El primer foro será el viernes 19 de julio a las 2:00 pm en la Cabaña Los Sueños de Nancho, en San Rafael de San Pedro, Pérez Zeledón.
El segundo foro será el sábado 20 de julio a las 3:00 pm en las Trincheras, Barrio Boston, San Isidro, Pérez Zeledón
En este ciclo de foros en Pérez Zeledón se hará un análisis del Proyecto de Ley 23.414 “Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”, junto a Sergio Ortiz Pérez, administrador de empresas e integrante del Sindicato del ICE Asociación Costarricense de Telecomunicaciones (ACOTEL) y Osvaldo Durán Castro, sociólogo, profesor en el Instituto Tecnológico de Costa Rica e integrante de la Federación Ecologista (FECON).
Se realizará transmisión en vivo por el Facebook del “Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica”, durante el foro del sábado 20 de julio. ¡Les esperamos!
El martes 2 de julio al ser las 6:00 p.m. se llevará a cabo el foro “Retos de Costa Rica como país de acogida del exilio nicaragüense”, mismo que contará con la participación en la mesa principal las organizaciones: Red de Mujeres Pinoleras, Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Servicio Jesuita para Migrantes “Costa Rica” y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional – CEJIL.
Esta actividad se desarrollará en Paraninfo UNED, ubicada en Sabanilla. Y contará con transmisión por Onda UNED.
El cupo es limitado, necesita confirmar la asistencia en el formulario en línea.
El lunes 10 de junio se realizó la instalación oficial de las mesas de trabajo del Foro Diálogo Nacional de Alto Nivel. Estas mesas de trabajo se enfocarán en cuatro grandes temáticas: educación, salud y seguridad social, fomento a la producción nacional y seguridad ciudadana.
Con la instalación de estas mesas de trabajo, se da un paso crucial hacia el fortalecimiento del diálogo y la cooperación entre los diferentes actores del país para construir una Costa Rica más justa, inclusiva y solidaria
Información general importante:
– El formulario de inscripción para particiar de estas mesas cierra el 30 de julio. No obstante, esto no impide que organizaciones y liderazgos se integren luego al proceso.
– La segunda sesión Mesa de Producción Nacional: Lunes 01 de Julio. Hora 5:00 pm vía zoom.
– La segunda sesión Mesa de Educación: Martes 02 de Julio. Hora 3:30 pm vía zoom.
– La segunda sesión Mesa de Seguridad Ciudadana: Miércoles 03 de Julio. Hora 5:00 pm vía zoom.
– La segunda sesión Mesa de Salud, Seguridad y Previsión Social: Jueves 04 de Julio Hora 5:00 pm vía zoom.
– Las organizaciones pueden conformar con personas profesionales expertas en los temas, para la conformación del equipo técnico de las mesas y el equipo de comunicación del proceso.
Comunicado: Nos complace invitarle a un evento fundamental para el futuro de nuestro país. En colaboración con expertos de la UCR y organizado junto con el despacho de la diputada Sofía Guillén, este foro es una oportunidad única para discutir y defender el modelo público de nuestro sistema eléctrico nacional, por medio del análisis del proyecto de ley expediente 23 414 de armonización del sistema eléctrico nacional.
Esta actividad se realizará el día jueves 11 de julio de 2024, a las 06:00 p.m. en la Asamblea Legislativa, específicamente en la sala de conferencias, piso 3.
Para inscribirse, pueden hacerlo accediendo al siguiente enlace.
Se inicia el conversatorio con la pregunta: ¿Cómo nos relacionamos con el resto de animales? ¿Cómo pensamos nuestra relación con ellos? Se exponen los siguientes temas:
Ética animal
La ética animal es un campo de estudio que cuestiona cómo nos relacionamos con los animales. Este cuestionamiento ha estado presente en diferentes períodos de la historia, tanto de manera colectiva como individual.
Filosofía y especismo
La filosofía, al estar ligada a la lógica y ciertas nociones, nos genera cuestionamientos sobre nosotros mismos. Es ineludible pensarnos como animales sin considerar nuestra relación con otros animales.
Un concepto importante en este ámbito es el especismo, que describe la discriminación que los seres humanos ejercen sobre los animales. En particular, el especismo de carácter antropocéntrico establece una diferencia tajante entre nuestra vida y los valores que sustentan nuestra existencia en comparación con la vida de los animales. Otro tipo de especismo se manifiesta cuando valoramos de manera desigual la vida de distintos animales.
Comportamientos humanos hacia los animales
Los comportamientos humanos hacia los animales están ligados a la discriminación. Es crucial visualizar este tipo de discriminación e incorporarlo en nuestro léxico. La ética animal se centra en la consideración moral de los animales y en cómo nos consideramos a nosotros mismos, ya sea obviando o acentuando nuestra naturaleza animal.
Reconocimiento de los derechos de la naturaleza
El derecho es un orden normativo de la conducta humana, al igual que la religión y la moral. Tiene dos características fundamentales: es una construcción social que responde a los intereses de una sociedad y, por definición, es antropocéntrico. Esto nos permite exponer tres aspectos sobre cómo el sistema jurídico ve a la naturaleza y a los animales:
Carácter antropocéntrico: La regulación de los animales y la naturaleza se ha dado tradicionalmente en función de los intereses humanos. La utilidad y el valor de un animal o un sistema se entienden como derivados del Artículo 50 de la Constitución Política, donde el derecho al medio ambiente se interpreta como el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Categorización jurídica: El medio ambiente y los animales no humanos se consideran «bienes muebles», es decir, objetos.
Derecho ambiental: A mediados del siglo XX, surgió un cambio de paradigma con los derechos humanos de tercera y cuarta generación, lo que llevó a la necesidad de una mejor legislación para proteger la explotación de la naturaleza.
En Costa Rica, la perspectiva especista está presente en la educación, como se evidencia en ejemplos didácticos simples. No hay legislación en el mundo que otorgue a los animales derechos plenos y fundamentales. Aunque algunas legislaciones los reconocen como “seres sintientes”, esto no genera un impacto significativo. Hoy en día, es más común hablar de veganismo, esencial para la defensa y reivindicación de los animales. Sin embargo, también es necesario abordar el uso y la experimentación con animales en lugares como Rusia.
Cambio de paradigma
Surge la pregunta: ¿tener más leyes implica un cambio de paradigma? Si algunos animales están protegidos y otros no (por ejemplo, los animales en peligro de extinción como el tucán o el leopardo, frente a animales productivos como los cerdos, vacas y gallinas), esto demuestra que el derecho sigue regulando en función del valor que tienen para los seres humanos. Por lo tanto, se requiere primero un cambio cultural para que exista un cambio en el paradigma legal y en la información y los mensajes que recibimos desde niños.
Hoy en día, hay más conciencia que hace 50 años. Sin embargo, hay situaciones que pueden parecer éticamente incorrectas pero legalmente permitidas, como la tala en proyectos de “desarrollo” o en propiedades privadas.
Reflexión sobre el consumo de carne
¿Es normal, natural y necesario comer carne? Ha sido una práctica común durante siglos utilizar a los animales como alimentos o para vestimenta. Sin embargo, en la actualidad, no es necesario por razones éticas. El cuerpo necesita proteínas, las cuales se pueden obtener de fuentes vegetales. Surge la pregunta: ¿son más importantes mis preferencias gastronómicas que la vida del animal al que se le está despojando?
Religión y superioridad humana
¿Qué opinan sobre el papel de la religión en la concepción de superioridad del ser humano sobre los animales? Las religiones no son un argumento de peso ni fuente racional en este debate, y existen diferencias significativas entre ellas (por ejemplo, los hindúes han vivido años sin consumir carne).
El día miércoles 6 de junio de 2024 se llevará a cabo un foro abierto en el marco del curso “Ambiente y ecosistemas culturales desde América Latina” de la Maestría en Estudios Latinoamericanos IDELA-UNA, en celebración del Día Mundial del Ambiente.
Contará con invitadas especiales como Weny Bagama, delegada del Congreso General Ngäbe-Bugle y lideresa del Movimiento 10 de abril (Panamá); Clara Junger, de Solidaridad y Educación (FASE)- Oilwatch de Brasil y Maria Elena Foronda de la Fundación Natura de la Perú, Ex – senadora del Congreso. Modera: Mauricio Alvarez M, docente IDELA.
La actividad se realizará a las 17:00 horas (CRC) en transmisión en vivo por la plataforma Facebook.
Resumen del foro “Precarización laboral y derechos laborales, ¿dónde queda la justicia?”, celebrado el miércoles 24 de abril del 2024 y transmitido por el Facebook Live de SURCOS.
Participantes en el foro:
María Leonela Artavia Jiménez, Profesora e Investigadora, Escuela de Economía, Universidad Nacional.
Mauricio Castro Méndez, Docente e investigador, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica.
Sandra Cartín Herrera, Socióloga, docente jubilada Universidad de Costa Rica, integrante del Colectivo Mujeres por Costa Rica.
Moderador: José María Gutiérrez Gutiérrez, Alianza por una Vida Digna.
María Leonela Artavia presentó el concepto de precariedad laboral, el cual altera simultáneamente y en grados variados diferentes dimensiones laborales. Incluye, entre otros aspectos, la inseguridad laboral, la inseguridad de ingresos, la desprotección social y la desregulación de la jornada. En Costa Rica el fenómeno es más prevalente en regiones periféricas, aunque ocurre en todo el país y en actividades económicas diversas, siendo muy fuerte en el trabajo doméstico.
Presentó los resultados de un estudio, efectuado en la Universidad Nacional en la gran área metropolitana (GAM), sobre las condiciones de las personas que laboran en las plataformas de reparto, quienes sufren de alta precarización. Esta actividad involucra sobre todo a jóvenes varones, muchos de ellos migrantes, con niveles de especialización bajos. Este sector se caracteriza por un alto nivel de desprotección, ya que el 60% de estas personas no están aseguradas y el 78% no cotizan para pensión.
Estas personas trabajadoras tienen una alta inseguridad de ingresos, ya que el 40% devenga menos de un salario mínimo y el 54% devenga entre uno y dos y 2 salarios mínimos. Por otra parte, sufren de la desregulación de la jornada laboral, pues se trabaja mucho y no se contempla el pago de horas extra. Con frecuencia se trabaja más de 60 horas por semana. Sufren también de una alta vulnerabilidad a accidentes ya que la mayoría trabaja en motocicletas, bicicletas o bicimotos. Y se han reportado casos de personas que, al sufrir un accidente, son luego excluidos de las plataformas.
Por otra parte, es común que se niegue la condición de relación laboral en este trabajo, ya que se habla de que son ‘socios repartidores’, desde una perspectiva de ‘emprendedurismo’ y este imaginario afecta los procesos de organización colectiva, los cuales son esenciales para las luchas por contar con condiciones laborales dignas.
Mauricio Castro comentó que si bien existe legislación que regula las relaciones laborales, mencionó que “del dicho al hecho hay mucho trecho”, en el sentido de que, en términos generales, estas normas se cumplen muy poco. La ley permite dos mecanismos para enfrentar el incumplimiento de las leyes laborales: la inspección del trabajo y los procesos judiciales. Pero considera que estos mecanismos son ineficientes. En cuanto a la inspección del trabajo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cuenta únicamente con 100 inspectores para todo el país, lo cual es insuficiente y hace que estas inspecciones sean, en gran medida, inefectivas y de poco impacto. En cuanto a los procesos judiciales, estos llegan tarde y lo que se puede lograr es la imposición de algunas sanciones e indemnizaciones.
Mencionó que actualmente existen dos instrumentos que sí permiten impactar en las relaciones laborales:
El principal mecanismo es la organización colectiva de las personas trabajadoras. Hay una cultura anti-sindical en el país y existen mecanismos jurídicos para limitar las organizaciones sindicales. Por ello se requiere llevar adelante procesos de organización colectiva de las personas trabajadoras, en diversos ámbitos, para fortalecer este instrumento. Y, además, se requiere enlazar estos procesos a nivel nacional con formas de organización internacional.
El otro instrumento tiene que ver con la aprobación en Europa y otras regiones de leyes de diligencia debida, las cuales tutelan la violación de los derechos laborales a través de toda la cadena de valor. Estas leyes tienen impacto en actividades productivas vinculadas con exportaciones a Europa y velan por el cumplimiento de derechos humanos y normas de mitigación del cambio climático a todo lo largo de la cadena de valor. El incumplimiento de estas normas puede ser objeto de sanciones millonarias. Esta es una ventana de oportunidad para sindicatos y otros grupos de personas trabajadoras organizadas, para que presionen por el cumplimiento de derechos laborales esenciales. Actualmente sectores sindicales de América Latina, África y Asia trabajan en el aprovechamiento de este mecanismo en sus luchas por los derechos laborales.
Sandra Cartín enfocó su presentación en el tema de la inseguridad laboral para las mujeres, quienes sufren en mayor medida este problema. Presentó datos estadísticos sobre esta faceta a partir de documentos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la Universidad de Costa Rica y el Programa Estado de la Nación.
La tasa neta de participación laboral es menor en mujeres que en hombres. Con frecuencia no se labora con contratos de trabajo, lo cual ocurre a menudo en ocupaciones de empresas agrícolas, textiles y en el trabajo doméstico. Muchas veces predomina el contrato oral. En el caso de las trabajadoras domésticas esto es particularmente frecuente. Otra variante es el empleo temporal, donde se contrata por estaciones de cosechas (caso de la zafra, el café, la naranja), actividades donde hay una alta participación de mujeres y personas migrantes. Con los procesos de desregulación de las relaciones laborales, las empresas han aplicado estrategias de flexibilización laboral, que es un mecanismo del capital a escala global que busca disminuir regulaciones y reducir derechos.
Existe una importante brecha salarial por género, ya que las mujeres reciben menor salario por el mismo trabajo; se estima que el salario de las mujeres es un 15-20% menor que el de los hombres. Por otra parte, el uso del tiempo semanal para trabajo doméstico es mayor en las mujeres, con mucha dedicación al cuido de sus familias, lo cual limita la disponibilidad de tiempo para trabajo remunerado y desarrollo personal. Las mujeres a menudo tienen empleos informales precarios.
El desempleo es también más alto en mujeres, y se ven más afectadas por el subempleo. Las mujeres también sufren por falta de aseguramiento, lo cual las coloca en situaciones de alta vulnerabilidad. Este problema conlleva al no disfrute de licencia por maternidad y también tienen mayor desprotección a la hora de ser despedidas. En muchas empresas hay una discriminación hacia las mujeres por el embarazo, la atención a hijos pequeños y la lactancia
También las mujeres son afectadas por las dificultades para lograr la sindicalización y participar en procesos de organización y negociación colectivas para exigir sus derechos.
A manera de conclusión, y retomando varios de los aspectos presentados en el foro y en la sesión de comentarios y preguntas que siguió a las exposiciones de las panelistas y el panelista, José María Gutiérrez mencionó los siguientes puntos: (1) La importancia de estudiar y conocer los fenómenos que se relacionan con la precariedad laboral, tarea en la que juegan un papel clave los grupos de investigación de las universidades públicas, en estrecha relación con las organizaciones laborales y la población trabajadora. (2) La tarea fundamental de promover la organización de los diversos sectores laborales, incluyendo la organización sindical, y el impulso de luchas lideradas por estos entornos colectivos organizados. (3) El fomento que se le debe dar a la lucha cultural, a la batalla por las ideas, que enfrente la hegemonía ideológica que alimenta el individualismo y el mercantilismo, para fortalecer los valores de solidaridad y lucha colectiva en procura de condiciones laborales dignas. (4) Promover la creatividad en la construcción permanente de formas de organización novedosas que busquen condiciones laborales dignas, enlazando procesos nacionales e internacionales. (5) Crear espacios de confluencia entre los sectores laborales organizados y otros sectores sociales, comunitarios, culturales, ambientalistas, feministas e institucionales, para encontrar avenidas de lucha comunes con miras la construcción de una vida digna para todas y todos.
El video de este foro está accesible en el canal de YouTube de la Alianza por una Vida Digna. Puede verlo aquí:
Este miércoles 22 de mayo a las 5:00 p.m. se realizará un foro por parte de la Asamblea Nacional de la Persona Joven en la sala de conferencias de prensa de la Asamblea Legislativa y en vivo por YouTube.
Se tocaran los temas de crisis climática, crisis educativa, inclusión y Derechos Humanos, derechos laborales.
Participan Maria Leonela Artavia, economista; Raquel Sagot, Activista Climatica; Nicole Mesen, activista por los derechos humanos y Diego Córdoba, docente de secundaria.
El pasado sábado 4 de mayo organizaciones sociales, sindicatos y grupos organizados de comunidades participaron del Foro por el Agua y Acciones, llevado a cabo por las Centrales Sindicales CGT, CUT, CCTD, dicha actividad contó con panelistas de importante conocimiento sobre el AyA, el agua, las comunidades y la contaminación, problemáticas que está viviendo con emergencia el país. Entre los y las panelistas estuvieron: la diputada Sofía Guillén, el biólogo Freddy Pacheco, Guido Barrientos del Programa Estado de la Nación y Mario Rodríguez del sindicato del AyA.
En esta actividad se destacó información relevante sobre los proyectos de AyA, como la poca o nula acción para proteger zonas de captación de agua, la problemática del cambio climático y las no acciones para resolver la crisis de abastecimiento de comunidades como: Zapote, Desamparados, Goicoechea, Coronado, Carpio, Hatillo, Paso Ancho, San Sebastián, San Pedro Montes de Oca, Alajuelita, Moravia, Pavas y en las provincias y cantones de la periferia como el cantón de San Vito de Coto Brus, cantón de San Ramón, cantón Central de Alajuela, la Guácima, y contaminación de zonas de captación de la Zona Norte, faldas del Volcán Irazú, cantones de Siquirres, Guápiles y Cariari.
Asimismo, criticaron las declaraciones del presidente ejecutivo de AyA Juan Manuel Quesada al decir que «No es posible dar agua a las comunidades» incumpliendo así su función como funcionario público, mismo que gana casi los 4 millones de colones al mes.
Al problema del agua se le suma el posible tráfico de influencias y presiones por tener nuevos servicios, afirmación denunciada por el sindicato del AyA. En esto se dice que está involucrado un ex presidente ejecutivo de AyA que participa abiertamente en las solicitudes para servicios de agua del Condominio Terra Verbena en Alajuelita y Diamante Verde en Montes de Oca.
Todos los presentes reconocieron la urgencia de brindar agua e infraestructura a las comunidades. También reconocieron las pocas acciones realizadas por el Gobierno en la búsqueda de soluciones reales para brindar agua y resguardar las zonas donde se capta el líquido vital para la población.
Tras la realización de este foro se creó un documento solicitando el decreto de emergencia hídrica y ambiental al Presidente de la República, el Sr. Rodrigo Chaves Robles. Este decreto se basó en una serie de argumentos, 9 en total, entre ellos los siguientes:
Que el Informe del Estado de la Nación 2023 indica que “las razones que explican los problemas de disponibilidad de agua varían según el sistema y la zona geográfica. Sin embargo, en términos generales, varios factores los originan, tales como la variabilidad y el cambio climáticos, el estado de la infraestructura hídrica, la contaminación antropogénica y natural, la poca planificación urbana, el crecimiento de la población, así como la baja inversión que realizan algunos acueductos —principalmente comunales— en temas de protección de fuentes y control de fugas” (PEN 2023, Pág. 39). Este informe también señala que, en 2022, del total de agua extraída por el AyA, “el 57% se perdió por fugas, rebalses de tanques, errores de micromedición, entre otros.” (PEN: 2023, Pág.27).
Que la Contraloría General de la República indica que “la gestión del portafolio de proyectos de inversión para el abastecimiento de agua potable y saneamiento de aguas residuales del AyA, no ha sido eficaz en incidir en las poblaciones en condición de vulnerabilidad, ya que únicamente el 1,6% de los distritos con mayor condición de vulnerabilidad del país, según el Índice de Desarrollo Social de 2023, tienen inversiones programadas en saneamiento y solo el 16,7% en agua potable; asimismo, solo el 41,6% de los distritos identificados como más vulnerables según el Índice de Vulnerabilidad Comunitaria al Agua Potable del AyA de 2021, tienen inversión programada.” (Informe DFOE-SOS-IAD-00003-2024, Pág.32).
Que el crecimiento territorial desordenado y la gentrificación de algunos territorios pone en riesgo la protección de las zonas de recarga acuífera y la distribución equitativa y sostenible del recurso hídrico. Al respecto, el Informe del Estado de la Nación 2023 detalla que “se debe reiterar la ausencia de regulación local en gran parte del país (Sánchez, 2021; Pérez et al., 2022; PEN, 2022) (…) En la actualidad, once cantones de la GAM carecen de PRC [Plan Regulador Cantonal]. (…) La mayoría de los cantones de Heredia y el cantón de Poás, carentes de PRC, incluyen las zonas de recarga de los acuíferos más importantes del país. (…) De forma adicional, los instrumentos de ordenamiento territorial existente muestran problemas de actualización: de veinte cantones con PRC vigentes, solo seis los han actualizado (o implementado por primera vez) durante la última década (Pérez, 2023).” (PEN 2023, Págs. 212-213).
Que la gran cantidad de vecinos de diversos sectores del país, cantones como Alajuela, San Vito de Coto Brus, Alajuelita, Desamparados, Goicoechea, Moravia, Coronado y Cantón Central de San José (incluido Hatillo, San Sebastián, Pavas y La Carpio) han realizado manifestaciones públicas solicitando soluciones prontas y cumplidas que en pocas ocasiones se han materializado. A la fecha de emisión de este documento, muchas de estas comunidades siguen reportando disminución o ausencia total del servicio de agua potable lo que afecta la salud de las familias, dificulta el cuido de adultos mayores, niños y personas enfermas, ralentiza el comercio e impide inclusive la asistencia a centros educativos, vulnerando así no solo el derecho humano al agua potable sino al trabajo y a la educación.
Que el Artículo 50 de nuestra Constitución Política establece que “toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida. El agua es un bien de la nación, indispensable para proteger tal derecho humano. Su uso, protección, sostenibilidad, conservación y explotación se regirá por lo que establezca la ley que se creará para estos efectos y tendrá prioridad el abastecimiento de agua potable para consumo de las personas y las poblaciones.” El acceso al agua potable es, por tanto, un servicio necesario para la vida y la salud de la población. En donde, el derecho a la vida y a la salud de las personas es un derecho fundamental, los cuales se tornan en bienes jurídicos de interés público y ante ello, el Estado tiene la obligación inexorable de velar por su tutela.
Que el Artículo 140 de nuestra Constitución política faculta al Poder Ejecutivo a adoptar y generar medidas de salvaguarda inmediatas cuando tales bienes jurídicos, como la vida y la salud, están en amenaza o peligro. Y que de ahí se deriva la facultad contenida en el Artículo 29 de la Ley N°8488 Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo.
Para mayor información sobre esta temática puede dirigirse a los documentos adjuntos.
