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Por Mario Céspedes

El resultado electoral de febrero de 2026 marca un punto de quiebre en la historia política costarricense. No se trata de una simple derrota electoral ni de un episodio coyuntural, sino del cierre de un ciclo histórico. Más que el fin de una supuesta “Segunda República” —una noción históricamente discutible— lo que se clausura es el Estado social de derecho y el pacto político que, con todas sus limitaciones, estructuró la vida democrática del país durante décadas.

Para quien observó con atención los datos electorales entre octubre y enero, el desenlace no fue una sorpresa. Todas las encuestas mostraban una tendencia consistente: el abstencionismo descendía, el chavismo crecía de manera sostenida y la oposición —PLN, PAC y Frente Amplio— se estancaba disputando votos dentro de un mismo segmento social. Sin embargo, buena parte de la dirigencia opositora prefirió aferrarse a sucesivas ilusiones: el juicio a Chaves, los debates, las caravanas, la posibilidad de una segunda ronda o una eventual fractura del oficialismo. Atacar a encuestadoras y analistas sustituyó la lectura crítica de la realidad.

Ese autoengaño tuvo un costo político alto. La derrota no es solo electoral, sino estratégica. El foco se colocó en Chaves y su entorno, y no en el malestar social que hizo posible su ascenso. El chavismo no es un accidente ni un fenómeno pasajero: es la expresión política de una crisis profunda de legitimidad de la democracia realmente existente. Una parte importante del país no votó desde la ignorancia o la manipulación, sino desde la rabia, el cansancio y la sensación de abandono.

Los resultados revelan clivajes claros de clase y territorio. El chavismo se impuso con fuerza en zonas costeras, fronterizas, rurales y barrios urbano-marginales, allí donde el Estado se retiró y fue reemplazado por economías informales, redes de sobrevivencia y una religiosidad neopentecostal con fuerte anclaje comunitario. En esos espacios, la democracia no se evalúa por la separación de poderes, sino por la seguridad cotidiana, el empleo y el costo de la vida. La oposición, atrapada en una lógica institucional y urbana, dejó de hablarle a esos sectores.

A esto se suma un cambio cultural profundo: nuevas formas de socialización digital, normalización de la violencia simbólica, resentimientos frente a los avances feministas y una política cada vez más emocional. El chavismo supo articular estos elementos en un relato simple y eficaz, centrado en la corrupción, el castigo y el orden. La izquierda respondió, en general, con lenguajes técnicos, defensas abstractas de la institucionalidad y, en no pocos casos, con descalificación moral del electorado.

Algunos análisis sitúan este proceso en una disputa entre élites tradicionales y sectores narco-financieros emergentes, e incluso anticipan posibles pactos en las sombras con el PLN para garantizar gobernabilidad legislativa. Estas hipótesis no son descabelladas, pero requieren mayor sustento empírico para no simplificar las contradicciones internas del oficialismo ni reducir la complejidad de su base social. Concentrarse exclusivamente en las disputas de cúpula corre el riesgo de perder de vista lo central: el chavismo tiene base social, proyecto político y capacidad de disputar hegemonía cultural.

El conflicto abierto en 2026 no se resolverá con un cambio de gobierno ni con la próxima elección. Por el contrario, podría profundizarse. En ese escenario, la pregunta vuelve a ser la de siempre: ¿qué hacer? No para disputar un centro político cada vez más absorbido por el consenso neoliberal, sino para reconstruir un polo democrático desde la izquierda que actúe como contrapeso real al proyecto autoritario en ciernes.

Esa tarea exige reconstrucción intencionada del tejido social, organización territorial, inteligencia colectiva, batalla cultural y nuevas pedagogías políticas. Exige presencia sostenida en los territorios olvidados, no solo en el Parlamento; comunicación capaz de disputar sentido común; y una izquierda que deje de hablarse a sí misma para volver a hablarle al país real.

En ese marco, el Frente Amplio enfrenta un desafío histórico. Es hoy la única fuerza con credibilidad suficiente para convocar un proceso de recomposición de la izquierda costarricense. Pero ese rol no se decreta: se asume. Implica salir de la comodidad institucional como único horizonte, articular partidos, movimientos sociales y liderazgos territoriales, y construir una convergencia democrática y popular con vocación de largo plazo.

Costa Rica no es una excepción en un mundo atravesado por la crisis de la democracia liberal. Un país sin izquierda organizada es un país con menos derechos y más autoritarismo. O la izquierda se reconstruye con audacia, radicalidad democrática y arraigo social, o su destino será la irrelevancia. El 2026 no cerró un ciclo por decreto: abrió el primer año del resto de nuestras vidas políticas.

Imagen: MC-Escher-Relavitidad-1953