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Etiqueta: fiscalización ambiental

El Frente Eco Cipreses denuncia contaminación de planta láctea en ríos y quebradas de San Rafael de Oreamuno Cartago

Escrito en . Publicado en Salud.

  • Los vertidos de la planta de tratamiento en Cartago NO cumplen con la normativa vigente.

  • Comunidad señala olores insoportables y la muerte del río la Chinchilla por tanta contaminación.

  • Sala Cuarta acogió recurso de amparo.

El Frente Ecologista de Cipreses denuncia que los vertidos líquidos provenientes de la planta de tratamiento de la empresa SIGMA estarían contaminando una quebrada ubicada en la calle vieja La Chinchilla, en San Rafael de Oreamuno, Cartago. Según análisis de laboratorio realizados por el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica, las descargas presentan incumplimientos respecto a parámetros establecidos en la normativa nacional sobre vertidos de aguas residuales (ver anexos). Esta situación genera importantes afectaciones ambientales y molestias para las comunidades vecinas.

Las personas vecinas denuncian que los vertidos generan olores intensos y persistentes que afectan la calidad de vida de quienes habitan en La Chinchilla, San Rafael de Oreamuno. Según relatan, los malos olores alcanzan incluso las instalaciones del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica del INA, así como caseríos y urbanizaciones cercanas.

Las comunidades aseguran haber presentado múltiples denuncias ante el Ministerio de Salud sin obtener una solución efectiva. Mientras las autoridades han señalado que la situación se encuentra dentro de la normativa, el Frente Ecologista sostiene que los resultados de laboratorio contradicen esa conclusión. Ante la falta de respuesta, las personas vecinas interpusieron un recurso ante la Sala Constitucional en defensa de su derecho a un ambiente sano. Este recurso fue acogido para estudio por la Sala.

Desde los 2025 veinte vecinos de la urbanización Takiskú presentaron una denuncia al Ministerio de Salud de Oreamuno y el Ministerio de Salud reiteradamente responde diciendo que todo esta en regla.

Los análisis realizados por el laboratorio acreditado del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica evidencian que los vertidos de la planta de tratamiento de la empresa SIGMA no cumplen con los límites máximos permisibles establecidos en el Decreto Ejecutivo N° 33601-MINAE-S, Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales, vigente en Costa Rica desde 2007. Esta normativa fija los parámetros de calidad que deben cumplir las descargas de aguas residuales hacia cuerpos de agua superficiales, con el fin de proteger los ecosistemas acuáticos y la salud pública. En particular, el Informe de Resultados LCA-103-2026 (2), emitido el 11 de junio de 2026, muestra que los valores de Demanda Química de Oxígeno (DQO) y Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) superan ampliamente los límites permitidos para la industria láctea, lo que evidencia una elevada carga de contaminación orgánica en las aguas descargadas al río (ver Cuadro 1 y análisis adjuntos del CICA-UCR).

Parámetro

Resultado

Límite permitido

Demanda Química de Oxígeno (DQO)

859 mg/L

500 mg/L

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)

449 mg/L

200 mg/L

Sólidos Suspendidos Totales (SST)

101 mg/L

100 mg/L

Cuadro 1 de resultados obtenidos por el laboratorio CICA de la UCR en color rojo y comparación de límites máximos de manufactura de productos lácteos (ver pág. 43 Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales N.º 33601. Presidente de la República, el ministro de Ambiente y ministra de salud.

¿Qué significan la DBO y la DQO?

La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) es uno de los principales indicadores utilizados para medir la contaminación orgánica del agua. Este parámetro determina cuánto oxígeno necesitan los microorganismos para degradar la materia orgánica presente en un vertido. Cuando la DBO es muy alta significa que existe una gran cantidad de residuos orgánicos que consumirán el oxígeno disponible en el río. Esto puede provocar que peces, crustáceos, insectos acuáticos y otros organismos no dispongan del oxígeno necesario para sobrevivir.

Por su parte, la Demanda Química de Oxígeno (DQO) mide la cantidad total de sustancias oxidables presentes en el agua, incluyendo materia orgánica biodegradable y otros compuestos químicos. Es un indicador de la carga total de contaminación que recibe un cuerpo de agua. Cuanto mayor es este valor, mayor es el impacto potencial sobre la capacidad natural del río para mantener su equilibrio ecológico.

Se adjuntan los resultados de dos análisis de calidad del agua realizados por el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica. La primera muestra, correspondiente al Informe de Resultados LCA-103-2026 (1), fue tomada en el cauce de la quebrada aguas arriba del punto de descarga de la planta de tratamiento de SIGMA y evidencia una buena calidad del agua. La segunda muestra, correspondiente al Informe de Resultados LCA-103-2026 (2), fue recolectada directamente en el punto donde se realizan los vertidos de la empresa y muestra valores que superan los límites máximos permitidos por la normativa nacional para parámetros como la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), evidenciando una elevada carga de contaminación orgánica.

Con base en estos resultados, el Frente Ecologista de Cipreses presentó el 29 de abril de 2026 una denuncia ante el Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA) del Ministerio de Ambiente y Energía, señalando que los vertidos estarían afectando la calidad del agua de la cuenca y, con ello, la biodiversidad asociada al ecosistema acuático.

Fabián Pacheco, integrante del Frente Ecologista de Cipreses y firmante tanto de la denuncia presentada ante el SITADA como del recurso de amparo, manifestó: «Suponemos que la planta de tratamiento de la empresa SIGMA no tiene la capacidad suficiente para procesar la totalidad de las aguas residuales que genera la actividad industrial y, por esa razón, se realizan vertidos frecuentes de lodos y residuos líquidos con olores fétidos. Resulta muy preocupante observar que esta quebrada nace apenas unos cien metros antes del punto de descarga y que, en tan corto recorrido, su calidad ambiental se vea seriamente afectada. En la zona no existen otras actividades que expliquen esta contaminación, por lo que solicitamos a las autoridades exigir a la empresa la modernización y ampliación de su planta de tratamiento para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental.»

El Frente Ecologista de Cipreses señala que este problema ha sido denunciado reiteradamente por las comunidades desde hace varios años sin que las instituciones competentes hayan logrado resolverlo de manera efectiva. Si bien la empresa cuenta con un permiso de vertido otorgado por la Dirección de Agua del MINAE, la organización recuerda que dicha autorización no exime del cumplimiento permanente de los límites establecidos en la legislación ambiental ni justifica descargas que excedan los parámetros permitidos.

Por ello, la organización exige que la empresa realice las inversiones necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de su planta de tratamiento y solicita a las autoridades ambientales y sanitarias ejercer una fiscalización efectiva para asegurar el cumplimiento de la normativa. Como señaló la integrante del Frente Ecologista de Cipreses, Isabell Méndez Garita: «Exigimos a las autoridades competentes hacer cumplir la normativa ambiental y de salud pública. Son muchos años de denuncias formales sin una solución definitiva. Las comunidades tienen derecho a vivir en un ambiente sano y a que las instituciones cumplan con su deber de proteger los ríos y la salud de la población.»

Captura obtenida del sitio oficial de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), en la que se observa el punto autorizado para el vertido de aguas residuales (identificado con un punto azul y señalado con un círculo rojo). Según el Frente Ecologista de Cipreses, este corresponde al mismo sitio donde se ubica el tubo de descarga mostrado en la Foto 1. El punto se localiza en el sector de La Chinchilla, San Rafael de Oreamuno, Cartago, sobre el camino ubicado al sur del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica del INA. En la parte superior central de la imagen se observa la infraestructura de la planta de la empresa SIGMA.
Punto de descarga de los vertidos de la planta de tratamiento de SIGMA sobre la quebrada La Chinchilla, donde se observa la salida de aguas residuales provenientes de la industria láctea. Fotografía tomada el 29 de abril de 2026. Ubicación: ingresando por el Servicentro Corazón de Jesús, dos kilómetros al sur por el camino viejo a La Chinchilla, San Rafael de Oreamuno, Cartago. Coordenadas: 9.886260, -83.893013. Google Maps: https://www.google.com/maps?q=9.886260,-83.893013.
Punto de descarga de los vertidos de la planta de tratamiento de SIGMA sobre la quebrada. En la imagen se observa la toma de muestras de agua realizada por personal del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica, directamente en la salida del tubo de vertido. Fotografía tomada el 13 de mayo de 2026.

Exigimos desde el Frente Ecologista de Cipreses:

• Que el Ministerio de Salud establezca un programa de monitoreo permanente de los vertidos de la planta de tratamiento, solicitando al menos cada tres meses análisis realizados por el Laboratorio Nacional de Aguas u otra entidad pública competente, con el fin de verificar, mediante un control independiente, el cumplimiento de la normativa ambiental y sanitaria, en aplicación del principio pro natura.

• Que las autoridades competentes adopten las medidas cautelares ambientales que correspondan cuando existan incumplimientos comprobados de la normativa, incluyendo, de ser procedente, la suspensión del permiso sanitario de funcionamiento hasta que se demuestre fehacientemente el cumplimiento de los parámetros establecidos para la Demanda Química de Oxígeno (DQO), la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y los Sólidos Suspendidos Totales (SST).

• Que las denuncias ambientales presentadas mediante las plataformas oficiales del Estado, como el Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA), sean atendidas con procesos de fiscalización efectivos, coordinados y oportunos, garantizando que las instituciones competentes actúen de manera diligente y eviten que estos mecanismos pierdan su propósito de protección ambiental.

• Que la resolución de la Sala Constitucional establezca medidas concretas, verificables y sujetas a seguimiento, de manera que se garantice el cumplimiento efectivo de la sentencia y la solución definitiva del problema denunciado.

• Que se investigue la actuación de las autoridades competentes, particularmente del Ministerio de Salud, para determinar si la respuesta institucional brindada frente a las denuncias presentadas durante los últimos años ha sido adecuada y suficiente para proteger el derecho de la comunidad a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

• Que se reconozca que la contaminación de una quebrada no constituye un problema exclusivamente local. Los contaminantes son transportados por el cauce hacia otros ríos y cuerpos de agua, extendiendo sus efectos sobre los ecosistemas, la biodiversidad y las comunidades ubicadas aguas abajo dentro de toda la cuenca hidrográfica.

Existencia de un zoológico privado en Santa Ana activa pedido de fiscalización urgente del SINAC

Escrito en . Publicado en Derechos.

Organizaciones ambientalistas y personas defensoras de los animales solicitaron la intervención inmediata del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) ante informaciones que dan cuenta de la existencia de un zoológico privado ubicado en Santa Ana.

La gestión fue presentada por María Elena Fournier, presidenta de la Asociación Conservacionista YISKI, tras la transmisión de un reportaje televisivo en el que se mostraron imágenes de animales en aparente estado de deterioro, incluyendo dos osos perezosos, un zopilote con una flecha incrustada y un caucel —felino silvestre— que, según la denunciante, presenta signos visibles de estrés y confinamiento prolongado.

En su comunicación dirigida al despacho ministerial y a instancias del Sinac, Fournier solicita información y acciones concretas, entre ellas:

  • El plan de manejo vigente del zoológico

  • El nombre del regente responsable

  • Fecha de la última inspección oficial

  • Informe detallado sobre las condiciones de todos los animales en cautiverio

  • Medidas correctivas inmediatas, incluyendo la eventual reubicación del felino o el cierre del establecimiento si se comprueban irregularidades

Antecedente: cierre de Fundazoo y debate sobre zoológicos privados

La denuncia revive el debate nacional que culminó con el cierre del zoológico Simón Bolívar y el centro de Santa Ana administrados por Fundazoo, tras décadas de cuestionamientos sobre bienestar animal y fiscalización estatal. En ese proceso, organizaciones ambientalistas y sectores académicos insistieron en la necesidad de fortalecer la supervisión del Sinac y revisar el modelo de zoológicos en el país.

En notas previas publicadas por SURCOS se ha documentado la discusión sobre el rol de los centros de rescate, la regulación de fauna silvestre y las obligaciones del Estado en materia de protección animal, así como denuncias sobre omisiones en fiscalización y aplicación de normativa.

La nueva gestión plantea que podrían persistir vacíos de control en establecimientos privados que operan bajo figuras de centro de rescate o exhibición, lo que ameritaría una revisión técnica por parte de las autoridades competentes.

Coadyuvancia y reclamo por otros casos

La denuncia fue respaldada mediante coadyuvancia por Roxana Salazar, quien además recordó que aún no se han atendido otras preocupaciones ciudadanas relacionadas con la protección animal, entre ellas el caso de los patos en un lago artificial en San Rafael de Alajuela, donde —según gestiones previas— se ordenó no alimentar a los animales sin medidas transitorias adecuadas.

Ambas gestiones coinciden en solicitar respuestas formales y actuaciones oportunas por parte del Minae y del Sinac, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normativa sobre vida silvestre y bienestar animal.

Llamado a transparencia y fiscalización

Las organizaciones firmantes insisten en que la protección de fauna silvestre requiere no solo declaraciones normativas, sino fiscalización efectiva, informes públicos y medidas correctivas cuando corresponda. También recuerdan que el derecho a un ambiente sano y el deber estatal de tutela de la biodiversidad están consagrados en la Constitución Política y en la legislación ambiental vigente.

Hasta el momento no se ha informado sobre una respuesta oficial del Minae o del Sinac ante las solicitudes planteadas.

Denuncian arrasamiento en “derecho de vía” de la Ruta 32 y exigen evaluación técnica y respuestas del MINAE y el MOPT

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

La Asociación Conservacionista YISKI volvió a denunciar lo que califica como un arrasamiento indiscriminado de cobertura vegetal en el llamado “derecho de vía” de la Ruta 32, particularmente en tramos cercanos al Parque Nacional Braulio Carrillo, y exigió una evaluación técnica y científica independiente sobre los supuestos riesgos de deslizamiento utilizados para justificar las intervenciones.

Según informó María Elena Fournier, presidenta de YISKI, las fotografías tomadas el 6 de diciembre, entre las 10:36 y las 11:18 de la mañana, evidencian que las labores realizadas no distinguen entre zonas con riesgo real de deslizamiento y áreas donde, a criterio de la organización, no existía justificación técnica para la tala, lo que habría provocado una afectación generalizada del entorno.

Las imágenes —tomadas por N. Landry, con autorización expresa para su publicación— muestran extensos tramos sin cobertura vegetal, lo que, advierten, podría agravar procesos de erosión, afectar la fauna silvestre y comprometer la estabilidad ecológica del área protegida y su zona de influencia.

Falta de respuestas institucionales

De acuerdo con la denuncia, han transcurrido más de catorce días hábiles sin respuesta por parte del despacho del ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, a quien señalan como máxima autoridad del ente rector en materia ambiental. En el caso del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la consulta habría sido trasladada a una dependencia interna sin que, hasta el momento, exista una respuesta formal.

La denunciante cuestiona además la inestabilidad administrativa en el MOPT, con jerarcas en condición interina y constantes cambios, situación que —a su juicio— contribuye al abandono y desorden en la gestión de la red vial nacional, así como a la falta de rendición de cuentas.

Exigen criterios técnicos y fiscalización ambiental

Desde YISKI se insiste en que las intervenciones realizadas bajo el argumento de “derecho de vía” deben estar respaldadas por criterios técnicos y científicos claros, debidamente documentados y sujetos a fiscalización ambiental, en especial cuando se trata de áreas colindantes con parques nacionales y ecosistemas sensibles.

La organización espera pronunciamientos concretos del SINAC–MINAE, del Sistema Integrado de Trámites y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA) y de las autoridades responsables de la infraestructura vial, a fin de determinar quién autoriza, ejecuta y supervisa estas labores, y bajo qué parámetros.

Un conflicto que no es aislado

Esta nueva denuncia se suma a cuestionamientos previos documentados en SURCOS sobre la aplicación del concepto de “derecho de vía” en carreteras nacionales, particularmente en la Ruta 32, donde organizaciones ambientalistas han advertido sobre tala excesiva, ausencia de pasos de fauna y falta de transparencia en los procesos de decisión.

En esos antecedentes se ha señalado que el uso amplio y poco preciso de esta figura puede derivar en daños ambientales irreversibles, especialmente cuando no existe información pública clara ni evaluaciones independientes que sustenten las intervenciones.

YISKI reiteró que se mantendrá vigilante y que continuará recurriendo a los mecanismos legales y administrativos disponibles para defender el patrimonio natural y exigir responsabilidades a las autoridades competentes.

La Contraloría General de la República aceptó y trasladó a fiscalización la denuncia sobre permisos de construcción en la Fila Costeña

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

La tarde de hoy, la Contraloría General de la República notificó, mediante el oficio DFOE-DEC-9527, a las organizaciones sociales y a las diputaciones que respaldaron la denuncia, que esta fue trasladada al Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible de la institución.

Según indica el documento oficial, el traslado se realizó mediante el oficio DFOE-DEC-TI-00010-2025, con el objetivo de que la denuncia sea considerada como insumo para la planificación estratégica de los proyectos de fiscalización de dicha área. En términos prácticos, esto significa que la denuncia fue admitida y será tramitada por el área encargada de realizar investigaciones y procesos de control.

Tal como se señaló en el comunicado emitido el pasado 29 de octubre, la denuncia corresponde a una solicitud de investigación especial sobre las actuaciones de la Municipalidad de Osa en el otorgamiento de permisos de construcción en la Fila Costeña y en el Corredor Biológico Paso de la Danta (CBPD). La solicitud fue presentada por la Comisión Alianza Comunal (CAC), adscrita al Comité Local del Corredor Biológico Paso de la Danta, mediante la Fracción Legislativa del Partido Frente Amplio.

Es el Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible es encargada de fiscalizar las funciones del Estado y el uso de los recursos públicos relacionados con los recursos naturales y con actividades que generan impactos ambientales -como el turismo, la pesca y la producción agrícola-, con el fin de promover una gestión de la Hacienda Pública orientada al equilibrio entre las necesidades humanas y la protección del ambiente. Asimismo, le corresponde ejecutar procesos de fiscalización previa y posterior, emitir criterios vinculantes, y brindar asesoría y capacitación en las materias de su competencia.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Puede verse los antecedentes en esta nota de SURCOS:
https://surcosdigital.com/solicitan-a-contraloria-general-investigar-ala-municipalidad-de-osa-por-permisos-de-construccion-en-la-fila-costena/

Yiski cuestiona falta de fiscalización en tala dentro del Parque Nacional Braulio Carrillo

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

La Asociación Conservacionista Yiski alertó nuevamente sobre la corta intensiva de árboles y cobertura boscosa que se realiza en el tramo de la Ruta 32 que atraviesa el Parque Nacional Braulio Carrillo (sector Zurquí). Según denuncia su presidenta, María Elena Fournier, la intervención continúa ejecutándose bajo el argumento de “derecho de vía”, pero sin controles técnicos visibles, sin información pública clara y en sectores donde no hay evidencia de deslizamientos o emergencias viales que justifiquen una remoción de tal magnitud.

En su comunicación más reciente, Fournier señala que la situación avanza “demasiado rápido” y que se han cortado árboles en zonas que no presentan riesgo evidente, lo que podría generar afectaciones irreversibles en un ecosistema reconocido por su biodiversidad y sensibilidad ecológica.

La denuncia formal fue registrada ante el Sistema Integrado de Trámites y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA), bajo el número 33035, y remitida además al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach; a la Auditoría del SINAC; y al Área de Conservación Central (ACC). En la presentación, Fournier solicita aclarar quién está fiscalizando los trabajos y bajo qué criterios técnicos se autorizó la intervención en un área protegida donde la legislación exige supervisión estricta.

Preocupación por limitaciones al acceso a información pública

En los correos dirigidos al MINAE y al SINAC, Fournier cuestiona que el sistema SITADA no permite solicitar información urgente, pues únicamente está diseñado para registrar denuncias. Subraya que la ciudadanía tiene derecho a recibir información completa, oportuna y verificable sobre decisiones que afectan bienes de dominio público, especialmente cuando se trata de un parque nacional.

Señala además que las respuestas institucionales insisten en redirigir todo trámite al SITADA, sin atender de manera directa la consulta central: quién supervisa la tala y bajo qué justificación técnica se está realizando.

Impactos en el ecosistema del Zurquí

De acuerdo con los antecedentes aportados por Yiski y especialistas en derecho ambiental, esta intervención se suma a presiones acumuladas sobre el ecosistema:

  • ruido constante y tránsito pesado,
  • contaminación por combustibles,
  • iluminación artificial continua,
  • ausencia de pasos de fauna,
  • disminución de especies sensibles, como ranas de cristal,
  • interrupción de corredores biológicos utilizados por aves, mamíferos y otros organismos que se desplazan sin tocar el suelo.

El profesor de Derecho Internacional Público Nicolas Boeglin recordó en el documento anterior que cortar árboles sin prever medidas de conectividad, como puentes de lianas, afecta directamente la movilidad de especies que dependen de la continuidad del dosel forestal.

Solicitudes planteadas a las autoridades

La Asociación Conservacionista Yiski insiste en tres puntos fundamentales:

  1. Detener temporalmente la corta hasta contar con un análisis técnico verificable.
  2. Aclarar quién dirige y fiscaliza la intervención en el derecho de vía.
  3. Garantizar la protección del ecosistema del Zurquí, conforme a la normativa de áreas silvestres protegidas.

La organización advierte que continuará recurriendo a los mecanismos institucionales disponibles, incluyendo acciones constitucionales, si la información solicitada no es entregada dentro de los plazos legales.

Denuncian tala indiscriminada en el “derecho de vía” del Parque Nacional Braulio Carrillo

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

La Asociación Conservacionista Yiski -junto con otras personas especialistas en derecho ambiental- alertó sobre una corta intensiva de árboles y cobertura boscosa en la Ruta 32, en el tramo que atraviesa el Parque Nacional Braulio Carrillo (Zurquí). La intervención estaría siendo realizada bajo el criterio de “derecho de vía”, pero —según denuncian— se estaría aplicando sin controles adecuados, sin criterios técnicos claros y en zonas que no corresponden a deslizamientos ni emergencias viales.

La denuncia fue dirigida al presidente Rodrigo Chaves, al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, al Área de Conservación Central (ACC), al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y al ministro de Obras Públicas y Transportes, Pablo Camacho, solicitando explicaciones urgentes y una fiscalización inmediata.

¿Qué se está denunciando?

Según expone María Elena Fournier, presidenta de la Asociación Conservacionista Yiski, en su comunicación oficial:

  • La corta observada la semana pasada incluye árboles de todo tamaño, en sectores donde no existe justificación por deslizamientos.
  • La intervención se estaría realizando sin supervisión visible, sin límites claros y sin presencia de funcionarios que garanticen criterios técnicos o ambientales.
  • Se califica la acción como abuso de autoridad y falta de conciencia ambiental, debido al impacto directo sobre uno de los ecosistemas más biodiversos del país.

Impactos señalados sobre el ecosistema del Zurquí

En el texto se advierte que esta corta se suma a una serie de presiones acumuladas sobre la zona:

  • Contaminación por combustibles fósiles.
  • Ruido excesivo por parte de transportistas.
  • Iluminación artificial continua.
  • Ausencia de pasos de fauna aéreos y subterráneos.
  • Reducción visible en la presencia de especies sensibles, como las ranas de cristal.

Según Fournier, estas presiones, sumadas a una tala indiscriminada en la zona boscosa, profundizan la afectación sobre anfibios, aves y fauna que depende de la conectividad del bosque.

El profesor de Derecho Internacional Público Nicolas Boeglin reforzó la preocupación señalando que:

  • Muchas especies del Parque Nacional Braulio Carrillo se movilizan sin tocar el suelo, utilizando las ramas frondosas que cruzan sobre la carretera como corredores naturales.
  • Cortar estos árboles sin prever puentes de lianas u otras estructuras de conectividad biológica implica romper los corredores y poner en riesgo a numerosas especies.
  • Boeglin cuestiona que las autoridades actúen sin considerar las obligaciones ambientales y recuerda que la Sala Constitucional ya ha establecido criterios claros sobre la protección del área en sentencias previas.

Petición urgente

  • Detener de inmediato la tala hasta contar con un análisis técnico verificable.
  • Explicar quién dirige y fiscaliza la intervención en el derecho de vía.
  • Asegurar la protección del ecosistema del Zurquí, conforme a la legislación de áreas silvestres protegidas.

La carta de María Elena Fournier concluye insistiendo en que la situación requiere atención inmediata para evitar daños irreversibles en un parque nacional reconocido por su extraordinaria biodiversidad.

Solicitan a Contraloría General investigar a la Municipalidad de Osa por permisos de construcción en la Fila Costeña

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

  • Solicitud formal por el otorgamiento de permisos sin revisión de la normativa y fragilidad ambiental en la zona

Osa, 29 de octubre de 2025. La Contraloría General de la República (CGR) recibió solicitud de una investigación especial sobre las actuaciones de la Municipalidad de Osa en el otorgamiento de permisos de construcción en la Fila Costeña y el Corredor Biológico Paso de la Danta (CBPD).La solicitud fue presentada por la Comisión Alianza Comunal (CAC) -adscrita al Comité Local del CBPD- mediante la Fracción Legislativa del Partido Frente Amplio el pasado 30 de septiembre de 2025 (oficio AL-FPFA-AARB-OFI-0329-2025).

La solicitud de investigación se fundamenta en un posible incumplimiento del deber de resguardar los recursos naturales que forman parte de la Hacienda Pública, y busca determinar eventuales responsabilidades administrativas, incluyendo sanciones y la posible cancelación de credenciales a funcionarios o autoridades municipales que hayan contravenido el marco de fiscalización ambiental.

Un territorio clave bajo presión

La Fila Costeña o Brunqueña, está formada por una fila montañosa de altísimo valor ambiental y social. Alberga decenas de nacientes que abastecen de agua potable a comunidades como Dominical, Ciudad Cortés, Palmar Norte y Sur, Bahía Ballena y Uvita, Ojochal, Tres Ríos y Coronado, entre otras.

En la zona se registran 60 aprovechamientos de agua -58 nacientes, un pozo y una toma superficial- administradas por 18 ASADAS, que sustentan además el desarrollo turístico e inmobiliario del cantón (GG-2025-02239).

Sin embargo, la expansión descontrolada de construcciones en pendientes y zonas boscosas amenaza gravemente la estabilidad ecológica y la seguridad hídrica del territorio. Paradójicamente, la propia industria turística e inmobiliaria se convierte en su principal amenaza, pues al extenderse hacia las partes altas pone en riesgo las fuentes de agua, los bosques, la costa y la vida marina de la que depende su rentabilidad y su propia existencia.

El diagnóstico del SINAC (2018) identificó que el 68% de los parches de cobertura forestal son menores a dos hectáreas y que la fragmentación del corredor biológico alcanza el 70%. Su comparación con estudios recientes, indica que el número de parches de bosque ha disminuido en un 30% desde entonces.

La presión inmobiliaria se ha disparado en el cantón, alcanzando un récord de 533 permisos de construcción solo en 2022. En comunidades como Ojochal, entre 2016 y 2024 se tramitaron 643 permisos, con un aumento pronunciado entre 2020 y 2024, cuando se tramitaron 482; además investigaciones académicas (Leiva, 2025) muestran que el 70% de las propiedades están en manos extranjeras.

Un estudio de la Universidad Nacional (Morera.2009), reveló que entre 2002 y 2006, el 56 % de los permisos de construcción en la zona se otorgaron en áreas de fuerte pendiente y bosque primario, muchas sin permisos ni estudios técnicos, generando deslizamientos, sedimentación y contaminación de cuerpos de agua, con impactos directos sobre el Parque Nacional Marino Ballena.

El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) confirmó en su Informe de Obras sin Permiso 2024 que 35% de las construcciones en Osa operan sin licencia municipal.

Respuesta comunitaria

Ante esta situación, la Comisión Alianza Comunal (CAC) del Corredor Biológico Paso de la Danta (CBPD), ha impulsado un proceso de participación ciudadana y control social del territorio, mediante un Acuerdo Comunal que articula diversas exigencias como moratoria en los permisos de construcción, actualización integral del Plan Regulador Cantonal, una Categoría de Manejo Especial de Protección en la Fila y una Mesa de Diálogo Ciudadana.

Esta iniciativa contó con el respaldo de las firmas de las personas participantes en la actividad de rendición de cuentas “Sosteniendo la Fila Costeña”, realizada en el marco del Festival del Océano 2025, donde se exigió a la Municipalidad de Osa el cumplimiento de sus responsabilidades ambientales y la rendición de cuentas ante la comunidad.

Pese a ser invitada, la Municipalidad se ausentó del espacio y luego desestimó un año después las peticiones comunitarias, alegando falta de competencia institucional y trasladando la responsabilidad a otras entidades. Además, ha sostenido que la situación se resolverá con un Plan Regulador Cantonal que lleva más de tres décadas sin concretarse y que, de aprobarse, llegaría tarde y podría no ser efectivo ante el deterioro ya causado.

Ante este panorama, la CAC gestionó el apoyo del diputado Ariel Robles Barrantes, quien remitió solicitudes formales de información a la Municipalidad, el AyA, el MINAE y la Contraloría General.

Las respuestas de las instituciones evidencian vacíos críticos de información: se desconoce la capacidad hídrica de las nacientes de la Fila Costeña, el estado de los bosques y la afectación a los radios de protección.

A ello se suman denuncias por tala ilegal, cambio de uso de suelo y construcción en zonas de protección. No existen estudios sobre niveles freáticos ni identificación de zonas frágiles, pese a que la combinación de deforestación, terraceo y apertura de caminos incrementa la erosión y la sedimentación de ríos y costas.

“La Fila Costeña no aguanta más”

Según la CAC, “lo expuesto es solo una síntesis de la problemática. A la falta de planificación y control se suma la ausencia de un Plan de Manejo Integral de Residuos, en un cantón donde la población y el turismo crecen aceleradamente”.

La organización hace un llamado urgente a regular la industria inmobiliaria y el modelo de turismo de lujo que presiona los ecosistemas costeros y montañosos.

Finalmente, el grupo comunal expresó su esperanza en que la intervención de la Contraloría marque un punto de inflexión:

“Confiamos en que esta investigación sea una oportunidad para que el Estado actúe en defensa del interés público, proteja el patrimonio natural y garantice un desarrollo verdaderamente sostenible. Desde la comunidad continuaremos haciendo valer nuestros derechos ciudadanos hasta lograrlo.”

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Minería de ríos y quebradores ¿conveniencia nacional para quienes?

Escrito en . Publicado en Comunidad, Madre Tierra.

Foto del río Lagarto, en Puntarenas, en el documental «Entramarnos: Río Lagarto», producido por Era Verde y Palabra de Mujer, de Canal 15, UCR.

Comunidades realizan campaña para crear un mecanismo de participación, fiscalización ambiental, protección del agua y que no se otorguen concesiones a empresas cuestionadas

En días recientes comunidades del cantón central de Puntarenas y de Guatuso presentaron a diputados sus exigencias y propuestas en cuanto a los impactos de la actividad minera en el cauce de los ríos o como se conocen popularmente como “quebradores”; esta actividad busca producir materiales y agregados para la construcción de infraestructura pública y privada mediante la extracción de arena y piedra y ha sido cuestionada en repetidas ocasiones por sus efectos perjudiciales que causa en los ecosistemas de los ríos a nivel país.

En Costa Rica, las concesiones se entregan por un plazo de 25 años en las cuales, pueden presentar una prórroga por 10 años más. Para las concesiones de cauce de dominio público se entregan tramos de máximo 2 km y una misma persona puede realizar su extracción teniendo dos concesiones de estas en un mismo cauce.

Respecto a los procesos de extracción, comúnmente la evaluación del impacto ambiental establece condiciones de explotación con tasas de extracción diarias y mensuales. Sin embargo, los lineamientos establecidos terminan teniendo un papel de requisitos más allá de regulación efectiva para la protección de ríos.

Los daños generados a nivel ambiental son irreversibles y los cauces no se encuentran evaluados antes ni después del otorgamiento de permisos. Desgraciadamente, la institucionalidad carece de criterios científicos para llevar a cabo dicha evaluación de impactos, monitoreo y garantía de la protección ambiental favoreciendo así a grandes negocios para la explotación.

Leonardo Cordero de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas, aseguró que la situación de los ríos Guacimal y Lagarto es precaria para estos ríos y en época de verano ven disminuido significativamente su caudal. Esta falta de agua y la abundancia de sedimentos producen un impacto directo en la pesca artesanal que es el 90 % de la economía local de la zona costera y un daño profundo en los manglares.  Además, señala que se ha perdido una fuente de recreación porque estos ríos son claves para el encuentro vecinal, para pasar los calores y los fines de semana.  

“En ese trayecto del puente del río de Guacimal hasta la desembocadura de 12km hay hasta 6 concesiones” aseguro Cordero, que estallaron con la ampliación de la Ruta 1. La Alianza señala a Meco y H.Solís como principales empresas concesionarias o beneficiarias de este bien común.

Eddy Alberto López Mora de la Asociación de Desarrollo de Maquengal de Guatuso, relata una situación muy similar, pero en este caso sobre el Río Frío. El mismo, es una fuente vital de economía turística y agrícola de la zona, pues es el principal afluente del Humedal de importancia mundial de Caño Negro, sin embargo, la minería desregulada lo acaba de a pocos.

En este caso las vecinas y vecinos señalan que la Municipalidad de Guatuso no monitorea las acciones de las empresas extractivas, “esto ha venido a matar el río” aseguró López sobre la cantidad de material que tienen concesionado y concluyó diciendo “Le estamos vendiendo al mundo un sitio RAMSAR un humedal que no estamos cuidando.” 

Ambos representantes comunitarios aseguran falta de regulaciones y sobre todo fiscalización de parte del Estado para controlar la actividad y aprovechar más racionalmente los materiales del río. Ellos abogan por la auditoría, fiscalización y participación de las comunidades en los procesos de solicitud, gestión y prórrogas de concesiones.

Ellos en conjunto lanzaron una campaña pública que busca una modificación al Código de Minería (Art .37) para incluir consultas comunales directas en el momento de consultas a municipalidades, que se fundamente según la magnitud y temporalidad viable de las concesiones a partir de los criterios de la Dirección de aguas, así como una consulta directa con las ASADAS y otras organizaciones comunitarias para la protección de sus fuentes, por medio de la administración de acueductos en cantidad suficiente y de calidad.

En el caso de consultas a la Dirección de Aguas, se pretende categorizar ecológicamente cada río previo a su entrega de permisos extractivos con el fin de reconocer su riesgo ecológico. Finalmente exigen no otorgar más concesiones a empresas investigadas por corrupción y violación de derechos.

Kioscos Ambientales, UCR