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Etiqueta: finanzas públicas

Una agenda fiscal para la próxima administración

Escrito en . Publicado en Análisis.

Fernando Rodríguez Garro
Observatorio Económico y Social, Universidad Nacional

Fernando Rodríguez Garro.

Puede sonar prematuro, dado que estamos a varios meses de finalizar el año 2025, empezar a hablar de la agenda fiscal de la siguiente administración, pero es probable que dado el tiempo que queda, el hecho de que la Asamblea Legislativa está metida en una discusión compleja del proyecto de ley de jornadas extraordinarias, que está pendiente en el camino la tramitación del presupuesto ordinario del año 2026 y que las elecciones son en poco más de 6 meses, que el espacio para poder avanzar más en temas de política fiscal se le acabó al presente gobierno o es mínimo lo que puede hacerse en el periodo restante. Está pendiente, dentro de los temas de interés de la actual administración, algunas aprobaciones de créditos internacionales, lo que tendrá que encajar dentro de la compleja agenda legislativa del presente, pero no hay espacio para mucho más.

Considerando el contexto, claramente los retos de la política fiscal nacional no van a poder ser abordados en los siguientes meses, por lo que tendrán que retomarse por las siguientes autoridades del país, razón por la cual poner el tema sobre la mesa para promover su discusión en la próxima campaña parece algo necesario. Para entender el nivel del desafío, analizaré los retos en 3 áreas de la política fiscal: gasto público, ingresos tributarios y deuda pública. Es muy importante que los partidos políticos aborden los detalles de las propuestas que van a plantear y no hagan afirmaciones muy generalistas, como “vamos a impulsar un sistema tributario más progresivo” o “vamos a ejercer un estricto control sobre el gasto”, sin mayores detalles de lo que eso implica, mientras que por otro lado hacen un largo listado de acciones de política pública que quieren promover o insisten en que “no son necesarios nuevos impuestos”.

Gasto público: es la variable más impactada por el proceso de ajuste en los últimos años, propiamente desde la entrada en vigencia de la regla fiscal. Para tener una idea del impacto, entre el año 2018 y el 2024, el gasto sin intereses bajó casi tres puntos porcentuales del PIB, pasando de 16,82% del PIB en el 2018 a 14,03% en el 2024, habiendo variado el gasto dirigido a la atención de rubros claves como el de educación, los recursos dirigidos a programas sociales e incluso el gasto de capital.

En materia de gasto algunas facturas se han ido acumulando a lo largo del tiempo, no solo por el gasto recortado, sino por el gasto evitado que se acumula como necesidades sin atender que se hace cada vez mayor. En ese sentido no estamos midiendo el costo de los recursos no gastados, lo que probablemente implique un mayor gasto en el futuro, cuando los problemas se hagan más complejos y requieran de una mayor inversión para su atención. La seguridad es uno de esos temas, en las que no solo el gasto no ha crecido para hacerle frente a una arremetida mayor del crimen organizado, sino que se ha reducido a lo largo de los últimos años. Por ejemplo: el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública pasó de ser el 0,69% del PIB en el 2019, a ser el 0,62% del PIB en el 2024.

La administración de justicia es otra área pública afectada por las restricciones de gasto, para el año 2019 se le había asignado un presupuesto equivalente al 1,25%, mientras que ese porcentaje disminuyó a un 1,03% del PIB en el 2024. Y, por supuesto, está la situación del presupuesto de educación, que para el año 2019 significaba un 7% del PIB, mientras lo presupuestado para el 2024 fue de 5,27% del PIB, incluso habiendo sufrido una disminución en términos absolutos en ese presupuesto, pues en el año 2019 era de ₡2.648.412 millones, mientras que para el 2024 fue de ₡2.586.221,85 millones. También ha estado sujeto a recortes el gasto destinado al financiamiento de programas sociales y ayudas a cargo del Estado.

Pero el Estado también tendrá que intervenir en algunas actividades a fin de corregir problemas que se están presentando y que afectan a la población. Un ejemplo de ello es la crisis actual del transporte público, que se vio afectado por la caída de demanda como consecuencia de la pandemia del Covid19 y que al día de hoy no se resuelve, sino más bien el problema se profundiza con el abandono de rutas de buses por parte de los concesionarios y permisionarios. Al 2025 la demanda de servicio de transporte en modalidad bus es un 80% de los números prepandémicos, mientras que para julio de este año 103 rutas de buses habían dejado de operar. Esto sin duda va a requerir de la implementación de un subsidio al transporte público para su funcionamiento, que deberá salir del presupuesto nacional.

En resumidas cuentas, la próxima administración, si desea recuperar áreas de servicio público afectadas por el ajuste fiscal centrado en el gasto, deberá subir la asignación de recursos, devolver el nivel de gasto a los niveles preajuste, aunque sea parcialmente, y buscar una asignación más eficiente de los recursos. Claro, eso deberá hacerse con la restricción de la regla fiscal de por medio, con la cual no podrá mejorarse la asignación de gasto en ningún área, incluyendo dentro de eso al gasto en educación, si la regla sigue vigente en las condiciones en la que está hoy.

Ingresos tributarios: Aunque parte de la reforma del año 2018 se centró en hacer ajuste en la legislación del impuesto sobre la renta y en la creación del impuesto al valor agregado, sobre la base del antiguo impuesto general sobre las ventas, el avance en materia de recaudación es pírrico, muy por debajo de las expectativas creadas durante la reforma fiscal. La explicación de eso, que por supuesto requiere un análisis mucho más amplio, subyace en los ajustes realizados a los proyectos presentados en el proceso de discusión legislativa, al efecto de la pandemia del Covid19 y a otras reformas que se hicieron posteriormente, por parte de los diputados, y que han venido a minar la capacidad recaudatoria del gobierno central.

Los ingresos tributarios en el año 2018 fueron de 12,68% del PIB, mientras que el año 2024 fueron de 13,39% del PIB, un aumento de 0,7% del PIB, que está por debajo de los números esperados en el trámite de las reformas aprobadas en el 2018. Revisando la evolución por impuesto, en el 2018 se había recaudado un 4,13% del PIB por concepto de impuesto general sobre las ventas, mientras que para el año 2024 la recaudación del impuesto al valor agregado fue de 4,93% del PIB. En el caso del impuesto sobre la renta, su recaudación fue de 4,72% del PIB en el 2018, mientras que en el 2024 la recaudación del impuesto sobre la renta fue también de 4,93% del PIB. Si entre ambos impuestos aumentó un 1% del PIB, ¿por qué los ingresos tributarios crecieron solo un 0,7% del PIB?

En ese lapso se redujo la recaudación producto del impuesto a los combustibles, que pasó de 1,42% del PIB en el 2018, a un 1,24% del PIB en el 2024, tendencia que seguirá en los próximos años y se redujo la recaudación del impuesto a la propiedad de vehículos, que pasó de 0,46% del PIB en el 2018 a un 0,34% del PIB en el 2024, en este último caso producto de una decisión legislativa. De esta forma, en los últimos años se perdió un 0,27% del PIB en la recaudación de estos dos impuestos, que restó impulso a una reforma tributaria ya en todo caso modesta, que es hoy insuficiente para atender las necesidades de un gobierno central que necesita retomar muchas actividades golpeadas por casi 6 años de ajuste fiscal.

La próxima administración deberá revertir la pérdida de recursos provocada por la decisión legislativa del 2023, que redujo el impuesto a la propiedad de vehículos, deberá empezar a sustituir los ingresos tributarios perdidos en la recaudación del impuesto único a los combustibles, que seguirá viéndose afectado por el proceso de electrificación del transporte, deberá cerrar los portillos que facilitan la evasión del impuesto al valor agregado, propiamente por medio del uso de la plataforma SINPE-Móvil, y tendrá la tarea de completar la reforma pendiente del impuesto sobre la renta. Todo esto para encontrar un financiamiento apropiado para enfrentar la titánica tarea de revertir los recortes de gasto en áreas clave y permitir que las demandas sociales de servicios públicos sean atendidas de forma correcta.

En ese sentido, el país debe retomar, con la seriedad del caso y con la mira en el largo plazo, una agenda de reformas para fortalecer la gestión de la administración tributaria y procurar mayor eficacia en su gestión de cobro. También es tiempo de que nos sinceremos como sociedad y discutamos el aumento de la tasa del impuesto al valor agregado, introduciendo un mecanismo de compensación vía devolución para las personas de menores ingresos. La magnitud de la tarea que el próximo gobierno, y las subsiguientes administraciones, tienen por delante, para retomar el impulso que el Estado debe dar al desarrollo del país, amerita que pongamos estos temas de la política tributaria en la mesa de discusión.

Deuda pública: en este tema seguirá pendiente una cuestión que hemos advertido desde la Universidad Nacional en el pasado y que sigue sin abordarse, que es el del costo de la deuda pública. En los últimos años la tasa implícita de la deuda del gobierno central, dato que se obtiene de dividir los intereses pagados entre el volumen total de deuda, ha venido creciendo. En el 2018 la tasa implícita de la deuda era un 6,53%, mientras que para el año 2024 la tasa implícita de la deuda era de un 8,1%, lo que sucede, además, en un entorno deflacionario, complicando aún más la gestión de la deuda pública, que está pagando intereses reales muy elevados.

Las políticas impulsadas de reforma fiscal adolecen de propuestas más amplias en este tema, que se ha vuelto vital en la medida en que el gasto en intereses ha seguido creciendo. En el año 2018 se pagaron 3,41% del PIB en intereses, mientras que para el año 2024 esa cifra alcanzó el 4,83% del PIB, recursos que sin duda podrían estarse utilizando en la atención de otras necesidades claves, como el gasto en educación. Es muy importante reducir el gasto en intereses, que reduzca el peso del financiamiento de la deuda dentro del gasto público y que permita más espacios de acción a la política pública, sumado a los ingresos adicionales que se generen en el futuro.

Un tema complejo en este apartado será la solución que se le dé al asunto de la deuda con la CCSS, pues el reconocimiento de esta deuda como parte de la deuda del gobierno central, sumaría varios puntos del PIB al nivel de deuda que existe hoy, que se mantiene por debajo del 60% del PIB, y obligaría al reconocimiento del pago de intereses correspondiente, lo que haría crecer también ese rubro de gasto, de ahí la importancia de contar con ingresos frescos por un lado, y de reducir el pago de los intereses por el otro, que abra un espacio para la incorporación de la deuda con la CCSS y su eventual atención en el largo plazo.

Defensoría investiga impacto del salario único global en finanzas públicas

Escrito en . Publicado en Trabajo.

La Defensoría de los Habitantes inició una investigación sobre las posibles repercusiones financieras derivadas de un eventual traslado del 100% de las personas funcionarias públicas de la modalidad de salario base más pluses al esquema de salario único global.

Como parte del proceso investigativo, la Defensoría solicitó información clave al Viceministerio de Empleo Público del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), sobre cuál sería el efecto neto en el comportamiento del Impuesto sobre salarios, jubilaciones, pensiones y otros pagos laborales del Sector Público, ya que es importante que se visibilice el resultado en los ingresos tributarios.

Además, se consultó cómo impactaría la modificación planteada en el supuesto de partida, en el marco fiscal a mediano plazo de 2025-2029, según el escenario base, considerando la eventualidad que todas las personas funcionarias del Gobierno Central, incluidos los órganos desconcentrados, así como las instituciones descentralizadas no empresariales, migren al esquema de salario único en relación con la deuda pública como proporción del Producto Interno Bruto (PIB); déficit fiscal como proporción del PIB, el incremento total estimado para el presupuesto nacional, tanto en términos nominales como porcentuales.

La Defensoría también pidió un desglose del número de personas funcionarias del sector público que actualmente se encuentran bajo la modalidad de salario compuesto y salario global, desglosadas entre el Gobierno Central (incluyendo órganos desconcentrados) e instituciones descentralizadas no empresariales. Cabe destacar que, en diciembre de 2024, esta Defensoría realizó consultas al Ministerio de Hacienda y respondió que la información requerida se encontraba en proceso de elaboración por parte de MIDEPLAN, como órgano rector en materia de empleo público.

Coincidiendo con Nogui, la impostergable reforma tributaria

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Greivin Hernández González*

Lleva razón el ministro de Hacienda cuando afirma que la reforma fiscal de 2018 ya se agotó, y que los ingresos tributarios han empezado a escasear, son insuficientes para satisfacer las obligaciones estatales, y las aspiraciones de la sociedad costarricense. El ministro está en lo cierto además, cuando afirma que la solución pasa por generar ingresos frescos. En un evento auspiciado por la Academia de Centroamérica sugirió dos posibles fuentes: renta global e impuesto mínimo global.

Sobre renta global coincidimos, este esquema cerraría portillos a la elusión tributaria, y traería más equidad al sistema vigente. Sobre el impuesto mínimo global también, no tanto porque haya muchas empresas de origen costarricense generando rentas masivas en el exterior, sino más bien, porque la falta de una tributación de este tipo, facilita la evasión y elusión, pues no permite que las autoridades tributarias indaguen lo suficiente sobre las operaciones que personas o empresas tienen en otros países, y que en muchas ocasiones obedecen a esquemas de evasión tributaria (recordemos los Papeles de Panamá). La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que los flujos ilícitos del comercio internacional representan el cerca del 15% de la producción nacional de Costa Rica, tal manipulación de precios reduce severamente los ingresos fiscales.

En ambas propuestas del ministro, se trata de impuestos que no recaen sobre las clases empobrecidas ni medias, por cuanto no tienen capacidad de generar ingresos significativos de múltiples fuentes, ni menos aún de llevar a cabo negocios en otros países.

Una reforma fiscal se aproxima, y es imprescindible que desde ya se tenga claro tres objetivos por cumplir: poner a tributar a los que tienen capacidad en su justa medida, cerrar los portillos para la elusión, y elevar el costo de la evasión; en todas el país está en pañales.

Sobre el primero, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ya había advertido la precariedad tributaria del país, el “Estudio Económico de Costa Rica, 2020” caracterizaba el desempeño tributario en rango mediocre. Concluyó que lo que recauda el Estado costarricense en impuestos por concepto de ingresos, beneficios y ganancias de capital de las personas, es seis veces menor de lo que recaudan por el mismo concepto sus pares de la OCDE, y en el caso de los impuestos sobre la propiedad, nuestro Estado recauda 4,4 veces menos.

Abordando esta tarea de manera moderada, equiparándonos al promedio de la OCDE, sumaría más de nueve puntos porcentuales del PIB en materia de recaudación tributaria, suficiente para atender las obligaciones sociales y la creciente deuda pública costarricenses. Aquí no debe caber duda de que, quienes no están contribuyendo según su capacidad, son las clases más favorecidas, la crítica de la OCDE es sobre la escasa tributación de quienes obtienen rentas del capital y de la propiedad, factores productivos de los que las personas en pobreza y los asalariados carecen.

En el caso de los otros objetivos, los esfuerzos para cerrar los portillos a la evasión y elusión, que deben ser continuos y crecientes, en Costa Rica están estancados; dos hechos lo demuestran, el proyecto más prometedor llamado “Hacienda Digital” se encuentra severamente retrasado, y las autoridades no han anunciado nuevas iniciativas. Adicionalmente, las recomendaciones de expertos que han investigado significativos hechos de evasión tributaria (p.e. los “Papeles de Panamá”) no han sido incorporadas en nuestra legislación.

Dado lo anterior, vemos que se mantienen los riesgos señalados por entes auditores como la Contraloría General de la República, quien señala que casi el 60% de los profesionales liberales declara cero impuesto sobre las utilidades, y la CEPAL, quien estima que la evasión corporativa en el impuesto sobre la renta en el país es superior al 65%, de las más altas de la región latinoamericana.

En la práctica tributaria lo que ocurre es que los individuos que se benefician de altas rentas realizan una “planificación fiscal” agresiva, apoyados por despachos especializados en beneficiar a sus clientes afectando a la sociedad como un todo, encontrar los portillos que tienen las leyes, y las oportunidades de nuevas formas de organización de la producción, para minimizar el pago de impuestos. Es por ello por lo que, en los países desarrollados las reformas tributarias son constantes, mientras que en nuestro medio tardan décadas.

Por otra parte, en los últimos años se han llevado a cabo múltiples esfuerzos por sanear las finanzas públicas desde el lado del gasto, con reformas a los sistemas de pensiones, el empleo público, la regla fiscal y eliminación de destinos específicos. Muchas de estas reformas ciertamente abordaron temas necesarios y urgentes, sin embargo, este espacio parece haberse acabado, y es necesario mirar hacia el lado de los ingresos, en particular de aquellos que llevan décadas sin aportar al fisco lo que les corresponde.

Desde la fundación de la Segunda República, Costa Rica se configuró como un Estado Social de Derecho, una sociedad en la que el Estado “procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza” (Constitución Política art. 50), en el que a sus ciudadanos se les garantiza amplios derechos esenciales como el acceso a la salud, la educación, un ambiente sano, trabajo, vivienda digna, entre otros. A pesar de esta norma visionaria, que ha hecho del país una nación singular y envidiable en el contexto latinoamericano, hay quienes no se ven comprometidos con ella, y la dinamitan desde dentro y fuera del Estado.

El no llevar a cabo los esfuerzos suficientes para dotar al Estado costarricense de los recursos necesarios para ofrecer un nivel de vida digno a los ciudadanos, representa una traición a esta visión inscrita en la Constitución Política. Parafraseando a José Mujica, cuando decimos que no hay suficientes fondos públicos “es porque tenemos la cobardía política de no cobrarles, pedirles y meterles la mano en los bolsillos a los que pueden”.

Entonces sí, coincidiendo Hacienda, la impostergable reforma tributaria, la esperanza es que hagamos una con la valentía de cobrar lo justo a quienes se debe.

* Economista, fue Director de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf) y Ex Director Ejecutivo a.i. del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).

Caída en los tributos: estamos mejor, pero todo empeora

Escrito en . Publicado en Análisis.

Welmer Ramos González
Economista

Mientras que la riqueza que genera el país aumenta, la sociedad costarricense se empobrece aceleradamente; tremenda incongruencia que ha creado la ideología imperante.

Mientras las autoridades políticas señalan con bombos y platillos que la producción del país crece fuertemente, que la inversión extranjera rompe récords, que las exportaciones siguen dinámicas; el ministro de Hacienda anuncia que la recaudación fiscal disminuye y que recortará aún más el dinero para arreglar las vías públicas, para la salud de la población, para educación, para los Cen-CINAI, para la Red de Cuido, etc. Descomunal contradicción salta fuera del sombrero de los magos de la política económica.

La riqueza crece, pero el Estado se empobrece, la riqueza crece, pero las personas con ocupación disminuyen, la riqueza crece, pero la pobreza no cede, la riqueza crece y Costa Rica vive un serio problema ético de injusticia social que ya no se puede disimular. Y los líderes políticos de turno optan por no discutirlo siquiera, lo toman como si fuera una consecuencia inevitable del destino.

En Costa Rica los impuestos son altos para las Pymes, para los empleados, para los que trabajan por cuenta propia. El ciudadano paga impuestos cuando compra, por el salario que percibe, por las viviendas y los bienes inmuebles, por el combustible que utiliza, entre otros pagos. Sin embargo, no es igual para cierta élite que disfruta de exoneraciones plenas, creadas por leyes.

Cuando revisamos las estadísticas tributarias todos los rubros de cobro de impuestos suben (ver cuadro adjunto), el que disminuye bruscamente es el “Impuesto a los ingresos y utilidades”, que presenta una caída de ¢79.579 millones, al compararse el acumulado de mayo del 2024, con el mismo periodo del año anterior. Pero en ese renglón se recogen los impuestos al salario, a las ganancias de las personas que trabajan por cuenta propia (emprendimientos), ganancias de las Pymes y las ganancias de las grandes empresas. Por lo que es necesario desglosar ese rubro con el fin de darnos cuenta quiénes son los que están haciendo caer la recaudación.

Como podemos apreciar en el cuadro adjunto, los impuestos a los ingresos y utilidades de las personas físicas crecen, esto es, los impuestos a los salarios, la parte de quienes trabajan en sus propias actividades, en lo referente a las remesas también ha aumentado la recaudación.

Son los impuestos a las ganancias de las personas jurídicas donde la recaudación disminuye en ¢105.031 millones en solo 5 meses del 2024. Y más aún, si entráramos con más detalle, son las grandes empresas las que están pagando menos, no son las Pymes, a pesar de que crecen sus utilidades.

Ese resultado, es consecuencia de que ha habido un fortalecimiento legal de los mecanismos para eludir impuestos, un deterioro significativo en la gestión tributaria y aduanera, una mayor laxitud para que las empresas grandes que están en el régimen definitivo se trasladen al régimen exonerado.

Ha habido una serie de leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa “a propósito”, que abren portillos a la elusión y a la exoneración tributaria para las grandes empresas. Como ejemplo señalaré tres casos recientes:

– Ley 10.381, con la excusa de sacar a Costa Rica de la lista de Paraísos Fiscales, amplió el concepto de territorialidad para exonerar a decenas de empresas que pagaban impuestos en Costa Rica y ahora no tendrán que hacerlo más. Aunque operan en el país y carguen los costos de producir como gastos tributarios en Costa Rica, los ingresos no deben reportarlos porque esa nueva ley los exoneró.

– Ley N°10.234 que estableció nuevas categorías en el régimen de zona franca, beneficios adicionales, cambios en los criterios de la inversión requerida, así como otros beneficios fiscales respecto a las cargas sociales sobre las planillas. Dicha ley fue impulsada por la Asamblea Legislativa y ha erosionado groseramente la base tributaria.

– Ley que rebajó el cobro del marchamo se aplicó indistintamente a los autos de lujo y a los autos populares.

Estas leyes y otras recientes violentan, incluso, la Constitución Política de Costa Rica que en su Artículo 179 señala: “La Asamblea no podrá aumentar los gastos presupuestados por el Poder Ejecutivo, si no es señalando los nuevos ingresos que hubieren de cubrirlos, previo informe de la Contraloría General de la República sobre la efectividad fiscal de los mismos”, pues la interpretación inversa de este texto es igualmente válida: no puede la Asamblea Legislativa reducir los ingresos de la hacienda pública sin señalar las fuentes que los compensen.

Socialmente no es aceptable que los grupos económicamente más pudientes del país tengan una posición de privilegio en lo tributario, pues son quienes más se benefician de la infraestructura pública, de la educación y de los servicios públicos en general; sin embargo, han ido tomando paulatinamente una posición cada vez más parasitaria en cuanto a la vida del Estado.

La caída de los impuestos de ¢105.031 millones es el equivalente a 12 veces el presupuesto del Ministerio de Economía, o el equivalente a 3.501 bonos de vivienda de ¢30 millones cada uno. No obstante, debido a que es una disminución recaudatoria, eso significará esa cantidad de bonos menos, más infantes padeciendo hambre, más ancianos sin techo; mientras tanto, seguirán apareciendo en las portadas de los diarios las listas de “Grandes Contribuyentes” con pérdidas y cero ganancias a perpetuidad, los escándalos con Panama Papers, ¿hasta cuándo? Y el PIB creciendo y la inversión extrajera rompiendo récords, y las exportaciones en ascenso, y al gobierno y al pueblo yéndole cada vez peor.

Los tres poderes de la República deben encarar con urgencia esta situación de crisis en las finanzas públicas y formar una comisión para resolver está aberración. Hay que encontrarle una salida al absurdo creado a través de las políticas públicas desafortunadas desde hace bastante tiempo para acá. Es necesaria la presencia de los tres poderes porque la Asamblea aprueba la legislación, el Ejecutivo tiene mucho que mejorar en gestión tributaria y aduanera, y el Poder Judicial debe entender la importancia de la correcta interpretación de las leyes en esa materia.

Finanzas públicas: decálogo sobre la demencia

Escrito en . Publicado en Análisis.

Luis Paulino Vargas Solís

1. Las universidades públicas solicitan al gobierno cumplir con el 1% adicional sobre el presupuesto aprobado el año pasado, según el compromiso asumido en su momento. El gobierno se niega a hacerlo. En total, son aproximadamente ₡5.600 millones.

2. El año pasado, 2022, por concepto de intereses de la deuda pública, el gobierno pagó un total de ₡2.044.143,4 millones. O sea: más de dos millones de millones o, si usted lo prefiere, más de dos billones.

3. Por lo tanto, el monto de los intereses pagados en 2022, equivale a 365 veces lo que las universidades están solicitando.

4. En su informe sobre la liquidación presupuestaria del gobierno, correspondiente a 2022, la Contraloría le advirtió al Ministerio de Hacienda que no solo incumplió con el pago de ₡252 mil millones que, por obligación legal, debía realizar a la Caja Costarricense del Seguro Social, sino que, encima de eso, omitió indicar esa cifra en la mencionada liquidación. O sea: el gobierno no solo no pagó lo que debía, sino que quiso “hacerse el chancho” y ocultar la información correspondiente.

5. Compare la cifra NO pagada en 2022 a la Caja, con la que SI se pagó por intereses: la relación es de 8,11 veces. O sea: se pagó por intereses 8,11 veces lo que debió pagarse, pero no se pagó, a la Caja.

6. ¿Cuánto es la deuda total del gobierno con la Caja? La cifra anda en aproximadamente ₡2,8 billones (millones de millones). Según Rodrigo Chaves y Nogui Acosta, habría que cerrar prácticamente todas las instituciones públicas para satisfacer esa deuda. Ignoraremos tales charlatanerías, y volvamos a comparar con el pago de intereses de la deuda.

7. El monto total de esos intereses, sumado lo correspondiente a 2022 más lo pagado hasta el mes de mayo de 2023 (17 meses en total), suma ₡2.937.389,1 millones, o sea, más de ₡2,9 billones. O sea: una cifra superior al total de la deuda con la Caja.

8. ¿Cómo se explica que no haya problema en pagar ese disparate de dinero en intereses, y, en cambio, resulte “imposible” pagar lo que corresponde a las universidades y a la Caja? Con el agravante de que “tampoco hay dinero” para escuelas, comedores estudiantiles, la policía, albergues infantiles, atención a personas mayores, vivienda popular, etc. etc.

9. Conclusión 1: el manejo de las finanzas públicas, y la forma como se pretende resolver el problema fiscal, es un ejercicio de absoluta irracionalidad, que está causando grandes devastaciones sociales y humanas, y está destruyendo el futuro de Costa Rica.

10. Conclusión 2: urge frenar esta demencia, y abrir un amplio debate democrático que nos permita reorientar las cosas…antes de que sea demasiado tarde.

Juan Carlos Duran, dirigente sindical del sector salud aclara publicación de Diario Extra

Escrito en . Publicado en Trabajo.

El pasado 28 de abril, Juan Carlos Durán, dirigente sindical del sector salud aclaró información publicada en el Diario Extra sobre el estado actual de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). En esta oportunidad, el dirigente sindical en representación del movimiento sindical reiteró que: 

  1. La CCSS no está quebrada.
  2. Se rechaza la narrativa oficial del Presidente de la República, Presidenta Ejecutiva de la CCSS y de la Junta Directiva. 
  3. La OIT no se está “desdiciendo” a partir de la queja que no se conoce por lo que el gobierno debería hacer pública la carta que le envió la OIT ya que al no conocerla, ha generado la noticia del diario la Extra. 
  4. El equipo técnico que preparó el informe para la Junta Directiva a fin de mantener los proyectos de infraestructura, no es el mismo informe que utilizó la Junta Directiva de la Caja para suspender el portafolio de inversiones. 
  5. La Asamblea Legislativa debe seguir con el tema en cuestión y debe convocar al equipo técnico para que se transparente a la opinión pública todo lo que sabe respecto a las finanzas públicas de la Caja. 

Para su reflexión – Mensaje de SITRAHSAN

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Hay momentos en que los ciudadanos y empleados públicos, debemos ponernos la camiseta que nos recomiendan los políticos de turno por el bienestar del país, como sucedió en el caso de la implementación de la ley de “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, implementada a partir del 01 de julio 2019, donde, maquillado el asunto por el gran endeudamiento del sector público, no se autorizó hacer efectivo el pago del último incremento salarial aprobado para este sector, por parte de la comisión de salarios, que regía a partir del 01 de enero 2020, el cual no se hace efectivo bajo el argumento de la agobiante deuda pública del país.

Hoy tres años después, de estar suspendido ese incremento salarial y según información del Ministro de Hacienda, la situación fiscal del país ha mejorado sustancialmente, al pasar la deuda del sector público de un 82.8 % del PIB (Producto Interno Bruto), según datos del exministro Adrián Villegas en el año 2020, donde para marzo del 2023 pasa a representar un 59% del PIB, a partir  del comunicado de prensa CP 19/24 de marzo 2023.

Así las cosas y esperando la reciprocidad de los políticos, de aplicar lo que  la  ley señala, la camisita de la clase trabajadora y empleado público, como su persona lo realizó en el caso de la Ley de Usura, le emplazamos respetuosamente, Sr Ministro, ya que estimamos es hora de que, dé otra señal de buena fe, haciendo efectivo ese incremento salarial suspendido desde enero 2020. En esta ocasión, le motivamos con el argumento de que la deuda pública ha disminuido por debajo de lo normado en la ley de “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” en su apartado regla fiscal.

SITRAHSAN el sindicato que defiende los derechos de los trabajadores.

CONTUA inicia la “Misión Costa Rica”

Escrito en . Publicado en Trabajo.

La Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de las Américas (CONTUA) comunica:

“El día 6 de febrero del 2023 inició lo que se ha denominado “MISIÓN COSTA RICA” por parte de los representantes de la Confederación de los Trabajadores y Trabajadoras de las Universidades de las Américas (CONTUA) con la participación de los vicepresidentes Walter Merkis de FATUN Argentina, Lourdes Zea de STUNAM México, Damián Espino Castillo de SINTUP Panamá y el Secretario Ejecutivo de la CONTUA, Marcelo Di Stefano.

Las reuniones se realizaron en las instalaciones del SINDEU en la Sede Rodrigo Facio de la UCR, en San Pedro de Montes de Oca, San José, en donde los anfitriones y dirigentes sindicales de las Universidades Públicas, Kendy Chacón Víquez secretaria general de la Asociación de Funcionarios del Instituto Tecnológico de Costa Rica (AFITEC); Álvaro Madrigal Mora, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional (SITUN) y Harold Chavarría Vásquez del SINDEU, expusieron sobre las diversas situaciones que ponen en peligro la autonomía de la educación pública universitaria en Costa Rica y la violación a los derechos laborales en contra de la clase trabajadora. Además, en estas reuniones participaron la secretaria general adjunta del SINDEU, Rosemary Gómez Ulate y el secretario de docencia del SINDEU, Mario Villalobos Arias.

En horas de la mañana se realizó una entrevista con los periodistas del Semanario Universidad. Posteriormente, se llevó a cabo la reunión con los representantes de las Federaciones de Estudiantes de la UCR (FEUCR) y de la UNA (FEUNA).

Durante la tarde, los representantes de CONTUA y de los Sindicatos Universitarios se reunieron con Luis Chavarría Vega, secretario general la Unión Nacional de Empleados de la Caja Costarricense y Seguridad Social (UNDECA) y representante de Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) en donde expuso la situación de las leyes de Finanzas Públicas y de Empleo Público.

Los representantes de CONTUA dieron el apoyo total ante la situación que vive la clase trabajadora de Costa Rica y afirmaron que van a interponer las acciones necesarias a nivel internacional, ya que consideran que lo que está sucediendo es una clara violación de los derechos laborales y a los convenios internacionales. “Con esto que está sucediendo, la universidad pública perdería su esencia”, afirmó Espino Castillo.

El día de mañana, las reuniones se realizarán en la Sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Costa Rica, la Universidad Nacional y participarán en la audiencia en el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) a las 2:30p.m. 

“Unidos somos más y más fuertes” 

Página web del SINDEU: http://www.sindeu.ucr.ac.cr/ 

Facebook: https://www.facebook.com/sindeu.universidadcr 

Para más información por WhatsApp: 8510 5531 Lillianne Sánchez Angulo. 8343 4986 SINDEU 2511 1960. Oficina central del SINDE”.

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EL CAMINO DE ALVARADO

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Óscar Madrigal

El día de ayer el Ministerio de Hacienda informó sobre los resultados de las finanzas públicas, resaltando los buenos resultados en cuanto a un superávit primario de 0,06% del PIB corolario de la reducción del gasto primario más fuerte y radical de los últimos 10 años. Es claro que esta reducción se debe al congelamiento de los salarios de los empleados públicos, menos infraestructura, vivienda, pensiones no retributivas, en fin, en la aplicación de una rigurosa regla fiscal que es el reflejo de la austeridad implacable aplicada por el gobierno de Alvarado.

Sin embargo, esa cifra es presentada como un gran logro, lo cual sería significativa si otros componentes de las finanzas fueran concordantes. Es que otras cifras llamaban la atención y a la preocupación.

El pago de la deuda pública, solo en lo que respecta al pago de intereses, en estos 4 años del gobierno de Alvarado se disparó, y en febrero de este año se registró un monto de ₡459.162 millones (1,07% del PIB), el más alto de los últimos 17 años.

Como se aprecia del gráfico adjunto, los intereses pasaron del inicio del gobierno de Alvarado de 122 mil millones de pago intereses de la deuda a 460 mil millones. El crecimiento del pago de intereses ha crecido exponencialmente en este Gobierno. En el año 2017, representaba este rubro un 0.19% del PIB, mientras que a febrero de este año representaba el 1.07%, un crecimiento desbocado.

Es significativo que la deuda pública también ha venido creciendo sustancialmente en estos años. Según Hacienda “en los primeros dos meses del año la deuda se ha incrementado de forma nominal en ¢456.817 millones, pues a diciembre de 2021, la deuda total del Gobierno Central ascendió a ¢27.271.988 millones”. La deuda sumaría en números redondos alrededor de 27.728.805 millones (casi 28 millones de millones de colones).

El resultado es un país cada vez más endeudado.

Todo parece indicar que la nueva deuda adquirida, los nuevos empréstitos, solo han servido para pagar deuda, en especial sus intereses.

Es un camino sin solución.

Restringimos el gasto público y social con el fin de obtener un superávit primario, pero a la vez nos endeudamos más para pagar intereses de la deuda. Al final del camino habrá solo mejores condiciones para seguir pagando la deuda.

El camino seguido por este gobierno solo le da tiempo a la bomba que estallará causando mayores daños sociales.

Pero había otro camino.

Cinco propuestas para la ciudadanía costarricense

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Foro de Confluencia Solidaria y Red MMT Costa Rica
01 de febrero de 2022
Tiempo de lectura: 13 minutos

Durante las últimas cuatro décadas, Costa Rica -al igual que la mayoría de países del Sur Global- ha perseguido un modelo de desarrollo basado en el crecimiento con base en las exportaciones, liberalización de la inversión extranjera directa y de los mercados financieros, apertura de empresas estatales y promoción del turismo. A pesar de algunas ventajas y periodos de crecimiento, este modelo ha resultado en una de las mayores crisis vividas por la sociedad costarricense desde la segunda mitad del siglo XX. Entre los aspectos más determinantes de esta crisis se pueden señalar:

  • niveles de pobreza y desempleo persistentemente altos, así como una desigualdad social que ha crecido en las últimas décadas, con la correspondiente inseguridad laboral, financiera, física y alimentaria de un importante porcentaje de la población, especialmente de mujeres, trabajadores migrantes, grupos minoritarios, personas vulnerables y fuera de la edad productiva;
  • un deterioro de la capacidad pública para garantizar el acceso universal a la vivienda y el empleo dignos, la salud, la educación, el crédito, la seguridad y otros elementos esenciales para una vida gratificante;
  • una creciente desconfianza en las instituciones públicas y privadas, nacionales y extranjeras, en los mecanismos garantes de la democracia y en los partidos políticos, así como un aumento en la inseguridad ciudadana y los índices de violencia.

Estas y otras realidades requieren de una observación responsable, de intercambios respetuosos, solidarios y de un cambio profundo en la comprensión del marco institucional y de las herramientas legales, económicas y políticas que están al alcance de la colectividad para la búsqueda del bienestar de todas las personas. Costa Rica tiene la capacidad para ofrecer vivienda, salud y educación de calidad a todos sus habitantes, empleo para todas las personas con deseo de trabajar y seguridad social para quienes por diferentes razones no pueden hacerlo. Para ello, debemos colocar la ley y la economía al servicio de las personas, y no a las personas al servicio de éstas. En este sentido, el eje de economía del Foro de Confluencia Solidaria y la Red MMT Costa Rica hacen un llamado a la ciudadanía, a los partidos políticos y a las candidaturas a puestos de elección popular a reflexionar críticamente y tomar en consideración las siguientes propuestas que consideramos esenciales para construir una sociedad más próspera, justa y resiliente.

1. Garantía pública de empleo

La garantía pública de empleo o política de trabajo garantizado (TG) es una alternativa al desempleo cada vez más discutida en el plano internacional. Actualmente, el desempleo se utiliza como un estabilizador de precios. Es decir, para controlar la inflación se toman medidas que aumentan o mantienen el desempleo para disminuir el consumo de la población y de este modo evitar un aumento en los precios de los servicios y bienes de consumo (a lo que nos referimos comúnmente como inflación). En cambio, la garantía pública de empleo busca cumplir el mismo objetivo de estabilización de precios con una opción de empleo transicional distinta del régimen de empleo público. El programa funciona como estabilizador automático, aumentando el número de personas empleadas en él cuando baja la actividad del sector privado y reduciéndose cuando ésta crece.

Su objetivo es emplear toda la capacidad productiva del país ofreciendo un trabajo temporal con salario digno a todas las personas que así lo requieran. El programa debe ser lo más pequeño posible y ocuparse de actividades no realizadas por el sector público ni privado. Se puede implementar por etapas, con diferentes mecanismos de pago y enfocarse en áreas de trabajo estratégicas de construcción de capacidad productiva, infraestructura, descarbonización, economía de los cuidados, educación y cultura, entre otros. Es un programa financiado por el gobierno central y administrado localmente según las necesidades específicas de cada comunidad. Finalmente, el programa de garantía pública de empleo podría ser complementado con una renta o ingreso básico para aquellas personas que no puedan participar en el programa.

2. Reconcebir las finanzas públicas

Los fundamentos económicos de la austeridad fiscal han sido ampliamente refutados desde hace al menos dos décadas. El análisis convencional de las finanzas públicas parte de la premisa de que un gobierno se debe comportar igual a un hogar o una empresa del sector privado. En otras palabras, se sostiene que el gobierno debe mantener el mismo tipo de equilibrio presupuestario que el resto de los agentes de la economía.

No obstante, si se considera la economía en su conjunto, los balances positivos de un sector (público, privado o externo) deben venir necesariamente de alguno de los otros sectores. Esto quiere decir que para que un gobierno tenga balances positivos (superávit), es necesario que el sector privado nacional o el sector externo (o ambos) tengan balances negativos (déficit). Por lo tanto, si se quiere apelar al “saneamiento” de las finanzas públicas debe tomarse en cuenta que un balance positivo del gobierno significa, entre otras cosas, una disminución de la capacidad financiera de la población como un todo y, en especial, de los sectores más vulnerables.

Por esta razón, la mayor parte de las economías a nivel mundial han operado históricamente y operan en la actualidad con déficits públicos sostenidos (con excepción de períodos breves de algunas potencias exportadoras) sin que esto implique una amenaza para su estabilidad en el futuro. Al contrario, las medidas de austeridad fiscal implementadas alrededor del mundo han tenido consecuencias negativas. El ejemplo más claro ha sido Europa durante la crisis del euro, donde las medidas de austeridad han ralentizado su recuperación económica y su efecto ha sido especialmente devastador en países como Grecia, Italia o España.

Debido a su naturaleza procíclica, las reglas fiscales han tenido un efecto negativo en las economías en que han sido utilizadas. En momentos de depresión económica, han causado una disminución aún mayor en el consumo cuando lo que la economía requiere es lo opuesto, tal y como se ha observado en el contexto de la pandemia.

No existe ninguna base teórica ni respaldo empírico suficiente para establecer una restricción arbitraria de la capacidad financiera de un gobierno. Por el contrario, si queremos una sociedad que asegure el bienestar de su población (incluyendo sus generaciones futuras), es necesario que se invierta en crear las condiciones necesarias en términos de vivienda, salud, educación, empleo, infraestructura y otros.

3. Aumentar la capacidad productiva local en áreas estratégicas

La pandemia ha dejado claro que es vital que los países posean un alto grado de capacidad para producir dentro de su territorio el alimento y la energía que consumen, así como ciertas tecnologías cruciales para el bienestar de la población, en particular medicamentos y vacunas. Para esto se requiere de un plan nacional que contemple inversión en educación, investigación científica y tecnológica endógenas en áreas de importancia estratégica, promoción de sistemas de agricultura sostenibles y ecológicos de alimentos esenciales con una baja huella de carbono y de capacidad de producción farmacéutica a nivel público.

Para disminuir la vulnerabilidad que representa la dependencia energética del país, es imprescindible reducir drásticamente la importación de combustibles fósiles a través de medidas como desincentivar el transporte privado individual, implementar un programa de transporte colectivo urbano eficiente, promover el uso de la bicicleta, la producción local de biocombustibles de forma sostenible y el transporte eléctrico. Solo con un mayor grado de capacidad alimentaria, energética y tecnológica local se logrará fortalecer el estado de bienestar y dotar al país de la resiliencia necesaria para soportar crisis y shocks externos. Algunas de las áreas en las cuales Costa Rica tiene una amplia capacidad de competir son la industria y el turismo médicos, la educación, el desarrollo de energías renovables, la informática y otros.

Además, el gobierno debe mejorar su capacidad de gestión. Parte de la solución debe involucrar una estrategia, preferiblemente aprovechando y expandiendo el ecosistema actual de código abierto, para desarrollar los sistemas informáticos que permitan digitalizar procesos y facilitar la coordinación entre las diferentes entidades públicas. Esto, a su vez, requerirá de una expansión de la infraestructura digital del país, que puede ser también aprovechada por el sector privado. Las pequeñas y medianas empresas se verían especialmente beneficiadas, ya que la infraestructura que tenemos actualmente está orientada a las necesidades de empresas de mayor tamaño.

Todas estas medidas aumentarían la capacidad productiva del país para tener una economía más resistente a eventos fuera del control interno como, por ejemplo, incrementos de precios en los mercados internacionales. La capacidad para ejecutar esta estrategia ya existe en el país, pero hasta el momento no ha existido la voluntad política para dirigir los recursos necesarios.

4. Reducir progresivamente el endeudamiento en monedas extranjeras

Actualmente, el endeudamiento en moneda extranjera se justifica apelando a dos motivos principales. El primero es reducir el gasto público por concepto de pagos de interés sobre la deuda. El segundo es por la necesidad de importación de distintos bienes y servicios. El problema del endeudamiento en moneda extranjera, tanto público como privado, es que tiene un efecto distorsionante de las prioridades colectivas, pues ante la necesidad de invertir en políticas que mejoren la capacidad productiva y la calidad de vida de las personas, se impone un incentivo de protección del tipo de cambio. Proteger el tipo de cambio tiene la utilidad de estabilizar el precio de los bienes y servicios esenciales que son importados, pero también es una herramienta que protege el precio de las importaciones de lujo. Para proteger el tipo de cambio, generalmente se imponen políticas de austeridad que afectan negativamente a las poblaciones más vulnerables y que son susceptibles a la especulación financiera de diferentes entidades nacionales e internacionales.

Además, la deuda pública en moneda extranjera tiende a estar condicionada a la implementación de políticas -generalmente de austeridad- dictadas por entidades internacionales que no están sujetas a procesos democráticos. Todo esto crea un círculo vicioso donde la economía no tiene la capacidad necesaria para aumentar su productividad y se vuelve más dependiente de las importaciones. Dicha dinámica se agrava en períodos de crisis, en los cuales se genera un mayor endeudamiento para continuar importando. Este efecto negativo fue experimentado con fuerza durante la crisis de la deuda externa latinoamericana a principios de la década de 1980, desencadenada por la decisión de la Reserva Federal de los Estados Unidos de aumentar abruptamente las tasas de interés en dólares en el marco de una crisis inflacionaria global. En general, el país no tiene control real sobre las tasas de interés en dólares, por lo cual su aumento desestabiliza directamente la economía local. En contraste, las economías desarrolladas no tienen deuda pública en moneda extranjera a pesar de que también requieren de importaciones.

Por otra parte, el endeudamiento externo no es la única vía para reducir el costo de la deuda y tampoco para importar bienes y servicios. Para cumplir con sus objetivos de estabilidad macroeconómica, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) implementa política monetaria que busca aumentar o disminuir las tasas de interés a corto plazo en la economía. Para esto, vende bonos de estabilización monetaria que afectan las reservas del sistema bancario y provocan un aumento en las tasas de interés (una mayor cantidad de reservas presiona a la baja las tasas de interés, mientras que una menor cantidad de reservas las presiona al alza). El gasto público aumenta las reservas del sistema bancario, mientras que el cobro de impuestos y la venta de bonos por parte de Hacienda (un aumento en la deuda pública) contrarresta dicho aumento. El efecto de estos bonos en la economía es el mismo, independientemente de que los emita el Ministerio de Hacienda o el BCCR. Entonces, el BCCR podría coordinar la venta de bonos con Hacienda, lo cual en general bajaría las tasas de interés de los bonos de Hacienda al mismo nivel que la tasa de los bonos de estabilidad monetaria que emite. Si esto no es suficiente, el BCCR podría comprar bonos de Hacienda directamente en el mercado primario (tal como se hace, por ejemplo, en Canadá) y luego venderlos o emitir sus propios bonos de estabilidad monetaria para cumplir con sus objetivos. Finalmente, también se debe considerar el uso de herramientas de política monetaria alternativas a cambios en las tasas de interés como controles directos de crédito u otros.

En cuanto a la necesidad de importaciones, una alternativa al endeudamiento es la compra de las divisas extranjeras necesarias. Evidentemente, esto implica un riesgo de presión al alza en el tipo de cambio (devaluación) que, a su vez, representa un riesgo de estabilidad financiera según el nivel de endeudamiento público y privado en moneda extranjera. Debido a esto y a que el tipo de cambio responde a factores que están fuera de nuestro control, tal como lo hemos visto durante la pandemia, es necesario reducir progresivamente el endeudamiento en moneda extranjera. Paralelamente, el aumento en los costos de las importaciones puede ser manejado con políticas dirigidas específicamente a determinados bienes o servicios.

5. Implementación de medidas para aumentar la progresividad

El fenómeno de la desigualdad es una problemática global que se ha intensificado durante las últimas décadas. Todavía en la década de los ochenta, Costa Rica estaba posicionada como uno de los países más igualitarios de la región. A partir de los noventa, esta condición se fue deteriorando al punto en que hoy el país se encuentra entre los más desiguales del mundo. Esto se relaciona directamente con altos grados de inseguridad, violencia y desconfianza en las instituciones.

La concentración de poder económico ocasiona una concentración de poder político que debilita la democracia y la economía. Esto opera en diferentes niveles, pero puede llegar al extremo de manifestarse en casos de corrupción y colusión como los que recientemente se han denunciado entre poderosas empresas privadas y sectores del aparato estatal. Además, este exceso de poder adquisitivo en pocas manos se traduce en un consumo insostenible y en un deterioro de los recursos naturales del país. Ante esta situación, se hace necesaria la implementación de impuestos progresivos según los cuales los ciudadanos con mayor riqueza paguen más impuestos, mientras que aquellos que tienen una menor capacidad adquisitiva paguen menos. Esto difiere de impuestos regresivos como el IVA, con el cual las poblaciones con menores recursos pagan un monto relativo a sus ingresos mayor que el de otros sectores de la población. Un ejemplo de un impuesto progresivo sería un impuesto escalonado sobre la riqueza.

Otra ventaja de los impuestos progresivos es que tienen un carácter contracíclico: su recaudación disminuye en períodos de menor actividad económica y aumenta en períodos de mayor actividad. Por último, también es importante implementar políticas predistributivas cuyo objetivo sea empoderar y promover el bienestar de nuestras comunidades, así como implementar políticas que regulen el poder y la influencia de los diferentes actores de la sociedad.