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Etiqueta: Facultad de Derecho

UCR: Cuando la sed por el conocimiento y la pasión por la justicia desembocan en el servicio a los demás

A lo largo de 61 años de docencia, don Walter ha visto pasar miles de jóvenes estudiantes por sus aulas, quienes, a la vuelta de los años, terminaron sirviendo al país en muchísimos cargos, tanto en el ámbito privado como en el público, entre los que se destacan presidentes de los tres Poderes de la República. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

180 años de la Facultad de Derecho

A sus 90 años, Walter Antillón Montealegre sigue nutriendo su intelecto y compartiendo sus conocimientos ‘ad honorem’ con las nuevas generaciones de estudiantes

“¡Jamás, jamás! Todos los días estudio”. Así de categórico es Walter Antillón cuando se le pregunta si ha logrado saciar su sed de conocimiento luego de nueve décadas de vida. Esa incansable búsqueda lo llevó a tener una biblioteca con cerca de 20 000 libros que empezó a reunir cuando, a sus dieciséis años, compró el primero de ellos: “Los caminos de la libertad” de Bertrand Russell, en 3 colones con 50 céntimos, en la desaparecida Librería Vagel, sobre el Paseo de los Estudiantes, cuando regresaba a su casa de su querido Liceo de Costa Rica.

Fue ahí, en el Liceo, donde consolidó su afición por la lectura como forma de acceder al conocimiento, se tornó un fanático de la historia, dominó el francés y amplió sus horizontes de la mano de profesores que eran verdaderas luminarias, como Teodoro Olarte, Carlos Monge Alfaro, León Pacheco, Isaac Felipe Azofeifa y Rafael Lucas Rodríguez, entre otros. Sin embargo, más allá de las ciencias, el arte y las letras, Antillón aprendió el carácter democrático que siempre debe encarnar la educación.

“El Liceo era para todos. Yo era de San José, de una familia más o menos acomodada, pero tenía compañeros muy ricos y tenía compañeros muy pobres también. Tenía compañeros que venían de Aserrí todos los días caminando desde la madrugada descalzos, con los zapatos al hombro, y se los ponían 200 metros antes de llegar al Liceo para no gastarles las suelas. Pero esa gente se metía en la clase con los Rorhmoser, con los Lachner”, recuerda Antillón.

De los 20 000 libros de este jurista, la mayoría ahora se encuentran en la Biblioteca Arturo Agüero Chaves, de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, gracias a una generosa donación que realizó recientemente. Él se quedó con poco menos de 2 000 libros en su casa para seguir sintiendo la cercanía de quienes considera sus amigos, y se muestra complacido al saber que muchos de ellos ahora le están haciendo compañía a la comunidad estudiantil de la sede de la UCR en San Ramón, donde el mismo Antillón se mantiene impartiendo los cursos de Teoría del Proceso, Derecho Romano e Historia del Derecho, una actividad que realiza ad honorem desde su jubilación, hace más de un cuarto de siglo.

“Un buen libro te sitúa en el mundo, te coloca en una posición estratégica para apreciar todo mejor, ni te das cuenta, simplemente el libro lo hace”.

Walter Antillón Montealegre, docente de la Facultad de Derecho

La Facultad en la que se ha desempeñado como docente por más de seis décadas no es la misma que lo vio llegar como estudiante a inicios de la segunda mitad del siglo XX, cuando muchos de sus mejores profesores fueron sustituidos por el simple hecho de ser calderonistas, bando perdedor en la Guerra Civil de 1948. Eso provocó el ingreso de muchos profesionales en Derecho que estaban muy interesados en consolidar su bufete, pero no en desarrollar una vida académica y, mucho menos, una dedicada a la investigación jurídica. Sin embargo, Antillón señala que ese fenómeno ya se venía dando desde mucho antes, cuando la otrora Escuela de Derecho estuvo bajo la tutela del Colegio de Abogados a falta de una universidad que la cobijara.

A pesar de ello, señala que la Facultad siempre ha tenido baluartes que se han preocupado por nutrir al estudiantado con el mejor y más actualizado conocimiento. Entre ellos, recuerda a Fernando Baudrit Solera, quien organizaba conferencias en el patio central del viejo edificio de la Facultad, en Barrio González Lahmann, cada vez que alguno de sus connotados amigos juristas estaban de visita por el país. Así fue como la comunidad estudiantil de Derecho logró conocer los postulados de Luis Jiménez de Asúa, penalista español exiliado en Argentina y los de Mario de la Cueva, laboralista mexicano, así como las posturas del español Luis Ricasell, filósofo del Derecho, y las de Sebastián Soler, penalista argentino, quien, posteriormente, contribuyó con la redacción de códigos nacionales aún vigentes.

“La Facultad tenía muy pocos profesores que valían la pena. Uno de ellos era don Pablo Casafont, que era abogado. A don Pablo no lo sacaron de la Facultad porque no era mariachi. Excepcionalmente algunos quedaron, y don Pablo era excelente docente. Como profesor, utilizaba el método socrático, el único que hacía eso en la Facultad. O sea, él dialogaba con los alumnos. La clase de él era así. Era un diálogo tan interesante, tan provocativo, que uno salía de la clase hablando de eso y se iba a recreo con los compañeros discutiendo los temas de la clase. Es el único profesor que tenía esa cualidad”, destacó Antillón.

No obstante, personas como Casafont eran las excepciones en la Facultad de Derecho que le tocó vivir a Antillón como estudiante. Si bien reconoce que había buenos profesores en el sentido de que eran responsables e impartían clases “decentes”, Antillón considera que estaban muy lejos de un verdadero ejercicio académico porque, en su mayoría, eran jueces y abogados sin el tiempo y sin las habilidades lingüísticas básicas para conocer y ahondar en la doctrina extranjera y en las revistas especializadas de la época, producidas en Francia, Italia y Alemania, países que lideraban la producción científico-jurídica de aquel entonces.

Lo que Antillón no logró aprender en la Facultad, lo encontró en los libros que compraba “desaforadamente” mientras combinaba sus estudios con una práctica en el Juzgado Segundo Civil de San José, donde el juez Ulises Odio se convirtió en su guía y contertulio, tanto de textos de jurisprudencia como de buena literatura. De él aprendió el oficio de juez, no solo en la teoría, sino también en la práctica, porque en poco tiempo le empezó a pasar casos para que él hiciera un borrador de la sentencia.

En ese mismo tiempo, otro estudiante trabajaba como escribiente en el Juzgado Tercero Civil. Se trataba de Gonzalo Retana, amigo de Antillón, y un apasionado por leer solo sentencias de casación. Otro tipo de lectura lo consideraba inútil e intrascendente, y así se lo hacía ver a Antillón cada vez que se lo encontraba leyendo alguna novela. A la vuelta de los años, Retana se convirtió en magistrado de la Corte y Antillón en docente de la Escuela de Ciencias Políticas, lugar donde ambos se reencontraron, solo que en una relación diferente: de profesor y estudiante.

“Hombre, qué curioso, ¿cómo estás por aquí?”. Me dice: “Bueno, con el tiempo yo aprendí que no solo las sentencias de casación había que leer”. Y me mostró que estaba leyendo Cien Años de Soledad de García Márquez. O sea, ya después él empezó a leer literatura, lo cual me pareció maravilloso, porque un juez cerrado, que no sabe nada de la literatura del mundo, tiene un horizonte completamente limitado y eso puede hacer mucho daño en el ejercicio de la judicatura”, enfatizó Antillón.

Luego de obtener su título universitario, Antillón se desempeñó por poco tiempo como juez y otros cargos judiciales, porque en 1962 fue llamado por Rogelio Sotela, decano de la Facultad de Derecho, para asumir la cátedra de Teoría del Estado, en sustitución de Alfonso Carro, quien fue nombrado como ministro de Trabajo por Francisco Orlich, electo ese año como presidente de la República.

“Con dos semanas de anticipación yo iba a dar una clase a estudiantes universitarios, era una grandísima irresponsabilidad. Hice lo que pude y estuve trabajando ese tiempo dando esa clase mientras seguía estando en los Tribunales. Ese era el panorama de la Facultad: un montón de profesores que no eran profesores, sino que eran unos señores a quienes habían llamado un poco a la carrera para encargarse de una materia. Eran jueces y abogados muy ocupados en sus cargos que tenían un ratito en las noches para medio preparar las clases. Eso era un desastre porque una universidad no es eso. La universidad tiene una cosa que es fundamental que es la vida académica y ahí no había ninguna vida académica”, criticó el jurista.

Antillón conoció la vida académica universitaria en todo su esplendor en la Universidad de Roma, donde realizó sus estudios de posgrado y trabajó como asistente de la cátedra de Derecho Procesal, gracias a una beca y a las recomendaciones que le extendieron don Fernando Baudrit Solera, presidente de la Corte Suprema de Justicia en ese momento, y algunos amigos de este. Fue ahí donde constató la importancia de que el cuerpo docente dedique la totalidad de su tiempo a la investigación científica y académica, época que la recuerda como “un despertar” para él.

“No es cierto que un buen profesional tiene que trabajar como abogado o como juez para aportar. No. Él aporta como académico y con ese aporte enriquece completamente lo que es el ejercicio de la judicatura o de la abogacía. El enriquecimiento de la abogacía y de la judicatura está en la academia. Si no hay academia, la judicatura y la abogacía son pobres, son deficientes. Es el teórico el que tiene la capacidad de develar los verdaderos problemas, el práctico les pasa por encima, no los ve. Por ejemplo, en Costa Rica hay una falta endémica de capacidad para hacer leyes. ¿Por qué razón? Por nuestra manía de creer que tenemos que producir jueces y abogados. ¿Los jueces y los abogados hacen leyes? Las aplican. Para hacerlas hay que tener la distancia, hay que tener la vista desde arriba, desde la teoría, la vista sobre la situación”.

Walter Antillón Montealegre, docente de la Facultad de Derecho

“Yo regresé de Italia con ese abejón en el buche, con esa gran preocupación, y me puse en contacto inmediatamente con Eduardo Ortiz, un decano de la Facultad muy recordado con toda razón. Eduardo también estuvo unos años antes que yo en Roma. Entonces, los dos conocimos los mismos maestros. Estuvimos en contacto por carta durante el tiempo que yo estaba allá y, entonces, estábamos muy coordinados. Así que, cuando regresé empezamos a pensar cómo hacer para cambiar la Facultad. Carlos José Gutiérrez, que era un poco mayor que nosotros, pero era de la gente joven, era muy receptivo en esto y se metió de lleno. Entonces, cuando él fue decano nos llevó a nosotros a la administración: Eduardo fue su vicedecano y yo su director de docencia”, recordó el profesor.

Desde esos puestos, Antillón y compañía lograron cambiar por completo el programa de estudios de la Facultad de Derecho y establecer convenios con los gobiernos de Francia e Italia y con sus principales universidades. Gracias a estas alianzas, estudiantes nacionales se especializaron en Europa, profesores italianos y franceses impartieron cursos en el país y la biblioteca de la Facultad se nutrió con la más actualizada doctrina de ambas naciones europeas, producto de una generosa donación de libros y de la suscripción a prestigiosas revistas.

“Todo eso cambió a la Facultad. Al cabo de un tiempo ya teníamos de vuelta a un montón de egresados nuestros, posgrados que venían ya contratados por la Universidad. […] Entonces, lo que nunca se había podido hacer porque faltaba plata, se hizo en pocos años y tuvimos 25, 30 tiempos completos, pagados por la Universidad y plata había, sí había la plata. ¿Dónde estaba? Simplemente la plata es la misma, usted la usa en una cosa o la usa en otra”, agregó.

Sin embargo, la reforma soñada por Antillón no duró mucho. La construcción de una vigorosa vida académica quedó truncada cuando los jóvenes becarios que regresaban con su posgrado de Europa se fueron yendo, uno a uno, luego de cumplir con su compromiso de servicio a la Universidad. Incluso, el mismo Antillón renunció a finales de los años setenta con la motivación de trabajar con el flamante Gobierno sandinista en Nicaragua, donde permaneció por ocho años.

“Yo no llegué a pelear en el Frente Sur porque en eso ya ganaron los sandinistas, pero yo estaba muy relacionado con lo que iba a ser la parte intelectual del Gobierno. Entonces, desde antes del triunfo sandinista ya veníamos trabajando en una especie de Constitución, que era una Constitución de dos cabezas: el Estatuto de Derechos de los Nicaragüenses y el Estatuto Fundamental, como quien dice la parte orgánica y la parte dogmática de la Constitución. Con eso empezó a funcionar el Gobierno de Nicaragua. Yo ya estaba muy involucrado con ellos, de modo que cuando triunfa el movimiento sandinista nos mandan a viajar. Yo viajé a Managua el día siguiente al triunfo, el día siguiente de la huida de Somoza y desde entonces me quedé allí”, rememoró.

Y se quedó allí con la plena certeza de que terminaría sus días sirviendo al Gobierno Sandinista y que sus buenos efectos en la sociedad se esparcirían por toda Centroamérica. Por eso renunció como profesor de la Universidad de Costa Rica y se deshizo de todo lo que lo ligaba al país. No obstante, a la vuelta de pocos años, vio cómo la Revolución fue traicionada desde dentro con el apoyo económico y armamentista de los Estados Unidos. A partir de entonces, ha visto cómo las diferencias sociales se han incrementado, así como la pobreza y la represión.

“En este momento, eso ya no es una Revolución, para nada, yo no veo por ninguna parte un desarrollo revolucionario, un desarrollo del pueblo de Nicaragua, veo a un pueblo mayoritariamente opositor oprimido por las armas y un ejercicio del poder absolutamente enloquecido. […] Es una vigilancia y una persecución contra todo el mundo, y las medidas son demenciales: a usted le quitan la nacionalidad y le quitan todos sus bienes y le quitan el ejercicio profesional. Es decir, son las medidas que Hitler toma apenas llega al poder contra los judíos: despojo de la nacionalidad, despojo de la profesión, prohibición de relacionarse con otras personas. Para mí es dolorosísimo porque yo participé en la gran ilusión de lo que sería, en mi criterio, el futuro de América Central, yo pensaba que una revolución socialista democrática podía cundir en América Central. ¡Claro! No contaba con que los gringos no iban a permitir nada semejante y tenían todos los recursos para impedirlo”, manifestó Antillón.

Para Walter Antillón Montealegre el objetivo del desarrollo intectual es el servicio a la comunidad. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.

La afinidad de este docente con las ideas comunistas comenzó desde temprana edad, cuando tomó conciencia de la injusticia que viven las sociedades dominadas por una oligarquía. Sus manifestaciones se convirtieron en un escándalo dentro de su conservadora familia, lo cual no fue obstáculo para que, años más tarde, ingresara al Partido Vanguardia Popular y se rozara con las figuras más emblemáticas de esta corriente política en el país.

A pesar de que sus ideales políticos los compartía con algunos compañeros de universidad, el movimiento estudiantil era muy pasivo y no asumía ninguna lucha como propia. De acuerdo con Antillón, esa característica obedecía a la fuerte represión que se vivió posterior a la Guerra Civil de 1948 y a la proscripción del Partido Comunista por cerca de 25 años. Sin embargo, la energía del estudiantado se acumuló y terminó por estallar en las manifestaciones contra el Proyecto de Ley de Alcoa, en 1970.

Para ese entonces, Antillón ya formaba parte del cuerpo docente de la Facultad. Según recuerda, la relación entre docentes y estudiantes era distante y poco democrática, a diferencia de lo hoy él mismo experimenta sus clases, donde sus alumnos lo tratan con suma confianza y le hablan de “vos”, a pesar de las siete décadas que los separan.

“Lo que yo le digo a los alumnos, en primer lugar, hay una cosa fundamental, que es consustancial con la academia, pero que nuestras organizaciones de enseñanza pasan de lejos, y es tener claro el objetivo. Para mí, desarrollarse intelectualmente, desarrollarse emocionalmente, tiene un objetivo que es servir. Si los alumnos aceptan que su objetivo en la vida es servir a la comunidad es muy fácil montar sobre esa ilusión, montar una buena academia. Pero si el objetivo es servirse a sí mismo, hacerse ricos, acumular cosas absurdas, no hay consejo que valga”, advirtió este docente que ya supera las seis décadas de impartir lecciones.

Desde su experiencia académica y su análisis social, Antillón considera que la Universidad debe ser más beligerante y volver a ser un poder en la sociedad costarricense con el fin de resguardar el Estado social y democrático de derecho ante las constantes arremetidas de los grupos interesados en la privatización de los servicios esenciales en detrimento de la mayoría de la población.

“En tiempos del comienzo de la Universidad, los Gobiernos consultaban a la Universidad sistemáticamente y, en Europa, los proyectos de ley son consultados a las universidades, el Parlamento espera que las universidades dictaminen para conocer el criterio. Eso, aquí, jamás. A la universidad pública se la ningunea. Es decir, esos traidores socialdemócratas de Costa Rica que permitieron la privatización de la enseñanza superior nos han hecho un daño espantoso porque se ha vulgarizado, la enseñanza superior se ha convertido en una parodia, en una caricatura”, se lamentó el jurista.

Luchador incansable por la justicia, Antillón reconoce que, como ser humano, ha sido injusto en muchos momentos de su vida y se arrepiente de ello. Sin embargo, no claudica en su batalla interna por vivir lo que predica, porque es un fiel convencido de que bien vale la pena luchar por la justicia en medio de un mundo injusto. Incluso, considera que el sufrimiento es un precio que se puede y se debe aceptar cuando se está del lado de la justicia y existe un compromiso de servir a la comunidad.

Salvar la universidad pública es salvar al país

“Estamos en un tiempo en el que la universidad pública va a la baja. Todo el mundo está de algún modo convencido o resignado que así tiene que ser y yo soy del parecer absolutamente contrario, porque esa baja de la universidad pública es la baja también del Estado de derecho, la baja del Estado de bienestar, es la entronización del neoliberalismo, prácticamente la pérdida de nuestros viejos, los pobres pequeños Estados nacionales. Se están perdiendo y esta gente lo que quiere es, incluso, suprimir los Estados porque son Estados fallidos, Estados obsoletos, Estados canallas, toda clase de cosas.

“La comunidad costarricense, como pueblo, tiene que reaccionar, tiene que seguir adelante. Hay que defender ese pequeño Estado mientras no viene lo que tendría que ser el ideal que sería un Estado mundial fundado democráticamente, en donde todos los pequeños Estados nacionales vean reconocidos sus derechos básicos.

“Nuestros Estados han sido sistemáticamente explotados y traicionados por el gran capital. Las intervenciones del capital siempre han sido para hacernos daño, nunca para mejorar. La prueba de ello es que hoy día estamos tan subdesarrollados como estuvimos hace 100 años, a pesar de todos los planes y todas las proclamas del capitalismo que hay que sacar del subdesarrollo… ¡mentira! No querían sacarnos del subdesarrollo, lo que querían era sacarnos los recursos y siguen en eso.

“El TLC arrasó con nuestras soberanías, nos quitó nuestra soberanía judicial, por ejemplo. Cualquier inversionista puede demandar al Estado costarricense en un panel internacional y eso, para Costa Rica, es la ruina, no solo porque los Estados, casi todos, siempre pierden los pleitos allí, sino porque esos pleitos caen en manos de una mafia abogadil “especialista” que cobra salvajemente. De modo que, ante esa perspectiva del Estado, se agacha ante los inversionistas, el inversionista le impone cualquier cosa. Eso no era así. En América Latina, hace más de cien años, se había ido estableciendo una medida muy buena que se llamaba la Teoría Calvo, la Doctrina Calvo. La Doctrina Calvo decía que el inversionista que llegaba a un país tenía que atenerse a la legislación de ese país y que, si no le gustaba, que no viniera. Eso pasó a las Constituciones, pero el TLC lo reformó, el TLC se llevó por delante esa barrera.”

Walter Antillón Montealegre, docente de la Facultad de Derecho

 

Fernando Montero Bolaños
Periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR

Jornadas de 8 horas ¿Un derecho en vías de extinción?

La abogada Rosaura Chinchilla Calderón y el historiador y exembajador Vladimir de la Cruz de Lemos, hablan acerca de los actuales intentos por ultrajar el Código de Trabajo en Costa Rica dentro del programa “Temas Jurídicos Actuales”, de la Facultad de Derecho de la UCR. La presentadora y el invitado, se enfocan en  las implicaciones reales de la jornada 4/3 que intenta extender la jornada laboral de 8 a 12 horas diarias durante 4 días de la semana.    

En el siguiente enlace de Spotify podrá disfrutar el episodio de podcast: 

Decano de la Facultad de Derecho, UCR: “Este es uno de los momentos más obscuros de nuestra vida democrática”

  • Alfredo Chirino Sánchez
  • Inauguración de la nueva Facultad de Derecho se realizó en fecha histórica este 7 de marzo

 

De cara a la ruta 39, se colocó de nuevo a la diosa de Justicia, quien resguarda desde este día, la entrada principal de la sede central de la Universidad de Costa Rica, en el recién inaugurado edificio de la Facultad de Derecho de la UCR.

Se trata de una imagen que manifiesta la fortaleza y la solidez de los principios constitucionales y porta la balanza y la espada, que son los instrumentos con los que debe defenderlos.

El mural y la imagen de la diosa de la Justicia, tiene ahora un papel protagónico dadas las angustiosas situaciones que vivimos en el ámbito de la justicia, la expresión de la justicia dice muchas cosas del debate nacional sobre la independencia del Poder Judicial y de los jueces, sobre los escándalos que atacan los baluartes del Estados de Derecho, como lo es el sistema de justicia imperante”, comentó el decano de la Facultad de Derecho Alfredo Chirino Sánchez.

La Facultad de Derecho, que es raíz histórica de la actual Universidad de Costa Rica, abrió sus puertas este 7 de marzo, el mismo día que hace 77 años, lo hiciera por primera vez la Universidad de Costa Rica.

Un 7 de marzo 1941 se impartieron las primeras lecciones de la nueva Universidad de Costa Rica, y además el 7 de marzo es el día de Santo Tomás, cuyo nombre se eligió para nombrar a la Casa de Enseñanza y a la Universidad que antecedieron la fundación de la UCR.

“En el Archivo Nacional se resguarda la carta de puño y letra de monseñor Nicolás García Jerez –autoridad eclesiástica de Nicaragua y Costa Rica, que logra mantener la casa de enseñanza abierta– (…) Escoge el nombre en honor a Tomás de Aquino, padre de la escolástica, de la filosofía medieval y santo declarado de la Iglesia Católica de la inteligencia, la razón y la sabiduría”, recordó el docente de la Facultad de Derecho, Tomás Federico Arias Castro.

Decano de la Facultad de Derecho UCR2
Inauguración del renovado edificio de la Facultad de Derecho, este 7 de marzo de 1941. En la mesa principal participaron el Dr. Henning Jensen Pennington, Rector de la Universidad de Costa Rica; Alfredo Chirino Sánchez, decano de la Facultad de Derecho; Tomás Federico Arias Castro, docente de la Facultad de Derecho e historiador; Eliana Quimbayo Bolaños, presidenta de la Asociación de Estudiantes de Derecho; y Luis Felipe Rodríguez, representante estudiantil ante la Asamblea de Facultad. – foto Laura Rodríguez Rodríguez.

El nuevo edificio representa un sí se puede

Bajo la figura de Fideicomiso de Obra Pública, esta nueva edificación, liderada por el Banco de Costa Rica y su marca Esfera, demuestra que en Costa Rica sí es posible realizar grandes obras de forma eficiente. La inversión total para estas nuevas instalaciones fue de ¢6.900 millones.

Al respecto el Rector de la Universidad de Costa Rica, el Dr. Henning Jensen Pennington, explicó que la nueva edificación es un símbolo de esperanza.

La formación de aquellas personas que serán, en un futuro, los garantes de esa justicia y esa paz que tanto anhelamos y debemos defender para nuestro país, y nuestra altamente desigual región, recae en nosotros y en nuestra posibilidad de responder a sus necesidades. La inauguración de este edificio -que se acompaña de uno de los procesos constructivos más consolidados de nuestra institución- representa alcanzar ese nivel óptimo de condiciones para el aprendizaje, pero también para el propio campo laboral”, señaló Jensen.

El Rector agregó además que uno de los hitos recientes en la historia de la UCR, precisamente basada en un enfoque de derechos y que se nutre de las enseñanzas de la Facultad de Derecho, es la firma de la nueva Convención Colectiva de Trabajo.

El inicio de lecciones en la nueva Facultad de Derecho será el 12 de marzo, y con ellos se asume el reto de continuar generando el debate y la investigación indispensable para Costa Rica.

Estoy seguro que la Facultad de Derecho sabrá entender las angustias de la justicia y sabrá darle sugerencias y luz de orientación en uno de los momentos más obscuros de nuestra vida democrática en este siglo XXI, tan lleno de penumbras y de espectáculos de turbación”, señaló el Sr. Alfredo Chirino.

 

Gabriela Mayorga López

Periodista, Oficina de Divulgación e Información.

Caterina Elizondo Lucci

Periodista de Rectoría

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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Abogados y criminólogos de la UCR analizan la justicia en las prisiones

Elizabeth Rojas Arias,

Periodista Oficina de Divulgación e Información

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El Coloquio Castigar e integrar desafío de la justicia en las prisiones se realiza este lunes 3 y martes 4 de octubre en el auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones en San José.

La Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica realiza durante la presente semana el Coloquio: Castigar e integrar: los desafíos de la justicia en las prisiones, con la participación de especialistas en derecho, sociología, ciencias políticas y criminología, tanto académicos como autoridades nacionales e invitados internacionales.

El tema se desarrollará este lunes 3 de octubre y martes 4 de octubre en una conferencia y dos meses redondas abiertas a todo público en el auditorio Francisco Sáenz Meza, del Tribunal Supremo de Elecciones, en San José, a partir de las 5 de la tarde.

Este lunes la moderadora será la Ministra de Justicia M.Sc. Cecilia Sánchez quien presentó la conferencia del Dr. Adelino Braz, director del Instituto Francés para América Central, quien diserta sobre Los 40 años después de vigilar y castigar actualidad de la reflexión de Michel Foucault sobre las cárceles.

Posteriormente habrá una mesa redonda sobre el tema: La cárcel y el juez: ¿justicia restaurativa o lógica punitiva? con la participación del decano de la Facultad de Derecho de la UCR Dr. Alfredo Chirino, el M.Sc. Norberto Garay, juez del Tribunal penal de Heredia y el Dr. Roy Murillo, juez de Ejecución de la pena.

Este martes 4 de octubre la mesa redonda será sobre La cárcel y el detenido y en ella participarán la Dra. Claudia Palma, profesora de la Escuela de Antropología de la Universidad de Costa Rica; la licenciada Vanessa Beltrán profesora de la Escuela de Ciencias Políticas e investigadora del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP).

También participan la M.Sc. Marcia Aguiluz, directora del Programa del Centro por la justicia y el derecho internacional (Cejil), y el M.Sc. Alexis Sánchez, del Instituto Nacional de Criminología. En esta ocasión el moderador es el M.Sc. José Manuel Arroyo, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia.

Este coloquio es organizado por la Facultad de Derecho, el Instituto Francés para América Central y la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la Universidad de Costa Rica.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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UCR ofrece Consultorios Jurídicos gratuitos para personas de escasos recursos

Pablo Mora Vargas

Periodista, Rectoría

UCR ofrece Consultorios Jurídicos gratuitos para personas de escasos recursos
En los primeros 10 meses del año pasado, los Consultorios Jurídicos atendieron 4597 casos de personas con vulnerabilidad económica. (foto con fines ilustrativos).

Aquellas personas que perciben ingresos económicos bajos y que no cuentan con los recursos para pagar un abogado que resuelva temáticas como conflictos familiares, laborales, administrativos, civiles, de herencias y otros, tienen la opción de solicitar el servicio de los Consultorios Jurídicos, que pone a su disposición la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) tras un estudio detallado de su condición de vulnerabilidad.

Los casos que llegan a estos consultorios son atendidos por estudiantes de Derecho, quienes a manera de práctica brindan la consulta jurídica como parte de su programa de estudios en el segundo semestre de cuarto año. Ellos son asesorados por 16 abogados profesionales.

Cada estudiante debe asistir a los consultorios jurídicos de la UCR cuatro horas por semana, hasta completar las 208 horas que exige el programa de estudios. Los centros de atención están ubicados en la Facultad de Derecho, en el I y II Circuito Judicial, Desamparados, Pavas, Defensoría de los Habitantes, Instituto Nacional de las Mujeres, Heredia y la Sede de Occidente (San Ramón). Los horarios varían, dependiendo del lugar de atención.

Los estudiantes que acuden a los consultorios deben incluso trabajar en su casa, de forma que puedan elaborar escritos propios de los casos. Al llegar a la Facultad de Derecho, revisan las notificaciones y atienden a las personas.

De enero a octubre de 2015, los Consultorios Jurídicos analizaron 3037 casos activos, 690 quedaron archivados y 870 fueron concluidos, para un total de 4597 casos. Este es un número considerable de procesos que no podrían ser asumidos económicamente por la Corte Suprema de Justicia debido a su alto costo, de ahí la importancia que tiene esta iniciativa de la UCR para la sociedad.

Para conocer si los solicitantes de los Consultorios Jurídicos cumplen con los requisitos de atención, uno de los abogados y un estudiante revisan los documentos que el interesado debe traer: la orden patronal o de desempleo, residencia, propiedades inmuebles, certificaciones de vehículos y otros. Una vez presentado el expediente, se analiza la necesidad de la persona y se la anuncia el resultado de la valoración.

La Facultad de Derecho de la UCR forma parte de la Comisión para el Mejoramiento de la Administración de Justicia, donde hay representación de jerarcas de todas las instituciones del Estado que tienen relación con el derecho: Contraloría, Procuraduría, Defensoría de los Habitantes, Colegio de Abogados, el diputado presidente de la Comisión de Asuntos Legales de la Asamblea Legislativa y la Facultad de Derecho de la UCR. Esta es presidida por el magistrado Román Solís.

Según explica la directora de Acción Social de la Facultad de Derecho, Prof. Olga Marta Mena, “esta comisión diseña estrategias para el mejoramiento de la administración y el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad. Las alianzas que tenemos con otros organismos son muy importantes porque colaboramos con las necesidades de la Corte, ya que ellos no pueden atender de forma gratuita esta población. Ellos nos ayudan económicamente para que nosotros lo hagamos”.

El apoyo que brinda la Corte Suprema de Justicia a los Consultorios Jurídicos incluye la autorización a los estudiantes de Derecho para asistir a las audiencias para representar a sus usuarios. “Es por ello que los alumnos universitarios tienen una preparación especial, pues una vez en los tribunales, ellos son quienes deben exponer los casos”, señaló la Prof. Mena.

Otro servicio ligado a los Consultorios Jurídicos es la Casa de la Justicia, creada desde 2007, producto de un convenio de la Facultad de Derecho con el Ministerio de Justicia. Está ubicada en el primer piso de Derecho y es administrada por abogados – mediadores, pero siempre bajo la tutela del Ministerio de Justicia.

En este sistema, las partes enfrentadas resuelven conflictos como disputas vecinales, de arrendamiento, divorcios, laborales y otros. El abogado y cada lado intentan consensuar un acuerdo hasta llegar a un punto que las deje satisfechas. El caso solo se archiva si uno de las partes (o ambas) abandona el proceso. Una vez alcanzado un acuerdo, el único paso pendiente es la homologación del juez para declarar resuelto el diferendo. Actualmente hay 375 casos en esa instancia.

 

Información enviada a SURCOS Digital por Lic. Otto Salas Murillo, periodista Oficina de Divulgación e Información UCR.

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Facultad de Derecho realiza su traslado en forma satisfactoria

El antiguo edificio estará remodelado en el 2018

Elizabeth Rojas Arias

Facultad de Derecho realiza su traslado en forma satisfactoria
Fachada de nuevo edificio de Derecho: Así luciría el edificio de la Facultad de Derecho dentro de dos años una vez remodelado (Imagen de OEPI).

Durante la segunda quincena del mes de febrero la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica se está trasladando al Edificio de Aulas, que ocupó por muchos años la Facultad de Ciencias Sociales.

El traslado se debe a que su propio edificio ubicado en una de las entradas del campus Rodrigo Facio, será remodelado completamente y se construirá una nueva ala y un parqueo subterráneo.

De acuerdo con la información suministrada por la jefa administrativa de la Facultad de Derecho, Rosalía Guerrero, el proceso de mudanza ha sido tal y como se planeó en el cronograma y los servicios estudiantes no se han suspendido.

Guerrero como coordinadora de la mudanza manifestó que esta se inició el 15 de febrero y concluirá el próximo fin de semana, de manera que el lunes 7 de marzo los estudiantes de esta facultad podrán iniciar las clases del primer semestre sin ningún contratiempo.

Añadió Guerrero que con el fin de no interrumpir ningún servicio tanto los Consultorios Jurídicos como la Casa de Justicia se trasladarán el próximo sábado, según el cronograma.

Un porcentaje de las estanterías y los libros de la actual biblioteca de la Facultad de Derecho serán trasladados y se reabrirá en el primer piso del Edificio de Aulas en el mes de abril. El espacio con que cuentan para instalar la biblioteca es reducido por lo que solo trasladarán 23 mil de los 85 mil libros con que cuenta Derecho.

También en ese nivel se ubicará la oficina de la Asociación de Estudiantes y los Consultorios Jurídicos.

La oficina de Asuntos Estudiantes estará en el tercer piso y ya está funcionando en ambos edificios, con el fin de brindar un mejor servicio a la población estudiantil, que en estas semanas realizaron sus trámites de matrícula.

El decanato y los cubículos de los profesores y profesoras se instalaron en el cuarto piso.

Nueva biblioteca y parqueo

La Facultad de Derecho regresará en un plazo de dos años a su nuevo edificio, el cual consideran sus funcionarios y el decano Dr. Alfredo Chirino Sánchez, será más moderno y apropiado para sus necesidades académicas y de investigación.

El decano manifestó que el nuevo edificio contará con seis pisos, tendrá más aulas y en cada nivel habrá un aula de oralidad para que los estudiantes puedan hacer los juicios orales y que también servirá como pequeños auditorios para otras actividades académicas.

En el cuarto piso del nuevo edificio se instalarán las oficinas administrativas  y en el sexto piso también se construirá un mini auditorio.

Habrá más cubículos para los profesores, espacios de encuentro en todos los pisos y un área más grande para la asociación de estudiantes.

Con el fin de descargar la estructura del edificio a remodelar, la Oficina Ejecutora del Plan de Inversiones (OEPI) planea construir una nueva biblioteca, en un edificio anexo de tres pisos, en los cuales se podrán consultar los 85 mil volúmenes con que cuenta este acervo bibliográfico. La soda se ubicará en el segundo piso de este módulo de biblioteca.

El decano informó que se edificará también un nuevo edificio de parqueo subterráneo para 70 vehículos, el cual tendrá doble propósito, porque permitirá realizar actividades masivas como conciertos.

Añadió que la nueva estructura contará con un aislamiento para el ruido externo y  con climatización por medio de chimeneas que harán del edificio un lugar más confortable y fresco. Actualmente, dijo el Dr. Chirino, en las aulas de Derecho debíamos de soportar temperaturas superiores a los 35 grados y sonidos de los carros de más 115 decibeles. Recordó que frente a la Facultad el MOPT planea ampliar la carretera de circunvalación con un puente elevado que implicaría más tránsito y sonido permanente.

El Decano finalmente comentó que el auditorio Alberto Brenes Córdoba pasó a ser administrado por la Oficina de Servicios Generales de la UCR  y que los estudiantes de Derecho usarán el mini auditorio de la antigua Facultad de Ciencias Sociales en los próximos dos años.

 

Información enviada a SURCOS Digital por Lic. Otto Salas Murillo, periodista Oficina de Divulgación e In formación UCR.

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Entregados Premios Fernando Soto Harrison 2014

Galardones se otorgaron a tesis con impacto social

Caterina Elizondo Lucci,

Periodista de Rectoría

Entregados Premios Fernando Soto Harrison 2014
Los ganadores del Premio: Víctor Vargas, Natalia Campos y Cinthya Picado, compartieron con Federico Soto Harrison, hermano de don Fernando, y una de sus sobrinas (Foto Laura Rodríguez).

El estudio de la administración atunera del país con miras a proponer una mejor gestión de este recurso marino; el análisis de la responsabilidad civil por riesgo de desarrollo, y las recomendaciones para mejorar la gestión de los centros de cuido infantil, fueron las investigaciones ganadoras del Premio Fernando Soto Harrison 2014, por su excelencia e impacto social.

Este año, tres trabajos finales de graduación fueron acreedores de este importante reconocimiento, que además se acompaña de un aporte económico de $1 000 a cada uno. Los estudiantes Víctor Manuel Vargas Salas, de la Escuela de Historia; Cinthya Picado Madrigal y Natalia Umaña Bonilla, de la Escuela de Administración Pública, y Natalia Campos Berrocal, de la Facultad de Derecho, fueron los autores de estas tesis.

“Con sus investigaciones, ustedes están poniendo en alto el nombre de nuestra Alma Máter y, además, cumpliendo con los valores que la universidad espera ver en sus estudiantes. Son valores que el ilustre Fernando Soto Harrison defendió en su vida”, indicó el Dr. Henning Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Este premio se otorga en memoria de uno de los más distinguidos ciudadanos de la Costa Rica del siglo XX, el político, abogado y diplomático nacional Fernando Soto Harrison. Al momento de su deceso, en el año 2006, Soto Harrison legó un fondo a favor de la UCR para recompensar los mejores trabajos de graduación realizados durante el año en el Área de Ciencias Sociales, hasta el 2036, con $3 000 anuales.

El galardón que lleva su nombre, se creó precisamente para estimular la emulación de los principios y las iniciativas de esa vida ejemplar, en las áreas de práctica e interés académico fundamental de este intelectual: ciencias sociales, ciencias económicas y derecho. La comisión evaluadora de este año, integrada por el Dr. Alfredo Chirino Sánchez, decano de la Facultad de Derecho; el Dr. Manuel Martínez Herrera, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, y Dr. Leonardo Castellón Rodríguez, director de la Escuela de Administración Pública, en representación, del M.Sc. Carlos Palma Rodríguez, decano de Ciencias Económicas, decidió dividir el premio para galardonar una tesis en cada una de esas áreas.

Atún depreciado

La investigación del estudiante Víctor Manuel Vargas, Administración atunera industrial en Costa Rica por parte del INCOPESCA (1994-2005), hizo un recuento histórico de la evolución de la regulación atunera del país y de la gestión del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA).

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Los estudiantes también guardaron un recuerdo junto al M.Sc. Carlos Palma, al Dr. Manuel Martínez, al Dr. Henning Jensen y al Dr. Alfredo Chirino. (Foto Laura Rodríguez).

“Por muchos años Costa Rica regaló su atún. Mi investigación resalta la lentitud de los cambios jurídicos en el mercado del atún, y la dificultad administrativa de articular las 25 instituciones con las que tiene que trabajar el INCOPESCA para regular la pesca y venta del atún”, indicó Vargas.

Redes de cuido funcionales

En la tesis Desarrollo de capacidad institucional en los centros de cuido municipales de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, análisis de los casos del Centro de Cuido de la Municipalidad de Cartago y la Municipalidad de Belén, las estudiantes Cinthya Picado y Natalia Umaña investigaron las capacidades institucionales a nivel político, organizacional y administrativo en estos centros, para establecer los criterios que favorecen su establecimiento y los déficit asociados que puedan ser mejorados.

“Recomendamos ejercer mayor control desde los carteles de contratación administrativa, y revisar la ley que respalda el funcionamiento de la Red Nacional de Centros de Cuido, pues hay vacíos importantes en cuanto a la administración central y los procesos a seguir para elaborar estas estructuras”, expresó Picado, quien agregó que algunos de los hallazgos fueron problemas presupuestarios y falta de profesionalización de sus funcionarios que permitiera atender la cantidad de niños meta.

Defensa del productor

Por otra parte, la estudiante Natalia Campos Berrocal en su Análisis de la responsabilidad civil por riesgo de desarrollo a la luz de nuestro Código Civil y de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor sentó las bases para iniciar la investigación en este campo, al no existir en el país bibliografía que abarque el tema de la responsabilidad por riesgos en el derecho privado.

“Esta tesis estudió los riesgos de desarrollo como una posible eximente de la responsabilidad civil para el productor que puso en circulación un producto que presenta defectos pero que, al momento de esta puesta en circulación, la ciencia y de la técnica no permitían conocer este defecto”, explicó Campos.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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UCR apoya políticas para atacar hacinamiento carcelario

Solicita a medios de comunicación abordar de forma integral problema de la seguridad ciudadana

 

Rocío Marín González,

Periodista Oficina de Divulgación e Información

UCR apoya políticas para atacar hacinamiento carcelario
En los últimos años, Costa Rica ha experimentado un aumento vertiginoso y constante de la cantidad de privados de libertad por cien mil habitantes (foto archivo ODI).

Ante la inquietud que ha causado en el ámbito nacional el anuncio de algunas medidas para atacar el hacinamiento carcelario en el país, la Comisión de la Maestría de Ciencias Penales de la Universidad de Costa Rica (UCR), manifestó su apoyo a las políticas que efectúa el Ministerio de Justicia y Paz con ese objetivo.

En particular el pronunciamiento suscrito por el Dr. Javier Llobet Rodríguez, coordinador de la Maestría; el Dr. Alfredo Chirino Sánchez, decano de la Facultad de Derecho; el Dr. Erick Gatgens Gómez, Vice-decano de la Facultad de Derecho; el Dr. Álvaro Burgos Mata, el Dr. Gustavo Chan Mora, la M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón y el Dr. Carlos Tiffer Sotomayor, apoya el traslado de un número de privados de libertad con perfiles no violentos, que no pertenecen a grupos organizados ni están relacionados con delitos de homicidio, sexuales ni de violencia intrafamiliar, terrorismo o secuestro entre otros y cercanos a cumplir su condena, del sistema institucional al semi-institucional, sujetos a condiciones que, de incumplirse, generarán su retorno al sistema institucional.

Los académicos hacen un llamado a la calma a la ciudadanía en general, y a los medios de comunicación en particular, para que efectúen un abordaje integral del problema de la seguridad ciudadana en el país.

Además, instan a las autoridades judiciales y policiales del país a que sean los primeros llamados a respetar el Estado de Derecho y los pronunciamientos de los tribunales y organismos internacionales a los que se ha adscrito el país, sin que se expongan criterios especulativos que generen alarma social.

Asimismo, al Poder Legislativo para que, dada la necesidad de un abordaje integral de esta temática, se privilegie la aprobación de normas que creen sanciones alternativas a la prisión para delitos no graves, se disminuyan los topes mínimos de las sanciones o se modifiquen los límites que privilegien la concesión de beneficios penitenciarios y se dote de recursos al sistema penitenciario para el cumplimiento de sus fines.

 

A continuación el pronunciamiento completo:

A LA COMUNIDAD NACIONAL

La Comisión de la Maestría de Ciencias Penales de la UCR

TENIENDO EN CUENTA QUE:

1.- Las universidades públicas, en cuanto conciencia lúcida de un país, deben velar porque los pueblos tengan los insumos apropiados para la reflexión, análisis y toma de posición sobre los diversos tópicos de relevancia nacional y, en ese contexto, este Programa de Posgrado tiene la obligación ética de acompañar dicho proceso en los asuntos relacionados con su plan de estudios.

2.- Costa Rica es un país democrático respetuoso, por tradición y obligación internacional, del Estado de Derecho y, como parte de las obligaciones derivadas de esa condición, se encuentra el acatamiento de las normas de instrumentos internacionales suscritos por el país y de los pronunciamientos tanto de los organismos internacionales como de los tribunales internos de la nación, los cuales tienen, como propósito último, respetar la dignidad y los derechos inherentes a todos los seres humanos (artículo 1 de la Constitución Política y numerales 26-27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados).

3.- Las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y las recomendaciones del Comité Europeo sobre los Problemas Criminales establecen que, cuando un centro penal cuenta con una ocupación superior al 20% de su capacidad, hay sobrepoblación crítica y se conceptualiza como un trato inhumano, cruel y degradante en la medida en que ese exceso de cupo lleva aparejada la violación de otros derechos humanos (a la salud, a la integridad física, etc.). En Costa Rica ese porcentaje es, a noviembre de 2015, de un 47%. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha elevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos un caso contencioso por la violación a los derechos humanos en las cárceles costarricenses y contra el país se tramitan otras quejas por este mismo tema (cfr.: Informe 33/14, recomendación 3 en: http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/corte/12820FondoEs.pdf.)

4.- La Sala Constitucional, cuya jurisprudencia es vinculante para todas las autoridades y habitantes del país (artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional), ha ordenado, en diferentes oportunidades a lo largo del último quinquenio (vgr. votos N° 2009-1332, 2011-7361, N° 2012-2053, N° 2012-3294, N°1 2012-11765, N° 2013-12464, N° 2014-18911, N° 2015-8542, N° 2015-9450, N°2015-16435), la adopción inmediata de medidas para reducir el hacinamiento y congestión de los distintos centros penales, ante la flagrante violación de los derechos humanos que se vive en las cárceles por esa razón.

5.- Costa Rica, durante los últimos años, ha tenido un aumento vertiginoso y constante de la cantidad de privados de libertad por cien mil habitantes. En 1990 había 104 presos por cien mil habitantes, en 2009 la cifra asciende a 191 y en 2013 fue de 341. Eso ha convertido al nuestro en uno de los países con más presos por cien mil habitantes de Latinoamérica.

6.- El aumento de la cantidad de privados de libertad ha provocado un gran problema de hacinamiento carcelario que llegó este año al 52,2% y si bien ha descendido al 46,3% esto ha sido como consecuencia de las medidas del Ministerio de Justicia de reubicación de los detenidos no peligrosos.

7.- El hacinamiento carcelario implica un grave quebranto a los derechos humanos, pues provoca problemas de salud, aumento de la violencia carcelaria y tiene efectos negativos para los que están privados de libertad y para el personal penitenciario. También tiene consecuencias para la comunidad en general, en cuanto opera en sentido totalmente contrario al afán resocializador, puesto que tiene un efecto criminógeno.

8.- La cantidad de privados de libertad existente en Costa Rica y su aumento constante, torna en insostenible, financieramente, pretender una solución al problema del hacinamiento carcelario con la creación de nuevas cárceles, como proponen algunos. Incluso, países con gran poder económico, como los Estados Unidos de América, se han visto en la necesidad de aplicar medidas de liberación de presos no peligrosos, ya que presupuestariamente no han podido seguir haciendo frente a la cantidad de presos existente.

9.- Está demostrado, a través de diversas investigaciones, que no existe ninguna correlación entre el aumento de la cantidad de privados de libertad y la disminución de la delincuencia violenta, aspecto que se ha corroborado en Costa Rica pues, pese a los incrementos punitivos y de los niveles de encierro que se han experimentado en las últimas décadas, no ha disminuido, sino aumentado, la cantidad de homicidios por 100,000 habitantes.

10.- El alto índice de sobrepoblación penitenciaria se debe, entre otras causas, a que, durante las últimas décadas, se ha privilegiado el uso del Derecho Penal como mecanismo “simbólico” para la “solución” de conflictos, desatendiendo el llamado a que este sea el último recurso a usarse cuando otras áreas del Derecho hayan fallado. Además, se ha utilizado la prisión como única sanción, a pesar de que, por ser las causas del delito múltiples, las formas de reprimirlo deben ser, también, variadas.

POR TANTO INSTA:

1.- A la ciudadanía en general a que mantenga la calma ante las diferentes medidas que se están adoptado en el país para atacar el problema del hacinamiento en las prisiones, pues esta no es una liberación masiva de detenidos sino un traslado de un nivel de mayor contención a uno de menor contención que siempre lleva aparejadas obligaciones del privado de libertad y la decisión no ha obedecido a criterios arbitrarios o antojadizos, sino que responde a estándares técnicos en virtud de los cuales se ha descartado de la medida a personas violentas o relacionadas con delitos cometidos a través de organizaciones y se privilegia a quienes están prontos a cumplir la sanción. Por ello, no hay bases objetivas para un pánico colectivo ni para difundir temores infundados.

2.- A los medios de comunicación colectiva a que efectúen un abordaje integral del problema de la seguridad ciudadana en el país, que incluya una perspectiva de derechos humanos y crítica sobre el uso excesivo de la cárcel como único recurso para responder a una variada gama de delitos de diferente naturaleza.

3.- A las autoridades judiciales y policiales del país a que sean los primeros llamados a respetar el Estado de Derecho y los pronunciamientos de los tribunales y organismos internacionales a los que se ha adscrito el país, sin que se expongan criterios especulativos que generen alarma social.

4.- Al Poder Legislativo a que, dada la necesidad de un abordaje integral de esta temática, se privilegie la aprobación de normas que creen sanciones alternativas a la prisión para delitos no graves, se disminuyan los topes mínimos de las sanciones o se modifiquen los límites que privilegien la concesión de beneficios penitenciarios, así como se dote de recursos al sistema penitenciario para el cumplimiento de sus fines.

Y ACUERDA:

Manifestar su apoyo a las políticas que efectúa el Ministerio de Justicia y Paz para atacar el problema del hacinamiento carcelario, entre ellas, la de trasladar a un número de privados de libertad con perfiles no violentos, que no pertenecen a grupos organizados ni están relacionados con delitos de homicidio, sexuales ni de violencia intrafamiliar, terrorismo o secuestro entre otros y cercanos a cumplir su condena, del sistema institucional al semi-institucional, sujetos a condiciones que, de incumplirse, generarán su retorno al sistema institucional.

Dado en San José de Costa Rica, a los doce días del mes de noviembre de dos mil quince.

Prof. Dr. Javier Llobet Rodríguez

Coordinador de la Maestría

Prof. Dr. Alfredo Chirino Sánchez

Decano de la Facultad de Derecho

Prof. Dr. Erick Gatgens Gómez

Vice-decano de la Facultad de Derecho

Prof. Dr. Álvaro BurgosMata

Prof. Dr. Gustavo Chan Mora

Prof. M.Sc. Rosaura Chinchilla Calderón

Prof. Dr. Carlos Tiffer Sotomayor

 

Información tomada enviada a SURCOS Digital por Lic. Otto Salas Murillo, Periodista, Oficina de Divulgación e Información, UCR.

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Carrera de Derecho recibe acreditación de SINAES

Facultad asume compromiso con el mejoramiento continuo

 

Irene Guzmán, Encargada de comunicación Facultad de Derecho

Katzy O`neal Coto, Periodista Oficina de Divulgación e Información

Carrera de Derecho recibe acreditación de SINAES
Momento de la firma del compromiso de mejora. De izquierda a derecha, el Dr. Henning Jensen, rector de la UCR, Sr. Álvaro Cedeño, presidente del Consejo Nacional de Acreditación, y el Dr. Alfredo Chirino, decano de la Facultad de Derecho (foto Laura Rodríguez).

La Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) recibió, el viernes 14 de agosto, el certificado oficial de Acreditación del Sistema Nacional de Acreditación para la Educación Superior (SINAES).

Éste reconoce el compromiso de la facultad con la excelencia, así como la calidad educativa que reciben los estudiantes que cursan la carrera de Bachilerato y Licenciatura en Derecho en la Sede Rodrigo Facio.

La Facultad de Derecho además asumió un compromiso de mejora que afirma el interés en conservar los procesos de autoevaluación que han sido parte de este proceso. Dicho compromiso fue suscrito por el decano, Dr. Alfredo Chirino Sánchez, junto al rector de la Universidad de Costa Rica, Dr. Henning Jensen Pennington, y el Sr. Álvaro Cedeño Gómez, presidente del Consejo Nacional de Acreditación.

Al respecto, el Dr. Chirino expresó que “La Facultad de Derecho ya no puede echar para atrás”, pues obtener el certificado de acreditación es un primer paso para otra etapa de mucha actividad; los próximos cuatro años, rumbo a la reacreditación.

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El certificado de acreditación llegó a manos del estudiante Andrés Álvarez, presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho (foto Laura Rodríguez).

En un momento muy emotivo, el decano recibió el certificado de acreditación de manos del Sr. Álvaro Cedeño e inmediatamente, él se lo entregó a la Dra. Marlen León, quien dirigió el trabajo de la Comisión de Acreditación, y ella a su vez se lo dio a Andrés Álvarez Quesada, presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho. Este acto simbolizó la llegada del certificado a manos de los estudiantes.

Proceso de acreditación

La Acreditación se logró después de un proceso de autoevaluación que se extendió por varios años. Como resultado de este, en 2013, se diseñó y puso en marcha el Plan Especial de Mejoras (PEM), un documento que señalaba 406 mejoras a realizar, agrupadas en 96 objetivos. A la fecha, el 90% de estas medidas se han implementado.

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El decano de la Facultad de Derecho, Dr. Alfredo Chirino, afirma que recibir la acreditación no pone fin a los esfuerzos de mejoramiento de esta facultad (foto Laura Rodríguez).

Por ahora, la acreditación de la carrera únicamente aplica para la sede Rodrigo Facio. Sin embargo, la Sede de Occidente y el Recinto de Liberia han empezado el proceso de preevaluabilidad, con el fin de obtener también, muy pronto, la acreditación.

La entrega oficial del certificado de acreditación se llevó a cabo el viernes 14 de agosto en el Auditorio de la Facultad de Derecho «Alberto Brenes Córdoba».

Historia

La Facultad de Derecho, es la facultad más antigua de la Universidad de Costa Rica. Nace con la creación de la Universidad de Santo Tomás en el año de 1843, y en 1849 se menciona por primera vez como Facultad debido a la reestructuración de los estudios que se impartían en esta casa de estudios.

Actualmente, es el centro de enseñanza del Derecho más importante del país y cuenta con más de 2000 estudiantes y 200 docentes. Además, ofrece 10 opciones de estudios de posgrado; un doctorado, tres especialidades y seis maestrías en diversas áreas de las ciencias jurídicas. Cuenta con servicios especializados de información y servicios abiertos a la comunidad como los Consultorios Jurídicos que funcionan en 22 puntos diferentes del país.

Resultados del Plan Especial de Mejoras
  • Implementación de procesos de capacitación docente.
  • Fortalecimiento de la Acción Social, buscando eficiencia y facilidades tanto para los estudiantes que participan de los programas de Trabajo Comunal y Consultorios Jurídicos, como para los usuarios que se benefician de estos.
  • Se ha mejorado la atención a estudiantes, en procesos como la matrícula.
  • Se inició el trabajo de revisión de los programas de los cursos. En una próxima etapa, se planea revisar la estructura y contenidos del plan de estudios de la carrera.
  • Ya se encuentran en etapa de revisión y aprobación finales los planos para la remodelación integral del edificio en la Sede Rodrigo Facio.
  • Se lanzó un proceso de internacionalización de la carrera, que ofrecerá a los y las estudiantes de grado la posibilidad de tener experiencias educativas en el extranjero con la opción de reconocimiento de materias y transferencia de créditos.

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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