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Etiqueta: femicidios

La polarización será por la democracia no por nuestros derechos ya conquistados

Por Allison Quintanilla Hernández
Gestora comunitaria
Planificadora Económica y Social
Viernes 31 de enero, 2025

El principio de no regresividad en materia de derechos humanos es fundamental para garantizar que los avances alcanzados no sean revertidos. Si existiese una polarización, esa debe centrarse en la defensa de la democracia, no en cuestionar derechos ya conquistados.

El artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica establece que el Estado procurará el bienestar de todos los habitantes y reconoce el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Para lograr un entorno de derechos y equilibrio para todas las personas, es esencial fortalecer las instituciones públicas y asegurar que los servicios básicos, como educación y salud, sean accesibles para toda la población, de calidad y sin restricciones.

En los últimos años, hemos observado una disminución en la inversión social pública en áreas clave. Por ejemplo, en 2023, la inversión en educación representó solo el 5,70% del PIB, alejándose del 8% establecido constitucionalmente. Esta reducción tiene implicaciones directas en la calidad y cobertura de la educación, especialmente en zonas rurales. No es posible que para este año el presupuesto para educación sea el mismo de hace 20 años, con becas retenidas antes de iniciar el curso lectivo y casi 1000 centros educativos con cierres sanitarios y técnicos.

Paralelamente, la violencia de género ha mostrado cifras alarmantes, y somos las mujeres y otras poblaciones las que estamos poniendo los cuerpos en esta ola escalonada de violencia en el país. En enero de 2025, se registraron cinco femicidios, una cifra que no se veía desde 2016, esto afirmado propiamente por el OIJ. Estas estadísticas reflejan una realidad que no podemos ignorar como país y que demanda una respuesta contundente del Estado y la sociedad.

Y como este desequilibrio de bienestar no se agudizó ahora, la responsabilidad de gobiernos anteriores ha acumulado consecuencias en lo que algunas personas llamamos ‘’los espacios vacíos no existen’’ mientras priorizamos a la ficción y las pugnas del poder por el poder, los espacios vacíos fueron tomados por el crimen organizado, por la falta de oportunidades, por la violencia, por las organizaciones religiosas, por la desesperanza y por maquinarias político electorales, que hoy están en casa presidencial, hablando de dignidad humana sin entender lo que significa.

Mi historia personal es testimonio de cómo la intervención oportuna de instituciones públicas, aun con sus debilidades, puede cambiar vidas. A los seis años, fui víctima de abuso sexual. Gracias a la acción decidida de mi maestra de preescolar y al apoyo de instituciones como el Ministerio de Educación Pública (MEP) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pude recibir atención y protección. A pesar de las limitaciones y recursos escasos en una familia binacional y del campo, estas entidades brindaron el soporte necesario para superar situaciones adversas.

Crecí en un entorno donde la desigualdad social y la influencia religiosa marcaban el ritmo de vida hasta convertir la violencia en una forma de vida que se resolvía con el perdón de Dios todos los domingos en la iglesia. Mi madre, a sus 30 años, intentó romper el ciclo de violencia familiar y buscar oportunidades educativas. Sin embargo, enfrentó obstáculos impuestos por creencias religiosas que priorizaban la preservación de la familia por encima del bienestar real, imposiciones como convivir con los abusadores de nuestra familia o mi agresor sexual.

Con el tiempo, y con el apoyo de instituciones públicas como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el INAMU y las Universidades Públicas, logramos al menos alcanzar algo de movilidad social. Mi madre se convirtió en profesional y mis hermanos y yo, accedimos a programas que nos permitieron integrarnos plenamente en la sociedad.

Estas experiencias resaltan la importancia de un Estado Social de Derecho que garantice el bienestar de todas las personas, sin distinción ni discriminación. Los derechos humanos que hemos conquistado, especialmente aquellos relacionados con la igualdad de género y la protección de poblaciones vulnerables, no deben ser objeto de negociación ni retroceso, por más tentador que suene para los cálculos electoreros de los partidos políticos, o para las mismas organizaciones religiosas.

En el contexto electoral actual, es crucial que el debate se centre en los temas que verdaderamente afectan al país: la violencia, la inseguridad ciudadana, la pobreza, la crisis educativa, la salud, la seguridad social, el desempleo y la desigualdad social. Tanto las comunidades de fe como las poblaciones históricamente excluidas, debemos reconocer que nuestros derechos humanos como lo son, los derechos sexuales y reproductivos, o el derecho humano a la libertad religiosa no son moneda de cambio en este proceso electoral por más que lo intenten.

Recuerdo perfectamente una frase de mi madre cuando decidió divorciarse ‘’La Universidad me abrió las puertas para entender que mi valor como persona no estaba en el matrimonio, y que podía liberarme de la violencia sin ir al infierno, perdí el miedo al pastor y a las críticas en la iglesia porque mi familia tiene derecho a superarse y ser feliz’’.

Hoy mi mamá sigue asistiendo a su comunidad religiosa, pero con autonomía promueve el amor y la fe, pero sin abandonar la lucha en defensa del Estado de derecho.

Si hemos de polarizarnos, que sea en defensa de la democracia, la paz y la libertad, y en contra del autoritarismo, la censura y la violencia que promueven los discursos de odio de nuestro presidente Rodrigo Chaves.

Recordemos estas palabras: “Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. El Estado y las organizaciones de fe tienen roles distintos pero complementarios. Juntos, podemos trabajar por el progreso del país, respetando la autonomía de cada esfera y garantizando el bienestar de todas las personas sin caer en los cálculos electorales.

Alianza de Resistencia por la Vida de las Mujeres

Comunicado

¡EMERGENCIA NACIONAL: ¡TRES FEMICIDIOS EN MENOS DE 12 HORAS!

Costa Rica vive hoy una tragedia que no puede ser ignorada: en menos de 12 horas, tres mujeres han sido asesinadas por el simple hecho de ser mujeres. Estos crímenes son la manifestación más brutal de una violencia estructural que el Estado ha sido incapaz de prevenir. Frente a esta realidad, alzamos nuestra voz para exigir medidas claras, urgentes y efectivas que pongan fin a esta emergencia nacional.

Nuestra preocupación es profunda: el Estado costarricense y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), como ente rector, han fallado en garantizar la seguridad y la vida de las mujeres. No basta con discursos ni medidas simbólicas, necesitamos acciones concretas que respondan al mandato de los convenios internacionales que Costa Rica ha suscrito, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará. Ambos instrumentos exigen políticas efectivas, integrales y sostenidas para erradicar la violencia de género.

Exigimos:

  1. Declaratoria de emergencia nacional por violencia contra las mujeres. Este es un llamado urgente a priorizar recursos y políticas públicas para prevenir, atender y sancionar toda forma de violencia.

  2. El fin de la violencia institucional. Necesitamos instituciones que estén del lado de las mujeres, no del poder ejecutivo que perpetúa y naturaliza la violencia de género. Exigimos un INAMU que represente los intereses de las mujeres y no sea un apéndice del Ejecutivo.

  3. Una ministra comprometida con las mujeres. Queremos un liderazgo que no justifique las acciones del Ejecutivo, sino que aplique con firmeza los mandatos de los convenios internacionales y las leyes nacionales para salvar la vida de las mujeres.

  4. Cumplimiento de los compromisos internacionales. Es indispensable que el Estado costarricense cumpla con las obligaciones que ha asumido en la CEDAW y Belém do Pará, generando políticas efectivas, seguimiento integral y protección real para las mujeres en riesgo.

Un llamado a la acción colectiva:

Instamos a todas las organizaciones de mujeres, colectivos feministas y movimientos sociales a unirse en una Alianza de Resistencia por la Vida de las Mujeres. Esta lucha no puede ser de corto plazo ni limitada a las calles; debe ser sostenida y llevada a todos los espacios:

  • En las comunidades, trabajando juntas para concienciar y capacitar a las personas en prevención de la violencia de género.

  • En las instituciones, exigiendo cambios estructurales y denunciando la negligencia.

  • En los centros de trabajo, promoviendo espacios seguros y libres de discriminación.

  • En los hogares, educando desde la familia para erradicar los patrones de violencia.

  • En las calles, alzando nuestras voces juntas en una lucha incansable por los derechos de las mujeres. Nos vemos este

Hoy, más que nunca, debemos acuerpar a cada mujer que enfrenta violencia, construir redes de apoyo y compartir información que salve vidas. Esta es una lucha que nos compromete a todas y todos, porque la vida de las mujeres no puede seguir siendo arrebatada por la indiferencia, la negligencia y la impunidad.

¡Por una Costa Rica justa, segura e igualitaria!

¡Que nuestras voces retumben en cada rincón del país y exijan un cambio real!

Desde la resistencia y por la vida de las mujeres.

DECLARAMOS EMERGENCIA NACIONAL YA.

Ante el aumento de la violencia femicida, las mujeres declaramos emergencia nacional

Las mujeres que integramos el Colectivo Mujeres por Costa Rica expresamos nuestra preocupación y enojo por el aumento de los femicidios en Costa Rica. En el año 2024 tuvimos un femicidio cada 15 días y en este mes que recién iniciamos el año 2025: se dan 5 femicidios en 28 días, dos veces y medio más con respecto al año 2024.

Es muy preocupante, además, que la violencia femicida ha tomado formas cada vez más extremas, de tortura y ensañamiento contra las mujeres, prácticas que antes se consideraban exclusivas del narcotráfico y el crimen organizado, las encontramos hoy en las formas en que los hombres deciden acabar con la vida de las mujeres.

Las causas de la violencia son multidimensionales: por un lado, son consecuencia de una desigualdad estructural, política y económica de género, y por otro, responden también a la circulación cada vez más extendida de discursos políticos que utilizan el odio, la confrontación, la burla y la violencia como herramientas para el ejercicio del poder.

Las mujeres no queremos seguir viviendo bajo un estado de permanente amenaza, odio, terror y miedo.

Junto a la movilización social, es urgente que el Estado y sus instituciones cumplan con su deber de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres y declarar ya un estado de emergencia.

Basta ya de violencia femicida

Pronunciamiento público Foro de Mujeres INAMU

San José, 28 de enero 2025

Las organizaciones de mujeres integrantes del Foro de Mujeres INAMU nos manifestamos ante los femicidios ocurridos en nuestro país.

La violencia contra las mujeres es un problema social complejo, multidimensional y multicausal que afecta a nivel nacional y hoy se refleja en la cifra alarmante de 5 femicidios en lo que va del año 2025.

Creemos urgente que como sociedad entender que el aumento de la violencia siendo que esta es una construcción social que permea toda la sociedad de diferentes formas.

Primero. Nos solidarizamos con los familiares de las víctimas de femicidio

Recordamos la necesidad que la Asamblea retome la ley de reparación integral a las personas sobrevivientes de femicidio para que pueda ser aplicada.

Segundo. Exigimos la Declaratoria de emergencia.

Según el artículo 21 de la ley de penalización los femicidios han aumentado en un 200% en esta administración y los homicidios dolosos de mujeres han aumentado en un 65% lo que nos habla que nuestro país está cayendo en una crisis profunda acompañado del aumento de la desigualdad y la precariedad de la vida donde las mujeres llevan la peor parte y se les toma como objeto y toman control de su vida y entorno.

Tercero. El Estado tiene la obligación y el deber de garantizar el bienestar y respeto a la vida de las mujeres.

Que esto ocurra requiere del compromiso de toda la institucionalidad.

Instamos a las instituciones asumir como una prioridad la generación y puesta en marcha estrategias concretas que respondan a los reclamos que por muchos años han hecho las mujereres en la búsqueda de la erradicación de la violencia contra las mujeres y una mejor calidad de vida y el respeto de la vida de las mujeres.

Cuarto. Que la Asamblea legislativa trabaje en la gestación de leyes que atiendan los nuevos aspectos que potencian la violencia hacia las mujeres -narcotráfico -trata entre otros.

Consideramos que la reducción en edad de en las relaciones impropias en el gobierno de Alvarado debe revertir y volver a la mayoría de edad.

Que se garantice el cumplimiento y la aplicación de leyes convenios y convenciones internacionales existentes que fomenten la igualdad de género.

Invitamos a las autoridades judiciales a apegarse al estricto proceso de las leyes que garanticen la integridad de las mujeres y el cumplimiento de las sanciones para el agresor.

Quinto. Invertir en el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres que trabajen en la defensa de los derechos de las mujeres.

Abordar las múltiples formas de discriminación a las que se enfrentan las mujeres a diario.

Sexto. Exigencia de servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia

La violencia contra las mujeres no conoce horarios de oficina, por ello la atención deben ser adecuados, a tiempo y en horario 24/7 con personal sensibilizado y profesionalmente preparado.

Sétimo. Demostrar con acciones concretas el rechazo de la cultura de la violencia en todas sus odiosas formas.

Fortalecer una práctica de comunicación asertiva con mensajes que no normalicen la violencia, sin exaltación de la misoginia, ni utilice gestos, desde los medios de difusión masivas, estructuras gobierno y otras instancias.

Octavo. Crear y/o fortalecer estrategias para abordar la violencia machista y patriarcal.

La violencia machista y patriarcal es parte de una construcción social que permea toda la sociedad. Trabajar para deconstruirla debe ser una tarea permanente como la solución a un problema que solo genera más dolor y sufrimiento.

Noveno. Impulsar campañas permanentes y visibles para sensibilizar a la sociedad sobre la violencia hacia las mujeres.

Las campañas deben estar orientas a que la población reconozca que el uso de la violencia es una forma de control de la vida de las mujeres y puede causar daños irreparables en las personas que las sufren y es un flagelo para toda la sociedad.

Decimo. Trabajar desde toda la sociedad para construir un futuro mejor.

La lucha por la defensa de los derechos de las mujeres y lograr una sociedad más justa, reconstruida desde la formación desde los años preescolares promoviendo y motivando espacios para aprender a escuchar y creer en los relatos de las sobrevivientes.

Enseñar a las próximas generaciones sobre los impactos de la violencia machista y patriarcal, reconocer rasgos patológicos de la persona violenta para que sepan reconocerlos y que se alejen de ellos y no terminen engrosando la lista victimarios y victimas de femicidio.

Por último.

Invitamos a los formadores de los y las comunicadoras, a los y las comunicadoras y a toda la sociedad a conocer sobre los principios del feminismo y su posición política, económica y cultural para que entiendan que su objetivo es generar conciencia y condiciones para la transformación de relaciones sociales, lograr la igualdad entre las personas y eliminar cualquier forma de violencia contra las mujeres, la mitad de la población del país, en los ámbito públicos y privados, incluida la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. El feminismo nunca ha Matado a nadie, el machismo sí.

Instamos a la población a unirse en un movimiento contra el femicidio, que es la lucha permanente del feminismo, que busca poner en evidencia, discutir y proponer las distintas manifestaciones de las violencias, no solo aquellas que son evidentes, no solo el femicidio, sino también aquellas otras violencias cotidianas que son las que permiten el avance de las violencia que terminan en femicidio, como las otras manifestaciones de violencia que hemos visto en los últimos años hacia niñez, juventud, personas con discapacidad y personas mayores, poblaciones vulnerabilizadas como efecto de lo que estamos viviendo.

PREVENCIÓN ES LA ÚNICA MANERA DE DETENER LA VIOLENIA ANTES INCLUSO DE FEMICIDIO.

Comunicado oficial del Poder Judicial ante los recientes casos de femicidio

El Poder Judicial lamenta profundamente los femicidios registrados en los últimos días. Nos solidarizamos con los familiares de las víctimas en este doloroso momento y reiteramos nuestro compromiso de trabajar para garantizar la protección de la integridad y vida de las mujeres. Este es, y seguirá siendo, un tema prioritario para nuestra institución.

En relación con estos lamentables acontecimientos y tras realizar las consultas correspondientes a los juzgados e instancias competentes, el Poder Judicial desea aclarar lo siguiente:

  1. Sobre las solicitudes de medidas de protección, que prevé la Ley: Ninguna de las cuatro mujeres fallecidas recientemente había solicitado medidas cautelares de protección ante el Poder Judicial contra quienes presuntamente las asesinaron.

  2. Caso Fernández Hernández: La víctima, vecina de Cahuita, sí había solicitado medidas de protección (en julio de 2024), pero contra otra persona distinta al presunto responsable de su muerte. Cabe aclarar que estas medidas en éste único expediente, no pudieron ser notificadas al sujeto por parte de la Fuerza Pública, institución encargada de dicho procedimiento. Pero sobre el presunto agresor que supuestamente le  dio muerte,  el Poder Judicial no tiene registro que la víctima solicitara las medidas de protección.

  3. Responsabilidad en las notificaciones: Es importante señalar que las víctimas denunciantes no son las encargadas de notificar a los agresores sobre las medidas de protección dictadas por los juzgados, así establecido  por disposiciones institucionales desde 1999 y reafirmada en el año 2023.  Las notificaciones en casos de urgencia y de ejecución inmediata, se encomienda a la  Fuerza Pública.

  4. Acciones inmediatas: Los cuatro sospechosos relacionados con estos femicidios han sido detenidos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). A uno de ellos, un ciudadano estadounidense de apellido Mariondo, se le impuso un año de prisión preventiva, mientras que la situación jurídica de los otros tres sospechosos se encuentra pendiente de resolución en los juzgados respectivos.

Desde el Poder Judicial reafirmamos nuestro compromiso con la lucha contra la violencia de género y continuamos trabajando para fortalecer los mecanismos de protección y garantizar una respuesta efectiva en favor de las mujeres en situación de riesgo.

Hacemos un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier acto de violencia y reiterar nuestro compromiso con la transparencia, la justicia y el acceso efectivo a los servicios judiciales.

Poder Judicial de Costa Rica
28 de enero de 2025

IEM-UNA urge acciones para frenar la ola de femicidios

UNA Comunica. 28 de enero de 2024. El Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA) expresa su profunda preocupación ante la creciente violencia contra las mujeres en Costa Rica, evidenciada en la alarmante escalada de femicidios, debido a la inacción o ineficacia de las acciones estatales para cumplir con su deber de prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres.

En los primeros 27 días de este año, cinco mujeres han sido asesinadas, tres de ellas en un trágico intervalo de apenas 12 horas. Esto significa que es el registro de enero más elevado en los últimos cinco años.

Estas cifras se suman a las 82 muertes violentas de mujeres registradas en 2024, según el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, de las cuales 26 fueron clasificadas como femicidios, 16 como homicidios y 40 permanecen en análisis. 

Esta realidad pone de manifiesto profundas desigualdades de género históricas y estructurales y la desvalorización de la existencia de las mujeres. El incremento de los femicidios, con episodios de ensañamiento y violencia extrema, refleja un grave incumplimiento en la protección de los derechos humanos. Además, este contexto perpetúa la normalización de la violencia en los ámbitos social, cultural y mediático, al reforzar el impacto simbólico de estos crímenes. 

El problema no es un hecho aislado, sino que responde a un panorama más amplio, caracterizado por el debilitamiento de la institucionalidad pública, la reducción de programas educativos y preventivos, y la persistencia de discursos de odio que alimentan actitudes discriminatorias. Estas dinámicas afectan los esfuerzos por construir una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia. 

Desde el Instituto de Estudios de la Mujer, hacemos un llamado a las autoridades del Estado costarricense para que redoblen su compromiso en la protección de los derechos de las mujeres mediante acciones concretas y efectivas: 

  1. Restauración y fortalecimiento de programas educativos: Es imperativo restituir y fortalecer de inmediato las iniciativas que promuevan la igualdad de género, la prevención de la violencia y el respeto por los derechos humanos desde las primeras etapas de formación así como la eliminación de los roles y estereotipos de género. La falta de estas herramientas educativas perpetúa las discriminaciones y sostiene la violencia estructural que afecta a las mujeres. 

  1. Políticas públicas efectivas y accesibles: El Estado tiene la responsabilidad ineludible de diseñar e implementar medidas integrales que garanticen servicios especializados, oportunos y accesibles para mujeres en situación de violencia. No cumplir con esta obligación constituye un incumplimiento grave de sus deberes como garante de los derechos humanos y la seguridad de su población.

  1. Compromiso institucional firme: Es fundamental que las autoridades estatales asuman con determinación su rol de liderar, con un discurso claro y acciones contundentes, el rechazo a toda forma de violencia, incluida la violencia simbólica. El Estado debe demostrar con acciones concretas su compromiso con la construcción de una sociedad que valore y proteja la vida de las mujeres, que erradique la discriminación y garantice un entorno seguro para todas, haciendo la debida inversión de tiempo, esfuerzo y recursos de todo tipo.

Solo a través de un esfuerzo conjunto como sociedad podremos construir un país más seguro y libre para todas las personas.  Es momento de actuar con decisión para proteger la vida de las mujeres y garantizar su derecho a vivir sin violencia. 

Oficina de Comunicación

Universidad Nacional, Costa Rica 

Defensoría: Los femicidios son un reflejo de un país donde no cesa la violencia machista hacia las mujeres

Ante los lamentables hechos de violencia contra mujeres vinculados a sus parejas sentimentales, la Defensoría de los Habitantes pide respeto por las víctimas y sus familiares. Sin lugar a dudas, este tipo de violencia debe ser objeto de discusión e indignación a viva voz, como reproche ante conductas que reproducen patrones machistas en donde la mujer es una posesión del perpetrador y creen tener la potestad de su vida o de su muerte.

El año pasado, 82 mujeres murieron en forma violenta, delitos de los cuales 26 ya han sido reconocidos como femicidios y 40 faltan por clasificar, es decir, asesinatos por su condición de género en manos de sus esposos o compañeros sentimentales. Según datos del Observatorio de Igualad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, en el año 2023 un total de 11 muertes violentas de mujeres por razón de género ocurren cada día en la región. Decimos que, por su condición de género, porque precisamente por el hecho de ser mujeres, sus parejas las consideran de su propiedad y ante diferentes circunstancias en sus relaciones, se atribuyen el poder de disponer de ellas a tal punto de quitarles la vida, incluso en frente de sus propios hijos e hijas. Esto no tiene otro nombre y, ocultarlo o disimularlo, no hace más que fortalecer tal modelo patriarcal que aún prevalece en nuestra sociedad.

A nivel del sistema institucional, Costa Rica cuenta con un importante conjunto de herramientas jurídicas para atender y prevenir la violencia de género; sin embargo, la cuestión preventiva está dejando que desear y esta labor no es solo del Estado, sino de toda la sociedad.

Se trata de una cuestión cultural. Una sociedad que normaliza la violencia en todas sus formas y ámbitos, fomenta el caldo de cultivo para someter aún más a los grupos vulnerabilizados, entre ellos, históricamente a las mujeres.

El femicidio es la máxima expresión de violencia contra las mujeres, pero previo a este, el maltrato verbal, la discriminación, la misoginia, los golpes, la violencia sexual, la violencia económica, la discriminación laboral, el acoso y el menosprecio, entre otras vejaciones, son violencia por razón de género, todas las cuales deben ser visibilizadas, atendidas y sancionadas.

La educación en el hogar, la comunidad y, por supuesto, el centro educativo, es la clave para que podamos revertir ese patrón, pero lamentablemente, tal factor de protección, cada día se reduce y debilita, para muestra, incluso las últimas decisiones gubernamentales, así como las muertes violentas cuya noticia escuchamos cada mañana.

Esta violencia se reafirma con manifestaciones de menosprecio a las víctimas y sus familiares, cualesquiera sean las circunstancias de las relaciones de éstas con el femicida. Si es joven, si es mayor, si tiene estudios, si no los tiene, si es o no de recursos económicos, todos estos son elementos que no justifican bajo ningún motivo el quitar una vida, o dos, cuando hay un embarazo de por medio.

Ya no es solo empatía y respeto, es posicionamiento claro en contra de la violencia hacia las mujeres, lo que debe ser nuestra reacción social ante estos hechos. Todas las personas y, con mayor razón quienes tienen canales de difusión de cualquier índole, debemos señalar, rechazar y reprochar la violencia en donde corresponde, sea en el perpetrador. Intentar trasladar culpas hacia las víctimas o sus familias, nos hace cómplices de una realidad que no puede ser tolerada más.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Gran marcha nacional ¡Emergencia ya, Ni una menos!

Día Internacional por la eliminación de la violencia contra las mujeres – 25 de noviembre. En el marco del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, diversas organizaciones, colectivos, grupos, partidos y activistas independientes convocamos a una Gran Marcha Nacional para exigir respuestas concretas ante la crisis de violencia que enfrentan las mujeres en Costa Rica. En un contexto donde la violencia de género ha alcanzado niveles alarmantes, exigimos la Declaratoria de Emergencia Nacional por violencia hacia las mujeres por parte del Gobierno, a sabiendas de las características machistas y autoritarias de Rodrigo Chaves. Ante la falta de acciones contundentes, las mujeres declaramos esta emergencia desde las calles, reafirmando nuestra lucha y exigencia de justicia para todas.

Datos recientes del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y el Acceso a la Justicia del Poder Judicial reflejan una situación crítica. Se contabilizan hasta la fecha 21 femicidios y alrededor de 70 muertes violentas de mujeres. Además, los crímenes de odio hacia las mujeres trans continúan siendo desatendidos y tratados de forma transfobia en medios y espacios públicos. La inacción del Estado costarricense ha dejado en evidencia una falta de cumplimiento de sus obligaciones en materia de prevención, atención y justicia, lo que ha permitido un aumento en la violencia y un ambiente de impunidad. La violencia patriarcal es un problema estructural vinculado a la pobreza, las desigualdades y precarización del trabajo y condiciones de vida en el sistema capitalista.

Las instituciones responsables de la protección de las mujeres han sido debilitadas por recortes presupuestarios y decisiones políticas de este gobierno. El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) ha sido instrumentalizado políticamente, alejándose de su labor de colaboración con organizaciones civiles y sectores que han luchado históricamente contra la violencia de género, incumpliendo con las obligaciones jurídicas de protección especial como la CEDAW y Belém Do Pará. Las iniciativas gubernamentales -usadas para lavar la imagen del gobierno-, como los «puntos violetas» han sido estrategias que no han generado cambios significativos en la vida de las mujeres, dejando a muchas de ellas en situación de vulnerabilidad. Nos solidarizamos con las personas trabajadoras del INAMU a quienes diferenciamos de las jerarquías gubernamentales responsables de estas acciones denunciadas.

El sistema judicial ha sido cómplice de esta violencia, dándonos la espalda al momento de denunciar, mostrando debilidad y falta de compromiso en el acompañamiento a las víctimas. Este sistema, aludiendo a la falta de recursos, evade profundizar en la búsqueda de las tantas mujeres desaparecidas hasta encontrarlas, como ocurre con Nancy Chacón, Daniela Escobar y la niña Keibril García. Por si fuera poco, también se tarda en llevar a juicio a asesinos en los casos de femicidios como los de Fernanda y Raisha, Natali Madriz y Yuli Ureña los cuales irán a juicio prontamente debido a la presión de sus familiares.

El Ministerio de Educación Pública y las universidades estatales han enfrentado una serie de recortes que incluyen ataques a personas trabajadoras de la educación y a la permanencia de estudiantes en el sistema educativo, con menos recursos para comedores, transporte y becas. La ausencia de programas de igualdad y equidad de género afecta a las juventudes y niñez, negándoles una educación sin violencia. Se ha recortado el presupuesto también de Acueductos y Alcantarillados perjudicando el acceso hacia el agua. Los recortes en el Ministerio de la Vivienda hacen que el presupuesto sea el menor en los últimos años por lo cual acceder a un bono de vivienda es cada vez más difícil perjudicando a las mujeres de sectores populares y sus familias.

Por otro lado, la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.) también se encuentra bajo amenaza debido a recortes y privatización, limitando el acceso a la salud pública, lo que afecta de manera desigual a las mujeres. La situación es especialmente crítica en regiones fuera del Gran Área Metropolitana (GAM), donde los recursos para la atención de salud de las mujeres son escasos. Además, se ha negado la inversión en obra pública como la construcción del Hospital de Cartago.

Es fundamental que defendamos las conquistas sociales que han significado las instituciones públicas y exijamos el mejoramiento de los servicios públicos.

Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar siguen siendo vulnerados en Costa Rica. A pesar de que el Código Penal establece el acceso al aborto terapéutico desde hace más de 50 años y de que existen una norma técnica y un protocolo de la C.C.S.S., aún no se garantiza plenamente este derecho, como fue evidente en los casos de Ana en 2007 y de Aurora en 2012. Esta situación refleja una forma de violencia que enfrentan las mujeres en el país, quienes carecen de la libertad para decidir sobre sus cuerpos, ya que el aborto continúa siendo ilegal. Inclusive, el país sigue incumpliendo con su obligación de recolectar datos actualizados sobre interrupción del embarazo pero según la Asociación Demográfica Costarricense, entre 2007 y el 2008, se realizaron aproximadamente 27,000 abortos inducidos.

De manera solidaria, levantamos la voz contra la ocupación en Palestina y la política de exterminio llevado a cabo por Israel hacia el pueblo palestino, exigimos la ruptura de relaciones con el gobierno de Israel, incluyendo el Tratado de Libre Comercio con Costa Rica, en solidaridad con el pueblo palestino.

Exigimos el cumplimiento de la ley que se encarga de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política en Costa Rica vigente y demandamos la aprobación de normativa para que la política sea un espacio seguro para las Mujeres.

Hacemos un llamado al feminismo y al movimiento de mujeres a sostener la independencia y autonomía de nuestro pensamiento frente al Estado, instituciones y sectores anti derechos, y a desarrollar un movimiento a nivel nacional por medio de movilizaciones callejeras para luchar contra la violencia machista.

Las organizaciones firmantes, unidas bajo la consigna «Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos», demandamos:

  • La Declaratoria de Emergencia.
  • Justicia para Fernanda y Raisha (en el juicio que inicia el 2 de diciembre), para Yuli Ureña (en el juicio que inicia el 4 de diciembre) y para Naty Madriz (en el juicio que inicia el 22 de enero del 2025),
  • Aprobación de los proyectos de ley que exigen las mujeres sobrevivientes de tentativa de femicidio y de Familias Sobreviviendo el Femicidio.
  • La despenalización del aborto tal y como fue recomendado por diferentes países en 2 ciclos en el Examen Periódico Universal coincidiendo con el criterio del Comité CEDAW en los casos de violación, incesto, riesgo para la vida o salud de la mujer y malformación grave del feto.
  • La legalización del aborto seguro, libre y gratuito.

Instamos a todo el país a unirse a esta marcha para alzar nuestras voces en contra de la violencia basada en género, los discursos de odio y la impunidad. Exigimos políticas de prevención eficaces y el fortalecimiento de los servicios públicos y de las instituciones comprometidas con la protección de los derechos de las mujeres.