El miércoles 29 de marzo la Sala Constitucional echó abajo la posibilidad de legalizar el robo de agua subterránea (por medio de pozos ilegales) y el desvío de ríos sin permisos, ya que contradice directamente nuestra Constitución Política.
Hay que recordar que una de las primeras acciones del gobierno de Rodrigo Chaves en mayo de 2022 fue retomar el proyecto de ley n° 22709, presentado en la legislatura pasada por el entonces diputado Eduardo Newton Cruickshank Smith del Partido Restauración Nacional. El texto proponía hacer una amnistía a todos los pozos ilegales y a los desvíos de aguas superficiales para complacer al sector agroindustrial, especialmente a los exportadores de frutas tropicales.
Hay que recordar que la usurpación de bienes de dominio público, como el agua superficial y subterránea, es un delito tipificado así en el Código Penal: “Artículo 226.- Usurpación de aguas. Se impondrá prisión de un mes a dos años y de diez a cien días multa al que, con propósito de lucro: 1) Desviare a su favor aguas públicas o privadas que no le corresponden, o las tomare en mayor cantidad que aquella a que tenga derecho…”
En esos primeros días de la administración Chaves-Robles, el actual presidente dio continuidad a la agenda de su predecesor, Carlos Alvarado. El último gobierno del PAC hizo la intentona mediante el Decreto Ejecutivo 41851-MP-MINAE-MAG “Reglamento de registro de pozos sin número y habilitación del trámite de concesión de aguas subterráneas”. Decreto fue llevado ante los Tribunales de Justicia mediante una acción de inconstitucionalidad presentada por la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza y el abogado Álvaro Sagot. En esta ocasión la Sala Constitucional falló a nuestro a favor, respaldando el argumento de que es inconstitucional perdonar los delitos de usurpación del agua y el decreto de Alvarado quedó sin efecto.
Hoy dichosamente la Sala Constitucional volvió a respaldar la tesis ecologista. Sancionando el proyecto n°22709 como “… inconstitucional por violación a los derechos fundamentales al agua y al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en tanto omite la exigencia de estudios técnicos, desprotege áreas ambientalmente frágiles y legitima la explotación del recurso hídrico en las mismas condiciones irregulares que hasta la fecha se ha hecho”.
Es de alegrarse que los y las magistradas decidieron aplicar el Principio Precautorio y no dar rienda suelta a las más feroces fuerzas de saqueo del agua. El insaciable agronegocio y el megaturismo eran los directos beneficiarios de una propuesta que ponía en riesgo el agua de miles de personas, en escenarios de crisis climática e inestabilidad hídrica.
26 de enero 2023 | Dany Villalobos, geógrafo de FECON
Las instituciones deben garantizar la integridad de la Zona Pública de Marbella
La zona pública se ha reducido en un 60% respecto a la delimitación original.
Se debe reponer la pérdida para que las comunidades administren el área pública.
Presentación del problema
Costa Rica debe enfrentar este 2023 un gran desafío. Es el tema costero, que por vacíos y defectos en la administración pública, hemos ido perdiendo poco a poco los costarricenses como patrimonio público, especialmente en los sectores que están tomados por negocios inmobiliarios.
La costa de Santa Cruz de Guanacaste presenta varios casos, como playas Pinilla, Avellanas y Marbella. La costa de Guanacaste se ha convertido en el foco de la ambición de los gavilanes inmobiliarios, que son personajes que han venido a la provincia a comprar tierra barata para enriquecerse vendiendo lotes muy caros, principalmente a extranjeros ricos.
En este pequeño artículo presentaré el problema costero actual mediante el caso de Marbella. El día 12 de enero de 2023 estuve de gira en las playas del lugar para tomar algunos datos de GPS dentro de la zona pública actual y en la línea perceptible del litoral. Después de procesar la información y realizar cartografía, puedo hacer visible lo que parece claro estando en las playas de Marbella: la zona pública está desapareciendo.
Día de gira, levantando registros de GPS en la Playa Coco de Marbella.
La Zona Pública (ZP) es la franja de 50 metros que corresponden a uso totalmente público a partir de la línea de pleamar (marea alta), según el artículo 10 de la ley de Zona Marítimo Terrestre 6043 de 1977. Su reducción progresiva compromete aún más a los ocupantes actuales de la Zona Restringida. La gente de Marbella ha visto con recelo los desarrollos en frente de la playa y consideran que empresarios extranjeros han estado invadiendo la zona pública desde que empezaron a desarrollar sus negocios en el frente de la playa.
Esquema de la Zona Marítimo-Terrestre. Elaborado por FECON.
El restaurante Tiki-Hut y otras propiedades frente al mar están en manos de extranjeros que llegaron a Marbella hace pocos años con la idea de hacer negocios fáciles y jugosos con la tierra. Albasud ha denunciado con detalle los nombres y formas de operar de estos empresarios, que denominé anteriormente “gavilanes inmobiliarios”, por el amplio catálogo de irregularidades con las que mueven sus negocios.
FECON ha apoyado a vecinos de Marbella en denunciar casos como la construcción de un puente sin permisos en un cauce de manglar entre Frijolar y Playa Coco. También, se pidió a la Municipalidad de Santa Cruz comprobar si las construcciones frente a la playa tienen permisos municipales o si invadían la Zona Pública, por su cercanía al mar. Las respuestas nunca llegaron aun cuando la Sala Constitucional ordenó respuesta. Claramente la Municipalidad de Santa Cruz no tiene interés en intervenir el problema, lo que ha indignado y desalentado la lucha de la comunidad por defender sus playas.
La apuesta de FECON
Ante la falta de respuesta institucional, FECON ha buscado apoyo para poder visitar las zonas del litoral de Santa Cruz donde existen este tipo de problemas. Gracias al apoyo de Environmental Network for Central America (ENCA), se podrán realizar varias giras para documentar y cartografiar las zonas en conflicto.
Es claro que las comunidades guanacastecas requieren el respaldo de profesionales y organizaciones ambientales del país, siendo las playas patrimonio público. Los indicios nos llevan a cuestionar la información existente sobre la realidad actual en los 200 metros de la Zona Marítimo-Terrestre.
¿Por qué ha ido desapareciendo la franja de Zona Pública?
Voy a mencionar sólo dos factores que considero las causas principales en el caso de Marbella. El primero es un factor histórico-ambiental: el cambio en la línea de las pleamares en el exterior de la franja. El segundo, el factor privatización operando por la libre en la zona restringida, al interior. Mientras el mar presiona desde afuera, los negocios de los ocupantes privados amenazan el límite original desde adentro y la franja pública termina por reducirse a los niveles que mostraremos en cartografía.
El cambio en el nivel del mar y la erosión costera
Sobre el cambio de la línea de pleamares, es perceptible observando la geomorfología del litoral. En algunos puntos es clara la incursión del mar tierra adentro, llegando hasta la calle que coincide con el límite final de la zona pública, lo que quiere decir que el mar ha hecho desaparecer los 50 metros de Zona Pública en estos puntos, como se muestra en las siguientes imágenes satelitales:
Imagen 1. Se observa cómo la línea del litoral ya se acerca al límite original de los 50 m de zona pública.
Imagen 1. Un punto de GPS indica que la marea llega a la calle, y la franja pública se ha reducido a la mitad.
¿Cuánta es el área pública perdida?
Según la información geográfica procesada después de la visita al lugar el 12 de enero de 2023, en las playas de Marbella la Zona Pública original ha desaparecido en un 56%. Específicamente en la Playa Coco, el cambio ha hecho perder el 62% de la Zona Pública, lo que plantea la necesidad de abrir un debate público sobre la recuperación de esta franja patrimonial establecida por Ley.
Mapa 1. Cambios en el área de Zona Pública. En azul se observa el área de zona pública original que se encontraría ahora por debajo del nivel de las pleamares. En verde lo que aún queda de esa zona pública por encima del nivel del mar, y en amarillo los 50 m de zona pública si se ajusta al nivel de las pleamares actuales.
Se requeriría que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) determine con exactitud la posición actual de la línea de pleamares durante el 2023, para oficializar un cambio necesario. Los vecinos de Marbella pueden observar diariamente cómo el agua sube hasta la calle que da acceso al restaurante Tiki Hut, dejando claro, especialmente en el sector de Playa Coco, que la Zona Pública restante en la actualidad se limita al ancho de la calle con unos 10 o 20 metros de arena y palmeras donde aún no llegan las mareas altas.
Nivel del mar observado el 25 de enero a las 5:00 pm, hora cercana a pleamar, en el sector del puente. Se observa cómo el mar toca la calle. Foto: Vecinos de Marbella.
Necesidad de actualizar el área de zona pública
Después de los 50 m de zona pública, hay una segunda franja de 150 m de Zona Restringida que también es patrimonio público y está bajo el manejo municipal. Con Planes Reguladores de ordenamiento se pueden dar concesiones en esta segunda zona. Pero en el sector de Marbella no hay Plan Regulador. Por tanto, no hay concesiones.
Pero sí se ha llevado adelante un manejo prácticamente por la libre de la Zona Restringida por parte de sus ocupantes. Se sabe que los ocupantes actuales de esta zona no son habitantes históricos de Marbella (no tuvieron posesión antes de 1977). Significa que no tendrían derechos adquiridos sobre esta parte del patrimonio público. Sus cercas colindan ahora con la calle que se extiende por el frente de las playas Frijolar y Coco.
Desconozco si en términos jurídicos hay interpretaciones que impidan actualizar la línea de pleamar y reubicar la zona pública como patrimonio público del Estado a donde corresponderían hoy los 50 m de Ley. Según la estimación que realicé, entre el mojón #178 del IGN y el punto norte de la línea digital (2010) de Playa Coco, el área de zona pública se ha reducido más de la mitad, hasta quedar sólo un 40% del área establecida originalmente.
Para recuperar los 50 metros de zona pública a lo largo de los 1000 metros de frente de playa muestreada, se requeriría correr la línea de mojones hacia el interior, restableciendo más de 30.000 m2 de zona pública que se han perdido. En términos económicos, el Estado se evitaría perder tierras públicas que tendrían un valor de mercado cercano a 1.500 millones de colones (a razón de ₡50.000/m2), y que en este momento están en manos de ocupantes sin concesión.
Conclusiones
Parece ser que hay información técnica desactualizada acerca del nivel real de las mareas altas en Marbella, entonces los procesos legales abiertos en esta franja se vuelven inciertos, pues habrá quien considere que la Zona Pública no está siendo invadida, cuando la realidad ambiental de la costa dice otra cosa.
Las deficiencias de la administración pública generan una especie de parálisis, impidiendo resolver la situación. Hemos denunciado constantemente trabajos de construcción ilegales a través del sistema de denuncia pública SITADA sin respuesta alguna. Los ocupantes del frente de la playa están desarrollando sus propiedades por la libre sin mediar concesión ni permisos de ley para transformar la costa de Marbella.
Relleno en zona marítimo terrestre para parqueo del restaurante Tiki Hut. Esta actividad aparentemente no tendría permisos, violándose una vez más lo establecido por Ley dentro de ZMT.
Desde mi punto de vista, este no debería ser un problema tan difícil de resolver si el Instituto Geográfico Nacional actualiza la información técnica sobre el nivel de las pleamares y la verdadera franja de Zona Marítimo-Terrestre actual según los términos de Ley. Recordemos que los mojones se pusieron en su lugar hace varias décadas y hoy se puede observar, mediante las tecnologías de información geográficas, que ya no representan el espacio de 50 metros dispuesto por la Ley respectiva.
Siendo honestos con la Ley, sencillamente debe existir un esquema territorial que empieza con 50 metros de zona pública a partir de la marea alta, continuada por una franja de 150 m de área bajo estricto manejo público. Estos datos no deberían responder a una fotografía inmutable de 1977. La Zona Marítimo-Terrestre es patrimonio público, por tanto, cualquier pérdida representa una afectación al Estado y al interés público.
Perfil de la Zona Pública. Se puede ver la transformación permanente y desregulada en la propiedad de Jeff Allen, cuya cerca se encuentra a una distancia menor a 25 metros del mar, por lo que estaría dentro de la Zona Pública según la pleamar actual.
Como patrimonio público, La Zona Marítimo-Terrestre debería manejarse con fines de bienestar público donde primero estén las comunidades que han habitado históricamente esta zona, bajo un esquema de gestión económica local. Bien podrían las asociaciones locales de Marbella gestionar una gobernanza sostenible de esta franja, como sucede en otras comunidades del país.
En lugar de eso, hoy tenemos procesos de apropiamiento por parte de extranjeros, que se aprovechan de los vacíos y hasta irrespetan la legislación nacional, por ejemplo, cuando deciden a su modo cómo manejar (sin mostrar permisos) la Zona Marítimo-Terrestre: corriendo los mojones, construyendo, rellenando terrenos para parqueos, construyendo puentes o poniendo luces en la zona pública, cuando la Ley 6043 dice lo siguiente:
Artículo 12.- En la zona marítimo terrestre es prohibido, sin la debida autorización legal, explotar la flora y fauna existentes, deslindar con cercas, carriles o en cualquier otra forma, levantar edificaciones o instalaciones, cortar árboles, extraer productos o realizar cualquier otro tipo de desarrollo, actividad u ocupación.
En el caso Marbella, vale decir que sin Plan Regulador no habría derechos adquiridos por parte de los ocupantes actuales de la Zona Marítimo Terrestre. Por tanto, no debería haber paso a reclamos por ceder un área que siempre la ha pertenecido al Estado.
No es justo que los costarricenses nos quedemos sin zonas públicas y los extranjeros que sólo quieren enriquecerse con especulación inmobiliaria, exploten a su antojo nuestras costas y playas, que son patrimonio público, beneficiados en el silencio de las instituciones.
Nuestra posición es, que en manos de la comunidad marbellana, la Zona Pública podría convertirse más bien en un área de manejo sostenible y responsable, que traiga beneficios económicos a los habitantes de este pueblo guanacasteco, capacitando a las comunidades locales para gestionar sosteniblemente el turismo costero y dejar la omni-dependencia de la inversión extranjera que busca lucrar a cualquier costo.
Esta es la apuesta que vamos a hacer en FECON, haciendo un llamado a las comunidades y al país a levantarse para recuperar la Zona Marítimo-Terrestre en Marbella, a enfrentar la usurpación inmobiliaria en todos los litorales del país. Si no defendemos ahora este patrimonio que es de todos, quizá mañana no tengamos nada que defender.
• Fracción de Liberal Progresista demuestra ineptitud y desconocimiento en materia de Vida Silvestre • Costa Rica ya está sometida a una gran presión en materia de tráfico de especies silvestres, legalizarla sólo agravaría la crisis
(FECON, 11-08-2022) El proyecto de Ley N°23.376 presentado por el Partido Liberal Progresista (PLP) no tiene ningún sustento técnico para justificar estas reformas tan profundas a la Ley de Vida Silvestre (LVS), pero además traería cambios peligrosos para la conservación y sustentabilidad de nuestro país. Lo más grave es la reforma al artículo 79 de la LVS, en el cuál el PLP quiere legaliza la exportación, importación o tráfico de la fauna y la flora, sus productos, partes o derivados, incluidos en los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites). Esta reforma convertiría el país en una gran feria de animales y plantas silvestres, violentando así diversos convenios internacionales y además poniendo en alto riesgo nuestra biodivesidad por el mero hecho de alimentar el inmoral mercado global de especies en peligro de extinción.
Ya Costa Rica enfrenta una agresiva presión sobre la biodiversidad por causa del tráfico ilegal de animales, plantas e insectos. Según la Fiscalía Agrario Ambiental del Ministerio Público en el 2019, hubo 156 denuncias por comercio, tráfico y trasiego de animales silvestres, mientras que en el 2020 aumentaron a 253 y en el 2021 a 364 denuncias. Esto demuestra una presión creciente sobre la biosiversidad de prácticas de extracción que con la legalización de la exportación de vida silvestre tendremos actores muy agresivos actuando en el país llevándose lo que se les antoje.
Sumado a lo anterior la liberalización de la importación de Vida Silvestre de otros países tendría graves consecuencias en materia de especies invasoras que afectarían a ecosistemas, a la salud pública y a la agricultura. A todas luces es más que irresponsable la propuesta de la agrupación de Eli Feinzaig. Hay que recordar que la Vida Silvestre en Costa Rica es una Bien de Dominio Público. Como tal corresponde a la sociedad costarricense conservarla y protegerla y no debe ser tratada como una mercancía. El PLP no sólo pretende legalizar el tráfico de especies protegidas e incluso en peligro de extinción, además desea allanar el camino para que criaderos de animales silvestres puedan funcionar con el único fin de vender (nacional o internacionalmente) los animales y plantas producto de la manipulación de la vida silvestre. Legalizar criaderos para la comercialización de especies en peligro llevaría más presión sobre estos animales y plantas ya que tendrían que ser extraídos constantemente de sus hábitat para alimentar la cadena de reproducción de individuos en cautiverio. Es decir, la reproducción en cautiverio para fines comerciales no es posible sin depredar los ecosistemas.
Llama la atención de que el preámbulo del proyecto de ley (donde explica la justificación de hacer esta reforma), sólo habla sobre la confección y aplicación del reglamento de la Ley, tarea que no es materia del Poder Legislativo o de una fracción de diputados, ya que dicha tarea es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Hay que recordar que el Reglamento de la Ley de Vida Silvestre se hizo con la colaboración de especialistas en la materia en 2017, en ella participaron académicos, investigadoras, representantes de ONG, especialistas de MINAE y SINAC. Este reglamento ha pasado por varios cuestionamientos en Sala Constitucional, recursos y acciones legales que fueron declarados sin lugar por los magistrados, quedando claro que son disposiciones apegadas a nuestro orden jurídico. Pero resulta muy particular que la justificación para reformar una ley de la república sea que al PLP no le gusta el reglamento, lo que evidencia la ineptitud de la bancada del Liberal Progresista.
La reforma a la Ley de Vida Silvestre es sin duda regresiva, como tal entra en contradicción con nuestro ordenamiento jurídico en materia ambiental y no pasaría por los filtros institucionales como la Contraloría General de la República o la Sala Constitucional. Aún así esta ley encontrará una férrea oposición de parte de la sociedad costarricense en su conjunto y particularmente de parte del movimiento ecologista.
-El deslave tóxico se da en vísperas de una anunciada visita de Rodrigo Chaves a Crucitas
(FECON, 16/07/2022) Toneladas de desperdicios mineros contaminan el rio Santa Lucía en Abangares de Guanacaste este viernes 15 de julio. En horas de la tarde los vecinos y vecinas del lugar alertaron de la matanza de la fauna silvestre en la zona cuando se rompió una de las paredes de un depósito dónde se acumulaban lobos tóxicos, posiblemente residuos de metales pesados, mercurio y cianuro. Estos desechos bajaron por el río Santa Lucía, para luego llegar al río Abangares, el cual desemboca en el Golfo de Nicoya.
La Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Abangares emitió una advertencia a la población sobre el deslave. La UCADA recomendó “no se acérquese a los ríos, debido a que, aparentemente, se habría roto una pila que contenía cianuro, material que habría llegado a los afluentes”.
Según el medio Elpaís.cr los terrenos donde se encuentra la laguna de lixiviación eran propiedad de la minera canadiense MCC Minning. Empresa que en 2011 ya operaba con grandes cuestionamientos y que el 19 de agosto de ese año, la Dirección de Geología y Minas solicitara el cierre de la planta de beneficiado de oro.
La minería metálica a cielo abierto en las zona tropicales conllevan riesgos inaceptables. En lugares donde las precipitaciones son abundantes, los daños ambientales son profundos y por si fuera poco, tardan décadas en ser remediados. Pero además su mitigación es muy difícil. En Costa Rica la vulnerabilidad ambiental ante la minería de metálica se suma otra vulnerabilidad: la institucionalidad minera obsoleta, escueta y con escasas herramientas de control y auditoría ambiental, como ha quedado manifiesto en esta caso.
Esto es más que suficiente para mantener la prohibición minera y no aventurarse nuevamente en la irresponsable explotación minera. El presidente Rodrigo Chaves visitará Crucitas, en Cutris de San Carlos, sólo un día después del desastre en Abangares de Guanacaste. Sería irresponsable de parte del mandatario y su ministro de ambiente, Franz Tattenbach, que viendo lo sucedido hoy en el río Santa Lucia, piensen siquiera en explotar Crucitas.
Tardaran décadas enteras antes de que la cuenca del río Abangates se recupere. Se ha generado un daño irreversible en las fuentes de agua de la zona y sus ecosistemas ripiarios. Las personas que viven en la zona y las poblaciones de animales silvestres se enfrentan a toneladas de lodos tóxicos que contaminarán incluso gran parte del Golfo de Nicoya y su vida marina. Es tarde para evitar el desastre ambiental en el río Abangares, pero estamos a tiempo de evitar que Crucitas siga el mismo camino.
La Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (FECON), externaliza mediante un comunicado de prensa su apoyo y solidaridad al premiado internacionalmente Circo Fantazztico, institución que sufrió de desalojo por parte del alcalde de Pérez Zeledón, Jeffrey Montoya Rodríguez, que ha pasado por encima del debido proceso y lo ha hecho de mala fe.
Cabe destacar que, este alcalde presenta cuestionamientos por el delito de tráfico de influencias ligadas al narcotráfico y ahora declarado “enemigo de la cultura”, debido a que esta acción repudiable deja sin refugio a niños, niñas y adolescentes vulnerables que se desarrollaban dentro de la institución.
Para la FECON, es inaceptable y atenta contra los principios democráticos de igualdad, del acceso a la educación y la cultura costarricense.
El One&Only Papagayo es un megaproyecto que pretende seguir cargando con más actividad humana al hermoso golfo de Papagayo. FECON no está a favor de este tipo de megaproyectos, porque consideramos que el turismo debe ser social y ambientalmente justo, distribuyendo los beneficios entre las comunidades y no concentrándolos en manos de grandes capitales extranjeros.
Desde nuestra perspectiva, no cumple con el perfil de un proyecto justo y ambientalmente sustentable. Es una inversión para un turismo de élite, excluyente, que no ofrece oportunidades reales a las comunidades locales. Más bien consideramos que ha sido ofrecido irresponsablemente a los inversionistas sin saber si tiene viabilidad en el contexto actual de la zona.
FECON tiene muchos argumentos para no estar de acuerdo con este tipo de desarrollo excluyente que se implementa en Guanacaste. La experiencia de las comunidades locales con el megaturismo no ha sido buena. La pobreza se ha mantenido creciente al lado de las zonas hoteleras y la desigualdad ha aumentado. Por eso explicamos por qué este proyecto no solucionará los problemas de la zona.
La política de Estado respecto a la Zona Marítimo Terrestre está mal. Ha sido un desastre a nivel social y ambiental. Como resultado ya tenemos playas altamente contaminadas y ecológicamente amenazadas por el desarrollo desregulado y el desinterés institucional en garantizar un turismo verdaderamente en armónico con las características ecológicas del territorio en el que se instala.
El modelo de desarrollo en Dubai, de donde proviene la inversión propuesta, no es un ejemplo de manejo ambiental responsable, sino todo lo contrario. Aparte de bombos y platillos por la construcción de un mega-hotel, no se habla de un concepto de sostenibilidad (porque es imposible que lo tenga), sino de un hotel 7 estrellas, lo que tiene muchas implicaciones.
Así como se habla de prácticas amigables con el ambiente, sabemos que muchos desarrollistas han llegado a Guanacaste con una visión desinteresada en los impactos ambientales de sus negocios. Muchas personas locales han denunciado la destrucción y depredación de los recursos costeros. A algunos inversionistas sólo les importa apoderarse de los bellos paisajes costeros a cualquier costo ambiental y este proyecto no será la excepción.
Desarrolladores e instituciones fingen ceguera ante la afectación de los ciclos ecológicos de especies que dependen del equilibrio marino-costero o de la interconectividad de ecosistemas terrestres que arrasan los desarrollos inmobiliarios como este. El crecimiento inmobiliario, actualmente sin verdadero control, elimina a gran escala importantísimos remanentes de bosque seco (altamente vulnerable a desaparecer) en las áreas costeras. También se sabe que algunos desarrollos inmobiliarios han borrado y hasta extraído ilegalmente patrimonio arqueológico de los sitios donde operan, ante la ausencia institucional.
En Guanacaste el megaturismo ha significado la destrucción del tejido social de las comunidades y el desplazamiento de las personas locales de los espacios de más valor paisajístico y recreativo. Hay una marcada exclusión económica de los pueblos en beneficio del turismo y este proyecto no va a ser la excepción.
Proyectos de este tipo han profundizado el abandono institucional de las poblaciones costeras originales, que finalmente quedan a merced de lo que hacen o dejan de hacer los inversores privados. Las decisiones públicas quedan sometidas a los intereses privados. Hay que conversar con la gente de las comunidades para saber todo esto que está pasando hoy en muchos lugares.
Agua privatizada
Los desarrollos de Papagayo ya son ejemplo de insostenibilidad en el consumo de agua. Con megaproyectos como el One&Only se continúa concentrando en pocas manos los limitados recursos hídricos de Guanacaste. Los acuíferos son vulnerables y en estos complejos turísticos se consume el agua a gran escala.
Los pueblos de Guanacaste no juegan al golf ni se bañan en piscinas, pero una cancha de golf, piscinas y la carga turística diaria de hasta mil personas en este complejo turístico podrían consumir perfectamente la misma agua que necesita toda la población actual del distrito de Nacascolo, donde se pretende construir.
Recordamos que por sostener altos flujos de turismo en esta zona, sin los estudios técnicos y científicos previos, ya se han desgastado y salinizado acuíferos como el de Playa Panamá. Y con este proyecto de One&Only, hasta ahora no ha habido información pública sobre los fundamentos técnicos que garanticen la viabilidad del megaproyecto, solo el anuncio de la inversión. Recordemos que algo parecido pasó con Crucitas y El Diquis, anunciados como panaceas sin tener los estudios que respaldan su viabilidad ambiental.
Hoy hay pueblos guanacastecos que padecen por la carencia de agua potable y servicios de calidad. Su derecho humano está siendo violado. Mientras que hoteles y condominios privados toman control de las ASADAS y se auto-otorgan permisos para servirse de las fuentes de agua vulnerables de la zona sin estudios que respalden. Los inversores extranjeros se enriquecen en este momento con el control ilegal y la concentración inmoral del agua de los guanacastecos.
Con todo esto que sabemos por la cercanía de FECON con organizaciones locales guanacastecas, concluimos que, más que concesiones, en la costa de Guanacaste se establecen enclaves que privatizan la Zona Marítimo Terrestre de Costa Rica sin importarles gran cosa el futuro de las comunidades locales.
Para los extranjeros, si el agua se acaba pueden irse, no sin antes haber multiplicado sus riquezas a través del turismo de lujo. Pero los pueblos no tendrán la misma opción cuando estén sin agua y sigan en condición de pobreza, porque el megaturismo no ha resuelto este problema crónico en la provincia.
Negociaciones antidemocráticas
El negocio del megaturismo ha demostrado moverse a través de negociaciones poco transparentes entre desarrolladores, municipalidades y demás instituciones. Eso desencadena los conflictos con las comunidades que son excluidas de los planes de desarrollo, porque al final sólo se negocia en altos niveles y se le vende a la gente el trillado discurso de los empleos.
Los Gobiernos sólo ofrecen megaturismo y no tienen otras opciones económicas para las comunidades ni tienen ideas de los intereses reales de la gente. Nos preguntamos ¿Habrán consultado a alguien de las comunidades impactadas directa o indirectamente? De seguro no, pero sabemos que será un buen negocio para la industria de la construcción.
Al final los pueblos guanacastecos son despojados del acceso público a las playas cuando proyectos privados de alta gama se instalan. El hotel 7 estrellas toma su zona y controla su parte de playa para que sus clientes no tengan molestias fuera del control de sus guardas. Es el mismo turismo privatizador que vemos hoy en Guanacaste y con el que no podemos estar de acuerdo.
No podemos estar de acuerdo con la política antidemocráctica del gobierno de ir por el mundo ofreciendo a grandes capitales extranjeros venir a invertir en megaproyectos en nuestro país, sin dar a conocer las condiciones y fundamentos para hacer este tipo de negociación. Eso lo hacen porque no tienen planes reales de desarrollo inclusivo y equitativo para las comunidades guanacastecas. Sólo aumentarán la desigualdad y eso está en contra de nuestros valores como organización.
Lo último y no menos importante, es decir que necesitamos escuchar lo que piensan y ven cada día muchas comunidades que están silenciadas y afectadas por la imposición del megaturismo, que amenaza con arrebatarnos muchas otras playas de Guanacaste, que por principio deberían ser de libre acceso para la recreación sana de todos los costarricenses.
FECON está comprometido en dar la lucha con los pueblos costeros por un futuro seguro, económicamente justo, donde se respeten todos los derechos y el Estado garantice bienestar real. One&Only Papagayo, reiteramos, no es una solución a ningún problema de los que enfrenta Guanacaste, solo continúa la ruta de la privatización.
– Espiar activistas sociales no puede ser tolerado en un país que se precie de respeto a los Derechos Humanos
FECON (04/02/2022) | El Semanario Universidad en su edición del 2 de febrero, publica el artículo “A solicitud de exjerarca de la DIS Neotrópica diseñó sistema para manejar bases de datos de activistas sociales para la Presidencia”. En el mismo se brinda un análisis del contrato firmado entre el gobierno y esa fundación para la creación de una “aplicación web para recolectar información sobre conflictos sociales y los actores involucrados en ellos, con amplio detalle.”
Es claro según el análisis que hace el artículo periodístico del contrato, que dicha herramienta crearía una detallada base de datos sobre los conflictos ambientales en el país. La idea de contar con esa herramienta surgió de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) cuyo rol no es precisamente, tener un papel en los conflictos ambientales.
Las respuestas tanto del gobierno como de la Fundación Neotrópica consignadas en el artículo no dicen nada: no manejamos datos, no conocemos que pasa, todo está en una hoja de Excel. Estas son las típicas respuestas que generan indignación porque es imposible que, existiendo un contrato, no se hayan hecho al menos algunas labores y no se tenga claridad del fin de la herramienta.
Se debe recordar que la administración de Luis Guillermo Solís ha sido las más conflictiva de la historia de nuestro país, con más de 2.562 reportes durante su mandato, según la Base de Datos de Acciones Colectivas ́Protestas ́ de la Universidad de Costa Rica. Las prácticas de espionaje contra activistas sociales no tienen cabida dentro de una sociedad que se precie de defensora de los Derechos Humanos, ni mucho menos es aceptable dentro de un sistema democrático.
Para FECON esta noticia es de extrema gravedad debido a que puede haber espionaje oficial en los conflictos ambientales y la experiencia que tenemos como organización nacional (y que conocemos de otros países) es que el espionaje gubernamental esta siempre ligado a represión, toma de represalias y criminalización de acciones legítimas desde diversos actores sociales, en este caso el movimiento ecologista nacional.
Desde FECON rechazamos el uso de este tipo de herramientas. De igual forma no podemos aceptar respuestas como las consignadas ya que o representan un grado de cinismo alto desde el gobierno y la Fundación Neotrópica o un desconocimiento tal por el cual esas personas deberían ser despedidas ya que no están cumpliendo con sus obligaciones.
Para la Federación Ecologista existen más preguntas que respuestas sobre este asunto. ¿Qué tipo de información sobre personas y organizaciones tiene a disposición la DIS y Casa Presidencial? ¿Quiénes tuvieron acceso a esta base de datos? ¿Qué usos se le ha dado a dicha información tanto la administración Solís como la de Alvarado? ¿Qué otro tipo de herramientas han sido encargadas a entidades privadas para vigilar y espiar a activistas sociales?
El Alcalde de Desamparados y candidato del PLN a diputado, Gilberth Jiménez Siles, recientemente publicó un espacio pagado en el medio LS Digital (https://fb.watch/aPYOdjZt7Y/ ), que raya en la más absoluta demagogia, mentira e ignorancia técnica, que comprobamos con algunas de sus frases.
“Minae ha rechazado el estudio de factibilidad para poder llevar a cabo la perforación de un pozo y oigalo (sic) donde iba a ser la planta gasificadora en Abejonal de León Cortés”. Esto demuestra un total desconocimiento y una inaceptable ignorancia por negligencia, pues no es el “MINAE”, si no la Dirección de Aguas del MINAE la que resuelve sobre un “permiso de perforación” y no sobre ninguna “factibilidad”. Al parecer, el Alcalde se lanzó sin ni siquiera haber leído el oficio DA-2050-2021.
Dice el Alcalde: “donde iba a ser la planta gasificadora” y “Con esto se da por concluido un proceso que nos tenía con gran preocupación, con gran incertidumbre y por supuesto que nos ocupábamos”. Es evidente que al Alcalde le sobran ignorancia técnica y falta de estudio. Esa resolución no “da por concluido” nada, pues son otras intancias las que resuelven en definitiva (Para más explicación: https://wp.me/p6rfbZ-h9d y https://www.facebook.com/319641188239974/posts/1907041042833306/ ).
En la misma línea agrega: “Hoy con gran satisfacción podemos decir que no es viable una planta gasificadora en Los Santos, en León Cortés, en Abejonal”. En realidad el Alcalde no tiene ningún derecho a decir nada, ni a sentir satisfacción, porque nunca ha tenido participación, y menos ayudado a quienes desde hace casi una década hemos frenado la gasificadora. Además, oculta que ese proyecto ha contado con el apoyo directo o solapado de la Administración municipal de León Cortés, que es de su mismo partido político.
Cuando el Alcalde dice “Tenemos que proteger nuestros mantos acuíferos” y” Gracias a todos los que nos han apoyado y los que también han hecho consciencia en proteger el medio ambiente”, muestra una hipocresía inusual, pues durante muchísimos años ha estado en contra y boicoteando a las comunidades y organizaciones sociales que luchan por salvar la Loma de Salitral en Desamparados. Y precisamente la Municipalidad ha sido el centro de esa disputa.
Esperamos que la inteligencia individual y colectiva del pueblo de San José, y sobre todo de los cantones que siempre hemos luchado contra la gasificadora (y muchos más proyectos), sin el apoyo de su Partido Liberación Nacional, impidan que este demagogo e ignorante, llegue a la Asamblea Legislativa, donde posiblemente magnificará su nefasto accionar.
Osvaldo Durán-Castro Sociólogo, profesor ITCR, ecologista FECON
Un golpe letal recibió el proyecto de gasificación de residuos que la empresa Agropecuaria 7048 quiere construir en Los Santos, con la Resolución de la Dirección de Aguas del MINAE, que le negó el permiso de perforación de un pozo para abastecerse de agua. Como se pudo comprobar, el sitio de la solicitud está dentro del área de protección de la naciente de la ASADA de Frailes de Desamparados. Anteriormente, otras ASADAS se habían negado a compartir su agua de uso comunitario con el proyecto privado de gasificación, y por eso la empresa intentó apropiarse del agua de Frailes.
Los riesgos para el agua de las comunidades han sido advertidos reiteradamente por la oposición a la gasificación, pero hasta ahora se obtuvo un veredicto de tanto peso para proteger el agua. El proyecto de gasificación que amenaza el agua, a los ecosistemas de la región, a todas las actividades agrícolas, productivas y de servicios, como el turismo, ha contado con el respaldo de la Administración municipal de León Cortés, que hasta ahora sigue desconociendo la oposición comunitaria y llegó a declararse “neutral”.
En el considerando quinto de la Resolución DA-2050-2021 se indica que “una vez realizado el análisis correspondiente se encontró que el punto de perforación se encuentra dentro los 200 metros de retiro de la Fuente N-5 inscrita a nombre de la ASADA de Frailes, expediente 1488-R, por lo que se incumple el artículo 31 de la Ley de Aguas”. La Dirección de Aguas del MINAE repite que, según la Ley de Aguas No. 276 del 26 de agosto de 1942, “Artículo 31.- Se declaran como reserva de dominio a favor de la Nación: a) Las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras de agua potable, en un perímetro no menor de doscientos metros de radio”.
Para las organizaciones sociales, empresas y personas de León Cortés, Tarrazú, Dota y Frailes de Desamparados, que por más de 7 años hemos mantenido oposición a las iniciativas de incineración y gasificación en Los Santos, queda confirmado que la empresa Agropecuaria 7048 sigue siendo totalmente irresponsable ya que pretendía una perforación “para uso consumo humano (doméstico- industrial) industrial (planta gasificadora de residuos sólidos municipales”, sin importar que el sitio está dentro del área de protección de una naciente, lo cual es verificable a simple vista. También, es claro que esta resolución es una casual más para el archivo definitivo del expediente de la gasificadora por parte de la Secretaría técnica nacional del ambiente (SETENA), petición que ya hicimos con base en las numerosas y severas debilidades técnicas del Estudio de impacto ambiental del proyecto, y la ausencia total de viabilidad social.
En el último documento de información para las comunidades emitido por el Grupo Ecologista León Cortés, la Asociación PROAL y la Federación Ecologista de Costa Rica/FECON: “GASIFICACIÓN EN LOS SANTOS. OPOSICIÓN DESDE LAS COMUNIDADES”, se explicó que en el área donde la empresa Agropecuaria 7048 pretende construir la planta gasificadora, hay varias nacientes inscritas ante la Dirección de Aguas pues son de consumo humano en varias comunidades.
Se explica, con base en el análisis del geógrafo Efrén Hernández Bonilla que “el cerro El Abejonal y sus alrededores presentan una topografía caracterizada por ser una zona montañosa con pendientes muy pronunciadas. Esto ocasiona que cualquier actividad constructiva e industrial que se realice en la zona alta, va tener una repercusión directa sobre cultivos y bosques en las áreas más bajas. Por eso es que la naciente de la ASADA de Frailes es una de la que está en mayor riesgo, y la empresa nunca aportó medidas técnicas claras y eficientes en el plan de Gestión Ambiental presentado en el Estudio de Impacto Ambiental…”.
Frailes es una de las comunidades que más acciones de oposición ha realizado desde que el proyecto se dio a conocer como “planta incineradora de basura”, y hasta la fecha se siguen realizando concurridas sesiones de información y organización para detener la construcción de la gasificadora, que es la nueva versión de la empresa. De acuerdo con Marco Antonio Calderón Quirós, Presidente de la ASADA de Frailes, el pasado 7 de setiembre de 2021 en reunión con AyA, confirmaron el peligro de la pretensión de la empresa y de inmediato interpusieron la denuncia en la plataforma SITADA. Ante la resolución el dirigente comunal indicó que “nos alienta porque estamos ganando una batalla y nos damos cuenta de cómo debemos proteger el agua y su área de recarga”. Para las comunidades “es muy bueno que el MINAE nos de la razón y nos ponga atención en esta lucha por el agua, que también favorece la creación de la nueva área silvestre protegida”, en los cerros El Abejonal, La Trinidad y La Roca que abastecen de agua a Frailes y otras comunidades como San Antonio y La Angostura en León Cortés y otras de Tarrazú.
Esa resolución DA-2050-2021 es fundamental para evitar la construcción de la gasificadora, pero es además resulta un nuevo y claro llamado de atención a toda la población ante “prácticas agrícolas que incluyen tala, anillado, envenenamiento de árboles y socolado o limpieza del sotobosque para sustituirlo por cultivos agrícolas”, que se presentan en la región, incluida la Reserva Forestal Los Santos, como lo expusimos en una nota del Movimiento Quercus/Dota a la Asociación de Cafés Finos de Costa Rica y al Instituto del Café (ICAFE) el 03 de abril 2021. A modo de ejemplo: en los primeros 8 meses del 2019 de las denuncias tramitadas en la Fiscalía de Los Santos, 95 (un 70% del total) fueron delitos ambientales, que incluían invasiones para cambio de uso del suelo en bosques y áreas de recarga y de protección de nacientes y contaminación directa o indirecta con químicos; según datos aportados por el Ministerio Público y el MINAE-Los Santos. De hecho, en el cerro El Abejonal donde se quiere instalar la gasificadora, y en los cerros La Trinidad y La Roca, los cambios de uso de suelo, que muchas veces implican talas y otras formas de destrucción de la cobertura forestal, y otros delitos ambientales contra la vida silvestre, son prácticas comunes y pocas veces sancionadas.
La resolución de la Dirección de Aguas está fechada el 3 de diciembre de 2021 y fue notificada a la ASADA de Frailes el 25 de enero de 2022. La empresa había solicitado la perforación el 23 de setiembre de 2021 (Expediente 21652-P, Dirección de Aguas). Las comunidades de los cantones León Cortés, Tarrazú, Dota y Frailes de Desamparados, ahora mismo siguen implementando acciones de información y sustentando técnicamente nuevas oposiciones, mientras esperan las respuestas que en febrero 2022 la empresa debe presentar a la SETENA. De esas respuestas, según esa misma Secretaría, depende que se archive o no del expediente de la gasificadora.
FECON plantea que el Gobierno de Costa Rica debe enfocar recursos en apoyar a la pequeña producción campesina y costera para superar esta crisis, realizando un examen serio del modelo agrario actual, pues a pesar de que tenemos enormes extensiones del campo ocupadas por agroindustria y ganadería, las zonas rurales viven un ciclo constante de pobreza y explotación.
La base de la recuperación económica debe ser la seguridad y soberanía alimentaria, rescatando las propuestas milenarias de los pueblos ancestrales. La propuesta además, plantea abandonar la economía de crecimiento que significa acumulación en pocas manos, para centrarnos en una economía de la sobrevivencia, donde lo primordial sea la satisfacción de las necesidades más esenciales para todas las personas.
Para este fin aportan también los mecanismos extraoficiales como las redes de trueque e intercambio de bienes y servicios que se están construyendo en el país. Sobre la base de estos bienes, están los alimentos que son producidos de forma sustentable en las comunidades.
Es reprochable la persecución sistemática y de decomiso que los organismos del Estado realizan contra la producción campesina ya marginada, cuando, por el contrario, debiera estarse facilitando el acceso democrático a los mercados. Ante semejantes contradicciones, la lucha organizada desde abajo, es el medio para retomar los medios de producción.
Aspirar a una reforma agraria integral a futuro, también debe alentar a los pueblos a desarrollar todo su potencial productivo en condiciones sustentables. Mientras el Estado protege a las grandes corporaciones que dependen de la producción industrializada en la era del libre comercio, mantiene irresuelta la economía de las zonas costeras y campesinas, así como la violencia contra los pueblos indígenas.
El contenido se fortalece con las reflexiones del Diálogo Virtual realizado en julio de 2021 sobre la temática, con participación de Yasi Morales del programa de Economía Social Solidaria de la UCR, Juan Arriaga de Sol de Vida y Pedro Salguero de la Red de Coordinación en Biodiversidad.
