, esa excepcionalidad aparece cada vez más menguada, con lo que se ha producido un equilibrio inestable, atravesado por tensiones estructurales que cuestionan su alcance y su sostenibilidad.

I. La construcción de una excepcionalidad: políticas, instituciones y territorio

El origen de esta trayectoria singular puede situarse en la segunda mitad del siglo XX, cuando Costa Rica comenzó a institucionalizar la protección de sus recursos naturales. La aprobación de la Ley Forestal de 1969 y la creación del sistema de parques nacionales en los años setenta marcaron un punto de inflexión, impulsado por figuras como Mario Boza Loría y Álvaro Ugalde Víquez.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha expresado que, Costa Rica es uno de los pocos países tropicales que ha logrado revertir la deforestación a gran escala mediante políticas públicas sostenidas.

Esta afirmación sintetiza uno de los pilares del modelo costarricense, al menos en la segunda mitad del siglo anterior. En efecto, la cobertura forestal, que había caído a cerca del 25% en los años ochenta, supera hoy el 50%, gracias a políticas como el Pago por Servicios Ambientales (Banco Mundial, 2008).

El entramado institucional se consolidó originalmente mediante el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), al cual se le asignó la tarea de administrar más de una cuarta parte del territorio nacional bajo diversas categorías de protección.

Ejemplos emblemáticos de este proceso son la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde, el Parque Nacional Braulio Carrillo y el Parque Nacional Corcovado, que han adquirido reconocimiento internacional tanto por su biodiversidad como por su papel en el desarrollo del ecoturismo. No obstante, en las dos décadas y media que llevamos del siglo XXI, la labor del SINAC se debilitó sustancialmente, dejando mucho que desear respecto de sus objetivos originales.

A este conjunto se suma un logro ampliamente documentado:

“Costa Rica genera casi toda su electricidad a partir de fuentes renovables, principalmente hidroeléctricas, geotérmicas y eólicas” (Agencia Internacional de Energía, 2023).

Este desempeño refuerza la percepción de una transición energética exitosa. Sin embargo, es aquí donde emerge la paradoja.

II. Una excepcionalidad sectorial: avances reales, límites estructurales

La fortaleza del modelo costarricense consistió en las últimas tres décadas del siglo pasado, en su capacidad para producir resultados concretos, pero concentrados en sectores específicos. No obstante, estos avances no se tradujeron automáticamente en una transformación integral del sistema económico.

Como lo advirtió el mismo Banco Mundial: el crecimiento económico de Costa Rica ha estado acompañado, por un lado, por el aumento en la demanda energética, pero por el otro, se sustentó en el uso de combustibles fósiles, especialmente en el transporte.

En efecto, el sector transporte se ha convertido en el principal emisor de gases de efecto invernadero del país. La expansión del parque vehicular y la falta de sistemas integrados de transporte público han limitado el impacto positivo de la matriz eléctrica limpia. A ello contribuyó decisivamente la eliminación del tren eléctrico, con el objeto de hacer una concesión a los transportistas durante la administración de José María Figueres (1994-1998).

Este fenómeno se vincula con el crecimiento urbano desordenado, particularmente en la Gran Área Metropolitana. Estudios del Programa Estado de la Nación han señalado que, la expansión urbana ha ocurrido sin una adecuada planificación territorial, generando presiones sobre los recursos naturales y aumentando la desigualdad espacial, principalmente rural-urbana.

Así, la excepcionalidad costarricense retrocedió, revelándose como parcial: fuerte en ciertos ámbitos, pero muy limitada en otros.

III. Presiones sobre la biodiversidad: entre la protección y la erosión

A pesar de la solidez que alcanzó en un inicio el sistema de áreas protegidas, hoy, la conservación enfrenta desafíos crecientes; persisten dinámicas de tala ilegal, una expansión agrícola desordenada, acompañada de la ocupación de zonas de amortiguamiento. Concretamente, esas ocupaciones pueden incluir, expansión de la agricultura o la ganadería, construcción de viviendas o urbanizaciones, apertura de caminos, tala y extracción de madera, actividades turísticas desordenadas o, invasiones de tierras donde se han establecido asentamientos humanos.

Con ello, se crea un grave desafío para los espacios naturales protegidos, porque en lugar de reducirse los impactos humanos desordenados, se ocupan intensivamente, por lo cual el parque o reserva termina sufriendo efectos tales como: pérdida de biodiversidad, fragmentación del bosque, contaminación de ríos, presión sobre la fauna silvestre, aumento de incendios y cacería y erosión y degradación de los suelos.

En las zonas costeras, la presión del turismo ha impactado ecosistemas clave como los manglares. La misma Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ha afirmado que los ecosistemas costeros en Centroamérica, incluidos los manglares, están bajo creciente presión por el desarrollo turístico y urbano. Costa Rica es en este sentido un ejemplo muy connotado de como el turismo ha amenazado y diezmado el desarrollo sostenible del agro costarricense, espoleando la concentración de la riqueza y un crecimiento anárquico y desordenado.

La fauna silvestre también enfrenta amenazas. La fragmentación del hábitat y la infraestructura vial han incrementado la mortalidad por atropello de animales silvestres, especialmente en corredores biológicos. Casos como las rutas que atraviesan el Parque Nacional Braulio Carrillo evidencian la dificultad de armonizar desarrollo e integridad ecológica.

IV. Cambio climático y nuevas vulnerabilidades

El cambio climático introduce una dimensión crítica. Costa Rica, pese a sus avances, es altamente vulnerable a eventos extremos.

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) ha señalado que, Centroamérica es una de las regiones más vulnerables al cambio climático debido a su exposición a eventos extremos y su limitada capacidad adaptativa.

En Costa Rica, esto se traduce en sequías más intensas en el Pacífico norte —especialmente en Guanacaste— y lluvias más extremas en el Caribe y el sur.

Además, fenómenos como El Niño y La Niña amplifican estas variaciones. Según el IPCC, existe creciente evidencia de que el calentamiento global altera la variabilidad climática asociada al ENSO y amplifica algunos de sus impactos regionales. En efecto, la variabilidad climática asociada a ENSO (El Niño-Oscilación del Sur) se intensifica en un contexto de calentamiento global. Así, en Centroamérica estas “oscilaciones del sur” o ENSO (por sus siglas en inglés) aluden a las variaciones de presión atmosférica entre el Pacífico oriental y occidental, estudiadas originalmente por el meteorólogo Gilbert Walker. (Cfr. Climate Change 2021: the physical Science Basis. Grupo de trabajo I del Sexto Informe de Evaluación del IPCC, 2021)

En consecuencia, estas condiciones favorecen incendios forestales en zonas secas, muchas veces asociados a prácticas agrícolas y sequías prolongadas, así como procesos de degradación ambiental que, en regiones como Guanacaste, se aproximan a formas incipientes de desertificación.

V. ¿Un modelo post-extractivo? Tensiones contemporáneas

Aunque Costa Rica había proyectado una imagen de sostenibilidad, mantiene actividades intensivas en recursos naturales; de tal manera que, la agroindustria y el turismo continúan ejerciendo presión sobre los ecosistemas.

Más aún, el debate reciente sobre la posible exploración de hidrocarburos revela tensiones estructurales. Como advierte la OCDE (parafraseando):

Costa Rica enfrenta crecientes presiones económicas, urbanas y climáticas que desafían la sostenibilidad de sus logros ambientales. (Cfr. OCDE Environmental Performance Reviews: Costa Rica, 2023. Evaluaciones del Desempeño Ambiental, CR 2023). La OCDE misma recomienda que el país debe mejorar la articulación entre sostenibilidad ambiental, infraestructura y desarrollo económico.

Esto plantea una pregunta central: ¿ha superado realmente el país el modelo extractivista y neoliberal o simplemente le ha introducido un “maquillaje” superficial?

VI. Costa Rica en el contexto centroamericano: convergencias y divergencias

Comparada con Guatemala, Honduras o Nicaragua, Costa Rica presenta ventajas claras en cobertura forestal e institucionalidad ambiental.

Sin embargo, comparte con la región:

• alta vulnerabilidad climática

• presión sobre recursos naturales

• desigualdades territoriales

En este sentido, la CEPAL ha señalado que, los países centroamericanos enfrentan desafíos comunes en la gestión sostenible de sus recursos naturales en un contexto de cambio climático.

De modo que, Costa Rica aparece menos como una excepción absoluta y más como un caso avanzado dentro de una problemática regional compartida.

VII. Conclusión: una excepcionalidad en disputa

La imagen de Costa Rica como “país verde” tiene fundamentos reales, pero resulta insuficiente para describir su complejidad actual.

Sus logros son innegables. Pero también lo son sus contradicciones.

Podríamos sintetizar afirmando que, Costa Rica representó hasta cierto punto, una excepcionalidad histórica respecto de los países centroamericanos en conservación y energía limpia en la segunda mitad del siglo XX, pero, no logró una ruptura estructural con el modelo extractivista y neoliberal de crecimiento económico dominante. De modo que, su experiencia revela tanto las posibilidades, como fundamentalmente, los límites de una transición ecológica en el mundo contemporáneo.

Bibliografía breve

• Banco Mundial (2008). Payment for Environmental Services in Costa Rica (Stefano Pagiola).

• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informes sobre desarrollo humano y sostenibilidad.

• Agencia Internacional de Energía (2023). Costa Rica Energy Profile.

• Programa Estado de la Nación. Informes anuales.

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Informes ambientales regionales.

• Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (AR6).

• OCDE. Environmental Performance Reviews: Costa Rica.

Centroamérica ante la crisis climática: vulnerabilidad, conflictos y desafíos de integración

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Introducción

Centroamérica se encuentra entre las regiones más vulnerables del mundo frente a la crisis climática, no por figurar entre las mayores emisoras de gases de efecto invernadero, sino por la convergencia de fragilidades ecológicas, desigualdades socioeconómicas y debilidades institucionales. Desde Guatemala hasta Panamá, incluyendo a Belice el istmo experimenta con creciente intensidad fenómenos como sequías prolongadas, huracanes más destructivos, inundaciones, pérdida de biodiversidad y estrés hídrico.

Este ensayo sostiene que la crisis climática en Centroamérica no puede entenderse únicamente como un problema ambiental, sino como una crisis sistémica, donde confluyen modelos de desarrollo extractivistas, patrones históricos de desigualdad y limitaciones en la coordinación regional.

1. Una región altamente vulnerable

Centroamérica aporta menos del 1% de las emisiones globales de CO₂, es decir, una fracción mínima del total mundial, lo que contrasta con su alta exposición a los impactos del cambio climático. Este dato resulta aún más significativo si se considera que, incluso al desagregar la región, ningún país centroamericano representa individualmente una proporción relevante dentro del total global.

Esta vulnerabilidad responde a varios factores, entre otros citamos los siguientes:

  • Ubicación geográfica entre dos océanos, lo que la expone a tormentas tropicales y huracanes.

  • Alta dependencia de la agricultura de subsistencia.

  • Limitada infraestructura de adaptación climática.

  • Altos niveles de pobreza y desigualdad.

Eventos recientes han evidenciado esta fragilidad: huracanes como Eta e Iota (2020) devastaron amplias zonas del istmo, mientras que sequías recurrentes afectan gravemente al llamado Corredor Seco centroamericano.

2. El Corredor Seco: epicentro de la crisis

El Corredor Seco -que atraviesa buena parte del istmo centroamericano- se ha convertido en uno de los espacios más críticos de la región.

Allí se concentran:

  • Sequías prolongadas

  • Pérdidas recurrentes de cosechas (maíz y frijol)

  • Inseguridad alimentaria crónica

  • Migraciones forzadas

La crisis climática intensifica fenómenos preexistentes de pobreza rural, generando lo que algunos analistas describen como una “tormenta perfecta” socioambiental.

3. Deforestación y degradación ambiental

Aunque la región mantiene importantes reservas de biodiversidad, la deforestación continúa siendo un problema grave. Las principales causas incluyen:

  • Expansión de la frontera agrícola (ganadería y monocultivos)

  • Tala ilegal

  • Proyectos extractivos

  • Urbanización desordenada

En términos generales, la región ha experimentado en las últimas décadas una pérdida sostenida de cobertura forestal, con algunas excepciones puntuales asociadas a políticas exitosas de conservación. La deforestación no solo reduce la capacidad de captura de carbono, sino que también altera los ciclos hidrológicos y aumenta la vulnerabilidad frente a sequías e inundaciones.

4. Matriz energética y contradicciones del desarrollo

Centroamérica presenta una matriz energética relativamente más limpia que otras regiones en desarrollo, especialmente por el peso de las energías renovables, en particular la hidroeléctrica, la geotérmica y la eólica.

Sin embargo, esta aparente ventaja oculta tensiones importantes:

  • Conflictos socioambientales asociados a proyectos energéticos

  • Persistencia de un modelo extractivista

  • Dependencia de combustibles fósiles en el transporte

Estas contradicciones evidencian los límites de una transición energética que no siempre incorpora criterios de justicia social y sostenibilidad territorial.

5. Conflictos socioambientales y resistencias

La crisis climática también se expresa en conflictos entre comunidades locales, Estados y empresas.

En diversos territorios del istmo han surgido disputas en torno a:

  • Proyectos mineros

  • Represas hidroeléctricas

  • Expansión agroindustrial

Comunidades indígenas y campesinas han articulado formas de resistencia que no solo defienden sus territorios, sino que proponen alternativas de relación con la naturaleza, más equilibradas y sostenibles. Estas luchas se inscriben en una dinámica más amplia latinoamericana, donde la defensa del territorio se convierte en una respuesta directa a la crisis ecológica.

6. ¿Hacia una integración regional más sólida?

La magnitud de la crisis plantea una pregunta clave ¿pueden los Estados centroamericanos enfrentar estos desafíos de manera aislada?

La respuesta parece ser negativa. La crisis climática exige:

  • Coordinación regional en políticas hídricas

  • Integración de sistemas energéticos

  • Estrategias conjuntas de adaptación

  • Fortalecimiento de instituciones regionales

Sin embargo, los avances en integración han sido limitados, debido a:

  • Fragmentación política

  • Asimetrías económicas

  • Debilidad institucional

Aun así, la crisis podría actuar como catalizador de nuevas formas de cooperación.

7. Nuevas narrativas colectivas

Más allá de las respuestas técnicas, la crisis climática plantea un desafío cultural y político: la necesidad de construir nuevas narrativas colectivas.

Esto implica:

  • Superar la idea de crecimiento ilimitado

  • Replantear la relación sociedad-naturaleza

  • Reconocer el valor de los saberes locales

  • Promover modelos de desarrollo sostenibles, sustentables y equitativos con la vida, la naturaleza y los ecosistemas

No se trata de un cambio automático derivado de la crisis, sino de un proceso que depende de la acción consciente de los actores sociales y políticos. Por lo pronto, especialmente los actores políticos, no se ven dispuestos a acometer un desarrollo como el descrito que, supere las inequidades, la corrupción, el autoritarismo y el modelo altamente consumista que caracteriza la región habitualmente.

Conclusión

Centroamérica enfrenta la crisis climática desde una posición de alta vulnerabilidad estructural, pero también con importantes potencialidades. La región combina riqueza ecológica, experiencias relevantes de conservación y una creciente conciencia social sobre los límites del modelo de desarrollo vigente.

El futuro dependerá de la capacidad de articular respuestas integrales que combinen:

  • justicia social,

  • sostenibilidad ambiental,

  • y cooperación regional.

La crisis climática no es únicamente una amenaza: también es una oportunidad para redefinir el rumbo histórico del istmo.

Agua, bosques y desplazamientos: la crisis ecológica latinoamericana en acción

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Durante los capítulos anteriores se ha insistido en que la crisis climática y ecológica no constituye solamente un problema ambiental. Se trata de una crisis civilizatoria que compromete la forma de producir, consumir, habitar y organizar nuestras sociedades. América Latina ofrece hoy un escenario particularmente revelador de esta crisis, porque en ella convergen la devastación de ecosistemas estratégicos, la escasez de agua y el desplazamiento creciente de poblaciones enteras.

Tres temas permiten observar con claridad esa dinámica: la Amazonía, la crisis hídrica y las migraciones. Los tres están íntimamente relacionados. La destrucción de bosques reduce las lluvias; la escasez de agua debilita la agricultura y las condiciones de vida; y, finalmente, millones de personas terminan abandonando sus territorios.

La Amazonía: un regulador climático continental

La Amazonía no es solamente el mayor bosque tropical del planeta ni un inmenso reservorio de biodiversidad. Su importancia radica también en que regula lluvias, temperaturas y humedad en buena parte de América del Sur.

Los árboles amazónicos absorben agua del suelo y la liberan nuevamente a la atmósfera mediante “evaporación-transpiración”. Esa humedad forma enormes corrientes aéreas conocidas como “ríos voladores”, que transportan vapor hacia el centro y sur del continente. Gracias a ello, regiones agrícolas y urbanas de Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina reciben lluvias indispensables para sus economías y para el abastecimiento humano.

Chile participa de manera más indirecta en estos procesos. Sus lluvias dependen mucho más de los sistemas atmosféricos del Pacífico y de los llamados ríos atmosféricos del mismo océano. Sin embargo, una Amazonía degradada podría alterar la circulación climática regional, afectar la nieve en la cordillera de los Andes, influir sobre glaciares y modificar parcialmente la disponibilidad de agua en ciertas zonas chilenas.

La amenaza principal es que la Amazonía podría aproximarse a un “punto de no retorno” en el proceso de deforestación y sequías. Diversos estudios advierten que entre 40% y 47% del bosque amazónico podría entrar, antes de 2050, en un proceso de degradación irreversible, dejando de comportarse como selva húmeda y convirtiéndose gradualmente en paisajes más secos, semejantes a sabanas.

Ese riesgo se refiere principalmente a la propia Amazonía. Las regiones más vulnerables son el sur, sureste y algunas áreas orientales del bosque, donde la deforestación, la expansión ganadera, los incendios y las sequías ya son intensos. El problema es que, si una parte importante de la selva pierde humedad y deja de producir lluvias, podría arrastrar progresivamente a otras regiones amazónicas, incluso a aquellas que hoy permanecen relativamente conservadas.

Las consecuencias serían enormes: menos lluvias para la agricultura, mayores sequías, menor capacidad hidroeléctrica, incendios más frecuentes, pérdida de biodiversidad y liberación masiva de carbono almacenado durante siglos. Por paradójico que parezca, la Amazonía dejaría de actuar como reguladora climática y comenzaría a transformarse en una fuente adicional de calentamiento global.

Detrás de la devastación amazónica existen intereses económicos muy concretos. La expansión de la ganadería, los monocultivos de soya, la minería, la explotación petrolera, la tala ilegal, las carreteras y los grandes proyectos hidroeléctricos convierten a la selva en un territorio permanentemente disputado. La Amazonía concentra madera, minerales, hidrocarburos, biodiversidad, agua dulce y vastas extensiones de tierra. Su enorme riqueza explica también la intensidad de las presiones sociales que se ejercen sobre ella.

La crisis hídrica: escasez en un continente abundante en agua.

América Latina posee cerca de un tercio de los recursos de agua dulce del planeta. Sin embargo, millones de personas viven hoy bajo condiciones de escasez, racionamiento o contaminación.

La crisis hídrica no se explica únicamente por una menor disponibilidad natural de agua. También es resultado de la deforestación, del cambio climático, la contaminación minera e industrial, el crecimiento urbano desordenado, la expansión de monocultivos y la sobreexplotación de acuíferos. En muchas regiones, las lluvias son más irregulares, los ríos se reducen y las ciudades crecen más rápido que la infraestructura necesaria para abastecerlas del líquido más imprescindible de la humanidad.

Los sectores más responsables suelen ser los que se dedican a la gran minería, ciertos agronegocios altamente consumidores de agua, las industrias contaminantes y las ciudades sin planificación suficiente. Mientras tanto, las comunidades indígenas, rurales y periurbanas suelen recibir agua insuficiente, costosa y en numerosas ocasiones contaminada.

La crisis hídrica muestra con claridad que no basta con disponer de recursos naturales: también importa quién controla el agua, cómo se distribuye y con qué criterios se protege. Muchos gobiernos han intentado responder mediante la construcción de represas, plantas de tratamiento, acueductos y programas de infraestructura. Sin embargo, en numerosos casos predominan la débil fiscalización de las autoridades correspondientes, la permisividad frente a intereses empresariales y la falta de coordinación regional.

Resolver esta situación probablemente exigiría una integración más sólida entre Estados latinoamericanos, aunque no necesariamente una unificación completa de mercados o una estructura supranacional. Lo central e ideal también sería coordinar políticas mínimas comunes sobre cuencas compartidas, glaciares, acuíferos, incendios, contaminación y bosques. Pero, lo anterior ha resultado las más de las veces improbable, dadas las enormes diferencias de intereses contrapuestos entre las élites que controlan cada uno de los estados nacionales en América Latina y los sectores sociales más desfavorecidos de la sociedad.

Brasil, Argentina y Chile, por ejemplo, pueden tener gobiernos de orientaciones ideológicas distintas; pero, con todo y estas contradicciones, no se puede obviar el hecho de que, igualmente necesitan cooperar porque comparten problemas que no respetan fronteras: sequías, incendios, glaciares andinos que se derriten, flujos migratorios y mercados energéticos en los que las políticas públicas no convergen. ¿Cómo lograrlo entonces conociendo estas graves diferencias políticas, sociales, económicas y culturales que subsisten?

La clave no sería eliminar diferencias políticas, puesto que esto con frecuencia no es viable, por lo que, no podemos sentarnos a esperar por ello. Pero, al menos se requeriría echar mano de un mínimo pragmatismo político indispensable, si se quieren crear mecanismos estables que sobrevivan a las enormes y reiteradas diferencias ideológicas que separan a minorías privilegiadas de los vastos sectores populares; también se interponen los mismos cambios de gobierno que con asiduidad dificultan la estabilidad de las políticas públicas. Esto constituye un verdadero desafío, ante las amenazas creadas por los embates del cambio climático y el calentamiento global, como son, las acciones violentas del mar, de los vientos huracanados, o de las mismas sequías. América Latina ya posee antecedentes de coordinación en esta dirección. Un ejemplo es la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, la cual reúne a varios países de esta región para coordinar y monitorear el ambiente. Se requiere con urgencia un intercambio de datos y acuerdos multinacionales en torno a programas de gestión de cuencas. También existen y se deben incrementar las redes regionales de estaciones hidro meteorológicas, observatorios y otros acuerdos técnicos.

Por todo lo expresado, más que una integración total, lo realista sería avanzar mediante acuerdos concretos: sistemas regionales de alerta temprana, protocolos frente a la contaminación minera, fondos para adaptación climática y estándares mínimos de protección de bosques, glaciares, humedales, y de las mismas aguas oceánicas, si es que se quiere enfrentar con éxito la crisis climática.

Migraciones: cuando la crisis ecológica se convierte en crisis humana

Las migraciones latinoamericanas suelen explicarse por la pobreza, la violencia o la desigualdad. Pero cada vez es más evidente que el deterioro ambiental también desempeña un papel importante. Sequías prolongadas, incendios forestales, pérdida de cosechas, huracanes, inundaciones, desertificación y escasez de agua debilitan y constituyen amenazas constantes sobre las condiciones de vida de millones de personas. Esto resulta especialmente visible en el llamado “corredor seco centroamericano”, donde numerosas familias campesinas han visto disminuir drásticamente sus posibilidades de subsistencia. Hay otras regiones áridas o vulnerables en vastos territorios de Sudamérica y México, pero el ejemplo más drástico lo constituye el “corredor seco centroamericano”, al que se hizo mención.

Muchas personas migran porque ya no pueden vivir de la tierra, ya sea porque sus cultivos fracasan, porque el agua escasea, o también debido al hecho de que sus territorios se vuelven inhabitables. El cambio climático no es la única causa de estos desplazamientos, pero sí actúa como un poderoso multiplicador de vulnerabilidades previas.

La migración climática no pertenece a un futuro lejano. Es ya una realidad presente en América Latina y probablemente aumentará conforme se intensifiquen las sequías, los eventos extremos, la pobreza y la degradación ambiental.

Posibles soluciones

Las soluciones existen, aunque ninguna será sencilla ni automática. En el caso de la Amazonía, será indispensable frenar la deforestación, restaurar áreas degradadas, fortalecer territorios indígenas y promover una bioeconomía basada en el bosque vivo y no en su destrucción. Todo esto requiere enfrentar intereses espurios, valga decir, contrarios a los intereses de la mayoría, al bien común y a la ética.

Para enfrentar la crisis hídrica, será necesaria una gestión pública más rigurosa del agua, acompañada de controles efectivos sobre actividades extractivas, inversiones en infraestructura, protección de cuencas y coordinación entre estados, teniendo en cuenta nuestro compromiso ético de proteger los intereses de la generación actual y de las futuras también.

Y frente a las migraciones, la región necesitará políticas de adaptación climática, protección social, desarrollo rural y reconocimiento de los desplazamientos ambientales como un fenómeno estructural y no excepcional.

El desafío de América Latina consiste en comprender que agua, bosques y personas forman parte de una misma trama. La devastación de la Amazonía, la crisis hídrica y las migraciones no son problemas aislados. Son expresiones distintas de un mismo modelo económico que transforma la naturaleza en mercancía y subordina la vida a la lógica de la ganancia en una sociedad regida por un consumismo desenfrenado.

Finalmente, además de todas las inclemencias del tiempo que atormentan a la humanidad, en especial a las poblaciones vulnerables que se desatan de los gases efecto invernadero provocados en especial por los mismos gases provenientes de los hidrocarburos, intervienen para agravar los problemas, las contradicciones sociales entre mayorías populares, tales como personas desocupadas, subempleadas, las que viven de un salario insuficiente, o, las que perviven en la extrema pobreza, enfrentadas y con frecuencia manipuladas por élites minoritarias privilegiadas que concentran la riqueza producida por toda la sociedad que labora en los campos y ciudades. De nuevo, hablamos de la lucha por la subsistencia y la vida para la mayoría de la humanidad, contra la lógica de la ganancia de la que disfrutan selectas minorías.

Universidad de Costa Rica rechaza proyecto de ley sobre titularización de recursos minerales y energéticos

Representantes de Consejo Universitario Llaman a un debate y a una auditoría de la deuda pública

El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR), en su sesión ordinaria n.° 6966, acordó recomendar a la Asamblea Legislativa no aprobar el proyecto de ley denominado Ley para la titularización de flujos futuros de la explotación y/o protección de recursos minerales y energéticos” (Expediente N.° 24.285), tras identificar múltiples riesgos ambientales, sociales, económicos y jurídicos asociados a la iniciativa.

Este pronunciamiento se sustenta en un amplio proceso de análisis institucional a partir de observaciones de diversas instancias académicas, entre ellas el Centro de Investigación en Ciencias Geológicas, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, el Centro de Investigación en Electroquímica y Energía Química, así como unidades de las Facultades de Ciencias y Ciencias Sociales.

¿Que propone el proyecto? La iniciativa propone titularizar flujos futuros derivados de concesiones de explotación, o incluso de no explotación, de recursos minerales y energéticos, con el fin de destinar dichos ingresos al pago de la deuda pública y a la reducción de tasas de interés. No obstante, el análisis académico advierte que esta lógica se sustenta en proyecciones inciertas y en supuestos que carecen de respaldo técnico y científico.

Entre las principales preocupaciones señaladas por la Universidad destaca que la iniciativa “podría incentivar una mayor explotación de los recursos naturales con el fin de generar flujos financieros futuros”, lo cual “podría contradecir los principios de conservación y sostenibilidad que caracterizan a Costa Rica”. Asimismo, se advierte que estos flujos “se fundamentan en expectativas inciertas, sujetas a variaciones en los precios internacionales, cambios tecnológicos y contextos políticos”.

El Consejo Universitario también alertó que la titularización propuesta “podría comprometer ingresos del Estado a largo plazo y restringir la capacidad de maniobra financiera de futuras administraciones”, además de generar “dependencia de verificadores externos”, lo que abre la puerta a conflictos de interés y problemas de transparencia.

Desde el punto de vista técnico y jurídico, el proyecto presenta vacíos significativos: “resulta ambiguo en aspectos clave como la valorización de los recursos, la definición de figuras como el ‘verificador externo reconocido’ y los mecanismos de titularización”. A esto se suma el “riesgo de subvaloración de los recursos naturales”, especialmente considerando su potencial valor futuro.

En materia ambiental y de política pública, la UCR advierte que la iniciativa podría entrar en conflicto con normativa vigente y compromisos internacionales del país. En particular, “contradice el decreto ejecutivo n.° 41578-MINAE, que prohíbe la exploración petrolera hasta el 2050, así como la Ley n.° 8904 que declara a Costa Rica libre de minería metálica a cielo abierto”.

El análisis también enfatiza que el proyecto ignora lecciones históricas en la región: “la idea de que la explotación minera o petrolera permitirá pagar la deuda pública y reducir tasas de interés carece de evidencia y contradice experiencias ampliamente documentadas en América Latina, donde estas actividades no han generado mejoras sustantivas en las condiciones sociales y económicas”.

En esa línea, se advierte que la iniciativa “implica un incentivo perverso hacia una economía extractiva”, profundizando dinámicas de dependencia y “aumentando la deuda ecológica mediante la sobreexplotación de los recursos naturales”.

En este contexto, la Universidad reafirmó su posición histórica: “las moratorias a la explotación petrolera y la prohibición de la minería a cielo abierto son resultado de amplias luchas socioambientales y consensos políticos orientados a proteger el patrimonio natural del país”, por lo que cualquier retroceso en esta materia resulta altamente preocupante.

A debatir y auditar la deuda pública

Durante la discusión en el plenario, distintas personas del Consejo Universitario profundizaron en los vínculos entre la iniciativa y la gestión de la deuda pública, cuestionando el enfoque estructural del proyecto.

En palabras de la M.Sc. Esperanza Tasies Castro, académica que ha estudiado a profundidad los impactos de la deuda: “No puede el Estado destruir el ambiente para pagar a tenedores de bonos que, en muchos casos, definen las tasas de interés en función de sus propias expectativas”.

Tasies advirtió sobre el endeudamiento público, el sistema de la deuda y lo que se conoce como “deuda odiosa” y la “curva soberana”. El proyecto de ley dice que va a bajar los intereses, pero “eso es mentir descaradamente”. Asimismo, recordó que “el déficit creció en un 200% y se prestó para aprobar leyes que han debilitado al Estado y la inversión pública”.

Alertó además sobre los riesgos estructurales del endeudamiento: “la crisis de la deuda, al igual que en Grecia, podría estallar”, lo que refuerza la urgencia de abrir un debate de fondo. En ese sentido, planteó la necesidad de avanzar hacia una auditoría de la deuda pública desde la academia.

Por su parte, el director del Consejo Universitario, Dr. Keilor Rojas Jiménez, enfatizó la necesidad de replantear el enfoque del endeudamiento: “Como país, debemos preguntarnos si la salida es vender o comprometer nuestros recursos naturales, o más bien invertir en nuestro principal activo: las capacidades de las personas. Apostar por el conocimiento y la formación ha sido históricamente la vía para construir desarrollo sostenible”.

Finalmente, se subrayó la importancia de abrir un debate más amplio sobre la deuda pública, incluyendo la posibilidad de impulsar -como señala Esperanza Tasies- una auditoría desde la academia.

Dictamen de acuerdo: https://drive.google.com/file/d/1kQ8KAf84YywuTlsC1eCH22moeFZUrPtZ/view?usp=drive_link

Límites ineludibles y emergencia de una nueva conciencia: entre la acumulación y la vida

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

Si algo distingue a la civilización contemporánea no es únicamente su extraordinaria capacidad de producir riqueza, sino su tendencia a expandirse sin reconocer los límites que la hacen posible. Durante décadas —incluso siglos—, este sistema ha logrado desplazar sus contradicciones: lo que no podía resolverse en un ámbito se trasladaba a otro; lo que no estallaba en el presente se difería hacia el futuro.

Pero no todos los límites son desplazables.

Los conflictos políticos pueden diferirse, las tensiones sociales pueden reprimirse y las crisis económicas pueden posponerse. Sin embargo, los límites ecológicos introducen una diferencia decisiva: no responden a la lógica del poder ni a la voluntad humana. No negocian, no se subordinan, no pueden ser contenidos por decretos ni por ejércitos.

En este punto emerge una contradicción de nuevo tipo: aquella entre un sistema que requiere expansión ilimitada y un planeta cuyos equilibrios biofísicos son finitos.

El poder que no puede dominar la Tierra

En su fase actual —marcada por el predominio de los combustibles fósiles— el capitalismo ha alcanzado una capacidad de intervención sobre la naturaleza sin precedentes. Las fracciones dominantes del capital financiero e industrial, apoyadas en la tecnología y en complejas arquitecturas de poder global, han extendido las fronteras de la acumulación hasta los rincones más remotos del planeta.

Y, sin embargo, ese mismo poder revela su impotencia frente a los límites ecológicos.

Ese poder financiero-industrial, puede intervenir gobiernos, condicionar economías, desatar guerras o reconfigurar territorios. Pero no puede alterar a voluntad los ciclos del clima, ni detener el deshielo polar, ni revertir por decreto la acidificación de los océanos.

Se trata de una paradoja histórica: el sistema más poderoso jamás construido por la humanidad se muestra incapaz de controlar las consecuencias de su propia expansión. Tal es en mi opinión, la nueva fase del desarrollo capitalista depredador de la naturaleza y de la vida.

América Latina: territorio de extracción y de resistencia

América Latina es una de las regiones del Planeta en donde esta contradicción se expresa con absoluta claridad.

La región ha sido históricamente integrada al sistema mundial como proveedora de naturaleza: minerales, petróleo, biodiversidad, agua, tierras fértiles y ahora inclusive en una parte del subcontinente, “tierras raras”. En la actualidad, esta función se ha intensificado bajo nuevas formas.

En la Amazonía —particularmente en Brasil— la expansión del agronegocio y la deforestación han llevado a este ecosistema a un punto crítico. Lo que está en juego no es solo un bosque, sino uno de los principales reguladores climáticos del planeta.

En los Andes —en países como Chile, Bolivia y Argentina— la extracción de litio, impulsada por la transición energética global, abre una nueva fase extractiva que tensiona territorios, comunidades y ecosistemas frágiles.

En buena parte de la comunidad andino-amazónica como son Colombia y Perú, la minería a gran escala y la explotación petrolera generan conflictos socioambientales persistentes, donde comunidades locales enfrentan a corporaciones transnacionales y a Estados que, muchas veces, actúan como intermediarios de la acumulación global.

Casos similares se observan en Ecuador y Venezuela. En la Amazonía ecuatoriana, comunidades como los Kichwa de Sarayaku, los pueblos Waorani del Yasuní y poblaciones de Sucumbíos y Orellana han enfrentado la expansión petrolera que vulnera sus territorios, su salud y sus derechos colectivos. En Venezuela, tanto las comunidades del Lago Maracaibo -afectadas por derrames petroleros- como los pueblos indígenas del Arco Minero del Orinoco evidencian los impactos sociales y ecológicos del extractivismo contemporáneo.

Centroamérica tampoco escapa a esta dinámica. En Honduras, Guatemala o El Salvador, la presión sobre los recursos naturales —agua, minería, monocultivos— ha generado resistencias comunitarias que, aunque frecuentemente invisibilizadas, constituyen expresiones de un conflicto más profundo: el choque entre la lógica de la vida y la lógica de la ganancia. En Nicaragua, comunidades campesinas e indígenas han cuestionado proyectos como el canal interoceánico por sus posibles impactos territoriales y ecológicos. En Costa Rica, pese a su imagen internacional de sostenibilidad, han surgido tensiones en torno a proyectos hidroeléctricos, monocultivos como la piña, la gestión del agua que afecta a comunidades locales, así como el conflicto minero por la explotación del Oro de Crucitas. En Panamá, pueblos indígenas han resistido iniciativas mineras e hidroeléctricas en sus territorios, denunciando afectaciones ambientales y falta de consulta sobre los proyectos. Incluso en Belice, la expansión de actividades extractivas y agroindustriales ha generado preocupaciones por la degradación de ecosistemas sensibles y el impacto sobre comunidades rurales.

Así, América Latina aparece simultáneamente como espacio de intensificación de la acumulación y como territorio de emergencia de resistencias que anticipan otras formas de relación con la naturaleza.

Guerra, acumulación y desplazamiento de las contradicciones

En paralelo, el sistema continúa desplazando sus tensiones a través de la geopolítica y la guerra.

Conflictos como el de Rusia y Ucrania, o las tensiones en Medio Oriente que involucran a Los Estados Unidos -ora financiando armamento, ora interviniendo directamente-, Israel, Irán y Palestina, no pueden entenderse al margen de disputas por recursos, territorios y hegemonía global.

La guerra opera, en este sentido, como mecanismo extremo de reorganización del sistema. Es decir, a lo largo de la historia, la guerra ha operado como un mecanismo extremo de reorganización del sistema al desencadenar transformaciones simultáneas en múltiples niveles: en el plano económico, al destruir capital y reactivar ciclos de acumulación mediante la reconstrucción; en el geopolítico, al redefinir jerarquías de poder y dar lugar a nuevos órdenes internacionales, como ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial con la emergencia de instituciones como la Organización de las Naciones Unidas y la configuración de la Guerra Fría, en el ámbito político interno, al concentrar poder estatal y reconfigurar regímenes; y en el social y cultural, al movilizar poblaciones enteras, transformar roles y producir narrativas colectivas. Como los relatos compartidos que una sociedad construye para darle “sentido” a la guerra y sus consecuencias: relatos de victoria o derrota, por ejemplo, la idea de “liberación” o “resistencia” tras la Segunda Guerra Mundial, memorias oficiales y conmemoraciones -héroes, mártires, fechas patrias, monumentos-. O también justificaciones del sacrificio, discursos que legitiman pérdidas humanas (“murieron por la patria”, “defensa de la libertad”). Identidades nacionales reforzadas o redefinidas: quiénes somos “después” de la guerra. Finalmente, la reorganización del sistema se refiere a advertencias o traumas colectivos, como cuando se dice “nunca más”, después de haber experimentado conflictos devastadores. En síntesis, son las historias que una sociedad se cuenta a sí misma para explicar la guerra y reorganizar su vida después de ella.

En este sentido, la guerra no aparece como una solución racional ni deseable, sino como una forma límite, profundamente destructiva, mediante la cual sistemas en crisis han sido históricamente reordenados.

Pero incluso aquí se manifiestan límites. Ninguna dominación ha sido absoluta ni definitiva. La historia del siglo XX —desde Adolfo Hitler hasta José Stalin— lo demuestra con claridad. Y en América Latina, las dictaduras de Jorge Ubico, de Anastasio Somoza García (el padre), de Anastasio Somoza Debayle (el hijo), o de Maximiliano Hernández Martínez evidenciaron que el poder puede reprimir, pero no suprimir definitivamente las contradicciones sociales. La lección es clara: la ausencia visible de contradicción no significa su desaparición, sino su desplazamiento.

El límite que no puede desplazarse

Sin embargo, como lo hemos explicado, el cambio climático introduce una ruptura en esta lógica.

A diferencia de las crisis anteriores, no puede ser trasladado geográficamente, ni diferido indefinidamente. No hay un “afuera” al cual exportarlo. No hay periferia que absorba sus efectos sin devolverlos amplificados.

Sequías prolongadas, incendios forestales, huracanes más intensos, pérdida de biodiversidad, desplazamientos humanos, derretimiento de casquetes polares, todos estos fenómenos no son eventos aislados, sino manifestaciones de un sistema que ha comenzado a encontrar un límite infranqueable.

Aquí, el desplazamiento deja de ser posible.

Conciencia, conflicto y posibilidad histórica

Pero este límite no implica una resolución automática.

Nada garantiza que la humanidad responderá de manera racional o solidaria. La historia no avanza por determinismos mecánicos. Lo que se abre es un campo de posibilidad, no una certeza. La clave reside en la conciencia.

En la medida en que la magnitud del peligro se haga cada vez más evidente, puede comenzar a configurarse una convergencia inédita de fuerzas sociales y políticas: trabajadores, comunidades, gestores comunitarios, movimientos ambientales, sectores medios, incluso fracciones disidentes dentro de las propias élites, además de los tradicionales movimientos sindicales, cooperativos y hasta en algunos casos cámaras empresariales que hayan captado que el desarrollo con justicia social y en equilibrio con la naturaleza, no pasa por la extracción y explotación de los combustibles fósiles que han enfermado la tierra acarreando el calentamiento global. Se puede prever incluso una coalición de fuerzas a escala mundial, por el vértice común que poseen los impactos del calentamiento climático global en todo el orbe.

No se trata de una alianza homogénea ni exenta de tensiones, sino de una articulación histórica frente a una amenaza común.

Esta convergencia no necesariamente requiere de la violencia como forma dominante. Puede expresarse en transformaciones políticas, culturales y económicas que desplacen progresivamente la centralidad de la ganancia como principio organizador de la vida social.

Frente a ella, -la centralidad de la ganancia- las élites que hoy concentran el poder económico podrían encontrarse crecientemente aisladas. No porque pierdan de inmediato su capacidad material, sino porque su lógica se vuelve incompatible con la sostenibilidad de la vida.

Hacia un nuevo horizonte civilizatorio

Nos encontramos, entonces, ante una bifurcación histórica. De un lado, la persistencia de una lógica de acumulación que, de no ser contenida, profundizará las condiciones de destrucción ecológica y social.

Del otro, la posibilidad de una reorientación civilizatoria basada en la primacía de la vida, en la reconstrucción de vínculos con la naturaleza y en la redefinición de lo que significa prosperar.

No es necesario que la humanidad alcance un punto de colapso total para emprender este camino. Pero el tiempo histórico disponible para hacerlo no es indefinido; porque determinados impactos ambientales sobre la naturaleza pueden tornarse irreversibles. Un caso muy citado es el del derretimiento de los casquetes polares como consecuencia del calentamiento global, tanto de la atmósfera como de las aguas oceánicas.

La pregunta permanece abierta —y con ella, la responsabilidad colectiva—:

¿será capaz la humanidad de reconfigurar su destino antes de que los límites que ha desbordado se impongan de manera irreversible?

La Amazonía: umbral de irreversibilidad y destino compartido

No todos los procesos de deterioro ambiental avanzan de forma lineal. Algunos sistemas naturales, al ser sometidos a presiones crecientes, pueden alcanzar umbrales críticos a partir de los cuales su transformación se vuelve abrupta e irreversible. La Amazonía constituye uno de los ejemplos más inquietantes de este tipo de dinámica.

Diversos estudios científicos advierten que la selva amazónica —el mayor bosque tropical del planeta— podría aproximarse a un punto de no retorno si se combinan tres factores: la deforestación sostenida, el aumento de las temperaturas y la alteración del régimen de lluvias. En ese escenario, amplias zonas de bosque húmedo podrían degradarse progresivamente hasta convertirse en sabanas, con una pérdida masiva de biodiversidad y una drástica reducción de su capacidad para almacenar carbono, vital, como es obvio, para la supervivencia de la flora universal.

Pero, la Amazonía no es solo un reservorio de especies o un “pulmón del mundo” en sentido metafórico. Es, sobre todo, un regulador climático de escala continental. A través de los llamados “ríos voladores” —corrientes de humedad que se desplazan desde la cuenca amazónica hacia otras regiones de América del Sur—, este ecosistema sostiene ciclos de lluvia fundamentales para la agricultura, el abastecimiento de agua y la vida urbana en países como Brasil, Perú, Bolivia y más allá.

El debilitamiento de este sistema tendría efectos en cascada: sequías más intensas, pérdida de suelos fértiles, inseguridad alimentaria y presiones migratorias. En otras palabras, lo que podría parecer un problema localizado en la selva se convertiría en una crisis civilizatoria extendida.

Aquí se vuelve tangible la tesis central: el tiempo histórico disponible no es indefinido. Si la Amazonía cruza ese umbral, ya no se tratará de mitigar daños graduales, sino de enfrentar una transformación estructural del sistema climático regional con consecuencias imprevisibles.

Sin embargo, también en este caso emerge la posibilidad de una convergencia inédita: Pueblos indígenas, comunidades locales, científicos, movimientos ambientales e incluso sectores económicos comienzan a reconocer que la defensa de la Amazonía no es una causa sectorial, sino una condición de posibilidad para la continuidad de la vida tal como la conocemos en la región.

El agua y la crisis hídrica

América Latina, históricamente rica en recursos hídricos, comienza a experimentar tensiones cada vez más visibles: agotamiento de acuíferos, contaminación de fuentes y desigual acceso. Grandes ciudades enfrentan ya escenarios de estrés hídrico, mientras comunidades rurales ven comprometidas sus formas de vida. El agua deja de ser un bien abundante para convertirse en un eje de conflicto social y territorial.

Migraciones climáticas

A su vez, el deterioro ambiental comienza a traducirse en desplazamientos humanos. Sequías prolongadas, eventos extremos, como los incendios forestales, por un lado, y huracanes indómitos y desbordamientos de ríos, por otro, juntamente con la pérdida de medios de subsistencia, obligan a miles de personas a abandonar sus territorios. Estas migraciones, aun insuficientemente reconocidas en los marcos legales internacionales, anticipan tensiones sociales y políticas que redefinirán las dinámicas regionales.

Estos tres casos —la Amazonía, la crisis hídrica y las migraciones climáticas— serán abordados con mayor detenimiento en una próxima entrega, en la que se examinarán sus dinámicas específicas y sus implicaciones para América Latina y el mundo.

Más de 40 organizaciones advierten: Crucitas revela una crisis estructural en la gobernanza ambiental de Costa Rica

El Parlamento Cívico Ambiental (PCA), integrado por más de 40 organizaciones de la sociedad civil, advierte que la situación en Crucitas no puede entenderse como un problema aislado ni como una simple consecuencia de la minería ilegal. Por el contrario, constituye la expresión visible de una crisis estructural en la gobernanza ambiental, la capacidad institucional y el modelo de desarrollo del país.

En su acuerdo 2026-015 y con base en análisis recientes, incluyendo hallazgos del Programa Estado de la Nación, el PCA señala que lo que hoy ocurre en Crucitas es el resultado de décadas de debilitamiento institucional, regresión normativa y decisiones políticas que han erosionado la capacidad del Estado para proteger el ambiente y ordenar el territorio.

La crisis actual refleja una convergencia de factores críticos: reducción de capacidades técnicas, presiones sobre los recursos naturales, cambios en las prioridades de política pública y un discurso que reabre la puerta a actividades extractivas incompatibles con la trayectoria ambiental del país.

Un debilitamiento progresivo de la institucionalidad ambiental

El PCA alerta que Costa Rica ha experimentado en los últimos años una preocupante pérdida de capacidad en su gestión ambiental. Recortes presupuestarios, disminución de personal técnico especializado y crecientes interferencias políticas han limitado la acción del Estado en la protección de ecosistemas y el cumplimiento de la normativa vigente.

A esto se suma una flexibilización de salvaguardas ambientales que genera señales contradictorias y debilita principios fundamentales como la prevención y la precaución.

Un modelo de desarrollo que incrementa la presión ecológica

Lejos de tratarse de un fenómeno aislado, Crucitas ocurre en un contexto donde el país enfrenta una presión ambiental creciente derivada de patrones de desarrollo insostenibles.

Entre estos destacan la mayor dependencia de combustibles fósiles, el aumento de emisiones, la presión sobre los recursos hídricos y la expansión de modelos productivos que comprometen el equilibrio ecológico. Estas tendencias han llevado a Costa Rica a una condición de déficit ecológico, donde el consumo de recursos supera su capacidad de regeneración.

Desorden territorial y aumento de la conflictividad

El caso de Crucitas también evidencia fallas profundas en la gestión del territorio. La ausencia de planificación efectiva, la debilidad en el control institucional y la falta de coherencia en las políticas públicas han generado condiciones propicias para la proliferación de actividades ilegales y la degradación ambiental.

El aumento sostenido de conflictos socioambientales en el país —muchos de ellos dirigidos hacia instituciones públicas— refleja una creciente desconfianza ciudadana y una crisis en la gobernanza territorial.

Crucitas como síntoma de una crisis estructural

El PCA enfatiza que Crucitas no es una anomalía, sino el resultado de: un debilitamiento institucional sostenido, políticas públicas contradictorias, falta de ordenamiento territorial efectivo y tensiones no resueltas entre el modelo económico y la sostenibilidad ambiental.

En este contexto, insistir en soluciones extractivistas como la minería metálica a cielo abierto no solo es técnicamente injustificado, sino que profundiza las causas del problema en lugar de resolverlas.

Un llamado a una respuesta estructural, no superficial

El Parlamento Cívico Ambiental compuesto por 40 organizaciones, sostiene que atender la situación en Crucitas exige mucho más que medidas de control o enfoques de seguridad. Requiere una respuesta estructural basada en ciencia, institucionalidad sólida y visión de largo plazo.

Entre las prioridades fundamentales se destacan: el fortalecimiento real de las instituciones ambientales, la recuperación de la autonomía técnica en la toma de decisiones, la inversión en ordenamiento territorial y participación comunitaria y la transición hacia un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible.

Es importante destacar que Costa Rica enfrenta una decisión de fondo: corregir el rumbo y fortalecer su legado ambiental, o continuar debilitando las bases que lo han sostenido históricamente. Crucitas no es solo un conflicto local. Es una señal de alerta país. La forma en que se responda a esta crisis definirá no solo el futuro de un territorio, sino la coherencia ambiental de toda la nación, según señala Bermardo Aguila, presidente del Parlamento Cívico Ambiental.

Puede descargar el manifiesto desde SURCOS:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2026/04/2026-015-Manifiesto-Crucitas-sintoma-de-crisis.pdf

La encrucijada civilizatoria: ganancia, poder y sobrevivencia ante el cambio climático de origen humano

Alberto Salom Echeverría
albertolsalom@gmail.com

La disputa entre un modelo de acumulación basado en combustibles fósiles frente a las fuerzas sociales que buscan una transición hacia un nuevo modelo de convivencia civilizatoria.

En este ensayo se examina la crisis contemporánea no solo como un problema ambiental, sino como una encrucijada civilizatoria en la que confluyen las lógicas de la ganancia, el poder y la sobrevivencia humana. A partir de una lectura crítica del cambio climático como fenómeno de origen humano, el texto plantea que los conflictos actuales expresan una disputa estructural entre un modelo de acumulación basado en combustibles fósiles y las fuerzas sociales que impulsan una transición hacia formas de convivencia sostenibles con la naturaleza, los ecosistemas y la vida. En este contexto, se subraya el papel de los pueblos —particularmente en América Latina— como actores clave en la construcción de una alternativa frente a una crisis que está limitando el horizonte histórico de la humanidad y de las demás especies vivientes.

Lo anterior se explica porque el modelo de industrialismo, sustentado mayoritariamente en la extracción y uso de fuentes de energía fósil —particularmente los hidrocarburos, o sea el carbón, el petróleo y el gas natural, además del gas metano—, constituye el factor determinante del cambio climático. Este proceso nos conduce hacia un calentamiento progresivamente más inhóspito a escala global, en la medida en que el efecto invernadero intensifica fenómenos extremos que amenazan con volver inviable la vida humana y la de otras especies en un plazo históricamente breve.

En el curso de la historia humana, la guerra ha sido con frecuencia la expresión extrema de tensiones acumuladas en torno al poder, los recursos y la organización de la vida social. Sin embargo, el tiempo presente nos sitúa ante una encrucijada distinta y más profunda: ya no se trata únicamente de quién domina o quién vence, sino de si las condiciones mismas que hacen posible la vida humana organizada podrán sostenerse en el futuro.

El cambio climático introduce un elemento radicalmente nuevo. A diferencia de las grandes conflagraciones del siglo XX, cuyos efectos —por devastadores que fueran— no alteraron los fundamentos biofísicos del planeta, la crisis actual amenaza con desestabilizar los sistemas que sostienen la vida: la atmósfera, los océanos, los ciclos del agua y la biodiversidad. Por primera vez, la humanidad enfrenta una crisis cuyos efectos tienden a universalizarse, diluyendo la distinción clásica entre vencedores y vencidos.

Sin embargo, reconocer la dimensión global del problema no debe conducir a una simplificación engañosa. No todos somos igualmente responsables. La acumulación histórica de emisiones, la dependencia estructural de los combustibles fósiles y la lógica de la ganancia que ha guiado el desarrollo industrial remiten a centros de poder económico altamente concentrados. En ellos convergen intereses corporativos, financieros y estatales que han sostenido —y continúan sosteniendo— un modelo de producción intensivo en carbono.

Aquí se encuentra el núcleo del problema: la contradicción entre una lógica de acumulación que exige crecimiento constante y un planeta cuyos límites son finitos. No se trata simplemente de una falla técnica corregible mediante innovaciones, sino de una tensión estructural entre economía y ecología, entre la expansión de la ganancia y la sostenibilidad de la vida.

Esta contradicción no es abstracta. Se manifiesta en múltiples planos: en la persistencia de matrices energéticas basadas en hidrocarburos, en la resistencia de sectores económicos a regulaciones ambientales, en la desigualdad global que obliga a muchos países a reproducir modelos extractivos y en patrones de consumo que refuerzan la dependencia del sistema vigente. La crisis climática, en este sentido, no es un fenómeno externo al orden económico, sino una de sus consecuencias más profundas.

Esto obliga a caracterizar con mayor claridad la naturaleza de los enfrentamientos sociales contemporáneos. De un lado, se encuentra un modelo productivo que ha conducido a una concentración inédita de poder en torno a grandes corporaciones vinculadas a los combustibles fósiles, respaldadas por élites políticas que coadyuvan a reproducir ese orden y, en muchos casos, privilegian soluciones unilaterales e incluso la guerra como forma de resolución de conflictos.

En contraposición, emergen organizaciones de la sociedad civil y sectores sociales que impulsan un nuevo horizonte civilizatorio, orientado a sustituir progresivamente la matriz energética basada en hidrocarburos por modelos sustentados en energías limpias y en una relación más equilibrada con la naturaleza.

La tensión entre estos dos proyectos no es superficial ni coyuntural: remite al núcleo mismo del poder contemporáneo y anticipa conflictos que difícilmente podrán resolverse sin una profunda reconfiguración de las estructuras económicas y políticas vigentes.

Frente a esta realidad, surge una pregunta decisiva: ¿es posible transformar este modelo sin atravesar por un enfrentamiento destructivo? La historia ofrece respuestas ambiguas. El siglo XX mostró que los sistemas pueden sobrevivir incluso a catástrofes extremas, pero también evidenció que los cambios más significativos no han sido resultado de la inercia, sino de procesos prolongados de conflicto social, político y cultural.

El presente, por tanto, no se configura como una disyuntiva simple entre colapso o transformación, sino como un campo de fuerzas en disputa. La confrontación ya está en curso, aunque no adopte siempre la forma de un choque frontal. Se expresa en tensiones entre sectores económicos, en disputas regulatorias, en litigios climáticos, en movilizaciones sociales y en debates políticos y culturales sobre nuevas formas de vivir, ejercer la democracia y comprender el sentido del desarrollo. Es una lucha difusa, prolongada y desigual, pero real.

En este contexto, adquiere especial relevancia el papel de los pueblos de América Latina. Históricamente situados en la periferia del sistema mundial, pero portadores de experiencias ricas en organización comunitaria, solidaridad y resistencia, estos pueblos pueden desempeñar un papel significativo en la búsqueda de alternativas. Las propuestas centradas en la defensa de los bienes comunes, la participación comunitaria y la construcción de formas de producción más equilibradas con la naturaleza abren un horizonte distinto al de la mera reproducción del modelo dominante.

No obstante, esta posibilidad no está garantizada. El destino no es ineluctable, ni predecible. La región se encuentra atravesada por una tensión persistente entre la continuidad de economías extractivas y la aspiración a modelos sostenibles de desarrollo. Resolver esa tensión exige no solo voluntad política, sino también claridad estratégica: comprender que las transformaciones profundas no se producen únicamente por confrontación directa, sino también por la capacidad de generar nuevas alianzas, reorientar intereses y construir formas alternativas de organización política, económica y social.

La cuestión de fondo es, entonces, civilizatoria. No se trata únicamente de reducir emisiones o mitigar impactos, sino de redefinir el sentido del desarrollo, el papel del Estado, la función de la economía y la relación entre humanidad y naturaleza. En última instancia, se trata de decidir si la lógica de la ganancia continuará organizando nuestras sociedades o si será subordinada a las condiciones que hacen posible la vida.

El optimismo, en este contexto, no puede ser ingenuo, pero tampoco debe ser abandonado. La historia humana es también la historia de la adaptación, la creación y la resistencia. La capacidad de supervivencia de nuestra especie es innegable. Sin embargo, en un horizonte más o menos cercano, lo que está en cuestión es la forma que esa supervivencia adoptará. Esta dependerá de la capacidad de la humanidad para limitar progresivamente —y, en última instancia, socavar— las bases estructurales del modelo extractivista y de la producción de energías fósiles que han sustentado el desarrollo industrial, especialmente desde mediados del siglo XX hasta el presente.

El siglo XXI no nos enfrenta únicamente a un riesgo, sino a una decisión histórica. La confrontación ya está en curso. Lo decisivo será su rumbo: si permanecerá fragmentada, tardía e insuficiente, o si logrará convertirse en un proyecto capaz de reorientar el destino de nuestras sociedades.

La pregunta final no admite evasivas:

¿seremos capaces de subordinar la lógica de la ganancia a las condiciones de la vida, o persistiremos en un camino que convierte el progreso en su propia negación?

Si la lógica de la ganancia no reconoce los límites de la vida, será la vida la que termine imponiendo sus límites a la historia humana.

A diez años del asesinato de Berta Cáceres invitan a proyección del documental “Las semillas de Berta Cáceres”

La actividad busca generar un espacio de memoria y reflexión sobre el legado de la defensora lenca y las luchas actuales por la defensa de los territorios y los bienes comunes.

Al cumplirse diez años del asesinato de la lideresa indígena lenca Berta Cáceres, diversas organizaciones invitan a un espacio de memoria, encuentro y conversación colectiva que incluirá la proyección del documental Las semillas de Berta Cáceres. La actividad busca reflexionar sobre la vigencia de su lucha y el impacto que su legado continúa teniendo en las resistencias comunitarias frente al extractivismo y el colonialismo en América Latina.

El encuentro se realizará el miércoles 25 de marzo a las 5:30 p.m. en el Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), en Sabanilla de Montes de Oca, del supermercado Max X Menos 50 metros oeste y 75 metros norte. La actividad está abierta al público y busca propiciar un espacio de memoria colectiva y conversación sobre lo que la lucha de Berta sigue sembrando hoy en los territorios: aprendizajes, inspiraciones y desafíos para continuar defendiendo la vida, la justicia ambiental, los territorios y los bienes comunes.

El documental “Las semillas de Berta Cáceres” relata la historia de Berta Cáceres, ambientalista, feminista y defensora de derechos humanos que participó en la fundación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, organización que ha acompañado durante décadas la defensa de los derechos del pueblo lenca en Honduras. Por su liderazgo en la defensa del río Gualcarque y la oposición a proyectos hidroeléctricos en territorios indígenas, Cáceres recibió en 2015 el Goldman Environmental Prize, considerado el máximo reconocimiento mundial para activistas ambientales.

El documental es resultado de un trabajo conjunto entre Contrast Journalist Group, Entrepueblos y el COPINH, realizado gracias a la beca europea DEV REPORTER, que promueve la colaboración entre periodistas, comunicadoras populares y organizaciones de cooperación solidaria.

Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su casa en La Esperanza, Honduras, después de años de recibir amenazas por su oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Su asesinato generó una amplia condena internacional y puso en evidencia una compleja red de intereses empresariales y financieros vinculados al proyecto, que incluía empresas privadas y entidades financieras de América Latina y Europa.

En los movimientos sociales de la región, su asesinato es recordado como “la siembra de Berta”, una forma de expresar que su legado continúa inspirando luchas por la defensa de los territorios, los ríos y los derechos de los pueblos indígenas.

La actividad es organizada por el Departamento Ecuménico de Investigaciones con el apoyo de Código Sur, La Colectiva por el Derecho a Decidir, Bloqueverde, El Programa Kioscos Socioambientales de la UCR y el Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes (ED-3526) de la Escuela de Geografía de la UCR.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

A 10 años de la siembra de Berta Cáceres

A 10 años de la siembra de Berta Cáceres, recordamos que su lucha sigue germinando en los territorios, en las comunidades y en quienes defienden la vida frente al colonialismo y el extractivismo.

Les invitamos a un espacio de memoria, encuentro y conversación colectiva, con la proyección del documental “Las semillas de Berta Cáceres”.

Queremos encontrarnos para compartir sobre lo que la lucha de Berta sigue sembrando hoy en nuestras resistencias comunitarias: lo que nos enseña, lo que nos inspira y lo que nos impulsa a seguir defendiendo la esperanza, la vida, la justicia, los territorios y los bienes comunes.

📅 Miércoles 25 de marzo

🕠 5:30 p.m.

📍 DEI, Sabanilla, Montes de Oca

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Desafíos del movimiento socioambiental ante el rumbo del país

Por Mauricio Álvarez Mora

El movimiento socioambiental atraviesa un momento de inflexión histórica. El contexto político, social y territorial del país no solo nos interpela: nos obliga a revisar críticamente nuestras formas de organización, articulación e incidencia. No estamos ante una coyuntura más, sino ante una reconfiguración profunda del modelo de poder y de desarrollo. El desafío no es únicamente resistir retrocesos, sino comprender la magnitud del cambio en curso y redefinir estratégicamente nuestro papel en él.

Contexto

Durante décadas, Costa Rica cultivó un imaginario de excepcionalismo verde y respeto a los derechos humanos. Ese relato, aunque siempre estuvo atravesado por tensiones estructurales, funcionó como horizonte simbólico. Hoy ese imaginario se encuentra erosionado. Ya no ocupa el centro del discurso político ni del debate electoral. En su lugar emergen conflictos territoriales permanentes: disputas por el agua, turistificación desregulada, expansión de agroquímicos, privatización de bienes comunes y ausencia de planificación participativa. El conflicto dejó de ser excepcional; se volvió estructural y cotidiano.

Lo que enfrentamos no son hechos aislados, sino la expresión de un modelo de desarrollo consolidado en las últimas décadas, que privilegia la rentabilidad inmediata por encima de la sostenibilidad ecológica, la justicia ambiental y la autodeterminación comunitaria. Lo que está en juego no es únicamente la gestión técnica de los recursos naturales, sino la posibilidad misma de subsistir y permanecer dignamente en los territorios.

En este escenario se ha intensificado la criminalización de personas defensoras del ambiente. Los conflictos se desarrollan con mayor rapidez y con ciclos de violencia más cortos. El deterioro institucional ha estado acompañado de resistencia social, pero también de judicialización, persecución administrativa y campañas de desprestigio orientadas a debilitar liderazgos comunitarios. Defender el territorio implica hoy mayores riesgos.

A ello se suma un proceso de re-abandono territorial. En múltiples comunidades, el trabajo político de base fue debilitándose, dejando vacíos que han sido ocupados por narrativas autoritarias y soluciones simplificadas. Este abandono no es solo organizativo; es también simbólico. Donde el movimiento social se retiró, otros actores construyeron sentido común.

La regresión socioambiental, además, no ha operado principalmente mediante grandes reformas legislativas, sino a través de decretos, directrices y un progresivo debilitamiento técnico e institucional. Se reducen presupuestos, se desregulan controles, se erosionan capacidades estatales y se limita la autonomía de órganos técnicos creados precisamente para evitar interferencias políticas en decisiones ambientales. El resultado es una creciente concentración de poder que debilita el control democrático y compromete el derecho constitucional a un ambiente sano.

Los retrocesos son concretos: debilitamiento de áreas protegidas sin recursos suficientes, flexibilización de controles sobre agroquímicos, retrocesos en transporte público y transición energética, erosión del liderazgo ambiental internacional. Se consolida así una tendencia que redefine silenciosamente las reglas del juego.

Acciones estratégicas

Frente a este panorama, el movimiento socioambiental necesita una agenda amplia y transformadora. El recambio generacional es impostergable. Es necesario crear condiciones reales para la participación de juventudes, mujeres, pueblos indígenas, comunidades costeras y rurales, actores fuera de la Gran Área Metropolitana y colectivos emergentes con nuevas formas de organización. Muchas de estas experiencias no se estructuran bajo lógicas tradicionales; son más horizontales, autogestionadas e híbridas en sus formas de movilización. El desafío no es subordinarlas, sino dialogar y construir alianzas respetuosas que amplíen el sujeto político socioambiental.

También es imprescindible reconfigurar la articulación territorial. La agenda no puede definirse exclusivamente desde el centro. Debe construirse de afuera hacia adentro, desde las costas, las zonas rurales y los territorios indígenas hacia el debate nacional. En las periferias se están disputando los principales modelos de desarrollo del país; reconocer su centralidad estratégica es fundamental.

La protección de personas defensoras debe ocupar un lugar prioritario. En varios territorios se están enfrentando intereses extractivos, economías ilegales y dinámicas de violencia que no pueden ser asumidas en soledad. Se requiere avanzar hacia mecanismos efectivos de protección, incluso si en el corto plazo deben tener un carácter sui generis o de impulso civil, ante la insuficiencia de respuestas estatales. Al mismo tiempo, es indispensable fortalecer la vigilancia democrática sobre el uso de herramientas de seguridad e inteligencia frente a la ciudadanía organizada.

En el plano institucional, el movimiento debe sostener una incidencia permanente sobre la Asamblea Legislativa y otros espacios de decisión. No basta con reaccionar ante proyectos regresivos; es necesario anticiparse, formular propuestas, construir alianzas y mantener presencia constante en la discusión pública. La rendición de cuentas ciudadana debe convertirse en práctica sostenida y no episódica.

La disputa también es comunicacional. Es urgente fortalecer una narrativa capaz de conectar con preocupaciones cotidianas como el agua, la tierra y el acceso a bienes naturales. Sin abandonar el rigor técnico, el movimiento debe hablar en un lenguaje comprensible y movilizador, disputar el sentido común y ofrecer horizontes de futuro. La denuncia es necesaria, pero no suficiente; se requiere construir esperanza política con propuestas viables.

Finalmente, es clave aprender del contexto regional e internacional. Comprender cómo operan los autoritarismos contemporáneos, qué los fortalece y qué los debilita, permitirá anticipar escenarios y evitar errores. Existen ejemplos de concentración de poder en la región, pero también experiencias de transición democrática que ofrecen lecciones valiosas.

El desafío central no es únicamente resistir el avance extractivista o el debilitamiento institucional. Es reconstruir tejido social, reactivar presencia territorial y proponer un proyecto país basado en la justicia socioambiental. En esa tarea se juega no solo la defensa del ambiente, sino la calidad misma de nuestra democracia.

* Texto presentado en el Foro: “Desafíos de los movimientos sociales ante el rumbo del país”, organizado por la Alianza por una Vida Digna y el medio digital SURCOS, el martes 03 de marzo.