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Etiqueta: FMI

El diálogo que se propone

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Óscar Madrigal

El gobierno de Alvarado propuso la semana pasada un plan de diálogo social, que se orienta a que las organizaciones y las personas propongan soluciones y luego se realicen foros de intercambio de opiniones: lo han nombrado “escuchar, proponer, dialogar”.

Es una propuesta muy extraña ya que no es propiamente una negociación, ni tampoco un compromiso de cumplir acuerdos. En el fondo no representa nada sustantivo, desde el punto de vista de las organizaciones sociales más allá de que hagan llegar -una vez más- sus propuestas y la participación en una serie de foros que no tienen ninguna formalidad o carácter vinculante. Son foros para disertaciones sin eco gubernamental. Esto se deduce de los antecedentes, ya que en el pasado el Gobierno pidió propuestas a estas organizaciones que no fueron escuchadas y muchos menos atendidas.

Por tanto, no se trata de nada parecido a una conversación seria, responsable que le permita al Gobierno apoyar las políticas que puedan interesarle a los sectores más golpeados por estas crisis.

Más parece la búsqueda de una legitimación social para continuar por el camino que ha transitado el Gobierno de Alvarado.

El gobierno propone que envíen propuestas sobre tres ejes: finanzas y acuerdo con FMI, reactivación económica y creación de empleos.

Al Gobierno hay que hacerle saber de principio, de entrada y de previo, EN LO QUE NO ESTAMOS DE ACUERDO.

En Finanzas públicas que NO estamos de acuerdo en vender activos estatales, más impuestos a los empleados públicos, reducción de jornadas a los trabajadores públicos, aumento del IVA.

En reactivación económica que NO estamos de acuerdo con flexibilización laboral, con ley de empleo público, reducción de subvenciones a la vivienda.

En materia de creación de empleo NO estamos de acuerdo con eliminar el bono Proteger, extender por más tiempo las reducciones o suspensiones de los contratos de trabajo y el pago del IVA de manera indiscriminada.

El Gobierno debe entender que para un diálogo leal y fructífero debe comprometerse en primera instancia a no llevar adelante las políticas regresivas que hasta el momento ha impulsado.

Solo a partir del compromiso de un “impasse” o una tregua acerca de seguir fomentando políticas regresivas, las organizaciones sociales pueden colaborar en un clima propositivo, leal y sano con propuestas que ayuden a superar la crisis sanitaria y económica.

Hacen trizas del Estado

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

«El Estado tiene que cuidar de sus súbditos,
no producir en ellos un terror pánico
que retrotraería las cosas al estado de naturaleza, es decir,
al estado previo al acuerdo o pacto y a la guerra de todos contra todos»[1]

Hernán Alvarado

Lo que viene sucediendo en Costa Rica es que los representantes, las autoridades electas, están siguiendo una agenda que hace trizas el Estado social de derecho y el pacto social de 1949, plasmado en la Constitución de la República.

Nacido del terror

El origen del Estado es el terror a la muerte, como lo viera Thomas Hobbes.[2] Muchas cartas constitucionales fueron antecedidas por una guerra civil o una intensa crisis de gobernabilidad, de manera que la mayoría de las Repúblicas han nacido bañadas en sangre. Por eso, a menudo esos textos representan la verdad en armas de los victoriosos, según un pacto firmado con los derrotados. Así, pues, cada Estado emerge de una lucha cruenta, en una coyuntura crítica, y supera una situación excepcional o de violencia extrema; surge entonces como una portentosa ficción jurídica que erige el derecho como medio de pacificación.

Al derecho mismo lo sostiene, a su vez, un imaginario social, tan eficaz como que los seres humanos se dejan gobernar por creencias. En ese sentido, para Edgar Morin las ideas son entes posesivos, no solo herramientas intelectuales. No en vano Hegel creía que la idea era el sujeto absoluto de la Historia. Así que el Estado es, en esencia, social. Por tanto, no se puede destruir el «Estado social de derecho» sin destruir el Estado mismo, junto con la sociedad que le da consistencia y sustancia.

El apaciguador

Por tanto, el Estado supone una población organizada que responde a una norma representativa de un acuerdo de paz. Pero más allá de esa circunstancia implica un «ser juntos» que resulta «coesencial», es decir, una «sociación» y no solo una asociación.[3] En suma, nadie puede sobrevivir sin el otro, porque la vida implica una coexistencia pacífica entre seres humanos naturalmente obligada cuando se habita un planeta hostil.

El Estado es la mejor respuesta a la amenaza de muerte que proviene del vecino, más que a la que proviene de extraños. De ahí que sea su característica central el monopolio de la violencia, única que se considera legítima; de manera que la soberanía del Estado descansa sobre una oferta de seguridad. Por miedo a ser asesinadas, las personas están dispuestas a sufragar una organización social que les garantice paz como bien social supremo. Entonces, la llamada seguridad jurídica no es cualquier principio, sino que está en la raíz del Estado.

Este es, entonces, una manera de lidiar con el poder que unos ejercen contra otros, en la medida en que este tiende al abuso, a convertirse en violencia material, patrimonial y simbólica. Por eso, se dice que Hobbes dio a luz, en 1651, a la «invención moderna de la razón». La razón sobre la fuerza bruta y el interés particular, para servir a la seguridad y la convivencia. Por su parte, el Pueblo, y en particular los trabajadores productivos, sostienen el Estado, por esas buenas razones. Aunque el Estado supone un orden, incluso una jerarquía, porque en última instancia es la forma organizativa que conquistó una clase dominante para imponerla a las clases subordinadas, como un mal necesario que siempre puede llegar a convertirse, sin el debido control, en un terrorífico Leviatán.

El Estado opresor

Puesto que nace como alternativa frente a una historia de luchas sangrientas, nada más terrorífico y desconcertante que los crímenes del Estado opresor. Nada peor que un Estado que viola la ley, que dirige su violencia contra alguna persona, algún grupo o contra la misma población que debería proteger. En sí mismo, es una traición a la razón moderna, una total sinrazón. La racionalidad que acompaña a ese contrasentido parece monstruosa, pues arranca de cuajo el anhelo de una convivencia basada en el respeto entre personas.

El orden arbitrario de un gobierno que en vez de abolir el miedo lo provoca, crea la estampa perversa de una organización aterradora. Como delincuente o asesino, aparece como una estructura enemiga del ciudadano, capaz de brincarse el orden jurídico. Tal es el mayor absurdo imaginable y la mayor amenaza contra la paz social. Pero el Estado se precipita así en el remolino de su propia autodestrucción, contrastando con la razón moderna que necesita la convivencia para que fluya la compra y venta de mercancías.

Según una metáfora de Franz Hinkelammert, el que dispara al prójimo recibe esa bala en la nuca, dada la redondez del mundo. Él ha subrayado que toda vida social se erige sobre un mandamiento: «No matarás»; que existe como tal por lo mucho que se le infringe. Coincidentemente, para George Bataille (1897-1962) el interdicto o mandato general es contra la violencia,[4] porque el respeto a la vida del otro es la base de toda sociedad y el principio fundamental que todo Estado debería proteger cual esencia del valor moral y fundamento económico.

Oscuros nubarrones

En Costa Rica, resulta llamativo que una fracción de la burguesía le haya declarado la guerra a un Estado que es en primer lugar su servidor. Lo viene haciendo mediante una guerra financiera con las armas de la «ingeniería fiscal»: exenciones, moratorias, amnistías, evasiones, elusiones, colisiones, venta de activos a precio de remate y endeudamiento público. Todo un arsenal que depara ganancias billonarias a los más poderosos, pero tiene a la CCSS al borde de la quiebra y al gobierno de rodillas ante poderes fácticos, financieros y mediáticos que aseguran la acumulación, concentración y centralización del capital. Ello consolida la vergonzosa desigualdad social, mientras un coro de demagogos y populistas se rasga las vestiduras en público, como hacían antes los fariseos.

Esa guerra económica se acompaña con una guerra mediática que dispara una mentira tras otra, tendenciosamente, contra instituciones y universidades públicas, contra sus empleados y contra las personas pensionadas, aprovechándose de esa ilusión óptica que es efecto de unas redes sociales infestadas de odio e ignorancia; animadas por personas que son fácil presa de cifras, fotos, audios, noticias, trinos, memes y rumores falsos, además de argumentaciones falaces que solo muestran lo estúpidos que pueden llegar a ser nuestros prejuicios. Por dicha, son flores del mal que duran un día.

Tal como lo expone el juez de la República Andrés Retana,[5] el caso es que se está poniendo en marcha una agenda que suprime sistemáticamente derechos laborales y humanos conquistados a lo largo de muchos años, mediante una usurpación política autoritaria que, aprovechando la pandemia, no escatima esfuerzos en quebrantar la Constitución. Asimismo, se viene perdiendo la soberanía del Estado en cada coqueteo con el FMI y la OCDE, extraviada en la ilógica de una deuda impagable y montados como vamos en el tren sin frenos de la catástrofe ecológica. Ya se sabe que quien paga la música pone al endeudado a bailar descalzo al ritmo de los martillazos de la insolidaridad. Lamentable, porque sin soberanía estamos ante una caricatura de Estado.

Por eso, el Ejecutivo y el Legislativo seguirán siendo demandados, dadas sus múltiples tentativas de quebrantar la norma superior. Les seguirá lloviendo recursos constitucionales y de amparo, así como demandas penales. Además, ya el movimiento sindical y social ha cerrado filas y ha comenzado a tomar las calles. También han comenzado las manifestaciones como las de la Coordinadora Patriótica Alajuelense Juan Santamaría. El domador del Leviatán comienza a reunir su voz como si fuera los vientos de un huracán que sopla las velas de la resistencia popular.

La ley 9796 es el mejor ejemplo de todo esto. Ella recorta de manera regresiva y violenta las pensiones medias entre 2,200 y 5,000 millones (nominales). Al mismo tiempo, no toca a las más altas, las cuales mejoran. El Presidente ha celebrado en su Facebook la entrada en vigencia de ese adefesio jurídico, para ahorrar unos 10,000 millones al año, según corrige ahora (quién sabe qué se hicieron ya 2,000 que habían anunciado), pero no podrá usarlo como pretendía la ley 9836 sin contravenir el artículo 73.[6] Se socava así un pilar de la seguridad jurídica del Estado, lo cual representa una amenaza para todos: «A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas».[7]

Por encima de la carta magna, el Presidente se muestra orgulloso de meter la mano en el bolsillo de cientos de personas adultas mayores a las que se ha sumido en la mayor zozobra, angustia e indignación de toda su vida, haciéndolas sentir insultadas, humilladas y perseguidas, porque han hecho añicos sus proyectos de vida. Este ataque artero del Presidente contra los adultos mayores merece quedar impreso indeleblemente en la memoria de nuestro pueblo como una acción arbitraria y regresiva contra el Estado social de derecho. En sí mismo, revela lo poco que valora don Carlos la dignidad de su puesto y la poca conciencia que tiene de lo que son derechos laborales y humanos.

[1] Citado en la introducción de Carlos Moya a: Hobbes, T (1980) El Leviatán. Madrid: Editorial Nacional.

[2] Ver un ineludible trabajo sobre Hobbes en: Esposito, R (2003) Communitas. Origen y destino de la comunidad. Buenos Aires: Amorrortu.

[3] Esposito, Ibid, p. 13.

[4] Bataille, G (1985) El erotismo. Barcelona: Tusquets editores, p. 69.

[5] Andrés Alberto Retana Vargas (Juez de la República): «La supresión sistémica de derechos de las personas para el ingreso de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos» (OCDE). Semanario Universidad. Opinión. Julio 20, 2020.

[6] Constitución de la República de Costa Rica.

[7] Ibid, capítulo 34.

Planteamiento público al Presidente Carlos Alvarado Quesada

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

COORDINADORA PATRIOTICA ALAJUELENSE
JUAN SANTAMARIA

23 de julio del 2020

Carta Pública

Sr. Carlos Alvarado Quesada
Presidente de la República de Costa Rica

Miles de costarricenses integrantes de organizaciones sociales, cívicas, sindicales y ambientales coincidimos en que llegó la hora de hacer ejercicio de nuestros derechos y deberes ciudadanos, ante la crítica situación fiscal, económica y social, y nos vemos en la obligación de hacerle públicamente el siguiente planteamiento.

Para nosotros y para miles de costarricenses es evidente que en esta situación de pandemia, las libertades que tanto apreciamos están bajo la amenaza de grupos privilegiados que utilizan la crisis para mantener, reforzar y ampliar su control del poder político y así obtener mayores beneficios económicos, consolidando una preocupante e inaceptable plutocracia.

Además, somos conscientes de que nuestros antepasados instauraron la democracia como sistema para proteger los derechos de todos los ciudadanos, especialmente los de minorías y grupos vulnerables.

También tenemos claro, que quienes ahora intentan reforzar su control del poder, son los que en las últimas décadas han minado y debilitado sistemáticamente esos derechos logrados durante décadas de trabajo colectivo para lograr la democratización. Ese ha sido también un trabajo de búsqueda de igualdad y de oportunidades.

Sabemos que en este momento la democracia es más importante que nunca y estamos dispuestos a defenderla en cualquier momento y en cualquier terreno, incluyendo la calle.

La democracia real, no la del papel, permite a la sociedad civil movilizarse, enfrentar las desigualdades, debatir abiertamente los asuntos políticos, distribuir información confiable y pedir la rendición de cuentas. En estos momentos de crisis necesitamos y vamos a defender esa democracia, en los medios y en las calles.

Aún más, nuestra democracia y nuestra Constitución Política establecen que el gobierno de la república ha de ser popular, representativo, PARTICIPATIVO, alternativo y responsable, Lo ejercen el PUEBLO y tres Poderes distintos e independientes entre sí.

El respaldo constitucional de los artículos 9 y 11 nos convoca como PUEBLO hoy y aquí a hacer los siguientes planteamientos que usted por deber constitucional no puede obviar.

Los políticos en los últimos 25 años han saqueado las arcas del Estado a través de actos de corrupción (INS reaseguro 1.220.100.000 de colones (PUSC), Pacto La Nación- Hacienda 2.100.000.000 de colones, Canal 7 obligado a pagar 3.724.419.539 de colones, platina (PLN) 7.000.000.000 de colones, cemento chino (PAC) 18.592.000.000 de colones, Caja Fischel (PUSC) 18.600.000.000 de colones, Yamber (PAC) 21.500.000.000 de colones, Préstamo Español (PLN) 23.240.000.000 de colones, trocha (PLN) 50.000.000.000 de colones, pensiones de lujo (PAC-PLN-PUSC) 663.002.340.000 de colones ) que sumados alcanzan la muy importante suma de 804.039.285519 millones de colones, cerca del 2.7% del PIB.

Además el Estado, por maniobras cuestionables de esos mismos políticos han llevado la deuda del Estado con la CCSS a la inimaginable suma de al menos 1.8 billones de colones al 2020.

Esto lo han hecho los negligentes e irresponsables del PLUSC_PAC, coludidos con empresarios que han actuado directamente en contra de esa institución a través de tácticas dilatorias y hasta evasión y elusión crónicas, que han hecho sucumbir la seguridad social, pero también al margen de sagrados principios, valores y deberes constitucionales.

Más recientemente como parte del proyecto de Plan Fiscal (PAC, PUSC, PLN, RN, NR, PIN) se otorgó una amnistía tributaria al sector privado de 194.000.000.000 de colones (0.7% del PIB). Por otro lado el Gobierno de Costa Rica informó este miércoles 1 de Julio que el déficit fiscal del 2019 cerró en el 6,96 % del Producto Interno Bruto (PIB), la cifra más alta de los últimos años y que superó en un punto porcentual a la del 2018. Los efectos de la pandemia podrían estar llevando el déficit fiscal alrededor del 10% del PIB. La deuda externa de nuestro país alcanzaría para fin de año los 43 mil millones de dólares.

Apenas la última semana de Junio, como acciones para cargar una vez más el déficit fiscal y los efectos de la corrupción de los políticos de las últimas décadas sobre las espaldas del pueblo, se anuncia la posible venta, probablemente a precios de remate para negocio de políticos nacionales, de parte importante del patrimonio común de los costarricenses. Vale decir el BICSA, el BCR, FANAL, RECOPE y KOLBI de ICE), en unos 532.000.000.000 de colones, cerca del 1.4% del PIB. Todo eso como parte de las negociaciones, por cierto muy opacas, entre uno de los poderes de la república (sin participación del pueblo y en violación del artículo 9 de la Constitución) con el FMI, a quien su administración le ha solicitado financiamiento para que el pueblo pague las sumas considerables de dinero que los políticos y empresarios corruptos se han robado en los últimas dos décadas.

Ciertamente como pueblo consciente de este saqueo, no vamos a permitir que nos vendan las joyas de la abuela. Esa es una acción más de los poderosos que nos quieren robar la democracia endeudándonos y empobreciéndonos aún más, comprometiendo injusta e irresponsablemente a las futuras generaciones.

También tuvimos la oportunidad de escuchar una entrevista a su exministro de Hacienda en el medio digital EL Faro el 28 de Junio de 2020, en la que se mencionan datos escandalosos pero muy clarificadores de los asuntos internos de la hacienda pública.

Estos datos dejan claro que la solución de los problemas fiscales no está en las cosas que hasta ahora se han hecho o se proponen, sino casualmente en lo que no se ha hecho, como es el control de la evasión y la elusión, entre otras cosas, y en lo que los políticos de turno y los burócratas tecnócratas no están dispuestos a trabajar como es su obligación ética y legal en cumplimiento de la ley 8292 (Ley general de control interno).

Los datos que se dan a conocer por parte del exministro Chaves no pueden ser ignorados, ni puede el Poder Ejecutivo decir que no son reales porque vienen casualmente de su exministro de Hacienda.

De acuerdo con el exministro la evasión fiscal en Costa Rica está entre los $3.800 millones y los $5000 millones (entre 2,2 y 2.9 millones de millones de colones), entre el 6% y el 8% del PIB. Una suma a todas luces escandalosa que hace palidecer lo recaudado por el mismo plan fiscal impulsado por su gobierno y la Asamblea Legislativa, además de que nos deja muy claro que en Costa Rica no existe un déficit fiscal, lo que existe es una enorme evasión fiscal.

La recaudación de los montos de dinero que son del gobierno de la república, y que algunos no pagaron y se dejaron esas exorbitantes sumas de dinero terminaría con el problema fiscal de manera eficaz, eficiente y expedita mediante un decreto suyo.

Con voluntad política y con manejo efectivo de la autoridad que les otorga el puesto, al presidente, al ministro de hacienda y a los burócratas de mandos medios y ejecutivos, en cuestión de 3 o 4 años se recaudaría esa suma que se roban los evasores. Esos montos no solo pagarían el déficit fiscal en casi su totalidad, sino que serían montos mucho más altos que los montos que el mismo FMI nos podría prestar. Tampoco tendríamos que vender ninguno de los preciados e invaluables bienes patrimoniales de los costarricenses.

Evidentemente no tiene explicación alguna el querer endeudarnos cuando no necesitamos hacerlo, excepto que existan intermediarios percibiendo jugosos ingresos por asesorar en el trámite de préstamos y/o el de “venta de activos” del Estado. Lo que necesitamos es recuperar el dinero que algunos se vienen robando de la hacienda pública y esto es lo que exige el Soberano a usted (y a su gobierno), electo en el marco de una elección popular y de la Constitución Política, la cual usted juró cumplir y la cual nosotros tenemos el derecho y el deber de vigilar y garantizar que se haga valer y prevalecer, por encima de presiones, privilegios e intereses corporativos o individuales, nacionales o extranjeros.

Según lo dicho en esa entrevista solo se requiere de una inversión de entre $150 y $250 millones en la compra y puesta en práctica de los instrumentos tecnológicos requeridos para iniciar la recuperación de esos dineros. Por supuesto, además sería imprescindible la voluntad política para hacer lo que a todas luces hay que hacer y que es precisamente lo que el pueblo exige hacer.

No es posible que tengamos a mano la solución a mediano plazo de la situación fiscal y no se tenga la voluntad política de un gobierno que se llama democrático para ejecutarla. No podemos permitir que se esté comprometiendo el futuro de varias generaciones por la inacción, colusión o complicidad del gobierno en una situación como la que tenemos entre manos y que ya no se puede seguir ocultando.

Este saqueo sistemático y paulatino de la hacienda pública, que ya es sistémico y se ha consolidado a lo largo de los años, está acompañado de un proceso de empobrecimiento de la población, de un incremento de la desigualdad, la discriminación y la exclusión, las cuales vienen a traernos como resultado un país más pobre y de muy pocas oportunidades para las mayorías. Costa Rica se encuentra entre los más desiguales de América Latina, y para no solo combatir esa desigualdad, sino también para poder desarrollarnos como sociedad con base en planes operacionales y a 25 años plazo, es necesario cerrarles los portillos a los defraudadores del fisco.

Este país ocupa el tercer lugar en desigualdad en América Latina. Sabemos que la desigualdad es el resultado de las políticas de un país. En nuestro caso ese grado de desigualdad se da como resultado de las acciones y presiones que sobre el Estado han ejercido tradicionalmente los grupos poderosos, para su propio beneficio. De esta manera, la distribución de la riqueza simplemente dejó de darse y pasó a unas pocas manos. Son las mismas manos que ahora nos tienen en esta encrucijada fiscal.

Ante todo esto, el pueblo, representado en las más diversas organizaciones sociales exige que:

1-su gabinete le explique al país porqué insiste en tomar medidas económicas en contra del pueblo y en buscar endeudamientos muy negativos para nuestro futuro, mientras existen opciones viables para solventar los problemas, siempre y cuando se tenga el coraje, la entereza moral y la voluntad política para hacerlo. Es imperante en esta hora de la historia que usted dé soluciones de cara al pueblo de Costa Rica, es decir ante el cuarto poder que también debe constitucionalmente ejercer el poder en este país a la par del Poder Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo.

2- escuche al pueblo que por derecho y mandato constitucional también ejerce el poder

3- no se vendan empresas del estado (banca estatal, ICE, FANAl, RECOPE y otras)

4-no se vendan activos importantes del país

5-el gobierno se abstenga de aprobar más deuda externa e interna

6-se inicie de inmediato el proceso de instrumentalización de la Hacienda Pública para el cobro urgente a los evasores.

7- rinda cuentas al pueblo explicando las razones que le impiden, como presidente, tomar este camino constitucional de solución expedita, contundente, eficaz, eficiente , legal y ética a los problemas financieros del Estado y que es, además, un camino mucho más beneficioso y menos agobiante para la mayoría de la población, sabiendo que en materia de control de la evasión y la elusión fiscal, tendría usted garantizado el respaldo total del 99% de los costarricenses .

8-rebaje los salarios a los más altos funcionarios de Hacienda por su ineficiencia y por haber permitido esa escandalosa evasión.

9-aplique la equidad en la carga que debemos pagar todos los costarricenses ante esta crisis fiscal, económica, social y de salud asociada con el Covid-19, de manera que se cumpla con el artículo 33 de la Constitución Política que dice:

Artículo 33.- Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. Reforma dada por ley No.7880 y Publicada en la Gaceta 118 del 18 de junio de 1999.

10-aplique justicia tributaria, de manera que paguen más los que más tienen.

11-proceda a eliminar las odiosas e inconstitucionales exoneraciones tributarias que por su naturaleza discriminatoria maltratan otros sectores del país.

12-cesen de amnistías para sectores económicamente poderosos

13- se detenga la desigualdad por medio de la aplicación de un sistema tributario que en efecto controle la evasión y la elusión.

14- explore otras fuentes limpias de ingreso económico para el Estado (complementarias a los Impuestos).

15- realice un inventario de gastos innecesarios, para eliminarlos o reducirlos: pago de asesorías superfluas, pago a organismos internacionales como OCDE y otros.

16- efectúe un inventario de gastos en pensiones de lujo y pensiones a difunto, con miras a reducir o eliminar, según corresponda.

17-Lidere un verdadero, nuevo e histórico Pacto Social de cara al bicentenario en el que participen todos los sectores que democráticamente deben de participar.

Para todo esto tenemos los instrumentos y las condiciones. Lo único que nos falta en este proceso es la voluntad política para hacerlo y esa es nuestra mayor exigencia en este momento.

Los ciudadanos que dieron su voto para elegirle presidente, igualmente le exigen en este momento esa acción determinante para un futuro menos doloroso, de mayor esperanza y más digno para Costa Rica.

COORDINADORA PATRIOTICA ALAJUELENSE JUAN SANTAMARIA
Por la consolidación de instancias regionales de unidad en la diversidad de los movimientos sociales
POR LA ARTICULACION PROPOSITIVA Y UNITARIA DEL PUEBLO COSTARRICENSE

Reducción de salarios, decisión que enfrenta a trabajadores, protege a ricos y empobrece al pueblo

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Juan Huaylupo Alcázar*

LA CRISIS

Los procesos económicos críticos son consustanciales del capitalismo, sean producto de sus propias contradicciones o provocadas por los propietarios del capital e instituciones bancarias. La crisis económica mundial entendida como fin de las condiciones que propician la continuidad de las relaciones establecidas. En tal sentido, ha sido interpretada como la debacle absoluta de la economía y así divulgada por todos los medios, los gobiernos y los propietarios del capital. De este modo, la crisis económica y pandémica ha sido la fuente para la creación de miedos, la incertidumbre y la inestabilidad fundamentalmente para los mayoritarios sectores sociales sensibles y vulnerables de la sociedad. Miedos que son usados para la adopción de decisiones y acciones, estatales y empresariales, sobre asuntos políticos y económicos que trascienden la salud pública nacional.

El miedo a quedarse sin salario que es la única forma para el sustento familiar y la vida de millones de personas del mundo, se exacerba con las alarmas de los propietarios y sus acólitos. No obstante, en una sociedad capitalista, interdependiente, mercantilizada y desigual, todos son afectados, aunque con efectos muy diferenciados e incluso contradictorios. Creer que solo los empresarios sufren las consecuencias de la crisis, es un engaño y una distorsión de la realidad.

La reactivación de la economía no se logra con la inversión privada, sino dando trabajo y elevando la capacidad adquisitiva de los trabajadores AUMENTANDO SALARIOS NO CONFISCANDOLOS. Es un crimen de lesa humanidad por ser “… parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque … que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.” (Estatuto de la Corte Penal Internacional, 2002). Cercenar salarios para subsistencia de los trabajadores, así como eliminar la obligación estatal por la salud, la alimentación, el trabajo y vida ciudadana, así como, determinación estatal para que financieras privadas decidan, dispongan y administren los salarios acumulados para supuestas pensiones complementarias, las cuales no devueltas a sus dueños en plena crisis de subsistencia, a la vez que son defalcadas en mercados internacionales y por sus administraciones locales, entre otros latrocinios, son crímenes intencionales y premeditados contra la vida, además de traiciones políticas del Estado contra el pueblo.

Atentar contra los salarios, NO SOLO ES UNA TRANSGRESIÓN CONTRA LOS TRABAJADORES TAMBIEN LO ES, CONTRA LOS NEGOCIOS PRIVADOS, EL DINAMISMO ECONÓMICO, LAS RIQUEZAS PRIVADAS Y LOS INGRESOS AL ESTADO. Pero, además minimizar los salarios de quienes han adquirido derechos y compensaciones laborales a través de décadas de trabajo cognoscitivo y especializado, para ser criticados como privilegiados y adversarios, lo cual busca el enfrentamiento entre trabajadores revelando una práctica de naturaleza fascista, que deja incólume al poder de gobernantes y empresarios, que violan derechos, liquidan democracia y pagan salarios miserables, así como crea una imagen ideológica de que la pobreza es el ideal a ser imitado e impuesto a todos los trabajadores.

Los propietarios del capital en Costa Rica, a instancias y la manipulación ideológica de las cámaras patronales, controladas por los intereses de influyentes empresarios, presionan y logran relativizar y flexibilizar las restricciones sanitarias. Ellos, con la complicidad gubernamental, son verdaderos causantes de propagación de la infección viral al obligar a los trabajadores, por subsistencia y hambre, a poner en riesgo la salud familiar y sus vidas.

La crisis y sus efectos no tiene en la pandemia como su única determinación causal, ella ha evidenciado la desigualdad social y la existencia de estructuras sociales excluyentes, por la cual se incrementa y profundiza la pobreza, la enfermedad y muerte en los sectores más vulnerables de la sociedad. Asimismo, la pandemia nos muestra fehacientemente que los pobres y trabajadores son el sustento social de la economía nacional y la riqueza privada, a la vez que ha revelado, las contradicciones de económicas de la sociedad y el sistema prevaleciente. No obstante y contradictoriamente, son a los pobres y trabajadores a quienes se les obliga, no solamente a sufrir las más serias consecuencias de la crisis, también se les impone, con su trabajo y salarios, compensar los desequilibrios fiscales del gobierno y subsidiar el sistema de salud, lo cual es una infamia intolerable, inaceptable e imposible, cuando los empresarios son millonarios deudores a la C.C.S.S. a quienes no se les cobra, no se les demandan judicialmente y menos aún, les embargan sus propiedades. Pero, lo más dramático, en la actual crisis económica y sanitaria, es tener un Estado que formal y esencialmente debe garantizar lo público y los derechos igualitarios en la desigualdad sistémica, pero hace precisamente lo contrario, sanciona y sacrifica a los que sustentan el sistema, mientras que exime de todo compromiso y responsabilidad a los protagonistas privados de la crisis, complace a los propietarios del capital en sus negocios y ganancias privadas, así como protege y estimula al sector financiero en su actividad usurera y especuladora que esquilma a los pobres y cercena el futuro de la sociedad.

PRIVATIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICAMENTE REGRESIVA

La privatización del bienestar, la política pública y del Estado social han liquidado la democracia en nuestro país, así como el amparo al poder económico, ha creado la dictadura directa y transparente, con una formalidad institucional de democrática. El totalitarismo contemporáneo se ha encubierto de una institucionalidad estatal y una legalidad de apariencia democrática. Los proyectos liberales regresivos e imperiales del poder en Costa Rica, son compatibles con la regresión conservadora y el conocimiento económico vulgar y dogmático del Fondo Monetario Internacional, para imponer el totalitarismo que no lograron en décadas pasadas por la resistencia social y el conocimiento. La radicalidad de conservadores y fascistas, toman de pretexto la pandemia, para aplicar su arcaico y regresivo extremismo político y económico.

La actuación gubernamental y legislativa contra los trabajadores y pobres, es tan grave como el tener un sistema judicial que, amparado en la igualdad de derechos, actúa parcial y parcializadamente contra la ciudadanía y la Constitución de la República, convirtiéndose en una institucionalidad subordinada y cómplice de las transgresiones del poder y ejemplo de vergonzosa regresión de los intereses nacionales y ciudadanos.

Los poderes, político y económico, podrían evitar la mayor tragedia que Costa Rica haya conocido, no a causa de la pandemia, sino por intransigencia y posesividad de quienes se han creído dueños de personas y pueblos.

El desempleo, la reducción de los salarios y su confiscación salarial, SIN AFECTAR A LAS EMPRESAS Y SUS DUEÑOS que evaden ilegalmente sus obligaciones tributarias, ni tampoco intervienen riquezas de los ricos y de las entidades financieras, que empobrecen más a los pobres, es una infamia y una traición política de quienes usurpan la representación ciudadana.

La usurpación del poder político ciudadano y los propietarios del capital, tendrán el poder para modificar leyes a su antojo y disponer de los medios de coacción para imponerse, pero en su ceguera y estupidez, están imposibilitados de ver y comprender la inviabilidad de construir una historia sin pasado, que se suicidan destruyendo cultura, ciencia, economía y humanidad.

El poder estatal y empresarial ya están liquidando en Costa Rica los logros conquistados en el pasado para comprometer dramáticamente nuestro presente y futuro, ignorando la destrucción y devenir trágico que originan, en su patológica alienación por el inmediatismo, lo tangible y el presente.

LA RIQUEZA UN PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

La riqueza propia o heredada, no es ni ha sido, una creación mágica de sus propietarios, pues ninguna riqueza es creada individualmente, todas son creadas socialmente, son muchos sus creadores, aunque privatizada por pocos. Esta es la razón por la que no es posible ampararse en los generadores de la riqueza y eximir a los han generado pobreza, desigualdad e inequidad que nutre la pandemia. Luego, serán los ricos quienes deberán contribuir en paliar la crisis, de otro modo, la debacle y derrumbe del capitalismo será un futuro cercano, donde todos perderán, pero los causantes, los ricos y los poderes políticos que los amparan, desaparecerán de la sociedad y de la historia, para construir un nuevo mundo sin barbaros e ignorantes.

NO ES POSIBLE que aquellos que se han enriquecido con el trabajo ajeno, la especulación y el comercio a costa de los consumidores y del otorgamiento de millonarios y exorbitantes contratos gubernamentales, no se les exija contribución alguna para paliar el empobrecimiento población y el desequilibrio fiscal. LA REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA GENERADA SOCIALMENTE ES UNA NECESIDAD SOCIAL, ECONOMICA Y HUMANA. No se reactiva la economía liquidando a la población que crea y reproduce riqueza. La condonación de las deudas a los bancos, la reducción de precios a alimentos de consumo social, la rebaja en los precios de los servicios públicos, el aumentar salarios, eliminar los impuestos al trabajo, devolver a sus dueños los aportes salariales sin condiciones, depositados en las entidades financieras, otorgar préstamos con intereses negativos o no reembolsables, así como el restablecimiento de las políticas públicas y la defensa soberanía y el desarrollo nacional, son las decisiones que el pueblo exige aprobar y establecer para el bien común y la nación costarricense.

* Catedrático en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

Emergencia nacional y ortodoxia económica: Una bomba de tiempo

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Mario Devandas

En varias conversaciones he escuchado a don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central y principal conductor de la política económica, argumentar que el uso no heterodoxo de la política monetaria y en particular el uso de una parte de las reservas en dólares del Banco, que ascienden a más de ocho mil millones de dólares, generaría desconfianza para el país en los mercados internacionales. Pero ¿que generaría más desconfianza utilizar esos recursos para enfrentar la grave situación que vivimos, o un desempleo desenfrenado, un incremento de la desigualdad, y una explosión social? Además de una no ortodoxa política monetaria, no se plantea una política tributaria progresista donde además de meter en cintura a los rentistas, a la evasión, y a las grandes utilidades, a las desmesuradas exenciones, se controle también el precio de las exportaciones para poner coto a los llamados precios de transferencia que nos desangran y nos reducen cada vez más a calidad de colonia.

Para que no se considere la propuesta en que he insistido desde una arista ideológica, voy a decirlo con palabras del propio FMI, al que don Rodrigo rinde mucha admiración:

“A más largo plazo, el impulso de la economía mundial está bajo la presión de un lento deterioro y debilitamiento de la confianza en las instituciones; y la confianza es, naturalmente, la savia de cualquier economía. Esta confianza tambaleante tiene muchas aristas: los efectos persistentes de la crisis financiera mundial, la percepción de que las recompensas del crecimiento económico y la globalización no se distribuyen equitativamente, el nerviosismo sobre el futuro del empleo y las oportunidades económicas, y la debilidad de los marcos de gobierno que suele facilitar la corrupción. El envejecimiento de la población y el financiamiento insuficiente de los sistemas de pensiones también están limitando el ímpetu de la economía, y la desigualdad de ingresos se está acentuando. Además, el cambio climático, si no se lo contrarresta, puede quebrantar gravemente el bienestar económico en las próximas décadas. Los países también deben seguir prestando atención a estos desafíos que acechan a largo plazo”.

“Mediante impuestos progresivos sobre la renta bien diseñados, así como ciertos impuestos sobre la riqueza, se puede contribuir a reducir la desigualdad sin sacrificar el crecimiento. Los estudios empíricos en curso muestran que un “ingreso básico universal” podría reducir la pobreza y la desigualdad, pero depende de la capacidad administrativa de cada país y de la posibilidad de mejorar la focalización del gasto social.”

Informe del FMI de 2018

Ministro de Hacienda: mejor pobreciticos

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Recibí un video sobre cómo está enfrentando Alemania las consecuencias socio-económicas de la pandemia. Sorprendido por sus medidas atrevidas y visionarias, lo que parecía una noticia falsa más, me di a la tarea de verificar.

Efectivamente, ese país no ha escatimado esfuerzos y recursos para evitar el colapso económico y social. Se atreve a romper su política de cero déficit fiscal y, desde inicios de la pandemia, decide endeudarse por 156.000 millones de euros, para evitar el desempleo y la quiebra de empresas. Ni pensar en vender las “joyas” nacionales. Más bien, empresas como Luftansa son candidatas a una “seminacionalización”[1].

Las medidas para proteger al ciudadano, para los ticos nos parecen de ciencia ficción: no pago de alquileres, postergación del pago de deudas, financiamiento a empresas pequeñas y grandes. La mayor parte del fondo es para garantizar empleo y rescatar empresas de hasta diez trabajadores.

Mientras tanto, en nuestro país se le sirvió en bandeja de plata a la empresa privada para que despidiera o subcontratara, lo que ha disparado el índice de desempleo a más del 20%. Y ahora, el nuevo Ministro de Hacienda nos dice que “el país necesita que todos nos hagamos chiquiticos, porque la pandemia hizo a esta economía más chiquita”. En términos futbolísticos invita replegarse, evitar salir a la ofensiva. O sea, contraer la economía, siguiendo los dictámenes de la “pandemia” (UCCAEP, FMI). Todo lo contrario a lo que está haciendo Alemania.

Por supuesto que las comparaciones tienden a ser odiosas, más cuando no guardamos las distancias entre la situación de países pobres y ricos. Sin embargo, algo tenemos que aprender en doble vía. Claro, no podemos comparar a uno de los países de la Unión Europea que cobra un 55% de impuestos a los que más tienen con este país donde el impuesto a la renta promedio es de un 22.5%, candidato a la OCDE donde el promedio es de un 38%.

Más aún, un país donde las concesiones a los sectores empresariales y financieros más poderosos son vergonzantes e indignantes. O sea, al declarar cero ganancias, se les está permitiendo estafar y quebrar al Estado. Solo en impuestos evadidos se alcanza a la cuantiosa suma de 2.870.000.000.00 (2 billones 870 mil millones por año), el equivalente a un 8.2% del PIB; y en exoneraciones 2.100.000.00 (2 billones 100 mil millones de colones por año), lo que representa un 6,2% del PIB[2].

El nuevo ministro de Hacienda busca salvarlo con políticas de empequeñecimiento, atendiendo al mandato de esos sectores que solo les interesa reducir el sector público, y quitarle músculo al Estado, es decir, capacidad para regular el mercado. Y, así, seguir usufructuando de sus jugosas ganancias. “En río revuelto, ganancia de pescadores”. El ministro apela a la vieja excusa de salvar a los pobres, cuando lo que está haciendo es salvando a los ricos y hundiendo al país entero.

El economista Bernal Jiménez ha señalado que “con hacernos chiquiticos, la economía menguará, se reducirá el PIB y aumentará la desocupación y la pobreza […] reducir el nivel del presupuesto contrae la economía”. Efectivamente, lo que se busca es hacernos más pobreciticos de lo que ya somos, donde se hacen pruebas de Covid19 muy selectivas por falta de recursos.

Y es que ya hace rato nuestros anémicos gobiernos se vienen conformando con poco, conduciendo al apocamiento del país. ¡Qué gran daño! El gobierno de Oscar Arias celebró paliar la crisis del 2008, sin impulsar ninguna medida tributaria sustantiva, solo con paliativos asistencialistas. El de Luis Guillermo Solís celebró la reducción de la tasa de hogares pobres en un 0.5% en dos años (2016-2017). Y el gobierno de Carlos Alvarado con logros pírricos en reducción del déficit fiscal, mientras justificó la aprobación de un plan fiscalista que golpea a los pobres y a la clase media y premia con amnistías a las grandes empresas evasoras[3].

Mejor pobreciticos. Por este camino, estamos jodidos ¿Cuándo vamos a jugar a la ofensiva: reactivación económica con justicia social?

[1] https://www.dw.com/es/alemania-aprueba-un-contundente-plan-econ%C3%B3mico-contra-las-consecuencias-del-coronavirus/a-52891560

[2] https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/costa-rica-calcula-evasion-fiscal-en-82-del-pib/GB4YDJLQYRBVNK7ISFH3WCEOZA/story/

http://wwhttpsw.nacion.com/el-pais/politica/exoneraciones-fiscales-casi-equiparan-monto-del/FX6XOJXJZZF6ZIZVYCIJLS76SE/story/

[3] https://semanariouniversidad.com/opinion/costa-rica-un-pais-apocado/

Imagen: INEC editada.

Los efectos socioeconómicos de la pandemia: hechos y realidades

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

German Masís Morales

Se han cumplido 4 meses del inicio de la pandemia del covid-19, y a lo largo de este período es posible identificar algunos de sus efectos sociales, económicos y políticos, así como las acciones que el Gobierno ha impulsado para enfrentarla, los cuales han quedado expresados en hechos y realidades que conforman un escenario particular de este difícil período.

En aquel momento, se mencionaba la necesidad de valorar cuál sería el impacto de la pandemia sobre los diferentes sectores y sobre la economía en su conjunto y cuáles serían las prioridades de las políticas estatales en esta coyuntura, pero fundamentalmente exhortaba a estar atentos para determinar sobre cuáles sectores recaerán en definitiva los costos económicos, así como identificar los eventuales ganadores y perdedores de la emergencia. (Alterdescr,19-4-2020).

La Realidad Económica: Crisis y Estabilización dirigida por el FMI

La realidad económica revela que el país ha ingresado en un escenario de crisis económica y fiscal en el que tanto organismos internacionales, economistas independientes y las propias autoridades del sector económico coinciden en un decrecimiento de la economía del 3.6%, un elevado déficit fiscal que será de 8.7% y una deuda pública creciente que podría rondar el 70% del PIB, (ElPaís.cr, 12-7-2020).

Frente a esta difícil situación económica, la Administración Alvarado ha propuesto una fórmula de reducción del gasto por varias vías y la obtención de recursos externos con los organismos financieros internacionales. Al respecto el Presidente afirmó en su discurso el pasado domingo 12, que en materia económica nos corresponde tomar medidas extraordinarias para garantizar la estabilidad económica del país, entre ellas:

– Presentación del II presupuesto extraordinario que incluye una reducción del gasto público en alrededor de 355 mil millones que equivale al 1% de la producción nacional

– Un apoyo financiero de los organismos internacionales para refinanciar la deuda, primero con un crédito especial por $ 504 millones con el FMI y luego con un acuerdo de stand by (Comunicado Presidencial 12-7-2020) con un monto que podría alcanzar los $ 2.000 millones.

“Con la reducción del gasto indicada y con el refinanciamiento de la deuda estaría garantizada la estabilidad para el 2020”, dijo el Presidente en su conferencia de prensa, dejando establecido que el principal objetivo de su Administración será alcanzar la estabilidad económica luego de la pandemia, para lo que recurrirá invariablemente al financiamiento externo, pese a la recomendación de otras alternativas por parte de algunos economistas y políticos, dirigidas a involucrar al Banco Central en la disponibilidad de recursos para atender la pandemia, con la adquisición de bonos de deuda en un período definido.

Con la prioridad de la estabilización en el período 20/21, la posibilidad de la reactivación económica en algún momento mencionada quedaría eventualmente postergada aunque no descartada, por lo que la recuperación económica podría durar varios años.

El objetivo del proceso de estabilización como lo reconoció el Presidente será “recuperar 1,2 billones de colones o el 3.3% del PIB que la pandemia le quitará al país”, mediante la reducción del gasto y la concreción del acuerdo con el FMI, que debe implicar según éste, “que se convengan metas económicas que debe alcanzar el país, que serían una mezcla de medidas de reducción del gasto, generar mayores ingresos y de eficiencia de la gestión pública” (Comunicado Presidencial12-7-20).

En esa misma perspectiva se inscribe, la pretensión anunciada por el exministro Chávez, relativa a bajar el gasto en un 2.2% del PIB y que un 1.4% de la reducción del gasto provenga de la venta de activos como FANAL y BICSA.

Mientras que medidas como el plan PAGAR que pretendía recuperar 226.145 millones de superávits de instituciones autónomas (dos instituciones, el ICT y FONATEL se han opuesto) y destinarlos con prioridad a la atención de la pandemia, aún no han sido ejecutadas.

La realidad social: el bono Proteger para algunos, los costos económicos para todos

Desde el inicio de la pandemia la estimación del Ministerio de Trabajo señalaba, que alrededor de 400 mil a 450 mil trabajadores se verán afectados por despidos, suspensiones de trabajo o recorte de jornadas, por su parte en el mes de mayo el Presidente en su informe mencionaba “que hemos identificado más de 320 mil personas entre cuenta propia y trabajadores informales y que nuestra prioridad han sido las medidas de mitigación del impacto social en las familias, que hemos resuelto con la rápida creación del bono Proteger”.(Informe Presidencial 1-5-2020)

En el mes de junio, la Ministra de Trabajo señalaba que 535 mil personas están recibiendo el bono Proteger y hay otras 400 mil personas lo han solicitado, las que debemos cubrir con el II presupuesto extraordinario, por lo que en definitiva el número de trabajadores afectados podría superar las 900 mil personas. (CRHoy,16-6-2020)

Sin embargo, hasta este mes de julio apenas se haría la segunda y tercera entrega del bono a los primeros 500 mil personas, quedando pendiente la entrega del bono a los restantes solicitantes, cuyos recursos han quedado supeditados a la aprobación de algunos proyectos incluidos en el II presupuesto extraordinario el cual fue rechazado en su primera versión, pero que incluye por ejemplo los75 mil millones transferidos por el INS para financiar la entrega de 200 mil bonos proteger.

Por su parte, la medida para congelar el precio de las gasolinas que iba a aportar inicialmente 20.000 millones mensuales para financiar los bonos, podría ver reducido su alcance debido al menor consumo de combustible.

En consecuencia, pese a que la Administración Alvarado afirma haber tomado medidas extraordinarias en lo social para atender la población con acciones como la distribución de diarios a los hogares por medio de las Escuelas y la entrega del bono proteger, lo cierto es que la cobertura del bono estaría garantizada sólo para cerca de la mitad de la población y el financiamiento del resto de la población podría complicarse y no ser sostenible.

La obtención de mayores recursos tanto para financiar la totalidad de los bonos, como para financiar el gasto de la pandemia, está ligado a la aprobación de proyectos para extraer fondos del sector de los trabajadores públicos, tales como el proyecto de ley para eliminar el pago de anualidades a los funcionarios públicos en los años 2020-21 y 2021-22, el proyecto para rebajar en un 15% las jornadas de los empleados públicos con salarios mayores a 1,5 millones e incluso la aprobación de un proyecto para eliminar al salario escolar la exención del impuesto sobre la renta. Estos proyectos imprescindibles para el Gobierno irán incuestionablemente a reducir los ingresos y beneficios a los trabajadores públicos, sobre los que caerían en definitiva los costos económicos de la pandemia.

La Realidad Política: el escaso capital político del Gobierno y la presión empresarial

Como se ha podido determinar, la mayoría de los recursos que espera disponer el Gobierno dependerá de la Asamblea legislativa y de la aprobación de diversos proyectos que se encuentran o llegarán a la corriente, sin embargo, esa situación coincide con el hecho que a la Administración actual parece habérsele acabado el capital político de que dispuso en los dos primeros años, el que le permitió mediante una alianza con algunos partidos opositores como PLN, PUSC y Renovación, aprobar proyectos como el plan fiscal, la ley para limitar las huelgas y el recorte de las pensiones, entre otros.

Ahora con el ingreso de los partidos opositores en campaña política, a la reducida fracción del PAC se le hará difícil conseguir el apoyo de estos partidos para aprobar los proyectos para atender la pandemia, obtener oportunamente los recursos necesarios y lograr la estabilización económica pretendida.

Por otra parte, pese a que el Presidente ha reiterado que se encuentra al frente de un Gobierno de unidad nacional, “que no fue llamado a Gobernar para un sector en particular, que lanzaremos un proceso para la construcción participativa de la política pública y de que la clave de las decisiones está en repartir las cargas” (Informe del Presidente,1-5-2220), parece evidente que entre los actores sociales el sector empresarial ha tenido preeminencia en las decisiones para atender la pandemia y enfrentar sus costos económicos, logrando que éstos sean asumidos por los trabajadores y no por las empresas.

Al margen han quedado las propuestas de profesionales, organizaciones sociales y grupos de la sociedad civil que no sólo han efectuado planteamientos y recomendaciones de medidas de política económica y social que distribuyan los costos de la pandemia, generen recursos frescos y propicien la reconstrucción de sectores y actividades afectadas, si no que han solicitado la apertura de un diálogo abierto y multisectorial para construir soluciones, pero unas y otras propuestas han quedado en los archivos del Ministerio de la Presidencia, confirmando la vigencia de una democracia representativa.

Mujeres en Acción: carta abierta al presidente de la República

Escrito en . Publicado en Derechos.

San José, 14 de julio de 2020

Señor
Carlos Alvarado Quesada
Presidente de la República
Su Despacho

Estimado señor presidente:

A finales de abril su gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional un Instrumento de Financiamiento Rápido por $504 millones, correspondientes a la cuota de Costa Rica para la atención de emergencia del Covid-19. En cadena nacional del domingo 12 de julio, usted anunció que, aprobado este préstamo por parte de la Asamblea Legislativa, su gobierno negociará un convenio stand-by con el FMI, y señaló que este acuerdo es indispensable para garantizar la estabilidad económica. Sin embargo, desde hace semanas, distintas personas con vasto conocimiento en la materia, en cuenta el viceministro de ingresos de la administración Solís Rivera: Fernando Rodríguez, han señalado que no es necesario acudir al FMI, dado que existe la opción de financiarnos a través de las reservas del Banco Central. Como consecuencia, queremos saber ¿Por qué considera indispensable negociar con el Fondo, sin abordar públicamente las consideraciones sobre la opción de recurrir a las reservas del Banco Central?

En su discurso del domingo 12 de julio, usted también señaló que el país logrará la estabilidad económica durante 2020 con la refinanciación de la deuda y recortes por 355 mil millones de colones en el gasto público; sin mencionar el impacto de las significativas reducciones a los ingresos fiscales, tales como las autorizaciones a las y los contribuyentes para postergar responsabilidades tributarias hasta fin de año o la reducción generalizada de hasta el 75% en las cuotas obrero-patronales a la CCSS, aprobadas al inicio de la pandemia. Así, hemos de concluir que el núcleo de la política de su gobierno para lograr la estabilidad económica en 2020 recaerá en una fuerte reducción del Estado. Nos preocupa sobremanera, que esta política de recortes vaya a destruir de forma irreparable la institucionalidad pública precisamente ahora, en que ha quedado claro en todo el mundo, más allá de cualquier duda razonable, que los Estados son la principal fuente de resiliencia de los países frente a crisis corno la actual pandemia. A este respecto, en concreto querernos saber: ¿Cómo propone su gobierno refinanciar a las instituciones públicas y a los programas sociales, incluyendo y especialmente, a la CCSS durante y después de la pandemia?

En relación con la presentación de una propuesta al FMI, el domingo 12 de julio usted señaló que será negociada con los principales actores políticos, y se refirió concretamente a las jefaturas de fracción. Dado el interés público de esa negociación, cuyas consecuencias nos alcanzan a todas las personas que vivimos en este país, demandamos que haga pública la propuesta que su gobierno hará a las fracciones legislativas, y que la discusión se dé de cara a la ciudadanía. Le hacemos una respetuosa, pero enérgica instancia, para que usted y las demás personas que integran el Consejo de Gobierno y Consejo Económico, compartan esa propuesta e informen continuamente, de forma abierta, sobre el desarrollo del proceso de negociación con la Asamblea Legislativa y luego con el FMI.

En esta misma línea, distintas voces, a las que nos sumamos, han manifestado su preocupación de que el Gobierno podría estar considerando la venta de activos públicos, como una de las alternativas para enfrentar la actual crisis y como medio de negociación con el FMI, lo cual nos parece peligroso para el futuro del país. Señor presidente, respetuosamente le preguntamos: ¿Está usted y su gobierno valorando la venta de activos en el corto o mediano plazo? En caso afirmativo: ¿Cuáles activos y por qué?

Finalmente, aprovechamos la ocasión para manifestarle nuestro asombro, de que su equipo de gobierno no se haya referido aún a las propuestas para enfrentar la actual crisis que hemos hecho distintos sectores, incluidas dos propuestas legislativas, para recurrir a contribuciones fiscales del gran capital, y así evitar que Costa Rica salga de la crisis, aún más desigual de lo que es hoy.

Se suscriben de usted,

COLECTIVO MUJERES EN ACCIÓN
CC.

Señora Pilar Garrido, Ministra de Planificación
Señor Elián Villegas, Ministro de Hacienda
Señor Rodrigo Cubero, Presidente Ejecutivo del Banco Central de Costa Rica
Señora Silvia Lara Povedano, viceministra de la Presidencia
Prensa

La apuesta del gobierno: salvar al capital-COVID19

Escrito en . Publicado en Análisis, Derechos.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

¿Qué sentido tiene sacrificar el trabajo para salvar al capital? La nueva política laboral y salarial del gobierno, para el sector público, es similar a la receta del “baile” a los pobres, en condiciones de hacinamiento e insalubridad. Se convierten en presa fácil del Covid19 y de la precariedad socioeconómica. En este sentido, este gobierno es homicida por partida doble. No solo mata sino remata.

¿Dónde quedó la sensatez, tan necesaria en tiempos críticos? No alcanzan a entender las leyes del sentido común económico, que apuntan a que limitar la capacidad de consumo de la clase media y los pobres, o sea la mayoría de la población, es ponerse la soga al pescuezo.

Además, es romper con el más efectivo encadenamiento socialmente productivo, que generan las condiciones del asalariado del sector público. Especialmente, de cara al desempleo creciente donde los asalariados públicos cumplen una función fundamental de compensación social solidaria. El salario del sector público se multiplica como los panes y los peces, para paliar las crecientes necesidades familiares y extra-famliares. Romper esa cadena es un contrasentido en tiempos pandémicos.

¿Cuándo van a aceptar que la única salida para atender al problema del desempleo y la seguridad alimentaria de los pobres, especialmente en estos tiempos, es incrementar la renta al capital, cobrar impuestos a los evasores y elusores y erradicar las odiosas exoneraciones?

¿Quiénes están asesorando tan mal a este gobierno que eligió el camino “fácil” de encorralar a los empleados públicos, para irlos trasquilando hasta conducirlos al matadero?

Este gobierno olímpicamente tiró la toalla del control fiscal. Arrinconado en la esquina de los pusilánimes, se dejó azuzar por la Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada (UCCAEP) y la “mala compañía” mediática, para unirse a la campaña de desprestigio del trabajador público, y justificar la precarización del salario a corto plazo y, a mediano plazo, crear condiciones para la privatización de instituciones públicas.

De esta manera, la mesa está servida para el Fondo Monetario Internacional. Pueden devolverlos en el mismo avión que ingresen, con la firma del convenio en letras de oro. Este gobierno resultó más fondista que el Fondo.

La insensatez y testarudez, del tamaño del Estadio Nacional y la Plaza de la Democracia, solo caben en el pequeño recinto de Zapote y en el bunker de Cuesta de Moras. Ni las diez plagas de Egipto parecen suficientes para superar tanta arrogancia.

El pueblo costarricense enfrenta la más trágica experiencia de su historia. Es la encrucijada de sobrevivir al Covid19 o a la embestida, también letal, del capital que ahora busca estrangular a los asalariados del sector público. Realmente, se trata de un solo enemigo, unido en su estrategia necrofílica (amor a lo cadavérico) por eso lo hemos denominado Capital-Covid19.

Pensábamos que Trump y Bolsonaro eran los regímenes paradigmáticos de la necrofilia. Pues resulta que sus discípulos han resultado bastantes aventajados. Ojalá descubramos también, en nuestros laboratorios sociales, la vacuna contra estas tendencias que ya se han vuelto endémicas y pandémicas.

Unas cuantas sugerencias

Escrito en . Publicado en Análisis, Coyuntura.

Guillermo E. Zúñiga Chaves

Comparto, con espíritu constructivo, algunas ideas.

1-   EQUIPO DE MANEJO SANITARIO Y ECONÓMICO COORDINADOS. Pueda ser que dentro del Gobierno estén muy coordinados.  Pero lo cierto es que, desde afuera, no dan esa sensación. Más bien, a ratos pareciera que existen tensiones. Aclarar esa imagen cuanto antes es de gran conveniencia nacional.

2-   PRESENTAR PLAN ECONÓMICO DE MEDIANO ALIENTO. Lo más cierto hoy es que el futuro es incierto. No hay conocimiento seguro y claro sobre cómo va a evolucionar la situación, tanto en lo sanitario, como en lo económico. No obstante, en lo sanitario se ha definido una ruta, y cada uno de nosotros sabe a qué atenerse. Quédate en casa, baile y martillo, burbuja social, distanciamiento social, nos lo han explicado permanentemente.

No pasa lo mismo en el campo económico. Los anuncios son parciales. El Gobierno insiste en avanzar en la negociación con el FMI, pero no se ha explicado con claridad si ya hay compromisos y, si los hay, en qué consisten. Parece ser un secreto que no quieren compartir. Se rumora, porque ese es el nivel, que vienen impuestos, mayores recortes de gasto, venta de activos. El exministro Chaves ya hasta hizo un cálculo “personal” (así lo llamó) de lo que valdrían algunos de esos negocios públicos. No llega al 10% de la deuda.

3-   SE DEBEN FORMULAR OTRAS INICIATIVAS MÁS ALLÁ DE LA MACROECONOMÍA. La discusión macroeconómica con facilidad deriva en un pulso por recortar gasto, reducir planilla pública, bajar salarios, las exenciones o a quién poner impuestos.  Si no hay un espacio de negociación real, inclusivo y con propósito, las discusiones serán estériles, los esfuerzos se diluyen y la desesperanza crece.

Por ello, también se tiene que trabajar sobre las necesidades particulares de los sectores productivos. En especial con aquellas actividades que han sido soporte del desarrollo económico y hoy están amenazadas. ¿Cómo acercar capital de trabajo a esas empresas que han demostrado viabilidad a lo largo del tiempo, pero que hoy están sofocadas por la caída de sus ingresos? Mecanismos existen, y se han presentado. Pero no se observa una definición concreta del Gobierno en este campo. Esto se debe abordar con urgencia.

Los bancos tienen plata. Ha habido renegociaciones de las deudas bancarias. Pero no todos son sujetos de crédito. Aquí surge la necesidad de crear un mecanismo especial de garantías para empresas nacionales, que hoy sufren, y que han sido exitosas. Pero este esquema debe también considerar a los emprendimientos no formales, que son muchos y están creciendo. Sería una forma de empezar a formalizar esas iniciativas. El desempleo es mucho, la transformación hacia la informalidad es acelerada, y hay que ir previendo estos impactos para después de la pandemia.

4-   LOS FONDOS PARA EL BONO PROTEGER HAY QUE AUTORIZARLOS RÁPIDO. Es urgente aprobar cuanto antes el uso de los recursos disponibles. Y el Gobierno debe calibrar si va a necesitar más apoyo para estos programas. Es una buena idea no mezclar esta aprobación con otros temas presupuestarios.

5-   EL GOBIERNO DEBE RETOMAR SU INICIATIVA SOBRE MEJORES CONDICIONES EN EL FINANCIAMIENTO en estos días de crisis sanitaria. Y este debe ser un punto central para tratar con los organismos financieros internacionales. Rebeca Gryspan ha complementado esta idea, señalando que los alivios que se dieron a los países más pobres deben extenderse a los de “ingreso medio”, como es Costa Rica. Agrego que, de otra forma, podemos quedar en un “limbo financiero” y expuestos a la codicia del mercado financiero internacional.

CONCLUYO.  Entre más claro se tengan las propuestas, más fácil es llegar a los acuerdos, que posibiliten apoyos amplios. Esta es una condición necesaria para avanzar. La macroeconomía hay que manejarla, pero es igualmente importante tener claridad sobre los programas de apoyo a los sectores productivos y al empresariado nacional. Es la mejor forma de resguardar empleos y mitigar impactos sociales. Siendo que los intereses nos están comiendo las finanzas públicas, trabajar sobre esquemas diferentes de endeudamiento, es urgente.

Texto publicado en el blog http://notasaltema.blogspot.com/ y compartido con SURCOS por el autor.