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¡Justicia para todas las víctimas de feminicidios en Honduras!

¡No más impunidad ante el feminicidio de Keyla Patricia Martínez!

En Honduras, país que se encuentra entre los primeros de mayor índice de feminicidios de América, la joven integrante de los pueblos originarios Lenca Keyla Martínez Rodríguez fue víctima de feminicidio en las celdas de la Unidad Policial N°10 de La Esperanza, Intibucá.

Ella era estudiante universitaria del último año de la carrera de Enfermería en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Tegucigalpa (UNAH). Después de ser detenida por agentes de la policía a las 11:30 pm del 6 de febrero, en menos de 3 horas después, el 7 de febrero a las 2:55 am fue llevada sin signos vitales por tres agentes policiales al Hospital Dr. Enrique Aguilar Cerrato.

El 22 de febrero de 2021 el portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, leyó los resultados preliminares de la autopsia donde se certifica que la muerte de Keyla fue por asfixia mecánica, la que es calificada como homicidio por estrangulamiento y sofocación respiratoria (nariz y boca). Su cuerpo presentaba golpes contundentes o traumas contusos provocados con objeto romo sin filo en la cabeza, cuello y boca; a la vez, había sido sometida por varias personas que, ante la fuerza con que, al parecer, la joven se defendió, la golpearon y la aplastaron contra el suelo. Durante el velatorio la familia de Keyla abrió el féretro y observaron que en las manos presentaba heridas como de arma corto punzante, los dedos amoratados y con evidencias de fracturas, además de marcas y lesiones alrededor de sus muñecas, como si hubiera sido esposada.
De la totalidad de los policías y oficiales que estaban de turno la noche del feminicidio, solo fueron suspendidos de sus cargos el Subinspector Bryan Isaac Bánegas López y el policía Jarol Perdomo (único acusado, primero de homicidio agravado y luego el delito fue recalificado como homicidio simple por la Corte de Justicia de Apelaciones de Comayagua). 

Hasta dos días después del homicidio, la Agencia Técnica de Investigación Criminal ATIC revisó la escena del crimen, luego de haber sido lavada por detenidos, borrando cualquier evidencia y sin haber sido asegurada por el fiscal de turno John César Mejía. Por lo tanto, en conformidad con el respeto de los Derechos Humanos, en general, y a los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios, en particular, las organizaciones y personas abajo firmantes exigimos de manera respetuosa pero categórica a la Corte Suprema de Justicia de Honduras, lo siguiente:

• Que el Ministerio Público proporcione a familiares y abogadas que llevan el caso el Dictamen definitivo de la autopsia; ya que diez meses después, aún no ha sido entregado. 
• Que se tome en cuenta las observaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) donde recomienda que la investigación se realice bajo el Protocolo de Minessota, porque los hechos pueden ser constitutivos de una ejecución extrajudicial y debe orientarse a identificar, no sólo a los autores directos, sino también a los demás responsables de la muerte, incluidos los funcionarios cómplices en la cadena de mando.
• Que se rectifique la recalificación del delito como Feminicidio Agravado.
• Que haya una pronta resolución ante Recursos de Amparo presentados desde el 1° de noviembre de 2021, por Ministerio Público y por COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras), con apoyo de otras organizaciones internacionales de Derechos Humanos, contra la recalificación del delito. 

La fecha límite para firmar la petición es el 20 de febrero, adjuntamos el link para firmar la petición: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLPjn6RVqznuOjXLocuRvgunOs6yTwcHrqenUtb_3NnVSjFw/viewform