La Sala IV declaró con lugar un recurso de amparo contra el acuerdo del Concejo Municipal de Talamanca que había declarado a los ambientalistas Felipe Vangoidsenhoven y Carol Meeds como «non gratos». Con acuerdo municipal y un comunicado oficial a través de su perfil oficial en una red social, y por tanto usando recursos públicos, la Municipalidad de Talamanca atacó, intimidó y censuró a ciudadanos del cantón que han presentado denuncias ambientales.
En la resolución de la Sala queda claro que el Concejo Municipal violó los derechos de los ciudadanos porque ni siquiera les dio audiencia y derecho de defensa de previo dichas publicaciones. Esta violación es tan evidente que la Sala anuló por completo el acuerdo municipal dictado en contra los activistas.
El primer recurso que fue presentado había sido rechazado porque el alcalde mintió bajo juramento diciendo que la carta pública en contra de los ambientalistas no había salido de la municipalidad, en el segundo amparo sí quedó en evidencia el abuso de poder y la actuación arbitraria del Concejo Municipal consumado en el acuerdo No. 02 tomado en sesión ordinaria No. 231 del 6 de marzo de 2015.
Ahora los activistas valorarían acudir al Tribunal Contencioso a reclamar los daños y perjuicios causados por el acuerdo del Concejo Municipal. Además es posible que la municipalidad intente «rehacer» los procedimientos para volver a tomar un acuerdo, para esto tendrían que darles audiencia, convocarles a una sesión para que puedan referirse a las «acusaciones» en contra de los ambientalistas.
Para la FECON las municipalidades no tienen competencia legal para imponer semejantes sanciones contra habitantes del cantón. Constituía una amenaza velada y promueve la intolerancia, xenofobia y ataque contra la libertad de expresión contra quienes presentan denuncias ambientales, abonando a que se comentan actos tan extremos como el asesinato del ambientalista Jairo Mora Sandoval.
Para los ecologistas no se puede tolerar la censura del ejercicio de derechos fundamentales para denunciar daños causados al ambiente y principio de igualdad. Resulta doblemente reprochable que por razón de su nacionalidad o su trabajo de denuncia se encubra el odio y la xenofobia llegando al extremo de «invitarlos» a abandonar el cantón, “y preferiblemente el país” su hogar desde ya hace varios años.
Los activistas viven en el Caribe Sur y han realizado denuncias por daños ambientales ocasionados a los bosques, humedales y vida silvestre de la zona costera del cantón de Talamanca, incluyendo el Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.
Ante el atropello el abogado ecologista José María Villalta interpuso un recurso de amparo que busca condene al Alcalde de la Municipalidad de Talamanca.
Acciones, errores y omisiones del gobierno del “cambio”
FECON- COECOCEIBA Amigos de la Tierra Costa Rica
Al brindar nuestra visión sobre este primer año del gobierno de Luis Guillermo Solís, el gobierno del cambio como se autodenominó durante la campaña electoral, es necesario anotar algunos puntos en relación al contexto en el cual se inserta.
Contexto. Desde el día uno hasta hoy, el gobierno ha sufrido ataques de grupos de poder que han sentido que pueden perder sus privilegios. Se atacó a lo que se ha llamado su grupo de confianza -el exministro de la presidencia, Melvin Jiménez, al director de la DIS, Mariano Figueres y al diputado Víctor Morales del PAC; se magnificaron los errores y se le ha dado poca visibilización pública a algunos aciertos. El gobierno además, enfrenta una separación del partido político que lo llevó al poder y desde este mismo partido, se han lanzado críticas fuertes en contra del quehacer del gobierno en forma pública abriendo un frente al que el gobierno ha tenido que dedicar tiempo. A la vez, el PAC ha mostrado divisiones internas fuertes que le han impedido actuar como un partido que ha llegado al gobierno. Lo anterior se suma a una actitud gobiernista que llamaremos “nos gusta que nos golpeen”: ante cualquier problema -contratación de asesores amigos de la hija del Presidente, supuesto ofrecimiento de embajadas o envío o no envío de proyectos de ley sin lectura política- la respuesta inicial ha sido siempre el silencio. Así abre espacio para que los actores de oposición -partidos políticos, grupos sociales, medios de comunicación… – lo hagan a sus anchas. En un momento, el Presidente dice que no se referirá al asunto porque algún jerarca está al frente o porque no vale la pena -y en ocasiones luego ha salido del país- brindando así mayor espacio para que esa crítica cale más en el público en general. Unos días después, el Presidente toma una decisión que pudo haber tomado desde el inicio y acaba el problema sin desgaste político. Luego la historia se vuelve a repetir.
Adicionalmente, el Presidente y su gobierno nunca han buscado alianzas o espacios de diálogo en forma permanente con movimientos sociales. La sensación que deja es que les da alergia hacerlo. Sin embargo, sí lo ha hecho con el sector empresarial con quienes hasta ha viajado a buscar inversión extranjera.
Creemos desde el inicio, que el cambio anunciado durante la campaña y esperado por la población, no será nada que implique alguna reforma estructural en caso de que ese cambio en algún momento se vaya a dar. Esto, porque la política económica es la misma que se viene dando desde gobiernos anteriores con una marcada tendencia neoliberal y adicción a los postulados del libre comercio. Tal vez ese cambio pueda darse en la forma en cómo se generan políticas públicas. Así, es importante reconocer que se han abierto espacios de diálogo en temas de trascendental importancia como el de energía. Sin embargo, estos espacios tienen limitaciones porque solamente generan insumos para que luego las autoridades sean quienes definan las políticas. Si bien en materia ambiental, hay un cambio ya que desde hace varios gobiernos esos espacios o cualquier otro estaban cerrados, este no es suficiente. Lo ideal sería contar con espacios permanentes compuestos por diversos sectores que en igualdad de condiciones pudieran debatir y tomar decisiones que condujeran a reformas políticas. Además, nada hacemos con que exista esos espacios si luego chocan con políticas basadas en los postulados del libre comercio, debilitando la legislación en aras de contar con proyectos de infraestructura -por ejemplo el muelle en Moín o la ampliación de la carretera a Limón- o de otro tipo que permiten tan solo, una mejor circulación de mercancías y el enriquecimiento de un pequeño sector en detrimento de nuestro ambiente y comunidades.
Un último elemento, es que el actual gobierno promovió durante la campaña electoral una serie de compromisos que denominó PACto ambiental. Este mecanismo ha sido percibido por algunas organizaciones como algo estrictamente partidario que no logró trascender al partido político, a pesar de su adopción por el gobierno. Ha generado dudas y no se ha convertido en un elemento que genere confianza.
Balance. El primer año de gestión está lleno de varios “más o menos” y de muchos “nos”. Los pocos “buenos” se han ido convirtiéndose en “más o menos” y es cada vez más dificíl hablar de “buenos” al hacer el balance entre lo que se prometió y lo que se ha cumplido o cuanto hemos retrocedido.
De “bueno”, “más o menos” a “malo”. Uno positivo pareciera ser la propuesta de Área Marina Comunitaria para la Pesca Artesanal Responsable. También positivo fue la presencia del Ministro de Ambiente en la marcha para exigir justicia para Jairo Mora ante la liberación de los asesinos aunque nunca hubo denuncia pública alguna del MINAE contra el ex diputado del Movimiento Libertario cuando ataco con un machete a funcionarios públicos que investigaban una denuncia ambiental en su propiedad.
Algo que pareció bueno fue el decreto 38500-S-MINAE de moratoria a las actividades de incineración de residuos pero está a punto de caer por la presión de Alcaldes y empresas interesadas. Otro decreto, el que declara al maíz patrimonio cultural fue un refrito que propuso el sector ambiental al gobierno pasado. La convocatoria a un diálogo nacional de energía terminó en un ejercicio para viabilizar proyectos y no en la expectativa generada por el Ministro en relación a declararle la paz a los ríos como lo anuncio con las represas de Pacuare y Zona Sur. Otro decreto sobre la moratoria petrolera, si bien se extendió en plazo, nunca incluyo el “insistido” gas.
Playa Moín y APM terminals: el proyecto no es viable, no solo por la seria y grave cadena de impactos ambientales que produciría, sino también por el flagrante incumplimiento del marco legal vigente en nuestro país y de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental. A pesar de esto el proyecto ya fue aprobado y ya empezaron a cercar la playa y a realizar desalojos como por ejemplo de la instalaciones del refugio de tortugas en el que trabajaba Jairo Mora. E insistimos con Jairo Mora porque es un triste caso que nos recuerda que en el país, existe crímenes a defensores y defensoras del ambiente y los Derechos Humanos.
Continúa la minería. Con la luz verde para el cuestionado Tajo Asunción, el gobierno abrió otro frente, en esta ocasión contra el actual y futuro abastecimiento de agua en Limón. El Presidente de la República y el Ministro de Ambiente vuelven a apartarse de criterios técnicos de semejante calibre y sin mayor problema le facilitan la apertura a la mina no metálica más grande de todo el Caribe costarricense. También hemos visto que el Estado está haciendo equipo con Infinito Gold para ayudarle a rebajar los montos necesariospara reparar los daños ambientales y sociales que ocasionó en Crucitas en el juicio para ejecutar la sentencia. El cambio prometido aquí no lo vemos sino solo el recuerdo de un triste episodio en la vida nacional que parece seguir vivo.
¿Moratoria a la expansión piñera? No hay ninguna intención de cumplir el compromiso de establecer una moratoria a la expansión piñera. Más bien, se está trabajando en dirección contraria para la exportación de piña a China (Opinión Diario Extra, Sábado 20-8-2014). Se sigue tolerando la violación a los Derechos Humanos de las comunidades afectadas, incluido el derecho a contar con acceso a agua potable. Ante esto, las comunidades buscan justicia a nivel internacional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la defensa que hizo el gobierno en esta Comisión quedó claro que legitiman los mecanismos paliativos implementados por anteriores gobiernos en detrimento de una solución real.
¿Y la acción ciudadana? El gobierno del cambio sigue sin eliminar el veto de ley de Participación ambiental solicitado por el sector ecologista, a pesar de las múltiples comisiones de diálogo y que mucho se habló en campaña de la necesidad de darle mayor participación social al sector. Es paradójico por decir algo, que el gobierno del cambio y la acción ciudadana les falte claridad y contundencia en materia de participación ciudadana que recordamos es un Derecho Humano.
SETENA y continuismo. Las organizaciones ambientales habíamos demandado como primer reto de la administración Solís “que se renueve por completo y de forma urgente, la Comisión Plenaria de la SETENA, el Secretario General y la renovación completa de la totalidad de los cuadros técnicos y administrativos”, como parte de una reestructuración integral basada en una seria y profunda investigación sobre una decena de casos denunciados. Lejos de este escenario, el gobierno más bien ha sacado ventaja del continuismo con la aprobación de muchos de los polémicos y cuestionables proyectos que impulsa (feconcr.org, 12- 5-2014). Aquí más bien ha habido retroceso.
Pacto Ambiental. En campaña el Partido Acción Ciudadana firmó un Pacto Ambiental. Los escandalosos casos mencionados ni siquiera parecen ruborizar a quienes llegaron al poder ganando votos utilizando ese pacto que quedó en el olvido en menos de un año de gestión (ni siquiera esta en la página web del MINAE y hasta en la del PAC ya no esta). ¿Qué pasó con los compromisos de campaña del PAC contenidos en el Pacto Ambiental, ahora que ya es el partido de gobierno? Ni siquiera vale la pena sacar a relucirlos porque es menos que letra muerta.
Soberanía alimentaria: son buenas las intenciones de reformar la Constitución Política para contar con la soberanía alimentaria como un Derecho Humano. Sin embargo la situación no es sencilla ya que dentro del mismo gobierno y en específico desde el Ministerio de Comercio Exterior, el concepto fue señalado como talibán.
Cambio climático: en la campaña electoral, el actual Presidente dijo que se acabaría con la tal carbono neutralidad. Luego sin explicación alguna la volvió a adoptar y si bien, en el discurso pronunciado en Naciones Unidas en setiembre anterior parecía darle un contenido distinto, el jerarca del MINAE se ha encargado de dejar muy claro que tiene el mismo contenido que en las administraciones anteriores. No hay un cambio conceptual, ni discursivo, ni práctico y mucho menos estructural que permita salir de las falsas y cosméticas soluciones y pasar al ataque a las causas que provocan el cambio climático sin recompensar a quienes contaminan. Con carbono neutralidad seguimos como dijo Oscar Arias, haciendo negocios a partir de la crisis climática. Así parece ser que la política de carbono neutralidad, es de Estado y trasciende a los gobiernos neoliberales liberacionistas y al del cambio del PAC. Triste.
REDD: las autoridades del MINAE conocen de la oposición de sectores indígenas, ecologistas y estudiantiles a REDD y sin embargo se han dedicado a crear nuevos decretos y evitar discusiones abiertas sobre el tema
Pueblos Indígenas: nula atención de todas las instituciones estatales al cada día más grave problema de tierras y territorio que hay en muchos de los territorios indígenas sumado a la desatención a la legislación nacional e internacional sobre el tema, hace que no haya avance alguno.
Financiarización de la Naturaleza: se sigue apostando a mecanismos de mercado, a la búsqueda de recursos económicos, por encima de todo, para la solución de los problemas ambientales. Así se deja de lado los impactos que estos mecanismos y políticas conllevan y se cierra puertas a otras posibles vías. Ni siquiera se piensa en abrir la discusión porque parece ser que las soluciones neoliberales a las crisis estructurales constituyen la única vía.
Proyecto TECOCOS: que busca asegurar la tenencia de la tierra y mejorar la calidad de vida de comunidades costeras, fue enterrado en la Asamblea por falta de voluntad política y evidenció poco apoyo del Ejecutivo.
Criminalización de la lucha ambiental. Nos falta y mucho ver una actitud fuerte y contundente de las máximas autoridades de este gobierno en denunciar la existencia de crímenes contra las personas defensoras del ambiente y los Derechos Humanos. Es bueno contar con el Ministro en marchas de denuncia pero ese poder que tiene un jerarca y un presidente del cambio, tendría que accionarse para al menos discutir las propuestas que con seriedad hemos puesto sobre la mesa. La Comisión de la Verdad es un ejemplo de ello. Y aquí, como en ningún otro caso, vale la excusa de que es competencia de la Asamblea o las municipalidades porque sabemos muy bien, que cuando el gobierno quiere impulsar algo, lo puede hacer y lo ha hecho. El 19 de marzo, el periódico inglés, The Guardian publicó un artículo titulado “Asesinatos a conservacionistas amenazan la reputación ecoamigable de Costa Rica” donde denunciaron los 66 crímenes contra ambientalistas en el país desde hace dos décadas. (Coecoceiba, 22-5-2015)
¿Y el cambio? Al menos en materia ambiental, en un año que pudo hacerse, el mentado cambio, nunca llegó. Este año, fue un año perdido porque simplemente no se avanzó y tampoco hubo señales de que se quiere cumplir con lo prometido en campaña. Como apuntamos al inicio, esos “buenos” son tan pocos que muestran que las prioridades políticas van por otro rumbo de la mano con los postulados del libre comercio. Así lo dice los proyectos de infraestructura de capitales chinos, estadounidenses y holandeses. Seguimos con un gobierno sin ideas e imaginación para construir oportunidades que mejoren la calidad de vida de las personas en un modelo de desarrollo distinto.
Si bien hay gente sensible y amiga en el gobierno a quienes respetamos, queremos y ayudamos desde nuestra posición, las políticas dominantes son las que mandan y hacen que los más altos jerarcas se apartan hasta del criterio técnico para facilitar los negocios de otros.
Así, confirmamos que el tal cambio fue un bonito eslogan nada más y por dicha seguimos con nuestra autonomía soñando y empujando, tejiendo con comunidades y organizaciones del movimiento social ese país que queremos. Seguimos tendiendo manos a quienes quieran tomarlas y así hemos tenido gestos con el gobierno para que se sume a esa construcción Lastimosamente ha seguido por el mismo camino de los mismos de siempre dejando de paso una estela mala que hace pensar que esos otros, no necesariamente son del régimen anterior.
¡Ecologista a la calle por guerra contra la naturaleza!
El sector ambiental siente que ha sido defraudado cada uno de los votos contra el continuismo y suma una larga lista de temas de descontento. Para el ecologismo la guerra contra la naturaleza continúa en: infraestructura destructiva, aleteo para la exportación, pesca de arrastre, minería, transgénicos, expansión piñera, SETENA y el incumplimiento del Pacto Ambiental.
Por estas razones, con absoluta indignación pero con la alegría de siempre llegan los tambores a la calle y el relanzamiento del ícono de la campaña anti transgénica que muchos recordarán: un pollo-tomate que con humor representa el absurdo y peligrosidad de los organismos genéticamente modificados, conocidos como transgénicos.
La manifestación se concentrará en el Parque de la Merced este 1 mayo desde las 9am y es convocada desde el sector ambiental por: Bloque Verde, FECON, La Alianza de Redes Ambientales, FANCA, ARCA, Coecoceiba, Acción 2015 y Resistencia Ambientalista por el Humedal Cariari.
La lista de descontentos suma los siguientes casos:
Minería. Con la luz verde al cuestionado Tajo Asunción, el gobierno abrió actuó contra el actual y futuro abastecimiento de agua en Limón. El Presidente de la República y el Ministro de Ambiente vuelven a apartarse de criterios técnicos y, sin mayor problema, le facilitan la apertura de la mina no metálica más grande de todo El Caribe costarricense.
SETENA y continuismo. Las organizaciones ambientales habíamos demandado como primer reto de la administración Solís un cambio en SETENA. Lejos del cambio, el gobierno más bien ha sacado ventaja del continuismo con la aprobación de muchos de los polémicos y cuestionables proyectos que impulsa (feconcr.org, 12- 5-2014).
Pacto Ambiental. En campaña el Partido Acción Ciudadana establecía un Pacto Ambiental. Los escandalosos casos mencionados ni siquiera parecen ruborizar a quienes llegaron al poder ganando votos con ese pacto que quedó en el olvido en menos de un año de gestión. ¿Qué pasó con los compromisos de campaña del PAC contenidos en el Pacto Ambiental, ahora que ya es el partido de gobierno?
Cambio climático no hay un cambio conceptual, discursivo, práctico y mucho menos estructural que permita salir de las falsas y cosméticas medidas como las que se vienen imponiendo a comunidades indígenas para apropiarse de sus bosques a través de mecanismos engañosos como REDD.
¿Y el cambio? Al menos en materia ambiental, no aconteció el mentado gobierno del cambio. Es un año perdido, con un gobierno que no da la mínima señal de tener la intención de cumplir su palabra, a menos de que se trate de un negocio, un proyecto de infraestructura, o la sumisión colonial a holandeses, chinos y estadounidenses.
En conclusión, este gobierno fijó su norte en megaproyectos de infraestructura a cualquier precio y por encima de cualquier criterio. No podemos seguir defendiendo la continuidad de la guerra contra la naturaleza. Tampoco podemos aceptar sin mayor objeción que estamos siendo gobernados por “otros” que trabajan para los negocios de “los mismos de siempre.”
Primer paso para instaurar la explotación comercial de los acueductos públicos
Abre camino para introducir nuevas formas de privatización
Los ecologistas emitieron una alerta sobre un proyecto de ley de que busca autorizar a las cooperativas a prestar servicios de abastecimiento de agua potable (expediente 19.441) y el cual se discute actualmente en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa.
El proyecto de ley abre un peligroso “portillo” legal hacia la privatización de los servicios de abastecimiento de agua potable. Bajo las leyes actuales, este servicio público esencial sólo puede ser prestado por instituciones públicas (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, municipalidades o empresas públicas) y asociaciones sin fines de lucro de base comunal conocidas como Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados (ASADAS).
Aunque las ASADAS son asociaciones comunales y no entes públicos, claramente operan sin fines de lucro. Es decir, son organizaciones que están al servicio de la comunidad, concebidas para garantizar el acceso al agua potable en zonas del país donde las instituciones públicas no han llegado. Una de las principales características de las ASADAS es que todos los ingresos que genere la operación del acueducto comunal deben reinvertirse en beneficio de la comunidad. Prestan un servicio al costo y como su finalidad no es el lucro, cualquier excedente que produzca su administración del acueducto debe destinarse a mejoras del servicio público.
En este sentido, debe destacarse que en nuestro país los acueductos públicos han sido concebidos históricamente como un servicio social indispensable para la vida y la salud de las personas; un servicio que debe prestarse al costo y con el que no se puede lucrar.
Sin embargo, con este proyecto de ley se abre una nueva posibilidad de romper estos principios. Si bien las cooperativas pertenecen al sector de la llamada “economía social” y su fin primordial no es el lucro, no puede perderse de vista que son empresas que admiten la repartición de excedentes entre sus asociados. En efecto, la legislación cooperativa permite que los excedentes que produzca la actividad económica de estas organizaciones sean distribuidos para el beneficio individual de sus socios.
Así las cosas, de permitirse que empresas constituidas bajo la figura de cooperativas exploten servicios de acueductos públicos se estaría abriendo la puerta para que parte de los recursos que genera la operación de dichos servicios se desvíen hacia la repartición de excedentes de socios particulares, quebrando el principio de que dichos ingresos deben reinvertirse en su totalidad en el mejoramiento del servicio público comunal. De esta forma se estaría abriendo la puerta para que las ASADAS que hoy deben destinar cualquier excedente al acueducto público sean transformadas en entidades que repartirán dichos excedentes entre sus asociados.
Otro problema que presenta el proyecto de ley analizado es que también estaría rompiendo con la base comunal que actualmente caracteriza el funcionamiento de las ASADAS. Esto pues se autoriza a las “cooperativas” en general a gestionar acueductos públicos sin establecer ningún vínculo entre dichas cooperativas y las comunidades usuarias de los acueductos. Hoy en día estas asociaciones están integradas por vecinos y vecinas de una determinada comunidad, que se organizaron para desarrollar un bien comunal ante la ausencia o la inoperancia de las instituciones públicas. Son las mismas comunidades las que se organizaron para construir el acueducto público y administrarlo. Hay un claro vínculo entre la comunidad y la asociación que administra el acueducto. Sus asociados son las mismas personas que reciben el servicio público y participan en la gestión de un bien comunal. Si este servicio se entrega en concesión a empresas privadas (incluyendo empresas cooperativas) que no tienen base social en la comunidad, nada impide que dichas empresas limiten o cierren la participación de las personas usuarias de la comunidad en las decisiones sobre el futuro del acueducto comunal.
FECON manifestó su oposición al proyecto mediante un criterio solicitado por la Comisión de Ambiente e invitó a las y los diputados a concentrarse en la discusión de la Agenda Legislativa del Agua y en especial en las ASADAS, mediante la discusión democrática y participativa de legislación que permita mejorar el funcionamiento y las capacidad de estas organizaciones comunales sin quebrar su naturaleza.
Peces, camarones y otros animales muertos a lo largo de la cuenca.
Vecinos consternados, afirman que nunca se había visto el río seco y que autoridades pudieron prever crisis por sobreexplotación.
Comunidades piden ser consultadas y tener mayor participación
El verano no sede en el Pacífico y las concesiones para riego están sobrexplotando el Río Acapulco y otras cuencas, dando paso a ríos secos donde mueren fauna y flora acuática y compromete la existencia de la misma cuenca. De este lamentable hecho son testigos los pobladores de Santa Rosa de Guacimal, en Puntarenas, que ven consternados y con tristeza el impacto que dos concesiones de agua otorgadas por la Dirección de Aguas del MINAE suman a la crisis que viven las cuencas en el periodo seco.
“Además de ser un crimen ambiental propiciado por la falta de cautela del MINAE y el SENARA, que tanto han defendido sus atribuciones técnicas cuando las comunidades han denunciado la amenaza de los proyectos, este desastre ecológico se convierte en un suceso revelador, que ahora debe llamar la atención de toda la población de Costa Rica en torno al trabajo de las instituciones que tienen en sus competencia la gestión del agua”, afirma Mauricio Álvarez, presidente de FECON.
“Las concesiones están registradas a nombre de Grupo de Maquinaria Rexte S.A. y la Sociedad de Usuarios de Agua de Santa Rosa respectivamente, que sumadas extraen 22.55 litros por segundo para proyectos de riego, de un río que registra solo 24.46 litros de caudal en la misma base de datos de la Dirección de agua de MINAE. Es decir, las instituciones que dieron los permisos podían prever esta crítica situación”, informa Dany Alberto Villalobos vecino de Guacimal.
Comunidades desinformadas
Los proyectos de riego de SENARA han sido denunciados porque se han llevado adelante sin que los concesionarios y las instituciones dieran ningún tipo de información a las comunidades sobre los alcances ambientales de las extracciones. Ahora, varias pruebas como videos, fotos y análisis de los datos de las concesiones y aforos con los que cuenta el río Acapulco serán presentados a las autoridades para exigir que se tomen medidas inmediatas para corregir la situación.
Problemática generalizada en Puntarenas. Comunidades organizadas como Monteverde (2005), Guacimal (2013) y Aranjuecito (2015) de Puntarenas, han tenido conflictos por el tema de acceso al agua en la última década, y al igual que el caso del Río Acapulco, por causa de proyectos de riego promovidos por el SENARA que atentan contra la biodiversidad acuática y el acceso al agua para otros usos en medio de condiciones climáticas cada vez más adversas. Hoy es un hecho que las comunidades han tenido la razón, como el caso de Guacimal donde según la Resolución Nº 2014008486 de la Sala Cuarta, la falta de estudios para conocer las posibles afectaciones en el río y las contradicciones en los informes institucionales del MINAE demostraron su incapacidad de garantizar la sostenibilidad ambiental del proyecto que pretendía para riego del río Veracruz.
La presidenta de la Asociación del Acueducto de Santa Rosa de Guacimal Roxana Jiménez quien es propietaria colindante con el río atestigua que es la primera vez en 40 años se ve el río seco “descubrí camarones y peces muertos y otros tratando de salir, hay algunos vivos tratando de sobrevivir en pequeñas pozas”.
Se pone en evidencia que no existe la tal supervisión o respeto al caudal ecológico que dicen realizar las instituciones como la Dirección de Aguas y SENARA al entregar de volúmenes casi proporcionales a la capacidad de los ríos. El presidente de FECON comenta que “es un hecho también, lo absurdo de la política del MINAE, que reconoce el 10% del caudal de un río como remanente suficiente para la sostenibilidad ecológica. Más bien, a simple vista, es clara la inclinación de los actores institucionales a considerar el agua como un recurso meramente económico, a merced de sus depredadores o mal llamados desarrolladores”.
Intereses económico entre el desabastecimiento y la contaminación. Mientras los proyectos de riego secan el río Acapulco, y otros amenazan el Veracruz y el Aranjuecito, en otros pueblos de la zona baja ya no dan abasto las nacientes que abastecen los acueductos para consumo humano como en Sardinal, o tienen altos niveles de contaminación, como en La Pita, o en Villa Bruselas, cuyos vecinos han tenido que manifestarse para exigir una solución, aún no dada por el AyA.
En Miramar, la amenaza de los intereses turísticos sobre el agua fueron denunciados por organizaciones locales, además de que los deslizamientos relacionados con la minera de oro en Bella Vista han puesto en riesgo la salud de la población por contaminación de aguas subterráneas con venenos mortales usados en esa actividad.
Informes: Dany Alberto Villalobos 87814512 o danyvlobos@gmail.com Verónica Sheehan 2647 1057 ovesheehan@gmail.com
Por este medio solicitamos obtener una respuesta pública de su parte, y dentro de los plazos establecidos por ley, en el ejercicio de nuestro derecho de acceso a la justicia. Preferiríamos no tener que acudir a la Sala Constitucional y solicitarle se recuse en participar en la sesión, para hacer valer el derecho de respuesta que como ciudadanas y ciudadanos tenemos.
Creemos que nos compete recibir una aclaración pública de afirmaciones que usted realizó en su nota al Sr. Presidente de la República, Luis G. Solís Rivera, dado que hemos sido ciudadanos que formamos parte de la manifestación organizada el jueves anterior frente a la Corte, a la que asistiera el Ministro del Ambiente y Energía, que de acuerdo a sus afirmaciones parece haber mal entendido o peor aún tergiversado. Nosotros en ningún momento hemos exigido un resultado determinado en dicho proceso.
Señora Magistrada, nosotros estuvimos frente a la Corte, para:
1. Exigir justicia en el caso de Jairo Mora. La Justicia que pedimos es la única que existe: Jairo fue asesinado y quienes le asesinaron deben sufrir la pena tipificada en la Ley. Exigimos justicia pronta y cumplida, como la Constitución Política lo define y el Poder Judicial debe garantizar.
2. Dejar constancia en la sociedad costarricense de que el movimiento ecologista y todos los sectores e individuos que lo conforman y apoyan no se amedrentarán ante la impunidad recurrente en el Poder Judicial.
3. Exigir que los Tribunales de Justicia reaccionen con transparencia y eficiencia ante una realidad que contabiliza un total de 10 muertes de ambientalistas que no han sido explicadas. ¿Qué pedimos? Qué cumplan con su mandato, ¡qué resuelvan! Solamente seguimos esperando lo que las víctimas merecen: justicia pronta y cumplida, como la Constitución Política lo demanda.
4. Solicitarle al Fiscal Chavarría que renuncie a la Fiscalía General de la República. Por su inoperancia para asegurar como jerarca superior de la Fiscalía, que un caso público y notorio como el de Jairo, fuera asumido por sus subalternos de una forma irresponsable.
Sus manifestaciones en la carta de marras al Presidente de la República vienen a sumarse a una serie de acciones de los miembros del Poder Judicial cuestionables, casi todas ellas relacionadas con el caso de Jairo Mora: El Ex Ministro Dobles es sentenciado como culpable en el Juicio Crucitas y se condena a 3 años de prisión, por acciones ilícitas materializadas mediante la firma de dos documentos públicos que fueron firmados también por el Ex Presidente Arias, el cual no fue acusado por la Fiscalía por criterio del Fiscal Chavarría. Luego el Fiscal Chavarría se niega a comparecer en Comisiones Legislativas; la Sala IV le resuelve al Sr. mencionado un Recurso de Amparo en 34 minutos para autorizarlo a no comparecer. El ex Fiscal, ex Viceministro, ex Ministro de Seguridad, Celso Gamboa en su condición de Ministro reclama públicamente a su igual Ministro de Ambiente, reprobando su participación en la marcha. En este contexto, le reclamamos a su envestidura como servidora pública que es de cada uno de los ciudadanos costarricenses, es decir para quienes usted trabaja y quienes pagamos su salario:
a. El pretendido respeto a la división de poderes.
A la base del reclamo que realiza el Ministro de Seguridad al Ministro de Ambiente hay una “solicitud de respeto” o una defensa de parte del Ministro de Seguridad de la institución “Fiscalía General de la República”. Inmediatamente después renuncia y se retira a ocupar su plaza de trabajo en la Fiscalía General de la República e inmediatamente el Fiscal Chavarría lo recibe de brazos abiertos.
¿Cuál Poder se ha entrometido en la gestión del otro Poder? Básicamente, lamentamos señalarle que el Poder Judicial se ha entrometido en la gestión del Ministro del Ambiente, generando al menos “un bulling” sobre dicho Ministro y sobre el Poder Ejecutivo en general.
b. El Fiscal General de la República y su no comparecencia ante la Comisión de Ambiente. Entendiendo la sociedad completa que si un caso está en un proceso de resolución judicial, nadie puede referirse al mismo, es muy probable que los Diputados de la Comisión de Ambiente también lo entiendan. De tal forma, ¿porqué el Fiscal General de la República hace lo imposible para evitar esta comparecencia y Ud. como Jefe avala esta actitud? ¿Es que acaso sólo se pueden conocer las verdades en los Tribunales de Justicia? ¿O es que acaso un crimen como el de Jairo Mora no merece que se encuentre la verdad independientemente de las circunstancias?
c. Reconsidere la decisión de no obligar al Fiscal a comparecer ante la Comisión de Ambiente, a efectos de esclarecer aspectos relacionados con Playa Moín, la lucha contra el narco, el papel de la conservación de tortugas en Playa Moín, etc.
d. La Fiscalía se transforma en un actor político en el país. En una semana, por una parte, el Fiscal General le hace frente a una Comisión Legislativa que quiere investigar el cumplimiento de las obligaciones legales de la entidad pública que dirige, y Chavarría, haciendo un uso privilegiado de los servicios de la Sala IV, logra que la Sala IV le diga que no vaya. Y por la otra parte el Ex Fiscal, ahora Ministro de Seguridad, regaña a su homólogo y antes de hacerle frente a una potencial condena renuncia y se va de vuelta a la Fiscalía a ocupar su plaza y es recibido de brazos abiertos por Chavarría.
e. Ante semejante reacomodo y la evidente acción política debemos señalarle que es pública la inconformidad social con el sistema de justicia. La sociedad costarricense es testigo de lujo de las quejas de los mismos policías que se juegan la vida para detener a ladrones que el mismo sistema judicial manda a las calles casi que automáticamente. También sabemos que los delitos de cuello blanco son castigados con penas mínimas y ahora estamos presenciando cómo descaradamente, asesinos que han aceptado sus crímenes son liberados.
Justicia pronta y cumplida para todas y todos, es lo que pedimos Doña Zarella. Pedimos que las personas que entregan su vida al cuido de nuestro patrimonio natural tengan el mismo derecho de acceder a la Justicia que los miembros del Poder Judicial, es decir pedimos que cumplan con su trabajo. Pedimos que cese el acoso y la criminalización a los ambientalistas sea cual sea el lugar social o económicamente ocupen, sin distinción.
Esperamos su pronta y clara respuesta ante todo lo que le hemos planteado, aunque sabemos que su silencio sería también una respuesta muy transparente.
FECON, ARA, BLOQUE VERDE, FANCA, ARCA, UNO VIDA, 20-15 Costa Rica, ANDA, Coecoceiba, AESO, Oilwatch,
Con una sonrisa, tan ancha que le escondía los ojos, y un gran abrazo con manos grandes y abiertas, solía recibir Rolf a la gente en la Feria Verde, uno de sus más importantes legados que celebramos en la fiesta de su partida.
Sí, celebramos y festejamos porque Rolf tenía una energía intensa y alegre que sigue viva aún ausente, creó y recreó la vida que pocos logran.
Hoy es un ejemplo para los que coleccionamos años y hemos intentado resistir/vivir la vida tratando de reducir nuestras contradicciones y tener alternativas que no solo sean propias si no un proyecto de cambio colectivo.
Cuando fuimos vecinos, fuimos compañeros de luchas contra un mega edificio sobre la cuenca de la quebrada los negritos, buscamos como proponer otros modelos de habitar la urbe. También defender un árbol de higuerón, que para Rolf formaba con sus ramas un ojo, frente a su casa de las podas “tala raza” de las cableras.
Recuerdo pasear con mi hija en brazos por el barrio y tener animadas conversaciones de sus proyectos de diseño y su crítica y propuesta frente a la sociedad de consumo. También como fue influenciado por la arquitectura de la naturaleza para su creación profesional.
La casa de Rolf fue un lugar de visita y peregrinación para las tribus organizadas, Bloque verde, Feria verde y los soñadores y creadores de la arquitectura verde. Algunas fiestas creativas para armar los toldos de la feria verde y otras que permanecen en el inconsciente colectivo de muchos y muchas.
Sorprende y nos impacta su partida, ahora parece entenderse que la opción de vida epicúrea que tomó nuestro amigo era un presagio espiritual de que había que vivir intensamente como manda la vida… entregándose a lo que uno le gusta.
¡Danzar la vida! ¡Vivir bailando! Contagiaba pasión de verlo en un concierto de Sonámbulo en primera fila de principio a fin en trance de alegría desbordante y sin complejos, parecía entregarse a fuerzas sobrenaturales y sin afán de show contagiaba el virus de la libertad, la vida de verdad.
Su fiel acompañamiento en diferentes luchas y convocatorias del Bloque verde enseña que el activismo no es para y de jóvenes si no para y de los enamorados de la vida. Rolf fue activista de su propio destino y no un espectador de la masa o del sistema.
A pesar de no conocer otras facetas de Rolf y su historia, la que conocimos inspira y trasmite una lección trascendental de cómo vivir siendo uno mismo, pero pocos se atreven a romper trayéndose abajo los esquemas de lo “normal” y que el “deber ser” que una sociedad de consumo e individualista nos impone.
Como legado vivo está el proyecto de la Feria Verde, donde le extrañaremos pero seguiremos celebrando la vida con el abrazo, con la gran mano y con la sonrisa amplia que entrega el corazón y olvida la razón.
Hoy cuando reina el individualismo, la incondicionalidad al sistema normalizante, héroes de plástico barato hechos por manos de niños esclavos, hace falta almas como la de Rolf, que quieran dar pruebas de vida, rebeldía de amor y una apuesta a la defensa a los bienes comunes, de la vida misma.
Ecologistas: Existen modernas y eficientes alternativas, país quedaría atrás
Imagen con fines ilustrativos
La vieja refinería nos “casó” con el petróleo por casi 50 años. ¿Cuántas décadas lo haría una nueva refinería, cuándo el uso y las existencias de petróleo está en cuenta regresiva?, preguntan ecologistas ante el proyecto que vio la luz con el establecimiento de relaciones con China y su indisoluble unión al interés de la explotación petrolera en nuestro país (Ver acuerdo con la compañía estatal (CNPC) octubre del 2007).
Muchos costarricenses se sienten decepcionados de un gobierno «de cambio» que quiera resucitar una refinería que se teme estancaría y entraría en contradicción con la transición del país a energías limpias para un modelo post-petrolero, más en consistencia con la imagen que se ha promovido tanto en el sector turístico de una Costa Rica verde y carbono neutral.
Además, la construcción de un megaproyecto para refinar petróleo ha desatado la polémica por dudas financieras, legales, ausencia de licitación sumando a juicios, investigaciones, falta de transparencia y de información y un cuestionado proceso de evaluación ambiental.
Ahorrar
Antes de apostar por supuesta gasolina barata, el país podría apostar a largo plazo por mejorar condiciones de transporte y de infraestructura. Un estudio de la UNA calcula, casi 250 millones de dólares, las externalidades o costos socio-ambientales asociadas a las ineficiencias del sistema de transporte e infraestructura urbano: accidentes de tránsito, congestión en tiempo y consumo de combustible y contaminación, cálculo con base en datos de 2005 y 2006 (Otoya, 2009).
El ex ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, señala como una gran contradicción en política pública invertir recursos escasos y endeudarnos en un proyecto que continuará nuestra dependencia a los combustibles fósiles:»en vez de invertir en sistemas de transporte público eléctrico y transporte alternativo, infraestructura «verdes», y en un cambio de modelo energético que lleve al país a moverse hacia una economía baja en carbono y más competitiva”.
Transformar
Cambiar fue el mandato al gobierno actual. No remendar ni maquillar proyectos tan cuestionables. Sobre agro-combustibles, ecologistas alertan que no hay un marco legal que asegure que los agro combustibles no compitan con la tierra para la producción agroalimentaria que ponga en riesgo nuestra seguridad alimentaria.
Sigue pendiente una gran agenda para hacer «potable» la cuidad, donde está el mayor consumo y desperdicio del petróleo: aceleración y aplicación del proyecto de un tren eléctrico interurbano, exoneración de impuestos transportes eléctricos e híbridos o aparatos de bajo consumo, la incentivación de la producción de energía solar y fortalecer las campañas de educación sobre ahorro y consumo.
Sustentar
Debemos estar vigilantes del nuevo proceso que realizará RECOPE. Los estudios preliminares que ha de contratar deberían ser sobre los Mecanismos Nacionales para el Abastecimiento de Petróleo en épocas de Transición hacia una Economía Baja en Emisiones.
El especialista en Evaluación Ambiental, Dr. Allan Astorga, quien denunciara un procedimiento «exprés» y deficiente para aprobar el Estudio de Impacto ambiental del fallido esquema de refinería China (http://feconcr.org/doc/refineria/), asegura “que no tiene sentido volver a resucitar un proyecto impuesto y heredado, sino que debe verse a la luz de una discusión más amplia que se plasme en una planificación más integral que evalúe estratégicamente el plan nacional de energía”.
Para el ambientalista, Jorge Polimeni, el proyecto de refinería amenaza el liderazgo ambiental de Costa Rica a nivel internacional y lo que predicamos en las negociaciones contra el cambio climático:“habrá un gran retroceso en la legitimidad de nuestras propuestas en estos espacios”.Destaca que»con esta inversión no habrá interés de ahorrar o modificar el consumo o introducir cambios necesarios en la matriz energética hasta que se acabe el petróleo en pocas décadas, al mismo tiempo que será el incentivo perfecto para abrir la puerta a la extracción de gas y petróleo que viene amarrado desde siempre a este proyecto».
Los estudios preliminares deberían señalar claramente dónde debe el país invertir la “pequeña fortuna” que China ha puesto a disposición para este proyecto.
El catedrático universitario, biólogo y ambientalista, Jorge Lobo piensa que con la refinería aumentará el tráfico de petróleo y su consumo, aumentando accidentes y derrames, situación ya documentada a pequeña escala en la zona litoral, que le suma a nuestra huella ecológica con efecto acumulativo de proyectos como APM Terminal, contaminación por la zona industrial existente y aplicación de plaguicidas.
El lunes 5 de enero, el abogado ambientalista Álvaro Sagot y el presidente de la FECON, Mauricio Álvarez, presentaron un extenso recurso de revocatoria por la manera en que otorgó la viabilidad ambiental a la terminal de contenedores en Moín, justo dos días antes del asueto de fin de año, el pasado 17 de diciembre. El recurso incluye apelación subsidiaria y recusación a la Comisión Plenaria de la SETENA.
Para los ecologistas el recurso que presentaron debe elevarse directamente a la autoridad superior inmediata de la Comisión Plenaria de SETENA y esta debe abstenerse de conocerlo, pues dicha Comisión optó por apartarse del criterio técnico emitido por la Unidad Técnica de SETENA para poder dar la viabilidad ambiental a AMP Terminals (ver considerando 17 del permiso ambiental). Y es que si bien la Unidad Técnica (UT) de SETENA emitió criterios negativos sobre el proyecto, la Comisión Plenaria asumió una función que no le correspondía al desconocer la posición de la UT y proceder a convertirse sin nombramiento en una Unidad Técnica ad hoc, aprobando por sí mismos el permiso o licencia ambiental.
Para Álvarez y Sagot, la Comisión Plenaria cometió una falta muy grave con esta maniobra, pudiéndose configurar en abuso de poder, fraude de ley, violación al principio de transparencia y al de legalidad.
Consideran que con este accionar la Secretaría parece haberse convertido en la defensora del desarrollador frente a su propio equipo técnico, utilizando además criterios superficiales con el fin de forzar la aprobación de la viabilidad ambiental para APM, a pesar de que lo que procedía era revocar el criterio de los técnicos o remitir nuevamente el expediente a dicha Unidad.
Los ecologistas solicitaron que se abra un procedimiento administrativo que sancione a los miembros de la Plenaria, porque consideran que dicha Comisión descalificó, minimizó y suplantó, el trabajo de análisis y evaluación de más de dos años de un grupo interdisciplinario especializado, asegurando que hizo una revisión completa del expediente (más de 25 mil folios) y en un plazo extraordinariamente corto (entre el 03 y el 17 de diciembre,apenas 14 días), centrándose en un aspecto de forma y no de fondo: si el desarrollador respondió o no lo solicitado por la SETENA cuando solicitó el Anexo. Afirman que no profundiza en lacorrecta evaluación de impacto ambiental del Megaproyecto, sino quese concentra en buscar en qué parte del expediente se encuentranlas respuestas o lo que la Comisión Plenaria califica como unarespuesta satisfactoria para así poder señalar que se da por solventadoeste punto.
Sagot y Álvarez destacan que en ningún punto del informe técnico de la Comisión Plenaria se hace una discusión integral, sólida ni completa sobre los efectos ambientales principales del proyecto, sino que refuta, con muy poca argumentación de fondo, la larga lista de incumplimientos que detectó la Unidad Técnica como parte dela revisión del expediente. Afirman que esto convierte una decisión técnica en una decisión de carácter político, además inconsistente y parcializada y consideran que así la Secretaría Técnica pasa a funcionar como una Secretaría Política.
Si bien la Comisión Plenaria reconoció que pese a su revisión, hay incumplimientos en el expediente que logró constatar, los minimizó al forzar el otorgamiento de la viabilidad ambiental así como haber hecho caso omiso del documento respaldado por más de 130 organizaciones sociales y presentado por ambientalistas en el que se hace una ampliación de argumento y justificaciones para el No otorgamiento de viabilidad ambiental al proyecto TCM, el cual no fue analizado, ni tomado en cuenta como parte del proceso de revisión.
Una vez más, los ecologistas ponen en evidencia las inconsistencias técnicas y jurídicas que derivan de un proyecto que, mucho antes de contar con el visto bueno de Setena, ya contaba con la viabilidad política, y afirman que expone groseramente la seguridad jurídica y ambiental de la población costarricense.
Para conocer en detalle el Recurso de Revocatoria interpuesto a SETENA, haga click en el siguiente enlace:
Más de ciento treinta organizaciones no creemos que deba otorgarse la viabilidad ambiental del megaproyecto de la Terminal de Contenedores de Moín pero sí estamos a favor de una modernización portuaria que cuide el ambiente y los intereses sociales y económicos del país.
Una amplia y diversa representación de diferentes sectores y regiones del país tales como organizaciones sociales, académicas, culturales, indígenas, feministas, estudiantiles, ecuménicas, cívicas, de derechos humanos, del sector salud, de diversidad sexual, artísticas, comunicación popular, juveniles, turísticas, de economía solidaria, educación, campesinas, cooperativas, productivas, comunitarias, migrantes, políticas y ambientales que suscribimos el presente documento, deseamos dejar de manifiesto nuestro total apoyo al documento presentado por ambientalistas en el que se hace una“Ampliación de argumento y justificaciones para el No otorgamiento de viabilidad ambiental al proyecto de la terminal de contenedores de Moín”.
Consideramos que los argumentos presentados, tanto de forma, como de fondo, son lo contundentes para demostrar que el proyecto no es viable, no solo por la seria y grave cadena de impactos ambientales que produciría, sino también por el flagrante incumplimiento del marco legal vigente en nuestro país y de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental.
Son muchos los argumentos presentados, destacándose los siguientes:
Aspectos de forma
-Se irrespetó el principio de participación pública, al presentarse un Anexo Único con más de 25 mil páginas de información, no ordenada, de bulto, que no permite y facilita la comprensión clara de la evaluación de impacto ambiental.
-No se cumplió a cabalidad con las respuestas a las más de 110 observaciones técnicas solicitadas por la SETENA.
-El Anexo Único presenta contradicciones e inconsistencias muy serias. Mientras por un lado se dice al SENARA que no se utilizarán sustancias peligrosas en el Campamento, a la SETENA se le dice que sí. De igual manera, en el la descripción del proyecto, se comenten omisiones muy serias, como la no incorporación de los 11 sitios de explotación minera submarina o el dragado capital, que introducen un serio error de raíz en el resto de la EIA.
-Se irrespeta la legislación vigente al presentarse información en otro idioma diferente al español, así como documentos con tachadoras y correcciones a mano.
-El diseño final del proyecto y su presupuesto fueron aprobados por el Consejo Nacional de Concesiones hace más de un año, y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, sin que ni siquiera se hubiera iniciado el proceso de audiencia pública y se terminara de revisar el estudio ambiental, lo cual muestra el irrespeto que se tiene por trámite de evaluación de impacto ambiental.
Aspectos de fondo
-El análisis de alternativas para la selección de la propuesta objeto de la EIA, adoleció de una correcta evaluación ambiental, lo que llevó a una opción que no tiene el debido sustento ambiental. Había una mejor alternativa (la “C”) para el desarrollo de la Terminal, y no la que finalmente se seleccionó.
-El área seleccionada para la instalación del campamento en tierra no es apta desde el punto de vista ambiental para su uso con ese fin.
-Las 11 fuentes submarinas de materiales mineros no fueron objeto de una EIA individual ni del trámite correspondiente según lo establece el Código de Minería y la Constitución.
-El área de botadero submarino no fue objeto de EIA detallada ni del debido trámite de autorización para ser utilizada para ese fin, razón por la cual, dicho opción no es viable ambientalmente.
-El sitio seleccionado para la construcción de la Terminal y las obras relacionadas no son aptas por aspectos de Geoaptitud, razón por la que se origina una seria cadena de impactos ambientales que hacen inviable el megaproyecto.
-La metodología de la identificación de los impactos ambientales incumple lo señalado en la Guía de EIA (Decreto Ejecutivo No. 32966 MINAE) por lo que la valoración de impacto realizada resulta confusa, poco objetiva y parcializa a justificar el proyecto.
-Las medidas de compensación para los efectos acumulativos son insuficientes y hay deficiencias serias sobre la valoración de los sinergísticos del área del proyecto y su extensa área de influencia (no se toman en cuenta los impactos que ya producen por las actividades urbanas, portuarias, industriales y turísticas que se desarrollan en los alrededores).
-El balance de costo beneficio ambiental del megaproyecto es insuficiente, con el agravante de que la inversión en gestión ambiental que se propone es muy reducida respecto al costo del proyecto (menos del 1 % de la inversión total).
-No se establecen de forma correcta y completa los compromisos ambientales del proyecto, incumpliendo la Guía de EIA (decreto 32966 – MINAE).
-Los impactos en los ecosistemas marinos serán altamente significativos, hasta críticos tal y como reconoce el mismo estudio de impacto ambiental. Se afectarán los arrecifes y la pesca, así como las actividades turísticas, durante varios años de construcción.
-El EsIA reconoce que el proyecto producirá efectos negativos en la morfología del litoral costero de Moín, los cuales serían de tipo irreversible y generarían importantes cadenas de impacto ambiental que no fueron detalladamente valoradas en el EsIA
En consideración de los argumentos resumidos aquí, y en particular del documento citado, es que solicitamos que no se otorgue la Viabilidad Ambiental al Proyecto de la Terminal de Contenedores del Moín y que se proceda al archivo correspondiente del expediente.
Concordamos que debe darse un proceso de modernización de la infraestructura portuaria de Limón – Moín, por lo que debe realizarse un correcto proceso de planificación estratégica, que aplique la legislación ambiental vigente y determine las alternativas de solución técnica y ambiental que sean verdaderamente sostenibles. En particular, ahora que se plantea otra megapuerto en Moín, para el denominado Canal Seco. La intención es que no se repitan los errores del pasado, y la soluciones de desarrollo, en vez ser impuestas, sean discutidas de forma abierta y participativa.
Entidades que suscriben: ADI de China Kichá, Consejo de Vecinos Amubri, Asociación Nacional de Habitantes de las Zonas Costeras (ANHACO), Consejo de Vecinos de la Pera, Frente Cívico Guanacasteco, Alianza de Mujeres Costarricenses, Red Territorios Costeros Comunitarios (TECOCOS),Consejo de Vecinos Kachabri, Era Verde, Finca Integral Loroco Talamana, Canal UCR, FEDEAGUA, Cámara de Turismo Rural Comunitario de Coto Brus, Consejo de Vecinos Mojoncito, Consejo de Vecinos Soki, Consejo de Vecinos Suretka, Consejo de Vecinos Tsuiri, Consumo y Comunicación Alternativa, COOPETSIOLA, Federación de Uniones Zonales de Asociaciones de Desarrollo La Amistad, Alianza de Redes Ambientales (ARA), Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA),Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), Amigos de Pacuare, Asoc. Proyectos Alternativos –PROAL, Bagaces 2030,Asociación Regional del Pacifico Sur, Asociación de Estudiantes de Economía de la UNA Consejo de la persona con discapacidad y adulto mayor Rey Curre, Asociación por la conservación y desarrollo de Montezuma (ASOMONTE), Consejo Cultural Yimba, Comité de jóvenes Rey Curre, Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia (CONCEVERDE), Asociación CRISOL de Cartago, Asociación de Desarrollo Integral de Limoncito Coto Brus, Asociación de Ecología Social, , Asociación de Estudiantes de Geografía UNA, Asociación Dokus , Asociación Palmareña para la Recuperación del Ambiente (APRA), Asociación Regional Centroamericana por el Agua y el Ambiente (ARCA), , Bloque Verde, Caminantes por la Vida, Centro Cultural Bribripa Kaneblo de Salitre, Centro de Arte y Sostenibilidad de Longo Mai, Centro de Comunicación Voces Nuestras, Centro en Acción por Derechos Humanos (CADH), Coalición Barva Unida, COECOCEIBA-Amigos de la tierra Costa Rica, Cokomal, SC. , Colectivo 8 Remolinos, Colectivo de Comunicación Popular Radio Machete, Colectivo Voces Ecológicas, Comisión de Ambiente y Turismo de Coto Brus, Comisión Defensora de los Ríos Convento y Sonador, Comisión para la Defensa de la Zona Protectora El Chayote, Comité Bandera Azul Ecológica de San Miguel de Santo Domingo de Heredia, Comité Cantonal de la persona joven de Belén, Comité Cívico Agropecuario de Coto Brus, Comité Cívico Bonaerense, Comité de Turismo Longo Mai, Comité para la Protección de los Recursos Naturales de Guacimal, Comité Socio-Ambiental de Lagunilla de Heredia, Consejo de Asociaciones Estudiantiles de la UNA, Coordinadora ni una mina Más, Coordinadora Patriótica Cañera, Coronado por la Naturaleza, Costa Rica Neutral, COVIRENA de Desamparados de Alajuela, Culturas Vivas Comunitarias, El Frente Ecologista Universitario, EquipoCritica.org, Federación Ecologista (FECON), Federación Indígena Estudiantil de Costa Rica, Finca agroecológica Amalur, Foro Cantonal Barveño en Defensa del Agua, Foro de Carrillo, Frente Ecologista de Paraíso, Freshwater Action Network(FAN),Fundación Bandera Ecológica, Fundación La Legión, Fundación Sol de Vida de Guanacaste, Fundación Xtremas ,Grupo Agroecológico Generaleño, Grupo Ambientalista de Tinamastes, Grupo Conservacionista los Congos, Grupo de Mujeres Shiroles, Grupo Ecológico de Occidente (GEO), Grupo mujeres Alakolpa U, Guanared Cultura Comunitaria, Indígenas Estudiantes de la Universidad Nacional, IndignadosCR, Instituto de Oceanología de Costa Rica, Juventud Progresista (JUNPRO),Kokopelli Costa Rica, Kolectiva para otras Planificaciones UNA, Las hijas de la negrita, Movimiento Cívico Cruceño, Movimiento Cívico de Liberia, Movimiento Cívico Santacruceño, Movimiento en Defensa de los Ríos de Dota, Movimiento Felix Arcadio Montero-Sto. Domingo, Movimiento Talamanca por la Vida y por la Tierra, Ofensiva Urbana, Oilwatch Costa Rica, Partido UNA Voz, Peña Curridabat, Programa Kioscos Socio-ambientales para la organización Comunitaria UCR , Proyecto Biodiversidad de Costa Rica, Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA), Red de Coordinación en Biodiversidad, Red de Forestería Análoga, Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativos, Red de Mujeres Nicaragüenses, Red de Mujeres Rurales de Costa Rica, Red feminista contra la violencia, Red por una América Latina Libre de Transgénicos, Servicio Paz y Justicia en Costa Rica (SERPAJ), Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA) Costa Rica, Sonámbulo (Banda Psicotropical), Surcos Digital, Talamanca Unida, Un Rojo (Banda de reggae),Unión de Amigos para la Protección del Ambiente (UNAPROA), Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costarricenses, Vía Campesina Costa Rica, Unión Norte por la Vida (UNOVIDA), Unión Vital, Unión Zonal de Asociaciones de Desarrollo de Coto Brus, Vida Autentica
