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Sobre el FEES 2024-2025 en Costa Rica

Escrito en 17/09/2024. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

MBA Lic. Luis Gilberto Martínez Sandoval, UTN.

Luis Gilberto Martínez Sandoval MBA Lic. Bach.
Académico Universitario Titular
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Sede Central UTN www.utn.ac.cr
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales,
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y
Negocios Internacionales.
Exfuncionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina,
Escritor, Directivo JD SSN ANEP UTN, Científico Social
Contácteme: luis.martinez.sandoval@gmail.com
Cel. 506 62 76 41 33

Recursos para aumentar el FEES, si existen. A pesar de la férrea oposición del gobierno de turno del Dr. Rodrigo Chaves Robles-. Los instrumentos económicos para aumentar el FEES siguen siendo: mejorar la recaudación, mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público – por ejemplo hoy no se requieren tantas embajadas ni embajadores-mejorar la función redistributiva de la política fiscal y eliminar exoneraciones y subsidios.

Es un hecho que el presupuesto del FEES a disminuido en terminos reales. No se ha reconocido el aumento de costo de vida que estipula el articulo 85 de la Constitucion Politica ni las deudas pendientes. ¡En los últimos años el crecimiento real del FEES recibido por las Universidades Estatales a disminuido! Y, tendrá graves consecuencias para las actividades sustantivas de las cinco universidades públicas, incluso se podría llegar al cierre técnico de algunas de ellas o cierre de carreras o reorganización administrativa o eliminación de dedicaciones exclusivas, anualidades, carrera profesional, becas de estudio para estudiantes y docentes por citar solo algunas.

Los datos históricos muestran que en el 2018 el FEES recibido deflactado fue de ₡ 508.318,38 millones de colones lo que significó un crecimiento real del mismo de 1,59 % en relación con el año anterior (2017). Para el año 2019, el porcentaje de crecimiento quedó en -0,53 %. Durante ese período las universidades recibieron un total de ₡ 505.626,54 millones, aunque en la Comisión de Enlace se negoció un monto de ₡ 515.715,79 millones que se recortó en ₡10.000 millones en la Asamblea Legislativa, acción que se declaró inconstitucional. Los dos últimos años la situación no ha sido diferente. En el 2020 el decrecimiento real fue de un 6,14 % y para el 2021 de 0,03 %. Esta situación también se debió a que las universidades estatales se les postergó el pago de ₡ 35.000 millones destinados a gasto de capital y además se dio un aporte adicional de ₡ 13.000 millones para contribuir a la emergencia por la pandemia del Covid-19. Datos que no toma en cuenta el Poder Ejecutivo y su ministro de Hacienda. En el 2022, la suma del FEES que se acordó fue de ₡ 522.822,67 millones, cifra que disminuye a ₡ 479 842,85 millones con el monto deflactado, lo que implica un crecimiento real del -2,94%.

Durante los ultimos años las Universidad Estatales debieron negociar un mayor reconocimiento por inflación. Pero, no debemos dejar de exponer que los equipos de negociadores de CONARE liderados por los Rectores de turno no hicieron bien las negociaciones. En el presupuesto del 2022, que integra por primera vez a la UTN, se fijó un monto de ₡ 558.756 millones. O sea ₡ 35.933.33 que incluye la UTN. La solicitud del reconocimiento de un 8,71% a raíz del Índice de Precios al Consumidor (IPC), la cual fue encabezada por la UCR, se fundamentó en el rezago educativo de ₡26 mil millones, producto del aporte que dieron las universidades estatales en 2020 como contribución por el impacto económico generado por la pandemia del COVID-19. No debemos olvidar que en 2022 el gobierno actual venia por un recorte de ₡129 mil millones del FEES…

Aunado a ello el Banco Central de Costa Rica explica que: “(…) las proyecciones de crecimiento para la economía costarricense exponen que las presiones inflacionarias se redujeron en el primer semestre de 2023. En medio de la incertidumbre mundial y una desaceleración de los principales socios comerciales, se proyecta que el crecimiento será del 3,9 % en 2024, y luego se moderará hasta llegar al 3,7 % en 2025 y 2026. Y al cierre del año 2024 apunta a un mayor deficit fiscal”.

Pero hay algo más con el FEES. Veamos algunos datos historicos. La parte de servicio de la deuda (pago de vencimientos de la deuda + pago de intereses), absorbe un 46,70% del total del presupuesto general de la República. Si a ese servicio de la deuda, le sumamos la parte del pago de pensiones, resulta que esos dos rubros representan un 55,89% del total del presupuesto. Queda entonces disponible tan solo un 44,11% del presupuesto total. Leáse: Disponible 44.11%. Esto último debe financiar todos los ministerios, así como el Poder Judicial, el Tribunal de Elecciones, la Asamblea Legislativa, la Contraloría, la Defensoría y; diversas instituciones que se financian con base en transferencias del Gobierno Central (por ejemplo: el INAMU y las universidades estatales – (UCR, UNA, ITECR, UNED, UTN). Los ingresos proyectados cubren un 59,1% del total presupuestado. El resto, o sea, un 40,9%, debe financiarse mediante la emisión de más deuda.

Entonces, dado ese escenario: Las diversas instituciones públicas quedan sometidas a una restricción brutal, que equivale a su desmantelamiento e inutilización de hecho. Ello implicará, de forma inevitable, la desatención o la atención insuficiente de muchas necesidades de la población, lo cual profundizará el desprestigio de esas mismas instituciones, y dará nuevos pretextos para aquellos sectores que empujan por la privatización y la reducción del Estado a su mínima expresión. ¡Si los recursos no existen, no existen! y los discursos y las marchas de presión, por muy exaltados que sean no podrán proveerlos de la nada – nos dice en la cara el Ministro de Hacienda-.

Esa ruta fiscal, que viene trazada desde el gobierno de Carlos Alvarado Quesada y el Gobierno PAC, es insostenible: lo mismo en la económico, que en lo social y político. ¡Estamos frente a una bomba de tiempo bajo nuestros pies! Que va a explotar entre setiembre 2024 a setiembre 2025. ¡Esto está que arde! Y eso lo sabe el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, las Universidades Estatales y otras instituciones gubernamentales.

Balance

Primero. El FEES ha disminuido desde 2018. Se ha negociado muy mal por Rectores del pasado. Y esta mal distribuido. Hay que aumentar el FEES a la UTN – esta debe pasar de un 6.75% a un 10% con un aumento anual del 1% – e igual con ITECR. Es urgente redistribuir lo asignado aumentando mayor porcentaje para dichas universidades estatales citadas. El pastel ahora hay que dividirlo entre 5 ya no entre 4.

Segundo. La regla fiscal esta aún vigente para las Universidad Estatales y la Ley de Empleo Público. Las Universidades Estatales deben estar afuera de ambas. La Asamblea Legislativa puede realizar dicha reforma. En un año según expertos TODO será INSOSTENIBLE en el país y en las Universidades Estatales. Con el cierre de negociaciones por parte del Poder Ejecutivo ningún Rector a ganado. ¡Ni tampoco ganó CONARE! Todo ahora esta en manos de la ASAMBLEA LEGISLATIVA. ¡La guerra apenas esta empezando! Preparémonos para evitar la privatización de la educación pública superior universitaria en el 2024. Y, no olvidemos las condiciones impuestas a revisar por los diputados y diputadas de la ASAMBLEA LEGISLATIVA que citamos:

Aumento en las becas por regiones con mayores desigualdades.

Aumento en cupos de carreras de Ciencias, Tecnologías, Ingeniería y Matemáticas. O sea, para Carreras STEM.

Que pongan control y equidad a los salarios abusivos y se sujeten a la Ley Marco de Empleo Público; entendamos que es pretensión del Gobierno eliminar anualidades, dedicaciones exclusivas, prohibiciones, carrera profesional etc.

Un aumento en las carreras virtuales que han demostrado que les genera ahorros. O sea, la virtualidad y el teletrabajo es la hoja de ruta para las Universidad Estatales.

Aumentar la colocación laboral de sus estudiantes, especialmente en regiones con mayor rezago.

Acreditación en bilingüismo en nivel B2 para mejorar la empleabilidad.

Que sus programas de investigación estén ligados a las metas del Plan Nacional de Desarrollo, y que los resultados de esta investigación impacten en el desarrollo nacional y tengan utilidad práctica en los sectores productivos.

Que sean transparentes, no engañen a la opinión ni a la comunidad estudiantil, que muestren datos incluyendo el costo por estudiante y la asignación real en becas.

Admitir un mayor porcentaje de estudiantes por medio de la virtualidad para todos los estudiantes que laboran de día y estudian en la noche a partir de las 6 p.m. Y, presencialidad para los estudiantes que estudian en horarios diurnos mañana y tarde. Para retener y frenar la deserción.

Rendición de cuentas sobre el uso real de los recursos acorde a las necesidades estratégicas.

A modo de conclusión

La Asamblea Legislativa deberá resolver el FEES. Se abre un espacio de maniobra estratégico para los Rectores de las distintas Universidades Estatales. La Asamblea Legislativa bien puede crear un Fondo de Becas Especiales UNICAMENTE para uso de becas para estudiantes de regiones con mayores desigualdades socioeconómicas y exigir transparencia en la asignación de dichas becas. Es decir, condicionar el aumento, PERO para uso de becas estudiantiles. El FEES tiene sus implicaciones sociales en la formación educativa como instrumento para coadyuvar a salir de la pobreza – movilidad social por educación- y así lograr un avance social y económico en las clases más deprimidas.

El FEES, otro tema, debe ser negociado cada cuatro años” y que se establezca acuerdo marco legal aprobado por la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo para regular las negociaciones FEES. Adicional a lo anterior usar como referente el dato de la inflación, las tasas de interés, el tipo de cambio, coeficiente de Gini, porcentaje de pobreza según regiones y el crecimiento o no del PIB. Y definir una metodología o fórmula matemática para su cálculo de asignación del FEES según cada una de las Universidades Estatales y sus respectivas Regiones.

Las negociaciones han sido por completo mal realizadas por parte de los Rectores permitiendo una rebaja del FEES a contrapelo de lo que la Constitución Política establece. Ello obliga a construir Equipos de Negociación de Alto Desempeño y asignarles esa responsabilidad por parte de las Universidades Estatales.

El año 2024 cierra con el déficit fiscal (diferencia entre ingresos y gastos) mayor que el del año anterior, lo que estruja más las posibilidades de que a mediano plazo el país cuente con más recursos para inversión social o para obras de infraestructura como bien lo explica el Análisis de Coyuntura Fiscal del primer trimestre de 2024, a cargo del Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA). Hay una baja a la generación de ingresos principalmente la recaudación de impuestos. “El Observatorio Económico y Social llama la atención de que esta situación podría hacer más difícil la reducción del nivel de deuda por debajo del 60% del PIB, lo cual implicaría que las medidas más restrictivas de la regla fiscal van a seguir vigentes durante un año más y con esto seguirán restringidos los gastos de capital y los ajustes salariales en el sector público”.

Por último, el Banco Mundial afirma que en nuestro país las tasas de pobreza son particularmente altas entre los grupos vulnerables, como los afrodescendientes, las poblaciones indígenas y los migrantes.

Es allí donde se debe canalizar los recursos del FEES dado que es fundamental abordar los dos desafíos relacionados con la inclusión y la gestión fiscal. El crecimiento debería beneficiar a toda la fuerza laboral costarricense y a todo el territorio de Costa Rica, y las políticas fiscales deberían seguir respaldando la solvencia del país. Mejorar la movilización de los ingresos y la eficiencia del gasto, especialmente en los sectores social y de infraestructura, es esencial para reducir la pobreza y la desigualdad.

U Públicas: Pilar de desarrollo social y económico ante la incertidumbre que amenaza su tesoro más valioso, “La educación”

Escrito en 17/09/2024. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por: Renzo Kcuno Aimituma

A lo largo de muchas décadas, Costa Rica ha sido reconocida como un país que prioriza la educación, con una de las tasas de alfabetización más altas de América Latina (98.04%), así lo respaldan organismos internacionales como las Naciones Unidas (ONU) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), entre otros, que señalan a Costa Rica como un ejemplo a seguir; sin embargo, en los últimos años ha surgido una preocupación no menor, y es que, cada vez hay una mayor incertidumbre que amenaza la educación.

En la actualidad, las Universidades Públicas están a la espera de una decisión que se está definiendo en la Asamblea Legislativa, debido a que el Poder Ejecutivo no logró llegar a un acuerdo viable con las U Públicas, a fin de fortalecer la educación. Este es un hecho histórico nunca antes vivido en el país, desde que se creó el Artículo 85 en la Constitución Política de la República, el cual brinda patrimonio propio a las instituciones de educación superior estatales del país, pues es la primera vez que las negociaciones acerca del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) pasa a resolverse a la Asamblea Legislativa.

Históricamente, las Universidades Públicas de Costa Rica han sido y son vehículos de transformación y movilidad social, a lo largo de las décadas han brindado oportunidades reales a poblaciones de diversos estratos socioeconómicos, permitiendo que muchas personas puedan tener acceso a una educación de calidad. Esto, ha ayudado a reducir las brechas de desigualdad social, más sin embrago, hoy la educación se ve envuelta en una encrucijada ante la poca voluntad de los tomadores de decisiones.

Ante este escenario, surgen varias interrogantes: ¿Cuál es el futuro que le espera a Costa Rica ante los hechos más recientes?, ¿La posición del Gobierno fue la correcta?, Ante la falta de presupuesto ¿Cuál es el destino de las U Públicas?, ¿Costa Rica seguirá siendo un referente mundial de la educación? Y finalmente, respecto a la alta tasa de alfabetización que nos destaca en el ámbito mundial, ¿Podrá Costa Rica seguir acortando más esa brecha o tendrá un retroceso debido a la falta de voluntades políticas que afectan el presupuesto de la educación?, esta última pregunta es importante plantearla porque muchas de las personas profesionales que educan a nuestros hijos e hijas se han graduado en Universidades Públicas y han hecho grandes aportes en la educación del país.

Si el Fondo Especial para la Educación Superior se ve afectado, esto tendrá repercusiones importantes en temas de educación de calidad, en procesos de investigación, desarrollo e infraestructura e incluso, en becas para estudiantes, quienes dependen de ellas para continuar con su formación profesional. Sin recursos suficientes, las Universidades Públicas ven comprometida su capacidad de responder a las necesidades del país.

Es por ello que, la educación superior pública debe ser vista como una inversión a largo plazo y no como un gasto, ya que cada colón invertido genera réditos para Costa Rica, con profesionales altamente capacitados, con instalaciones educativas óptimas para desarrollar investigación y generar innovación, con espacios para promover el arte, el deporte, la recreación y la cultura, así como la movilidad educativa de la población estudiantil, sin olvidar las acciones de extensión universitaria que buscan promover el desarrollo del país, acompañándoles en cada propuesta, proyectos locales, emprendimientos y muchas otras alternativas educativas, a fin de seguir protegiendo el tesoro más valioso de Costa Rica, “La educación”.

Asamblea de CONADECO declara apoyo a la educación pública como pilar fundamental del desarrollo nacional

Escrito en 11/09/2024. Publicado en Derechos, Educación.

El pasado sábado 7 de septiembre se aprobó en todos sus extremos la moción por parte de la Asamblea de la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal, y se llegó a la siguiente resolución:

Moción para la Asamblea General de CONADECO

Declaración de Apoyo a la Educación Pública como Pilar Fundamental del Desarrollo Nacional

Estimados compañeras y compañeros miembros de la Asamblea General de la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo Comunal (CONADECO), distinguidos líderes comunitarios, guardianes del progreso y bienestar de nuestras comunidades:

CONSIDERANDO:

Que la educación pública, desde sus cimientos en la enseñanza primaria hasta las cúspides del saber en nuestras universidades estatales, ha sido históricamente el faro que ha guiado a Costa Rica hacia horizontes de prosperidad, equidad y desarrollo humano.
Que la Universidad Estatal a Distancia (UNED), junto con las demás instituciones de educación superior pública, han sido artífices incansables en la formación de generaciones de costarricenses, llevando el conocimiento hasta los rincones más apartados de nuestra geografía, democratizando así el acceso al saber y a las oportunidades.
Que la triada sagrada de la misión universitaria —docencia, investigación y extensión— ha sido el crisol donde se han forjado las soluciones a los desafíos más apremiantes de nuestra nación, nutriendo el espíritu innovador y el compromiso social que nos distingue como costarricenses.
Que en el seno de nuestras comunidades, hemos sido testigos directos de cómo la educación pública transforma vidas, eleva aspiraciones y construye puentes hacia un futuro más promisorio para todos.
Que el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y el presupuesto destinado a la educación pública no representan un gasto, sino la más noble y fructífera inversión que puede hacer un país en su capital humano y en su desarrollo integral.

POR TANTO:

La Asamblea General de CONADECO, en ejercicio de su responsabilidad histórica y su compromiso inquebrantable con el bienestar de las comunidades y el progreso de la nación, acuerda:

Declarar nuestro apoyo incondicional y vehemente a la Universidad Estatal a Distancia (UNED), a todas las universidades públicas y al sistema de educación pública costarricense en su conjunto.
Reconocer y exaltar la labor trascendental de estas instituciones como motores de transformación social, pilares de la identidad nacional y garantes de la movilidad social que ha caracterizado a Costa Rica.
Instar a las autoridades gubernamentales y legislativas a considerar el financiamiento de la educación pública, incluyendo el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), no como un gasto corriente, sino como la inversión más estratégica y vital para el futuro de nuestra nación.
Hacer un llamado a todos los sectores de la sociedad costarricense a unirse en la defensa y fortalecimiento de nuestro sistema educativo público, reconociendo en él la clave para construir una Costa Rica más próspera, justa y solidaria.
Emitir una declaración pública que reafirme el compromiso del movimiento comunal costarricense con la educación pública de calidad, como derecho fundamental de las nuevas generaciones y como patrimonio invaluable de todos los costarricenses.

Que esta moción sea un testimonio del espíritu visionario que siempre ha caracterizado a los líderes comunales, quienes, con la sabiduría que da el trabajo cercano a las necesidades del pueblo, reconocen en la educación la semilla de un mejor mañana.

Que nuestras voces se alcen unidas, firmes y claras, en defensa de ese bastión de progreso y equidad que es nuestra educación pública.

¡Por una Costa Rica educada, próspera y solidaria!

De patentes y universidades públicas

Escrito en 03/09/2024. Publicado en Educación.

José María Gutiérrez
Profesor emérito, Universidad de Costa Rica
jose.gutierrez@ucr.ac.cr

El día de la multitudinaria marcha en apoyo de la educación pública circularon en redes sociales videos en los que se planteaba, entre otras cosas, que las universidades públicas costarricenses generaban muy pocas patentes y que esto era una señal de debilidad y de escaso aporte al desarrollo del país. Estos comentarios invitan a la reflexión.

¿Qué son las patentes?

Las patentes son un instrumento mediante el cual los estados confieren derechos exclusivos a las personas, instituciones o empresas que han desarrollado una invención, de manera que se impida a otros, dentro del territorio en cuestión, su utilización durante el período de tiempo en que rige la patente, si no se hace mediante autorización del titular de la misma. Para calificar como patente, estos desarrollos deben ser novedosos, tener carácter inventivo y potencial de aplicación industrial, diferenciándose de productos o procesos existentes. Los titulares de las patentes pueden licenciarlas a terceros para que estos las utilicen en la fabricación de bienes o la provisión de servicios.

¿Son las patentes un indicador de desarrollo científico y tecnológico?

El número de patentes que genera una institución o un país se ha considerado un parámetro que evalúa el grado de desarrollo científico-tecnológico y de innovación. En general, los países del norte global generan una mayor cantidad de patentes que los del sur global y Costa Rica no es la excepción. En nuestro país se concede un número escaso de patentes a personas costarricenses, lo cual es un indicador de un limitado nivel científico-tecnológico, como lo ha señalado el Informe del Estado de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Pero se corre el riesgo de hipertrofiar el valor de las patentes como criterio valorativo de desarrollo científico-tecnológico al no verlas como un elemento más de un universo de parámetros mucho más amplio.

¿Es el escaso número de patentes otorgadas un signo de debilidad de las universidades públicas de Costa Rica?

No necesariamente. El crecimiento de la investigación científico-tecnológica y de innovación en un determinado país se acompaña, en términos generales, de un creciente número de patentes. Y el número de patentes concedidas a universidades públicas de Costa Rica es limitado; eso es verdad. Sin embargo, este tema debe analizarse con cuidado y a la luz del contexto nacional y de la misma filosofía que guía a las universidades públicas del país.

Patentar por patentar, como un fin en sí mismo, no tiene sentido, por al menos tres razones: (1) el proceso de patentamiento y el seguimiento a la protección de las patentes es caro y representa una erogación importante para las instituciones si se hace de una manera indiscriminada; por ello, se debe tener claro qué se requiere patentar y por qué. (2) Muchas patentes nunca se trasladan al plano real de la producción de bienes y la provisión de servicios. O sea, existen patentes que no son utilizadas y no redundan en beneficios para la colectividad. (3) La protección de los hallazgos científico-tecnológicos se puede hacer mediante otros mecanismos distintos de las patentes, los cuales también son reflejo de dicho desarrollo. La pregunta no sería entonces cuántas patentes tiene un país o una institución, sino más bien cómo la investigación impacta en la calidad de vida de la población, en el bien común, independientemente de si los descubrimientos se patenten o no.

Las universidades públicas costarricenses constantemente proyectan los resultados de sus investigaciones a amplios sectores de la sociedad mediante procesos que no involucran patentes. Estas universidades son el principal reservorio científico-tecnológico del país y generan un gran volumen de conocimiento, mucho del cual se vierte a la sociedad de diversas maneras.

Estos conocimientos se canalizan a través de la extensión o acción social, y tienen un impacto enorme en el desarrollo económico, social y cultural del país. Por lo tanto, el hecho de que las universidades públicas no generen muchas patentes no significa que las mismas no estén produciendo continuamente investigación científico-tecnológica de alto nivel y pertinencia, ni que esta no se proyecte a la sociedad de múltiples formas. La obsesión por las patentes no debe hacernos dejar de ver que la acción de las universidades públicas impacta de manera decisiva en el desarrollo, la prosperidad y la equidad del país.

A manera de ejemplo: lo que ha hecho el Instituto Clodomiro Picado

Estos conceptos se ilustran claramente con la evolución científico-tecnológica del Instituto Clodomiro Picado (ICP), una unidad de investigación de la Universidad de Costa Rica cuya misión es aportar soluciones al problema de los envenenamientos por animales ponzoñosos y contribuir con la biotecnología del país. Uno de los ejes principales de acción del ICP es el desarrollo tecnológico y la producción de sueros antiofídicos o antivenenos, no solo para Costa Rica sino también para el resto de Centroamérica, varios países de Sudamérica y también países del África sub-Sahariana.

En esta evolución, el ICP ha desarrollado importantes innovaciones en la tecnología para la producción de antivenenos. Algunos aspectos de esta tecnología eran susceptibles de protección y hubieran permitido efectuar una solicitud de patente. Pero el ICP decidió más bien que estos valiosos conocimientos sean de dominio público, de manera que los mismos puedan ser aprovechados por laboratorios productores de antivenenos de otras latitudes.

¿Por qué esa decisión? Porque la gran mayoría de laboratorios productores de antivenenos están ubicados en instituciones públicas de países del sur global, donde ocurren la mayoría de los envenenamientos por serpientes y escorpiones. Si se hubiera protegido estas tecnologías, este conocimiento no se habría utilizado por muchos de estos laboratorios, por motivos obvios. Por el contrario, el haber hecho público estos saberes ha permitido que países de América Latina y Asia hayan incorporado esta tecnología en sus procesos productivos.

Como consecuencia, se ha mejorado la producción y el abastecimiento de antivenenos en estas regiones y ello ha permitido salvar miles de vidas. La filosofía de la universidad pública, centrada en la procura de la excelencia y del bien común, sirvió de guía para esta decisión. No hubo patentes en este aspecto del trabajo del ICP. ¿Significa esto una debilidad? Todo lo contrario; se trata de una fortaleza que ha tenido gran impacto en la salud pública.

Por otra parte, el ICP desarrolló una tecnología novedosa para la producción de medicamentos derivados de sangre humana, tales como inmunoglobulina y albúmina. Aquí el análisis fue diferente. La producción de derivados de sangre humana está en manos de grandes empresas farmacéuticas privadas. Haber divulgado libremente dicha tecnología, como se hizo con los sueros antiofídicos, habría significado ‘regalar’ este conocimiento a dichas empresas.

En este caso se procedió de manera distinta: la Universidad de Costa Rica patentó esta tecnología en un gran número de países donde se ubican esas empresas, y la patente ha sido licenciada a una empresa colombiana, mediante un contrato que garantiza regalías a nuestra universidad cuando la empresa entre en la etapa de comercialización. Esto, además, fortalecerá la capacidad regional y la autosuficiencia en la producción de hemoderivados en América Latina. También se dejó planteada la posibilidad de producir estos medicamentos en Costa Rica para el sistema de salud pública nacional.

Conclusión

Estos ejemplos ilustran que el tema de las patentes en las universidades demanda un análisis crítico y no se puede tomar a la ligera. Lo esencial debe ser fortalecer el desarrollo científico-tecnológico endógeno, mediante una política decidida en la cual las universidades públicas tienen un papel central. Pero, además, se requiere garantizar que la ciencia y la tecnología beneficien a amplios sectores de las poblaciones y tengan como norte la procura del bien común.

El aporte científico-tecnológico de las universidades públicas permite conocer y brindar soluciones a muy diversos problemas del país y más allá. Y ese conocimiento lo vierten estas instituciones a la sociedad mediante variados mecanismos. El patentamiento y el licenciamiento de las patentes para su explotación son una forma, pero no la única ni la más importante, como el conocimiento fluye de los centros de investigación a la sociedad. Por lo tanto, juzgar el aporte científico-tecnológico de las universidades en términos de cuántas patentes tienen es una visión limitada y simplista que deja de ver un enorme abanico de contribuciones.

Las universidades públicas deben depurar continuamente su capacidad para generar nuevo conocimiento a través de la investigación y proyectar ese conocimiento mediante la docencia y la acción social o extensión. Pero deben hacerlo teniendo siempre como mira la procura del bien común, el bienestar de las mayorías y el desarrollo con dignidad y equidad. Para ello, entre otros requisitos, estos centros de educación superior necesitan recibir del estado el financiamiento que requieren, acorde con las necesidades del país y con el mandato constitucional. Por ello es fundamental asegurar un presupuesto justo para la educación pública en general y para la educación superior pública en particular.

*El autor agradece las valiosas discusiones que sobre este tema ha tenido con Mariángela Vargas, Guillermo León y demás colegas del Instituto Clodomiro Picado.

FEES: Coyuntura y perspectivas actuales. Programa Alternativas

Escrito en 02/09/2024. Publicado en Derechos.

Participantes y su representación.

El pasado 30 de agosto del 2024 se realizó una conferencia con el panel de invitadas Raquel Loría Bachiller en sociología, estudiante de planificación económica y social, presidenta de la FEUNA. También María Francini Mora presidente de la FEITEC.

FEES: Coyuntura y perspectiva actual

Tema principal el Fondo Especial para la Educación Superior

Contexto del FEES (Fondo Especial de Estímulo a la Educación Superior):

La conferencia explica ciertos puntos importantes de lo que está pasando con el FEES:

Cómo se configura y cuáles son sus objetivos actuales.
El papel que juega en la educación superior y su impacto en las universidades y estudiantes.

Participantes en el FEES:

Quiénes son los principales actores involucrados, como las universidades, los gobiernos, y las organizaciones educativas.
Cómo cada uno de estos participantes contribuye al funcionamiento y la administración del FEES.

Representación:

Cómo se representa a cada grupo dentro del FEES. Esto puede incluir cómo se toman las decisiones y quiénes tienen voz en el proceso.
La participación de diferentes partes interesadas, como estudiantes, docentes, y personal administrativo, y cómo sus intereses son reflejados en la gestión del fondo.

Coyuntura actual:

Los desafíos y oportunidades actuales relacionados con el FEES.
Las reformas recientes o propuestas que podrían afectar la representación y la participación de los diferentes actores.

Perspectivas futuras:

Cómo se espera que evolucione el FEES y su representación en el futuro.
Las tendencias emergentes y sus posibles implicaciones para la educación superior.

Después de unas largas negociaciones, el Ejecutivo y las universidades concertaron un incremento de 2% al FEES de 2024, con lo cual este fondo quedó definido en ₡576.087 millones.

La repartición acordada por los rectores significó una disminución porcentual del FEES para la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA), si bien las cinco universidades crecieron de forma nominal. Solamente el Conare vio una disminución de sus recursos.

Asimismo, se invita a ingresar al siguiente link donde se puede analizar la información con mayor detalle: https://www.facebook.com/share/v/KVxDY3QHXhUUCSs6/?mibextid=qi2Omg

UCR: Una fuerza multisectorial alza su voz para defender la educación pública y los derechos sociales en Costa Rica

Escrito en 29/08/2024. Publicado en Derechos, Educación.

Marcha nacional: “Educación hoy, paz mañana”

Ante la dramática crisis educativa que vive el país, miles de personas marcharon este 28 de agosto por las calles de San José, en respuesta al llamado de más de 70 organizaciones sociales y productivas, así como de las universidades públicas, por un Pacto Nacional por la Educación

Con una movilización nacional multisectorial por las calles de la capital este 28 de agosto, las organizaciones agrupadas en la Mesa Nacional de Diálogo y otros sectores de la sociedad civil dan de nuevo la lucha por reactivar el proceso del Pacto Nacional por la Educación Pública. Este proceso inició el 20 de junio del 2023, con el objetivo de mejorar las condiciones del sistema educativo del país y, además, promover cambios sociales urgentes y una transformación tributaria justa.

Por medio de esta nueva movilización, la Mesa Nacional de Diálogo advierte una vez más que la actual crisis educativa es parte de una crisis más amplia que afecta los servicios de salud, el sector agroalimentario, el abastecimiento de agua potable, la seguridad ciudadana, el medio ambiente y los derechos humanos, sociales y laborales en todo el país.

El lema «Educación hoy, paz mañana» fue la consigna bajo la cual marcharon miles de personas en la capital, del Parque de la Merced a la Plaza de la Democracia y del Pretil de la Universidad de Costa Rica a la sede central de la Universidad Estatal a Distancia en Sabanilla, a las 8:00 a. m.

El comunicado oficial de los organizadores indicaba que “se busca incorporar una agenda amplia que incluya diversas demandas territoriales y locales, y demostrar que la más grande tarea cívico-política de nuestro tiempo es la transformación tributaria estructural para atacar de raíz el principal problema de la actualidad: la desigualdad”.

Por tanto, las movilizaciones convocadas para este 28 y 29 de agosto no se limitan a una lucha en defensa del sistema educativo costarricense, pues aglutinan una agenda social muy amplia. Entre las principales demandas está el cumplimiento del mandato constitucional de destinar el 8 % del PIB a la educación pública.

Todos los sectores se reunieron en la Plaza de la Democracia, donde presentaron a la Asamblea Legislativa la propuesta del Pacto Nacional, en el contexto de la discusión del presupuesto para la educación nacional, el cual en este 2024 se ve en manos de los legisladores, tras la imposibilidad del Poder Ejecutivo de llegar a un acuerdo con las universidades públicas.

Documento del Pacto Nacional por la Educación,dirigido a la Asamblea Legislativa, Poder Ejecutivo y Defensoría de los Habitantes

Estudiantes de primaria, secundaria y de universidades públicas entregaron al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, y a varios legisladores presentes, un documento con las principales demandas y propuestas para reactivar el proceso de diálogo y concertación que permita alcanzar un Pacto Nacional por la Educación Pública.

En el documento dirigido al presidente de la República, a la Asamblea Legislativa y a la Defensoría de los Habitantes, los organizadores de la movilización manifiestan que “Urgen soluciones ante las distintas causas y manifestaciones de la actual crisis educativa”.

El documento continúa señalando que “la inversión en educación se redujo en el 2023 a un 5,2 % del PIB, a pesar de que la Constitución Política es clara en que debe destinarse el 8 % del PIB al sistema educativo en todos sus niveles. Esta reducción significa un retroceso de casi 20 años. Si no se cambia el actual rumbo, se continuará profundizando el deterioro, no solo en todos los niveles del sistema educativo, sino que también disminuirá la productividad, la calidad en el talento humano y el bienestar de la sociedad en general, empeorando así la desigualdad, la exclusión social, la violencia y el autoritarismo”.

Rodrigo Arias Sánchez

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, recibe a los marchistas de este 28 de agosto. Marcha Educación hoy, paz mañana.

Las organizaciones agrupadas en la Mesa Nacional de Diálogo proponen un mecanismo de enlace ciudadano que acompañe la discusión del presupuesto para educación en la Asamblea Legislativa. También lanzarán una consulta ciudadana a través de un formulario en línea, en el cual personas y organizaciones de todo el país podrán proponer sus ideas para fortalecer el sistema educativo.

La movilización nacional continuará este 29 de agosto con acciones regionales, culturales y propositivas en Limón, Río Frío, Liberia, Nicoya, Pérez Zeledón, El Palmar, Ciudad Neily, San Vito, San Carlos, Upala, Puntarenas, Quepos y San José.

María Encarnación Peña Bonilla
Periodista, Oficina de Comunicación Institucional, UCR

La lucha por el presupuesto universitario es por la Patria

Escrito en 28/08/2024. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

La lucha por el presupuesto universitario la iniciamos los estudiantes que formábamos parte del Frente de Acción Universitaria, FAU, durante los años 1967 -1973. Por aquellos años la Universidad de Costa Rica, la única en ese momento en el país, recibía el 10% del presupuesto nacional de Educación.

La lucha que dimos fue por igualar el presupuesto de la Universidad al de la Corte Suprema de Justicia, el 6% del Presupuesto Nacional.

Fue una lucha prolongada, intensa, dura y tensa. Las organizaciones estudiantiles existentes en la Universidad se fueron integrando a esta lucha. La Federación de Estudiantes y los otros grupos políticos levantaron esta bandera.

En el gobierno de José Figueres organizamos la Gran Marcha del 6%. En la noche anterior a la marcha el presidente Figueres envió al Dr. Luis Burstin a la Federación de Estudiantes, donde estábamos en el Comité Organizador de la Marcha, a convocarnos a su casa para hablar sobre la petición de los estudiantes. Fuimos allí, entre otros, Oscar Madrigal, Constantino Urcuyo, Francisco Barahona, entonces presidente de la Federación de Estudiantes y yo. Figueres nos planteó suspender la marcha. Nosotros mantuvimos la tesis de la asignación presupuestaria.

La marcha se realizó majestuosamente. Gigantesca fue la marcha. Desde el Balcón de Radio Monumental hablamos tres personas, por su orden, Vladimir de la Cruz, por el Comité de Huelga y Organizador de la Marcha, Francisco Barahona, presidente de la Federación de Estudiantes y el Rector de la Universidad, Eugenio Rodríguez Vega.

El terreno de la lucha universitaria por un presupuesto justo para la Universidad estaba abonado. La lucha se mantuvo con presión hacia los diputados, que finalmente aprobaban el Presupuesto Nacional de la República.

Las luchas del movimiento estudiantil en aquellos años, y los cambios que se operaban en la Universidad de Costa Rica, especialmente bajo las directrices del III Congreso Universitario, a principios de la década de 1970, llevaron al Presidente Figueres, y luego al Presidente Daniel Oduber, en esos gobiernos desde 1970 hasta 1978, a impulsar la apertura de las otras instituciones de educación superior en el país, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia. Probablemente impulsaron esas universidades con la finalidad de neutralizar a la Universidad de Costa Rica, en la politización que se había alcanzado, especialmente en su movimiento estudiantil. Las otras instituciones de educación superior, a como iban surgiendo, se iban sumando a esta lucha y otras nacionales y patrióticas.

Con ello el presupuesto de la Universidad de Costa Rica empezó a verse en la dimensión de garantizar el presupuesto para todas las instituciones de educación superior, lo que llevó a las reformas constitucionales respectivas y a la constitución del Fondo Especial para la Educación Superior, FEES. Constitucionalmente se llegó a garantizar un 8% del PIB, al igual que para la educación nacional pública.

El porcentual constitucional ha sido objeto de debate, de luchas y de movilizaciones, año tras año. En algunos gobiernos con más intensidad que en otros. No ha importado si han sido gobiernos dirigidos por el partido Liberación Nacional, creador de estas últimas universidades, a las que hoy se suma la Universidad Técnica Nacional, de Alajuela, que también forma parte del FEES, o la Universidad de Costa Rica creación del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, que el partido Unidad Social Cristiana, ni bajo la influencia de Rafael Ángel Calderón Fournier, ha hecho nada por defenderla. La Universidad de Costa Rica, creada el 26 de agosto de 1940, también fue fortalecida por Liberación Nacional, con el desarrollo de la Ciudad Universitaria, especialmente en la década de 1950.

Ambos partidos, hoy con una bancada importante de diputados que ellos tienen, solo ellos dos, de casi 30 diputados, tienen una obligación con la Patria, de darle el presupuesto que los Rectores y el Consejo Nacional de Rectores, han solicitado superior al 4% del PIB, para garantizar el funcionamiento de las Universidades en sus nobles propósitos científicos, académicos, literarios, culturales, artísticos, de continuar garantizando lo mejor de la producción de profesionales, que alrededor del 80% de la totalidad de profesionales de la educación superior se insertan en el sector privado y público nacional, contribuyendo de esa manera al mejor desarrollo del país.

Al momento de escribir este artículo, el pasado lunes por la noche, estos dos partidos, que han gobernado el país desde 1953 hasta el 2014, que han creado estas universidades, no han abierto la boca para defenderlas. Ni un solo pronunciamiento público, ni un solo llamamiento para sumarse a las marchas de hoy miércoles ante la Asamblea Legislativa y de mañana jueves en todo el territorio nacional, especialmente donde existen las distintas sedes universitarias, han realizado. Pareciera que estos partidos han muerto. O lo peor, cooperan con la muerte anunciada que ha hecho el inquilino de Zapote.

Los Secretarios Generales, los Presidentes y los Secretarios o líderes juveniles de estos partidos son letra muerta en el escenario político nacional. No se sienten, no aparecen ni existen, y en pocos meses estarán solicitando votos para la campaña nacional electoral del próximo año.

¡Qué decadencia de partidos políticos y de sus dirigentes políticos y juveniles!, con este silencio ante la ejecución tipo sicariata que está haciendo el Jaguar de Zapote a las universidades, cuando ya instruyó sus felinos ministros de acabar presupuestariamente con las universidades.

La actitud del gobierno frente a las universidades es típicamente una acción sicariata. Disparar a la cabeza y corazón de las universidades, a su presupuesto, para matarlas. Es una ráfaga de fuego contra los casi 125.000 jóvenes universitarios, de ellos un 60% son mujeres, dejarlos sin posibilidad de estudiar, para enviarlos a las calles e insertarlos, de esa manera, en las organizaciones criminales existentes y crecientes en el país en los trabajos que se les puedan ofrecer, en el cuido y manejo callejero, de la bodega más grande de drogas de la región.

Las marchas de hoy miércoles y de mañana en todo el territorio nacional son absolutamente válidas, justas. Son marchas por la Educación Nacional y por la Educación Superior Pública. Son marchas por los jóvenes que hoy estudian en las universidades. También son marchas por los jóvenes que hoy se encuentran en las escuelas y los colegios, para garantizarles su futura posibilidad y oportunidad de una educación superior universitaria. Son marchas por las familias de todos los jóvenes, por sus padres y madres, por sus hermanos y hermanas, por sus calidades de vida. Son marchas para garantizar las posibilidades familiares de que sus hijos y nietos puedan tener asegurado un futuro de estudio y de formación profesional, que les permita servir mejor al país, a la Patria y que también les genere un futuro más seguro económicamente, alejado de la pobreza, de la extrema pobreza, del desempleo, del subempleo y del trabajo informal, que les permita constituir futuras familias, sólidas y felices familias.

El inquilino de Zapote quiso doblegar a las autoridades universitarias bajo la amenaza de que aceptaban el 1% del PIB como incremento presupuestario para el 2025, o nada, respecto al 4.03% que pedían las universidades. Después de convocarlos a una humillante reunión en su guarida de Zapote, les dijo que no proyectaba ni el 1% del PIB. Que su presupuesto se iba con un 0% para las universidades y que fueran a luchar a la Asamblea Legislativa el presupuesto universitario.

El animal de Zapote, el Jaguar, además amenazó que darle el presupuesto constitucional, que tiene obligación de cumplirlo, significaba reducir otras asignaciones presupuestarias que tenían que ver, entre otras, con salud y seguridad. De la manera más vulgar se atrevió a asustar a la población nacional con esto.

Las partidas presupuestarias de salud, educación, de las universidades están señaladas en la Constitución Política y en la práctica de elaboración de los presupuestos nacionales, que contemplan sus crecimientos anuales correspondientes. El inquilino de Zapote tiene obligación constitucional de garantizarlas y cumplirlas.

Lo que sucede es que el actual gobierno lo que tiene al frente es un grupo de oscuros personajes interesados en destruir el Estado Social de Derecho, en destruir y debilitar sus instituciones sociales, en tercerizar y privatizar sus servicios, junto con el aniquilamiento del Estado de Derecho; en limitar las acciones de los Poderes Legislativo y Judicial y en acabar con las instancias de control político establecidas en la Constitución, en la legislación nacional y en las instancias de la vida democrática, cívica y ciudadana.

La norma constitucional del Artículo 85, ordena al Poder Ejecutivo dotar a las universidades del patrimonio propio que les garantice su funcionamiento. El artículo 85 constitucional señala que el presupuesto de las universidades no puede ser reducido, ni abolido, ni disminuido, y que tiene que crear rentas para asegurarlo.

El artículo 85 constitucional remite a la Asamblea Legislativa la discusión y aprobación del presupuesto para las universidades, si en la Comisión de Enlace, como se llama la comisión creada con el Gobierno y las Universidades, no se llega a ningún acuerdo. Por eso es la marcha de hoy miércoles y las de mañana jueves en todo el territorio nacional, solicitando los fondos adecuados y necesarios para el funcionamiento de las Universidades estatales.

Desde el mes de setiembre hasta el mes de noviembre se discutirá en la Asamblea Legislativa el Presupuesto que envía el Poder Ejecutivo.

El presupuesto para el 2025 enviado a la Asamblea Legislativa va con 0% de incremento para las universidades. Eso significa que se asigna a las universidades el mismo presupuesto de este año 2024. Ni siquiera se proyecta el 3% de inflación que se calcula para el 2025.

El presupuesto formal la Asamblea Legislativa debe enviarlo el 30 de setiembre a la Contraloría General de la República, de manera que, aunque los diputados aprobaren una cifra mayor, siempre se iniciaría el 2025 con el monto presupuestario igual al 2024. Solo hasta el 30 de setiembre se puede saber con certeza cuanto podría incrementarse el presupuesto de las universidades.

Esto significa que la lucha de las universidades apenas está hoy comenzando ante la Asamblea Legislativa, y ante los diputados de los distintos partidos políticos. Significa que hasta el 30 de setiembre hay que mantener la presión en las calles y en la propia Asamblea Legislativa.

Todo el mes de setiembre deben organizarse marchas de estudiantes y de universitarios a la Asamblea Legislativa. Debe establecerse un piquete permanente frente a la Asamblea Legislativa como se hizo con ALCOA, con el Combo del ICE o con el TLC, con tiendas de campaña si fuera necesario.

También deben realizarse piquetes de presión en las casas de los diputados en sus respectivas comunidades. Si son representantes populares el pueblo, los estudiantes, los universitarios y sus familias pueden irles a pedir, a sus casas, el apoyo para las universidades. Los diputados tienen que entender y comprender que ese derecho de petición de los ciudadanos directamente en sus casas es válido.

También deben realizarse marchas a las sedes de los partidos y dirigentes políticos pidiéndoles su pronunciamiento, especialmente con los partidos y diputados que están comprometidos con la creación de las universidades.

La lucha de las universidades, de sus estudiantes, que hoy marchan, es por Costa Rica, la de hoy y la del futuro.

La lucha por el presupuesto universitario justo hay que apoyarla, es una lucha nacional, de todos los estudiantes y sus familias. Es una lucha por la Patria.

Compartido con SURCOS por el autor.

Más allá de las paredes universitarias, el FEES materializado en las comunidades y en los territorios

Escrito en 28/08/2024. Publicado en Educación.

Dra. Lilliam Quirós Arias
Académica UNA

La universidad pública, utiliza los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para formar profesionales de alta calidad, con un amplio sentido humanista y con valores éticos que fortalecen su accionar en los ámbitos laborales. Pero en lo fundamental, los recursos del FEES, se invierten directamente en cientos de comunidades que son impactadas por las acciones que emanan de la extensión, la investigación y la docencia formal e informal, que por su naturaleza solamente pueden ser realizadas por las universidades públicas.

Estudios recientes muestran el gran reconocimiento con que la población costarricense califica el aporte de las universidades, muy por encima del desempeño de las instituciones públicas y otras organizaciones. Este reconocimiento solo se logra, no con el acercamiento a las comunidades en rondas electorales, ni promesas falsas cada cuatro años; este reconocimiento ha sido posible gracias al trabajo sistemático y apoyo constante de la academia a la atención de las principales problemáticas que afectan las comunidades, los territorios.

En su accionar la universidad pública, aporta su conocimiento y comparte con los saberes locales en temas que revalorizan los territorios; como el fomento a los sistemas de producción y las buenas prácticas agropecuarias sostenibles y resilientes, el uso de tecnologías de bajo impacto ambiental; la recuperación de los saberes locales, la identificación de fuentes de contaminación del agua, del aire, del suelo y de la biota, en relación con su estado natural, el uso de sustancias tóxicas, el estudio la salud humana, la cultura; entre otros.

La academia con su impronta en la búsqueda de espacios democráticos e inclusivos de los actores en el territorio ha generado condiciones para comprender la relación sociedad – naturaleza; dimensionando la preocupación por las poblaciones más vulnerables y desatendidas, aportando conocimiento que contribuye al fortalecimiento de políticas públicas que impactan los territorios con miras al desarrollo sostenible. Cada profesional formado en la universidad pública, -que solo se puede lograr con los aportes del FEES-, se constituye en un activo invaluable para la transformación social a través del ejercicio directo o de profesionales ubicados en los diversos espacios laborales; son los llamados a transformar el conocimiento en un bien social, un bien para la colectividad, a través del vínculo con las comunidades.

Sin duda el FEES se materializa en el fortalecimiento de capacidades de las comunidades. Si partimos del hecho de que la educación es un proceso que se da a lo largo de la vida basado en premisas esenciales como: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser. En esa búsqueda constante la universidad pública está presente a través de su amplio accionar en las comunidades; en su rol como academia, la universidad como un ente vivo lucha de forma constante por erradicar la marcada exclusión que ensombrece la educación.

Indudablemente, la universidad se materializa en cada acercamiento a las comunidades, la presencia de la universidad genera orgullo en aquellos espacios que tiene el privilegio de atender. No es necesario decir una sola palabra, porque el reconocimiento es dado por la comunidad. Ese camino ha sido trazado, por cada profesional que lleva la universidad a todos los rincones del país, por cada proyecto que involucra a la comunidad, especialmente a las más vulnerables; consciente de que, de esa alianza, de esa valoración social depende la universidad pública.

En este momento crítico por el que atraviesa la educación pública, tenemos plena confianza que las comunidades defenderán la universidad pública de los gobiernos de turno, para que las futuras generaciones tengan derecho a una educación, digna y de calidad.

En el marco de la presentación del presupuesto nacional de educación en la Asamblea Legislativa, más de 60 organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y productivas han convocado a una movilización nacional multisectorial para el próximo miércoles 28 de agosto en defensa de la educación pública y en contra de los recortes presupuestarios, de esta manera, la unión de las fuerzas vivas reactivará el proceso del Pacto Nacional por la Educación Pública.

Las y los jóvenes del presente y del futuro, defenderán la educación pública sea cual sea su posición; porque de esto dependerá que muchos otros jóvenes logren culminar su sueño, de formarse en una universidad pública, y aportar a las comunidades de donde provienen u otras más lejanas, todas espacios y territorios de vida.

Ante la crisis educativa que venimos experimentando en las últimas décadas, demandamos que se respete lo establecido para la educación pública en nuestra Constitución Política, por

ello, ante el irrespeto de que ha sido objeto la educación pública por parte del Poder Ejecutivo, solicitamos al Poder Legislativo honrar lo que establecen las leyes aprobadas por la misma Asamblea Legislativa.

Para defender el aporte del FEES a la educación pública, basta con soñar un país donde se pueda alcanzar uno de los objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS 4): “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. Sea más que una esperanza, un anhelo; especialmente para los grupos más vulnerables el derecho a la educación.

¡La educación es un derecho fundamental que debe ser defendido!

Defender el FEES y salir a dialogar con la gente

Escrito en 27/08/2024. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Osvaldo Durán-Castro, profesor TEC, ecologista FECON

En una marcha de defensa del presupuesto de las U públicas de 2019 una estudiante llevó una pancarta que decía: “Abuela analfabeta. Madre primaria. Hija ingeniera”. Ésa es una excelente síntesis de resultados de la inversión en todos los campos y de la educación en particular y de haber tenido un Estado social robusto para mejorar la calidad de vida. En muchísimas familias costarricenses de clase media y pobres tenemos algo similar.

En medio de la crisis de la educación un reto adicional de las U públicas es dialogar con la gente que no es parte de las comunidades universitarias. El Fondo Especial para la Educación Superior de Costa Rica, FEES, resulta desconocido y si las universidades no salimos a conversar, explicar y compartir con la población la misma crisis que nos ataca, estaremos cada día más aisladas y repudiadas. Si la gente no conoce lo que hacemos las U públicas, más allá de formar profesionales, seguirá persistiendo la mentira de que somos un reducto de gente vaga y privilegiada con salarios descomunales (ciertamente hay un reducido grupo de salarios elevados, pero la mayoría no disfruta de ningún privilegio). Es indispensable explicar cómo invertimos el presupuesto que recibimos porque si la gente desconoce lo que hacemos por medio de la ciencia, el arte, la educación en todas las materias y las culturas, a las cuales contribuimos, nos verán como el Gobierno desea que nos vean: innecesarias, cuando no como parásitos.

También hay que explicarle a la población las implicaciones del desfinanciamiento para la inversión social en salud, educación, electricidad, infraestructura, becas, programas de asistencia a la gente más pobre, etc. En otras palabras, la desaparición forzada de nuestro Estado social. Pero esa tarea puede resultar difícil porque, si somos autocrítico.as, debemos reconocer que hay gente dentro de las U públicas que sigue encapsulada, distante y desconocedora del otro mundo real que existe y subsiste afuera de las aulas.

El odio contra lo público hace que mucha gente crea que los 291.743 empleados públicos son los responsables de las crisis del país. Según el Banco Central en junio de 2024 la fuerza laboral de Costa Rica estaba integrada por 2.157.476 personas, incluidas 201.124 desempleadas. Este Gobierno y muchos anteriores han logrado crear una confrontación real, basada en desinformación, entre los empleados públicos y gran parte de la población costarricense que repite que esas menos de 300.000 personas son culpables de las crisis que vivimos; es tan absurdo como culpar a los ambientalistas por los desastres de Crucitas y de Gandoca Manzanillo.

La historia necia de que la plata de las universidades se va en salarios de lujo, se responde fácilmente si entendemos que el Ministerio de Educación Pública y las universidades tienen como tarea fundamental la enseñanza en las aulas. En el caso de las universidades, a la docencia en las aulas se suman la investigación científica especializada en muchísimos campos y la extensión y acción social que permiten atender y buscar respuestas a múltiples necesidades de comunidades, empresas privadas, grupos y organizaciones sociales. Esas tareas son las que aseguran que el país tenga una educación superior pública de calidad y cada vez con mejor impacto positivo. Las U públicas no son empresas privadas de educación; responden a necesidades colectivas y no a los negocios y el lucro financiero. Quienes realizan esa tarea de la educación son docentes y por tanto son quienes deben ser pagados. En el ministerio de obras públicas el rubro principal deben ser los contratos de construcción de carreteras, puentes y mantenimiento de la infraestructura en general, y ahí se gasta el dinero. En los hospitales es lógico que haya gastos elevados para el pago del personal que asegura todos los oficios de salud que se ofrecen. Todo eso es inversión social pública.

El diálogo Universidad-país debe darse en todos los espacios. Por ejemplo, en uno de nuestros grupos de Seminario de estudios costarricenses del TEC, dedicamos tiempo para crear explicaciones de la crisis de la educación, pensando en que hay que llevar esa información a la gente afuera de las U. En sesiones de trabajo de proyectos de extensión social como “Pueblos Originarios y Universidades Públicas” (POUP) y Declaratoria del Consejo nacional de rectores, CONARE, “2024: UNIVERSIDADES PÚBLICAS CON LOS PUEBLOS ORIGINARIOS”, también hemos dedicado tiempo para que ese grupo de trabajo y estudio de Pueblos originarios Cabécar/China Kichá, Bribri/Salitre, Brorän Térraba y Yäbamï dí Kátà/Cabagra, entre otros, conozca lo que está ocurriendo con el FEES y con la educación en general.

La población debe saber que las U públicas negocian su presupuesto en condiciones de desventaja impuestas por el Gobierno. La quinta y última sesión de intento de negociación del FEES 2025 fue en Casa presidencial aunque no era una sede consensuada. La reunión tardó apenas 1 minuto por insólito que parezca, pues el Ejecutivo sólo repitió que no habría ninguna negociación y que el monto del FEES 2025 se definirá en la Asamblea legislativa. Es la primera vez que esto ocurre en más de ochenta años de educación superior pública en Costa Rica. Luego de cerca de hora y media de espera en la calle y dentro del edificio, tras ese minuto, las 5 rectorías y la representación estudiantil, fueron poco menos que expulsadas de la Casa presidencial sin siquiera haber dialogado.

Esa imposición y falta absoluta de respeto desconocen que existe una amplia agenda de cooperación CONARE-Gobierno que incluye más de 40 proyectos, entre los cuales hay 14 en educación, 12 en el sector productivo y desarrollo nacional, 4 en salud, entre otros. Esto demuestra que las universidades, a pesar de que su autonomía especial les permite definir cómo ejecutar su presupuesto, mantienen diálogo y buscan consenso para trabajar con el Poder ejecutivo. Con el mismo Gobierno desde hace años se definieron 11 criterios, 25 indicadores, parámetros de medición de resultados y otras pautas de medición y rendición de cuentas, que permiten saber con claridad cómo se ejecuta el presupuesto y el impacto que tienen las U públicas en la sociedad. Todo esto ha sido desconocido por el Ejecutivo.

El pasado 23 de agosto la rectora del TEC, María Estrada Sánchez, expuso en un foro que en la sesión del 11 de junio el ministro de Hacienda propuso “un 1% de crecimiento para el FEES 2025, que corresponde a ₡5.761 millones (presentación basada en datos inconsistentes, que el ministro debió revisar)”. CONARE rechazó esa propuesta y reafirmó la “solicitud de un aumento del 4,06% (¢23.389 millones) sobre el FEES 2024 para determinar el monto del FEES 2025, así como la devolución de recursos postergados de 2020 y 2021, por un total de ¢62.590 millones”. Todos los datos expuestos en la fallida negociación demuestran que ya en este año las universidades requieren ¢23.389.132 millones adicionales para tener un presupuesto que se iguale al de 2020. Otro hecho relevante que permite constatar la falta de seriedad del Gobierno es que el 16 de agosto 2024, en la quinta fallida sesión de la Comisión de enlace (Gobierno y Universidades), “CONARE solicitó al Ministro de Hacienda que explicara técnicamente de dónde surgió la propuesta del 1% y su justificación. El ministro indicó que en el transcurso de la tarde del mismo día entregaría la respuesta por escrito, compromiso que no cumplió”.

Esos faltantes de ¢23.389 millones para el 2025 y de ¢62.590 millones de años anteriores, significan, en concreto y en términos sencillos, que igual que una familia sin ingresos suficientes, las U públicas (y la educación en su totalidad) se van a seguir empobreciendo. Desde 2018 se ha hecho más que crudo el incumplimiento del artículo 78 de la Constitución política que obliga a que Educación reciba el 8% del Producto interno bruto, PIB, incluido el 1.5% para las U públicas. En 2018 el presupuesto fue del 7,40% y de ahí en adelante sigue en caída libre hasta el 5,4% en el 2023 y 5,2% este año. Es probable que en el 2025 no se alcance ni el 5% del PIB.

Este escenario de crisis total que vive el sistema de educación en Costa Rica es absolutamente contradictorio con las exigencias del Gobierno a las universidades para que sumen proyectos y mejoren su impacto en la sociedad costarricense, pues a la vez les extirpa el presupuesto indispensable para todas esas responsabilidades. Un posible recorte al MEP de hasta ₡65.000 millones en el 2025 lo que asegura es el deterioro mayor de la calidad de la educación, más escuelas hechas tugurios y que servicios como comedores y transporte que ayudan a las familias más pobres, serán aún más debilitados. No está de más recordar que para muchísimas familias los comedores escolares son un apoyo indispensable pues literalmente son la principal fuente de alimentos de sus hijo/as.

En las U públicas el recorte de presupuesto significa menos cupos para ingreso de nuevos estudiantes a todas las universidades, menos plazas docentes, salarios en deterioro para la mayoría de funcionario.as, sobre todo para cientos que están en condición de interinos; menos laboratorios, menos investigación científica, menos posibilidades de inversión en las regiones fuera del valle central, debilitamiento e imposibilidad de desarrollar programas de investigación, acción y extensión social con comunidades y organizaciones sociales en todo el país, menos trabajo conjunto con empresas y con el propio Gobierno. Por supuesto que habrá menos plata para becas, residencias y otros subsidios para estudiantes de las familias más pobres que sólo gracias a esas ayudas llegan a ser profesionales.

Ante el Gobierno las U públicas no ganaremos en las aulas. Salir a la calle a defender el derecho a la educación es urgente. También es indispensable salir a dialogar con la población, explicar cómo le servimos a la sociedad y sumarnos a todos los colectivos que queremos recuperar el país. Esos son algunos de los grandes desafíos inmediatos.

Carta abierta al Consejo Universitario de la UCR solicita plazas para la Unidad de Género

Escrito en 26/08/2024. Publicado en Derechos.

SURCOS recibió una carta abierta dirigida al Consejo Universitario y a la comunidad universitaria de la UCR con el fin de hacerles saber la problemática que se está presentando con respecto al rechazo de la creación de plazas para la Unidad de Género.

Se intenta crear espacios donde todas las personas se sientan incluidas y seguras en las universidades, sin embargo, este proyecto fue rechazado dada la incertidumbre que se está viviendo actualmente con el FEES.

Teniendo en cuenta lo anterior, en la carta se invita a suscribirse para apoyar la petición para la creación de plazas para la Unidad de Género.

Pueden utilizar el siguiente enlace para leer la argumentación amplia: https://airtable.com/appWLoJ2ns9oXfR5V/pagZNPZrL8Eu6gly8/form