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Etiqueta: FMI

Reducción de salarios, decisión que enfrenta a trabajadores, protege a ricos y empobrece al pueblo

Juan Huaylupo Alcázar*

LA CRISIS

Los procesos económicos críticos son consustanciales del capitalismo, sean producto de sus propias contradicciones o provocadas por los propietarios del capital e instituciones bancarias. La crisis económica mundial entendida como fin de las condiciones que propician la continuidad de las relaciones establecidas. En tal sentido, ha sido interpretada como la debacle absoluta de la economía y así divulgada por todos los medios, los gobiernos y los propietarios del capital. De este modo, la crisis económica y pandémica ha sido la fuente para la creación de miedos, la incertidumbre y la inestabilidad fundamentalmente para los mayoritarios sectores sociales sensibles y vulnerables de la sociedad. Miedos que son usados para la adopción de decisiones y acciones, estatales y empresariales, sobre asuntos políticos y económicos que trascienden la salud pública nacional.

El miedo a quedarse sin salario que es la única forma para el sustento familiar y la vida de millones de personas del mundo, se exacerba con las alarmas de los propietarios y sus acólitos. No obstante, en una sociedad capitalista, interdependiente, mercantilizada y desigual, todos son afectados, aunque con efectos muy diferenciados e incluso contradictorios. Creer que solo los empresarios sufren las consecuencias de la crisis, es un engaño y una distorsión de la realidad.

La reactivación de la economía no se logra con la inversión privada, sino dando trabajo y elevando la capacidad adquisitiva de los trabajadores AUMENTANDO SALARIOS NO CONFISCANDOLOS. Es un crimen de lesa humanidad por ser “… parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil y con conocimiento de dicho ataque … que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.” (Estatuto de la Corte Penal Internacional, 2002). Cercenar salarios para subsistencia de los trabajadores, así como eliminar la obligación estatal por la salud, la alimentación, el trabajo y vida ciudadana, así como, determinación estatal para que financieras privadas decidan, dispongan y administren los salarios acumulados para supuestas pensiones complementarias, las cuales no devueltas a sus dueños en plena crisis de subsistencia, a la vez que son defalcadas en mercados internacionales y por sus administraciones locales, entre otros latrocinios, son crímenes intencionales y premeditados contra la vida, además de traiciones políticas del Estado contra el pueblo.

Atentar contra los salarios, NO SOLO ES UNA TRANSGRESIÓN CONTRA LOS TRABAJADORES TAMBIEN LO ES, CONTRA LOS NEGOCIOS PRIVADOS, EL DINAMISMO ECONÓMICO, LAS RIQUEZAS PRIVADAS Y LOS INGRESOS AL ESTADO. Pero, además minimizar los salarios de quienes han adquirido derechos y compensaciones laborales a través de décadas de trabajo cognoscitivo y especializado, para ser criticados como privilegiados y adversarios, lo cual busca el enfrentamiento entre trabajadores revelando una práctica de naturaleza fascista, que deja incólume al poder de gobernantes y empresarios, que violan derechos, liquidan democracia y pagan salarios miserables, así como crea una imagen ideológica de que la pobreza es el ideal a ser imitado e impuesto a todos los trabajadores.

Los propietarios del capital en Costa Rica, a instancias y la manipulación ideológica de las cámaras patronales, controladas por los intereses de influyentes empresarios, presionan y logran relativizar y flexibilizar las restricciones sanitarias. Ellos, con la complicidad gubernamental, son verdaderos causantes de propagación de la infección viral al obligar a los trabajadores, por subsistencia y hambre, a poner en riesgo la salud familiar y sus vidas.

La crisis y sus efectos no tiene en la pandemia como su única determinación causal, ella ha evidenciado la desigualdad social y la existencia de estructuras sociales excluyentes, por la cual se incrementa y profundiza la pobreza, la enfermedad y muerte en los sectores más vulnerables de la sociedad. Asimismo, la pandemia nos muestra fehacientemente que los pobres y trabajadores son el sustento social de la economía nacional y la riqueza privada, a la vez que ha revelado, las contradicciones de económicas de la sociedad y el sistema prevaleciente. No obstante y contradictoriamente, son a los pobres y trabajadores a quienes se les obliga, no solamente a sufrir las más serias consecuencias de la crisis, también se les impone, con su trabajo y salarios, compensar los desequilibrios fiscales del gobierno y subsidiar el sistema de salud, lo cual es una infamia intolerable, inaceptable e imposible, cuando los empresarios son millonarios deudores a la C.C.S.S. a quienes no se les cobra, no se les demandan judicialmente y menos aún, les embargan sus propiedades. Pero, lo más dramático, en la actual crisis económica y sanitaria, es tener un Estado que formal y esencialmente debe garantizar lo público y los derechos igualitarios en la desigualdad sistémica, pero hace precisamente lo contrario, sanciona y sacrifica a los que sustentan el sistema, mientras que exime de todo compromiso y responsabilidad a los protagonistas privados de la crisis, complace a los propietarios del capital en sus negocios y ganancias privadas, así como protege y estimula al sector financiero en su actividad usurera y especuladora que esquilma a los pobres y cercena el futuro de la sociedad.

PRIVATIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICAMENTE REGRESIVA

La privatización del bienestar, la política pública y del Estado social han liquidado la democracia en nuestro país, así como el amparo al poder económico, ha creado la dictadura directa y transparente, con una formalidad institucional de democrática. El totalitarismo contemporáneo se ha encubierto de una institucionalidad estatal y una legalidad de apariencia democrática. Los proyectos liberales regresivos e imperiales del poder en Costa Rica, son compatibles con la regresión conservadora y el conocimiento económico vulgar y dogmático del Fondo Monetario Internacional, para imponer el totalitarismo que no lograron en décadas pasadas por la resistencia social y el conocimiento. La radicalidad de conservadores y fascistas, toman de pretexto la pandemia, para aplicar su arcaico y regresivo extremismo político y económico.

La actuación gubernamental y legislativa contra los trabajadores y pobres, es tan grave como el tener un sistema judicial que, amparado en la igualdad de derechos, actúa parcial y parcializadamente contra la ciudadanía y la Constitución de la República, convirtiéndose en una institucionalidad subordinada y cómplice de las transgresiones del poder y ejemplo de vergonzosa regresión de los intereses nacionales y ciudadanos.

Los poderes, político y económico, podrían evitar la mayor tragedia que Costa Rica haya conocido, no a causa de la pandemia, sino por intransigencia y posesividad de quienes se han creído dueños de personas y pueblos.

El desempleo, la reducción de los salarios y su confiscación salarial, SIN AFECTAR A LAS EMPRESAS Y SUS DUEÑOS que evaden ilegalmente sus obligaciones tributarias, ni tampoco intervienen riquezas de los ricos y de las entidades financieras, que empobrecen más a los pobres, es una infamia y una traición política de quienes usurpan la representación ciudadana.

La usurpación del poder político ciudadano y los propietarios del capital, tendrán el poder para modificar leyes a su antojo y disponer de los medios de coacción para imponerse, pero en su ceguera y estupidez, están imposibilitados de ver y comprender la inviabilidad de construir una historia sin pasado, que se suicidan destruyendo cultura, ciencia, economía y humanidad.

El poder estatal y empresarial ya están liquidando en Costa Rica los logros conquistados en el pasado para comprometer dramáticamente nuestro presente y futuro, ignorando la destrucción y devenir trágico que originan, en su patológica alienación por el inmediatismo, lo tangible y el presente.

LA RIQUEZA UN PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

La riqueza propia o heredada, no es ni ha sido, una creación mágica de sus propietarios, pues ninguna riqueza es creada individualmente, todas son creadas socialmente, son muchos sus creadores, aunque privatizada por pocos. Esta es la razón por la que no es posible ampararse en los generadores de la riqueza y eximir a los han generado pobreza, desigualdad e inequidad que nutre la pandemia. Luego, serán los ricos quienes deberán contribuir en paliar la crisis, de otro modo, la debacle y derrumbe del capitalismo será un futuro cercano, donde todos perderán, pero los causantes, los ricos y los poderes políticos que los amparan, desaparecerán de la sociedad y de la historia, para construir un nuevo mundo sin barbaros e ignorantes.

NO ES POSIBLE que aquellos que se han enriquecido con el trabajo ajeno, la especulación y el comercio a costa de los consumidores y del otorgamiento de millonarios y exorbitantes contratos gubernamentales, no se les exija contribución alguna para paliar el empobrecimiento población y el desequilibrio fiscal. LA REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA GENERADA SOCIALMENTE ES UNA NECESIDAD SOCIAL, ECONOMICA Y HUMANA. No se reactiva la economía liquidando a la población que crea y reproduce riqueza. La condonación de las deudas a los bancos, la reducción de precios a alimentos de consumo social, la rebaja en los precios de los servicios públicos, el aumentar salarios, eliminar los impuestos al trabajo, devolver a sus dueños los aportes salariales sin condiciones, depositados en las entidades financieras, otorgar préstamos con intereses negativos o no reembolsables, así como el restablecimiento de las políticas públicas y la defensa soberanía y el desarrollo nacional, son las decisiones que el pueblo exige aprobar y establecer para el bien común y la nación costarricense.

* Catedrático en Administración Pública en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica.

Emergencia nacional y ortodoxia económica: Una bomba de tiempo

Mario Devandas

En varias conversaciones he escuchado a don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central y principal conductor de la política económica, argumentar que el uso no heterodoxo de la política monetaria y en particular el uso de una parte de las reservas en dólares del Banco, que ascienden a más de ocho mil millones de dólares, generaría desconfianza para el país en los mercados internacionales. Pero ¿que generaría más desconfianza utilizar esos recursos para enfrentar la grave situación que vivimos, o un desempleo desenfrenado, un incremento de la desigualdad, y una explosión social? Además de una no ortodoxa política monetaria, no se plantea una política tributaria progresista donde además de meter en cintura a los rentistas, a la evasión, y a las grandes utilidades, a las desmesuradas exenciones, se controle también el precio de las exportaciones para poner coto a los llamados precios de transferencia que nos desangran y nos reducen cada vez más a calidad de colonia.

Para que no se considere la propuesta en que he insistido desde una arista ideológica, voy a decirlo con palabras del propio FMI, al que don Rodrigo rinde mucha admiración:

“A más largo plazo, el impulso de la economía mundial está bajo la presión de un lento deterioro y debilitamiento de la confianza en las instituciones; y la confianza es, naturalmente, la savia de cualquier economía. Esta confianza tambaleante tiene muchas aristas: los efectos persistentes de la crisis financiera mundial, la percepción de que las recompensas del crecimiento económico y la globalización no se distribuyen equitativamente, el nerviosismo sobre el futuro del empleo y las oportunidades económicas, y la debilidad de los marcos de gobierno que suele facilitar la corrupción. El envejecimiento de la población y el financiamiento insuficiente de los sistemas de pensiones también están limitando el ímpetu de la economía, y la desigualdad de ingresos se está acentuando. Además, el cambio climático, si no se lo contrarresta, puede quebrantar gravemente el bienestar económico en las próximas décadas. Los países también deben seguir prestando atención a estos desafíos que acechan a largo plazo”.

“Mediante impuestos progresivos sobre la renta bien diseñados, así como ciertos impuestos sobre la riqueza, se puede contribuir a reducir la desigualdad sin sacrificar el crecimiento. Los estudios empíricos en curso muestran que un “ingreso básico universal” podría reducir la pobreza y la desigualdad, pero depende de la capacidad administrativa de cada país y de la posibilidad de mejorar la focalización del gasto social.”

Informe del FMI de 2018

Ministro de Hacienda: mejor pobreciticos

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Recibí un video sobre cómo está enfrentando Alemania las consecuencias socio-económicas de la pandemia. Sorprendido por sus medidas atrevidas y visionarias, lo que parecía una noticia falsa más, me di a la tarea de verificar.

Efectivamente, ese país no ha escatimado esfuerzos y recursos para evitar el colapso económico y social. Se atreve a romper su política de cero déficit fiscal y, desde inicios de la pandemia, decide endeudarse por 156.000 millones de euros, para evitar el desempleo y la quiebra de empresas. Ni pensar en vender las “joyas” nacionales. Más bien, empresas como Luftansa son candidatas a una “seminacionalización”[1].

Las medidas para proteger al ciudadano, para los ticos nos parecen de ciencia ficción: no pago de alquileres, postergación del pago de deudas, financiamiento a empresas pequeñas y grandes. La mayor parte del fondo es para garantizar empleo y rescatar empresas de hasta diez trabajadores.

Mientras tanto, en nuestro país se le sirvió en bandeja de plata a la empresa privada para que despidiera o subcontratara, lo que ha disparado el índice de desempleo a más del 20%. Y ahora, el nuevo Ministro de Hacienda nos dice que “el país necesita que todos nos hagamos chiquiticos, porque la pandemia hizo a esta economía más chiquita”. En términos futbolísticos invita replegarse, evitar salir a la ofensiva. O sea, contraer la economía, siguiendo los dictámenes de la “pandemia” (UCCAEP, FMI). Todo lo contrario a lo que está haciendo Alemania.

Por supuesto que las comparaciones tienden a ser odiosas, más cuando no guardamos las distancias entre la situación de países pobres y ricos. Sin embargo, algo tenemos que aprender en doble vía. Claro, no podemos comparar a uno de los países de la Unión Europea que cobra un 55% de impuestos a los que más tienen con este país donde el impuesto a la renta promedio es de un 22.5%, candidato a la OCDE donde el promedio es de un 38%.

Más aún, un país donde las concesiones a los sectores empresariales y financieros más poderosos son vergonzantes e indignantes. O sea, al declarar cero ganancias, se les está permitiendo estafar y quebrar al Estado. Solo en impuestos evadidos se alcanza a la cuantiosa suma de 2.870.000.000.00 (2 billones 870 mil millones por año), el equivalente a un 8.2% del PIB; y en exoneraciones 2.100.000.00 (2 billones 100 mil millones de colones por año), lo que representa un 6,2% del PIB[2].

El nuevo ministro de Hacienda busca salvarlo con políticas de empequeñecimiento, atendiendo al mandato de esos sectores que solo les interesa reducir el sector público, y quitarle músculo al Estado, es decir, capacidad para regular el mercado. Y, así, seguir usufructuando de sus jugosas ganancias. “En río revuelto, ganancia de pescadores”. El ministro apela a la vieja excusa de salvar a los pobres, cuando lo que está haciendo es salvando a los ricos y hundiendo al país entero.

El economista Bernal Jiménez ha señalado que “con hacernos chiquiticos, la economía menguará, se reducirá el PIB y aumentará la desocupación y la pobreza […] reducir el nivel del presupuesto contrae la economía”. Efectivamente, lo que se busca es hacernos más pobreciticos de lo que ya somos, donde se hacen pruebas de Covid19 muy selectivas por falta de recursos.

Y es que ya hace rato nuestros anémicos gobiernos se vienen conformando con poco, conduciendo al apocamiento del país. ¡Qué gran daño! El gobierno de Oscar Arias celebró paliar la crisis del 2008, sin impulsar ninguna medida tributaria sustantiva, solo con paliativos asistencialistas. El de Luis Guillermo Solís celebró la reducción de la tasa de hogares pobres en un 0.5% en dos años (2016-2017). Y el gobierno de Carlos Alvarado con logros pírricos en reducción del déficit fiscal, mientras justificó la aprobación de un plan fiscalista que golpea a los pobres y a la clase media y premia con amnistías a las grandes empresas evasoras[3].

Mejor pobreciticos. Por este camino, estamos jodidos ¿Cuándo vamos a jugar a la ofensiva: reactivación económica con justicia social?

[1] https://www.dw.com/es/alemania-aprueba-un-contundente-plan-econ%C3%B3mico-contra-las-consecuencias-del-coronavirus/a-52891560

[2] https://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/costa-rica-calcula-evasion-fiscal-en-82-del-pib/GB4YDJLQYRBVNK7ISFH3WCEOZA/story/

http://wwhttpsw.nacion.com/el-pais/politica/exoneraciones-fiscales-casi-equiparan-monto-del/FX6XOJXJZZF6ZIZVYCIJLS76SE/story/

[3] https://semanariouniversidad.com/opinion/costa-rica-un-pais-apocado/

Imagen: INEC editada.

Los efectos socioeconómicos de la pandemia: hechos y realidades

German Masís Morales

Se han cumplido 4 meses del inicio de la pandemia del covid-19, y a lo largo de este período es posible identificar algunos de sus efectos sociales, económicos y políticos, así como las acciones que el Gobierno ha impulsado para enfrentarla, los cuales han quedado expresados en hechos y realidades que conforman un escenario particular de este difícil período.

En aquel momento, se mencionaba la necesidad de valorar cuál sería el impacto de la pandemia sobre los diferentes sectores y sobre la economía en su conjunto y cuáles serían las prioridades de las políticas estatales en esta coyuntura, pero fundamentalmente exhortaba a estar atentos para determinar sobre cuáles sectores recaerán en definitiva los costos económicos, así como identificar los eventuales ganadores y perdedores de la emergencia. (Alterdescr,19-4-2020).

La Realidad Económica: Crisis y Estabilización dirigida por el FMI

La realidad económica revela que el país ha ingresado en un escenario de crisis económica y fiscal en el que tanto organismos internacionales, economistas independientes y las propias autoridades del sector económico coinciden en un decrecimiento de la economía del 3.6%, un elevado déficit fiscal que será de 8.7% y una deuda pública creciente que podría rondar el 70% del PIB, (ElPaís.cr, 12-7-2020).

Frente a esta difícil situación económica, la Administración Alvarado ha propuesto una fórmula de reducción del gasto por varias vías y la obtención de recursos externos con los organismos financieros internacionales. Al respecto el Presidente afirmó en su discurso el pasado domingo 12, que en materia económica nos corresponde tomar medidas extraordinarias para garantizar la estabilidad económica del país, entre ellas:

– Presentación del II presupuesto extraordinario que incluye una reducción del gasto público en alrededor de 355 mil millones que equivale al 1% de la producción nacional

– Un apoyo financiero de los organismos internacionales para refinanciar la deuda, primero con un crédito especial por $ 504 millones con el FMI y luego con un acuerdo de stand by (Comunicado Presidencial 12-7-2020) con un monto que podría alcanzar los $ 2.000 millones.

“Con la reducción del gasto indicada y con el refinanciamiento de la deuda estaría garantizada la estabilidad para el 2020”, dijo el Presidente en su conferencia de prensa, dejando establecido que el principal objetivo de su Administración será alcanzar la estabilidad económica luego de la pandemia, para lo que recurrirá invariablemente al financiamiento externo, pese a la recomendación de otras alternativas por parte de algunos economistas y políticos, dirigidas a involucrar al Banco Central en la disponibilidad de recursos para atender la pandemia, con la adquisición de bonos de deuda en un período definido.

Con la prioridad de la estabilización en el período 20/21, la posibilidad de la reactivación económica en algún momento mencionada quedaría eventualmente postergada aunque no descartada, por lo que la recuperación económica podría durar varios años.

El objetivo del proceso de estabilización como lo reconoció el Presidente será “recuperar 1,2 billones de colones o el 3.3% del PIB que la pandemia le quitará al país”, mediante la reducción del gasto y la concreción del acuerdo con el FMI, que debe implicar según éste, “que se convengan metas económicas que debe alcanzar el país, que serían una mezcla de medidas de reducción del gasto, generar mayores ingresos y de eficiencia de la gestión pública” (Comunicado Presidencial12-7-20).

En esa misma perspectiva se inscribe, la pretensión anunciada por el exministro Chávez, relativa a bajar el gasto en un 2.2% del PIB y que un 1.4% de la reducción del gasto provenga de la venta de activos como FANAL y BICSA.

Mientras que medidas como el plan PAGAR que pretendía recuperar 226.145 millones de superávits de instituciones autónomas (dos instituciones, el ICT y FONATEL se han opuesto) y destinarlos con prioridad a la atención de la pandemia, aún no han sido ejecutadas.

La realidad social: el bono Proteger para algunos, los costos económicos para todos

Desde el inicio de la pandemia la estimación del Ministerio de Trabajo señalaba, que alrededor de 400 mil a 450 mil trabajadores se verán afectados por despidos, suspensiones de trabajo o recorte de jornadas, por su parte en el mes de mayo el Presidente en su informe mencionaba “que hemos identificado más de 320 mil personas entre cuenta propia y trabajadores informales y que nuestra prioridad han sido las medidas de mitigación del impacto social en las familias, que hemos resuelto con la rápida creación del bono Proteger”.(Informe Presidencial 1-5-2020)

En el mes de junio, la Ministra de Trabajo señalaba que 535 mil personas están recibiendo el bono Proteger y hay otras 400 mil personas lo han solicitado, las que debemos cubrir con el II presupuesto extraordinario, por lo que en definitiva el número de trabajadores afectados podría superar las 900 mil personas. (CRHoy,16-6-2020)

Sin embargo, hasta este mes de julio apenas se haría la segunda y tercera entrega del bono a los primeros 500 mil personas, quedando pendiente la entrega del bono a los restantes solicitantes, cuyos recursos han quedado supeditados a la aprobación de algunos proyectos incluidos en el II presupuesto extraordinario el cual fue rechazado en su primera versión, pero que incluye por ejemplo los75 mil millones transferidos por el INS para financiar la entrega de 200 mil bonos proteger.

Por su parte, la medida para congelar el precio de las gasolinas que iba a aportar inicialmente 20.000 millones mensuales para financiar los bonos, podría ver reducido su alcance debido al menor consumo de combustible.

En consecuencia, pese a que la Administración Alvarado afirma haber tomado medidas extraordinarias en lo social para atender la población con acciones como la distribución de diarios a los hogares por medio de las Escuelas y la entrega del bono proteger, lo cierto es que la cobertura del bono estaría garantizada sólo para cerca de la mitad de la población y el financiamiento del resto de la población podría complicarse y no ser sostenible.

La obtención de mayores recursos tanto para financiar la totalidad de los bonos, como para financiar el gasto de la pandemia, está ligado a la aprobación de proyectos para extraer fondos del sector de los trabajadores públicos, tales como el proyecto de ley para eliminar el pago de anualidades a los funcionarios públicos en los años 2020-21 y 2021-22, el proyecto para rebajar en un 15% las jornadas de los empleados públicos con salarios mayores a 1,5 millones e incluso la aprobación de un proyecto para eliminar al salario escolar la exención del impuesto sobre la renta. Estos proyectos imprescindibles para el Gobierno irán incuestionablemente a reducir los ingresos y beneficios a los trabajadores públicos, sobre los que caerían en definitiva los costos económicos de la pandemia.

La Realidad Política: el escaso capital político del Gobierno y la presión empresarial

Como se ha podido determinar, la mayoría de los recursos que espera disponer el Gobierno dependerá de la Asamblea legislativa y de la aprobación de diversos proyectos que se encuentran o llegarán a la corriente, sin embargo, esa situación coincide con el hecho que a la Administración actual parece habérsele acabado el capital político de que dispuso en los dos primeros años, el que le permitió mediante una alianza con algunos partidos opositores como PLN, PUSC y Renovación, aprobar proyectos como el plan fiscal, la ley para limitar las huelgas y el recorte de las pensiones, entre otros.

Ahora con el ingreso de los partidos opositores en campaña política, a la reducida fracción del PAC se le hará difícil conseguir el apoyo de estos partidos para aprobar los proyectos para atender la pandemia, obtener oportunamente los recursos necesarios y lograr la estabilización económica pretendida.

Por otra parte, pese a que el Presidente ha reiterado que se encuentra al frente de un Gobierno de unidad nacional, “que no fue llamado a Gobernar para un sector en particular, que lanzaremos un proceso para la construcción participativa de la política pública y de que la clave de las decisiones está en repartir las cargas” (Informe del Presidente,1-5-2220), parece evidente que entre los actores sociales el sector empresarial ha tenido preeminencia en las decisiones para atender la pandemia y enfrentar sus costos económicos, logrando que éstos sean asumidos por los trabajadores y no por las empresas.

Al margen han quedado las propuestas de profesionales, organizaciones sociales y grupos de la sociedad civil que no sólo han efectuado planteamientos y recomendaciones de medidas de política económica y social que distribuyan los costos de la pandemia, generen recursos frescos y propicien la reconstrucción de sectores y actividades afectadas, si no que han solicitado la apertura de un diálogo abierto y multisectorial para construir soluciones, pero unas y otras propuestas han quedado en los archivos del Ministerio de la Presidencia, confirmando la vigencia de una democracia representativa.

Mujeres en Acción: carta abierta al presidente de la República

San José, 14 de julio de 2020

Señor
Carlos Alvarado Quesada
Presidente de la República
Su Despacho

Estimado señor presidente:

A finales de abril su gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional un Instrumento de Financiamiento Rápido por $504 millones, correspondientes a la cuota de Costa Rica para la atención de emergencia del Covid-19. En cadena nacional del domingo 12 de julio, usted anunció que, aprobado este préstamo por parte de la Asamblea Legislativa, su gobierno negociará un convenio stand-by con el FMI, y señaló que este acuerdo es indispensable para garantizar la estabilidad económica. Sin embargo, desde hace semanas, distintas personas con vasto conocimiento en la materia, en cuenta el viceministro de ingresos de la administración Solís Rivera: Fernando Rodríguez, han señalado que no es necesario acudir al FMI, dado que existe la opción de financiarnos a través de las reservas del Banco Central. Como consecuencia, queremos saber ¿Por qué considera indispensable negociar con el Fondo, sin abordar públicamente las consideraciones sobre la opción de recurrir a las reservas del Banco Central?

En su discurso del domingo 12 de julio, usted también señaló que el país logrará la estabilidad económica durante 2020 con la refinanciación de la deuda y recortes por 355 mil millones de colones en el gasto público; sin mencionar el impacto de las significativas reducciones a los ingresos fiscales, tales como las autorizaciones a las y los contribuyentes para postergar responsabilidades tributarias hasta fin de año o la reducción generalizada de hasta el 75% en las cuotas obrero-patronales a la CCSS, aprobadas al inicio de la pandemia. Así, hemos de concluir que el núcleo de la política de su gobierno para lograr la estabilidad económica en 2020 recaerá en una fuerte reducción del Estado. Nos preocupa sobremanera, que esta política de recortes vaya a destruir de forma irreparable la institucionalidad pública precisamente ahora, en que ha quedado claro en todo el mundo, más allá de cualquier duda razonable, que los Estados son la principal fuente de resiliencia de los países frente a crisis corno la actual pandemia. A este respecto, en concreto querernos saber: ¿Cómo propone su gobierno refinanciar a las instituciones públicas y a los programas sociales, incluyendo y especialmente, a la CCSS durante y después de la pandemia?

En relación con la presentación de una propuesta al FMI, el domingo 12 de julio usted señaló que será negociada con los principales actores políticos, y se refirió concretamente a las jefaturas de fracción. Dado el interés público de esa negociación, cuyas consecuencias nos alcanzan a todas las personas que vivimos en este país, demandamos que haga pública la propuesta que su gobierno hará a las fracciones legislativas, y que la discusión se dé de cara a la ciudadanía. Le hacemos una respetuosa, pero enérgica instancia, para que usted y las demás personas que integran el Consejo de Gobierno y Consejo Económico, compartan esa propuesta e informen continuamente, de forma abierta, sobre el desarrollo del proceso de negociación con la Asamblea Legislativa y luego con el FMI.

En esta misma línea, distintas voces, a las que nos sumamos, han manifestado su preocupación de que el Gobierno podría estar considerando la venta de activos públicos, como una de las alternativas para enfrentar la actual crisis y como medio de negociación con el FMI, lo cual nos parece peligroso para el futuro del país. Señor presidente, respetuosamente le preguntamos: ¿Está usted y su gobierno valorando la venta de activos en el corto o mediano plazo? En caso afirmativo: ¿Cuáles activos y por qué?

Finalmente, aprovechamos la ocasión para manifestarle nuestro asombro, de que su equipo de gobierno no se haya referido aún a las propuestas para enfrentar la actual crisis que hemos hecho distintos sectores, incluidas dos propuestas legislativas, para recurrir a contribuciones fiscales del gran capital, y así evitar que Costa Rica salga de la crisis, aún más desigual de lo que es hoy.

Se suscriben de usted,

COLECTIVO MUJERES EN ACCIÓN
CC.

Señora Pilar Garrido, Ministra de Planificación
Señor Elián Villegas, Ministro de Hacienda
Señor Rodrigo Cubero, Presidente Ejecutivo del Banco Central de Costa Rica
Señora Silvia Lara Povedano, viceministra de la Presidencia
Prensa

La apuesta del gobierno: salvar al capital-COVID19

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

¿Qué sentido tiene sacrificar el trabajo para salvar al capital? La nueva política laboral y salarial del gobierno, para el sector público, es similar a la receta del “baile” a los pobres, en condiciones de hacinamiento e insalubridad. Se convierten en presa fácil del Covid19 y de la precariedad socioeconómica. En este sentido, este gobierno es homicida por partida doble. No solo mata sino remata.

¿Dónde quedó la sensatez, tan necesaria en tiempos críticos? No alcanzan a entender las leyes del sentido común económico, que apuntan a que limitar la capacidad de consumo de la clase media y los pobres, o sea la mayoría de la población, es ponerse la soga al pescuezo.

Además, es romper con el más efectivo encadenamiento socialmente productivo, que generan las condiciones del asalariado del sector público. Especialmente, de cara al desempleo creciente donde los asalariados públicos cumplen una función fundamental de compensación social solidaria. El salario del sector público se multiplica como los panes y los peces, para paliar las crecientes necesidades familiares y extra-famliares. Romper esa cadena es un contrasentido en tiempos pandémicos.

¿Cuándo van a aceptar que la única salida para atender al problema del desempleo y la seguridad alimentaria de los pobres, especialmente en estos tiempos, es incrementar la renta al capital, cobrar impuestos a los evasores y elusores y erradicar las odiosas exoneraciones?

¿Quiénes están asesorando tan mal a este gobierno que eligió el camino “fácil” de encorralar a los empleados públicos, para irlos trasquilando hasta conducirlos al matadero?

Este gobierno olímpicamente tiró la toalla del control fiscal. Arrinconado en la esquina de los pusilánimes, se dejó azuzar por la Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada (UCCAEP) y la “mala compañía” mediática, para unirse a la campaña de desprestigio del trabajador público, y justificar la precarización del salario a corto plazo y, a mediano plazo, crear condiciones para la privatización de instituciones públicas.

De esta manera, la mesa está servida para el Fondo Monetario Internacional. Pueden devolverlos en el mismo avión que ingresen, con la firma del convenio en letras de oro. Este gobierno resultó más fondista que el Fondo.

La insensatez y testarudez, del tamaño del Estadio Nacional y la Plaza de la Democracia, solo caben en el pequeño recinto de Zapote y en el bunker de Cuesta de Moras. Ni las diez plagas de Egipto parecen suficientes para superar tanta arrogancia.

El pueblo costarricense enfrenta la más trágica experiencia de su historia. Es la encrucijada de sobrevivir al Covid19 o a la embestida, también letal, del capital que ahora busca estrangular a los asalariados del sector público. Realmente, se trata de un solo enemigo, unido en su estrategia necrofílica (amor a lo cadavérico) por eso lo hemos denominado Capital-Covid19.

Pensábamos que Trump y Bolsonaro eran los regímenes paradigmáticos de la necrofilia. Pues resulta que sus discípulos han resultado bastantes aventajados. Ojalá descubramos también, en nuestros laboratorios sociales, la vacuna contra estas tendencias que ya se han vuelto endémicas y pandémicas.

Unas cuantas sugerencias

Guillermo E. Zúñiga Chaves

Comparto, con espíritu constructivo, algunas ideas.

1-   EQUIPO DE MANEJO SANITARIO Y ECONÓMICO COORDINADOS. Pueda ser que dentro del Gobierno estén muy coordinados.  Pero lo cierto es que, desde afuera, no dan esa sensación. Más bien, a ratos pareciera que existen tensiones. Aclarar esa imagen cuanto antes es de gran conveniencia nacional.

2-   PRESENTAR PLAN ECONÓMICO DE MEDIANO ALIENTO. Lo más cierto hoy es que el futuro es incierto. No hay conocimiento seguro y claro sobre cómo va a evolucionar la situación, tanto en lo sanitario, como en lo económico. No obstante, en lo sanitario se ha definido una ruta, y cada uno de nosotros sabe a qué atenerse. Quédate en casa, baile y martillo, burbuja social, distanciamiento social, nos lo han explicado permanentemente.

No pasa lo mismo en el campo económico. Los anuncios son parciales. El Gobierno insiste en avanzar en la negociación con el FMI, pero no se ha explicado con claridad si ya hay compromisos y, si los hay, en qué consisten. Parece ser un secreto que no quieren compartir. Se rumora, porque ese es el nivel, que vienen impuestos, mayores recortes de gasto, venta de activos. El exministro Chaves ya hasta hizo un cálculo “personal” (así lo llamó) de lo que valdrían algunos de esos negocios públicos. No llega al 10% de la deuda.

3-   SE DEBEN FORMULAR OTRAS INICIATIVAS MÁS ALLÁ DE LA MACROECONOMÍA. La discusión macroeconómica con facilidad deriva en un pulso por recortar gasto, reducir planilla pública, bajar salarios, las exenciones o a quién poner impuestos.  Si no hay un espacio de negociación real, inclusivo y con propósito, las discusiones serán estériles, los esfuerzos se diluyen y la desesperanza crece.

Por ello, también se tiene que trabajar sobre las necesidades particulares de los sectores productivos. En especial con aquellas actividades que han sido soporte del desarrollo económico y hoy están amenazadas. ¿Cómo acercar capital de trabajo a esas empresas que han demostrado viabilidad a lo largo del tiempo, pero que hoy están sofocadas por la caída de sus ingresos? Mecanismos existen, y se han presentado. Pero no se observa una definición concreta del Gobierno en este campo. Esto se debe abordar con urgencia.

Los bancos tienen plata. Ha habido renegociaciones de las deudas bancarias. Pero no todos son sujetos de crédito. Aquí surge la necesidad de crear un mecanismo especial de garantías para empresas nacionales, que hoy sufren, y que han sido exitosas. Pero este esquema debe también considerar a los emprendimientos no formales, que son muchos y están creciendo. Sería una forma de empezar a formalizar esas iniciativas. El desempleo es mucho, la transformación hacia la informalidad es acelerada, y hay que ir previendo estos impactos para después de la pandemia.

4-   LOS FONDOS PARA EL BONO PROTEGER HAY QUE AUTORIZARLOS RÁPIDO. Es urgente aprobar cuanto antes el uso de los recursos disponibles. Y el Gobierno debe calibrar si va a necesitar más apoyo para estos programas. Es una buena idea no mezclar esta aprobación con otros temas presupuestarios.

5-   EL GOBIERNO DEBE RETOMAR SU INICIATIVA SOBRE MEJORES CONDICIONES EN EL FINANCIAMIENTO en estos días de crisis sanitaria. Y este debe ser un punto central para tratar con los organismos financieros internacionales. Rebeca Gryspan ha complementado esta idea, señalando que los alivios que se dieron a los países más pobres deben extenderse a los de “ingreso medio”, como es Costa Rica. Agrego que, de otra forma, podemos quedar en un “limbo financiero” y expuestos a la codicia del mercado financiero internacional.

CONCLUYO.  Entre más claro se tengan las propuestas, más fácil es llegar a los acuerdos, que posibiliten apoyos amplios. Esta es una condición necesaria para avanzar. La macroeconomía hay que manejarla, pero es igualmente importante tener claridad sobre los programas de apoyo a los sectores productivos y al empresariado nacional. Es la mejor forma de resguardar empleos y mitigar impactos sociales. Siendo que los intereses nos están comiendo las finanzas públicas, trabajar sobre esquemas diferentes de endeudamiento, es urgente.

Texto publicado en el blog http://notasaltema.blogspot.com/ y compartido con SURCOS por el autor.

Los salarios y el agro: claves contra la crisis pandémica

Juan Huaylupo Alcázar[1]

Son muchas las voces en el mundo que prevén la necesidad de modificar las prácticas que los poderes han impuesto a las sociedades, no se trata de un asunto moral ni de justicia social, se trata de la supervivencia de la humanidad.

El capitalismo desde sus inicios hizo propio “las fuerzas y capacidades de las masas”, no para la transformación de las sociedades en aras de la construcción del bienestar y el progreso individual y colectivo, sino para seguir usándolas en guerras, invasiones y ocupaciones contra pueblos y también como objetos, como “mulas de carga” para labores en beneficio de quienes aún detentan el poder de disponer de sus trabajos y vidas.

Las sociedades se han transformado precisamente con la creatividad, imaginación y trabajo colectivo en las ciencias y las técnicas, se modernizaron los modos de elevación de la productividad del trabajo. Todos sin excepción, nos hemos visto involucrados en una gigantesca maquinaria de interdependencia nacional y mundial. La globalización capitalista masificó como nunca las labores de los individuos y sociedades. El gobierno del capital se estableció como un imperio en la historia, con armas y muertes, con tiranías y leyes, como en el pasado, pero también se crearon nuevas formas en ese imperio. Así, se prolongó la esperanza de vida, en muchos casos en no todas las sociedades, se vive en mejores condiciones y se trabaja con técnicas que elevan la efectividad, eficiencia y productividad, se creó la ilusión que somos gestores de nuestros propios gobiernos, que somos iguales ante la ley, el progreso y el bienestar. Pero, no se transformó el destino del trabajo de las masas, perdura la explotación de las capacidades intelectuales, la socialidad y las fuerzas físicas de las personas para seguir trabajando y haciendo más ricos a los ricos.

Asimismo, el capitalismo hizo de las capacidades de las masas, el medio no solo para seguir enriqueciéndose con la explotación del trabajo, pero a diferencia de otros tiempos, creó también nuevas y múltiples formas para apropiarse de los recursos, riquezas y salarios de las personas y las sociedades del mundo. En el esclavismo, el amo era el dueño del trabajo y vidas de esclavos, con el capitalismo esta relación se moderniza y transforma: el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores, su salud, su desarrollo intelectual y perfeccionamiento de su creatividad, habilidad y capacidades e incluso las formas de hacer sus labores, depende de los propios trabajadores. Los dueños del trabajo en las jornadas labores están eximidos de esas obligaciones y supuestamente deben ser suplidas por los Estados, que social, política y económicamente son incapaces o impedidos de realizarla. Esto es, la vida del trabajador depende cada vez del salario, pero no solo para su vida, también para los ingresos fiscales del Estado y para los empresarios que nos venden lo que necesitamos, lo inútil, lo deficiente o lo que afecta a la salud. El esclavismo se modernizaba con el capitalismo, sin desaparecer.

El salario se ha convertido no solo el medio de vida para los trabajadores, sino también en un recurso que tienen los gobiernos para obtener nuevos y mayores apropiaciones ilegales del ingreso por el trabajo realizado. Así, en Costa Rica y muchos otros países, permanentemente se confiscan salarios, se suprimen complementos salariales y se privatizan pensiones con leyes y decretos. Los legisladores, serviles e ignorantes, se arrogan ser dictaminadores y sancionadores los montos de los salarios, como si estos fueran ilegales o autodefinidos por quienes los reciben y denigran la función pública de legislar, irrespetando derechos y leyes incluida la propia ley de leyes: la Constitución de la República.

Pero, el salario acumulado a través de los fondos de capitalización laboral y de pensiones complementarias, son usados para dinamizar e incentivar al sector financiero nacional y también para ser apropiado por las bolsas de valores que sus administradores privados determinan, con la venia estatal y sin injerencia de los trabajadores propietarios de esos dineros.

Las funciones que debe cumplir el salario que son propias, privadas e inalienables, se transformaron en recursos apropiables por los empresarios a través de precios especulativos de los negocios de bienes y servicios y de préstamos usureros, así como del Estado para paliar sus déficits y gastos corrientes, o las inversiones de las instituciones de servicio público, con la asesoría e imposiciones de los privatizadores del bienestar: las Cámaras de Empresarios y el Fondo Monetario Internacional.

Los salarios son la versión moderna de los “boletos de café”, “fichas” o “tokens”, que eran monedas privadas usadas para pagar el trabajo en las haciendas y que al cambiarse no alcanzaban a pagar los adelantos en especie recibidos, de este modo, esas monedas eran garantía para una eterna esclavitud y el empobrecimiento absoluto para aquellos trabajadores. Hoy, los salarios no garantizan poder adquirir lo necesario y pagar las deudas que compensan artificialmente la insuficiente capacidad adquisitiva de los salarios. Los empresarios pagan salarios cada más próximos a los africanizados, los agiotistas privados y bancarios se apropian de parte de los salarios, así como los trabajadores que han reducido los salarios o han sido despedidos, están siendo sentenciados a ser víctimas del hambre, la enfermedad y la muerte. Los problemas de la pandemia se agudizan a partir de una estructura social y estatal que expone a sus peligros a muchos y protege a pocos.

Los que se dicen ser empresarios y los otros que se creen periodistas, repiten oligofrénicamente que solo eliminando las restricciones por la pandemia se resolverá la crisis. Abrir negocios sin compradores, es absurdo, como infame y cruel es agudizar la difusión del virus, la enfermedad y los fallecimientos. Imponer los intereses privados como necesidades de todos, evidencia que un poder privado no solo subordina lo público, también lo hace sobre la inteligencia. Paradójicamente las decisiones privadas agudizan la crisis y amenazan con el exterminio de los negocios, la sociedad y la propia humanidad. El poder en su inconsistencia política y económica condena sociedades y personas, suicidándose.

Sin embargo, la inteligencia, esfuerzo y compromiso existentes en algunos, en todos los sectores sociales, son quienes hacen ingentes esfuerzos por paliar el hambre de los más vulnerables de la sociedad. No obstante, es insuficiente, como también lo fue, el regalar alimentos, dinero y el pago con sobreprecios a mercancías, por el Estado norteamericano, para proteger a consumidores y productores en momentos previos a la gran crisis mundial de 1929. La superación de aquella crisis se resolvió con el New Deal, como revelaron estudios, entre ellos el Myrdal Keynes en 1936, que básicamente proporcionaba trabajos, en apariencia inútiles, a los miles de desplazados, desocupados, despedidos y subocupados, fueron los salarios o, mejor dicho, los consumos de los trabajadores y los incrementos de las compras del gobierno, los que permitieron la reactivación económica. Este referente histórico exitoso muestra que no fue de modo alguno, despidiendo, confiscando y pauperizando salarios, destruyendo la institucionalidad pública ni contrayendo el gasto estatal como se solventó la crisis, en ese entonces. Sin embargo, es totalmente lo contrario a lo que proponen y hacen el gobierno, los legisladores y los empresarios de Costa Rica. La reedición contemporánea de las políticas de shock aplicadas en la década del ochenta y noventa del siglo pasado, mostraron ser contraproducentes y iatrogénicas para los espacios sociales latinoamericanos. Es un crimen social aprovecharse de la pandemia para aplicar tales medidas de dramáticas consecuencias contra todos.

El gobierno ya hace ajustes para reducir el gasto en 335,000 millones de colones para complacer las miopes visiones de los que se creen dueños del país y de los entes financieros internacionales que no abandonan sus afanes de colonialidad del poder, a pesar del fracaso económico de sus propuestas y acciones, así como de las nefastas consecuencias sociales en nuestra América. Dicha contracción del gasto afectará al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que financia a las universidades públicas del país, en 65,000 millones de colones, así como liquidará gran parte de la institucionalidad pública. No cabe la menor duda, que la crisis pandémica está sirviendo de pretexto para continuar con la destrucción del Estado Social de Derecho, para liquidar los logros y conquistas alcanzadas en la historia nacional, así como, eliminar el pensamiento crítico y la práctica consecuente del pueblo que nutre nuestras universidades. Mientras que los ricos, los propietarios del capital, gozan de la inmunidad e impunidad para sus prácticas ilegales contra el erario público, contra el trabajo, privatizan la función pública y exigen incentivos, subsidios y exoneraciones. Las consecuencias de la crisis pandémica no solo son sanitarias, es también la consecuencia de las intolerables prácticas políticas y económicas de los poderes prevalecientes, de los que no pierden la oportunidad para atentar contra lo público, los derechos, la libertad y la democracia.

Los propietarios del capital nacional están muy alejados de la lucidez del empresario norteamericano Henry Ford, que aumentó de modo significativo los salarios, para permitir el aumento de la capacidad adquisitiva de sus trabajadores, que no quebraron a la empresa, sino que permitió su auge y la adquisición de los autos Ford. Pero remontémonos a ejemplos más cercanos en tiempo y espacio: aquí, en nuestro país podemos observar que, al incrementarse los precios internacionales del café, se mejoró la calidad de vida de los agricultores al adquirir las mercancías que necesitan, como también permitió el progreso de los comerciantes y mercaderes con quienes intercambian en sus espacios sociales.

La agricultura costarricense ha sido el ámbito donde surgió el capital en la circulación mercantil, para luego ser la fuente de la diversificación del capital productivo, así como fueron las relaciones y confrontaciones sociales en el agro, donde se gestaron y conquistaron derechos laborales y se crearon las bases sociales por la libertad e igualdad ciudadana. El agro fue importante en la modernidad de la historia nacional, como es importante en la actual pandemia, pues permite garantizar la seguridad y soberanía alimentaria nacional, ofrece mayor cabida laboral y crea esperanzas en un espacio rural igualitario, ante la desigualdad y el desprecio a los trabajadores y los prejuicios contra la vida rural existente en el espacio social urbano.

No es ninguna locura hacer del agro un emporio laboral, sostenibilidad alimentaria y fuente para reducir la desigualdad de las relaciones sociales, así como, el rescate y fortalecimiento cultural de las raíces sociales solidarias de nuestra historia. Es seguro que será imposible efectuar este reencuentro con el espacio rural con las finanzas privadas, tampoco será lograble con el liberalismo gubernamental, pero podrá ser una realidad con la labor colectiva, solidaria y transformadora de mujeres y hombres, que no han perdido ni reniegan de sus orígenes rurales y compromisos sociales, pero también podrá alcanzarse con las riquezas socialmente inútiles para el bien común, de propietarios identificados con el bienestar y el desarrollo nacional, riquezas que eventualmente podrían disminuir o desaparecer entre la pandemia y la voracidad competitiva y financiera urbana.

[1] Catedrático en Administración Pública. Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica

Negociación con el FMI

Óscar Madrigal

El hecho más relevante, importante y peligroso que de manera inmediata se le presenta al país es la negociación con el FMI, mucho más riesgosa para la clase trabajadora que las propuestas vía ultimátum que presentó la UCCAEP.

El FMI le prestará al país $2.250 millones de dólares en 3 años y a cambio de ello el Gobierno se compromete a un programa de ajuste estructural, informa la prensa.

Este ajuste, en las versiones preliminares, se orienta a:

1-. Reducir la deuda pública a un 50% del PIB, lo que significa reducirla en más de 6,1 billones de colones en un plazo de 14 años (al 2034), solo de principal, sin calcular pago de intereses.

2-. Reducir el déficit fiscal al 2% del PIB en 4 años (al 2025). La proyección del FMI es que este año el déficit sea de 8,7%; en otras palabras, reducirlo en 6,7 puntos, que significan 2,5 billones de colones en 4 años, sin incremento alguno del presupuesto del 2020.

El dilema es cómo reducir el déficit y simultáneamente reducir la deuda pública.

En números aproximados hay que reducir la deuda en 2 mil millones cada año por principal y el déficit en 600 mil millones por año, manteniéndose congelado el actual presupuesto.

En consecuencia, habría que congelar el actual presupuesto, sin aumentos de ningún tipo, ni gasto, inversión, trasferencias, etc. Y luego buscar 2.600 millones de colones adicionales para pagar la deuda y reducir el déficit.

El FMI prestaría 430 mil millones por año. El FMI nos presta para obligarnos a pagar la deuda, para pagarle principalmente a los acreedores internacionales. Pero su préstamo es ridículo en relación con las obligaciones que nos impone.

Los restantes 2.100 millones de colones que por año se deben conseguir, proponen recaudarlos de tres fuentes: reducción de gasto, venta de activos e impuestos.

(Esta es una proyección lineal que no incluye distintas variables, pero da una idea clara de lo que nos exigirá el FMI).

Cuando el anterior ministro de Hacienda propuso la venta de Bicsa y Fanal, sus datos más optimistas eran de que su venta podría producir 200 mil millones. Como se ve no mueve la aguja. Entonces, habría que vender por lo menos un banco estatal, el INS o el ICE.

La reducción de gastos es congelar salarios, reducción al aporte financiero a universidades públicas, PANI o CCSS y despido de funcionarios, vía cierre de instituciones y despido por reorganización.

Sobre los impuestos ya varias fracciones legislativas dijeron que no aceptarían un nuevo impuesto, con lo cual dejan claro que la crisis no tocará ni un pelo de los grandes empresarios. Todo el peso recaerá sobre los trabajadores y trabajadoras.

¿Pero es el préstamo y el programa de ajuste del FMI la única solución a la crisis? Por supuesto que no. En primer lugar, porque como queda explicado, esa solución no resuelve el problema y en segundo porque existen otras posibilidades más reales y que puedan resolver el asunto de fondo.

El movimiento popular ha hecho muchas propuestas realistas, serias y profundas. Creo que dos son importantes: trabajar por una moratoria de la deuda pública por un plazo de 4 años e imponer un impuesto solidario a las grandes empresas y patrimonios por 4 años. Nada de ello perjudicará gravemente a los acreedores del país ni a los grandes empresarios y resolvería el problema de las finanzas públicas sin empobrecer más a las clases populares.

Por una condonación de la deuda pública externa de América Latina

Franz Hinkelammert (Alemania/Costa Rica), Yamandú Acosta (Uruguay), William Hughes (Panamá), Orlando Delgado (México), José De Echave (Perú), Henry Mora Jiménez (Costa Rica), Luis Paulino Vargas Solís (Costa Rica), Jorge Zúñiga (México)

El crecimiento económico como política y el endeudamiento como adicción

La globalización neoliberal encumbró la “sociedad del crecimiento”. El crecimiento se convirtió en la política central que supuestamente sostendría el consumo, la inversión, el empleo y el bienestar social.

El pretendido crecimiento ad infinitum resultó tener “efectos colaterales” (humanos y ecológicos), pero se asumió que el libre mercado y el desarrollo tecnológico lograrían contrarrestarlos. Y si no lograban solucionarlos, entonces no habría solución alguna: el progreso demanda “sacrificios”.

La teoría económica neoliberal dio un viraje de 180 grados: el “ahorro de hoy” dejo de ser la fuente para el consumo y la inversión “de mañana” (tesis keynesiana). El consumo por el consumo (consumismo) se convirtió en el motor del crecimiento, y la inversión productiva perdió el sentido de incrementar la “capacidad productiva” para considerarse casi exclusivamente en términos de su rentabilidad de corto plazo. Entre 1970 y 2007 se impusieron el capitalismo de casino y la financiarización, dominando la economía real. La crisis del 2008 fue interpretada como un tropezón normal en el frenesí de “exuberancia irracional”.

El consumismo desenfrenado y la inversión financiera se apuntalaron fuertemente en el crédito: a los hogares, empresas y Estados; desmantelando, además, las políticas del Estado de bienestar. Se generó una dependencia adictiva entre el crecimiento económico (la acumulación de capital) y el endeudamiento sin límite.

El pago de la deuda como genocidio

El capitalismo se fundamenta en el crecimiento económico, y como ya no puede hacerlo con saltos de productividad, se alimenta de nuevas “acumulaciones originarias” y de un endeudamiento tóxico que conduce a deudas perpetuas e impagables. Después del estallido de la crisis de la deuda en los años ochenta, podría esperarse que la situación de la región mejorara en el mediano plazo, pero se ha agravado. La deuda externa se duplicó hacia 1990, y para 2019 había crecido 10 veces, superando los 2 billones de dólares, con un pago de intereses que sumó un poco más de 1.1 billones de dólares. En realidad, todo el aumento de la deuda hasta 2010 ha sido resultado de pagos de intereses. El ingreso neto por nuevos créditos externos fue nulo hasta 2010. El pago de intereses corresponde a un dinero jamás entregado, se trata de una brutal usura. Hasta 2018, el 60% del aumento de la deuda externa lo constituyó la capitalización de intereses, los que se “pagaron” con nueva deuda, que seguirá exigiendo pago de intereses por recursos financieros que nunca han servido a los países de América Latina.

Esta situación es extensiva a la deuda pública: en los próximos cinco años el 32% del servicio de la deuda correspondería a pagos de intereses, lo que se agrava con la Pandemia de la Covid-19. La deuda externa es una fuente perpetua de extracción de excedentes de las economías de América Latina, sobre la base una deuda impagable. Resolver esto demanda la condonación inmediata de dicha deuda.

Este terrible año hay que pagar la deuda, tanto su capital como los intereses. Este pago en muchas sociedades, en especial las de América Latina, impide atender demandas sociales en salud, educación, protección social, cultura y demás servicios sociales y de protección del ambiente. El pago del capital y los intereses es la primera prioridad del presupuesto nacional, aunque miles o millones de ciudadanos no logren satisfacer sus necesidades básicas. La pandemia de la Covid-19 ha puesto al desnudo este genocidio económico-social.

Las crisis de deuda y su papel como estrategias de sometimiento

El endeudamiento es un gran negocio de los bancos y las empresas transnacionales, especialmente cuando las deudas se vuelven impagables. El país que no pueda pagar tendrá que ceder su soberanía, sus recursos naturales más valiosos y sus empresas públicas. Este pillaje incluso se hace calculadamente para que el país endeudado pueda seguir pagando, y cada tiempo se renegocia la deuda y hasta se permiten condonaciones parciales de intereses.

El endeudamiento externo hizo posible someter a toda América Latina durante la crisis de la deuda de los años 80 del siglo pasado, transformándola en un proceso de expropiación bajo el eufemismo de los “ajustes estructurales”.

El Acuerdo de Londres de 1953

El Tratado de Versalles (1919) fue un ejemplo de la ceguera de la “voluntad de poder”. Los ganadores de la I Guerra Mundial impusieron a Alemania costos de guerra a todas luces impagables. El tratamiento de la deuda alemana y el de otras naciones europeas después de la II Guerra fue muy diferente. Empezaba la guerra fría y las medidas para “salvar el sistema” incluyeron la eliminación de la mayor parte del pago de las deudas alemanas con el resto de Europa occidental y otros países aliados, Grecia incluida, además del Plan Marshall y la concesión de nuevos créditos sin intereses.

Ante los efectos económicos y sociales devastadores a causa de la pandemia de la covid-19, el FMI se niega a discutir una posibilidad semejante, y sólo considera condonaciones parciales o posposición de pagos de intereses para los países más pobres y endeudados. Quieren repetir el Tratado de Versalles, solo que ahora con los “perdedores” (víctimas) de la globalización.

El Fondo Monetario Internacional: la aparente paradoja de la condonación de las deudas. ¿Se debe pagar, aunque no se pueda pagar?

Desde el estallido de la crisis latinoamericana de la deuda en 1982, han sido múltiples los llamados a la condonación total de la deuda. La negativa del FMI y del Banco Mundial se respalda en la “responsabilidad de los deudores”, de gobiernos que irresponsablemente incurrieron en esa deuda. Según este argumento, ni siquiera la incapacidad de pago justifica la condonación de las deudas. El deudor es culpable de su incapacidad y el acreedor es exonerado de no anticipar que el deudor no podía pagar. Pero el argumento se desmorona cuando cualquier auditoria de la deuda muestra el pillaje del acreedor o la corrupción de los gobiernos de turno.

Entonces el FMI y el BM recurren a otro argumento: “la ley y el orden” de los mercados financieros y la continuidad de los préstamos en el futuro. La condonación de la deuda lesionaría la capacidad de las instituciones de crédito de seguir prestando y socavaría la confianza en el sistema financiero. Tal argumento es indefendible, cuando gobiernos y bancos centrales de los países ricos compran billones de dólares en valores o sencillamente emiten billones en monedas duras para salvar de la quiebra a bancos, empresas y mercados de valores, acrecentando la desigualdad y la injusticia.

Por una condonación de la deuda pública externa de América Latina

Cuando las deudas, supuestamente, se pagan con nuevas deudas y, además, los intereses se agregan, la deuda total crece sin más límite que el impuesto por la progresión del interés compuesto. Ha llegado el momento de transformar el sistema.

La crisis en curso ha ratificado que el futuro de la humanidad está en riesgo. Tenemos una oportunidad para corregir situaciones que muestran tendencias catastróficas. Recuperar la solidaridad como un valor global permitirá poner en el centro valores sociales fundamentales que la globalización neoliberal ha relegado o incluso aplastado.

La reconstrucción de las relaciones humanas, en la perspectiva de la vida y el bien común, exige cambios radicales: en nuestro metabolismo social, en las relaciones laborales, en la división sexual del trabajo, en los servicios básicos para toda la población, en los sistemas tributarios, en la propiedad intelectual y la cultura, en el dinero y las finanzas, en los organismos financieros internacionales, en la cooperación entre las Naciones, etc. Una Condonación Mundial de la Deuda Externa Pública sería sólo un primer paso, pero uno que puede cimentar la construcción de un futuro mejor para todas y todos, pero especialmente, para las víctimas del capitalismo neoliberal, colonial y financiarizado.