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Etiqueta: Freddy Pacheco León

Baulas en su paradoja

Freddy Pacheco León

Amigos nos dicen no entender, que exista un parque nacional marino para proteger a tortugas baula, que ya no anidan en los siete kilómetros protegidos de las playas Ventanas, Grande y Langosta. A ellos y a ustedes, les contamos que cuando se creó esa área de conservación, hace tres décadas, llegaban a desovar unas 400 baulas ¡por noche!, por lo cual se justificó, razonablemente, la protección de ese litoral para su anidación, por iniciativa y apoyo de los vecinos que tenían sus viviendas, más allá de los inalienables 50 m de zona pública. ¿Se imaginan lo maravilloso que habrá sido, admirar a lo largo de esos 7 km de playa, cientos de las más grandes tortugas marinas del planeta, en una noche? El espectáculo natural duraba unas 12 semanas, y la dicha de los habitantes que no solo las admiraban, sino que, además, las cuidaban, era indescriptible. ¿Quién, de ellos, querría hacerles daño?

Resulta que los que allí vivían, desde más de 20 años antes de la creación del parque, residían en casas, que, al haber sido construidas del año 1977 para atrás, se determinó la existencia de la «zona marítimo terrestre», que no fueron afectados por la nueva zonificación, pues para entonces, los lotes y viviendas eran propiedad privada, tal y como lo reconoció el expresidente don Daniel Oduber, promotor y ejecutor de la ley.

Así, fueron pasando los años, y los mismos habitantes cercanos a las playas del Parque Nacional, se convirtieron en dedicados guardianes de las tortugas y sus nidos, durante los cuatro meses que duraba la temporada de desove. ¡No existía otro lugar a lo largo de la vertiente del Pacífico latinoamericano, con similar atractivo!, y la conservación era más que una política; era, más bien, una forma responsable de vida, de la cual se sentían muy orgullosos.

Pero un día la situación cambió. Entró en acción, una organización estadounidense de «investigación» (“The Leatherback Trust”) que ejecutó experimentos que jamás entendimos ¡cómo fueren avalados por nuestras autoridades ambientales! Y no lo entendimos entonces, ni lo entendemos hoy, pues usaron procedimientos experimentales, en los cuales sacrificaron tortugas baula recién nacidas, 1- congelándolas hasta morir, 2- con inyecciones letales al corazón, 3- anestesiándolas o 4- decapitándolas, según las publicaciones científicas generadas a partir de ellos. El Fideicomiso Baulas (así conocida en español) era una Organización vinculada con autoridades ambientales del gobierno de la República, que compartían sus objetivos. Gracias a esa comunión de ideas, se «compró la idea» de que todas las propiedades ubicadas a lo largo de 7 km de playas, atrás de los 50m del parque marino, ¡eran parte del mismo!, y que, por tanto, tendrían que ser expropiadas. Ante dichas acciones impulsadas por el ente extranjero, lo primero que hicieron los habitantes que, de un día para otro, amanecieron viviendo dentro de un parque nacional, fue hacer una lectura de la Ley de Creación del parque marino, para tratar de entender, el origen de ese gran conflicto que sorprendía a cientos de propietarios vecinos del área de conservación. Al hacerlo así, por un momento la tranquilidad imperó nuevamente, pues en el texto del artículo 1°de la Ley N°7524 de 1995, se lee que, además de los 50m de playa, manglares y unos islotes, el parque cuenta, además, con un área marítima marcada por una línea imaginaria paralela a la costa, distante 125 metros de la pleamar ordinaria aguas adentro». No había pues, nada especial o desconocido por qué preocuparse, pues la legislación reafirma cuáles son los límites del parque, y, de paso, reitera los derechos conocidos desde 1977 (Ley de la zona marítimo terrestre) y posteriormente, en 1995, como vemos, en la Ley de Creación del Parque Nacional marino.

Cabe mencionar, que con ello se cumplía a cabalidad, uno de los objetivos de los parques nacionales, cual es el de involucrar a las comunidades vecinas, a ser partícipes de los beneficios derivados de la conservación ambiental. En este caso, además de la sensación de orgullo, inherente a ser partícipes de la protección efectiva de las monumentales tortugas baula, y sus playas anidación, esas personas gozaban de un privilegio incomparable.

Pero sucedió algo insólito, que este biólogo todavía no logra entender. Como parte de movimientos de un juego de ajedrez, con dos reinas negras o algo equivalente, desde la Procuraduría General de la República, salió «un papel», que dice que, donde en la ley se lee «125 metros de la pleamar ordinaria aguas adentro«, se habrá de leer «125 metros de la pleamar ordinaria TIERRA ADENTRO». ¡Así como lo narramos! Con esa determinación estrictamente ilegal, pues no se puede calificar diferente, el ministro de Ambiente Carlos Manuel Rodríguez, puso a correr al personal del Minae, y en pocas semanas se empezaron a procesar expropiaciones millonarias, sin contar, además, con los dineros para ejecutarlas, pero sí con los instrumentos que evitaban, de paso, el desarrollo equilibrado que responsablemente propuso la Municipalidad de Santa Cruz, con la asesoría de la Universidad Nacional, para el área vecina a las playas del parque, definidas en su Ley de Creación. Reglamento de zonificación que fuese atacado en la Sala Constitucional, con argumentos que se reflejan en el oscuro voto que precipitadamente, lo rechazó.

Hoy, unos 20 años después de esa insólita acción gubernamental, como lo vaticinamos entonces a partir de la información disponible, la horrorosa matanza de tortugas baula en el Pacífico sur, a miles de kilómetros de las playas costarricenses, acabaría con las poblaciones de tortugas baula que justificaron la creación del Parque Nacional en Guanacaste. Ahora, una sensación de profunda tristeza invade a los habitantes cercanos a sus 7 km de playas, pues las grandes tortugas marinas, esos fósiles vivientes, que, desde hace unos 100 millones de años, surcan los mares del planeta, dejaron de anidar en las playas guanacastecas del área de conservación, creada para protegerlas. Así que, hoy, mis amigos, Costa Rica tiene un parque nacional para conservar baulas… ¡sin baulas!

Lavandería express

Freddy Pacheco León

Así como observadores electorales de la OEA, nos dicen lo que tanto presumíamos muchos costarricenses, en relación con los dólares del narcotráfico en ciertos partidos políticos, así habría que invitar a otro tipo de «observadores», que nos hablen de la «lavandería» en que, aparentemente, se ha convertido la economía de Costa Rica.

La «cascada de dólares» que ha devaluado la moneda estadounidense, y golpeado a los sectores turístico y agroexportador, entre otros, no es algo intrascendente, aunque contribuya a sostener buenos índices macroeconómicos, para satisfacción de autoridades hacendarias, que, como gran cosa, cuentan todas las noches, cuántos dólares más guardan «bajo el colchón».

Ciudad Gobierno y alquileres

Freddy Pacheco León

Por supuesto que creemos, que el Estado ha de ir sustituyendo los alquileres que pagan algunas de sus instituciones, por bienes de su propiedad. Pero, igualmente creemos, que dichas nuevas construcciones han de obedecer a una adecuada PLANIFICACIÓN, para así tratar de garantizar un uso eficiente de las mismas. Que sus espacios obedezcan a necesidades actuales y futuras, ni muy pequeñas ni muy grandes, para que los funcionarios trasladados, encuentren las mejores condiciones, y así, el dinero público invertido, tenga óptimo aprovechamiento. Lo que se ha de pretender es que los servicios que allí se brindarán, sean sustancialmente mejores, y que las condiciones laborales de los que allí trabajarán, así lo permitan.

Sin embargo, ¿verdad que hay algunas cosas que parecen no ir bien? Tanto la ministra como su viceministra de Planificación, que se presentaban como encargadas de la importantísima planificación, de un proyecto que albergaría a miles de trabajadores, dejaron el gobierno, como parte de la ola de renuncias que se diera a lo largo del año pasado. Surge entonces, la interrogante de si habrán dejado estructurada y en funcionamiento, una oficina ejecutora, encargada de toda la compleja logística que demanda un proyecto de tal magnitud. Esperamos que así haya sido.

No sabemos si ustedes, amigos, habrán tenido la oportunidad de conocer el proyecto integral, con el nivel de detalle necesario, que justifique para la ciudadanía, el préstamo por US$450 millones, que otorgaría el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), o si existe, como habría de ser, una página web, donde los ciudadanos que pagaríamos el préstamo y acudiríamos por los servicios públicos que allí se ofrecerían, podamos conocer, y valorar, si es del caso, las instituciones que se mudarían, los espacios que ocuparían, la cantidad de funcionarios para los que se ha planificado, los diseños y distribución finales, la inversión en el nuevo mobiliario y equipo, lo que se ha pensado sobre los problemas del transporte hacia y desde la «ciudad», la cantidad y ubicación de los espacios de estacionamiento para funcionarios y usuarios, las previsiones presupuestarias para el pago del préstamo extranjero, y los costos de mantenimiento. Por eso, si alguien sabe de la existencia de esa página informativa, o, por lo menos, cómo se podría conocer una actualizada información del mismo, muchos agradeceríamos esa información.

Lo que sí se conoce es que se pagó US$50.000 a un arquitecto venezolano que diseñó el complejo de edificios para 35 instituciones públicas, y 11.000 servidores. Números redondos que evidencian, escaso nivel de detalle, y que no creemos el diseñador haya tampoco conocido a la hora de hacer su trabajo bien remunerado. Y es que, hay que valorar, que el proyecto, fraguado inicialmente durante la segunda administración de don Óscar Arias, fue cambiando con el tiempo, hasta ser heredado al presente gobierno, por la administración de don Carlos Alvarado, originalmente consistía en una «Ciudad Gobierno» de US$320 millones, que se desarrollaría mediante la modalidad de concesión a 30 años plazo. O sea, un ente, que podría ser un fideicomiso, lo construiría con sus propios fondos, cubriría su inversión y obtendría sus ganancias, mediante el pago de alquileres, por ejemplo. El proyecto recibido y anunciado por la administración de Rodrigo Chaves, tiene un costo US$130 millones más caro. Mediante una diferente modalidad, se haría un préstamo con el BCIE, y el mismo banco centroamericano, se encargaría de su construcción en los terrenos estatales, y del cobro de un alquiler a su favor durante 25 años, con el cual indemnizar el endeudamiento que se trasladaría a los costarricenses. Al final de los cuales (esto no está claro todavía) el BCIE traspasaría el complejo de edificios, o no, al Estado.

Alrededor de unos 160.000 metros cuadrados de construcción (más o menos porque tampoco eso está suficientemente definido) sería la magnitud de la obra, pero, quizá porque la “oficina ejecutora” que debería existir en el Ministerio de Planificación, no ha sido lo competente que se requiere, hay algunos aspectos que todavía están sin definirse, y que, en este momento, hacen inviable el proyecto. Específicamente, llama la atención que los asesores jurídicos de dicha oficina, no se hubiere percatado y llamado la atención a sus compañeros, que, por tratarse de un préstamo internacional, el mismo debería contar con la aprobación de la Asamblea Legislativa, Poder que tiene el deber de aprobar los presupuestos de la República y, como en este caso, conocer las condiciones del préstamo, y la viabilidad de dicho endeudamiento. Es mucho el dinero y razonablemente, jamás se podría tramitar como algo ajeno a las normas constitucionales, pues podría comprometerse el Estado con una operación crediticia que en la de menos no podría honrarse.

Erróneamente, los encargados de ese trámite, empezando por el presidente Chaves, no aceptan que un endeudamiento tan significativo tenga que ser aprobado por la Asamblea Legislativa, e insisten, sin ninguna posibilidad de cambiar el criterio legal, en no enviar el respectivo proyecto a conocimiento del Congreso, al tiempo que acusan, hasta soezmente, a la señora Contralora General de la República, de estar “interpretando” indebidamente la legislación que todo funcionario, y principalmente el ente contralor, tienen el deber de cumplir, según su leal entender. Y para profundizar el error que no quiere admitir la asesoría jurídica de la Casa Presidencial, anunciaron la presentación de un proyecto de ley de “interpretación auténtica” de una legislación específica, pero solicitando, en el mismo acto, la modificación de los dos artículos de la ley que, dicen ellos, deben ser interpretados por la Asamblea Legislativa. Error tras error, si no es gallo es gallina, dice el refrán popular.

El proyecto presentado, en el fondo, no se trata de una “interpretación auténtica” (que presienten que no cabe) sino de una modificación en el contenido de una ley, cuyo texto obviamente les incomoda. La finalidad de una interpretación auténtica, es la de aclarar conceptos oscuros o dudosos de la ley que se dice, hay que interpretar, para así entender de manera precisa cuál es el sentido real de la intención del legislador. Por lo cual, al plantearla sobre una ley diáfanamente clara, se estaría, por el contrario, ante la necesidad de crear un texto sustituto al original. Modificación que es válida presentar, pero jamás acompañada de una solicitud de interpretación auténtica que, creemos, los señores diputados no entrarán siquiera a conocer, por insólita.

En términos formales, el gobierno presentó dos proyectos de ley sobre la Ley General de Contratación Pública con el fin de construir Ciudad Gobierno, sin necesidad de que su financiamiento cuente con la aprobación de los diputados, como se exige en los casos de endeudamiento externo. Un proyecto plantea la interpretación auténtica de los artículos 67 y 77 de Ley General de Contratación Pública, para “esclarecer el espíritu del legislador y el contenido de estas normas”, a fin de que no restrinjan el desarrollo de proyectos bajo mecanismos especiales en terrenos públicos. El otro es una reforma a la Ley General de Contratación Pública, en los mismos artículos 67 y 77, para que la normativa permita el desarrollo de este tipo de proyectos bajo mecanismos especiales, en terrenos del Estado. O sea, desde la misma propuesta, la oficina ejecutora del proyecto Ciudad Gobierno, reconoce de antemano, que ante la interpretación que hace la Contraloría General de la República, lo que hace falta es, en forma casuística, a partir del caso particular que obliga a un trámite equilibrado que demanda transparencia, modificar la legislación que se está aplicando, para adecuarla a deseos expresos del presidente, de pagar por un alquiler de unos edificios construidos por un extraño en terrenos del Estado. ¿Raro verdad?

Y es que la administración Chaves quiere que la construcción de Ciudad Gobierno se efectúe bajo una figura de arrendamiento operativo, que se encuentra regulada por el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública, pero para situaciones que no conlleva deuda. Además, el Ejecutivo pretende desarrollar Ciudad Gobierno, sin concurso público, bajo la ejecución y el financiamiento del BCIE, en una cuadra ocupada hoy por el MOPT, unas propiedades privadas cercanas, y una cuadra perteneciente al Liceo de Costa Rica, fundado en 1887, por ley específica a su favor, que impulsara el expresidente ex liceísta don Daniel Oduber.

No solo la Contraloría General de la República (órgano de la Asamblea Legislativa), ratificó la ilegalidad de la iniciativa del Poder Ejecutivo, sino que, además, resulta que la cuadra que hasta hace unas semanas era arrendada por el MOPT al centenario Liceo, situada al sur del edificio oeste del colegio, sigue siendo propiedad del mismo. Pese a ello y a que no se puede construir en una finca ajena, el Ejecutivo no ha siquiera presentado iniciativa legal alguna, para negociar con los representantes del Liceo de Costa Rica, una expropiación regulada por la ley específica, o la aplicación de otro mecanismo a determinar, que fuere beneficioso para ambas partes. Hoy ese terreno está inscrito registralmente a nombre del Liceo, y sobra decir, NO puede ser usado para la eventual construcción de los edificios citados, aunque Chaves desdeñe el conflicto.

Cabe anotar, que, con la complicidad de una junta administrativa asesora del director del Liceo, sin más funciones que esas, los ministros del MEP, MOPT y Planificación, firmaron un espurio “convenio de cesión”, tan falso como la representación que se adjudicó la presidenta de la citada junta, quien, de un día para otro, regaló la propiedad al gobierno central. No es de extrañar que ella y otros de esa junta administrativa, están procesados por la Fiscalía…

¡Pero no todo se ha perdido!

Con el intercambio de opiniones que ha generado la intransigencia presidencial, han surgido unas ideas sobre proyectos que quizá sean más factibles, menos costosos, más recomendables, y con mayores beneficios para las comunidades de regiones alejadas de la ciudad capital de San José. Hablamos de sedes de oficinas gubernamentales descentralizadas, ubicadas en regiones por determinar. Así como el Poder Judicial lo ha venido haciendo por regiones, el Poder Ejecutivo, puede planificar la instalación de oficinas regionales de diversas instituciones estatales, para atención del público, donde recibir solicitudes y canalizar respuestas, a las oficinas centrales, así como y resolver casos sencillos, gracias a la comunicación digital. En una misma sede, el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, podría tener una oficina, al lado de una oficina del Ministerio de Ambiente, otra de Salud, otra de Educación, del AyA, de Migración, del INS, y otras dependencias como Agricultura, para algunos trámites, que hoy, por ejemplo, habitantes de Osa, de Guápiles, de Upala, de Cahuita, de Los Santos, de Filadelfia, de Sarapiquí, de San Carlos, de La Cruz, de la península de Nicoya, de Limón, de Esparza, de Garabito, de Paraíso, de Turrialba, etcétera, no pueden realizar sino en San José. Sería, algo así, como un servicio local, en un mismo lugar, que poco a poco se iría posiblemente desarrollando, para comodidad de los habitantes. Con ello se acabaría con los alquileres que con los años han ido sumando cifras altísimas, por pequeños edificios más cercanos a los olvidados habitantes de hoy, mientras, las instalaciones centrales de los entes de gobierno, ocuparían, necesariamente, espacios más reducidos, menos costosos de mantener y más eficientes.

Y es que es sabido, que la centralización crea dinosaurios poco ágiles, pesados y generalmente, ineficientes. Por eso el proyecto, realmente «medio planificado» de Ciudad Gobierno, que propone el pago de alquileres a privados, a un banco centroamericano, ¡en terrenos del Estado!, además crearía una estructura que, en la de menos, le costaría más al Estado. La alternativa de olvidarnos de la centralización, para pasar a la regionalización, ha de ser valorada.

8.2.2024

Fin de una dictadura

Freddy Pacheco León

Sin duda, Johnny Araya se había constituido en un dictador para los josefinos. No importaba por cual partido se postulaba, el clientelismo político, unido al más alto abstencionismo del país, y con la maquinaria municipal a su servicio, hacía imposible enfrentarlo en una contienda electoral justa.

Pero al revelarse los actos de corrupción que están siendo procesados por la Fiscalía y la Contraloría, así como al haber fracasado sus intentos para que la Sala Constitucional, le abriera la puerta para otra reelección, empezó, como el tango, su cuesta abajo.

Al imponer a su vicealcalde Vargas como candidato, y al evidenciarse su maniobra para ser eventualmente nombrado como «gerente municipal», con la clara intención de seguir con su dictadura, empezó a perder el apoyo que tenía entre un grupito de humildes vecinos, que con oscuras maniobras, acudían a votar por él.

El joven historiador Diego Miranda, al irle conociendo mejor que nadie sus debilidades y ambiciones, percibió que, con esfuerzo y decisión, le podría ganar la elección al candidato que le iba a servir a Araya, desde la alcaldía. ¡Jamás Johnny lo creyó posible!, pues en su arrogancia, no concebía que ese «regidor, necio e inexperto», le podría derrotar en «su San José».

Ahora, desvelado por las siguientes semanas, y con una sanción de suspensión que lo alejará del municipio, seguramente le dirá a los periodistas, que él no fue derrotado pues no era candidato, y que, como bachiller en agronomía, se irá a sembrar cítricos a su finquita, para descansar merecidamente, después de haberse sacrificado más de 30 años, por los malagradecidos josefinos que ahora no apoyaron a su candidato a alcalde…

RECOPE y el AyA

Freddy Pacheco León

¿Qué se gana con medio Consejo de Gobierno «viendo» la crisis administrativa del AyA, que este gobierno, ¡ya con tres presidentes ejecutivos!, más bien agravó?

Chaves parece desconocer, que la jerarquía en la toma de decisiones institucionales sigue descansando en una junta directiva «muy ralita», y ahora con un presidente ejecutivo exAresep y exRecope, que genera «mala espina», conflictivo y mal administrador (deja Recope con un déficit de ¢19 mil millones), quien de agua sabe lo que sabía de gasolina, o sea, nada. Aunque, hay quienes se preguntan, si lo de Recope lo hizo adrede, para preparar el camino a proyectos como los de Otto, Eli, Pilar…, que buscan la venta de Recope, la empresa más grande del istmo centroamericano, usualmente calificada AAA por Fitch Ratings, por lo que babean por ese, indiscutible y seguro, gran negocio privado con creciente clientela cautiva.

Del AyA, todavía no se podría afirmar algo semejante, pero también, los mismos, estarán ávidos por privatizar el agua.

El nuevo intento del proyecto de nueva Ley de Aguas, que privatizaría el agua para más de dos millones de personas, servidas por las ASADAS, anda por allí, como continuación de unos 12 años de incompetente administración del Instituto, bajo la guía de la GWP-Banco Mundial.

Ahora dicen querer «estructurarlo»; eufemismo muy usado para disimular la destrucción, como preludio a depositar en manos privadas, el invaluable líquido vital.

Agua que consideran ha de ser un bien económico, y no un bien social. Agua del Estado (como nos la heredara el Dr. Calderón Guardia), para satisfacer las necesidades de personas, agricultura, industria, ganadería, generación eléctrica…

Si el señor que deja Recope con una pata más corta llega al AyA sin conocer particularidades del sector agua, URGE que aclare, con detalles, ¿cuál será la misión encomendada por Chaves?

La incertidumbre es muy grande, y hay que evacuar dudas cuanto antes, para ver a qué atenernos.

¿Tragedia ambiental?

Martín Rodríguez E.

Don Freddy Pacheco León tiene razón en sus planteamientos en una publicación suya en Facebook.

Con menos conocimiento en el tema hidrológico, ambiental y más con intuición y como testigo (afectado) con la contaminación del agua en las zonas de Goicoechea, Tibás, Moravia y quien sabe que otras zonas aledañas, lo he venido diciendo desde hace mucho tiempo. Uno traga agua todos los días en la zona e identifica la diferencia cuando lo hace en otro lugar.

Pero más grave que el «sabor y el olor», como si fuera solamente un asunto de «paladar», son lo efectos que se sienten y que muchas veces la gente lo relaciona con cansancio, un  «dolor de cabeza», un estado de ánimo bajo, mal dormir, etc., son los efectos fisiológicos que van afectando a las personas. No basta con tomarse una pastillita y listo, se quita el dolor de cabeza, NO, es más grave que eso, podría ser una muerte lenta y dolorosa, para que luego digan que murió de «Covid-19» u otra enfermedad.

En publicaciones anteriores, incluso del Ministerio de Salud (que es lo mismo que decir el Gobierno de turno), he manifestado mi indignación con el manejo de este tema, que podría tratarse de una tragedia ambiental que afecta la vida de las personas, de miles y miles de personas.

No hay respuestas claras por la misma razón que don Freddy Pacheco León anota en su publicación y que hice hace unos días, «el movimiento de contaminantes en el suelo es tan complejo como lo es la geología de los sitios afectados», y sí, por lo tanto se necesita que tome con muchísima seriedad esta situación.

NO se está monitoreando toda la zona, toman tres barrios de Goicoechea, por ejemplo, como si fuera exclusivamente ahí y, por coincidencia, se deja por fuera zonas más vulnerables y pobres, y esto sucede porque el sistema de información del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados AYA es tan miserable que ni siquiera funcionó bien. Se debe hacer un barrido de muestras de agua de todo Goicoechea, por ejemplo, pero también de Moravia y Tibás.

Se dice que Recope está instalando barreras especiales para la absorción de hidrocarburos, pero ¿Hidrocarburos de quién, por qué, cómo?, ¿a quién investigarán a quién sancionarán?, ¿problema de entidad pública o de una MEGA empresa que saquea el agua de sus fuentes? DEN RESPUESTAS, las personas estamos pagando un servicio y nos envenenan, pero más importante el Estado, el gobierno de turno debería intervenir con más fuerza y decisión en este tema, utilizar la gran experiencia y conocimiento de las entidades públicas, MS, CCSS, y educativas, UCR y UNA, para dar con respuestas claras y contundentes a esta situación que vivimos miles y miles de personas, familias, de esas zonas. 

NO son «olores», no son «sabores» del agua, son vidas humanas en peligro.

Este es el texto de don Freddy publicado en Facebook:

El prestigioso laboratorio de Hidrología Ambiental de la UNA, nos ha enseñado a través de los años, que el movimiento de contaminantes en el suelo, es tan complejo como lo es la geología de los sitios afectados. Mientras no se conozca la fuente de la contaminación, no se conocerá el hidrocarburo involucrado, y mientras no se conozca éste, no se conocerá la manera en que se ha filtrado, o lo que esperamos no sea así, se estaría todavía filtrando, y el nivel de contaminación alcanzado. Compleja tarea tienen el AyA y el Ministerio de Salud, agravada por el hecho de que no cuentan con los materiales y equipos necesarios para atender esta emergencia”.

 

Imagen de portada: UCR.

Dólares «bajo del colchón»

Freddy Pacheco León

El gobierno está encantado porque las reservas de divisas en el Banco Central ya superaron la cifra de US$14 mil millones. Dólares guardados «bajo del colchón», para enfrentar imprevistos; como un seguro ante situaciones, como la vivida con la pandemia que hizo caer el ingreso de divisas por turismo; dólares para una mejor imagen ante las calificadoras de riesgo; para una inflación de casi cero.

Todos, elementos positivos de la macroeconomía, pero que están dejando de lado, obligaciones del Estado, como la fundamental inversión social, gastos imperativos en salud, como la gigantesca deuda con la maltratada Caja del Seguro, así como con el descuidado y desorientado sector educación, con el maltrecho sector cultura, con servicios públicos, como el abastecimiento de agua potable en calidad y cantidad adecuadas, así como con la construcción de carreteras y un tren eléctrico ahora olvidado.

Las consecuencias que está teniendo, como parte de esa «ecuación», un colón sobrevalorado, al golpear a los exportadores, en general, y a un sector turismo con menos colones por dólar, que atienden pagos de recursos humanos e insumos, con muy disminuidas e injustas ganancias, está provocando que, diariamente, 180 trabajadores pierdan su vital empleo, aumentando así la pobreza.

Pero, paradójicamente, los economistas del gobierno están encantados con las cifras de una macroeconomía, que, usualmente, es engañosa, pues oculta una realidad socioeconómica muy diferente y dolorosa, en los habitantes que no merecen el frío maltrato gubernamental.

Un voto contra el ICE

Freddy Pacheco León

Freddy Pacheco León

Por votación de 4×3, la Sala IV determinó que no es competente para resolver sobre las especificaciones y condiciones técnicas, por las cuales HUAWEI tendría que acudir, opcionalmente pensamos, ante el Tribunal Contencioso Administrativo, o sea, a las llamadas «vías comunes», para defender el derecho a competir por la implementación de la tecnología, de las «autopistas de 5G».

Por su parte, los magistrados Fernando Cruz, Paul Rueda y Jorge Araya, sí consideraron que el asunto es de incumbencia de la Sala Constitucional.

Se ha señalado así, el camino, por donde se habría de enfrentar el nefasto reglamento, mediante el cual Chaves incorpora a Costa Rica en la «guerra comercial de EUA contra China», en la figura de HUAWEI. Decreto ejecutivo que tantas consecuencias negativas. se le han señalado, para el futuro inmediato del ICE, y el desarrollo de las necesarias tecnologías para el desarrollo de Costa Rica. Por ello, y más, esperamos que los juristas representantes de la mejor empresa, en calidad y precio, en el campo de la información cibernética, acudan a los tribunales comunes a defender sus derechos, y los de los costarricenses, que aspiramos tener un ICE fortalecido, y un Estado bien encaminado hacia el desarrollo de tan importante área tecnológica.

¡Es con usted!, Mario Vargas, candidato a alcalde de Johnny Araya

Freddy Pacheco León

Todos sabemos que usted, como vicealcalde por ocho años de Araya, ha sido «su mano derecha», su escudero, su «cubre tortas», pero también su cómplice. Por eso nos dirigimos a USTED en esta oportunidad.

Usted sabe que, por decenas de años, el Hospicio de Huérfanos cumplió una magnífica labor, en pro de la niñez más necesitada. Por eso, para fortalecer su tarea, la Asamblea Legislativa aprobó como fuente necesaria de financiamiento, que el 50% de las ganancias de los festejos populares de San José, les fueran transferidos a ese Hospicio regentado por monjitas. Pero, un día el diablo se le metió a Johnny Araya y al resto de la «banda municipal», y en un acuerdo insólito, además de inhumano, acordaron vergonzosamente «interpretar», que las corridas de toros de Zapote, «NO formaban parte de las festejos populares». Así, con ese maldito acuerdo, ¡con el cual USTED estuvo de acuerdo!, determinaron que los dineros que antes pasaban al Hospicio se quedaran para gastos municipales.

¡Quebraron el Hospicio! producto de esa maldad!, y así, cientos de niños que hubiesen sido acogidos y educados bajo su alero, pasaron a ser niños con hambre, sin abrigo, sin educación, niños de la calle.

Ante ello, los tribunales de justicia acogieron una demanda promovida por el caballista Rodolfo Camacho, por la cual, fueron condenadas las autoridades municipales a saldar una deuda de alrededor de ¢5000 millones, acumulada a través de los años en que se la escamotearon a los niños huérfanos de San José. Sin embargo, con viles maniobras, matizadas de gran maldad, Johnny Araya, usted Mario Vargas y otros compinches de ambos, han obstaculizado el cumplimiento de la resolución judicial, que estando en firme, y sin más recursos legales posibles, ustedes, guiados por Johnny, se han negado a cumplir. Así que, don Mario, le preguntamos públicamente: ¿Estaría dispuesto a presentar la moción en su concejo municipal, que permita saldar esa deuda? Ello, por supuesto, ¿ANTES del próximo 4 de febrero?

Destructiva «cascada de dólares»

Freddy Pacheco León

Aparte de la gasolina, por acción de la Aresep, ningún producto importado de primera necesidad, y otros, ha bajado de precio. Las importaciones de alimentos, medicinas, materiales de construcción, utensilios, ropas, etcétera, hasta suben de precios, mientras los salarios siguen congelados y la pobreza aumenta.

Por otro lado, el turismo que apenas se recupera del parón provocado por la pandemia, está captando dólares que les generan cerca de un 30% menos colones, necesarios para pagar salarios y compra de servicios, precisamente, en colones. Se vislumbra una grave crisis en el sector, apenas termine la temporada alta.

En cuanto a las exportaciones, de todo tipo, la cantidad de dólares, convertidos a colones, muestra angustiantes valores muy disminuidos, por lo cual, los productos agrícolas, entre ellos el café, está sufriendo pérdidas crecientes, que se suman a las inherentes a las del cambio climático, que algunos todavía insisten en negar.

«Cascada de dólares», que ha duplicado las reservas del Banco Central, a más de US$14 MIL MILLONES, sin que las autoridades se estén preocupando de su origen, pese a que está provocando una emergencia, un desbarajuste económico, en sectores productivos, y los habitantes en general, que ven como más de 180 personas al día, están perdiendo sus empleos. Dólares «muy guardaditos» por la administración Chaves, mientras las necesidades de inversión social y en infraestructura productiva, reciben apenas limosnas.