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Etiqueta: femicidios

UCR: Voz experta: Costa Rica en alerta ante el aumento de la violencia femicida

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Dra. Mariana Mora, UCR

Por: Dra. Mariana Mora. Profesora Asociada en la Escuela de Sociología e investigadora en el CIEM-UCR

¡No hay agresión sin respuesta!

En lo que llevamos del año (2024), el Estado reconoce 10 femicidos y 18 muertes violentas de mujeres pendientes de clasificar. Todo consecuencia de una desigualdad estructural, política y económica de género

La conciencia sobre la violencia contra las mujeres crece desde la década de 1970, gracias a la reflexión y acción de los movimientos feministas, y ahora se nombra como un problema social y político que responde a estructuras de poder. De esta forma, se identifica un sistema patriarcal que se sirve de diferentes medios para mantener una jerarquía basada en el género, una opresión que utiliza lo económico, lo político, lo doméstico y lo “privado” para reproducir una violencia sistémica.

Como parte de la reproducción de dicha violencia, el femicidio se torna una herramienta letal de control sobre las mujeres. El mensaje dentro de este contexto de violencia de género y sexual, es: “sálgase de la norma y esto le puede costar la vida” ; y para los hombres “puede matarla y salirse con la suya” (Radford y Russel, 1992). Esta permanente amenaza de la violencia extrema no sólo produce el efecto de control señalado, sino que también debilita la autonomía de las mujeres, produce un miedo generalizado, y con esto se mantiene el dominio sobre la vida y cuerpo de las mujeres.

El contexto actual

El año 2022, momento en que el gobierno de Rodrigo Chávez asume el poder, el panorama para las mujeres va a ser uno muchísimo más grave. Fue electo un candidato presidencial que fue sancionado por hostigamiento sexual en su lugar de trabajo. Esto refleja el apoyo hacia figuras masculinas violentas, autoritarias, que a pesar de recibir algún tipo de sanción por sus actos, socialmente lo que prevalece es una popularidad e incluso una identificación con la figura misma. Su gestión presidencial durante los últimos dos años ha evidenciado el desprecio, la burla y el irrespeto manifiesto contra las mujeres. Esto se traduce en un aumento en la violencia política, simbólica y cultural contra las mujeres en el país.

A nivel de política social y económica, el gobierno de Chávez se ha caracterizado por desestabilizar las instituciones públicas del país. Esto se manifiesta en el alto recorte a la inversión social, pasando de un 12% del PIB en el 2020, a un 9,7% en 2024 – según datos de la Controlaría General de la República. Estos recortes afectan a diversas instituciones del Estado que tienen entre sus responsabilidades la prevención y atención a mujeres víctimas de violencia, así como instituciones relacionadas con el acceso a la justicia. Las consecuencias de desfinanciar las instituciones entes en la materia, no sólo recrudece las condiciones que deben de enfrentar las mujeres; sino que se traduce en violencia institucional en tanto hay un incumplimiento en el deber del Estado.

Otra dimensión crucial de análisis es el altísimo aumento de la violencia social en el país. En el 2022 se empezó a “batir récords” en relación con el número de homicidios dolosos en el territorio. El año 2023 cerró con un total de 906 homicidios, de los cuales 830 eran hombres y 72 eran mujeres – 24 más en comparación al 2022 según datos de INFOSEGURA. La coyuntura para el presente año no es muy alentadora, para mediados de junio, se contabilizan ya 380 homicidios en el país.

El aumento de la violencia femicida

En este contexto, la vida de las mujeres se encuentra en mayor peligro y amenaza. En el 2020 fue particularmente mortal para las mujeres, en tanto refleja el número más alto de los últimos 12 años con un total de 30 víctimas de femicidio. Siguiendo la tendencia de la violencia social en el país, desde el año 2022 los femicidios también se incrementan. En lo que llevamos del año, el Estado reconoce apenas 10 femicidios y 18 muertes violentas de mujeres pendientes de clasificar.

Sin embargo, desde el mes de abril, los medios de comunicación han revelado una serie de casos donde la violencia de género ha sido el escenario de las muertes violentas de mujeres. Los nombres de Ana, Pamela, Jenny, Johanna, Emilce, Nadia, Marisol, Stephannia, Leslie, María Rafaela, Kimberly, Kiara, Mildroren resuenan en los medios, y quizás tantas otras que no lleguen a ser noticia.

Ante este apabullante aumento, la violencia femicida también se ha exacerbado y ha tomado formas cada vez más extremas, de tortura y ensañamiento. Prácticas que antes se consideraban exclusivas del narcotráfico, las encontramos hoy en las formas en que los hombres deciden acabar con la vida de las mujeres. Este contexto se traduce literalmente en una guerra de baja intensidad contra las mujeres (Falquet, 1997), en donde las mujeres vivimos bajo un estado de permanente de amenaza, terror y miedo. De esta forma, se producen también pedagogías de la crueldad (Segato, 2014), donde a nivel social, cultural y mediático se normaliza cada vez más la violencia y se potencia la función propiamente expresiva de los crímenes, función inherente e indisociable en todos los tipos de violencia de género.

La impunidad que prevalece

Aunado a lo anterior, es necesario comprender que la impunidad que prevalece en torno a los femicidios se torna un factor clave en la reproducción y sostenimiento de la violencia contra las mujeres. A partir de mi investigación sobre femicidios, planteo que existe un continuum de impunidad que revela distintos estados que pueden iniciar desde el escaso o nulo acceso a servicios y estructuras legales que debería proporcionar el Estado para la atención de mujeres víctimas de violencia; hasta los procedimientos policiales y judiciales que evidencian una falta de implementación del enfoque de género y de los derechos de las víctimas.

Los datos del Poder Judicial revelan esta injusta realidad social. Las tentativas de femicidio han venido en aumento desde el año 2020, y la tendencia es que el número de absolutorias es mayor al de condenas. En el 2022, se obtuvieron 44 absolutorias y apenas 26 condenas. El contexto para los delitos de femicidio es similar. Del año 2007 al 2022 hubo un total de 430 femicidios en el país y apenas 121 condenas. Esto equivale a que aproximadamente 1 de cada 3 o 4 femicidios obtiene finalmente algún tipo de justicia penal.

Tras estos números encontramos problemas estructurales en cuanto al acceso a la justicia. Existen fuertes errores en la recolección de pruebas periciales, se evidencia una falta de implementación del protocolo ante muertes violentas de mujeres, existen una importante falta de recursos económicos y una fuga de personal especializado del Poder Judicial. La impunidad que se deriva envía un poderoso mensaje a los hombres como grupo social: “pueden seguir matando a las mujeres, porque no hay consecuencias”. Esto revela la responsabilidad del Estado en el aumento y exacerbación de la violencia contra las mujeres, especialmente los femicidios.

Movimiento feminista, familiares y comunidades se organizan y resisten

Este es un escenario sumamente desesperanzador para el país, y particularmente para las mujeres. Sin embargo, ha sido la constante lucha del movimiento feminista, de organizaciones de mujeres y de familiares, la que ha permitido que el país avance en promulgación de legislación y mecanismos de respuesta y protección para las mujeres.

Ahora bien, el aumento en los femicidios de este año demuestra que aún falta mucho por hacer para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Como parte de mi investigación llevo un registro de la memoria de luchas contra los femicidios. A junio de este año, se han llevado a cabo al menos 9 acciones colectivas localizadas en distintas provincias del país. Estos datos materializan una de las consignas del movimiento feminista: ¡no hay agresión, sin respuesta! Junto a la movilización social, es urgente que el Estado cumpla con su deber de garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.

[1] Mariana Mora. Profesora Asociada en la Escuela de Sociología e investigadora en el CIEM-UCR. Doctora en Sociología y Género por la Universidad de Paris Cité. Enlaces de interés sobre la autora: https://ucr.academia.edu/MarianaRMora, www.cartografiafemicidioscr.com

Dra. Mariana Mora
Profesora Asociada en la Escuela de Sociología e investigadora en el CIEM-UCR, UCR

Crisis institucional en el INAMU, ¿cambiar de verdad o cambiar para que no cambie nada?

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La renuncia de la presidenta ejecutiva del INAMU anunciada hoy refleja la profunda crisis que aqueja a esta institución y que fue claramente develada ayer cuando 20 diputadas y varias organizaciones de mujeres denunciaron la inactividad y el silencio de esta institución ante la oleada de muertes violentas de mujeres y de femicidios.

Esta situación es responsabilidad de la Presidencia de la República por colocar en posiciones de dirección del INAMU a personas que no reúnen los requisitos para el puesto, carecen de experiencia y conocimiento en derechos de las mujeres y prevención de la violencia. Más aún, de personas que llegaron a debilitar la institucionalidad de género y a destruir las políticas existentes.

Es consecuencia también de haber tenido en la conducción del INAMU a dos personas, con estilos y objetivos diferentes, que profundizaron la descoordinación y el desorden en las labores de rectoría de género que le corresponde al INAMU por ley.

Finalmente, es importante dejar claro que, de estas dos cabezas institucionales, quien ostenta el rango de ministra de la Mujer es quien dirigió desde ese puesto sin cartera las acciones institucionales. Por ende, es ella la principal responsable de la crisis actual.

La Presidencia de la República debe aprovechar la actual coyuntura para buscar una salida a la crisis institucional nombrando a una mujer en la Presidencia Ejecutiva del INAMU, con recargo del Ministerio de la Mujer, que no solo cumpla con los requisitos que obliga la ley, sino que tenga experiencia comprobada en materia de género, derechos humanos de las mujeres y atención y prevención de la violencia en contra de las mujeres.

Es la oportunidad para cambiar y fortalecer al INAMU y con ello a la lucha urgente de las mujeres.

NO QUEREMOS CAMBIOS, SIN CAMBIOS REALES

Chaves: además… misógino

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Frente Nacional de Lucha

Es preocupante el contexto nacional en que sólo en el 2024 se han duplicado los femicidios y casos de violencia contra las mujeres, producto de la falta de voluntad política, la agudización de la feminización de la pobreza y el debilitamiento de programas para prevenir y afrontar la violencia hacia las mujeres. Problemática que forma parte de una cultura patriarcal, capitalista, colonialista y racista donde la violencia simbólica y verbal junto a discursos de odio hacia las mujeres se han convertido en el “pan nuestro de cada día” gracias a un presidente que sobresale en sus reiteradas formas de arremeter contra la dignidad de las mujeres, deslegitimando toda iniciativa y movimiento que se impulsa para garantizar el respeto a los derechos humanos por una vida segura, libre de violencia; incluyendo a mujeres quienes, desde sus cargos políticos, ponen en duda su proceder.

Situación que tiene implicaciones mucho más profundas para la democracia y el desarrollo a nivel nacional, no solamente para las mujeres y otros grupos discriminados y estigmatizados, al ser parte de un fenómeno ético, sociopolítico y cultural de mayor complejidad. No debe sorprendernos si recordamos que fue elegido presidente de la República un individuo que en el 2019 el Banco Mundial sancionó por acosador sexual, según Resolución 649. Y paradójicamente dos días después, el entonces presidente Carlos Alvarado lo nombra ministro de Hacienda. 

La tendencia de Chaves dentro del populismo autoritario y políticas de estado misóginas va en sintonía con la lógica de poder de sujetos políticos como Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil y hoy Javier Gerardo Milei en Argentina, entre muchos; leales prototipos de la masculinidad hegemónica, en cuya actitud temeraria se autodenominan “héroes que combaten a los corruptos”, impulsando agresivamente proyectos y mecanismos de desmantelamiento y privatización de instituciones fruto de conquistas del pueblo, deslegitimando el movimiento social, comunal, sindical y popular. Así, garantiza un control social, político e ideológico contra aquellas mujeres que desafían el patriarcado y legitima los discursos que propician los femicidios, el abuso y la violencia en contra de las mujeres.

Chaves viola los Derechos Humanos de manera sistemática y hay incontables manifestaciones concretas en esta línea, sin embargo, su discurso es particularmente ponzoñoso cuando se refiere a las mujeres. Subrayamos solo algunas que datan del 2022: cuando el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) lamentó las declaraciones emitidas siendo candidato presidencial, donde afirma que prefiere que lo etiqueten de “cavernícola” antes de firmar un compromiso contra la violencia de género. En el 2023, en el marco del Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres exigen el pleno respeto a sus derechos denunciando al presidente como gestor de un gobierno misógino y autoritario.

En ese mismo año, el 8 de junio en la Asamblea Legislativa, con 41 votos a favor y ocho en contra, se aprueba moción para instar a Chaves a no fomentar la violencia de género a nivel político. Un mes después la expresidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Gloriana López Fuscaldo, denuncia la violencia política de género ejercida contra ella y contra su hijo, mientras que, en noviembre, Martha Rodríguez González, representante sindical en la Junta Directiva de la CCSS, continúa siendo víctima de persecución política por parte de él y la maquinaria estatal. A pesar de que durante el presente año, diputados y diputadas utilizan un lazo o pañoleta morado durante el Informe Presidencial de Labores, en protesta contra la violencia política hacia las mujeres, en marzo Chaves embiste con violencia política contra las legisladoras. Además, el reciente 7 de junio, en Zapote, sede de violencia de Estado contra las mujeres, manda a callar y obliga a desdecirse a la ministra de la presidencia, Natalia Díaz, con respecto al dictamen constitucional sobre la Ley Jaguar y el referéndum.

Tener un presidente misógino es un atroz ejemplo para la sociedad porque ostentando el puesto de más alta responsabilidad política, con sus actitudes y lenguajes atiza las violencias contra las niñas, las jóvenes, las mujeres adultas y adultas mayores sin distinción alguna. Continuaremos denunciando las múltiples formas de violencia que se dan desde el gobierno costarricense contra las mujeres, paralelo a imponer proyectos y diferentes mecanismos para arrebatar al pueblo las conquistas que históricamente ha logrado. Así, reiteramos nuestra lucha en defensa de programas sociales, de la Caja Costarricense de Seguridad Social, del ICE, del agua, de la educación pública, de la justicia agraria, respeto al medio ambiente y al derecho de defender los pueblos indígenas sus territorios ancestrales; en síntesis, defendemos una vida con verdadera justicia social.

Cartografías del dolor y el poder en una Costa Rica imaginada

Escrito en . Publicado en Análisis.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

Tuve la posibilidad de asistir, en el marco de un coloquio sobre inclusión desarrollado en la Universidad de Angers en Francia, a dos excelentes mesas en las que expusieron la ama académica y el académico de la Universidad de Costa Rica, Mariana Mora y Mar Fournier.

Debo decir que ambas presentaciones me gustaron por su manejo teórico, pero sobre todo por asumir con responsabilidad y riesgo metodológico la implementación de herramientas desde la geografía política y social con enfoque feminista, la descripción de sendas realidades que desnudan una Costa Rica que hace tiempo dejó su excepcionalidad empacada al vacío.

En el caso de Mariana, dibuja una clara relación entre el aumento de los femicidios en Costa Rica y el grave nivel de impunidad, omisión y desatención estatal en la materia.

Producto de su tesis doctoral, la investigadora construye una herramienta digital necesaria por actual en la que se puede ubicar georeferenciadamente cómo se va construyendo la cartografía del dolor en el país.

Esta herramienta muestra tendencias de los lugares en los que ha recrudecido la violencia criminal en contra de las mujeres costarricenses y extranjeras a manos de sus compañeros, amigos y conocidos.

Mar Fournier, por su parte, plantea un interesante acercamiento sobre la construcción del poder material y simbólico en la ciudad de San José sobre los cuerpos de las disidencias económicas, sexuales y sociales.

Utilizando también herramientas de la cartografía social, Fournier dibuja esos puntos calientes en los que un poder biopolitico es ejercido con brutalidad, violencia e impunidad en grado sumo en contra de los cuerpos de esas personas excluidas por su identidad sexual, su marginalidad económica y su s orígenes en la ciudad capital.

Ambas presentaciones me dibujaron con absoluta claridad política un escenario de una Costa Rica, ya no imaginada, sino real, que ha iniciado un viaje sin retorno hacia su desintegración como comunidad política y social. Herramientas como las que Mora y Fournier trabajan en sus investigaciones dan cuenta con precisión que hace bastante tiempo el país dejó de ser la narrativa que era.

Asumir esta realidad es el primer paso para intentar reparar el daño que como sociedad ha infligido a sus poblaciones excluidas. Asumir y poner en práctica la consecuencia. Que tanta falta nos hace.

Costa Rica debe detener la Pandemia de Violencia que vivimos las mujeres y las niñas

Escrito en . Publicado en Derechos.

MANIFIESTO PÚBLICO

Expresamos nuestro más profundo repudio frente a los brutales femicidios que se presentan nuestro país, estos son una manifestación de la misoginia, ejecutados para representar la expresión de lo más crudo del sistema patriarcal: los cuerpos de las mujeres como objeto de apropiación privada y la posibilidad de hacer o des-hacer con ese “objeto” lo que se desee, hasta llegar a quitarles la vida.

La violencia contra las mujeres y las niñas, es una transgresión universal a los derechos humanos, estas expresiones violentas deben ser atendidas como un problema de salud y de seguridad ciudadana, por lo que el trabajo desde el gobierno central debe encaminarse a disminuir la desigualdad, erradicar la difusión de discursos de odio contra las mujeres, la perpetuación de estereotipos y de roles de género discriminatorios, y fundamentalmente a fortalecer todas las competencias que estén a su alcance para detener de una vez por todas el femicidio en Costa Rica.

La violencia sistemática y el ejercicio de poder patriarcal desmesurado se refleja en el contexto de los femicidios que se han registrado en los últimos meses en el país, en los cuales se muestra claramente un deseo expreso de dominio y control.

Por ello, la lucha contra la violencia patriarcal no puede quedarse en el discurso. Se requiere la ejecución de las políticas públicas y presupuestos suficientes para prevenirla, atenderla y sancionarla hasta lograr su definitiva erradicación.

Costa Rica cuenta con una Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades (2017-2032) que contempla apuestas estratégicas que abordan todo el “recorrido de la violencia”, desde su origen, trabajando con la niñez y las personas adolescentes, promoviendo masculinidades para la igualdad y la no violencia, pasando por el abordaje de la violencia simbólica y mediática, la relación entre violencia-pobreza en mujeres jóvenes embarazadas, sus hijas e hijos, reconociendo la violencia sexual como una forma de control de los cuerpos de las mujeres, entendiendo la necesidad de que los sistemas de atención de las mujeres víctimas desarrollen su trabajo cumpliendo con la debida diligencia, y por supuesto, estableciendo como eje central la prevención del femicidio.

Las acciones están planteadas. El Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, así como los Gobiernos Locales, deben priorizar acciones y destinar el presupuesto necesario para llevarlas a cabo. Es urgente que se supervise el cumplimiento de estas acciones por parte de todas las instituciones que integran el Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (Ley 8688).

El Poder Ejecutivo debe de articular con los espacios locales y regionales. Por ejemplo, las Oficinas Municipales de la Mujer (OFIM) son las que tienen el contacto más cercano con las mujeres de la comunidad. Atienden directamente múltiples y diversas formas de violencia contra las mujeres, conocen sus realidades y dificultades para salir de situaciones violentas, de dominio y control. Estas instancias deben de ser fortalecidas, con mayor seguridad jurídica, presupuestaria y técnica. Se requiere urgentemente este apoyo para que coadyuven junto a la responsabilidad que tiene el Estado y los Poderes Públicos, a priorizar la atención de las mujeres víctimas de violencia, así como el desarrollo de procesos de sensibilización y capacitación a las mujeres del Cantón y a orientar los procesos de deconstrucción de masculinidades hegemónicas con los hombres.

Frente a la Pandemia de Violencia que vivimos las Mujeres y las Niñas, hacemos un vehemente llamado en el siguiente sentido:

  1. Exhortamos al Poder Ejecutivo a girar las instrucciones atodas las 22 instituciones del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres (Ley 8688), de forma inmediata, de forma tal que, prioricen recursos y acciones concretas con la situación de violencia que están viviendo las niñas y las mujeres en nuestro país.
  2. Exhortamos a la Asamblea Legislativa a que tome acciones en la tramitación e iniciativa de ley que, proporcione más y mejores herramientas para el acceso de la justicia de las mujeres; se proporcionen mayores recursos para fortalecer la prevención, el acceso a la atención de las mujeres y se valoren acciones para acabar con la impunidad. Se concrete vía reforma al Código Municipal, mayor seguridad jurídica para las OFIM y se les asigne recursos suficientes para que promuevan y articulen las acciones en nuestros cantones, a favor de las mujeres y las niñas.
  3. A la cooperación internacional, y particularmente a las instancias de Naciones Unidas presentes en el país, para que se apoye las acciones de las 22 instituciones del Sistema Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres que deben desarrollarse; así como, apoyar a los gobiernos locales, con el fin de desarrollar proyectos para el abordaje de la violencia contra las mujeres y la prevención de esta.

La pandemia de toda la vida: los femicidios y la eterna violencia contra las mujeres

Escrito en . Publicado en Derechos.

La violencia contra las mujeres es una cuestión estructural, sobre la que se fundamenta el sistema patriarcal, es un aspecto inclusive tradicional de la sociedad, algo que es completamente normalizado y legitimado alrededor del mundo y que se ha presentado durante toda la historia.

Las prácticas misóginas, violentas y machistas al ser las dinámicas fundamentales que sustentan el sistema patriarcal, han normalizado la violencia contra las mujeres en todas sus esferas: violencia simbólica, estructural, coyuntural, directa o indirecta, a tal grado que se finaliza en la máxima expresión de odio: el femicidio, respecto al cual no parece tener relevancia que pase el tiempo, sigue siendo justificado ya sea en el plano formal-legal o el informal.

La actualidad costarricense hoy en día, causa cada vez más preocupación. El país parece estar más cerca del colapso institucional que de una estabilidad relativa. Una de las problemáticas que más llaman la atención es la crisis de seguridad y el crimen organizado; que desemboca en una tasa cada vez más alta de homicidios, superándose a sí misma año con año. Sin embargo, por alguna razón, la tasa de femicidios que de igual manera cada vez es más alarmante, no genera el mismo tipo de atención ni de la prensa ni mucho menos de los principales tomadores de decisión del Estado, específicamente de los tres poderes de la República. También es importante mencionar que el cubrimiento de la prensa respecto a estos casos no genera ningún tipo de cambio si se realiza desde el morbo y no desde una perspectiva humanista, tal como suele suceder.

La violencia contra las mujeres, tal como se mencionó anteriormente, es una práctica que por desgracia forma parte de la sociedad costarricense. No obstante, en los últimos años lo que se ha dado es una pandemia de femicidios, que cada vez varía más: femicidios de hijos a madres, de extraños hacia mujeres, de novios, esposos, ex novios hacia mujeres, etc. La línea cada vez se expande más.

A pesar de todo esto, el Gobierno sigue sin tomar alguna medida al respecto, pues como se ha evidenciado, no es un tema de relevancia en la agenda política. Cabe preguntarse ¿por qué? ¿Por qué para el Gobierno el homicidio recurrente, reiterado y normalizado de mujeres no es importante?

Es debido a esto, que se han realizado encuentros con el Foro Nacional de Mujeres para exigir inmediatamente Estado de emergencia por las mujeres fallecidas y desaparecidas, para hacer respetar los derechos humanos de las mujeres. Esta información fue compartida por Tatiana Chaverri Rodríguez.

 

Imagen ilustrativa.

Defensoría: Esfuerzos para combatir la violencia contra las mujeres siguen siendo insuficientes

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Sábado 27 de abril 2024. El hallazgo del cuerpo de la joven Kimberly Araya, el día de ayer, víctima de la violencia de género, vuelve a llenar de consternación a la sociedad costarricense. Una historia muy dolorosa que, lamentablemente, se repite en el país una y otra vez, siendo que los esfuerzos públicos y privados a la fecha resultan insuficientes.

Como Defensoría de los Habitantes, consideramos urgente la implementación de acciones decididas en materia de prevención de la violencia de género, desde el ámbito educativo, que abarque todas sus manifestaciones. Debe incluir todos los espacios de interacción y formación humana, en los hogares, las escuelas, las universidades, las iglesias, las comunidades, los centros de trabajo, las instituciones, entre otros.

Asimismo, es un asunto de protección y justicia, cuando los hechos violentos se manifiestan desde el uso del lenguaje humillante, escalando al golpe, la manipulación y la afectación de la dignidad de la mujer, hasta llegar a los actos homicidas. El país cuenta con el diseño de un sistema de protección contra la violencia de género, pero se queda corto para dar respuestas efectivas y oportunas al momento de las transgresiones.

Todas las mujeres se encuentran expuestas a sufrir esta violencia cotidiana y sistémica, desde los ámbitos más privados como el hogar, como en el espacio público, sea en las calles, en el transporte, y no hay edad ni lugar exento a sufrirla. Durante el año 2023, se registraron 72 muertes violentas de mujeres, de las cuales 18 fueron femicidios.

Desde la Defensoría de los Habitantes, expresamos nuestro pesar y solidaridad con la familia de Kimberly y, en particular, con sus hijos; así como reiteramos ese sentimiento a todas las demás familias que han pasado por tan dolorosa situación.

Instamos al Poder Judicial, al INAMU y al Ministerio de Seguridad Pública como instancias encargadas directas de la protección de las mujeres ante la violencia basada en género, a cumplir con el compromiso internacional y nacional de actuar con la debida diligencia en la atención de todos, y cada uno de los casos, sin distingo alguno de edad, lugar, circunstancia o condición.

Como Estado, debemos sumar a las demás instituciones del Poder Ejecutivo, así como la Asamblea Legislativa para la construcción, aprobación e implementación de leyes, políticas nacionales, disposición de presupuesto, acceso a la justicia, acceso a la participación social y política, servicios de salud y a la generación de datos nacionales para que estos orienten respuestas efectivas y oportunas, en aras de detener la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Ley No 348: ¿es necesaria su modificación? – Bolivia

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Sheyla Edelin Terrazas Chávez

Bolivia es uno de los tres países que ha demostrado una leve disminución de violencia contra la mujer. Esto de acuerdo con un reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL y el Observatorio de Igualdad de Género, publicado en noviembre de 2023. Sin embargo, la ola de feminicidios y otros tipos de violencia continúan, especialmente contra mujeres y niñas.

En los últimos días, grupos de hombres se han organizado para reclamar la modificación de la Ley No 348, que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, porque estaría mal utilizada por algunas mujeres que realizarían falsas denuncias de violencia. No obstante, la cuestión del por qué, debería enfocarse en quiénes y cómo se aplica la norma y no solo en la disposición que emana de ésta.

La Ley No 348 está justificada y ha sido una respuesta necesaria ante la ola de violencia que se vivía hasta antes de su promulgación y aun así no resulta el remedio más óptimo, porque la punibilidad no es la solución. Es el Estado que, a través de sus instituciones, ha omitido las políticas de prevención, los recursos económicos y humanos para desestructurar las formas de violencia arraigadas en un Estado patriarcal y machista.

Un aspecto fundamental en el acceso a la justicia, es la probidad de sus autoridades jurisdiccionales, a quienes se les atribuye “la sana crítica”, que nuestra legislación reconoce. Al respecto el Artículo 173 del Código de Procedimiento Penal, refiere: “El Juez o tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica (…)”.

En la línea de Kant, el conocimiento necesita de la razón y la experiencia, en ello la sana crítica como sistema de valoración de la prueba debe responder a la verdad de los hechos. Es parte de la seguridad jurídica, procurar que las autoridades sean idóneas para juzgar delitos. Pero, ¿nuestras autoridades son las más idóneas? ¿Quiénes ocupan cargos de jueces en los Tribunales, sobre todo, en materia de violencia de género, cuando la propia norma exige la especialidad?

Por tanto, se podría decir que la ineficacia de la Ley No 348, está en su aplicación e interpretación y no en sus disposiciones. Independientemente del género, las vulneraciones al derecho de acceso a la justicia, sufren todas y todos, unos más que otros, y ese es el problema de fondo; por lo que, resulta necesario realizar estudios sociales con enfoque de interseccionalidad (sexo, etnia, edad, entre otras categorías) y no netamente jurídicos, que permitan arribar a conclusiones objetivas acerca de cómo funciona el sistema de justicia en Bolivia.

Sétima edición de la Campaña Nacional por la Vida de las Mujeres avanza exitosamente

Escrito en . Publicado en Derechos.

MUSADE

Ante la realidad que enfrentan las mujeres en todo el país de altos índices de violencia y femicidios, esta organización busca llevar un mensaje a cada persona del territorio nacional, que les permita reflexionar acerca sus acciones cotidianas que justifican, naturalizan y perpetúan la violencia en todas sus manifestaciones, particularmente hacia las mujeres y en consecuencia asumir compromisos personales y colectivos para hacer los cambios necesarios en los esquemas culturales y sociales para eliminar esta atroz violación de derechos. 

Datos del año 2023

  • 137 denuncias por tentativa de femicidio en el Ministerio Público.
  • 40536 denuncias por medio de la línea 911: (800 por abuso sexual, 252 por acoso callejero, 22410 por violencia contra la mujer).
  • 18 feminicidios en 2023, según el Observatorio de Violencia.
  • 32 muertes de mujeres sin clasificar.
  • 983 Atención directa de MUSADE.

Con un arduo trabajo territorial en todo el país, se implementa una amplia y variada programación de actividades, entre las que se pueden señalar: las visitas casa por casa, quioscos informativos en centros educativos de primaria y secundaria, feria por la salud de las mujeres, curso sobre prevención primaria de la violencia, masculinidades positivas, programas de radios “Tejiendo historias. Una de las acciones destacadas de esta campaña es el acompañamiento y organización de redes comunitarias de mujeres ubicadas en diferentes territorios a nivel nacional. 

La dedicada de la Campaña de este año es la ramonense y activista por los derechos humanos Cecilia Jiménez, quien ha realizado una destacada labor desde la Comisión Costarricense de Derechos humanos CODEHU.  

Cierre con arte y movimiento La campaña culminará el día 24 de noviembre, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la no violencia contra la mujer, con una carrera recreativa para población adulta e infantil que llevará el nombre; “Cambie el rollo y póngase la camiseta por los derechos de las Mujeres, y una variedad de actividades culturales. 

Si usted desea ser parte de esta campaña existen diferentes formas: 

Responsable: Enid Cruz Ramírez.

Correo: musade1986@gmail.com

Pagina web: www.musade.org

Ubicación: 75m Sur Urgencias, Hosp. Carlos Luis Valverde Vega, San Ramón, Alajuela, Costa Rica.

Feria de la Salud de la Mujer en San Ramón de Alajuela

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

«Nuestro cuerpo, nuestro derecho: salud integral para todas».

El Día Internacional por la Salud de las Mujeres busca crear conciencia sobre las desigualdades y desafíos que enfrentan las mujeres en relación con su salud y bienestar. En el contexto de la violencia de género, esta celebración busca destacar la importancia de abordar y prevenir la violencia como un factor determinante de la salud de las mujeres.

Al abordar la violencia de género y promover la igualdad de género, se contribuye directamente a mejorar la salud de las mujeres, pues implica garantizar el acceso a servicios de atención integral para las sobrevivientes de violencia, promover la educación en género y derechos humanos, fortalecer las leyes y políticas de protección, y fomentar la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones que afectan su salud.

Es necesario visibilizar la intersección entre la violencia de género y la salud de las mujeres, pues es necesario abordar ambas problemáticas de manera integral y generar cambios positivos en la vida de las mujeres, pues las violencias históricas hacia las mujeres son notorias en las presiones sociales que definen como “debe ser sus cuerpos” o el lugar subordinado por roles de género. Las violencias por el hecho de ser mujer son agudizadas bajo estructuras económicas enfocadas en la acumulación de capital en pocas manos y las múltiples formas que adquiere la discriminación. Estas relaciones socioeconómicas al ser contrarias al bienestar de las mujeres van manifestándose en diferentes afectaciones a su ser bio-pisco-social y que lamentablemente también encuentran su máxima expresión en los femicidios.

El actuar de las instituciones estatales están siendo modificadas mediante políticas públicas neoliberales que poco ayudan a mejorar y ampliar los servicios de salud como medio para concretar los Derechos Humanos. De modo que, el fortalecimiento de los conocimientos y las habilidades de los funcionarios públicos, más la dotación de presupuesto, se ubican entre los aspectos centrales que contribuirán al abordaje de los efectos nocivos de la violencia en la salud y aportan a disminuir otras vulnerabilidades que agravan la violencia, de hecho, es un tema de salud pública que le corresponde al Estado velar y cumplir.

Les invitamos a acompañarnos en la feria de la salud de la mujer organizada por MUSADE, el sábado 27 de mayo de 8 a 5 p.m. en nuestras instalaciones, San Ramón, Alajuela, 75 sur de urgencias del Hospital Dr. Carlos Luis Valverde Vega.

EN ESTE DIA DEMANDAMOS

«Salud para todas las mujeres, sin discriminación ni violencia».

«Basta de violencia de género, salud y bienestar para todas».

Enid Cruz Ramírez
San Ramón, 17 de mayo, 2023