Etiqueta: FEES

Ocurrencias populistas: más de lo mismo

Escrito en 20/10/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

A estas alturas, el recetario neoliberal solo logra imponerse apelando a las ocurrencias populistas, aderezadas con el miedo y atizando los odios, para vencer polarizando a la sociedad.

Esa fue la estrategia utilizada para la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Una ocurrencia populista más, con la que se vendió la idea de salvar al país. Para el expresidente colombiano, Ernesto Samper, estos tratados asimétricos son como el trato que le propuso la gallina al cerdo: “hacer huevos con tocino”; una de las vías equivocadas, que han profundizado la desigualdad y la pobreza. Este Tratado se impuso apelando al miedo de que los trabajadores de las zonas francas se quedaran sin empleo y la democracia del país se viese arrasada por los regímenes dictatoriales vecinos; asimismo, con el atolillo de falsas promesas: un Tratado como operador mágico que permitiría al costarricense cambiar su moto Yamaha por una Harley o su Hyundai por un BMW.

Por su parte, el gobierno anterior atizó la hoguera contra los empleados y pensionados del sector público, tratándolos como una casta privilegiada. Además, se levantaron muros entre el sector público y el privado, para justificar una política tributaria de manos de seda para los ricos y de hierro para los pobres y la clase media. Y como si con eso no le bastara hizo alianza con los sectores más retrógrados del pluripartidismo para golpear a los trabajadores, con leyes como la de empleo público y la de regulación de las manifestaciones públicas de los trabajadores. Mientras criminalizaba la protesta social, favorecía la evasión, la elusión fiscal y premiaba con amnistías a los ricos de este país.

Las esperanzas de transitar por nuevos senderos se desvanecen, un día sí y otro también, con los dictados que emanan del actual gobierno, tanto vía decretos como leyes, la mayoría de los cuales son más de lo mismo. El discurso de la “prensa canalla” enfila sus dardos ahora contra las universidades públicas, socavando los cimientos constitucionales de su autonomía. Nuevamente, se apela de manera populista a polarizar la sociedad, insinuando que lo presupuestado para las universidades es desproporcionado con relación a lo que se invierte en infraestructura vial en el país. Y, como no se alcanzó a reducir el FEES, ahora se busca dar un golpe letal a la autonomía universitaria, proponiendo una ley que crea una instancia interministerial reguladora del quehacer universitario.

Por otra parte, cuando se le advierte al señor presidente de sus deslices autoritarios y de centralización del poder, resulta que quienes le critican son unos cuantos “pensionados de lujo”. Por favor, señor presidente, guarde su postura, no la devalúe, apelando a las mismas armas innobles de sus antecesores. Señor presidente, es hora de rectificar, porque si algo está poniendo en peligro la democracia costarricense no es, ni mucho menos, la no aprobación del proyecto de ley para emitir 6.000 millones de dólares en eurobonos, sino continuar con más de lo mismo: el populismo mesiánico, con las mismas acciones y promesas de siempre, caldo de cultivo del desencanto ciudadano con una democracia cada vez más devaluada, cuyo rostro de desigualdad y pobreza extrema lo develó la pandemia y ahora también se muestra en toda su crudeza con cada azote de la temporada de huracanes.

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El proyecto de “Ley Reguladora del Fondo Especial para la Educación Superior” violenta la autonomía de las universidades públicas y la institucionalidad

Escrito en 14/10/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José María Gutiérrez
Profesor Emérito, Universidad de Costa Rica

Se encuentra en la corriente legislativa el proyecto denominado ‘Ley Reguladora del Fondo Especial para le Educación Superior’ (expediente N° 23.380), presentado por el Poder Ejecutivo. Dicho proyecto violenta de manera flagrante aspectos centrales de la autonomía universitaria y, de aprobarse, tendría serias consecuencias para la institucionalidad del país.

¿Qué es la autonomía universitaria?

Al calor de la discusión de este proyecto, conviene refrescar el concepto de autonomía universitaria. “La autonomía incluye la libertad académica o de cátedra, la autodeterminación en el establecimiento de planes, programas, presupuestos y organización interna, y la plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios y para decidir sobre el uso de los recursos que les provee el estado. La autonomía, en suma, procura dar a estas instituciones todas las condiciones jurídicas requeridas para que desarrollen con independencia su misión. En el caso de Costa Rica, la autonomía universitaria está claramente establecida en los artículos 84, 85 y 87 de la Constitución Política. El cumplimiento de la misión académica, cultural y social de las universidades públicas requiere del ejercicio de la plena autonomía, para que puedan ser un espacio de pensamiento y acción libres, no supeditados a los poderes fácticos, sino al servicio de toda la sociedad.” (Gutiérrez, 2021).

¿Por qué violenta este proyecto la autonomía universitaria?

El artículo 4 del proyecto propone la creación del Consejo de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal, que estaría constituido por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y por cuatro ministros o ministras del gobierno.

El artículo 5 dice textualmente: “Corresponderá al Consejo de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal promover, fiscalizar y evaluar los resultados del financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal. Para estos efectos deberá elaborar un Plan de Desarrollo de la Educación Universitaria Estatal, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, las perspectivas de desarrollo de la investigación y extensión universitaria al crecimiento económico, social y ambiental del país. Este plan deberá definir metas, indicadores y resultados esperados de corto, mediano y largo plazo. Para lo cual se elaborará un plan quinquenal y se definirán informes a los tres años del plan y al finalizar el quinquenio.”

En otras palabras, el proyecto propone crear un nuevo organismo, con la participación de cuatro ministros o ministras, el cual elaboraría un plan nacional de desarrollo universitario, definiría metas, indicadores y resultados esperados. Es decir, el accionar de las universidades públicas estaría supeditado a este órgano y, para efectos prácticos, pasaría a ser controlado en gran medida por las autoridades de los gobiernos de turno. Esto liquidaría, en la práctica, el ejercicio de la autonomía universitaria, con todas las implicaciones que esto tendría.

El texto del proyecto de ley refleja un desconocimiento enorme del concepto de la autonomía universitaria. Por ejemplo, se dice que “es evidente que la autonomía universitaria está circunscrita a la parte organizativa de las instituciones y a las facultades de autogobierno de las universidades públicas costarricenses”. La constitución política y diversas resoluciones de la Sala Constitucional muestran, por el contrario, que la autonomía va mucho más allá de la parte organizativa de estas instituciones, ya que incluye decisiones y ámbitos que involucran muchos otros aspectos de la vida institucional, como señala la definición al inicio de este ensayo.

Resulta paradójico que el texto del proyecto recurra a citas de la Sala Constitucional para apoyar la propuesta, tergiversando el espíritu de varias de ellas, e incluye una cita (Voto 1313-03) que más bien confirma que este proyecto contradice los pronunciamientos emitidos por dicha Sala. En dicho voto, con respecto a la autonomía, se indica que: “…significa, para empezar con una parte de sus aspectos más importantes, que aquéllas (se refiere a las universidades, aclaración nuestra) están fuera de la dirección del Poder Ejecutivo y de su jerarquía, que cuentan con todas las facultades y poderes administrativos necesarios para llevar adelante el fin especial que legítimamente se les ha encomendado; que pueden auto determinarse, en el sentido de que están posibilitadas para establecer sus planes, programas, presupuestos, organización interna y estructurar su gobierno propio”. Los artículos 4 y 5 del proyecto de ley arriba citados contradicen drásticamente este texto de la Sala Constitucional.

¿Por qué es esencial mantener la autonomía universitaria?

Las universidades públicas cumplen roles esenciales en la vida del país. Por un lado, generan amplios contingentes de profesionales de excelente calidad que nutren los espacios privado y público del país. Un reflejo de esto es la alta empleabilidad de las personas que se gradúan de dichas instituciones. Además, las universidades son el principal reservorio de ciencia y tecnología de Costa Rica. Son centros que tienen una enorme proyección a la sociedad a través de múltiples formas de extensión que llegan a amplios sectores de la población en todo el país. Esta multiplicidad de aportes ha sido posible gracias al ejercicio de la autonomía.

Tan importante como lo anterior es el hecho de que, gracias a su autonomía, las universidades públicas son centros permanentes de reflexión sobre la realidad nacional. Este ejercicio de análisis, ejercido de forma autónoma, es fundamental, pues genera insumos de pensamiento y conocimiento que iluminan amplios aspectos de la vida del país. El trabajo universitario no debe estar regido por decisiones que emanen de los poderes políticos, pues ello aniquilaría ese sentido de reflexión permanente para convertirse en simples ejecutoras de políticas emanadas de poderes fácticos. Ello no implica de ninguna manera que las universidades no tengan una coordinación activa y profunda con los planes nacionales de desarrollo y con las instituciones del estado. Esta relación existe y siempre ha existido. Pero debe darse en el marco de su autonomía.

Lejos de lo que algunos piensan, incluyendo sectores del actual gobierno, el país necesita, para garantizar un desarrollo próspero y con equidad, de la existencia de universidades autónomas, en las que se estudie la realidad nacional y se cultiven saberes diversos, en un permanente ejercicio de reflexión, investigación y formación. También necesita la forja de profesionales que no solo sean competentes técnicamente, sino que posean una visión amplia de la realidad y puedan ser personas creativas, innovadoras y solidarias. Y requiere instituciones de educación superior que no solo respondan a los intereses de sectores políticos y económicos específicos, sino que sirvan a toda la sociedad. Estas metas son posibles de alcanzar solamente en el contexto de instituciones verdaderamente autónomas.

Por este medio hago un llamado vehemente a las señoras diputadas, a los señores diputados, a los partidos políticos, a las comunidades universitarias y a la ciudadanía en general a rechazar de manera enfática el proyecto de la “Ley Reguladora del Fondo Especial para le Educación Superior”. Nuestro país no merece semejante retroceso en su institucionalidad.

Referencia citada

Gutiérrez, J.M. (2021) Reflexiones desde la Academia. Universidad, Ciencia y Sociedad. Editorial Universidad de Costa Rica.

Imagen ilustrativa, UCR.

En defensa de la autonomía universitaria

Escrito en 12/10/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Dra. Yamileth González García, Exrectora de la UCR

Hoy, como en pocos momentos de nuestra historia, frente a los adversos y amenazantes vendavales autoritarios que corren en el país, las y los universitarios nos enfrentamos, otra vez, al reto de defender la autonomía y el financiamiento de las universidades públicas; una defensa de principios esenciales para el quehacer de las instituciones de educación superior, ya que se trata de los fundamentos que posibilitan un accionar libre de estas instituciones en beneficio de la sociedad costarricense sobre principios que han estado por décadas consignados en la Constitución Política y que han sido reiterados por diversos fallos de la Sala Constitucional y que hoy, como otras veces, “algunos” pretenden ignorar.

Lo señaló con claridad el Voto 1313-93 de la Sala Constitucional: “(…) la universidad, como centro de pensamiento libre, debe y tiene que estar exenta de presiones o medidas de cualquier naturaleza que tiendan a impedirle cumplir, o atenten contra ese su gran cometido». La universidad debe ser independiente, como lo subrayó el jurista Luis Baudrit Carrillo, 2011; tiene que estar libre de acciones que busquen debilitarla en el cumplimiento de su deber, o que pretendan quebrar su rol imprescindible en pro del bienestar nacional.

Y es que cuando los gobiernos autoritarios se sienten amenazados por el pensamiento crítico que se genera en las universidades, lo primero que hacen es atacarlas, como parece que está sucediendo en este momento en el país. Todas y todos los universitarios y la comunidad nacional hemos visto la fuerte y orquestada agresión que han recibido las Universidades Públicas desde el momento mismo en que se intenta debilitarlas financieramente, con la reducción del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y con afirmaciones falaces que lo único que evidencian es un total desconocimiento del quehacer y el aporte que estas instituciones le dan al país.

Hoy, el Poder Ejecutivo presenta una propuesta que contraviene ese principio fundamental de la educación superior pública, atentando y desconociendo torpemente ese fundamento constitucional. Así, pretenden desconocer la esencia de esa noción, que como lo indica el voto citado de la Sala Constitucional “(…) la autonomía consagrada a las universidades en el artículo 84) constitucional, ha sido clasificada como especial, completa, y por ella distinta de los entes descentralizados de nuestro ordenamiento jurídico regulados por los artículos 188 y 190 de la Carta Política, lo que significa que las Universidades del Estado, aún cuando pertenecen a este, están fuera de la dirección del Poder Ejecutivo y de su jerarquía y que cuentan con todas las facultades y poderes para llevar a cabo los fines constitucionalmente encomendados”. Además, como lo escribió Iván Salas, 2010, ex asesor de la rectoría y hoy Juez Contencioso Administrativo, la Asamblea Legislativa no puede legislar en relación con “(…) temas relacionados con la organización o auto estructuración universitaria, tales como sus propios planes, presupuestos, programas, estructura de su propio gobierno conforme a su normativa interna, sobre su potestad reglamentaria mediante la cual pueden repartir sus competencias dentro del ámbito interno y desconcentrarse en lo jurídicamente posible y lícito, regular el servicio que presten y decidir libremente sobre su personal”.

Es importante aclarar que cuando hablamos de autonomía y de su importancia para el trabajo de las universidades públicas, no se trata solo de un valor para estas instituciones, sino de lo que significa, particularmente, para la sociedad costarricense, contar con universidades que trabajen en forma independiente y sin presiones de ninguna naturaleza por el bienestar de la nación y su desarrollo integral. Un significado, el de autonomía, que como señala Axel Didriksson, 2006, está ligado “a la construcción de un mundo mejor, a la idea de un proyecto cultural nacional”.

No puede la universidad trabajar sin autonomía, para cumplir su misión de hacerlo desde la libertad de pensamiento y acción, con la injerencia política de los Gobiernos de turno, sin que eso no signifique una disminución de los beneficios que recibe la sociedad.

Por ello, las universidades públicas tienen que demandar, al Poder Ejecutivo y al Legislativo y, a todo aquel que, de modo directo o indirecto, pretenda interferir en sus funciones, en su gobierno, en su organización y en su patrimonio, respeto por su quehacer.

Las universidades tienen muy claro, contrario a lo que tergiversan algunos interesados, que la autonomía, no es un cheque en blanco; por el contrario, están sometidas a todos los controles, valga la redundancia, de la Contraloría General de la República, de los mismos organismos de control internos y de toda la legislación pertinente y desde luego al juicio de la sociedad a la que se debe.

Siempre las universidades han cumplido con la rendición de cuentas, pues, como se señaló desde la Asamblea Constituyente de 1949, la noción de autonomía universitaria implica “libertad pero con responsabilidad”, lo dijo Luis Dobles Segreda: “por autónoma que sea la Universidad, deberá decir, al igual que todas las instituciones del país, cuánto gasta y en qué lo gasta”.

No es este el problema en discusión, sino el del respeto que el Gobierno debe tener para con las instituciones de educación superior y para la Constitución Política misma. Por tanto, ante una violación de los principios constitucionales en un país de derecho, exigimos que se respeten la autonomía y la independencia universitarias.

Compartido con SURCOS por la autora.

Imagen, UCR.

Nunca hemos sido un “bazar” universitario

Escrito en 11/10/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Osvaldo Durán Castro, Sociólogo ITCR, ecologista FECON

El rechazo por parte de la Sala IV del recurso de “inconstitucionalidad por omisión” que las universidades públicas presentaron en 2019 contra los artículos 5, 6, 11, 14, 17, 19 y 26 del Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, no sólo socava la autonomía universitaria si no que debilita a toda la institucionalidad nacional.

El rechazo del Recurso se da en un contexto de concreción de las amenazas. Dos ejemplos son la intromisión del Ejecutivo en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la destitución de su presidente ejecutivo y la descalificación de su autonomía, a raíz de la disputa por la posible ejecución del aumento de salario de 7.500 a la base, debidamente aprobado pero pospuesto por la pandemia. El otro ejemplo es el “leñazo” dado con la imposición del presupuesto a las universidades en la inexistente negociación del Fondo especial para la educación superior (FEES) del 2022, a lo que se suma el proyecto de ley para fijarles parámetros y condiciones para ejecutar su presupuesto.

Este debilitamiento de la institucionalidad ya estaba claramente expuesto en expediente legislativo 22.266, que desde el 2020 intenta modificar el artículo 176 de la Constitución Política. Según ese texto, en adelante “El principio de equilibrio financiero prevalecerá sobre los principios de las autonomías constitucionalmente garantizadas”. De aprobarse tal propuesta, las universidades, la CCSS, las municipalidades y la totalidad de las entidades descentralizadas, tendrán que subordinar sus presupuestos a los parámetros dictados por el Ministerio de Hacienda y según las restricciones impuestas por la regla fiscal o cualquier otro mecanismo definido de manera centralizada y de aplicación obligatoria. La reforma propuesta indica que “en ningún caso el monto de los gastos presupuestos podrá exceder el de los ingresos probables”.

Para un país que se precia de tener un sistema educativo robusto y que aspira a mejorar la calidad de vida por medio de la educación, es gravísimo que el Presidente considere “exitosa” la última negociación/imposición del FEES, porque “Logramos reducir el monto del FEES en términos reales”. Una reducción acumulada de cerca de 110.000 millones de colones en el FEES, equivale a casi el presupuesto anual conjunto del ITCR y la Universidad Técnica, o a casi el presupuesto total de la Universidad Nacional. Las dimensiones del impacto negativo de la pérdida de financiamiento las resentirá la sociedad desde ya, pero más en el futuro cuando las universidades públicas pierdan las condiciones para brindarle al país especialistas calificados en todos los campos.

La ofensiva del Gobierno incluye además eventuales sanciones a las universidades “en caso de incumplimiento en la adecuada distribución del FEES” entre ellas. El expediente 23.380, presentado por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa el 6 de octubre 2022, constituye una intromisión sin precedentes, pues por décadas las universidades públicas han realizado esa distribución de acuerdo con sus necesidades, y no siguiendo criterios externos y menos impuestos unilateralmente por el Gobierno. Las universidades públicas debemos rechazar contundentemente el supuesto del Presidente de que “Hoy no hay cuentas ni criterios objetivos para repartirlo (el FEES) entre las cinco universidades (…) para que no sea una negociación en un bazar todos los años, sino que haya parámetros”. Las universidades no sólo planifican internamente y entre ellas por medio del Consejo Nacional de Rectores, si no también con el Gobierno, como quedó demostrado durante la pandemia de la Covid19.

El Consejo Nacional de Rectores, en el comunicado del 10 de junio del 2020 “Posición de CONARE ante informe de Comisión Legislativa sobre el FEES”, señaló que “la última Agenda de Cooperación incluyó 18 proyectos priorizados por el gobierno y 111 proyectos innovadores adicionales propuestos por las universidades distribuidos en todo el país, en áreas tan diversas como: recurso hídrico, agricultura, ambiente, salud y recursos marinos”. “La nueva Agenda de Cooperación, en etapa de negociación, se enfocará a atender los 14 Desafíos de la Educación Pública Costarricense planteados en el documento propuesto por CONARE al Gobierno de la República”. Esa tarea no se podría realizar desde un “bazar” universitario. La frase del Señor Presidente contra las universidades públicas no requiere comentarios.

La planificación interuniversitaria de corto, mediano y al menos para cada 5 años, se concreta en el Plan Nacional de Desarrollo de la Educación Superior (PLANES), que siempre ha considerado las necesidades del país y por tanto no es un ejercicio universitario aislado. Más bien, los responsables de que esta planificación y ligamen con las necesidades naciones se debilite, han sido los gobiernos al imponer una negociación anual y no quinquenal del FEES.

Las universidades públicas son instituciones que por mandato constitucional tienen el grado máximo y especial de autonomía con que se cuenta en el país, y eso les otorga, entre otras facultades, la de definir con plena y absoluta independencia, cómo se usan los recursos del FEES. Ningún gobierno o ministerio, ni siquiera el de Educación pública, tiene las condiciones técnicas, la visión y el conocimiento necesarios para definir en qué campos de las ciencias y las humanidades, y en qué regiones del país, se deben invertir los recursos del FEES. Dialogar y consensuar siempre son necesidades oportunas, y eso se ha hecho; pero imponerse, suplantar y desconocer las atribuciones de las universidades, nunca será la vía para mejorar la educación pública. Y eso es lo que precisamente pretende el Gobierno con el proyecto de ley 23.380, que incluye “parámetros” para medir el desempeño de las universidades y una posible “fiscalización” de la Contraloría General de República, lo cual equivaldría a desmoronar su autonomía, lo mismo que la de las demás instituciones autónomas del país como las municipalidades y la CCSS.

Lejos de fortalecer la institucionalidad pública, este Gobierno ha sumado a su poco original agenda, la recuperación (prácticamente en todos los campos) de las peores propuestas y proyectos de ley de administraciones anteriores contra lo que nos queda del Estado social.

CONARE rechaza categóricamente el Proyecto de Ley No. 23.380 que pretende la injerencia del Poder Ejecutivo en la gestión de las universidades públicas

Escrito en 08/10/2022. Publicado en Derechos, Educación.

Una vez más y de manera sistemática, el Gobierno irrespeta el orden constitucional y el Estado Social de Derecho al condicionar el funcionamiento de las universidades públicas a los intereses de los gobiernos de turno.

El Fondo Especial para el Financiamiento de la Educación Superior (FEES) está garantizado en la Constitución Política:

En los artículos 78 y 85, en cuanto a su monto e indexación.
En el artículo 84 en cuanto a la autonomía e independencia del gobierno universitario que planifica su aplicación y destino.
En el artículo 85 en cuanto a sus fines constitucionales y su asignación institucional.

El FEES tiene como destino constitucional único, atender al financiamiento del quehacer sustantivo de las universidades públicas y sus distintos programas, desarrollados de conformidad con el Plan Nacional para la Educación Superior Universitaria Estatal (PLANES).

El PLANES 2021-2025 define 43 indicadores y 171 desagregaciones de la actividad sustantiva: Docencia, Investigación, Extensión y Acción Social y Gestión; y 41 metas estratégicas que incluyen 90 indicadores para los ejes de Regionalización, Calidad y Pertinencia, Cobertura y Equidad, Internacionalización y Sostenibilidad, tomando como referencia los índices e instrumentos mundialmente reconocidos y utilizados en materia de Educación Superior Universitaria.

El CONARE, en conjunto con representantes del Gobierno que conforman la Comisión de Enlace, definieron, desde hace más de ocho años, una estructura de indicadores homologados del Sistema de Educación Superior Universitaria Estatal para el Seguimiento de los Acuerdos de Financiamiento del FEES, en el cual las universidades estatales han evaluado su gestión con 104 indicadores en 6 ejes y 21 temas relacionados con: aseguramiento de la calidad, equidad, cobertura, la rendición de cuentas, vinculación con sectores productivos y excelencia académica.

Lo anterior demuestra que la correcta aplicación e inversión del FEES está determinada y medida por una gran cantidad de indicadores, asociados con acciones y metas, que permiten evaluar el desempeño de las universidades públicas y también medir la eficiencia y eficacia de la ejecución del presupuesto universitario.

Adicionalmente, en la última negociación del financiamiento universitario fueron incorporados en el Anexo del Acuerdo de Financiamiento, índices específicos de desempeño asociados con este financiamiento, derivados del PLANES vigente.

Tal y como lo establecen los artículos 84 y 85 de nuestra Carta Magna, le corresponde al CONARE elaborar el PLANES y definir la distribución del FEES.

Nuestras universidades reiteran su compromiso con el adecuado uso de los fondos públicos que les confieren los artículos 78 y 85 de la Constitución Política y su sistema de transparencia y rendición de cuentas. Sometemos a aprobación de la Contraloría General de la República (CGR), los planes anuales operativos y sus respectivos presupuestos, los informes de ejecución presupuestaria y su liquidación final. Asimismo, hemos cumplido ante la Autoridad Presupuestaria y la propia Contraloría con la Regla Fiscal.

El CONARE rechaza categóricamente el Proyecto de Ley No. 23.380 que pretende la injerencia del Poder Ejecutivo en la gestión de las universidades públicas y reprueba la intención del Gobierno para intervenir en materias constitucionalmente asignadas al gobierno autónomo universitario y llama a todas las autoridades gubernamentales a respetar el orden constitucional y los principios democráticos de nuestra Nación.

Hacemos un llamado de alerta a las comunidades universitarias y a la propia comunidad nacional para manifestarnos en defensa del Estado Social de Derecho.

Confiamos plenamente que la Asamblea Legislativa actuará conforme a la observancia de los principios y normas constitucionales vigentes.

Compartido con SURCOS por Efraín Cavallini Acuña.

FEES: Crónica de una muerte anunciada. FEITEC: ¿Un “Hilo de Ariadna” hacia la claridad?

Escrito en 02/09/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Edgar Chacón
31 de agosto de 2022

La puesta en blanco y negro de las palabras, pensamientos, adscripción, militancia de la presidenta de la FEITEC, Abigail Quesada Fallas, sobre el proceso de imposición* gobierno/aceptación del FEES, por parte de los rectores de las cinco universidades públicas, es una manifestación de elementos que ayudan a darle fundamento a preguntas pertinentes.

* Rector de la Universidad de Costa Rica

“A criterio de la FEITEC el acuerdo alcanzado era satisfactorio pues inicialmente el gobierno planteó un recorte de 148.000 millones de colones. “Dicha propuesta podría significar complicaciones en las universidades que menos recursos reciben del FEES, derivando en reducciones a los sistemas de asignaciones de becas”. Delfino.cr

Burda justificación, para aceptar el “mal menor”.

Preguntas que ya tiene respuesta son: ¿a qué obedece la posición de la presidenta de la FEITEC y de la FEITEC, si no dice lo contrario y por qué tiene el atrevimiento de decir que el rector de la UCR puso en riesgo negociación del FEES y plantear la redistribución del mismo entre las universidades?

En el Foro: Análisis del acuerdo firmado en Comisión de Enlace sobre el FEES 2023, realizado el lunes 29 de agosto, en instalaciones del TEC, una profesora de la Institución llamó a reflexionar a los estudiantes del TEC, con las siguientes palabras: “ En el tema de FEITEC … yo quisiera decir también a nuestros estudiantes que por favor se pregunten si de verdad la FEITEC los está representando… si de verdad lo que está haciendo la FEITEC los representa, porque pareciera que por un lado está la FEITEC pero por otro lado… y ese comunicado enviado por FEITEC yo quisiera ver si de verdad fue aprobado por la mayoría de los estudiantes, lo cual dudo muchísimo como docente que soy…”

Por su parte otro profesor comentó y afirmó: “…Como es posible que nosotros no reaccionemos cuando una estudiante, la presidenta de la Federación de Estudiantes de esta Universidad, que está en la plana del partido de Otto Guevara, un reconocido enemigo público de las universidades públicas…ahí está y no reaccionamos… y nos dice que las universidades, el presupuesto es un gran negocio, para quién?.. los cinco rectores deberían decirnos qué están dispuestos a defender y qué no están dispuestos a defender… un 1% de crecimiento…”.

Esto nos obliga a otra pregunta en consecuencia: ¿Qué estudiantes están formando en el ITCR, pero no sólo en el ITCR, en todas las universidades públicas.

Si bien la educación es vehículo de movilidad social, otra cosa es que sea un vehículo de arribismo egoísta.

Y con respecto a los rectores: Defender algo, se hace sobre la base de unos principios que a su vez son la base de una adscripción. ¿Cuál es su adscripción política y económica? ¿A qué adscriben entonces?

Recuerdo en el año 2011, atendiendo una invitación de la Asamblea Legislativa para conversar sobre un proyecto de educación. Ese año, el rector del TEC presidía Conare, y como tal fue invitado, pero expuso sus ideas diciendo que las universidades públicas destinaban muchos recursos a las ciencias sociales y debían dedicarlos más a los programas STEM, muy en coincidencia con el Banco Mundial. Me sentí indignado y manifesté que ese no era el pensamiento de las universidades públicas.

En ese tiempo yo coordinaba la Región Huetar Atlántica del Programa de Regionalización de Conare.

Durante la campaña para elegir a la presidenta Laura Chinchilla, dos ex rectores de la UNA y un ex rector de la UNED (el actual rector), apoyaron esa campaña.

Durante ese gobierno, uno de esos ex rectores de la UNA, fue nombrado presidente del INA y el ex rector (en ese tiempo), de la UNED fue nombrado presidente ejecutivo del SINART.

Pregunta con comentario: ¿Cuál fue el sustento de la decisión para que a una de las mesas de trabajo de la Comisión de Enlace asistieran sólo los rectores de la UNED y el ITCR?

Parece no haber sido lo más atinado.

¿Por qué los rectores contando con un respaldo constitucional y multitudinario, le cedieron la iniciativa a la parte gubernamental de la Comisión de Enlace?

Por otro lado, es conveniente reflexionar sobre que este puede no ser un fin, sino un principio en la defensa de la institucionalidad pública.

Entre otras cosas, la educación es la construcción de una mejor persona: tierna, respetuosa, solidaria y transformadora. O no es educación y puede que sea una simple transferencia de conocimientos.

Imagen ilustrativa. Mural, Facultad de Derecho, UCR.

Acuerdo de la Comisión de Enlace para el Financiamiento de la Educación Superior Universitaria Estatal 2023

Escrito en 02/09/2022. Publicado en Derechos, Educación.

En atención a los artículos 77, 78, 84 y 85, de la Constitución Política, los cuales establecen el porcentaje mínimo en relación al Producto Interno Bruto (PIB) que debe asignársele a las universidades públicas para su financiamiento, y que es el Estado el encargado de dotar de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica (UCR), al Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), a la Universidad Nacional (UNA) y a la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

Además, partiendo de que la educación superior universitaria en Costa Rica constituye un instrumento esencial para conservar y promover la investigación científica y tecnológica en áreas estratégicas, así como la aplicación de medidas internas en cada una de las universidades públicas para la contención de gastos operativos y remuneraciones, más un aumento significativo y sostenible de ayudas y becas a estudiantes; se alcanzó un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y el sector educativo costarricense para la asignación del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

Dentro de los acuerdos alcanzados, sobresalen los siguientes:

Los recursos destinados a la UTN serán incorporados en el FEES para el año 2023.
Mantener el mismo monto nominal otorgado en el año 2022 para el año 2023, y otorgar sobre dicho monto un incremento del 1% por variación el poder adquisitivo de la moneda, además, para la definición del FEES 2024, se utilizará como base el establecido para el año 2023 con los ajustes correspondientes.
Las universidades estatales acuerdan destinar 15 mil millones de colones a la inversión de capital.
Las universidades se comprometen a fortalecer y ampliar la cobertura del programa destinado a brindar becas socioeconómicas para los estudiantes en condición de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad.
Mayor porcentaje de alumnos del primero y segundo quintil de ingresos (estudiantes en condición de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad).
Mejorar los tiempos de graduación.
Asignar mayor financiamiento a carreras acreditadas.
Mayor porcentaje de graduados bilingües.
Brindar más cupos en carreras de ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas (STEM).
Definir una metodología que permita identificar la relación entre la inversión en investigación, desarrollo e innovación, extensión y acción social y los beneficios obtenidos y su comportamiento.
Fortalecer la planificación y presupuesto por resultados.
Las disposiciones legales o resoluciones judiciales que generen nuevas cargas financieras contra el presupuesto universitario, serán cuantificadas y valoradas en el seno de la Comisión de Enlace con la finalidad de acordar su procedencia.

Puede acceder al documento completo en el siguiente enlace:

https://dochub.com/kevinfanu-14/gDqeQZ6VzQQYGAvK0jLO4Y/acuerdo-final-y-anexo-firmado-por-comisio-n-de-enlace-para-fees-2023-pdf?dt=_EoBU7EQmPp39Us4r_nH

Fuente: https://www.ucr.ac.cr/noticias/2019/06/18/comision-legislativa-que-analiza-el-fees-no-profundiza-en-el-modelo-de-educacion-superior-que-tenemos.html

Presupuestos universitarios (el FEES): el acuerdo firmado

Escrito en 28/08/2022. Publicado en Derechos, Educación.

Luis Paulino Vargas Solís
Economista
Investigador CICDE-UNED

Primero: ¿qué dice la Constitución de Costa Rica?

Básicamente interesan los siguientes artículos:

Artículo 77: textualmente indica que la “educación pública” está conformada por “sus diversos ciclos, desde la pre-escolar hasta la universitaria”. Por ningún lado se admite que el INA, los CEN-CINAI y “alrededor de 50 instituciones” (Müller dixit) sean parte del sistema educativo.
Artículo 78: establece que el presupuesto destinado a la educación será un monto equivalente al 8% del PIB. Siendo que esa reforma constitucional fue aprobada en 2011, se daba tiempo hasta 2014 para cumplir con el mandato. Después de ese año, el presupuesto anual debía ser del 8%. Hoy, sin embargo, está en un 6%.
Artículo 84: entre otras cosas, igualmente importantes, este artículo ordena que: “El Estado las dotará [a las universidades] de patrimonio propio y colaborará en su financiación”.
Artículo 85: es un artículo muy largo, que contiene disposiciones muy importantes, entre las cuales corresponde destacar las siguientes: el Estado “dotará de patrimonio propio” a las universidades; las “rentas” asignadas a las universidades “no podrán ser abolidas ni disminuidas”, excepto si se las sustituye por otras mejores; los presupuestos, asignados según un plan quinquenal (que las universidades SIEMPRE han presentado) se ajustarán “de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda”.

Segundo: lo acordado

Los principales elementos del acuerdo son los siguientes: el presupuesto de la UTN se suma como parte del FEES; se toma como base el presupuesto de 2022 (un poco más de ₡559 mil millones, incluida la UTN); se concede un ajuste del 1% “por inflación”. Presupuesto total acordado para 2023: ₡564.791 millones.

Tercero: evolución del poder adquisitivo real del FEES

Si comparamos el dato para el año 2021, con respecto a 2017, veremos que, en términos de su poder adquisitivo real (descontada la inflación), el monto real del FEES tuvo, durante esos cuatro años, un pequeñísimo incremento de menos del 1% (un 0,95% para ser exacto).

Por su parte, una vez que consideramos la inflación, el FEES para 2022, sufre, de forma inevitable, una considerable contracción, tanto respecto del año 2017, como en relación con el año 2021. Podríamos hacer la estimación de formas diversas: suponiendo que la tendencia de la inflación observada a julio 2022, se mantiene igual para el resto del año, o imaginar diversas hipótesis, más o menos optimistas, que supongan una relativa moderación del ritmo inflacionario. En cualquier caso, la reducción real del FEES de 2022 oscilaría entre -6,3% y -7,9%, al comparar con los años 2017 y 2021.

Igualmente puede hacerse la estimación con respecto al valor adquisitivo real (descotada la inflación) del presupuesto acordado para 2023. El valor que obtengamos varía, dependiendo de los supuestos que asumamos, tanto respecto de la inflación para el resto de este año 2022, como los que establezcamos en relación con la inflación para 2023. Hice un ejercicio, imaginando que la inflación para el próximo año se modera (un 6% de inflación anual). En tal caso, obtengo estimaciones que, al comparar con 2017 y con 2021, muestran reducciones que oscilan entre -12,9% y -15,7%.

Comportamiento del FEES con respecto al PIB

Si comparamos el FEES con el PIB, sin incluir a la UTN (lo que esta agregaría sería aproximadamente un 0,85% del PIB), el porcentaje respectivo disminuye de un 1,39% en 2017 a 1,19% en 2022 (1,27% incluyendo la UTN). Lo acordado para 2023 implica que ese porcentaje disminuye a 1,11% (1,19% incluyendo la UTN), lo anterior con base en el dato del PIB que el Banco Central estima para 2023.

Conclusiones

Claramente ha quedado configurada una ruta que conduce al desmantelamiento de las universidades públicas.
Claramente la Constitución de Costa Rica está siendo convertida en papel higiénico, y sus mandatos están siendo sistemáticamente violentados.

“Generaciones Perdidas” en Uruguay y Costa Rica

Escrito en 28/08/2022. Publicado en Derechos, Equidad y derechos de la mujer.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.

En un reciente programa de Alto Voltaje de Radio CRC 89.1, la exministra de Cultura señora Mimi Prado y el analista político don Fausto Amador hicieron una referencia comparativa al estilo de desarrollo de Uruguay y Costa Rica, mostrando que, para la década de 1980, mientras en Costa Rica el índice de pobreza era de 20%, en Uruguay era de 39%, y que actualmente Uruguay lo ha reducido a un 8% mientras Costa Rica lo ha incrementado en más del 20%.

Por otra parte, destacaron que en Costa Rica se inició un programa de capacitación en informática educativa y acceso a computadoras 15 años antes que Uruguay, bajo un convenio entre la Fundación “Omar Dengo” y el Ministerio de Educación Pública, sin embargo, hoy Uruguay la ha superado al contar con cobertura total de internet para estudiantes de primaria y secundaria, así como acceso a computadoras, facilitadas por el Estado, gratuitamente, a estudiantes y profesores. Efectivamente, en Uruguay ya para el año 2009 el 100% de sus estudiantes de colegios públicos poseía un dispositivo para conectarse gratis a internet desde su centro educativo. Un primer logro del plan Ceibal, una política de Estado que puso a Uruguay a la delantera en virtualidad, de tal manera que lo sembrado durante trece años evitó que la emergencia por el COVID 19 tuviese un impacto mayor en el aprendizaje de los estudiantes (https://www.elespectador.com/educacion/el-secreto-de-uruguay-para-ser-el-lider-en-educacion-virtual-en-a-latina-en-cuarentena-article/).

A finales de la década de 1980, Uruguay mostraba una población con un rostro de adultos y adultos mayores; había emigrado, a diferentes países, casi toda una generación relativamente joven -“generación perdida”-, debido a la persecución, represión y tortura a que se vieron expuestos desde la década de 1970 por los regímenes dictatoriales represivos que adherían a la denominada doctrina de seguridad nacional, y que devastaron la institucionalidad democrática de la mayoría de países de Suramérica. Por su parte, Costa Rica mostraba una “generación perdida” de estudiantes que no habían logrado concluir sus estudios secundarios, lo que contribuyó a incrementar el índice de pobreza, debido a otra forma de represión: el sometimiento a los dictados de los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que imponían el derrotero neoliberal de menos Estado y más Mercado, cifrando esperanzas en un mercado globalizado, donde la copa del crecimiento económico una vez llena se derramaría para “bendición” de los pobres.

A diferencia de Uruguay, para los analistas citados, Costa Rica perdió el rumbo, precisamente por haber apostado a un estilo de desarrollo donde no se ha logrado articular el crecimiento económico con la integración y cohesión social, la equidad. Hoy, después del comprobado fracaso de ese estilo de desarrollo, se continúa priorizando el crecimiento económico, apelando al viejo cuento de que “no se puede hacer chocolate sin cacao”, cuando lo que sucede es que el cacao está en manos de una minoría, y así la mayoría está destinada quedarse sin chocolate.

Un ejemplo de este equivocado derrotero salta a la vista en la negociación del Fondo Especial para La Educación Superior (FEES). En un conversatorio propiciado por La Revista, el exministro de Hacienda, don Guillermo Zúñiga, señalaba que un presupuesto de gobierno expresa las prioridades del mismo; y llamaba la atención sobre la necesidad de poner a la educación en primer plano, ante el desafío que representan los acelerados procesos de cambio. Por su parte, el jurista constitucional, don Rubén Hernández, destacaba que independientemente de cuál fuese el nuevo gobierno su expectativa era que este tendría que prestarle atención especial y urgente a la educación; el “apagón educativo” sería una prioridad.

El país puede pretender jugar en primeras en calidad de vida y bienestar social. Tenemos condiciones para hacerlo, precisamente, gracias a la apuesta decidida y valiente que hicieron nuestros grandes estadistas, particularmente en el siglo pasado, por la salud y la educación, dos pilares esenciales de nuestro Estado Social de Derecho. Eso sí, se requiere retomar el rumbo fortaleciendo el régimen de seguridad social en salud y revolucionando el sistema educativo, invirtiendo más y mejor en todos sus niveles. Es decir, poner de nuevo a la educación como prioridad de una política de Estado.

Para ello, hay que renovar el pacto social ciudadano por la equidad y la solidaridad, buscar mecanismos para renegociar la deuda pública, impulsar una verdadera reforma fiscal que ponga a tributar a las grandes empresas nacionales y extranjeras y dejar de golpear el bolsillo de la clase media y de los pobres. No se debe continuar raspando la olla de estos sectores, como se pretende ahora, poniéndole impuestos al aguinaldo y al salario escolar, mientras se continúa llenando la olla de los que más tienen.

Es tiempo de dejar atrás el discurso populista de quienes llegan al poder hablando a favor de los pobres para luego gobernar a favor de los ricos. Necesitamos un gobierno de mayorías y para las mayorías. Estas mayorías están apoyando y cifrando sus esperanzas en el gobierno actual. Se le ofrece, así, una gran oportunidad para darle un nuevo rumbo a este país. Urge hacerlo para bien de la democracia y la paz social.

Ya no es posible recuperar a la “generación perdida” de los años 1980, pero sí es posible crear condiciones para no perder a una nueva generación, fuertemente golpeada por la pandemia sanitaria y las pandemias de la pobreza y la desigualdad.

Mitos y realidades en la discusión del presupuesto universitario

Escrito en 26/08/2022. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

Examinaré en este artículo lo ocurrido en el proceso de negociación que está en curso en el momento de redactar este artículo, del presupuesto universitario o FEES. Mostraré con apego a datos e información real las falsedades que se han esgrimido por la parte gubernamental. Para mí lo ocurrido es grave. Ustedes tienen la última palabra. Vamos a ir por pasos.

1.Lo primero que se debe tener claro es que, desde el 9 de junio del 2011, quedó modificado el segundo párrafo del artículo 78 de la Constitución Política, de la siguiente manera: “En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al ocho por ciento (8%) anual del producto interno bruto, de acuerdo con la ley, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 84 y 85 de esta Constitución.” (Cfr. Ley N°8954 del 9 de junio de 2011.)

Sin embargo, los legisladores del período 2010-2014, le concedieron al Estado una oportunidad para llegar al 8% escalonadamente, con el objeto de que no hubiese un descalabro económico. Fue así como debieron agregar un transitorio a la ley citada, que estipuló cómo se iba a conceder ese permiso al Estado para que pudiese enfrentar el aumento del presupuesto estatal de un 6% a un 8%. El Transitorio I de la mencionada ley lo estableció como sigue: “El gasto público en educación podrá ser inferior al 8% durante los períodos fiscales anteriores al año 2014.” Pero se agregó que: “Sin embargo, en ningún caso el porcentaje del PIB destinado a la educación podrá ser inferior al del año precedente.” (Cfr, Transitorio I de la ley 8954.)

Como puede apreciarse quedó formulado sin ambages que, a partir del 2014 la obligación de dotar a todo el sistema de educación del 8% cobraba pleno vigor. No había pues trampa ni engaño. Pero, los gobiernos no fueron previsores e incumplieron durante varios años con el mandato Constitucional. Lo que es peor, todavía se sigue incumpliendo, ya que solamente se ha llegado al 8% mediante una acción truculenta, ya que se buscó sumar a la dotación presupuestaria del sistema de educación en su conjunto, el presupuesto del INA y otros rubros que tienen que ver con los recursos de las redes de cuido y los CEN-CINAI, todos los cuales cuentan con su propia dotación de recursos establecidos en sus propias leyes. Además, ninguna de estas nobles instituciones ha formado parte nunca del sistema nacional de educación; el INA está bajo la tutela del Ministerio de Trabajo y las redes de cuido, tanto como los CEN-CINAI siempre han formado parte del Ministerio de Salud. En cambio, el legislador ha dejado claro, tanto en el artículo 77 de la Carta Magna como en el 78 que, “La educación pública está organizada como un proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos, desde la pre-escolar hasta la universitaria.” (Cfr. Artículo 77 de la Constitución).

Como es bien sabido, en el derecho público lo que no está expresamente dicho no puede asumirse como verdadero. No existe ningún artículo Constitucional, ni ley alguna que mencione al INA, a las Redes de Cuido o a los CEN-CINAI, todas instituciones de bien público como ya lo expresé, como si fueran parte del sistema nacional de educación. Aquí tenemos pues el primer mito con el que se ha afectado el presupuesto de todo el sistema de educación nacional, incluidas desde luego las universidades públicas.

2. Otro error en que suelen incurrir los gobiernos y hasta la Asamblea Legislativa, consiste en pretender rebajar el monto presupuestario que se asigna a las casas de educación superior, respecto del año anterior. La actual administración del presidente Rodrigo Chaves, había propuesto reducir el presupuesto de las entidades de educación pública universitaria, nada menos que en ciento veintiocho mil millones de colones (128.000 millones de colones). Aunque el gobierno ya depuso esa abusiva e inconstitucional pretensión, después de la enorme marcha de los universitarios acaecida el martes 16 de agosto, considero oportuno revisar qué hay detrás de la propuesta ya descartada. Aunque esta se desechó, opino que lo que yace detrás de la propuesta permanece incólume; por eso deseo analizarlo.

Veamos el proceder gubernamental. Los negociadores por la parte gubernamental, entre los cuales se encuentra el ministro de hacienda Nogui Acosta Jaén, abrieron el diálogo el 11 de agosto señalando su pretensión de reducir el FES de 522.822 millones de colones (dotación presupuestaria para el 2022) a 430.130 millones de colones; una rebaja del 24% del Fondo Especial de la Educación Superior. Debe tenerse en cuenta que esta tesis la sostuvo el gobierno hasta el propio día de la marcha, o sea hasta el 16 de agosto al inicio de la conversación; ello fue así a pesar de haber sido advertido por los rectores desde el comienzo de las negociaciones (es decir desde el 11 de agosto) que estaban incurriendo en una inconstitucionalidad. Debieron pasar cinco días, antes de que el gobierno reconociera su error.

Vale la pena acudir ahora al artículo 85 de la Constitución, porque el mismo no deja ninguna duda con relación al atropello en el que se pretendió incurrir por parte del gobierno de la República. Lo cito en la parte que interesa: “El Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia y les creará rentas propias, independientemente de las originadas en estas instituciones.

Además, mantendrá -con las rentas actuales y con otras que sean necesarias- un fondo especial para el financiamiento de la Educación Superior Estatal. El Banco Central de Costa Rica administrará ese fondo y, cada mes, lo pondrá en dozavos, a la orden de las citadas instituciones, según la distribución que determine el cuerpo encargado de la coordinación de la educación superior universitaria estatal. Las rentas de ese fondo especial no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan.” (Cfr. Artículo 85 de la Constitución Política vigente.)

Como pueden verlo, el artículo Constitucional es clarísimo. Las rentas del FEES no pueden ser “abolidas”, ni siquiera “disminuidas”, en tanto no sean creadas “simultáneamente” otras “mejoras” que las sustituyan.

¿Es creíble entonces lo que dijo el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, el mismo martes 16 de agosto, el día de la gran marcha de los universitarios, apenas unas horas después de haber reiterado la inconstitucional propuesta? Citémosle: “Ese reconocimiento de hoy (martes 16 de agosto alrededor del mediodía), no parte de un tema puramente de negociación, sino de convencimiento de las partes…caímos en cuenta que hay una disposición constitucional que nos obliga a cumplir con ese precepto de mantener los recursos, entonces no podemos darles a las universidades menos de lo que ya les dábamos.” (Cfr La Nación Entrevista telefónica, miércoles 17 de agosto. Pag.4) ¿Hemos de creerle?

Dice el artículo 129 del código civil: “Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos que la misma autorice. No tiene eficacia la renuncia de las leyes en general, ni la especial de las de interés público.” El asunto es más delicado tratándose de don Nogui Acosta, hoy ministro de Hacienda puesto que, apenas ayer, en la administración anterior fue viceministro del mismo ramo y en varias ocasiones negociador del FEES reemplazando a la entonces ministra Rocío Aguilar. Pero la ignorancia confesada deja en un mal predicamento al resto de los ministros que están negociando el FEES con las universidades, a los abogados que los deben asesorar, y al propio presidente de la República al que, o nunca se le mostró la propuesta y por lo tanto no la conocía, o también es otro desconocedor de la Carta Magna. Cualquiera de las dos opciones pone en entredicho el prestigio del presidente. La primera en su condición de líder del equipo, la segunda porque una vez más deja al presidente de la República como un desconocedor de la Constitución.

3. Lo anteriormente dicho, más parece una jugadita política para retrasar la negociación, en vista de que, si no hubiese acuerdo entre las partes, el diferendo tendría que ir a la Asamblea Legislativa, único caso en el que los diputados pueden resolver el asunto. Así el gobierno se lavaría las manos ante la sociedad costarricense. Aunque por fortuna, después la ministra Müller se desdijo, quedó en clara evidencia otro mito pregonado por la parte gubernamental, cuando copiosamente la ministra de educación declaró en los medios de información nacionales, mediante un comunicado oficial que: “La Constitución Política de nuestro país establece que el presupuesto del sector educación es uno solo.” Para enseguida deslizar una falacia: “Dicho presupuesto debe ser dividido entre las diferentes instituciones que integran el sector: Preescolar, Escuelas, Colegios, Colegios Universitarios, Universidades Pública, Cen Cinai, Red de Cuido, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y alrededor de 50 instituciones.” Luego remató expresando: “Estamos ante un gran dilema, porque todos los niveles de educación son importantes. ¿A quién le damos más quitándole al otro?” (Cfr. CP-007-08-2022. 12 de agosto del 2022. El comunicado viene precedido con los logos de Casa Presidencial, del ministerio de Educación MEP, el de Planificación MIDEPLAN, el ministerio de Hacienda MH y el ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones MICITT.)

Una vez más se acude al ardid de querer pintar un panorama como si las universidades fueran enemigas del resto de la educación pública no universitaria. Aunque insisto, la ministra Müller después se retractó, va dejando la estela en diversos sectores de la sociedad de una mentira que, está esgrimida para corroer el prestigio bien ganado en la sociedad, de las universidades públicas del país. La mención al INA, a la Red de Cuido y a los Cen Cinai quedó desmentido supra; lo relativo a las 50 instituciones del ministerio no se sostiene pues, ellas han gozado de la dotación presupuestaria que los gobiernos otorgan al ministerio de Educación y no tienen por qué las instituciones universitarias apechugar con esa responsabilidad estatal.

Mientras tanto, el párrafo citado entra en abierta contradicción además, con el contenido de los párrafos tres y cuatro del artículo 85 de la Constitución, donde queda clarísimo el reconocimiento que le atribuye tanto el legislador constituyente como el derivado, a la educación superior universitaria estatal. Pueden corroborarlo leyendo con atención de seguido, los párrafos tres y cuatro del artículo 85 constitucional.

“El cuerpo encargado de la coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal preparará un plan nacional para esta educación, tomando en cuenta los lineamientos que establezca el Plan Nacional de Desarrollo vigente.

Ese plan deberá concluirse, a más tardar, el 30 de junio de los años divisibles entre cinco y cubrirá el quinquenio inmediato siguiente. En él se incluirán, tanto los egresos de operación como los egresos de inversión que se consideren necesarios para el buen desempeño de las instituciones mencionadas en este artículo.

El Poder Ejecutivo incluirá, en el presupuesto ordinario de egresos de la República, la partida correspondiente, señalada en el plan, ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda.” (Cfr. párrafos 3 y 4 del artículo 85 de la Constitución).

Cae desplomado otro de los mitos difundidos en la reciente negociación del FEES por la parte gubernamental. No ha existido, ni existe la menor intención de los universitarios de menospreciar o socavar a ninguno de los niveles de la educación pública no universitaria. Antes bien está debidamente documentado el aporte constante de las universidades públicas al sistema de educación estatal en general, tanto mediante la preparación y formación de miles de docentes, como mediante asesorías, investigaciones y trabajos de extensión o acción social que, año con año realizan las universidades en las diferentes regiones del país. No reconocerlo es mezquino, pretender negarlo es falsear la realidad.

4. Solo me resta por ahora, tocar otro tema que es crucial. En los párrafos tres y cuatro recién citados del 85 constitucional, el legislador deja clara la importancia de planificar el desarrollo de las universidades estatales quinquenalmente. Las universidades no han dejado de cumplir con este precepto constitucional, ya que cada cinco años se presenta al poder ejecutivo el plan de desarrollo universitario, sustentado en el Plan Nacional de Desarrollo vigente, tal como lo ordena la Constitución, según lo acabamos de constatar. El último plan quinquenal las universidades lo presentamos en el año 2020, antes del 30 de junio; el gobierno lo recibió de conformidad, por lo que dicho plan entró en vigor en el año 2021 y rige hasta el 2026. Aún así, los gobiernos hacen caso omiso de este plan quinquenal universitario y someten a las universidades públicas, cada año, a una discusión impertinente, porque ponen en entredicho, un año sí y el otro también, las bases mismas en las que se sustenta el plan y gran parte de los preceptos constitucionales, como ha quedado demostrado en esta ocasión.

Es pues el Estado, cada gobierno, con algunas excepciones, el que incumple con su responsabilidad de planificar el desarrollo de la educación universitaria estatal tal como lo manda la Constitución. Cito una vez más, aunque sea redundante, el cuarto párrafo del 85 constitucional: “El Poder Ejecutivo incluirá, en el presupuesto ordinario de egresos de la República, la partida correspondiente, señalada en el plan, ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda.” Pero no ocurre así. ¿Puede alguien negar esta incontrovertible realidad? Cada persona que se haya tomado la molestia de leer este artículo tiene la palabra.

Enviado a SURCOS por el autor.