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Etiqueta: FEES

Regla fiscal + Inflación alta: la tormenta perfecta para reducir el gasto público operativo

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Francisco Esquivel
Economista

La regla fiscal es una limitación al gasto público aplicada férreamente sin importar las consecuencias de tal restricción. No importa si los niños pobres se quedan sin alimentos, o los ancianos pobres sin su pensión no contributiva, o si los acueductos rurales se paralizan, o si el PANI no puede dar protección a los niños en riesgo. Incluso, se llegó a pensar, en algún momento, que, si el país se quedaba sin censo o sin el servicio 911, tampoco era relevante para esta regla. Lo que vale es detener al “peligro” de la economía: el gasto público. Es el enfoque liberal en su esencia pura.

Reconocer lo anterior no quiere decir que no se tenga clara la importancia del control del gasto. Pero, la gestión del gasto debe ubicarse en una visión amplia de las finanzas públicas. El déficit fiscal de Costa Rica es importante. Amerita un programa urgente que combine equilibradamente el control riguroso del gasto y las acciones firmes para incrementar el ingreso. Sin embargo, eso no justifica caer en la visión anti estatista que está en la base de la regla fiscal. Cuando el enfoque liberal orienta la política fiscal, la disminución del gasto predomina sobre el incremento del ingreso. El siguiente editorial ilustra este enfoque reduccionista, limitado sólo a la baja del gasto:

“La Contralora, Marta Acosta, advirtió de “riesgos y efectos muy serios” para las finanzas públicas si el Ejecutivo relaja los límites de la regla fiscal, …, con lo cual se alejaría la meta de sostenibilidad fiscal …

Acosta se ha caracterizado por su celosa defensa del equilibrio fiscal y la racionalización del gasto… Ha sido consecuente con esa conducta durante una década al frente de la Contraloría… La credibilidad proporcionada por ese historial aconseja prestar atención a sus más recientes advertencias.” (Editorial de La Nación, 2 de julio de 2022)

Racionalizar el gasto para este medio de comunicación es bajar el gasto, lo cual es un concepto bastante estrecho del término. La regla fiscal no tiene nada sobre la eficiencia, ni el impacto, ni la calidad del gasto. En ese sentido, es clara la obsesión de bajar el gasto por parte de la Contralora y del periódico, como única alternativa para lograr el “equilibrio fiscal”. No hay nada en este enfoque sobre la mejora de ingresos, ni sobre la reingeniería de la deuda pública, en particular sobre el pago de intereses.

Este enfoque ha predominado en los últimos años en la dinámica hacendaria. Se ha producido un recorte importante del gasto combinado con acciones muy limitadas en materia de ingresos. En ese contexto, se han impulsado acciones para aumentar la carga tributaria de los grupos de ingreso medio y bajo; sin afectar significativamente a los segmentos de ingreso alto. Por lo tanto, bajo el dominio de la visión liberal, el equilibrio de la gestión de las finanzas públicas se pierde, y la obsesión por reducir el gasto impide una acción integral de la política fiscal. En un artículo anterior analizamos esto con detalle (https://surcosdigital.com/la-regla-fiscal-un-fundamentalismo-financiero-que-se-debe-eliminar/).

En los primeros años de aplicación de la regla fiscal, este procedimiento ha operado en “modo suave”. Los efectos más llamativos de esta regla se han visto en programas aislados, lo que se ha interpretado como leves inconvenientes que es posible corregir aplicando excepciones puntuales. Ese es el caso de la polémica reciente sobre el gasto del PANI. Hacer un ajuste en la forma de operación de la fórmula, mediante un decreto presidencial, es un alivio que no es despreciable, en el corto plazo. Sin embargo, el alivio es transitorio porque no afecta la esencia de la regla. En la Asamblea Legislativa se habla de aprobar una excepción de la regla fiscal para el caso del PANI. ¿Qué se haría si luego hay problemas con el gasto del MEP, o con el MOPT, o con el FEES, o, en general, con el pago de salarios? ¿Se aprobarían más excepciones? Hay que ser realistas, la nave de la regla fiscal ya está mostrando filtraciones que llaman a la reflexión. Tarde o temprano, el agua que entre a esta nave la puede llevar al hundimiento. Pero, más allá de esos episodios pasajeros, la potencia demoledora del procedimiento aún no ha operado. El poder de destrucción de la regla aparece cuando se produce una inflación alta, como está sucediendo en este momento.

El mecanismo de la regla es muy sencillo: se establece un nivel máximo de la deuda del Gobierno que se calcula como porcentaje respecto al Producto Interno Bruto (PIB). La política fiscal actual lo define como el 60% respecto al PIB. Si el monto de la deuda sobrepasa ese nivel, se activa una “cláusula gatillo” que frena el gasto. ¿Cómo se definió ese porcentaje crítico de la deuda? Arbitrariamente. ¿Por qué no un 80%, o un 40%? En Japón ese indicador llega a 256%. En Estados Unidos el indicador asciende a 133%, mientras en Canadá equivale al 116%. Estos países aplican políticas de ingreso y de gasto para reducir los déficits; pero no se amarran a la rigidez de una regla fiscal como la costarricense, que opera en función del porcentaje de la deuda respecto al PIB.

En este momento, el indicador de deuda respecto al PIB es levemente superior al 65%. Por lo tanto, se aplica el freno de la siguiente manera: el gasto sólo puede crecer en un porcentaje equivalente al 65% del promedio de crecimiento del PIB, a precios corrientes, de los últimos años. Para 2022 tal freno se traduce en un crecimiento máximo del 1,96% del gasto total del Gobierno Central.

Dado lo anterior, el procedimiento de la regla fiscal contiene un primer truco: se amarra el freno del gasto a un “indicador duro” que se sabe no va a bajar en varios años. Las últimas estimaciones del Banco Central de Costa Rica muestran que, al menos, hasta el 2027, el indicador estará por encima del 63%. En consecuencia, se tiene la excusa perfecta para frenar el nivel del gasto hasta niveles insospechados. Cuando el indicador vuelva a su “nivel normal” del 60% será tarde: varias, o muchas funciones habrán sido desmanteladas. Incluso, podría suceder que el déficit fiscal se elimine en pocos años, pero el nivel de la deuda todavía supere el fatídico 60% respecto al PIB. En consecuencia, tendríamos el absurdo de que el gasto se sigue recortando, aunque no habría déficit.

Sin embargo, lo mejor de la pirotecnia fiscal, basada en esta regla, no ha llegado. En 2022, debido a las presiones internacionales, la inflación dejó la zona de confort de los años anteriores, cercana a cero, pasando a experimentar niveles altos, llegando ya a los dos dígitos. Para el mes de junio, el INEC reportó una inflación interanual del 10%. Mientras continúen las presiones de precios externos, y el Banco Central mantenga su intervención moderada en el mercado cambiario (lo que propicia un tipo de cambio alto, cercano a la barrera de los 700), la inflación nacional mantendrá una tendencia al alza. Esto hará que la regla fiscal muestre sus dientes. Los ingresos obtenidos por el IVA y el impuesto sobre la renta se ajustarán a los nuevos niveles de inflación. Estos impuestos, que representan el 70% de la recaudación total, aumentaron considerablemente en 2021. Y ahora, con la inflación alta, crecerán mucho más. El aumento de precios genera un nivel de ventas más alto para las empresas, por lo que la declaración del IVA subirá en esa proporción. Algo similar sucederá con el impuesto sobre la renta ya que las utilidades de las empresas y de los proveedores de servicios (como los profesionales) también subirán en términos monetarios. Por lo tanto, cambiará la relación de los ingresos del Gobierno Central con el gasto que está frenado por la regla fiscal.

La siguiente ilustración describe cómo se transformará la dinámica fiscal. En la parte superior izquierda se observa la clave de la regla fiscal, operando con inflación alta. Aparece un segundo truco, de naturaleza monetaria. En los próximos años el gasto podrá crecer alrededor de un promedio de 2,6% (de acuerdo al promedio de crecimiento del PIB de los años anteriores). Sin embargo, los ingresos crecerán al ritmo del aumento de los precios. Si la inflación se mantuviera cercana a los dos dígitos, en los años siguientes, se producirá una ganancia significativa para el Ministerio de Hacienda. Tendríamos una ventaja de los ingresos, creciendo a un ritmo parecido al 10% anual, frente a los gastos, aumentando al 2,6% por el efecto de la regla fiscal. Tigre suelto contra burro amarrado. Así, se entiende por qué, es útil para el Ministerio de Hacienda frenar al máximo el gasto con base en la regla fiscal, mientras cosecha una recaudación apreciable, gracias al efecto de la inflación alta.

Ilustración: El panorama previsible de la regla fiscal

En la parte superior derecha de la ilustración observamos el impacto de este fenómeno en los saldos financieros del Gobierno Central. Los datos que se presentan ahí son resultado de un ejercicio de simulación realizado por el autor de este documento. Al frenarse los gastos mientras los ingresos crecen al ritmo de la inflación alta, en primer lugar, el saldo primario pasará de déficit a superávit (representado mediante una línea negra). El saldo primario es la resta de los ingresos menos los gastos sin considerar el pago de intereses de la deuda. El dato de la ilustración para 2021 es lo que sucedió efectivamente con este saldo: su valor fue levemente deficitario. Para los siguientes tres años el saldo debería pasar a un superávit creciente porque los ingresos crecerán muy rápido frente al gasto frenado por la regla fiscal.

Este resultado positivo influirá en el saldo financiero, que sí considera el pago de los intereses. Tal saldo se muestra a través de una línea roja. En 2021 este saldo, o déficit fiscal, llegó al 5% respecto al PIB. El pago de intereses de la deuda equivale a un porcentaje parecido a ese déficit, por lo que se convierte en la explicación del déficit del Gobierno Central. Al aumentar tan rápidamente el superávit primario permitirá la reducción también acelerada del déficit fiscal, hasta el punto en que dicho déficit casi se eliminaría en 2024. Todo gracias a un truco monetario: se frena el gasto mediante un crecimiento anual del 2,6%, mientras los ingresos crecen con la inflación alta a un ritmo del 10%.

En principio se podría decir que esto será un gran éxito fiscal. Desde luego, economicistamente hablando, sería así. Pero, ¿qué hay detrás del freno del gasto? El pago de intereses de la deuda ha crecido un 12% anual en el período 2020 – 2021, en promedio. A ese ritmo, el crecimiento del gasto total permitido por la regla fiscal, en el período 2022 – 2024, no alcanzará para cubrir el incremento en el pago de intereses. Por lo tanto, mientras no se produzca una renegociación seria de los intereses, dicho gasto financiero “estrujará” al gasto operativo (salarios, compra de materiales y servicios, labores de mantenimiento, transferencias, etc.). Es decir, la expansión del gasto permitida por la regla fiscal, sólo servirá para absorber una parte de los intereses, mientras el resto de ese gasto se cubrirá reduciendo el gasto operativo. Por ejemplo, en 2023 el incremento en el pago de intereses podría superar los 250.000 millones, mientras el aumento del gasto total permitido por la regla fiscal sería levemente superior a los 200.000 millones. Habría que bajar en 50.000 millones el gasto operativo. En consecuencia, el “éxito” fiscal se logrará afectando aspectos como los alimentos de los niños pobres en las escuelas, las pensiones no contributivas de los ancianos pobres, la asignación de recursos al PANI, el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) -ya golpeado por la ley 9635 de ajuste fiscal de 2018-, el mantenimiento de las vías públicas, el FEES y el Fondo del Poder Judicial, entre otros. Desde luego, la presión sobre el gasto operativo será un estímulo para mantener el congelamiento de los salarios de los empleados públicos y las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional (aunque en el caso de las pensiones, la ley 9635 contempla una excepción).

En la parte inferior de la ilustración se muestra la evolución posible del gasto operativo, para los próximos años, en el contexto de lo mencionado. Tomando 2021 como año de referencia, y asignándole el valor de 100, en los siguientes años el gasto operativo en términos reales (es decir, descontando la inflación) bajará hasta un nivel de 74. Se produciría una reducción del 26% del gasto operativo, a lo largo de los siguientes años. Si la inflación bajara en los próximos años, digamos a niveles entre el 8% y el 6%, se amortiguaría un tanto la reducción del gasto operativo llegando a un nivel cercano al 20%. Pero, si la inflación aumenta a niveles como 12% ó 14%, la baja del gasto operativo alcanzaría un 30%. Un verdadero desmantelamiento del gasto operativo.

Por lo anterior, son urgentes las siguientes acciones:

1.- La renegociación inmediata del pago de intereses de la deuda interna (que absorbe el 87% del total de los intereses). Una parte importante de dicha deuda está en poder de entidades estatales, principalmente operadores financieros. No es aceptable que el Estado se estruje a sí mismo por culpa de la deuda pública. Al respecto, se necesitan acciones contundentes de parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, en un plazo muy corto.

2.- La mejora sustancial en la recaudación del impuesto de la renta, principalmente en el segmento de grandes contribuyentes. Las nuevas autoridades hacendarias han dado señales positivas en esta dirección. Sin embargo, la situación no está sólo para señales, hay que obtener resultados muy pronto.

3.- La sustitución de la regla fiscal por un nuevo método de control del gasto, riguroso y eficiente. En este momento, la regla recorta mal el gasto. Se hacen recortes que a los meses conducen a excepciones. Y cuando son muchas las excepciones el mensaje es claro: el mecanismo no funciona, sólo genera problemas. Esto se produce porque la regla fiscal no hace lo básico de una gestión hacendaria: no evalúa la eficiencia, no mide el impacto, no prioriza los programas públicos, y menos se preocupa por la calidad del gasto. Sólo es un método rígido que se presta para desmantelar el gasto operativo, basado en el dogma liberal anti estatista.

Pongamos el punto 3) en un contexto amplio. Podemos reconocer que la sustitución de la regla fiscal se puede hacer por dos vías. La primera sería mediante un cambio de lo establecido en la Ley 9635, que creó el mecanismo. Se trataría de generar una especie de “regla fiscal 2.0”. Para comenzar la regla sólo se aplicaría al Presupuesto Nacional. Aplicarla al resto del sector público es simplemente una excusa para desmantelar funciones básicas que son asumidas por el sector descentralizado. Definido esto, habría que realizar dos cambios. Por una parte, se debe modificar la “cláusula gatillo” basada en el parámetro de deuda respecto al PIB, pasando a un indicador más razonable relacionado directamente con los saldos financieros: el saldo primario y el saldo financiero. Por otra parte, hay que cambiar la fórmula del freno al gasto, migrando a un sistema de techos presupuestarios (límites de gasto por sector) que permitan la priorización de los diversos programas del Presupuesto Nacional. Con la regla actual, todo se recorta con la misma intensidad, abandonando una gestión básica de la planificación como es la priorización de los componentes del gasto.

Esta “modernización” de la regla seguiría siendo un arreglo limitado que no resuelve el problema estructural del mecanismo: no evaluaría la eficiencia, no mediría el impacto, no evaluaría la calidad del gasto. Esta vía requiere de una modificación de la Ley 9635, lo que supondría un cambio muy lento debido al proceso legislativo que necesitaría para concertar los ajustes citados.

Por lo tanto, es mejor pensar en una segunda vía, basada en los principios establecidos en la ley 8131, con lo que se podría controlar rigurosamente el nivel del gasto al tiempo que se priorizan los programas del Gobierno Central y se evalúa la eficiencia, el impacto y la calidad del gasto. Esta ley ordena la formulación presupuestaria basada en productos de la gestión pública, calculando el costo unitario, y el impacto, lo que permite evaluar la eficiencia en el uso de los recursos y la calidad de los servicios. Mediante un sistema de techos presupuestarios, que prioricen los programas del Presupuesto Nacional, esta segunda vía contemplaría un estricto control del tamaño del gasto. Es decir, esta vía tendría un sistema férreo de control del gasto que es lo que intenta hacer la regla fiscal, pero lo hace mal. Pero, además dotaría a la gestión fiscal de un moderno sistema de evaluación de la eficiencia y de la calidad del gasto, que no tiene la regla fiscal. Con tal evaluación el control del gasto es sostenible a mediano y largo plazo. Si hay que recortar gasto, se haría de manera sólida, evaluando la eficiencia, el impacto y la calidad de las erogaciones. La regla fiscal actual recorta las erogaciones con la obsesión de bajar el “dañino” gasto. Pero la obsesión la lleva a recortar mal, con lo que la acción dura apenas unos meses, porque termina haciendo ajustes al recorte mal hecho.

Esta segunda vía no requiere ningún cambio legal por lo que tendría una aplicación más rápida que la primera vía citada. Simplemente, se trataría de un plan de modernización liderado por el Ministerio de Hacienda, en coordinación con la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, con el apoyo del Ministerio de Planificación y la Contraloría General de la República. Desde luego, habría que derogar el Título IV de la ley 9635, que regula la actual regla fiscal. Tal derogación tendría vigencia a partir del 1 de enero de 2023. Sería cuestión de voluntad política. Si se concertó y se aprobó en pocas semanas el congelamiento temporal del impuesto sobre los combustibles, ¿por qué no se haría lo mismo con un mecanismo que está probando su ineficacia? Hay cuatro meses de tiempo para que el Ministerio de Hacienda y la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa organicen una transición con base en el Presupuesto del Gobierno Central del 2023.

El autor de este documento desarrolló con más detalle los contenidos de la segunda vía en el anexo 6 del libro “Análisis de la estrategia de desarrollo costarricense. Macroeconomía de un modelo desequilibrado”, junio de 2021 (disponible en Amazon / Kindle).

La simulación numérica presentada aquí debe tomarse como una ilustración. No es una proyección formal de la situación fiscal. Simplemente se trata de que el lector tenga un “orden de magnitud” que le permita comprender mejor lo que se está explicando.

 

Enviado a SURCOS por el autor.

La defensa de la autonomía es esencial para garantizar el aporte de las universidades públicas al país

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José María Gutiérrez.

José María Gutiérrez
Profesor emérito, Universidad de Costa Rica (jose.gutierrez@ucr.ac.cr)

Las universidades públicas juegan un papel esencial en la vida democrática de nuestra sociedad. Siendo instituciones en permanente evolución, las universidades se transforman para adaptarse a entornos complejos y cambiantes y así depurar su aporte, desde una visión humanista, de excelencia académica y de compromiso con el bien común.  Paralelamente, nuestras universidades y la sociedad que las ampara deben defender y fortalecer los fundamentos del ethos universitario público, el cual depende, en gran medida, de la autonomía a la que constitucionalmente tienen derecho.

La autonomía es uno de los principales logros históricos de las universidades de América Latina a partir de la Reforma de Córdoba, un proceso impulsado por el movimiento estudiantil de la Universidad de Córdoba, Argentina, en 1918. En Costa Rica, la autonomía de la Universidad de Costa Rica quedó establecida en la constitución política de 1949, extendiéndose luego a las otras universidades públicas conforme se fueron creando. Su carácter autónomo ha permitido a estas instituciones hacer múltiples contribuciones a la vida del país en diversos ámbitos.

Pese a su relevancia, el concepto de autonomía universitaria se percibe con frecuencia como algo abstracto y difuso, incluso al interior de nuestras instituciones de educación superior. Además, sectores políticos y económicos hegemónicos, junto con algunos medios de comunicación, presentan con frecuencia a la opinión pública una visión distorsionada de este precepto, haciéndolo ver como un privilegio injustificado. Cada vez con más frecuencia se escuchan voces que cuestionan la autonomía universitaria y propugnan modificarla de diversas formas. El actual escenario político nacional no es nada halagüeño en este sentido; conviene por lo tanto retomar el valor de la autonomía de las universidades públicas para fortalecerlo y consolidarlo.

La autonomía universitaria incluye la libertad académica, la autodeterminación en el establecimiento de planes, programas, presupuestos y organización interna, y la plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. La autonomía, en suma, procura dar a estas instituciones todas las condiciones jurídicas requeridas para que desarrollen con independencia su misión (ver Gutiérrez, 2021). El que las universidades sean centros de pensamiento y acción libres y críticos en función de los más amplios intereses de la colectividad es fundamental. Y es precisamente este uno de los puntos que incomodan a los poderes fácticos de carácter económico y político, aquí y en todo el continente.

En los últimos años hemos presenciado embates contra la autonomía universitaria en Costa Rica. Por un lado, se ha cuestionado el presupuesto que se asigna a estas instituciones de educación superior. Sin un adecuado financiamiento por parte del estado, la autonomía universitaria se debilita y el aporte de estas instituciones a la sociedad pierde sustento. Además, se ha elaborado un discurso recurrente que propone condicionar la asignación presupuestaria a que las universidades adapten sus planes de trabajo y su funcionamiento a propuestas que emanan de estos sectores hegemónicos. Esta tendencia quedó claramente reflejada en el dictamen de mayoría de la comisión especial de la Asamblea Legislativa con relación a la administración del Fondo Especial de Educación Superior (FEES), presentado en el 2020, en el que algunas propuestas implicaban claras transgresiones a la autonomía (ver Gutiérrez, 2020).

Estos intentos por condicionar las agendas universitarias con base en los intereses de poderes fácticos del país incluyen, entre otros elementos, un cuestionamiento al desarrollo holístico en las diversas áreas del conocimiento, lo cual es un fundamento central del ethos universitario, centrado en la integralidad de los saberes. Se propone un énfasis desmedido en áreas de trabajo que tienen que ver con el desarrollo económico y se desmeritan áreas como las ciencias básicas, las humanidades, las artes y las ciencias sociales, haciéndolas ver como ‘inútiles’ para los objetivos de desarrollo del país. El aporte universitario a la economía es por supuesto fundamental, y estas instituciones lo hacen de múltiples formas, pero este es solo uno de los componentes de un amplio espectro de disciplinas y labores, todas ellas importantes.

Se subvalora con frecuencia también la acción social o extensión y se cuestionan los procesos de pensamiento crítico que aportan las universidades sobre la realidad nacional, una función fundamental a través de la cual se aportan visiones diversas que abonan a los debates en el país y enriquecen nuestra vida democrática.

De acatarse este tipo de presiones, la autonomía se desdibujaría y las universidades dejarían de ser centros de análisis y pensamiento libres para convertirse en meros instrumentos de agendas externas. En suma, se debilitaría la esencia misma del concepto de universidad pública. Estas tendencias han tenido un fuerte impacto en muchas universidades del mundo, las cuales han entrado en procesos de mercantilización acelerados, lo que Martha Nussbaum ha denominado ‘la crisis silenciosa de la educación superior en el mundo’ (Nussbaum, 2012) (en realidad es una crisis de una dimensión tal que ya no es tan silenciosa).

Es importante dejar claro que la autonomía universitaria no es autarquía irresponsable y que la misma conlleva un enorme compromiso de análisis y mejoramiento permanentes, en el sentido de que nos conmina como comunidades universitarias a depurar continuamente nuestro trabajo, abandonando zonas de confort y privilegios inaceptables y asumiendo metas cada vez más ambiciosas en función de la excelencia académica y la procura del bien común. La autonomía obliga a la reflexión y el análisis autocrítico con miras a mejorar nuestro aporte, así como a hacer un uso adecuado de los recursos que provee el estado. Esa es nuestra responsabilidad, la cual debe ir a la par de la defensa de la autonomía.

Dados los peligros que se ciernen sobre la autonomía universitaria, se requiere una actitud proactiva y decidida en las comunidades universitarias para defender este valor esencial. Con frecuencia las dinámicas cotidianas y los intereses particulares de grupos en nuestras instituciones impiden darle a este tópico la importancia que merece. Es necesario generar conciencia sobre los riesgos a los que las universidades están expuestas.

La defensa de la autonomía, incluyendo la procura de un presupuesto justo para que estas instituciones puedan realizar su labor, es una tarea que nos concierne a todas y todos en las comunidades universitarias, y también le concierne a la sociedad en general, por la importancia de estas instituciones en la vida del país. Esta defensa demanda procesos activos, comprometidos y participativos, que tengan impacto a lo interno y a lo externo de nuestras instituciones y que posean incidencia política real.

Pare ello se requiere desarrollar un doble accionar centrado en la reflexión y la participación. Por un lado, debemos generar espacios de análisis y discusión sobre estos temas en diversos nichos (formales e informales) de las universidades públicas, con un rol activo de docentes, estudiantes y personas administrativas. El movimiento estudiantil en particular tiene un importante papel que jugar, como lo ha hecho en pasadas luchas por reivindicaciones varias. Y, además, es fundamental generar confluencia entre las comunidades universitarias y diversos sectores organizados de la sociedad, para que la defensa de la autonomía se entienda como una necesidad de la colectividad en su conjunto, en diálogo con reivindicaciones urgentes de otros sectores.

Estas tareas de reflexión y análisis deben ser complementadas con la preparación de procesos de participación y movilización, para enfrentar los retos que se avecinan y generar formas concretas de transformar este pensamiento crítico en incidencia política efectiva. Existen debates decisivos sobre los rumbos que Costa Rica tomará en el futuro. En este contexto, la defensa del estado social de derecho y de la institucionalidad pública debe ser una prioridad en la procura de garantizar una vida digna para todas y todos. La defensa y el mejoramiento de las universidades públicas, y particularmente la protección de su autonomía, son tareas fundamentales en las cuales las comunidades universitarias tenemos una enorme cuota de responsabilidad. Los tiempos llaman con urgencia a la reflexión y a la participación.

Referencias

Gutiérrez (2020) La autonomía universitaria y el dictamen de la comisión legislativa sobre el FEES (https://www.elpais.cr/2020/06/03/la-autonomia-universitaria-y-el-dictamen-de-la-comision-legislativa-sobre-el-fees/).

Gutiérrez, J.M. (2021) La Universidad de Costa Rica en sus encrucijadas. En: Reflexiones desde la Academia: Universidad, Ciencia y Sociedad. Segunda edición. Editorial Universidad de Costa Rica, San José, pp. 13-47.

Nussbaum, M. (2012) Sin Fines de Lucro. Por qué la Democracia Necesita de las Humanidades. Katz Editores, Buenos Aires, 199 p.

UCR: PROYECTO RECUPERA MUESTRAS GRÁFICAS DE PROTESTAS ESTUDIANTILES DEL 2019

Escrito en . Publicado en Derechos.

Facultad de Ciencias Sociales durante la toma. Foto UCR.

Autoría: Esteban Umaña Picado (Periodista Unidad de Comunicación Vicerrectoría de Acción Social)

El 17 de octubre de 2019, con una papel arrancado de un cuaderno al frente de la Escuela de Geografía comenzó la toma de la Faculta de Ciencias Sociales, la toma de la sede de Puntarenas y de San Ramón de la Universidad de Costa Rica (UCR) y  la toma del Campus Omar Dengo de la Universidad Nacional (UNA), situación que se extendió durante 14 días. Una serie de inconformidades que se acumularon a lo largo de meses explotaron con la agresión policial hacia estudiantes de la UNA durante la toma del Campus Omar Dengo, así como una disputa sobre el redireccionamiento sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

La toma dejó como resultado una serie de intervenciones artísticas sobre el edificio de la Facultad de Ciencias Sociales, un edificio considerado frío y gris por sus estudiantes fue el lienzo de expresión de varias voces, pensamientos, protestas, descontento y propuesta sobre la realidad universitaria y nacional.

Por esta razón se crea el proyecto EC- 536 “Gráfica de protesta. Memoria visual de la lucha estudiantil costarricense contemporánea”, el cual tiene como objetivos explorar la relación entre la gráfica de protesta y la memoria de las luchas estudiantiles, así como construir un archivo virtual y de acceso público de las intervenciones gráficas realizadas durante las protestas.

Para el coordinador del proyecto, Sergio Villena, las protestas se dieron por múltiples razones principalmente por los recortes presupuestarios, hasta el descontento por el edificio, la distribución del espacio y la falta de espacios comunes de socialización.

Como parte del proyecto se rescataron las muestras gráficas por medio de fotografías, se generaron alrededor de 1200 fotografías panorámicas y se dividieron en 5200 segmentos cuyos contenidos se analizaron y categorizaron según sus mensajes y temáticas.

Por otra parte, se registran las notas de prensa, los comunicados del movimiento estudiantil así como los de Rectoría y Consejo Universitario

Además durante la investigación cualitativa se realizaron 30 entrevistas a profundidad en su gran mayoría a estudiantes. En el análisis del contenido de los textos se determinaron numerosas referencias a canciones y músicos por lo que se desarrolló una lista de canciones en la plataforma Spotify y se estableció lo que Villena llama “ la banda sonora de la protesta”.

Como parte de los productos se diseñó el sitio web https://graficadeprotesta.wordpress.com donde se aglomera y publican las muestras gráficas e información.

Para Villena el objetivo principal es el análisis del movimiento estudiantil y el contexto en el que se dan estas protestas.

Durante el siguiente video documental, Pablo Zagt, expresidente de la Asociación de Estudiantes de Geografía  y  Gabrielle Herrera, expresidenta de la asociación de estudiantes de Psicología durante el 2019, comparten su principales vivencias durante la toma, así como sus reflexiones sobre las causas y motivaciones de las protestas. Por su parte, Sergio Villena añade su análisis y motivaciones de estudio y rescate de la gráfica documentada.

UCR: El Gobierno y Conare firman acuerdo sobre el FEES 2022

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

El Gobierno de la República y el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) firmaron este martes 27 de julio el acuerdo sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el año 2022.

De acuerdo con el artículo 85 de la Constitución Política, el presupuesto del FEES para el año 2022 se calculó con base en el monto acordado para 2021 y respetando la inflación interanual a mayo de 2021, equivalente a 1.34%. A diferencia de los dos años precedentes, en los que se negoció una posposición por la crisis sanitaria y económica de un porcentaje del monto, en esta ocasión la totalidad será incluida en el presupuesto nacional.

A partir de lo anterior, el monto del presupuesto total para el 2022 es de ¢522.822,67 millones y para el presupuesto de la Universidad Técnica Nacional (UTN) a un monto de ¢36.376,52 millones, con un aumentó en ¢7.394,187 millones, respecto al acordado para el 2021. Se acordó, además, establecer una mesa de negociación con el fin de analizar y definir un proyecto de inversión que permita recuperar los montos postergados en años anteriores.

Con este presupuesto las universidades públicas tendrán que enfrentar de manera prioritaria la necesidad de fortalecer la vida estudiantil a través de inversión en becas estudiantiles, conectividad, salud mental y las implicaciones del regreso seguro a la presencialidad.

Ambas partes reconocieron la importancia de atender las afectaciones generadas por las tormentas tropicales que han afectado varias zonas del país, para lo cual acordaron destinar un monto adicional de ¢3.145 millones para que el Ministerio de Educación Pública pueda hacer frente a esta situación.

En este espacio de diálogo y negociación, se reconocieron las medidas internas que han aplicado las instituciones de educación superior universitaria estatal de contención sin precedentes en sus gastos operativos y remuneraciones, así como el éxito alcanzado por las 5 universidades públicas en la continuidad exitosa del servicio educativo en el contexto de la pandemia. En este contexto incluso se registró un aumento de la matrícula en todas las casas de estudio, situaciones que provocaron la necesidad de reforzar de manera significativa y sostenible los presupuestos de becas y apoyos socioeconómicos a estudiantes por un monto que asciende a un monto de 55 mil millones de colones, especialmente en zonas fuera del gran área metropolitana. De igual forma, se valoraron de manera muy positiva los aportes, en múltiples ámbitos, de las universidades públicas en la atención de la pandemia, especialmente el apoyo técnico científico de alto nivel.

Como parte de la negociación se acordó para el nuevo período una nueva agenda de cooperación entre el Gobierno y las universidades públicas, que integra varias líneas de acción, entre ellas:

  • Fortalecimiento del sistema educativo en su conjunto,

  • Atención de las necesidades sociales, sanitarias, educativas, económicas y ambientales derivadas del impacto de la pandemia COVID-19.

  • Innovación científica y tecnológica, entre otras.

Todas, tareas que serán asumidas desde el quehacer sustantivo desarrollado por la extensión y acción social, la docencia y la investigación científica y cultural.

Para la ministra de Educación Pública, Giselle Cruz Maduro, el acuerdo muestra el compromiso del Gobierno de la República con la educación y reafirma la visión por apoyarla, como una inversión social necesaria para el desarrollo económico y social, la generación de conocimiento, la movilidad y cohesión social y el enriquecimiento de la identidad cultural del país.

Por su parte, el Presidente del Consejo Nacional de Rectores, Francisco González Alvarado el acuerdo tomado “es un reconocimiento a la educación como uno de los sectores prioritarios y que constituye una inversión estratégica y en especial en esta coyuntura, donde la educación es fundamental en el combate a las brechas y desigualdades estructurales que obstaculizan el desarrollo humano inclusivo y sostenible en la sociedad costarricense en sus localidades y regiones”.

El representante estudiantil César Andrés Alvarado Arguedas, se mostró satisfecho con el acuerdo “para el movimiento estudiantil es importante continuar fortaleciendo los programas de becas estudiantiles, así como los programas de regionalización universitaria para ampliar el acceso y la diversificación de la educación superior en las diversas regiones del país, de forma que se avance hacia una distribución más equitativa de las oportunidades educativas en el territorio nacional”.

El acuerdo se suscribió en la Comisión de Enlace por: Guiselle Cruz Maduro, Ministra de Educación Pública; Elian Villegas Valverde, Ministro de Hacienda; Pilar Garrido Gonzalo, Ministra de Planificación Nacional y Política Económica; Paola Vega Castillo, Ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones; Geannina Dinarte Romero, Ministra de la Presidencia, representantes del Gobierno de la República y Francisco González Alvarado, Rector de la Universidad Nacional y Presidente del Consejo Nacional de Rectores; Gustavo Gutiérrez Espeleta, Rector de la Universidad de Costa Rica; Luis Paulino Méndez Badilla, Rector del Instituto Tecnológico de Costa Rica; Rodrigo Arias Camacho, Rector de la Universidad Estatal a Distancia; Emmanuel González Alvarado, Rector de la Universidad Técnica Nacional y César Andrés Alvarado Arguedas, representante estudiantil.

 

CONARE
Consejo Nacional de Rectores

*Imagen: La bandera patria y de la  Universidad de Costa Rica. Foto: Karla Richmond, UCR.

UCR, Avanza negociación del FEES 2022: Este martes se realizó la segunda reunión de la Comisión de Enlace

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Las universidades públicas si financian con el Fondo Especial de la Educación Superior (FEES) que se negocia cada año. Estos recursos en los últimos años han representado cerca del 1,3% del Producto Interno Bruto de Costa Rica. Foto: Anel Kenjekeeva, UCR.

Las partes acercaron posiciones en relación con el uso de los superávits, regla fiscal y las normas de contabilidad

Este martes 20 de julio se realizó la segunda reunión de la Comisión de Enlace, integrada por autoridades del Gobierno, la academia y el representante estudiantil; espacio de diálogo y negociación en especial sobe el Fondo Especial para la Educación Superior Pública 2022, las cuales continúan avanzando, con voluntad y claridad con el fin de construir un acuerdo del financiamiento de la educación universitaria pública.

En esta reunión se acercaron las posiciones de ambas partes en relación con el uso de los superávits, regla fiscal y las normas de contabilidad que le afectan. De igual forma, se continuaron las negociaciones respecto a los montos postergados de los años 2020 y 2021.

El Consejo Nacional de Rectores comprometido con las generaciones actuales y venideras de estudiantes de las universidades públicas, con el acceso a la educación universitaria estatal de calidad, con la sostenibilidad del quehacer integral de las universidades reafirmamos nuestra posición de que se establezca el financiamiento de la Educación Superior que garantice una mejor inversión en becas, salud mental, infraestructura y equipo para sedes y recintos regionales, metas definidas en el Plan Nacional de la Educación Superior 2021-2025 para el avance del Sistema de Educación Superior Universitario Estatal en los próximos cinco años.

Negociación anual del FEES

La Comisión de Enlace que negocia cada año el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) está compuesta por las autoridades de cada una de las universidades públicas que reciben dineros del fondo y representantes del Ministerio de Educación, de la Presidencia de la República, del Ministerio de Hacienda, de Planificación y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.
Para la negociación del FEES del 2022 y como parte de los acuerdos alcanzados en el 2021 además se une a esta negociación una representación de los estudiantes de universidades públicas.

 

Consejo Nacional de Rectores

Conare y Poder Ejecutivo retoman el diálogo en torno a la educación superior pública

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Comunicado del Consejo Nacional de Rectores

El martes 6 de julio se realizó, de manera virtual, una reunión de la Comisión de Enlace entre el Gobierno de la República y las Universidades públicas del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), para dar revisión a los temas pendientes del acuerdo del Fondo de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES 2021) y abrir la negociación del presupuesto de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES 2022).

La reunión transcurrió en un ambiente de respeto y comprensión de la situación de crisis sanitaria y económica que enfrenta el país y de reconocimiento a la importancia de la educación superior para un desarrollo nacional con mayor equidad y justicia social.

Los objetivos que orientaron la sesión fueron:

  • Reafirmar el diálogo y la transparencia entre las Universidades Públicas y el Gobierno de la República
  • Revisar los acuerdos pendientes y los avances de la negociación vigente 2021
  • Enfatizar en los aportes científicos, educativos y sociales de las universidades públicas a la atención de la pandemia provocada por el COVID-19, que incluyen también postergaciones y rebajos presupuestarios, así como donaciones, realizadas en el 2020 y 2021
  • Iniciar la negociación del presupuesto del Fondo de la Educación Superior Universitaria Estatal (FEES) 2022

Respecto a la negociación del FEES 2022, se compartieron como bases para la negociación los siguientes principios:

  • El respeto a la Constitución Política, en sus artículos 78, 84 y 85.
  • El respeto al compromiso de establecer una estrategia de recuperación de los recursos postergados en el FEES 2020-2021
  • La consideración de la inflación interanual a mayo 2021 de un 1.34%

Las universidades públicas enfatizaron en la importancia de contar con un presupuesto 2022 que permita la continuidad educativa y recursos para fortalecer los siguientes ámbitos:

  • La necesidad de atención de becas estudiantiles en crecimiento
  • La importancia de asegurar la conectividad y equipo de cómputo, software educativo, que garanticen el acceso a la modalidad virtual y la modalidad mixta (virtual/presencial) para los estudiantes universitarios en condiciones de vulnerabilidad
  • La urgente necesidad que enfrentar el aumento de los gastos asociados al retorno gradual a la presencialidad en las diferentes universidades

Negociación anual del FEES

La Comisión de Enlace que negocia cada año el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) está compuesta por las autoridades de cada una de las universidades públicas que reciben dineros del fondo y representantes del Ministerio de Educación, de la Presidencia de la República, del Ministerio de Hacienda, de Planificación y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.
Para la negociación del FEES del 2022 y como parte de los acuerdos alcanzados en el 2021 además se unirá a esta negociación una representación de los estudiantes de universidades públicas.

Consejo Nacional de Rectores

 

Imagen: Mural en edificio de Aulas de la Facultad de Artes 2019. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.

24 de abril: ¿Boomer vs. Generación X? ¿1970 vs. 1991? (Versión Ecuménica)

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Jiddu Rojas Jiménez

  1. Primero pido perdón por usar esas «categorías» generacionales sin gran fundamento científico – social, y que han devenido en meros lugares comunes. No se trata de una competencia. Sino de visibilizar importantes acontecimientos históricos que han moldeado la resistencia popular contra la destrucción paulatina del Estado Social de Derecho.

Necesario es decir que la ‘teorías de las generaciones’ tienen un sesgo muy anglosajón. Y que su operatividad conceptual es muy vaga.

Un ejemplo: En principio la Generación anterior a la X no es la Boomer sino la llamada Generación Jones de intermediación.

Pero no es lo mismo nacer en la «Generación Jones»(nacidos aproximadamente entre 1954 – 1965, o sea, repito, posterior a los «Baby Boomers» y anteriores a la Generación X) en Estados Unidos, sin Vietnam, sin revolución sexual, con las drogas criminalizadas, mucho más despolitizados, con Televisión 24/7, con alto desempleo y recesión al crecer, al estilo del Presidente Obama, que nacer en esa mismos años pero en Centroamérica, Latinoamérica o Medio Oriente, o en el antiguo Bloque Socialista de Europa del Este con posterior Restauración capitalista. Punto. No hay parangón. Incluso las diferencias entre campo, puertos y ciudad cuentan, y no sólo en Costa Rica sino en el Mundo entero obviamente.

Otro tema es el mismo término «Generación X», tomado de la cultura pop del primer grupo de Punk de Billy Idol, y referido en la literatura por el canadiense Douglas Coupland, etc. Al parecer, tomado a su vez de un equívoco al malinterpretar un fotoensayo del famoso Robert Capa, referido a los niños y niñas nacidos después de la Segunda Guerra Mundial (o sea los llamados «Babyboomers» de Estados Unidos). El término sólo se popularizó en tardíamente al final de los 90s y comienzos de la década del 2000.

  1. Ahora lo esencial:

El olvido de la Lucha contra ALCOA no es gratuito. Signo de una generación de lucha heroica, resulta conveniente olvidarla. Trivializarla, romantizarla, minimizarla, evadirla.

Nadie debe recordar nunca, esa primera plana en «Le Monde Diplomatique» con un joven estudiante costarricense llamado (José Picado Lagos) en guayabera, retando a golpes a un policía antimotines armado de su garrote…

Faltan muchos y muchas en la foto pero ahí están. Vale la pena seguir interpelándolos y aprendiendo mutuamente de sus experiencias.

Fue una maravillosa generación, mucho anterior incluso a la mía, denostada por el anglicismo «Boomer», ahora de moda.

  1. Nuestra Generación X:

Pero suave, yo nací en 1968, Año del Tet… Tenía 2 años en 1970. Y entré a la conservadora Facultad de Derecho en UCR en 1985… No conocía movimiento estudiantil alguno en el colegio (al menos en mi colegio privado). La actividad política me ha perseguido desde mi ingreso a la UCR. Y es como un mal Karma, valga la redundancia.

Ya desde 1988 acompañaba al Trabajo Campesino en Acosta, y eso fue otra cosa, no era la esfera de las capas medias universitarias… Era alimento espiritual. Era Dharma. Era como dejar de estudiar Derecho y comenzar a estudiar Filosofía.

Admito que no era muy ‘normal’. Pero tampoco lo soy ahora a mis Cincuentas.

  1. Y bueno, quería aportar algo al justo y necesario tributo histórico de ALCOA 1970, pero con voz propia:

¿Quién se acuerda de 1991 y la Lucha de las Universidades Públicas por su justo presupuesto?

¿Quién se acuerda del Ministro Thelmo Vargas adalid del Neoliberalismo en el PUSC? ¿Alias ‘Thelminator’?

¿Y del tenebroso Bipartidismo Neoliberal?

La lucha y expulsión por la presión popular del ‘coco’ Neoliberal, Thelmo Vargas como Ministro de Calderón Fournier en 1991 fue nuestra otra victoria generacional. (Aún y cuando haya terminado en eso cosa extraña llamada FEES, que para algunos/as resultó regresiva respecto de la norma constitucional explícita previa).

  1. Recapitulemos el contexto de los 90s, porque tampoco fueron fáciles:

No fue un mero revival de los 60s parisinos.

Estábamos en pleno pleno auge Neoliberal en Latinoamérica y en el Mundo, con la reciente caída de la URSS, y de los regímenes burocráticos del «Socialismo Histórico», y con escepticismo propio de la corta moda académica Posmoderna… Se nos negaba así la Utopía, y se predicaba con simplismo el ‘Fin de la Historia’ por un tal Francis Fukuyama, ahora un ‘converso’ me dicen.

El sectarismo mesiánico también apareció como un falso refugio.

Sin embargo, nuestra lucha fue igual de heroica a la de ALCOA, y tal vez incluso, hasta igual o más importante políticamente, en términos estratégicos nacionales. Aunque Usted no lo crea y la desconozca.

Fue una poderosa y estratégica victoria popular la de 1991 en el silencio global de la caída del Muro de Berlín, que le recortó las alas al proyecto Neoliberal Bipartidista todavía en boga…

No nos equivoquemos, sólo lo volvió más lento, a lo «tico», pero eso fue mejor que la receta de Menem en Argentina, o de Salinas de Gortari en México, o de Collor de Mello en Brasil, o del Autogolpe de Fujimori en los 90s, o sea fue relativamente «bueno» para nuestro golpeado Estado Social de Derecho.

  1. Este movimiento estudiantil costarricense gestado entre 1990 y 1991, permitió y sembró, los aires de la posterior Lucha por el ICE contra el llamado Combo 2001, o incluso contra el TLC (2006 – 2007). Nos inspiró sin duda ALCOA. Pero tuvimos nuestra propia identidad. No tuvimos un Vietnam, tuvimos la Guerra del Golfo contra Iraq (dos guerras de Iraq, y en medio la Invasión a Afganistán justificada por el terror psicológico colectivo del 9/11).

Carteles de Jim Morrison y Lennon, alternaban con consignas del Mayo 68 o del Surrealismo y Dadaísmo, y desfilaban junto a los de Carmen Lyra, o CALUFA, Rodrigo Facio, o el Ché. Fue maravilloso y polifónico. Lleno de colores y de creatividad revolucionaria. La mutación política (Negri, dixit) parió con nosotros.

  1. Nota Morista:

Me hubiese gustado decir de los carteles que muchos eran de Manuel Mora Valverde, pero en realidad sistemáticamente se nos ocultaba su figura y su pensamiento estratégico, se le minizaba, o se le denostaba por el sectarismo de la poca izquierda universitaria ilustrada que quedaba. Esa fue mi experiencia política y académica, al menos.

Era más fácil conocer el recetario ‘ultra’ de un extraño y gris Trosko argentino (con perdón de Trotsky) apodado Nahuel Moreno y sus rabietas y disputas con el sabio economista belga Ernest Mandel, que estudiar el exitoso Pacto Social de 1943 que dio origen a nuestras Garantías Sociales. Así de sencillo.

En fin, éramos muy ingenuos y podíamos equivocarnos muy fácilmente. Yo incluido obvio. (Eran épocas confusas de reflujo político).

Ya para los 90s habían ahogado la lucha estudiantil de 1970. Los finales de los 80s fueron de restauración conservadora en Costa Rica. Hicieron muy bien su trabajo ideológico…

Los Planes de Paz necesarios en Centroamérica nos dieron oxígeno, luego el cerco económico al Agro nacional y la obligada reconversión agroexportadora, el giro Neoliberal del PLN de Oscar Arias, la Invasión a Granada (1983) y a Panamá (1989), la amenaza norteamericana de Invasión a Nicaragua, luego la lógica derrota electoral del FSLN, la derrota militar de las Guerrillas centroamericanas frente al genocidio del fascismo militar criollo, la anterior crisis de Carazo y el FMI, la brutal hiperinflación, la propaganda anticomunista 24/7, etc.

  1. Nuestro referente teórico universitario era Helio Gallardo, al menos en la UCR. Algunos conocíamos incluso al gran Franz Hinkelammert, «El Yeti» y a sus colaboradores del viejo DEI.

Todo lo demás era casi marginal (adrede posiblemente), puro manto y leyenda o mero Diamat sin «socialismo real».

Obviamente con las excepciones del caso, como el brillante historiador de la UCR, Paulino González Villalobos, veterano de ALCOA y fallecido trágicamente en 1988 (qepd.), o los profesores de Psicología Social (Jaime Robert e Ignacio Dobles) y sus charlas de freudomarxismo.

Claro académicamente (no políticamente), ya asomaban al menos en la vieja Escuela de Filosofía- UCR, el Ecologismo y el Feminismo (gracias Yolanda Ingianna).

El acrónimo LGTBIQ no estaba bien difundido, y aún dentro de la izquierda juvenil, salvo cierta tolerancia represiva (Marcuse), sus reivindicaciones eran mal vistas. Esa era nuestra moral pueblerina que privaba. Sin embargo, ya habían discretos Colectivos universitarios en lucha. Igualmente sobre el complejo y actual tema indígena.

Si estaba muy clara la necesidad de pensar a los nuevas subjetividades sociales, a los nuevos actores sociales, más allá de la clase trabajadora y el campesinado.

La teoría social contenida y su explosivo potencial en el Psicoanálisis de Freud (gracias Tatiana Facio). La crítica Neomarxista y gramsciana al Marxismo Soviético (gracias Giovanna Giglioli).

La vieja Escuela de Frankfurt y su Teoría Crítica (igual que en Europa occidental de los 60s y 70s), eso a pesar del publicitado (e insoportablemente denso) Jürgen Habermas, también nos movilizó.

Foucault y Deleuze y el posestructuralismo francés de izquierda (no posmodernismo), no se le puede explicar a los sectores populares. ¿Para qué además? Pero sí podemos trabajar con Privados de Libertad (1998) y repensar el encierro, el cuerpo y su vigilancia social.

Y claro, la Filosofía de la Liberación Latinoamericana (Dussel). Pensar desde América Latina, escribía Helio.

También y no menos, el espíritu ‘acrata’ de la Revista Kasandra Virtuala y de Jorge Jiménez ofrecía una salida estética contestaria y de ruptura, con el Progresismo soso heredado de los 70s.

Luego vino Hegel, primero con Don Arnoldo Mora Rodríguez y don Fernando Leal, luego Gerardo Mora Burgos  en la Sede Occidente, y luego con Roberto Fragomeno y nuestro Centro de Estudios Filosóficos «Lágrima Negra».

Soy injusto con una nunca olvidada generación de profesores de Economía Política de la UNA, quienes iban desde Neokeynesianos, Neoricardianos (por Piero Sraffa), hasta Neomarxistas críticos.

No podía faltar en la UNA, don Federico López y su luz. Faltarán muchas y muchos docentes de mencionar, claro.

  1. Pero sería todavía más injusto sino menciono al extraordinario, maravilloso, y aún más politizado movimiento estudiantil de la Universidad Nacional. Su líder indiscutible Danilo Solís (qepd.), nuestro hermano y compañero de generación.

Danilo, nuestro «Peluca», «Danny Boy», educó con su sencillo ejemplo, y con su honestidad y consecuencia política, a toda una generación de luchadores y luchadoras cívicos del posterior Combo del 2000 de la UNA (Johana Hernandez, Alvin Solano, Oscar Barboza Lizano, Esteban Campos Méndez, Andrés Gallardo, Dimitri Shiltagh Prada, Jorge Blanco Chan, etc.).

Nada como aguantar durante el Combo del 2000 o en 1991 bajo el Sol y la lluvia, con algunos/as pocos/as un Bloqueo en plena Avenida Central y Segunda de San José… En ese tiempo era legal. Sin embargo, la represión policial era la misma, sino pregúntele a la líder estudiantil de la Lucha contra Combo privatizador del ICE, Eva Carazo Vargas, o al veterano compañero César LD López, o incluso al entonces todavía más joven, Ariel Foster de la UNA.

No fueron las únicas luchas, entre 1991 y el 2007 hubo una serie de fantásticas luchas populares, acompañadas siempre por jóvenes y estudiantes, universitarios y hasta colegiales (Roberto Herrera).

  1. Un recuerdo emotivo:

Los Policías se preparan para la carga… Nuestra gente estaba muy cansada y la mayoría se había retirado a la UCR … La Policía incluso era más numerosa, sobraban oficiales… Y de repente como en una película con final feliz, vemos una maravillosa Legión de jóvenes universitarios y universitarias, ordenada, marchan casi, vienen caminando desde Heredia, era algo casi espartano, cobijados con una manta con estrella roja, subiendo contravía la Avenida Central. Marchan hacia nosotros… No habían celulares. Solo señales.

La policía vuelve a ver a su retaguardia y de inmediato se reubica pacífica en la Plaza de la Democracia. Ahí abracé a los y las compas de la UNA. No nos hemos separado hasta la fecha, y terminé sacando mi Posgrado en esa maravillosa Universidad Necesaria.

  1. Y del TEC sólo conocimos a sus líderes estudiantiles como «El Mechas», ahora un gran profesional e Ingeniero en el ICE.

Sabíamos del exilio del Arquitecto Roberto Villalobos Ardón del viejo TEC, por sus maravillosos cursos de Filosofía del Arte en la UCR. Y obviamente luego, cultivamos la amistad y admiración por el Rector don Eugenio Trejos BENAVIDES, pero luego, durante el Combo del 2000. Años después pude tener el honor de ser docente en su Campus de San Carlos. (TEC- SC).

  1. En la UNED obviamente hubo compañeros y compañeras docentes, que se lo jugaron el todo por el todo. Su protagonismo científico y político brilló con luz propia en la lucha del Combo, y no se apaga con nada.

Menciono en la UNED al extensionista Italo Fera Fallas con bajo perfil a veces y a quién conocía desde mi anterior trabajo campesino en Acosta, y obviamente, a mi amigo y compañero actual de trinchera Luis Paulino Vargas Solís.

Creo que Luis Paulino de la UNED y Henry Mora J de la UNA (éste último junto al maestro Franz Hinkelammert), ambos con universos discursivos diferenciados y con prácticas – políticas militantes, transformaron ese hiato entre práctica- teórica- académica y práctica- política popular. A las pruebas me remito, nadie los calla. Y siguen como un tábano antineoliberal jodiendo al Pensamiento Único, en pleno 2021.

Sin embargo, para 1991 debo señalar que hubo un divorcio práctico – político entre la chata realidad costarricense, y nuestra exquisita pero incompleta formación académica (eso solo fue un grato privilegio de la Educación Pública Superior).

  1. En fin, hicimos lo que pudimos. No teníamos la gravedad conspirativa, ni la tesitura de otras épocas de Insurgencia, ni la ligereza o la apertura o las redes sociales de los Millennials y Centennials posteriores. Fuimos y somos, con luces y sombras.

Y sólo yo estuve ahí. Y no quería dejar de testimoniarlo.

Nuestras mayores equivocación estratégicas, fueron simples pecados de juventud:

1) No forjar una identidad política y cultural propia. Nunca tuvimos sana autoestima política colectiva, sólo algunos egos.

2) No construir tampoco una expresión política-electoral propia (ni el PAC ni el FA ni antes el Naranjazo lo fueron).

3) No tener o desarrollar un medio de comunicación de masas independiente y propio. A lo sumo pedimos espacio en el Seminario Universidad y Radio Universidad y el Canal 15… Luego se creó Radio U. Los demás intentos de Prensa Independiente de la época fracasaron. Ergo «Esto Pasa».

4) Y peor aún, para algunos y algunas, fue el ser o Cooptados/as o Marginados/as, un binomio muy cruel en términos personales.

Aún así, nos reivindicamos luego contra el Combo privatizador del ICE y supimos sobrellevar la derrota táctica y estratégica del TLC (2006 y 2007).

No conozco, sin embargo, ninguna Plaza con el nombre de ‘Thelminator’…

Siempre ‘pedimos permiso’, exhibimos la herida interna, la carencia constituida, y necesitamos citar a una fuente de autoridad. ¿No nos la creemos todavía?

En verdad somos, la ‘Generación X’ Tica.

Salarios como excusa

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Luis Felipe Arauz

Antes que quien lea esto me descalifique porque soy profesor de la Universidad de Costa Rica, debo decir que no estoy defendiendo ningún privilegio. Ya en varias facultades hemos solicitado cambios en el sistema salarial de la UCR, dándole mucho más peso al régimen de méritos que a la antigüedad. Las autoridades han dado pasos concretos en esa línea, disminuyendo sustancialmente las anualidades y trabajando aceleradamente en el diseño de un nuevo sistema salarial.

La Ley de Empleo Público va mucho más allá del tema salarial, y toca temas como política de contratación, mecanismos de evaluación y políticas de sanciones dentro de las universidades públicas, las cuales afectan el quehacer universitario en el ámbito académico. Pero, malintencionadamente, se ha querido reducir la discusión del impacto de la Ley de Empleo Público en la educación superior pública al tema salarial. So pretexto del salario, tema que se ha manipulado con mentiras o verdades a medias para influir en la opinión pública y atizar el odio hacia las universidades estatales, lo que en realidad quieren algunos es limitar la libertad de cátedra garantizada en la Constitución, por la vía del debilitamiento de la autonomía universitaria tal como la define el Artículo 84 de la Constitución Política, la misma que quienes ejercen el Poder Ejecutivo y el Legislativo juraron defender.

¿Por qué la autonomía universitaria les estorba a ciertos representantes del poder económico, dentro y fuera del gobierno, y a sus voceros? El papel de la UCR está dado en el Artículo 5 de su Estatuto Orgánico: Estimular la formación de una conciencia creativa y crítica, en las personas que integran la comunidad costarricense; buscar, de manera permanente y libre, la verdad, la justicia, la belleza, el respeto a las diferencias, la solidaridad, la eficacia y la eficiencia;  formar profesionales en todos los campos del saber, que integren una cultura humanística con su formación especial o profesional; contribuir al progreso de las ciencias, las artes, las humanidades y las tecnologías; elevar el nivel cultural de la sociedad costarricense mediante la acción universitaria; estudiar los problemas de la comunidad y participar en proyectos tendientes al pleno desarrollo de los recursos humanos, en función de un plan integral, destinado a formar un régimen social justo, que elimine las causas que producen la ignorancia y la miseria, así como a evitar la indebida explotación de los recursos del país.

Todo lo anterior requiere que la acción universitaria esté libre de la influencia de las tendencias ideológicas predominantes y de los gobiernos de turno. Por ejemplo, algunos quisieran que la educación superior se circunscriba a materias tecnológicas o administrativas y minimice o elimine lo demás. Esa visión estrecha quedó plasmada en el informe sobre el Fondo Especial de la Educación Superior recientemente aprobado por la Asamblea Legislativa. Con la Ley de Empleo Público, el gobierno va a influir sobre los mecanismos de contratación y evaluación del personal universitario, lo cual claramente resta la necesaria libertad de la acción académica, garantizada por la autonomía universitaria. Podríamos llegar a una situación lamentable en que los rectores y otras autoridades universitarias se nombren por color político, o, como sucede en el gobierno, que a quienes ocupan jefaturas haya que indemnizarlos para que dejen el puesto.

Por otra parte, los mecanismos de evaluación profesional del Servicio Civil no promueven la excelencia (no hay evaluación por los usuarios) ni la productividad, como sí lo hace el régimen académico de las universidades públicas, en el cual la enseñanza es evaluada por los estudiantes y la productividad y calidad de la investigación por “pares académicos” anónimos, con frecuencia internacionales, que revisan y dictaminan sobre el mérito de los trabajos científicos. Cambiar este riguroso sistema de méritos de las universidades por la “amistosa” evaluación del Servicio Civil va en detrimento de la calidad universitaria.

La moción aprobada en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa, para que el sistema de empleo público de las universidades públicas esté compuesto de la normativa interna aprobada por sus propios órganos de autogobierno, es salomónica: reivindica la autonomía universitaria dada por la Constitución, pero no excluye el tema salarial universitario de la Ley de Empleo Público. La reacción visceral y mendaz de algunos sectores de la prensa y grupos de interés contra esta moción demuestra claramente que el interés de estos sectores y grupos no es el salario sino la autonomía, y reafirma que el salario es el pretexto. Lo que priva en esos sectores es la visión mercantilista del quehacer universitario, para la cual la autonomía es un estorbo.

Imagen ilustrativa.

Respuesta a Editorial de La Nación

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Yamileth González García, ex rectora UCR

El martes 2 de marzo, frente a un conocido diario, recordaba otros tiempos en que daba gusto leer a buenos periodistas en la prensa nacional, y cómo hoy es deplorable la calidad o falta de ella en que han caído algunos de estos medios. Leyendo el editorial del que, hasta hace unos pocos años, era un diario, y aunque no participáramos muchas veces de sus ideas, reconocíamos que se comportaba de manera bastante profesional en cuanto a la seriedad de las fuentes en que se apoyaba. Lamentablemente, de un tiempo para acá, no solo ha perdido en lo profesional sino, inclusive, en lo ético.

El editorial en mención (La Nación, 2 de marzo) se basa en la opinión sesgada y mal intencionada de un actor que, dicho sea de paso, formaba parte del gabinete de la administración que luego intentó criticar. Opinión, además, descontextualizada dado que él omitió tendenciosamente la información completa de los estudios actuariales y otros documentos y eso es lo que aprovecha el editorialista con igual actitud. Todo eso hace poco confiable la opinión que, además, proviene de quien es responsable de una desacreditada administración.

De todos es bien conocida la campaña que este periódico viene emprendiendo contra la institucionalidad pública, la cual le ha dado al país importantes condiciones que sobresalen en el contexto latinoamericano, y de esa campaña no han escapado las universidades públicas, cobijadas bajo el fuero constitucional de la autonomía, un logro esencial para su importante misión.

Se afirma, en ese editorial, que las medidas que se tomaron, en el año 2010, en la Universidad de Costa Rica (UCR) y que aumentaron la anualidad al 5,5% se hicieron sin estudios técnicos, y eso es absolutamente falso: el incremento de la anualidad no fue una ocurrencia peregrina, estuvo sustentada en sólidos estudios técnicos, jurídicos y financieros. Y ya sea que la memoria falla, o por mala intención, es bueno recordar que ese incremento se inicia por una resolución (2007-000760) de la Sala Segunda de la Corte de Justicia (10/10/2007) que obligó a la UCR a subir la anualidad al 5,5% al personal de la Facultad de Odontología que había interpuesto el recurso para exigir el cumplimiento de la Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas y que tuvieron que ser reconocidos de manera retroactiva al 7 de junio de 1982. Tratar de detener esa aprobación en los tribunales fue una lucha de casi 25 años, de quienes estuvimos al frente de la institución. La resolución sentó un precedente que obligó a su implementación, ya que cualquier funcionario del área de salud podía presentar el mismo recurso con la seguridad de reclamar pago retroactivo y de costas a la UCR.

La disposición de la Sala, además, provocaba una injustificada desigualdad en las remuneraciones salariales. El análisis jurídico hacía ver que la Constitución Política, en su artículo 57, establece que “… el salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia”. Así el fallo de la Sala generaba injusticia y, paradójicamente, de alguna manera, también inconstitucionalidad, al darse un trato salarial desigual para el resto de los funcionarios de la institución y abría la posibilidad de que cualquier persona que trabajara en la UCR y que no recibiera ese incentivo podía interponer un recurso alegando la violación de sus principios y derechos constitucionales y laborales. Como se desprende, el análisis legal estuvo en la base del proceso de toma de decisiones que llevó a la aprobación del aumento de la anualidad.

La decisión estuvo acompañada por otros estudios, entre ellos, uno de la Oficina de Planificación Universitaria (Oplau) sobre el impacto y la sostenibilidad financiera que tendría ese aumento (“Costos proyectados de la relación de puestos 2010-2049, con la aplicación del incremento de la anualidad de un 3% a un 5,5%”). Sobre la base de este estudio, Oplau concluía que la aprobación de ese cambio de anualidad era sostenible financieramente. Al mismo tiempo se hicieron dos estudios actuariales: el primero lo realizó el reconocido actuario Rodrigo Arias, profesor de la Escuela de Matemáticas, “Modelo de proyección de ingresos y gastos para determinar la sostenibilidad del gasto salarial de la Universidad de Costa Rica” (2010), y el segundo estudio, basado en el mismo modelo pero ampliando el número de escenarios, lo realizó Arias en conjunto con los economistas Max Soto Jiménez y Pablo Sauma Fiatt del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas.

Es claro que la medida no fue ilegítima, como lo pretende el editorialista: fue aprobada por el Consejo Universitario, sin objeciones de la Oficina Jurídica, Contraloría Universitaria, ni de la Contraloría General de la República cuando aprobó el presupuesto. En ese tiempo, la UCR seguía teniendo un rezago salarial en relación con las demás instituciones autónomas, como lo demostró un estudio de aquella época de la Contraloría General de la República, que indicaba que el salario promedio de la UCR era el más bajo de las entidades públicas que había analizado.

Una vez más puedo afirmar con toda certeza que las medidas implementadas durante mi administración estuvieron sustentadas en los criterios técnicos de los estudios actuariales, financieros y jurídicos para respetar el bloque de legalidad que nos regula y el precepto estructurador del equilibrio financiero institucional.

Si bien es cierto los datos muestran un peso creciente de la anualidad sobre el salario base, se logra una estructura salarial que mantiene en proporción creciente el reajuste por régimen de mérito frente al salario base y también, que se sigue estando muy por debajo de la relación 80/20, un porcentaje que es considerado como el garante de un sano equilibrio financiero para las instituciones de educación superior. Ahora, si recordamos un poco de historia, el régimen de mérito o reajuste por carrera académica viene creciendo desde el 2008, cuando los salarios estaban estancados y eran los más bajos de los profesionales del sector público costarricense. Recordemos que, como su designación lo dice, los pasos para recibir estos reajustes están basados en el mérito y son acordes a criterios de excelencia académica, reconocidos por las universidades en el mundo.

No puedo dejar de resaltar que, en ese incremento de la anualidad, suman muchos otros factores externos a las decisiones universitarias, como son el Voto Constitucional No. 15460-08, que eliminó el tope de anualidad en el Sector Público y la Ley No. 8096, art. 85 que establece un reconocimiento del riesgo policial con un 18% adicional, entre otras.

Es bueno recordar, también, que la toma de decisiones con respecto al equilibrio financiero de una universidad requiere de análisis rigurosos y periódicos sobre los diferentes componentes del gasto institucional, lo que además de salarios comprende inversiones, becas y deuda, entre otros, junto con las expectativas de ingreso relacionadas con el financiamiento del FEES, y un principio estructurador del equilibrio financiero institucional que es la llamada relación 80/20; es decir, el parámetro fundamental que impone una contención del crecimiento en salarios y la operación de la institución.

Por otra parte, una obligación de las instituciones de educación superior en el mundo es mantener un talento humano de primera calidad, altamente formado e internacionalmente vinculado a redes de colaboración de primer orden y vigilar constantemente que esta comunidad de académicos tenga las condiciones de equipo y materiales para realizar sus labores de docencia, investigación y acción social. En la historia de nuestra universidad este principio ha guiado las decisiones de la política salarial universitaria.

En conclusión, después de estudiar los informes financieros, se demuestra que no está la Universidad en una situación deficitaria, contrario a lo que se ha señalado en múltiples ocasiones, desde diversos frentes y que la relación 80/20 no se ha visto afectada: los datos actualizados muestran decrecimiento del peso salarial en relación con los otros gastos institucionales (inversión, endeudamiento, becas y los gastos de operación) para el 2017 y el 2018 y un crecimiento moderado en el 2019 y 2020 pero inferior al 80%; un porcentaje, repito, garante de un sano equilibrio financiero para las instituciones de educación superior. Estos datos nos permiten destacar que el principio estructurador de la relación 80/20, que se mide regularmente en forma semestral por política de equilibrio financiero institucional, alerta una serie de mecanismos y controles actuariales, técnicos, financieros y jurídicos que sustentan las evaluaciones periódicas de la política salarial institucional, tal y como se refleja en los informes semestrales y en las diversas instancias universitarias y, esto, en la UCR, desde hace al menos tres décadas.

Al observar estos datos y el comportamiento de la masa salarial se evidencia que el equilibrio financiero institucional debe ser abordado considerando otros dos componentes fundamentales de la ecuación: por un lado la meta de que el FEES llegara, en 2015, al 1,5% del PIB y el mandato constitucional de ser quinquenal (pero ninguno de los dos elementos lo ha cumplido el Gobierno: el FEES no ha llegado, aún al 1,5% del PIB y no se han vuelto a firmar de manera quinquenal, desde 2010) única forma de garantizar un proceso de planificación racional de la inversión en educación superior pública y, por otro lado, los compromisos de inversión y de endeudamiento que afectan en el largo plazo ese equilibrio financiero.

Las universidades públicas están conscientes, como lo han asegurado sus autoridades actuales, de la conveniencia de analizar, corregir, mejorar cualquier situación que lo amerite, incluida, desde luego, una propuesta de empleo universitario, eso sí, dentro de las mismas condiciones que el mandato constitucional les otorga y les exige sin peligrosas injerencias ajenas, a veces desconocedoras de su imporatnte Misión.

Si de veras los que se han empeñado en esta campaña, como el susodicho periódico, entendieran y quisieran favorecer a las universidades públicas y su indiscutible servicio al país, no deberían proponer que estén “a expensas de decisiones políticas, sin sustento técnico” como dice el editorialista, permitiendo que intereses políticos, económicos y empresariales ajenos al verdadero espíritu de ellas las pongan “en la ruta al despeñadero”, como han dado al traste con el desempeño de algunas universidades, principalmente en el contexto latinoamericano.

 

Imagen ilustrativa, UCR.

 

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La UCR rechaza acciones que lesionan autonomía universitaria

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

En sus 80 años de existencia, la UCR ha contribuido en las transformaciones que la sociedad necesita, formando profesionales de excelencia, con perspectivas humanistas, quienes aportan conocimiento para el desarrollo del país. Foto: Karla Richmond, UCR.

La Universidad de Costa Rica (UCR) rechazó, categóricamente, cualquier intento de menoscabar la autonomía universitaria consagrada en los artículos 84 y 85 de la Constitución Política, ya que atenta contra la independencia de organización y gobierno que poseen las universidades públicas.

Así lo hizo saber, el Consejo Universitario mediante un Pronunciamiento aprobado este jueves 28 de enero, en el cual también instó al Gobierno de la República de Costa Rica a ser respetuoso de este principio constitucional.

La preocupación de la Universidad surge debido a que, a partir de la segunda quincena de diciembre de 2020, el Gobierno tomó la decisión, de manera unilateral, de depositar los recursos destinados a financiar a las universidades públicas en la Caja Única del Estado, la cual es administrada por la Tesorería Nacional.

Dicha situación se dio pese a que el artículo 85 de la Constitución Política determina que el Banco Central de Costa Rica será el encargado de administrar ese fondo, para ponerlo a la orden de las universidades cada mes, según la distribución que determine el cuerpo encargado de la coordinación de la educación superior estatal.

En este sentido, la Universidad reconoce que el mecanismo de transferencia del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), a través del Banco Central ha funcionado de manera idónea y ha permitido que las instituciones hagan uso de esos fondos en concordancia con lo que determina la Carta Magna.

Ante esta situación, la UCR reiteró su compromiso con la transparencia, rendición de cuentas y el uso óptimo de los recursos, en atención a la Ley de la administración financiera de la República y presupuestos públicos, y en aras de seguir retribuyendo a la sociedad costarricense la inversión y los esfuerzos dedicados a la educación universitaria.

Los recursos percibidos por medio del FEES permiten democratizar el acceso a la educación superior estatal al convertirse en un medio de movilidad social para los estratos bajos y medios de la población costarricense; así como fortalecer la justicia social y distributiva, y promover una Costa Rica más equitativa.

 

Alejandra Amador Salazar
Periodista, Consejo Universitario