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Etiqueta: fiscalización ambiental

Solicitan a Contraloría General investigar a la Municipalidad de Osa por permisos de construcción en la Fila Costeña

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

  • Solicitud formal por el otorgamiento de permisos sin revisión de la normativa y fragilidad ambiental en la zona

Osa, 29 de octubre de 2025. La Contraloría General de la República (CGR) recibió solicitud de una investigación especial sobre las actuaciones de la Municipalidad de Osa en el otorgamiento de permisos de construcción en la Fila Costeña y el Corredor Biológico Paso de la Danta (CBPD).La solicitud fue presentada por la Comisión Alianza Comunal (CAC) -adscrita al Comité Local del CBPD- mediante la Fracción Legislativa del Partido Frente Amplio el pasado 30 de septiembre de 2025 (oficio AL-FPFA-AARB-OFI-0329-2025).

La solicitud de investigación se fundamenta en un posible incumplimiento del deber de resguardar los recursos naturales que forman parte de la Hacienda Pública, y busca determinar eventuales responsabilidades administrativas, incluyendo sanciones y la posible cancelación de credenciales a funcionarios o autoridades municipales que hayan contravenido el marco de fiscalización ambiental.

Un territorio clave bajo presión

La Fila Costeña o Brunqueña, está formada por una fila montañosa de altísimo valor ambiental y social. Alberga decenas de nacientes que abastecen de agua potable a comunidades como Dominical, Ciudad Cortés, Palmar Norte y Sur, Bahía Ballena y Uvita, Ojochal, Tres Ríos y Coronado, entre otras.

En la zona se registran 60 aprovechamientos de agua -58 nacientes, un pozo y una toma superficial- administradas por 18 ASADAS, que sustentan además el desarrollo turístico e inmobiliario del cantón (GG-2025-02239).

Sin embargo, la expansión descontrolada de construcciones en pendientes y zonas boscosas amenaza gravemente la estabilidad ecológica y la seguridad hídrica del territorio. Paradójicamente, la propia industria turística e inmobiliaria se convierte en su principal amenaza, pues al extenderse hacia las partes altas pone en riesgo las fuentes de agua, los bosques, la costa y la vida marina de la que depende su rentabilidad y su propia existencia.

El diagnóstico del SINAC (2018) identificó que el 68% de los parches de cobertura forestal son menores a dos hectáreas y que la fragmentación del corredor biológico alcanza el 70%. Su comparación con estudios recientes, indica que el número de parches de bosque ha disminuido en un 30% desde entonces.

La presión inmobiliaria se ha disparado en el cantón, alcanzando un récord de 533 permisos de construcción solo en 2022. En comunidades como Ojochal, entre 2016 y 2024 se tramitaron 643 permisos, con un aumento pronunciado entre 2020 y 2024, cuando se tramitaron 482; además investigaciones académicas (Leiva, 2025) muestran que el 70% de las propiedades están en manos extranjeras.

Un estudio de la Universidad Nacional (Morera.2009), reveló que entre 2002 y 2006, el 56 % de los permisos de construcción en la zona se otorgaron en áreas de fuerte pendiente y bosque primario, muchas sin permisos ni estudios técnicos, generando deslizamientos, sedimentación y contaminación de cuerpos de agua, con impactos directos sobre el Parque Nacional Marino Ballena.

El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) confirmó en su Informe de Obras sin Permiso 2024 que 35% de las construcciones en Osa operan sin licencia municipal.

Respuesta comunitaria

Ante esta situación, la Comisión Alianza Comunal (CAC) del Corredor Biológico Paso de la Danta (CBPD), ha impulsado un proceso de participación ciudadana y control social del territorio, mediante un Acuerdo Comunal que articula diversas exigencias como moratoria en los permisos de construcción, actualización integral del Plan Regulador Cantonal, una Categoría de Manejo Especial de Protección en la Fila y una Mesa de Diálogo Ciudadana.

Esta iniciativa contó con el respaldo de las firmas de las personas participantes en la actividad de rendición de cuentas “Sosteniendo la Fila Costeña”, realizada en el marco del Festival del Océano 2025, donde se exigió a la Municipalidad de Osa el cumplimiento de sus responsabilidades ambientales y la rendición de cuentas ante la comunidad.

Pese a ser invitada, la Municipalidad se ausentó del espacio y luego desestimó un año después las peticiones comunitarias, alegando falta de competencia institucional y trasladando la responsabilidad a otras entidades. Además, ha sostenido que la situación se resolverá con un Plan Regulador Cantonal que lleva más de tres décadas sin concretarse y que, de aprobarse, llegaría tarde y podría no ser efectivo ante el deterioro ya causado.

Ante este panorama, la CAC gestionó el apoyo del diputado Ariel Robles Barrantes, quien remitió solicitudes formales de información a la Municipalidad, el AyA, el MINAE y la Contraloría General.

Las respuestas de las instituciones evidencian vacíos críticos de información: se desconoce la capacidad hídrica de las nacientes de la Fila Costeña, el estado de los bosques y la afectación a los radios de protección.

A ello se suman denuncias por tala ilegal, cambio de uso de suelo y construcción en zonas de protección. No existen estudios sobre niveles freáticos ni identificación de zonas frágiles, pese a que la combinación de deforestación, terraceo y apertura de caminos incrementa la erosión y la sedimentación de ríos y costas.

“La Fila Costeña no aguanta más”

Según la CAC, “lo expuesto es solo una síntesis de la problemática. A la falta de planificación y control se suma la ausencia de un Plan de Manejo Integral de Residuos, en un cantón donde la población y el turismo crecen aceleradamente”.

La organización hace un llamado urgente a regular la industria inmobiliaria y el modelo de turismo de lujo que presiona los ecosistemas costeros y montañosos.

Finalmente, el grupo comunal expresó su esperanza en que la intervención de la Contraloría marque un punto de inflexión:

“Confiamos en que esta investigación sea una oportunidad para que el Estado actúe en defensa del interés público, proteja el patrimonio natural y garantice un desarrollo verdaderamente sostenible. Desde la comunidad continuaremos haciendo valer nuestros derechos ciudadanos hasta lograrlo.”

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Minería de ríos y quebradores ¿conveniencia nacional para quienes?

Escrito en . Publicado en Comunidad, Madre Tierra.

Foto del río Lagarto, en Puntarenas, en el documental «Entramarnos: Río Lagarto», producido por Era Verde y Palabra de Mujer, de Canal 15, UCR.

Comunidades realizan campaña para crear un mecanismo de participación, fiscalización ambiental, protección del agua y que no se otorguen concesiones a empresas cuestionadas

En días recientes comunidades del cantón central de Puntarenas y de Guatuso presentaron a diputados sus exigencias y propuestas en cuanto a los impactos de la actividad minera en el cauce de los ríos o como se conocen popularmente como “quebradores”; esta actividad busca producir materiales y agregados para la construcción de infraestructura pública y privada mediante la extracción de arena y piedra y ha sido cuestionada en repetidas ocasiones por sus efectos perjudiciales que causa en los ecosistemas de los ríos a nivel país.

En Costa Rica, las concesiones se entregan por un plazo de 25 años en las cuales, pueden presentar una prórroga por 10 años más. Para las concesiones de cauce de dominio público se entregan tramos de máximo 2 km y una misma persona puede realizar su extracción teniendo dos concesiones de estas en un mismo cauce.

Respecto a los procesos de extracción, comúnmente la evaluación del impacto ambiental establece condiciones de explotación con tasas de extracción diarias y mensuales. Sin embargo, los lineamientos establecidos terminan teniendo un papel de requisitos más allá de regulación efectiva para la protección de ríos.

Los daños generados a nivel ambiental son irreversibles y los cauces no se encuentran evaluados antes ni después del otorgamiento de permisos. Desgraciadamente, la institucionalidad carece de criterios científicos para llevar a cabo dicha evaluación de impactos, monitoreo y garantía de la protección ambiental favoreciendo así a grandes negocios para la explotación.

Leonardo Cordero de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas, aseguró que la situación de los ríos Guacimal y Lagarto es precaria para estos ríos y en época de verano ven disminuido significativamente su caudal. Esta falta de agua y la abundancia de sedimentos producen un impacto directo en la pesca artesanal que es el 90 % de la economía local de la zona costera y un daño profundo en los manglares.  Además, señala que se ha perdido una fuente de recreación porque estos ríos son claves para el encuentro vecinal, para pasar los calores y los fines de semana.  

“En ese trayecto del puente del río de Guacimal hasta la desembocadura de 12km hay hasta 6 concesiones” aseguro Cordero, que estallaron con la ampliación de la Ruta 1. La Alianza señala a Meco y H.Solís como principales empresas concesionarias o beneficiarias de este bien común.

Eddy Alberto López Mora de la Asociación de Desarrollo de Maquengal de Guatuso, relata una situación muy similar, pero en este caso sobre el Río Frío. El mismo, es una fuente vital de economía turística y agrícola de la zona, pues es el principal afluente del Humedal de importancia mundial de Caño Negro, sin embargo, la minería desregulada lo acaba de a pocos.

En este caso las vecinas y vecinos señalan que la Municipalidad de Guatuso no monitorea las acciones de las empresas extractivas, “esto ha venido a matar el río” aseguró López sobre la cantidad de material que tienen concesionado y concluyó diciendo “Le estamos vendiendo al mundo un sitio RAMSAR un humedal que no estamos cuidando.” 

Ambos representantes comunitarios aseguran falta de regulaciones y sobre todo fiscalización de parte del Estado para controlar la actividad y aprovechar más racionalmente los materiales del río. Ellos abogan por la auditoría, fiscalización y participación de las comunidades en los procesos de solicitud, gestión y prórrogas de concesiones.

Ellos en conjunto lanzaron una campaña pública que busca una modificación al Código de Minería (Art .37) para incluir consultas comunales directas en el momento de consultas a municipalidades, que se fundamente según la magnitud y temporalidad viable de las concesiones a partir de los criterios de la Dirección de aguas, así como una consulta directa con las ASADAS y otras organizaciones comunitarias para la protección de sus fuentes, por medio de la administración de acueductos en cantidad suficiente y de calidad.

En el caso de consultas a la Dirección de Aguas, se pretende categorizar ecológicamente cada río previo a su entrega de permisos extractivos con el fin de reconocer su riesgo ecológico. Finalmente exigen no otorgar más concesiones a empresas investigadas por corrupción y violación de derechos.

Kioscos Ambientales, UCR