Resumen audiovisual de la movilización del 8M
SURCOS comparte el siguiente resumen audiovisual de la movilización del 8M. Es una producción de la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo.
Etiqueta: femicidios
No hay democracia sin las mujeres: Un Llamado a fortalecer la protección y la justicia para las Mujeres
Sábado 8 de marzo, 2025 Costa Rica.
Comunicado
Hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Costa Rica enfrenta una preocupante y creciente crisis de violencia contra las mujeres, evidenciada en un alarmante aumento de los femicidios. Solo en los dos primeros meses de este 2025, el país ha registrado un tercio de los femicidios ocurridos durante todo el año 2024.
Esta situación de emergencia nacional nos exige un compromiso colectivo de todas las instituciones, sociedad civil y actores clave para frenar esta violencia y proteger a las mujeres en todo el país, porque sin las mujeres no hay democracia y sin democracia no podemos fortalecer la justicia social en Costa Rica.
Es evidente el debilitamiento de las políticas públicas que ha dejado en desamparo a cientos de mujeres que hoy temen por su vida. Datos oficiales del INEC en su informe sobre femicidios (2024) muestran que la tasa pasó de 0.97 en 2022 a 1.00 en 2024, lo que significa un incremento del 69.49% de femicidios con una alarmante inacción estatal.
Según datos del Semanario Universidad (2023) las mujeres en el sector agroalimentario representan el 15.6% del sector, no obstante, el acceso a tierra para mujeres solo representa un 8.1%, si pensamos en el sector laboral, la reducción de derechos persiste, en el país la participación laboral de mujeres para el 2020 se redujo en un 46%. CEPAL (2020) y para el 2024 la brecha salarial en mujeres fue del 33% respecto los hombres.
Las cifras son claras hay un retroceso en materia de derechos humanos de las mujeres, el número de femicidios ha aumentado, y muchas mujeres aún viven bajo el temor constante de ser víctimas de violencia. La realidad nacional refleja la urgencia de fortalecer las políticas públicas existentes, garantizar que los recursos sean destinados de manera efectiva y crear nuevas estrategias de prevención que involucren a la sociedad en su totalidad.
Es esencial reforzar el trabajo de las instituciones encargadas de la protección de las mujeres, como el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), así como fortalecer la colaboración entre el sector público y privado, garantizando que las políticas de prevención, protección y sanción estén bien implementadas y sean accesibles a todas las mujeres, en especial a aquellas en situaciones de vulnerabilidad, como las mujeres con discapacidad, mujeres indígenas, mujeres negras, mujeres trabajadoras del sector público y privado, mujeres del campo, mujeres en el trabajo informal y las mujeres trabajadoras remuneradas del hogar.
Por lo anterior, desde las organizaciones sociales, productivas, académicas, grupos de la sociedad civil y comunidades, hacemos un llamado a una acción conjunta, centrada en soluciones reales y sostenibles. Un llamado urgente para que el gobierno de Costa Rica garantice protección y justicia para las mujeres.
Es fundamental que se continúe promoviendo la educación sobre igualdad de género y el respeto a los derechos de las mujeres desde una edad temprana, y que los sistemas de justicia respondan de manera ágil y efectiva a los casos de violencia, asegurando que las víctimas reciban la protección, reparación y justicia, porque la violencia de género no solo es un problema de seguridad, sino también de justicia social.
Debemos seguir trabajando por una cultura de igualdad, que no solo prevenga la violencia, sino que también elimine las estructuras que perpetúan la discriminación y la desigualdad en nuestra sociedad debemos seguir trabajando por una cultura de igualdad, que no solo prevenga la violencia, sino que también elimine las estructuras que perpetúan la discriminación y la desigualdad en nuestra sociedad.
En Costa Rica la democracia no existe sin las mujeres, no podemos permitir que se normalice la violencia y que se retrocedan derechos humanos conquistados para las mujeres en su diversidad. Exigimos acciones concretas en que puedan salvar vidas y justicia para todas las víctimas de femicidio, con reparación integral para sus familias.
Nos sumamos a las demandas de los diferentes movimientos de mujeres en Costa Rica, a marchar en todo el país este 8 de marzo, por los derechos humanos de las mujeres, porque la lucha contra la violencia género, es una tarea de todos y todas.
Solo mediante acciones concretas y presencia real del Estado, desde un enfoque integral, que involucre a la familia, las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía, podremos garantizar un Estado de bienestar, un país realmente democrático.
¡Por una Costa Rica sin violencia y con justicia para todas las mujeres!
Voces de fe contra la violencia de género
Denunciamos los femicidios, la violencia y la invisibilización de las mujeres en Costa Rica.
“No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído” (Hch 4,20).
Carta abierta a las Iglesias y comunidades de fe, en especial a las jerarquías de la Iglesia Católica, Iglesia Luterana, Iglesia Adventista, Federación de Alianza Evangélica, Iglesia Episcopal Costarricense, Comunidad Bahaí, Asociación Budista, Comunidad Musulmana, Comunidad Judía, Sociedad Bíblica de Costa Rica, Gedeones Internacionales, y a la comunidad costarricense en general.
Costa Rica vive una ola de violencia sin precedentes contra las mujeres. Los medios de comunicación han dado a conocer los recientes casos de femicidio, desaparición, maltrato y otras formas de violencia contra las mujeres. Aunque hay casos que permanecen ocultos, ya sea por las instituciones, las personas familiares o la vecindad, muchas veces por temor a represalias o de la exposición pública.
Esta realidad responde a una coyuntura que fortalece y promociona valores del sistema dominante, caracterizado por el autoritarismo, la verticalidad, la imposición, el machismo, el racismo, la xenofobia y la homofobia, todos rasgos de “la militarización de la sociedad”, violencia patriarcal que se proyecta en las relaciones de pareja, familiares, laborales, deportivas, político/económicas y por supuesto en lo religioso.
Esta violencia alcanza todos los estratos sociales, lugares geográficos, Instituciones del Estado, organizaciones, partidos y liderazgos; que conllevan a “un” pensamiento único que desprecia, discrimina, persigue y reprime lo diferente y diverso.
Esta promoción sistémica y sistemática, se une a la campaña solapada pero abierta con discursos de odio, hacia personas extranjeras y de preferencia sexual diversa, lo que promueve y justifica la violencia, el femicidio y el etnocidio. Lo más lamentable es que muchas de estas destructivas acciones provienen de personas ubicadas en las estructuras de gobierno, cúpulas político/religiosas, que envían una señal equivocada, con lo que alientan a los responsables de la violencia, incluso usando la falsa y criminal premisa de la inexistente e imaginaria “Agenda de Género”. De esta forma, impiden avanzar y fortalecer derechos, apadrinan y son cómplices – por acción y por omisión – de la violencia y la impunidad femicida.
Las acciones en favor de la violencia y el silencio cómplice, nos esclaviza la consciencia como sociedad y nos vuelve esclavistas y opresores de nuestras hermanas y hermanos más débiles.
Un clamor de liberación debe brotar de nuestras voces, por esto, como personas de fe, condenamos enérgicamente los femicidios y su escalada, en el país. Y al mismo tiempo expresamos nuestra preocupación ante los factores que se mantienen como catalizadores del silencio y la inacción sobre las siguientes acciones:
- La persistencia de las estructuras de poder patriarcal presentes en las organizaciones religiosas, las iglesias, instituciones públicas y privadas, en las comunidades, las organizaciones y las familias.
- La responsabilidad personal de cada creyente en no practicar los valores evangélicos que nos liberan de toda opresión y nos envía a liberar.
- La responsabilidad institucional, social, familiar, es también de las cúpulas religiosas (mayoría masculinas) que, desde su silencio, se hacen cómplices.
- La indiferencia como personas creyentes, cristianas o de fe, a prestar atención a la pregunta “¿Dónde está tu hermana, donde está tu hermano?” (Gn 4,9).
Convocamos e instamos a las iglesias y comunidades de fe, en particular, y a la sociedad en general, a formalizar acciones propositivas y concretas como parte de su agenda de evangelización, capaces de promover relaciones humanas y ecológicas respetuosas, horizontales, inclusivas, en especial en este momento crucial para las mujeres, quiénes además son mayoría en la sociedad costarricense.
Proponemos:
Referirse a esta realidad de violencia en los momentos de Asamblea, en los Cursos de Formación Pastoral, Escuelas Dominicales; Oraciones cotidianas y liturgias, entre otras.
Invitamos a aprovechar el tiempo litúrgico de la Cuaresma, para visibilizar esta ola femicida, de violencia contra las mujeres y otras personas, teniendo en cuenta que somos personas creadas y amadas por Dios. Por eso, nos resuena en estos tiempos el llamado a «ser embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros» (2Cor 5,20), es decir, como si el mismo Dios nos rogara a las personas de fe, ser el clamor de las mujeres que sufren violencia. Dicho de otra manera, es preparar el corazón para abrirnos a la gracia de Dios Padre-Madre. Es poder “tocar siquiera el borde del manto de Jesús y conseguir sanación” (Mc 6,56). Porque una sociedad marcada por la violencia no está sana.
Nos unimos a las diversas voces y sentires de personas creyentes de Dios en una sociedad multicultural, en la cual solo la inclusión de estos valores puede garantizar una convivencia pacífica, justa y respetuosa hacia las mujeres.
Estamos convencidas y convencidos, de que con sus y nuestras actitudes, podemos optar y señalar un camino distinto a la violencia contra las mujeres, que promuevan espacios y acciones que contengan valores permanentes, inclusivos, amorosos, respetuosos y equitativos.
Nos alegra la existencia en muchas de nuestras Iglesias y Movimientos, de grupos de personas, que cada vez son más con la misma Esperanza, que coinciden con estos pensamientos y propuestas. Seguiremos acompañando estos procesos, nos colocamos al servicio de las comunidades de fe, a fin de apoyar las acciones concretas que nos liberen del pecado de la violencia contra las mujeres y contra toda injusticia y discriminación.
¡Ni una menos!
Suscriben
Equipo de trabajo:
Voces de Fe contra el femicidio en CR
Red Ecuménica de Lectura Popular de la Bíblica de Costa Rica
Foro de Educación Religiosa
Servicio de Paz y Justicia – Costa Rica
Coordinación de Comunidades Cristianas de Costa Rica – COCRIC.
Coordinación Oscar Romero de Centroamérica – Capítulo Costa Rica.
Universidad Bíblica Latinoamericana. UBL
Departamento Ecuménico de Investigaciones. DEI
Movimiento Reflexión en Acción
Colectiva Coexistir. Cartago
Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense
Llamamos a una tregua legislativa: Hacia un Parlamento de diálogo, respeto y liderazgo transformador
Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica
El Parlamento en Costa Rica ha sido históricamente un pilar fundamental de la democracia, funcionando como el espacio donde se debaten, analizan y construyen las decisiones que impactan las reglas del juego y de convivencia de todo el país.
Su rol en el fortalecimiento de las instituciones democráticas es irremplazable, pues es allí donde se expresa y se confronta la diversidad de ideas y perspectivas que conforman el panorama social, político, económico, ambiental y cultural del país. En su naturaleza, el Parlamento es un contrapeso de poder, debe caracterizarse por el debate constructivo y respetuoso, en el que cada voz es escuchada sin comprometer el bienestar de quienes participan en él, ni el bienestar de la sociedad costarricense.
El debate es un principio esencial de este órgano político, pero cuando se ve teñido por comportamientos violentos, se generan efectos psicosociales muy perjudiciales. No solo se afecta el ambiente interno de trabajo de la Asamblea Legislativa, sino que también se contagian las relaciones sociales, creando un clima país de odio, polarización, tensión y desconfianza que impacta a toda la nación. La violencia verbal y los ataques personales no solo son contraproducentes para el ejercicio democrático, sino que afectan directamente la percepción de la Asamblea Legislativa ante la ciudadanía. En este contexto, la función del Parlamento como “caja de resonancia” social pierde su efectividad, pues en lugar de promover para el conjunto social el entendimiento y la resolución de conflictos, se perpetúan los discursos de odio, los antagonismos, y las divisiones.
Es importante reconocer que la estrategia de polarización del debate y del país, tiene sus actores bien claros e identificados, no favoreciendo en absoluto el bienestar colectivo. En el Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica, entendemos los desafíos que enfrentamos como sociedad y creemos firmemente que los tiempos exigen liderazgos transformadores, tanto de mujeres como de hombres, que sepan enfrentar estos retos con propuestas constructivas y una comunicación no violenta.
Consideramos un avance que, por primera vez en la historia de Costa Rica, se haya logrado la paridad en la Asamblea Legislativa, gracias al trabajo sororo de cientos de mujeres y organizaciones de mujeres que por décadas han luchado por nuestros derechos humanos. Este avance es un triunfo para las mujeres, representa una gran inspiración para las jóvenes y las niñas del país, motivándolas a soñar y trabajar por un futuro en el que puedan ejercer un liderazgo político sin limitaciones. No obstante, las actitudes violentas que se están observando entre las personas diputadas en este periodo son un síntoma alarmante de lo deterioradas que están las relaciones internas en el Parlamento. Este tipo de comportamientos no solo afectan a las personas involucradas, sino que deterioran la imagen de la institución frente a la ciudadanía y generan un ambiente de desconfianza.
Nos preguntamos, ¿a quién le conviene que el Parlamento sea percibido cada vez con menos respeto, alimentando la percepción de un espacio de confrontación y violencia? La violencia engendra más violencia, y lo que vemos reflejado en los ataques entre diputadas y diputados tiene y alimenta repercusiones mucho más amplias. Por ejemplo, desvía la atención de temas urgentes a resolver y no contribuye a dar respuestas de toda la institucionalidad a la guerra de violencia y los homicidios en las calles, en nuestros barrios, donde las familias costarricenses sufren las consecuencias del crimen organizado. Más grave aún, día con día la violencia física, sexual, psicológica, entre otras, desgarra la vida de las mujeres, las niñas y las jóvenes en los hogares costarricense y los femicidios en Costa Rica no cesan. Tenemos que reconocer que hay un entorno social cada vez más desbordado, no podemos permitirnos que las instituciones políticas, en particular la Asamblea Legislativa se convierta en un espacio de división exacerbada, irrespetuosa, violenta y muchas veces hasta vulgar.
Sabemos que este año preelectoral las tensiones aumentarán, pero es el momento de hacer un llamado urgente y vehemente a que se haga una tregua legislativa respecto a este tipo de eventos violentos que sólo acarrean riesgos psicosociales para toda la población. Costa Rica necesita liderazgos equilibrados, conciliadores, que ejerzan la comunicación no violenta, que promuevan el diálogo y la búsqueda de soluciones. El país necesita, más que nunca, respuestas concretas y responsables que vayan más allá de la confrontación y el señalamiento personal.
Es el momento de que nuestras y nuestros líderes asuman con valentía la responsabilidad de generar una política de paz, una política en la que el bienestar de todas las personas, especialmente las más vulnerables, sea el centro de las acciones, los femicidios deben de erradicarse, no debemos permitir como sociedad que esta pandemia de muertes de mujeres se normalice. La desigualdad social es insostenible, la educación pública merece una reforma, la seguridad humana, entiéndase la salud, la integridad física y los efectos del cambio climático debe de ser una prioridad, las personas emprendedoras y empresarias necesitan un ecosistema positivo para hacer negocio, es necesario descentralizar el poder, en fin, la lista de desafíos es larga, hay que generar respuestas colectivas. Las voces que se alzan desde el Parlamento deben ser aquellas que construyan, que promuevan el entendimiento y que eleven la calidad de la democracia en Costa Rica, garantizando la convivencia, el sentido de confianza y oportunidades para todas las personas habitantes, en especial para las niñas, niños y personas jóvenes en nuestro país.
La polarización será por la democracia no por nuestros derechos ya conquistados
Por Allison Quintanilla Hernández
Gestora comunitaria
Planificadora Económica y Social
Viernes 31 de enero, 2025
El principio de no regresividad en materia de derechos humanos es fundamental para garantizar que los avances alcanzados no sean revertidos. Si existiese una polarización, esa debe centrarse en la defensa de la democracia, no en cuestionar derechos ya conquistados.
El artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica establece que el Estado procurará el bienestar de todos los habitantes y reconoce el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Para lograr un entorno de derechos y equilibrio para todas las personas, es esencial fortalecer las instituciones públicas y asegurar que los servicios básicos, como educación y salud, sean accesibles para toda la población, de calidad y sin restricciones.
En los últimos años, hemos observado una disminución en la inversión social pública en áreas clave. Por ejemplo, en 2023, la inversión en educación representó solo el 5,70% del PIB, alejándose del 8% establecido constitucionalmente. Esta reducción tiene implicaciones directas en la calidad y cobertura de la educación, especialmente en zonas rurales. No es posible que para este año el presupuesto para educación sea el mismo de hace 20 años, con becas retenidas antes de iniciar el curso lectivo y casi 1000 centros educativos con cierres sanitarios y técnicos.
Paralelamente, la violencia de género ha mostrado cifras alarmantes, y somos las mujeres y otras poblaciones las que estamos poniendo los cuerpos en esta ola escalonada de violencia en el país. En enero de 2025, se registraron cinco femicidios, una cifra que no se veía desde 2016, esto afirmado propiamente por el OIJ. Estas estadísticas reflejan una realidad que no podemos ignorar como país y que demanda una respuesta contundente del Estado y la sociedad.
Y como este desequilibrio de bienestar no se agudizó ahora, la responsabilidad de gobiernos anteriores ha acumulado consecuencias en lo que algunas personas llamamos ‘’los espacios vacíos no existen’’ mientras priorizamos a la ficción y las pugnas del poder por el poder, los espacios vacíos fueron tomados por el crimen organizado, por la falta de oportunidades, por la violencia, por las organizaciones religiosas, por la desesperanza y por maquinarias político electorales, que hoy están en casa presidencial, hablando de dignidad humana sin entender lo que significa.
Mi historia personal es testimonio de cómo la intervención oportuna de instituciones públicas, aun con sus debilidades, puede cambiar vidas. A los seis años, fui víctima de abuso sexual. Gracias a la acción decidida de mi maestra de preescolar y al apoyo de instituciones como el Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pude recibir atención y protección. A pesar de las limitaciones y recursos escasos en una familia binacional y del campo, estas entidades brindaron el soporte necesario para superar situaciones adversas.
Crecí en un entorno donde la desigualdad social y la influencia religiosa marcaban el ritmo de vida hasta convertir la violencia en una forma de vida que se resolvía con el perdón de Dios todos los domingos en la iglesia. Mi madre, a sus 30 años, intentó romper el ciclo de violencia familiar y buscar oportunidades educativas. Sin embargo, enfrentó obstáculos impuestos por creencias religiosas que priorizaban la preservación de la familia por encima del bienestar real, imposiciones como convivir con los abusadores de nuestra familia o mi agresor sexual.
Con el tiempo, y con el apoyo de instituciones públicas como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el INAMU y las Universidades Públicas, logramos al menos alcanzar algo de movilidad social. Mi madre se convirtió en profesional y mis hermanos y yo, accedimos a programas que nos permitieron integrarnos plenamente en la sociedad.
Estas experiencias resaltan la importancia de un Estado Social de Derecho que garantice el bienestar de todas las personas, sin distinción ni discriminación. Los derechos humanos que hemos conquistado, especialmente aquellos relacionados con la igualdad de género y la protección de poblaciones vulnerables, no deben ser objeto de negociación ni retroceso, por más tentador que suene para los cálculos electoreros de los partidos políticos, o para las mismas organizaciones religiosas.
En el contexto electoral actual, es crucial que el debate se centre en los temas que verdaderamente afectan al país: la violencia, la inseguridad ciudadana, la pobreza, la crisis educativa, la salud, la seguridad social, el desempleo y la desigualdad social. Tanto las comunidades de fe como las poblaciones históricamente excluidas, debemos reconocer que nuestros derechos humanos como lo son, los derechos sexuales y reproductivos, o el derecho humano a la libertad religiosa no son moneda de cambio en este proceso electoral por más que lo intenten.
Recuerdo perfectamente una frase de mi madre cuando decidió divorciarse ‘’La Universidad me abrió las puertas para entender que mi valor como persona no estaba en el matrimonio, y que podía liberarme de la violencia sin ir al infierno, perdí el miedo al pastor y a las críticas en la iglesia porque mi familia tiene derecho a superarse y ser feliz’’.
Hoy mi mamá sigue asistiendo a su comunidad religiosa, pero con autonomía promueve el amor y la fe, pero sin abandonar la lucha en defensa del Estado de derecho.
Si hemos de polarizarnos, que sea en defensa de la democracia, la paz y la libertad, y en contra del autoritarismo, la censura y la violencia que promueven los discursos de odio de nuestro presidente Rodrigo Chaves.
Recordemos estas palabras: “Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. El Estado y las organizaciones de fe tienen roles distintos pero complementarios. Juntos, podemos trabajar por el progreso del país, respetando la autonomía de cada esfera y garantizando el bienestar de todas las personas sin caer en los cálculos electorales.
Alianza de Resistencia por la Vida de las Mujeres
Comunicado
¡EMERGENCIA NACIONAL: ¡TRES FEMICIDIOS EN MENOS DE 12 HORAS!
Costa Rica vive hoy una tragedia que no puede ser ignorada: en menos de 12 horas, tres mujeres han sido asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Estos crímenes son la manifestación más brutal de una violencia estructural que el Estado ha sido incapaz de prevenir. Frente a esta realidad, alzamos nuestra voz para exigir medidas claras, urgentes y efectivas que pongan fin a esta emergencia nacional.
Nuestra preocupación es profunda: el Estado costarricense y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), como ente rector, han fallado en garantizar la seguridad y la vida de las mujeres. No basta con discursos ni medidas simbólicas, necesitamos acciones concretas que respondan al mandato de los convenios internacionales que Costa Rica ha suscrito, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará. Ambos instrumentos exigen políticas efectivas, integrales y sostenidas para erradicar la violencia de género.
Exigimos:
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Declaratoria de emergencia nacional por violencia contra las mujeres. Este es un llamado urgente a priorizar recursos y políticas públicas para prevenir, atender y sancionar toda forma de violencia.
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El fin de la violencia institucional. Necesitamos instituciones que estén del lado de las mujeres, no del poder ejecutivo que perpetúa y naturaliza la violencia de género. Exigimos un INAMU que represente los intereses de las mujeres y no sea un apéndice del Ejecutivo.
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Una ministra comprometida con las mujeres. Queremos un liderazgo que no justifique las acciones del Ejecutivo, sino que aplique con firmeza los mandatos de los convenios internacionales y las leyes nacionales para salvar la vida de las mujeres.
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Cumplimiento de los compromisos internacionales. Es indispensable que el Estado costarricense cumpla con las obligaciones que ha asumido en la CEDAW y Belém do Pará, generando políticas efectivas, seguimiento integral y protección real para las mujeres en riesgo.
Un llamado a la acción colectiva:
Instamos a todas las organizaciones de mujeres, colectivos feministas y movimientos sociales a unirse en una Alianza de Resistencia por la Vida de las Mujeres. Esta lucha no puede ser de corto plazo ni limitada a las calles; debe ser sostenida y llevada a todos los espacios:
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En las comunidades, trabajando juntas para concienciar y capacitar a las personas en prevención de la violencia de género.
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En las instituciones, exigiendo cambios estructurales y denunciando la negligencia.
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En los centros de trabajo, promoviendo espacios seguros y libres de discriminación.
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En los hogares, educando desde la familia para erradicar los patrones de violencia.
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En las calles, alzando nuestras voces juntas en una lucha incansable por los derechos de las mujeres. Nos vemos este
Hoy, más que nunca, debemos acuerpar a cada mujer que enfrenta violencia, construir redes de apoyo y compartir información que salve vidas. Esta es una lucha que nos compromete a todas y todos, porque la vida de las mujeres no puede seguir siendo arrebatada por la indiferencia, la negligencia y la impunidad.
¡Por una Costa Rica justa, segura e igualitaria!
¡Que nuestras voces retumben en cada rincón del país y exijan un cambio real!
Desde la resistencia y por la vida de las mujeres.
DECLARAMOS EMERGENCIA NACIONAL YA.
Ante el aumento de la violencia femicida, las mujeres declaramos emergencia nacional
Las mujeres que integramos el Colectivo Mujeres por Costa Rica expresamos nuestra preocupación y enojo por el aumento de los femicidios en Costa Rica. En el año 2024 tuvimos un femicidio cada 15 días y en este mes que recién iniciamos el año 2025: se dan 5 femicidios en 28 días, dos veces y medio más con respecto al año 2024.
Es muy preocupante, además, que la violencia femicida ha tomado formas cada vez más extremas, de tortura y ensañamiento contra las mujeres, prácticas que antes se consideraban exclusivas del narcotráfico y el crimen organizado, las encontramos hoy en las formas en que los hombres deciden acabar con la vida de las mujeres.
Las causas de la violencia son multidimensionales: por un lado, son consecuencia de una desigualdad estructural, política y económica de género, y por otro, responden también a la circulación cada vez más extendida de discursos políticos que utilizan el odio, la confrontación, la burla y la violencia como herramientas para el ejercicio del poder.
Las mujeres no queremos seguir viviendo bajo un estado de permanente amenaza, odio, terror y miedo.
Junto a la movilización social, es urgente que el Estado y sus instituciones cumplan con su deber de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y declarar ya un estado de emergencia.
Basta ya de violencia femicida
Pronunciamiento público Foro de Mujeres INAMU
San José, 28 de enero 2025
Las organizaciones de mujeres integrantes del Foro de Mujeres INAMU nos manifestamos ante los femicidios ocurridos en nuestro país.
La violencia contra las mujeres es un problema social complejo, multidimensional y multicausal que afecta a nivel nacional y hoy se refleja en la cifra alarmante de 5 femicidios en lo que va del año 2025.
Creemos urgente que como sociedad entender que el aumento de la violencia siendo que esta es una construcción social que permea toda la sociedad de diferentes formas.
Primero. Nos solidarizamos con los familiares de las víctimas de femicidio
Recordamos la necesidad que la Asamblea retome la ley de reparación integral a las personas sobrevivientes de femicidio para que pueda ser aplicada.
Segundo. Exigimos la Declaratoria de emergencia.
Según el artículo 21 de la ley de penalización los femicidios han aumentado en un 200% en esta administración y los homicidios dolosos de mujeres han aumentado en un 65% lo que nos habla que nuestro país está cayendo en una crisis profunda acompañado del aumento de la desigualdad y la precariedad de la vida donde las mujeres llevan la peor parte y se les toma como objeto y toman control de su vida y entorno.
Tercero. El Estado tiene la obligación y el deber de garantizar el bienestar y respeto a la vida de las mujeres.
Que esto ocurra requiere del compromiso de toda la institucionalidad.
Instamos a las instituciones asumir como una prioridad la generación y puesta en marcha estrategias concretas que respondan a los reclamos que por muchos años han hecho las mujereres en la búsqueda de la erradicación de la violencia contra las mujeres y una mejor calidad de vida y el respeto de la vida de las mujeres.
Cuarto. Que la Asamblea legislativa trabaje en la gestación de leyes que atiendan los nuevos aspectos que potencian la violencia hacia las mujeres -narcotráfico -trata entre otros.
Consideramos que la reducción en edad de en las relaciones impropias en el gobierno de Alvarado debe revertir y volver a la mayoría de edad.
Que se garantice el cumplimiento y la aplicación de leyes convenios y convenciones internacionales existentes que fomenten la igualdad de género.
Invitamos a las autoridades judiciales a apegarse al estricto proceso de las leyes que garanticen la integridad de las mujeres y el cumplimiento de las sanciones para el agresor.
Quinto. Invertir en el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres que trabajen en la defensa de los derechos de las mujeres.
Abordar las múltiples formas de discriminación a las que se enfrentan las mujeres a diario.
Sexto. Exigencia de servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia
La violencia contra las mujeres no conoce horarios de oficina, por ello la atención deben ser adecuados, a tiempo y en horario 24/7 con personal sensibilizado y profesionalmente preparado.
Sétimo. Demostrar con acciones concretas el rechazo de la cultura de la violencia en todas sus odiosas formas.
Fortalecer una práctica de comunicación asertiva con mensajes que no normalicen la violencia, sin exaltación de la misoginia, ni utilice gestos, desde los medios de difusión masivas, estructuras gobierno y otras instancias.
Octavo. Crear y/o fortalecer estrategias para abordar la violencia machista y patriarcal.
La violencia machista y patriarcal es parte de una construcción social que permea toda la sociedad. Trabajar para deconstruirla debe ser una tarea permanente como la solución a un problema que solo genera más dolor y sufrimiento.
Noveno. Impulsar campañas permanentes y visibles para sensibilizar a la sociedad sobre la violencia hacia las mujeres.
Las campañas deben estar orientas a que la población reconozca que el uso de la violencia es una forma de control de la vida de las mujeres y puede causar daños irreparables en las personas que las sufren y es un flagelo para toda la sociedad.
Decimo. Trabajar desde toda la sociedad para construir un futuro mejor.
La lucha por la defensa de los derechos de las mujeres y lograr una sociedad más justa, reconstruida desde la formación desde los años preescolares promoviendo y motivando espacios para aprender a escuchar y creer en los relatos de las sobrevivientes.
Enseñar a las próximas generaciones sobre los impactos de la violencia machista y patriarcal, reconocer rasgos patológicos de la persona violenta para que sepan reconocerlos y que se alejen de ellos y no terminen engrosando la lista victimarios y victimas de femicidio.
Por último.
Invitamos a los formadores de los y las comunicadoras, a los y las comunicadoras y a toda la sociedad a conocer sobre los principios del feminismo y su posición política, económica y cultural para que entiendan que su objetivo es generar conciencia y condiciones para la transformación de relaciones sociales, lograr la igualdad entre las personas y eliminar cualquier forma de violencia contra las mujeres, la mitad de la población del país, en los ámbito públicos y privados, incluida la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. El feminismo nunca ha Matado a nadie, el machismo sí.
Instamos a la población a unirse en un movimiento contra el femicidio, que es la lucha permanente del feminismo, que busca poner en evidencia, discutir y proponer las distintas manifestaciones de las violencias, no solo aquellas que son evidentes, no solo el femicidio, sino también aquellas otras violencias cotidianas que son las que permiten el avance de las violencia que terminan en femicidio, como las otras manifestaciones de violencia que hemos visto en los últimos años hacia niñez, juventud, personas con discapacidad y personas mayores, poblaciones vulnerabilizadas como efecto de lo que estamos viviendo.
PREVENCIÓN ES LA ÚNICA MANERA DE DETENER LA VIOLENIA ANTES INCLUSO DE FEMICIDIO.
Comunicado oficial del Poder Judicial ante los recientes casos de femicidio
El Poder Judicial lamenta profundamente los femicidios registrados en los últimos días. Nos solidarizamos con los familiares de las víctimas en este doloroso momento y reiteramos nuestro compromiso de trabajar para garantizar la protección de la integridad y vida de las mujeres. Este es, y seguirá siendo, un tema prioritario para nuestra institución.
En relación con estos lamentables acontecimientos y tras realizar las consultas correspondientes a los juzgados e instancias competentes, el Poder Judicial desea aclarar lo siguiente:
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Sobre las solicitudes de medidas de protección, que prevé la Ley: Ninguna de las cuatro mujeres fallecidas recientemente había solicitado medidas cautelares de protección ante el Poder Judicial contra quienes presuntamente las asesinaron.
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Caso Fernández Hernández: La víctima, vecina de Cahuita, sí había solicitado medidas de protección (en julio de 2024), pero contra otra persona distinta al presunto responsable de su muerte. Cabe aclarar que estas medidas en éste único expediente, no pudieron ser notificadas al sujeto por parte de la Fuerza Pública, institución encargada de dicho procedimiento. Pero sobre el presunto agresor que supuestamente le dio muerte, el Poder Judicial no tiene registro que la víctima solicitara las medidas de protección.
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Responsabilidad en las notificaciones: Es importante señalar que las víctimas denunciantes no son las encargadas de notificar a los agresores sobre las medidas de protección dictadas por los juzgados, así establecido por disposiciones institucionales desde 1999 y reafirmada en el año 2023. Las notificaciones en casos de urgencia y de ejecución inmediata, se encomienda a la Fuerza Pública.
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Acciones inmediatas: Los cuatro sospechosos relacionados con estos femicidios han sido detenidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). A uno de ellos, un ciudadano estadounidense de apellido Mariondo, se le impuso un año de prisión preventiva, mientras que la situación jurídica de los otros tres sospechosos se encuentra pendiente de resolución en los juzgados respectivos.
Desde el Poder Judicial reafirmamos nuestro compromiso con la lucha contra la violencia de género y continuamos trabajando para fortalecer los mecanismos de protección y garantizar una respuesta efectiva en favor de las mujeres en situación de riesgo.
Hacemos un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier acto de violencia y reiterar nuestro compromiso con la transparencia, la justicia y el acceso efectivo a los servicios judiciales.
Poder Judicial de Costa Rica
28 de enero de 2025
IEM-UNA urge acciones para frenar la ola de femicidios
UNA Comunica. 28 de enero de 2024. El Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA) expresa su profunda preocupación ante la creciente violencia contra las mujeres en Costa Rica, evidenciada en la alarmante escalada de femicidios, debido a la inacción o ineficacia de las acciones estatales para cumplir con su deber de prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres.
En los primeros 27 días de este año, cinco mujeres han sido asesinadas, tres de ellas en un trágico intervalo de apenas 12 horas. Esto significa que es el registro de enero más elevado en los últimos cinco años.
Estas cifras se suman a las 82 muertes violentas de mujeres registradas en 2024, según el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, de las cuales 26 fueron clasificadas como femicidios, 16 como homicidios y 40 permanecen en análisis.
Esta realidad pone de manifiesto profundas desigualdades de género históricas y estructurales y la desvalorización de la existencia de las mujeres. El incremento de los femicidios, con episodios de ensañamiento y violencia extrema, refleja un grave incumplimiento en la protección de los derechos humanos. Además, este contexto perpetúa la normalización de la violencia en los ámbitos social, cultural y mediático, al reforzar el impacto simbólico de estos crímenes.
El problema no es un hecho aislado, sino que responde a un panorama más amplio, caracterizado por el debilitamiento de la institucionalidad pública, la reducción de programas educativos y preventivos, y la persistencia de discursos de odio que alimentan actitudes discriminatorias. Estas dinámicas afectan los esfuerzos por construir una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia.
Desde el Instituto de Estudios de la Mujer, hacemos un llamado a las autoridades del Estado costarricense para que redoblen su compromiso en la protección de los derechos de las mujeres mediante acciones concretas y efectivas:
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Restauración y fortalecimiento de programas educativos: Es imperativo restituir y fortalecer de inmediato las iniciativas que promuevan la igualdad de género, la prevención de la violencia y el respeto por los derechos humanos desde las primeras etapas de formación así como la eliminación de los roles y estereotipos de género. La falta de estas herramientas educativas perpetúa las discriminaciones y sostiene la violencia estructural que afecta a las mujeres.
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Políticas públicas efectivas y accesibles: El Estado tiene la responsabilidad ineludible de diseñar e implementar medidas integrales que garanticen servicios especializados, oportunos y accesibles para mujeres en situación de violencia. No cumplir con esta obligación constituye un incumplimiento grave de sus deberes como garante de los derechos humanos y la seguridad de su población.
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Compromiso institucional firme: Es fundamental que las autoridades estatales asuman con determinación su rol de liderar, con un discurso claro y acciones contundentes, el rechazo a toda forma de violencia, incluida la violencia simbólica. El Estado debe demostrar con acciones concretas su compromiso con la construcción de una sociedad que valore y proteja la vida de las mujeres, que erradique la discriminación y garantice un entorno seguro para todas, haciendo la debida inversión de tiempo, esfuerzo y recursos de todo tipo.
Solo a través de un esfuerzo conjunto como sociedad podremos construir un país más seguro y libre para todas las personas. Es momento de actuar con decisión para proteger la vida de las mujeres y garantizar su derecho a vivir sin violencia.
Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica