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Etiqueta: fraude fiscal

Reforma fiscal para fortalecer la actuación de quienes trabajan cobrando los impuestos

Exposición de motivos

Costa Rica, sufre año a año el flagelo de la evasión fraude, elusión y hasta el contrabando mismo, situaciones o hechos que se estima rondan hasta en no más del 8 puntos del PIB, a 2024, cada punto significa en promedio 356 mil millones de colones, un hospital geriátrico acondicionado o contratado llave en mano, podría costar no más de 100 mil millones, es decir, cada año estaríamos de dejar de suplir un promedio de no menos de tres hospitales por provincia , y este dinero alguien se lo está embolsando, no queremos pecar de ingenuos pero si muy prudentes en señalar potenciales delincuentes, porque ciertamente, estos potenciales delincuentes, están siendo sujetos activos de una pena de carácter penal, con un delito tipificado como de Lesa humanidad.

El cercenar las finanzas del Estado mismo, y restarle posibilidad de una actuación social digna, le resta vida a miles de costarricenses, que hoy tienen padecimientos crónicos, les cuesta en salarios y medicinas a los costarricenses, atender la patología quizás de un irradiado, por haber comprado un instrumento de deficiente calidad, al proponer en su compra que el factor precio sea el más preponderante, cuando en finanzas, la regla o premisa es eso, entre mas barato, más malo, mayor riesgo y hacemos alusión al estado de salud , debido a que estas prácticas causan cáncer en la economía del país. Y nos corresponde como buenos costarricenses, hacer un alto en el camino, y ver hacia donde vamos, y rectificar quizás la dirección de hacia dónde queremos ir.

Podremos quizás tener la ruta de un sueño democrático y solvente de nuestras finanzas del Estado, oh decidir continuar, sin mayor protagonismo, por temor a romper paradigmas.

Es por eso, en pocas palabras, la posibilidad histórica de cambiar hacia un mejor rumbo, de igualdad de condiciones, de un mundo territorio de competencia perfecta, donde todos los actores de le economía misma, saben cómo enfrentar a su competencia, no como hoy percibimos, que el litigante temerario, figura del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, se instauro, se establecen penas privativas de libertad, pero le roban con artilugios de legalidad misma, eso es lo grave, artilugios de legalidad misma, simplemente, porque la Administración Tributaria, carece de los recursos, administrativos, financieros, tecnológicos, y no solo eso, de lo más lamentable de una legislación vigorosa, inmediato y ejemplarizante, del combate de ese cáncer en las practicas del fraude y evasión, así como la elución y el contrabando.

Podemos apostar que delincuentes tributarios siempre estarán presentes, tal cual pena abraza el Código Penal, y necesitaremos el concurso de toda la sociedad civil, y debemos llegar al punto donde; aquel que intente tal cual flagrante delito, sea sancionado, de manera inmediata, por la “bendita Pública”.

No basta hace cátedra de los principios que se deben tener presentes en cualquier reforma fiscal, debemos aclarar que aquí no se está ante una reforma fiscal, impositiva, contra el sujeto pasivo, lo que estamos o pretendemos es ordenar la actuación fiscal, para que cuente con esas herramientas necesarias, para regularizar su actuación, simplificarla quizás, y enmarcarla legalmente, para que el sujeto pasivo, sepa que ante la comisión de un instrumento de afectación al Estado mismo, es claro, que el hecho de no pagar a tiempo los impuestos, es un instrumento de afectado, y si no pagarlos a pesar de declarar, afecta el flujo de caja del Estado, pues de manera más severa, debe apreciarse, si recurre al ardid de cercenar las finanzas del Estado.

La eficiencia, en el cobro de los tributos abrigada a diversidad de leyes, como El Código Tributario, la Ley del Impuesto General Sobre las ventas, la Ley del Impuesto sobre la renta, la Ley General de Aduanas, razonable en un tiempo por división territorial o material, contribuyo quizás a ordenar distintas materias, desconocida por personas que llegan a administrar la gestión tributaria, logrando la especialización, no obstante, esto no tapa el sol con un dedo, es el llegado por turnos de carácter político de personas que llegan a hacer escuela tributaria, representantes o integrantes de diversidad d despachos privados, con impedimentos legal para conocer quizás actos en contra de sus clientes, pero que a la fecha, se desconoce de la recusación de esas autoridades, a que si no es por el chisme, nadie se entera de si un cliente o investigado, es sujeto de una actuación de carácter tributario. Esto debe llamar en mucho la atención de nuestros Diputados.

Hoy día proponemos una reforma fiscal de primer mundo, no es vi a tarifaria, ni por deuda, es una reforma para fortalecer la actuación de quienes trabajan cobrando los impuestos de esta gran nación.

Debemos fortalecer la figura del servidor público, como es la de constituir la figura del comisionado fiscal, actor simplificante del quehacer tributario, hoy día un auditor fiscal debidamente investido del poder estatal, es menos impactante su presencia, que el guarda de un almacén fiscal, que posee la llave del candado del portón, dicho de otra manera, se considera usurpación el poder recabar prueba del potencial y flagrante delito de un fraude fiscal, fraude en termino general, y con las figuras ya señaladas.

Este Comisionado Fiscal, deberá en consecuencia, conocer la materia tributaria de Tributación y de Aduanas, no puede ser cualquier hijo de vecino, debe tener solvencia académica, moral y en experiencia, debe conocer si se enfrente a una mala actuación de carácter aduanero o tributario interno, entendiéndose esta como de comercio local o comercio internacional y aun cuando se promueve la actuación de control sin limitación de competencia material y territorial, ciertamente, hay un marco jurídico que define la actuación en Tributación interno, como lo es el Código Tributario, también la Ley y Reglamento de Aduanas, no deben en mucho ser derogados, ya que en todo lo que se oponga, privaría este instrumento, ya que será una reforma tacita de todo aquello que se le oponga.

Debemos asegurar que, con la figura del comisionado fiscal, se acaben etapas procesales, que hoy día le llevan demasiado tiempo al Estado a hacer eficiente y eficaz el proceso de cobro de dichas determinaciones.

Hoy debemos acudir a un nuevo orden legal, estamos con un panorama tecnológico que no hay distancia en el mundo entero que impida comunicarme con mensajes o hasta video llamadas, de un polo a otro, pues así debemos apostar, contribuir a crear y dotar la Administración Tributaria, como un solo cuerpo y cada extremidad atienda las instrucciones jurídicas de un órgano legal suficientemente robusto que cada movimiento este sobradamente, hasta poder utilizar en forma complementaria, las sanciones contempladas en los delitos informáticos. Aquel que suplante la identidad de otro para asegurar a si mismo un beneficio fiscal, induciendo a error a la determinación tributaria o en la aplicación de un crédito fiscal a su favor ocultando los ingreso, disfrazando gastos, como los fletes, seguros, valor del bien (subfacturando) o no emitiendo la factura comercial al trasladar de dominio la mercancía o someterla a tránsito nacional o internacional, debe constituirse tal acto como un acto que sin duda alguna merezca la imposición de una sanción de carácter administrativa inmediata y si la actuación es flagrante y que supere los umbrales punitivos, ser analizados por la sala correspondiente a su jurisdicción material, con esto queremos señalar la necesidad de constituir un solo tribunal fiscal, con dos salas especializadas, la de aduanas o comercio internacional, y la de tributación o comercio nacional, misma, que veri los conflictos municipales, es decir, mantener las funciones de los tribunales actuales, no perjudicar la actuación sino más bien, con la concentración en un marco legal, hacer un solo tribunal, y no dos como hoy sucede, y que el litigante temerario disfruta para dilatar la resolución del caso y que impide aunque el Estado tenga sobrada motivación y razón, cobrar los tributos en el plazo permitido y no revocable.

Debemos igual que exigimos como ESTADO, garantizar los actos de fiscalización, no reiterar año a año, siendo eventuales sacadas de clavo de los programadores de los riesgos que determinan los sujetos a fiscalías, muchas veces lastimosamente, hay procesos de investigación fiscal, que intentan desnudar el buen comportamiento tributario de sujetos pasivos responsables, pero cuando son sujetos de fiscalización, se definen los alcances y actuaciones con una potencial inseguridad jurídica, ya que hoy piden un requisito, duran un largo tiempo, luego piden otro requisito, y así duran hasta más de un año para resolver un caso en concreto, sumiendo el ejercicio de poder de imperio, pero ante un escenario de terror fiscal, cuando debe ser lo contrario, facilitar el cumplimiento voluntario, pero sancionar severamente el incumplimiento de los deberes formales.

No estamos dando la talla en las Fiscalizaciones, los riesgos subjetivos no superan el 2%, dicho de otra manera, tenemos un 98% de probabilidad de éxito al fraude, tal cual bolsa de valores, el ESTADO con su inacción, está contribuyendo a que le metan todos los goles posibles.

Ciertamente se han creado instrumentos informáticos que inicialmente surten grandes efectos, TICA y factura digital son ejemplo de ellos, pero al tiempo, tal cual ardid delincuencial, hasta los billetes de plástico falsifican, en consecuencia, la materia tributaria, en pocos meses sigue siendo vulnerable y sujeta a la actuación de los delincuentes.

Podemos apostar a reparar en mucho la atención eficiente de la salud y la educación, pilares fundamentales de un sistema tributario, pero apostado en una dotación de bienestar nacional sin precedentes.

Soñar no cuesta, hacerlo realidad, pues encontraremos detractores de la propuesta, su pensamiento los identifica, están oh en la acera contraría, oh simplemente ignoran y no pueden opinar al respecto, de ahí, que sin interés mezquinas proponemos el cuerpo normativo de un instrumento creado por hombres, pidiendo la iluminación del altísimo, para crear un instrumento justo, bajo el principio bíblico, de AL CESAR LO QU ES DEL CESAR y convencidos de esa autoridad y refrendo.

La gran premisa para un Estado saludable, es que todo aquello que mejore la recaudación Tributaria, sin cobrar más tarifas de las ya establecidas, no debe ser materia de discusión o atraso parlamentario, tal cual se ha propuesto en diversidad de eventos de las distintas comisiones, o bien de la incorporación de Costa Rica a organismos internacionales como la OCDE

Exposición de motivos, elaborada por Lic. Miguel Ureña, con el aporte de más compañeros pensionados o activos.

Miguel Ureña. 30 años de experiencia en el Ministerio de Hacienda, 15 años de experiencia docente en el campo, auditor fiscal, licenciado en Administración, licenciado en Derecho, costarricense preocupado por los más necesitados, aspirante a periodista.

Y, entonces, ¿privatizamos los bancos?

Luis Paulino Vargas Solís

Últimamente varios escándalos manchan la imagen de los bancos públicos: Banco de Costa Rica (BCR) y Banco Nacional (BNCR). En el primer caso, respecto de negocios realizados por la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI), en los cuales hay claros indicios de manejos irregulares y corruptos, con perjuicio para quienes han invertido en esos fondos. En el segundo, la cuestión de la Asociación Solidarista, y el robo, por ₡3,3 miles de millones en efectivo, hurtados de la caja fuerte (que no bóveda) del propio banco.

Diferente al “cementazo”, que hace unos años golpeó al BCR, en estos tres casos no aparecen involucradas figuras políticas de alto nivel. Esto nos advierte que, contrario al mito popular, la corrupción no es, ni mucho menos, patrimonio exclusivo de las élites políticas. De hecho, el hobby favorito de los muy ricos de Costa Rica es el fraude fiscal y la ocultación de la riqueza, todo un glamoroso ejercicio de corrupción a gran escala. O, como en lo del robo en el BNCR, donde un tipo de nivel clase media es actor principal.

La cuestión entonces es: ¿Qué hacemos? ¿Privatizamos los bancos públicos?

Eso sería tirar el chiquito junto con el agua sucia de la tina. No nos conviene.

La evidencia es clarísima: los bancos públicos son mucho más eficientes y dan aportes muy superiores que los que dan los privados:

  • El número de agencias y sucursales de los bancos públicos triplica la de los bancos privados, y alcanza los lugares más lejanos, donde estos jamás llegarán.
  • Las cargas parafiscales que aportan los bancos públicos hacen que su contribución fiscal prácticamente duplique la de los privados.
  • Aun cuando todo lo anterior eleva los costos de los públicos, sus tasas de interés son, la gran mayoría de las veces, más bajas, y, en ocasiones, mucho más bajas. Dos ejemplos: construcción y consumo, donde, hoy día, las tasas en los privados exceden hasta en 5,6 puntos porcentuales las de los públicos.
  • Los diversos indicadores de eficiencia que miden el “margen de intermediación financiera” (M1, M4 y M4A), demuestran una amplia ventaja a favor de los bancos públicos.

Atacar los problemas de corrupción en la banca pública no pasa por la privatización. Esa es solo una necedad ideológica y un negociazo corrupto. Son urgentes reformas que contemplen aspectos como los siguientes:

  • Total independencia de las influencias politiqueras del gobierno de turno.
  • Estrictos y rigurosos mecanismos de rendición de cuentas.
  • Supervisión ciudadana desde organizaciones independientes.
  • Supervisión técnica desde organizaciones calificadas, independientes del negocio financiero.

SITRAHSAN sobre el regreso de estudiantes a clases

El Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Hacienda y del Sistema Aduanero Nacional (SITRAHSAN) comunica lo siguiente sobre el regreso de estudiantes a las aulas:

“En nombre del pueblo de Costa Rica, deseamos resaltar el esfuerzo de este mega ministerio en dotar de los recursos necesarios al Ministerio de Educación Pública, al Ministerio de Transportes, mediante la Policía de Transito; al Ministerio de Seguridad Pública, por medio de la Policía Civil; al Ministerio de Salud, para la salud oportuna de la Población Estudiantil, y a muchos más esfuerzos presupuestarios, para que todo el sistema que se  activa con la entrada a clases, o el inicio del Curso Lectivo 2023, sea placentero y se vea como una muestra de la fiesta democrática que vivimos padres, madres, abuelos, y abuelas de esta gran Nación.

Deseamos resaltar la labor del Ministerio de Hacienda para asegurar los fines mismos, en el ejercicio del Control Fiscal, y la recaudación de los tributos.

Esto, señor Ministro, no es sólo encomiable labor, esto es digno de resaltar a todas las naciones, no obstante, le solicitamos públicamente, se sigan gestando actuaciones de este Ministerio, para combatir el fraude y la corrupción fiscal.

Seguimos haciendo votos para que de manera enérgica y ejemplarizante, se sigan denunciando los casos de presunta actuación fraudulenta contra el Estado mismo. Seguimos haciendo votos para tener un Ministerio robusto. Seguimos haciendo votos para  tener un ordenamiento jurídico “explosivo” e inmediato en la aplicación de sanciones, al  trasiego de mercancías sin declarar, porque el fraude aduanero fue “irresponsablemente derogado”.

Seguimos haciendo votos para que empresas como WALMART y La Nación o sus subsidiarias sean incorporadas en la listas anuales de Fiscalización y hacemos votos para que se revise la reiteración de hasta tres años, año a año, de empresas que se han fiscalizado y que eventualmente parece ser “una sacada de clavo interna”.

Seguimos haciendo votos, para que se fiscalicen de la mejor manera, las actuaciones de índole financiero, dotando de más recurso humano y auditores informáticos, para las actuaciones de control fiscal.

Agradecemos señor Ministro, los esfuerzos de su Despacho en fortalecer al Estado mismo”.

Mega casos

En SITRAHSAN los diferentes miembros de la junta directiva tratamos de esclarecer la situación respecto a las actuaciones que se derivan de la última conferencia de prensa, respecto a la comunicación de mega casos de fraude fiscal:

Ciertamente hay opiniones encontradas de apoyo o exigencia a nuestras autoridades de lo que circula en redes sociales, apreciando muchos de esos aportes (de redes sociales) unos bien intencionados, otros desacreditando la valentía de hacer pública la actuación de un Ministerio vigoroso y combativo del fraude fiscal.

Debemos tener claro que, al no indicarse nombres resultó muy extraño que un ex Ministro de Hacienda o sus representantes en Costa Rica, se dieran por aludidos y “pegaran el grito al cielo”.

Se auto señaló el posible infractor, en el argot popular decimos “el que la debe la teme”.

La posición valiente de denunciar generó un acto reprochable, un fiscal desestima la causa, acto que solo un Juez de la Republica lo puede hacer, el fiscal en tiempo libre o de vacaciones según se indica, sale corriendo a emitir la desestimación.

La viceministra no los acompañó, estuvo ausente, aún no sabemos su excusa, pero no queremos pensar que se lesiona un derecho subjetivo quizás, si su presencia comprometía un posible cliente de la firma a la cual brindaba sus servicios profesionales antes de ser nombrada viceministra; el estar ausente nos genera muchas dudas, cuando al haber rendido juramento debió estar enarbolando el estandarte nacional en defensa de todo un Estado , el cual sus ciudadanos exigen justicia pronta y cumplida contra los que delinquen contra sí.

La fiscala encargada no ha justificado aun las razones o motivaciones que se vertieron en la “desestimación” comunicada a esa firma.

No se conoce en su argumentación la coordinación o conversación con los auditores fiscales.

Nos preocupa el arsenal legal que podría desplegar la firma contra nuestras autoridades, en la eventual denuncia penal, hecho que podría más bien ser una estrategia legal para conseguir inmunidad tributaria, hecho que nuestro SINDICATO SITRAHSAN ha señalado, respecto al confort fiscal de sectores muy poderosos de la economía, como el financiero, sector en mucho “usurero” generador de grandes capitales , disfrazados en muchos hasta de fideicomisos, de emporios de bienes raíces, de leasing en vehículos y propiedades, sector turismo, y sector médico en beneficios médicos.

Es decir, por el poder económico que se ostenta, pretenden hacer lobby o pasarela, como los magnates y más prominentes consorcios empresariales, y si se meten en su camino, nos “mutila” y aquí no es sólo nuestro Ministro o el Director, aquí es todo un pueblo que está cansado de las artimañas creadas para que los “peces gordos” no paguen impuestos.

La versión final es que hubo noticia crimen, estuvo bien planteada, pero “los tentáculos” del poder se movieron de manera “pronta y cumplida” mientras un viejito de Nicoya o una ama de casa en la CCSS debe esperar dos años para que le otorguen una pensión de asignaciones familiares.

La nada despreciable suma en cincos más o menos de “once mil millones de colones”, es sólo uno de muchos si aquí se “bailan” los controles fiscales. Basta ir a ver los balances generales de una empresa en una entidad financiera y comparar contra el presentado ante la Hacienda Pública. Para pagar impuestos están en “default técnico”, para inversiones están “como la quinceañera” bonitos y muy galantes.

¿Acaso es nuevo esto?, pues no. ¿Por qué ningún diputado se anima a legislar contra el fraude, la evasión y el contrabando?, pues porque es un MEGA NEGOCIO de 8 o más puntos del PIB, casi 3,4 billones al año se quedan en manos privadas, entonces la pregunta debe ser: ¿Quién o quiénes se están engordando?

Que salga a la luz, pues es bueno, que se equivocaron, no, está la causa presentada, el fiscal no puede desestimarla, es una realidad, entonces desde toda esquina de nuestro MEGA MINISTERIO debemos apoyar a nuestras autoridades, señalar a quién estuvo ausente y exigir su renuncia “si tuvo miedo” de denunciar; y legislar en mejores herramientas para ejercer el control fiscal.

Hay situaciones de desacuerdo sindical, empleo público es uno de ellos, y debemos señalar coincidencias o diferencias con sobrado análisis e información, entre tanta desinformación.

No podemos tolerar el fraude o la evasión y elusión, 3,4 billones andan por las calles, pero eso es apenas una Mega “chispa”

Reiteramos lo indicado antes: que venga todo aquel que desee hacerse millonario a Costa Rica, con inteligencia, que genere empleo, que cumpla también con los deberes formales, pero si intenta defraudar al Estado, el Estado mismo lo debe encarcelar.

Denuncia por fraude fiscal en Aldesa

Como parte de la coyuntura de la conmemoración de los 201 años de independencia, Flora Fernández quien su madre fue víctima de estafa de parte de la Aldesa Corporación de Inversiones y demás personas víctimas, presentaron una denuncia por el fraude fiscal cometido por esta corporación años anteriores. 

Doña Flora no se ha rendido ni desanimado ante la ineficiente toma de acciones de parte de los organismos responsables. Esta vez, Fernández y las demás personas dan la lucha ahora en Control Extensivo y esperan que Hacienda y Tributación actúen según lo establece la ley. 

Fernández declara que no es vendiendo instituciones, ni quitando frecuencias al ICE, ni privatizando bancos nacionales como se arreglan los problemas fiscales, sino cobrando a los evasores y roba impuestos de los y las ciudadanas. 

Sí desea ver más sobre la publicación de Flora Fernández: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0n79LJZiZKt3c4SSEy8WoceoxJuZezzobydncetT1zjYCMpAVvXNTCu4cL1MVWex3l&id=571468509

Educación pública: pilar del desarrollo

Mainier Barboza Soto.

Mainier Barboza. Movimiento Patriótico

El gobierno pretendió un recorte a las universidades públicas de casi una cuarta parte, bueno, alrededor de C129 mil millones, es decir, menos de la tercera parte de lo que la amnistía fiscal en 2018 otorga a los deudores de impuestos y evasores, ya condenados por Hacienda, o juicios en trámite legal avanzado. Nadie del gobierno protestó, ni lo rechazó; para entonces se hablaba de una evasión y elusión superior al 8% del PIB, o sea unos $4.800 millones de dólares.

El señor presidente habla mucho de combatir la evasión y la elusión, el fraude fiscal y no se ve todavía una «socada de faja real» (ya se le envió de parte del Movimiento Patriótico, una propuesta para resolver esa situación, de forma rápida y sencilla).

Al situarse y situar a la educación primaria y secundaria como prioridad, respecto a las universidades públicas, creando o fomentando, no solo una división, sino un potencial enfrentamiento entre el estudiantado de ambos sectores, espero que no de profesionales del MEP y de las universidades.

El Índice de Desarrollo Humano mide tres parámetros:

1- esperanza de vida al nacer

2- nivel de escolaridad, y

3- nivel de ingresos

Este IDH señala en el numeral 2 que los países con mejor índice de desarrollo humano tienen altos niveles de escolaridad, es decir universitaria, además de los grandes ingresos y muchos años de vida y saludable.

La educación es un pilar del desarrollo de los Estados, como factor de gran efecto social, económico y político, la educación pública en sus 4 niveles, para Costa Rica, (primaria, secundaria, técnica y terciaria o universitaria), ha reflejado en el recorrer de su historia, el salto gigante que nuestro país ha dado desde el decenio 1940-49; que todavía tiene mucho que decir a las generaciones actual y futuras.

CTRN propone medidas para lograr transparencia en la gestión pública

CTRN propone medidas para lograr transparencia en la gestión pública

SURCOS comparte la siguiente información:

En el video que se publicó en el canal del Periodico SURCOS, Lenin Hernández, presidente de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, expone que el problema del déficit fiscal en nuestro país obedece a actos de corrupción más la elusión, evasión y fraude fiscal. 

Esto pasa frente a nuestros ojos y estos grupos de poder económico y político siguen financiando las campañas electorales de los partidos políticos tradicionales con el fin de mantener su estructura de corrupción en el gobierno siguiente. Lo peor de esto es que se culpa al empleado público del déficit. 

En el video se hace una reflexión sobre los servicios públicos y plantea la situación que estarían viviendo los costarricenses si la Caja Costarricense de Seguro Social no operara. En relación con esto se propone la siguiente campaña: “No más corrupción en nuestro país: somos más los buenos”, para exigir a los poderes de la república transparencia, participación ciudadana, mejor administración pública, instrumentos de rendición de cuenta efectivos, impulsar un proyecto de ley para elegir de manera directa a los diputados y los puestos municipales.

Adjuntamos el video oficial:

¿Existe la justicia social en Costa Rica?

ANDE, UNDECA y BUSSCO invitan al foro “¿Existe la justicia social en Costa Rica?” el cuál se realizará este lunes 28 de junio a las 5:00 pm. Se contará con la participación de:

  • Jorge Coronado Marroquín
  • Martha Rodríguez González
  • Lorenzo Ramírez Cardoza

La moderación estará a cargo de Kelly Barquero Vargas

El foro se podrá sintonizar por medio del Facebook live de ANDE

Costa Rica y el FMI: Los Eslabones Perdidos

Luis Paulino Vargas Solís.
Economista
Director a.i. CICDE-UNED
Grupo Economía Pluralista

Acuerdo con el FMI… Hay problemas en lo que incluye y, en especial, en cómo lo incluye. Pero el mayor problema está en lo que no incluye, en lo que dejó fuera e ignoró.

¿Por qué desde 2009 la deuda pública ha venido creciendo sostenidamente? Bueno, porque ha habido un déficit fiscal considerable, resultante de una reducción relativa de los ingresos del gobierno, pero, sobre todo, de un incremento considerable de sus gastos corrientes, incluyendo remuneraciones y transferencias. Esa es la respuesta rápida, la usual entre nuestros economistas, pero también es la respuesta fácil y superficial.

Es preciso entonces agregar: la deuda ha crecido también, y principalmente, porque la economía crecía relativamente poco y las tasas de interés sobre la deuda han sido excesivamente altas y, en particular, claramente superiores al propio ritmo de crecimiento de la economía. En esa relación entre tasas de interés sobre la deuda y tasas de crecimiento de la economía está, desde el punto de vista matemático, la clave de la insostenibilidad de la deuda, porque implica un crecimiento automático de ésta por encima del crecimiento de la economía.

Pero en el momento en que entramos a considerar la tasa o ritmo de crecimiento de la economía, volvemos al principio de nuestra historia, ya que si los ingresos del gobierno han tenido un comportamiento insatisfactorio, que agudiza los desequilibrios fiscales, en buena medida es por causa del mediocre dinamismo de la economía. No es difícil entender la razón: una economía dinámica, que crea muchos empleos y pone en marcha un intensificado flujo comercial, con ello mismo genera acrecentados ingresos por concepto de impuestos que desembocan en las arcas públicas.

Pero además acontece que si los gastos los vemos más grandes, es precisamente porque los comparamos con una economía que es más pequeña de lo que debería ser, lo cual, a su vez, es reflejo de su insatisfactorio dinamismo durante más de un decenio. Es decir, también en este caso lo decisivo son las cifras relativas más que las absolutas, o sea, el gasto del gobierno comparado con el tamaño de la economía.

Desde luego, otros factores también inciden. El fraude fiscal, la inequidad del sistema tributario y la baja tasa de tributación son algunos de ellos. De momento omitiré detalles al respecto, pero sí enfatizo: en los tres casos hay sólida evidencia empírica que respalda la hipótesis de que, en efecto, son problemas importantes.

Pero, en fin, y volviendo a lo que más arriba indiqué, la variable atinente al dinamismo de la economía es de decisiva importancia, aun cuando no sea la única que debamos considerar. Y es especialmente importante, si de poner bajo control la deuda se trata.

El caso de Grecia ilustra ese punto con claridad. Se sometió a la población griega a un sacrificio brutal e inhumano, cuyo objetivo era generar un superávit fiscal primario (o sea, un excedente de los gastos sobre los ingresos, sin incluir los pagos por intereses). Lo lograron (a un costo inenarrable), pero ello no impidió que la deuda, expresada como porcentaje del valor de la producción nacional de Grecia (su Producto Interno Bruto, PIB), siguiera subiendo. Hoy es más alta de lo que era al inicio de la crisis, allá por 2009-2010, a causa de que las políticas de recorte y austeridad aplicadas provocaron un pavoroso desplome de la economía. Al año 2019, el PIB de Grecia era un 23% más pequeño de lo que era en 2007. Con la pandemia ese hueco se amplió a casi 30% en 2020. Ello significa que al hacer la división “deuda/PIB”, el denominador de esa razón (el PIB) se contrajo violetamente, elevando en consecuencia la proporción respectiva. La deuda, que representaba un 126,7% del PIB en 2009, alcanzó un 180,9% en 2019. La crisis asociada a la pandemia del Covid-19 ha agravado la situación, llevando la cifra a 205,2% (los datos provienen del World Economic Outlook Database, del Fondo Monetario Internacional, FMI: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October).

Una primera conclusión que se deriva de lo anteriormente planteado tiene que ver con el hecho de que el problema fiscal es mucho más que un asunto de sumas y restas. No se agota, ni mucho menos, en la mera contabilidad de gastos e ingresos del gobierno. Es una cuestión multifacética y compleja, respecto de la cual destaco aquí solamente lo siguiente: entre los equilibrios (o desequilibrios) fiscales y la economía en general, hay una relación de doble vía. Para bien o para mal, ambos se influyen mutuamente.

Ello tiene importancia, a la hora de evaluar los efectos esperables que podrían derivar del acuerdo que el gobierno ha negociado con el FMI, en cuanto éste está formulado en términos tales, que claramente sugieren efectos negativos sobre el desenvolvimiento de la economía de Costa Rica en los próximos años, lo que, en bucle de retroalimentación negativa, impactaría sobre las finanzas públicas.

Recordemos que durante todo el período posterior a 2008, el desempeño general de la economía costarricense tendió a ubicarse por debajo de sus estándares históricos previos. Esa pauta se hizo más clara luego de 2013, y todavía más pronunciada luego de 2018. Con la pandemia del Covid-19, la producción nacional sufrió una significativa contracción (estimada por el Banco Central en un -4,5%), la más severa desde la crisis de 1980-82.

Como ya expliqué más arriba, ese crecimiento económico relativamente mediocre, ha impactado negativamente, y de diversas formas, sobre los desbalances fiscales. Pero aquí se hace necesario agregar algo más: el empleo. Puesto que éste determina el ingreso de las personas y los hogares, asimismo influye sobre su capacidad de consumo y, en último término, sobre su capacidad para generarle ingresos al gobierno mediante el pago de impuestos. El problema -muy serio problema- es que desde 2009 en adelante, este año incluido, la situación del empleo en Costa Rica, es terriblemente insatisfactoria, y se hundió en forma cataclísmica en 2020, bajo el impacto de la pandemia.

Nada en lo negociado con el FMI, ni en las leyes y reformas que le acompañan, toma esto en cuenta. Es decir, no hay políticas en materia de reactivación de la economía y creación de empleos. Son como al modo de eslabones perdidos, y su ausencia puede tener graves consecuencias. A lo sumo se reitera la tesis de la “austeridad expansiva”, frecuente en las disertaciones de Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, la cual se plantea más o menos así: “el programa de recorte fiscal hará bajar las tasas de interés y devolverá la confianza a los empresarios, incentivando la expansión de la producción y el aumento de las contrataciones de personal”.

Esta es una tesis comprobadamente falaz, ampliamente desacreditada. Lo que sí está bien comprobado, es que, todo lo contrario, la austeridad fiscal tiene efectos depresivos sobre la economía. Y el efecto puede ser aún más problemático en una economía que ha sufrido una severa recesión, y que, además, arrastra graves problemas de empleo.

Según lo negociado con el FMI, el ajuste fiscal propuesto, es decir, la reducción esperada del déficit fiscal es por una magnitud de 4,75% como proporción del PIB, en el quinquenio 2021-2025, la mayor parte del cual (cerca de 3,5%) se concretaría en los tres primeros años. Esa es la magnitud total del recorte a la demanda en la economía, que necesariamente implicará menos ventas paras las empresas y menos flujos de comercio. Difícilmente eso incentivaría la confianza empresarial, ni les induciría ampliar su producción y su empleo.

Es un ajuste menos severo que el que, por ejemplo, se le impuso a Grecia, lo que, en principio, haría esperables efectos negativos no tan groseros. Pero esos efectos inevitablemente se sentirán. Con un agravante: se aplican sobre el telón de fondo de una economía que el año pasado tuvo una contracción significativa, y que arrastra horripilantes niveles de desempleo.

Se abre así una perspectiva preocupante: estancamiento económico y alto desempleo por un largo período, lo cual debilitaría las bases económicas indispensables, sin las cuales la sostenibilidad de las finanzas públicas se vuelve muy incierta.

Artículo relacionado: Costa Rica y el FMI: un camino trillado, un fracaso seguro

Compartido con SURCOS por el autor, publicado en su espacio digital:
https://sonarconlospiesenlatierra.blogspot.com/2021/02/normal-0-21-false-false-false-es-cr-x.html?m=1

 

Impuestos y no más evasión y fraude para afrontar la grave crisis del país

Luis Fernando Astorga Gatjens,
(luferag@gmail.com)

La situación económica-social del país es ya muy difícil y sin duda, se pondrá peor como consecuencia de la prolongación de los graves efectos de la pandemia, particularmente, las inevitables medidas de cierre, confinamiento y cuarentena.

Miles de familias costarricenses se han visto severamente golpeadas por la brusca reducción de los ingresos, por una crisis que ya ha alcanzado tres meses y cuyo horizonte de superación, no está claro.

La posibilidad de una vacuna eficaz y un tratamiento efectivo para combatir la covid-19, se vislumbran muy lejanamente. Se afirma que se podrían alcanzar resultados al final del presente año y con mayor certeza, en el 2021. Asimismo, está por verse si una vez obtenida la vacuna, se va a producir tan masivamente, que pronto pueda llegar con precios asequibles para países como el nuestro.

El pueblo costarricense en todas sus expresiones está sufriendo la crisis económica. Se incluye a ese 46 % de las y los trabajadores que ha venido subsistiendo dentro de actividades informales, y que el confinamiento, les impiden o les limitan la generación de ingresos. Las micro y pequeñas empresas que también se han visto limitadas a desarrollar sus actividades productivas. Los agricultores que ven cómo llegan las cosechas y se les complica la venta de sus productos en las ferias u otros mercados. Las y los trabajadores del sector privado que han sido despedidos o les fue reducida su jornada laboral y, lógicamente, también su salario. Las y los funcionarios públicos, especialmente, los de salarios más bajos, que no percibirían aumentos salariales en los próximos cuatro años.

Es seguro que en la medida que la situación de crisis sanitaria se extienda por más tiempo, las secuelas económicas y sociales serán más duras.

Los gastos en el campo de la salud se han aumentado y todo indica que se van a requerir más recursos para afrontar los desembolsos de los meses venideros. La CCSS, que ha sido tan significativamente debilitada en sus ingresos, requerirá que se le inyecten recursos tan urgentes como inmediatos. No hacerlo pone en grave riesgo al país, por el serio incremento de contagios que se está dando en el presente. La amenaza de un crecimiento exponencial está latente.

Para la obtención de recursos tanto para la atención sanitaria como para la reactivación económica, algunos sectores proponen la solicitud y obtención de préstamos en el exterior. En las condiciones actuales, algunos de estos préstamos hipotecarían el futuro del país y de las nuevas generaciones, y vendrían con condiciones muy desfavorables, que incluyen la venta de valiosos activos del Estado. Este no es un camino ni bueno ni sano para la economía nacional.

La pregunta inmediata que surge es: ¿Y de dónde se deben obtener los recursos que el país demanda con urgencia?

Una fuente fundamental en el presente deben ser los impuestos que evaden y eluden las grandes empresas. El año pasado el Ministerio de Hacienda publicó un número de grandes contribuyentes (que no lo han sido, valga la observación), que declararon cero ganancias de forma reiterada en los últimos diez años.

Muchos de estos “contribuyentes” forman parte de la UCCAEP, que ha venido impulsando acciones para hacer que el peso de esta grave crisis recaiga en las y los trabajadores del Estado y en otros sectores sociales y poblacionales. Esta organización, que representa los intereses de las grandes empresas ha pretendido, incluso, que algunas de sus representadas obtengan ganancias en medio de una situación tan apremiante para el país.

Por otra parte, cuando se ha propuesto la necesidad de aprobar impuestos, de inmediato la UCCAEP (como sus “representantes” y voceros en el Gobierno, en la Asamblea Legislativa y en algunos medios informativos), ponen el grito al cielo y los rechazan, utilizando múltiples argumentos, que esconden sus intereses y la falta de compromiso con el desarrollo democrático del país.

Ante la gravedad de la pandemia en sus efectos económicos, muchos reputados economistas (que incluyen Premios Nobel en este campo), se han pronunciado en el sentido de que, para afrontar esta crisis, es inevitable que los países aprueben cargas impositivas, particularmente, a las grandes fortunas y a las grandes empresas. Es decir, a quienes han acumulado mucha riqueza y que, utilizando múltiples medios y mecanismos, eluden o evaden el pago de esos impuestos.

El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolitica (CELAG) ha realizado encuestas en disferentes países de la región, consultando sobre la necesidad de un impuesto a los grandes ricos y empresas, que contribuya a enfrentar la crisis generada por la pandemia. “Las últimas tres encuestas realizadas por el CELAG en los pasados dos meses, muestran que en Argentina, Chile y México existe un gran acuerdo sobre esta temática: En Argentina, el 78 por ciento de las y los encuestados estaría de acuerdo con el impuesto a las grandes fortunas; En Chile, este valor es de 72 por ciento y en México es de 67 por ciento. En todos los casos observados hay, como mínimo, dos tercios de la ciudadanía que apoyan esta política pública.

Este tipo de encuesta no se ha realizado en Costa Rica, pero es muy probable que, si se realizara, sin duda, la gran mayoría de la ciudadanía estaría de acuerdo en este tipo de impuesto. Igualmente, estarían de acuerdo, en que el gobierno utilice todos los mecanismos a su alcance para reducir la evasión y el fraude fiscal.

Es hora de que todos quienes se han beneficiado de todo lo que les ha ofrecido el país, contribuyan sin mezquidad y egoísmo, a que Costa Rica salga adelante de una situación tan desafiante como difícil.