SURCOS comparte el siguiente comunicado enviado a nuestra redacción:
El Partido Frente Amplio lamenta el fallecimiento deJohn Saxe-Fernández
Sociólogo, investigador, profesor universitario y articulista.
John, costarricense con nacionalidad mexicana, fue una figura esencial en la interpretación de la realidad geopolítica, la economía y la historia de América Latina y del Caribe, dejándonos un legado invaluable.
Su obra, profundamente anticolonial, antineoliberal, antimperialista seguirá acompañando la construcción del pensamiento transformador y colectivo para el estudio de nuestras luchas sociales y los problemas que permean nuestro presente.
De parte de toda la militancia frenteamplista enviamos un solidario abrazo a su familia y seres queridos.
El resultado electoral de febrero de 2026 marca un punto de quiebre en la historia política costarricense. No se trata de una simple derrota electoral ni de un episodio coyuntural, sino del cierre de un ciclo histórico. Más que el fin de una supuesta “Segunda República” —una noción históricamente discutible— lo que se clausura es el Estado social de derecho y el pacto político que, con todas sus limitaciones, estructuró la vida democrática del país durante décadas.
Para quien observó con atención los datos electorales entre octubre y enero, el desenlace no fue una sorpresa. Todas las encuestas mostraban una tendencia consistente: el abstencionismo descendía, el chavismo crecía de manera sostenida y la oposición —PLN, PAC y Frente Amplio— se estancaba disputando votos dentro de un mismo segmento social. Sin embargo, buena parte de la dirigencia opositora prefirió aferrarse a sucesivas ilusiones: el juicio a Chaves, los debates, las caravanas, la posibilidad de una segunda ronda o una eventual fractura del oficialismo. Atacar a encuestadoras y analistas sustituyó la lectura crítica de la realidad.
Ese autoengaño tuvo un costo político alto. La derrota no es solo electoral, sino estratégica. El foco se colocó en Chaves y su entorno, y no en el malestar social que hizo posible su ascenso. El chavismo no es un accidente ni un fenómeno pasajero: es la expresión política de una crisis profunda de legitimidad de la democracia realmente existente. Una parte importante del país no votó desde la ignorancia o la manipulación, sino desde la rabia, el cansancio y la sensación de abandono.
Los resultados revelan clivajes claros de clase y territorio. El chavismo se impuso con fuerza en zonas costeras, fronterizas, rurales y barrios urbano-marginales, allí donde el Estado se retiró y fue reemplazado por economías informales, redes de sobrevivencia y una religiosidad neopentecostal con fuerte anclaje comunitario. En esos espacios, la democracia no se evalúa por la separación de poderes, sino por la seguridad cotidiana, el empleo y el costo de la vida. La oposición, atrapada en una lógica institucional y urbana, dejó de hablarle a esos sectores.
A esto se suma un cambio cultural profundo: nuevas formas de socialización digital, normalización de la violencia simbólica, resentimientos frente a los avances feministas y una política cada vez más emocional. El chavismo supo articular estos elementos en un relato simple y eficaz, centrado en la corrupción, el castigo y el orden. La izquierda respondió, en general, con lenguajes técnicos, defensas abstractas de la institucionalidad y, en no pocos casos, con descalificación moral del electorado.
Algunos análisis sitúan este proceso en una disputa entre élites tradicionales y sectores narco-financieros emergentes, e incluso anticipan posibles pactos en las sombras con el PLN para garantizar gobernabilidad legislativa. Estas hipótesis no son descabelladas, pero requieren mayor sustento empírico para no simplificar las contradicciones internas del oficialismo ni reducir la complejidad de su base social. Concentrarse exclusivamente en las disputas de cúpula corre el riesgo de perder de vista lo central: el chavismo tiene base social, proyecto político y capacidad de disputar hegemonía cultural.
El conflicto abierto en 2026 no se resolverá con un cambio de gobierno ni con la próxima elección. Por el contrario, podría profundizarse. En ese escenario, la pregunta vuelve a ser la de siempre: ¿qué hacer? No para disputar un centro político cada vez más absorbido por el consenso neoliberal, sino para reconstruir un polo democrático desde la izquierda que actúe como contrapeso real al proyecto autoritario en ciernes.
Esa tarea exige reconstrucción intencionada del tejido social, organización territorial, inteligencia colectiva, batalla cultural y nuevas pedagogías políticas. Exige presencia sostenida en los territorios olvidados, no solo en el Parlamento; comunicación capaz de disputar sentido común; y una izquierda que deje de hablarse a sí misma para volver a hablarle al país real.
En ese marco, el Frente Amplio enfrenta un desafío histórico. Es hoy la única fuerza con credibilidad suficiente para convocar un proceso de recomposición de la izquierda costarricense. Pero ese rol no se decreta: se asume. Implica salir de la comodidad institucional como único horizonte, articular partidos, movimientos sociales y liderazgos territoriales, y construir una convergencia democrática y popular con vocación de largo plazo.
Costa Rica no es una excepción en un mundo atravesado por la crisis de la democracia liberal. Un país sin izquierda organizada es un país con menos derechos y más autoritarismo. O la izquierda se reconstruye con audacia, radicalidad democrática y arraigo social, o su destino será la irrelevancia. El 2026 no cerró un ciclo por decreto: abrió el primer año del resto de nuestras vidas políticas.
El resultado electoral dejó algunas cosas buenas a resaltar:
El anti-chavismo, los partidos opuestos a la continuidad, ganaron en el Gran Área Metropolitana (GAM), la región más urbanizada y que concentra a la gran mayoría de la clase media. En otras palabras, las políticas de Chaves y su gobierno fueron derrotadas en el centro del país, donde se ubica la mayoría de la población. Esto además de ser muy significativo, señala el rechazo a esa forma de gobernar despótica y vulgar del gobierno de Chaves.
Desde las bases mismas de la población, se constituyó una comunidad de lucha de los partidos Liberación Nacional, Acuerdo Ciudadano y Frente Amplio, que produjo la movilización de la población y el resurgimiento, fundamentalmente, del PLN. Desde abajo, desde los votantes, se logró aglutinar un bloque que ganó las calles al oficialísimo y forjó la imagen de que era posible revertir un resultado que parecía conducir inmediatamente al autoritarismo del chavismo. Fue el pueblo el que en los últimos días se movilizó y empoderó a muchos sectores sociales. A esta movilización debemos que en la GAM se haya impuesto el anti-chavismo.
Liberación Nacional se salvó del nocaut en las últimas dos semanas. Alvaro Ramos pasó de estar casi en la lona, de un 8% a un 33,5% debido a que sus bases, aunque no sus dirigentes, lograron sintonizar en las calles en defensa de los valores democráticos con los otros partidos. Ramos al final obtuvo más votos que Figueres en la primera vuelta de las elecciones pasadas; 825.000 votos es una cifra que probablemente no la obtenían hace bastante tiempo. El llamado voto útil hizo que mucha gente de la izquierda votara al final por Ramos y no por Ariel.
Sin lugar a dudas, el partido con mayor claridad política, que aportó los mejores argumentos en los debates, que desenmascaró claramente al chavismo fue el Frente Amplio. Se lanzó a las calles y con ello obligó a los otros a incorporarse, y de esa manera desplazar al chavismo de las principales ciudades. El trabajo de Ariel Robles fue sobresaliente y su madurez política, a pesar de su juventud, fue sumamente destacada en los debates y el que permitió que las fuerzas democráticas y el FRENTE AMPLIO hayan salido de las elecciones básicamente con la misma correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa y la GAM, que antes del proceso electoral.
Claudia Dobles habló el domingo por la noche de conformar hacia futuro un Bloque Democrático. Así lo llamó ella. Me parece muy pertinente. Ese bloque democrático, ya surgió en las bases; nació de la necesidad de enfrentar a un enemigo poderoso, desalmado, muy bien financiado, con ligámenes turbios y dudosos, que es un serio y grave peligro para el país.
El partido Liberación Nacional debería sacar las lecciones de este proceso electoral, darse cuenta de que aquellos que se alinean con el chavismo terminan destruidos y que los contubernios a cambio de granjerías son rechazados por el pueblo. Si como dijo Ramos, estamos ante un nuevo Liberación Nacional, renovado, sin los perniciosos personajes del pasado y no corrupto, deberían complementarlo con un programa político popular y más cerca de la socialdemocracia que del neoliberalismo. Para defender Costa Rica, como decía el lema de campaña de Liberación, sus diputados deberán tener la fuerza necesaria para no sucumbir a los halagos y prebendas del chavismo.
Fundamental también concluir que existe la fuerza, el potencial y la energía suficiente en las bases del centro del país para enfrentar las arremetidas del chavismo ahora más agresivo y empoderado. Las movilizaciones sociales, son en última instancia, el complemento y el sustento de la política.
Volver a fallarle al pueblo será el asesinato político de nuestro régimen de libertades públicas y democráticas.
Que el chavismo haga su política y que las fuerzas democráticas hagan la suya. Si hay coincidencias bienvenidas, pero nunca contra las libertades, los derechos de los trabajadores, el Estado de Derecho y de Bienestar.
Sobre la Costa Rica de las costas y la frontera. Habrá que analizar aparte y hacer frente a ese reto. O el estado de bienestar las rescata o serán definitivamente ganadas por el conservadurismo más obtuso financiado por capitales de dudosa procedencia.
Esa debería ser la meta de todas las fuerzas y personas democráticas para detener el populismo autoritario y recuperar la ruta de la democracia y el desarrollo con justicia social.
La Fracción Frente Amplio ha demostrado ser la única oposición consistente al chavismo y por ello debe seguir teniendo un lugar aún más fuerte en la próxima Asamblea Legislativa, junto a otras fuerzas democráticas.
Sólo Ariel Robles Barrantes ha demostrado una posición capaz de enfrentar tanto al #autoritarismo chavista generador de odio y división, como al #neoliberalismo que empobrece, genera desigualdad, debilita los servicios públicos (agua, educación, salud, seguridad, etc.), destruye derechos y deteriora cada vez más la calidad de vida.
Cerremos filas con él y construyamos en conjunto una #AsambleaLegislativa pluralista, de fuerzas que renueven nuestra vida democrática y comprometidas con nuestro Estado Social de Derechos.
Es posible, porque somos la inmensa mayoría de electoras y electores los que no estamos apoyando al chavismo: si consideramos la encuesta del CIEP de octubre, la candidata oficialista solo tendría el apoyo del 16,75 % del Padrón y solo el 25% de las personas decididas a votar (1 de cada 4).
Pero la fragmentación favorece al oficialismo, posicionándolo como una aparente mayoría cuando solo es la minoría más grande.
Únicamente la articulación de fuerzas democráticas puede hacerle frente. Y esa articulación debe venir de la ciudadanía, de las y los electores indecisos o que han pensado en no votar.
El poder estratégico del voto de cada uno y cada una crece en estas circunstancias, por encima de los partidos, pues las simpatías partidarias se han reducido a un +-15% de las y los electores.
Si el populismo autoritario chavista es personalista, la articulación de fuerzas democráticas debe darse alrededor de la candidatura más idónea para hacerle frente y sobrepasarlo.
Desde mi punto de vista Ariel Robles Barrantes es la candidatura idónea por muchas razones:
-porque ha demostrado que la juventud puede hacer política de la buena y debemos romper el marco adultocentrista si queremos que algo cambie;
– por su capacidad de diálogo, escucha y negociación comprobadas en su carrera política;
-porque como «pezeteño» viene de una zona y sensibilidad distinta al Valle Central, que le permite una lectura más integral de las necesidades de la gente y de los retos del país, tanto en las zonas rurales como en las ciudades;
– porque ha estado participando activamente en las grandes luchas, acciones colectivas y movimientos sociales de este país en lo que va de este siglo XXI: combo ICE, no al TLC, Combo fiscal, luchas regionales en defensa de los ríos y el ambiente en general, luchas por los derechos humanos, gentrificación, luchas del sector agropecuario, etc.
-porque no tiene el lastre de corrupción, ni de improvisación que cargan candidaturas de otras fuerzas políticas;
– porque le ha presentado al país un programa de gobierno serio y consistente, que constituye una muy buena base para construcción de acuerdos multisectoriales y multipartidistas de política pública y cambios institucionales que nos vuelvan a encausar por la ruta del desarrollo con justicia social y convivencia democrática, que todas y todos merecemos;
-porque ha tenido la fuerza y contundencia para denunciar y evidenciar la corrupción, la ineficiencia, las mentiras y discursos de odio del actual gobierno.
Y muchas más razones.
El reto está frente a nosotros y nosotras como ciudadanía, como electoras y electores en nuestras familias, grupos y comunidades. Nos toca a nosotr@s dar el paso porque difícilmente lo darán los partidos como tales.
Este viernes 28 de noviembre, a las 5:00 p. m., se realizará el foro “La independencia judicial como pilar de la democracia”, organizado por el despacho del diputado Jonathan Acuña, del Partido Frente Amplio. La actividad será presencial, en el local del Frente Amplio ubicado en barrio González Lahmann, San José.
El espacio contará con la participación de dos personas invitadas con amplia trayectoria en el campo jurídico:
Walter Antillón Montealegre, jurista y profesor emérito de la Universidad de Costa Rica.
Diana Madrigal Valerín, abogada y asesora legislativa.
La moderación estará a cargo del profesor Alejandro Guevara Arroyo, quien destaca que el foro busca reflexionar sobre los fundamentos constitucionales que sostienen el principio de independencia judicial, indispensable para cualquier república democrática.
En la invitación se señala que el orden constitucional costarricense se basa en la soberanía popular y en la división republicana de poderes. La independencia del Poder Judicial —“tan terrible entre los hombres”, en palabras de Montesquieu— constituye una garantía esencial para la legitimidad democrática, al asegurar que jueces y juezas decidan los casos sin presiones externas, a partir del derecho que protege a las partes.
El texto subraya además que la democracia costarricense enfrenta hoy una crisis de legitimidad con múltiples causas: prácticas institucionales acumuladas, limitaciones en el diseño constitucional y tensiones sociales amplificadas por décadas de políticas neoliberales. Este escenario, en Costa Rica y otros países de Occidente, ha favorecido el avance de movimientos populistas autoritarios que erosionan el pluralismo, buscan intervenir el funcionamiento de los poderes públicos —incluido el Judicial— y se consolidan controlando las instituciones.
Frente a estos riesgos, el llamado del foro es a activar la participación cívica y reforzar la defensa de la institucionalidad democrática. En el encuentro se discutirán diagnósticos y posibles rutas de reforma para fortalecer la independencia judicial y protegerla como elemento esencial de un orden social basado en libertad y justicia.
La Fracción del Frente Amplio anuncia que votará en contra de dar el permiso de permanencia en puerto y desembarque de su tripulación al buque estadounidense USS Wichita.
El arribo del navío militar norteamericano, clase crucero pesado, está previsto para martes 21 de octubre, con salida el 26 del mismo mes, aunque la solicitud incluye una prórroga hasta el 3 de noviembre en caso de retrasos.
La bancada frenteamplista votará en contra al considerar que un barco de tales condiciones —armado y con capacidad para albergar hasta 929 tripulantes— puede acrecentar las tensiones en el Caribe, donde el ejército estadounidense realiza acciones militares cuestionadas internacionalmente.
Utilizando el argumento de lucha contra el narcotráfico, y sin aportar prueba alguna de su relación con esa actividad ilícita, el ejército de ese país ha hundido cinco embarcaciones y asesinado extrajudicialmente a 27 personas, el último de ellos un ciudadano de Trinidad y Tobago.
El despliegue militar norteamericano ha provocado fuertes protestas en países latinoamericanos y también en Estados Unidos, donde senadores de ese país intentaron detener la campaña militar de Trump en el Caribe, iniciada el 2 de setiembre.
En este contexto, el permiso solicitado para el USS Wichita incluye la posibilidad de desembarco de su personal y la solicitud expresa de que cuenten con “todas las inmunidades y privilegios que les confiere la Convención de Viena”.
El Frente Amplio señala que, en respeto a la declaración de neutralidad perpetua de Costa Rica, el país no debe prestar sus puertos para operaciones que acrecientan tensiones bélicas y que además no se relacionan con convenios de cooperación policial en la lucha contra el narcotráfico.
El Partido Frente Amplio (FA) aprobó su Reglamento para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política, un instrumento que busca garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos de las mujeres dentro de la organización y en el ámbito público.
El documento, ratificado por la Asamblea Nacional del partido, se enmarca en la Ley N.º 10235, que regula este tipo de violencia en Costa Rica, y desarrolla un procedimiento interno específico para investigar y sancionar conductas basadas en género que afecten la participación política femenina.
Estructura y principios del reglamento
El texto consta de cinco capítulos:
Objetivo y ámbito de aplicación. Define que el reglamento protege a todas las mujeres afiliadas, candidatas, funcionarias y representantes del FA, garantizando su derecho a una vida libre de violencia política.
Definiciones y manifestaciones. Precisa los conceptos de violencia política y discriminación, e incluye ejemplos concretos de comportamientos que constituyen violencia, como obstaculizar funciones, difundir información privada, discriminar por embarazo o invisibilizar el trabajo de una mujer en espacios partidarios.
Procedimiento. Establece los principios de confidencialidad, no revictimización y debido proceso. Crea mecanismos de denuncia, plazos para investigación, acompañamiento legal y psicológico, y la posibilidad de medidas cautelares para proteger a las denunciantes.
Sanciones. Detalla las medidas disciplinarias que puede imponer el Tribunal de Ética del partido, que van desde amonestaciones privadas hasta la expulsión, según la gravedad de los hechos. Incluye agravantes como la repetición, el uso de medios digitales o la afectación a familiares.
Disposiciones finales. Indica que el reglamento entra en vigor tras su publicación en la página oficial del FA y su comunicación al Tribunal Supremo de Elecciones.
Prevención, acompañamiento y transparencia
El reglamento crea mecanismos para que las mujeres víctimas de violencia política puedan acceder a asesoría jurídica, apoyo psicológico y acompañamiento de la Secretaría de las Mujeres del FA, además de articular con los servicios del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU).
También establece que las sanciones firmes deberán notificarse al TSE y al INAMU, con el fin de mantener un registro público de casos sancionados, reforzando la transparencia y la rendición de cuentas en materia de derechos de las mujeres.
Enfoque integral
Con este reglamento, el Frente Amplio busca consolidar una política interna coherente con su ideario de igualdad y justicia social. El texto no solo regula los procedimientos sancionatorios, sino que promueve una cultura partidaria de respeto, equidad y participación plena de las mujeres en todos los niveles de decisión.
1.- Los seres humanos somos un indisoluble compuesto de múltiples elementos entre los que destacan lo físico -somos materia-, lo biológico -materia viva-, lo psíquico -materia inteligente-, lo social -«soy porque somos»-, lo espiritual -trascendemos lo material cotidiano-, lo cultural – hemos creado el mundo de lo humano- y, lo ecológico -seres humanos y naturaleza somos esencialmente lo mismo- así, nuestro auténtico desarrollo integral requiere que crezcamos en todos esos aspectos y más. Costa Rica potencialmente tiene todos los recursos -naturales, humanos, culturales, etc.-, indispensables para que sus habitantes se desarrollen plenamente, el obstáculo fundamental que lo impide es el Sistema Capitalista Neoliberal que hoy impera en nuestro terruño, como lógica y acción impuestas por los grandes ricos nacionales y transnacionales que, títeres mediante, gobiernan nuestra patria pues, como cada día se hace más evidente, este Sistema es homicida – mata a la gente pues la criminalidad en general le es consustancial-, ecocida – mata la naturaleza, plutocrático -gobierno de los ricos-, cleptocrático -gobierno de los ladrones (nunca ha existido democracia -gobierno del, por y para el Pueblo) e, insoportablemente patriarcal. Así, este régimen económico, político y social nos conduce al ineludible exterminio. Por ello es cuestión de vida o muerte cambiarlo por un Sistema Humanitarista -que genere seres humanos plenos en dignidad y solidaridad, que disfruten los Derechos Humanos en todas sus generaciones y, cumplidor de todas sus responsabilidades-, Ecologista -responsable relación «ganar ganar» con la Madre Naturaleza-, auténticamente democrático, participativo y, fundamentado en la justicia integral, esto es, económica, política, social, cultural y ecológica.
2.- Por dicha hoy, sectores cada vez más amplios de la Humanidad se han dado cuenta de la vital urgencia de realizar estos cambios y, por los cuatro puntos cardinales han empezado a actuar consecuentemente.
3.- En Costa Rica no se da la excepción pues, a fuerza de golpes cada vez más rudos, como Pueblo hemos empezado a despertar y, a pasos cada vez más acelerados, nos vamos incorporando en las filas de quienes en el mundo desean los cambios arriban planteados y, en la actual coyuntura político electoral, buscamos la opción política que pueda encabezar este urgente proceso de auténticos cambios profundos.
4.- Es fundamental tener siempre presente que el Pueblo trabajador, honesto y solidario con su esfuerzo, sus múltiples talentos y sus sacrificios constantes, ha sido el motor que ha creado, hoy crea y creará todo lo que somos y seremos como civilización humana, motivo por el cual, es este Pueblo el dueño legitimo del mundo y del Poder (en Costa Rica así lo permite y alienta el párrafo primero artículo nueve Constitucional, a partir del cual debe gobernar siendo los restantes Poderes realmente empleados públicos a su servicio); el Pueblo merece, por lo tanto, el supremo respeto.
5.- El análisis rigurosamente objetivo de las ofertas partidarias actuales demuestra que, por mucho, el Frente Amplio es sin duda alguna, esta opción buscada por los sectores más despiertos, informados, conscientes y honestos de nuestro Pueblo.
6.- Así, en sus ya dos décadas de existencia, nunca como hoy el Frente Amplio ha tenido el escenario político electoral más favorable para crecer cuantitativa y cualitativamente como aglutinador, organizador y vanguardia de este Pueblo que hoy despierta y empieza a exigir inconteniblemente su sagrado derecho de construir y disfrutar la nueva Costa Rica y el nuevo mundo de fraternidad, cooperación -que destierre a la criminal competitividad-, solidaridad, honestidad, amor, mutuo respeto y paz con nuestros semejantes y nuestra madre Naturaleza.
A partir de los supuestos anteriores nos permitimos plantear las siguiente respetuosas sugerencias: ante todo el Frente Amplio debe ser un instrumento político electoral el servicio por completo del desarrollo integral del Pueblo que somos y de su consecuente conversión en Poder Popular, al que le debe profesar, reiteramos, absoluto respeto que debe traducirse, entre otros aspectos, en la escogencia de la mejor dirigencia y las y los candidatos con el más alto grado de probidad integral. Obviamente no se trata de buscar inexistentes ángeles, pero sí de seleccionar a quienes poseen los expedientes más limpios y una ética humanitarista y ecologista a toda prueba. En su quehacer, el FA debe concebir al Estado Costarricense como instrumento para administrar Costa Rica no para la plutocracia cleptocrática nacional e internacional, sino para el Pueblo costarricense su legítimo dueño. Debe el FA obedecer a la práctica de la auténtica Política entendida como ciencia enciclopédica mediante la cual, entre otras actividades, se detectan los problemas nacionales, los recursos para resolverlos, se definen los planes pertinentes, las personas más adecuadas para ejecutarlos, los mecanismos de evaluación y se anima la entusiasta acción colectiva para realizar todos los procesos exitosamente. El FA debe desterrar de su quehacer toda politiquería -prostitución de la Política-, fundamentada en la mentira, la ofensa, el ciego fanatismo y, en fin, la degradación y humillación de quienes no comparten sus tesis, practicando en cambio la Política que, al respecto, exige el análisis y discusión de ideas no la muerte de quienes no las, aceptan. También exige poner por encima de la bandera partidista la nacional y sobre ambas la de la Humanidad y la Naturaleza. El accionar del FA debe plasmarse en la ejecución de un Programa de Gobierno rigurosamente elaborado a partir del análisis científico de la realidad nacional y del planteamiento de todas las reformas necesarias, no para que nada cambie o empeore, lógica gatopardista de los demás partidos nacionales, sino para que todo cambie, esto es para transformar, como dijimos, este vigente Régimen Capitalista Neoliberal homicida, ecocida, plutocrático, cleptocrático y patriarcal, en uno Humanitarista. Ecologista y Demócrata Participativo, esto es, del, por y para el Pueblo. El Plan de Gobierno debe incluir:
1.- Incorporación inmediata de nuestro Pueblo al quehacer cotidiano del FA. Mínimo en cada cantón se deben activar los comités del FA como núcleos de formación y Acción Popular. Con el Pueblo todo, sin el Pueblo nada.
2.- Seguridad y soberanía alimentaria, para ello se debe fortalecer inmediatamente a nuestro sector agrario, al pecuario, al pesquero, la agroindustria, etc, luchando incluso por una profunda reforma agraria (tierra para quien la trabaja).
3.- Defensa, fortalecimiento y ampliación de nuestra Caja Costarricense del Seguro social y de las tareas de nuestro Ministerio de Salud.
4.- Trabajo bien remunerado. con todas los derechos laborales y con paulatina pero constante socialización de los medios de producción y sus ganancias.
5.- Vivienda y servicios conexos realmente dignos a precio mínimo para nuestro Pueblo, proceso a cargo del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) integralmente reformado y fortalecido. Combate frontal a la especulación inmobiliaria.
6.- Renacionalización total de nuestro sector energético (RECOPE, ICE, etc.), del Sector Bancario, de nuestros puertos, aeropuertos, vías concesionadas de comunicación y de nuestra zona marítimo terrestre.
7.- Reconversión del sector económico nacional mediante el fortalecimiento de sector productivo agrícola, pecuario, industrial, pesquero artesanal, turístico -dándole énfasis al ecológico-, al comercio local liberándolo paulatinamente de las grandes empresas transnacionales y, del desarrollo científico tecnológico patrio, logrando la total integración en él de nuestras universidades nacionales y, obligando también a cualquier industria que se ubique en nuestras zonas francas a compartir sus avances científicos y tecnológicos además obviamente, a pagar justos impuestos.
8.- Especial atención le debe dar al manejo fiscal de nuestra Nación mediante el compromiso pleno de recaudar justamente los impuestos e invertir lo así obtenido únicamente para el desarrollo integral de nuestro Pueblo. La actual deuda interna y externa de nuestra Nación debe ser minuciosamente auditada a fin de comprobar su legitimidad, pagando lo honestamente invertido y desconociendo y castigando todo tipo de malversación.
9.- Fortalecimiento total y pleno de nuestra educación pública en todos sus niveles.
10.- Apoyo activo y total a nuestro sector cultural incluyendo desde luego al Sistema Nacional de Radio, Televisión y demás plataformas de comunicación existentes, dedicándoles a la formación integral del nuevo ser humano costarricense.
11.- Fomento al deporte y la recreación con el énfasis puesto, no en la competencia, sino en la salud y disfrute pleno que en estas actividades se obtienen.
12.- Seguridad ciudadana fundamentada en la erradicación de la criminalidad por sus causas -económicas, políticas, sociales culturales y hasta ecológicas- sin mega cárceles, más bien irán desapareciendo las existentes, al cambiarlas por un accionar realmente inteligente y humano de las autoridades judiciales y policiales.
13.- Definir la política internacional soberana de nuestro país como abierta a mantener relaciones mutuamente respetuosas con todos los Pueblos del mundo enfatizándose, eso sí, en el apoyo y la participación en un mundo multipolar, humanitarista, ecologista, demócrata participativo y cooperativo que cambie, insistimos, la homicida competencia por la plena y mutua cooperación.
Nótese que es tanto lo que debemos hacer que no hay tiempo que perder en estúpidos intercambios de dimes diretes, falsas noticias, calumnias y demás bajezas. Salgamos de los lodazales de la politiquería y, con política constructiva, construyamos la nueva Costa Rica digna de auténticos y plenos seres humanos en perfecta armonía con la Madre Naturaleza.
Comienzo aclarando que tuve dos opciones frente a la lectura de la moción apoyada por la mayoría de los diputados del Frente Amplio (FA) en la Asamblea Legislativa, contra el pueblo cubano, pues para nadie es un secreto la está pasando mal por un feroz bloqueo financiero y comercial, recrudecido por la nazifascista administración Trump. Guardaba silencio cómplice y cobarde, me dije, esta madrugada, como lo están haciendo hasta ahora partidos políticos, centrales sindicales, movimientos populares, intelectuales y profesionales, en otra hora incondicionales defensores de los pueblos y sus causas justas, inspirados por el ejemplo de grandes hombres y mujeres como Juan Rafael Mora, el General Cañas, Joaquín García Monge, nuestra Carmen Lyra, Joaquín Gutiérrez, Manuel y Eduardo Mora, José Merino y un gran etcétera, o levanto la voz, aunque hoy sea la única, contra los cómplices y cobardes, que con su significativo silencio atacan a Cuba y los pueblos del mundo, junto a quienes luchan por su libertad e independencia.
Comprendo plenamente que esta Asamblea Legislativa es el punto de coincidencia de sionistas, defensores de los mata niños en Gaza, de grandes exponentes del chauvinismo, al mejor estilo nazi, así como del moderno fascismo repartido estratégicamente a lo largo de Nuestra América.
Si, fascismo puro y simple con F y A mayúsculas. Sin embargo, no obsta lo anterior, para descubrir cómo se asumen posiciones oportunistas contra la Cuba de Martí y Fidel, al mejor estilo de cantina barata y burdel propios, representados por nuestra politiquería, con miras a las elecciones de 2026. El imperialismo yanki – no vengan a decirme quienes guardan silencio cómplice que eso ya cambió – cobra a la Revolución y a su pueblo su rebeldía, no ponerse de rodillas ni implorar clemencia. Ese pueblo no conoce ese idioma. Lo conozco y se los garantizo. Por eso, acude al trillado negocio de los Derechos Humanos, los presos políticos, el terrorismo, la democracia, bla bla que, la izquierda caviar, «progre» etc., tiene años de memorizar el mantra.
Si, son los derechos humanos revestidos de cinismo puro, que les permite cazar negros, blancos, chinos, mujeres, niños, etc., como en la época de la esclavitud, encadenar sus manos y pies de estos seres humanos y luego registrarlos como criminales, cuando sus supuestos criminales lo único que hicieron fue llegar a Estados Unidos por un «sueño americano» que, sin duda alguna, la gente del FA, al apoyar la moción contra la Revolución, lo invita a usted a que se coma el cuento del «sueño americano» y ayude a poner grilletes a la gente más humilde. No es, por tanto, humillante ni violatorio a los Derechos Humanos.
La aberrante moción diputadil, entre otras cosas, habla de presos políticos en Cuba, pero por un asunto de decencia y ética mínima, ya sabemos que en algunos casos es difícil pedir sapiencia, debieron de exigir al menos a quien o quienes enviaron redactada la iniciativa legislativa para su firma, un par de nombres de esos pobres presos políticos, a fin de evitar una «pelada» y ridículo mayor. No llevan razón política ni jurídicamente hablando, cuando plantean el tema electoral para Cuba dentro del llamado marco de «elecciones democráticas» y carencia de partidos, al mejor estilo de la democracia que hizo diputados a gente del FA. ¡Dios o el diablo saben por qué eligieron tan poquitos legisladores y por qué no da alas a animal ponzoñoso! Acaso esta gente desconoce que en Cuba hay elecciones periódicas y que los candidatos a los distintos puestos son escogidos en representación de los distintos sectores sociales, pueden ser revocados de sus puestos si salen inútiles, corruptos o con algún grado de invencibilidad política. Esta democracia es popular y directa por la participación y empoderamiento que adquieren todo tipo de trabajadores y trabajadoras. Esta democracia -como hay muchos otros tipos en el mundo- no tiene que ser exclusiva ni tampoco única del sistema cubano o suizo, entre otros, excepto que se renuncie al derecho de organización política que cada país tiene y escojamos el injerencismo en los asuntos internos de otras naciones como forma vulgar, chambona, descarada y sin reservas de hacer politiquería de borracho.
Este sistema de escogencia, al menos para Cuba, no permite que los candidatos a puestos populares tengan que correr hacia banqueros de cuestionadísima reputación, como en el pasado, para dejar empeñada su conciencia y dignidad por unos dólares más cuando alcance, por ejemplo, una diputación. Antes de 1960 eso sí ocurría: dueños de puteros, banqueros cuestionados por lavar dinero de la mafia, del contrabando o la drogas (muchos entraban al parlamento cubano como Pedro por su casa), pues no necesitaban presentarse como candidatos a la presidencia de la República, a diputado o a un puesto en el municipio, porque ya tenían comprada su peonada vía financiamiento a sus partidos políticos y a quienes resultaban electos. Iban por el paquete completo y si usted quería estatus y riqueza era cuestión de fundar una de estas organizaciones electorales para traficar influencia, lavar dinero. esconder activos etc.
Por eso, no puedo guardar silencio frente a la injusticia, máxime cuando recuerdo que miles de cubanos y cubanas han quedado ciegos porque hay una prohibición de vender unas gotas para bajar la presión ocular a quienes padecen de glaucoma. Otros han sido amputados de sus piernas por falta de medicamentos contra la diabetes. Que son miles los niños que salen de su escuela con hambre y no saben si encontrarán su almuerzo caliente porque a Cuba se le prohíbe vender piezas de repuestos para sus centrales de electricidad. Aun así, la tienen como violadora de derechos humanos y en una lista de países promotores de terrorismo, porque al imperio supremo, al que parece desde hace rato se alineó la gente del FA, ordena enlistarla, aunque nunca ha puesto una bomba en un avión cargado de deportistas en Barbados, ni lanzado virus contra plantaciones agrícolas en ningún país del mundo, ni ha invadido este o aquel país, para cambiar de gobierno, llámese Guatemala, El Salvador, Granada, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Haití, ni ha robado a nadie territorio alguno.
No obstante, la ofensiva yanki, tendiente a estrangular a Cuba, no solo se seguirá reflejando en nuestra Asamblea Legislativa, sino se verá en universidades y foros, en la medida que lo permitamos, obligándonos a guardar silencio cómplice. Pero esta ofensiva nazi fascista-sionista, también nos enseña que quienes plantean unidad, refundación, alianzas etc., con grupos veletas sin que, abordemos a fondo y discutamos sin tapujos, cuestiones de urgente actualidad, si realmente vale la pena y acaso es posible un proyecto país de democracia popular, antimperialista, de justicia social y soberano, sin que el asunto no esté resuelto por el fondo y transparente totalmente.
O por el contrario, en aras de esa unidad pegada con saliva, o como quieran llamarla, sacrificamos principio, frente a unas próximas elecciones 2026, sin ningún contrapeso serio y decoroso frente a la oligarquía. En el plano exterior, este silencio hiriente y cruel por lo que han hecho al pueblo cubano, está diciendo a todos los hermanos y hermanas de Nuestra América: ¡Conózcanos! No queda nada de la Gran faena antimperialista de 1856.
Y el suscrito está lleno de defectos, diría que cargo con miles de ellos, nací en esta tierra, pero un momentito, ¡por favor! ¡Oportunista no soy!
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica / Contacto: nboeglin(a)gmail.com
En este mapa se puede apreciar (trazado en rojo) la Zona Inalienable de 1888 y su colindancia con el Parque Nacional Braulio Carrillo (en color verde).
El pasado 29 de mayo, las zonas de recarga de los acuíferos del Barva, Colima inferior y Colima Superior, así como la prodigiosa biodiversidad del Parque Nacional del Braulio Carrillo hicieron su entrada en la Asamblea Legislativa, al serle asignado formalmente desde esta fecha, un numeral de expediente legislativo al proyecto que pretende reforzar su protección legal: se tratará de ahora en adelante del Expediente Legislativo Número 25.016.
Para nuestros estimables lectores, se comparte este enlace con el video de la reunión, con la que se inicia un largo trajinar que esperamos pueda ser llevado a feliz término en poco tiempo.
Una iniciativa comunal que llega a la Asamblea Legislativa
Esta iniciativa promovida por una organización local, Conceverde (véase sitio) y por vecinos de Concepción de San Rafael de Heredia, había logrado en el 2015 que el Poder Ejecutivo expandiera mediante Decreto Ejecutivo la extensión del Parque Nacional Braulio Carrillo (véanse el texto del Decreto 39.259 así como el comunicado de Conceverde al publicarse este decreto en diciembre del 2015).
Conociendo los vaivenes incesantes de la vida política y la de los decretos ejecutivos, es hora que Costa Rica eleve a rango de ley esta ampliación del Parque Nacional Braulio Carrillo, en particular ante la fuerte presión que ejercen empresas urbanizadoras y proyectos de gran escala sobre las autoridades de los cantones ubicados en las montañas de Heredia. Al parecer estas últimas sucumben fácilmente a estas presiones, pese a advertencias sobre los efectos del cambio climático en cuanto al régimen de precipitaciones, y pese a épocas en veranos muy prolongados, en las que sus mismos administrados ya no cuentan con disponibilidad de agua diaria en cantidad suficiente por varios días y a veces semanas; véanse a modo de ejemplo comunicado de mayo del 2023 de la Municipalidad de Santo Domingo y nota de prensa televisiva de marzo del 2025 sobre cortes de agua en Santo Domingo. De igual modo, se puede citar este comunicado de junio del 2024 por parte de la ESPH sobre racionamiento del agua debido a una prolongada sequía, que no hace sino en realidad, revalidar un ejercicio muy similar de mayo del 2023 (véase nota de prensa).
Si el agua ya hace falta en varios cantones heredianos, y ello desde varios años, el sentido común llevaría a pensar que se suspendan nuevos proyectos inmobiliarios de gran escala por parte de los municipios afectados por esta escasez, hasta tanto se resuelva la disponibilidad de agua para los actuales habitantes de estos cantones. Nada más alejado de la realidad.
Foto de acto realizado el 29 de mayo en presencia de varios integrantes de la Asamblea Legislativa y sus asesores y de vecinos de San Rafael de Heredia así como de integrantes de Conceverde.
Urbanizar a como dé lugar: la verdadera saga de la planificación urbana en la GAM
En efecto, la materialización de estas presiones por parte de empresarios, inversionistas y gremios de la construcción, se expresa con cada nuevo permiso municipal sobre uso de suelo para proyectos urbanísticos de cierta envergadura.
La irresponsabilidad de los cantones heredianos aguas arriba se ve reflejada en los cantones aguas abajo con cada aguacero sostenido, el cual destruye casas de habitación e infraestructura pública como puentes y calles, provoca que familias costarricenses pierdan todas sus pertenencias debido al agua enlodada que penetra en sus casas, consecuencia lógica del proceso de impermeabilización de los suelos en las partes altas y medias de las montañas de Heredia.
Se trata de una advertencia que, más allá de la situación específica en los cantones heredianos de la Gran Area Metropolitana (GAM), hicimos con colegas en el 2021 en LaRevista.cr, reeditando en realidad un texto publicado en La Nación en el 2010 relacionado al PRUGAM (Nota 1) en el que señalábamos que:
«… de un temerario “plumazo” se descartó el PRUGAM, y los años de estudios y de inversión realizados. A raíz de declaraciones del encargado del PRUGAM, el arquitecto Eduardo Brenes, en el programa Nuestra Voz en radio Monumental, cuestionando este Decreto, este fue despedido por la ministra Clara Zommer, y se procedió al desmantelamiento del equipo técnico que trabajó en el PRUGAM«.
Aún están en línea los productos del PRUGAM (véase enlace), sin que hayan sido incorporadas en las regulaciones de planificación urbana, ni la zonificación propuesta, ni la metodología de los IFAs (IFA de las siglaes de Indice de Fragilidad Ambiental) en cantones particularmente vulnerables de la GAM.
El PRUGRAM fue sustituido de manera un tanto precipitada por el POTGAM en el 2012, y según explicó en su momento una alta jerarca en materia de vivienda,
«Garantizar, yo no puedo garantizar nada. Vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo en capacitar a las municipalidades respectivas, a los 31 cantones de la GAM diciéndole el alcance del POTGAM y lo que se tiene que respetar y porqué«.
(véase artículo del Semanario Universidad de febrero del 2012 que contiene una entrevista a este funcionaria).
El PRUGAM fue reemplazado finalmente en el 2014 por otro instrumento denominado «Plan GAM 2013-2030», que la Sala Constitucional consideró omiso en cuanto a los insumos técnicos en materia ambiental del PRUGAM (véase texto de sentencia 23743 de diciembre del 2020). Nótese, con relación a las zonas de recarga acuífera, que los recurrentes alegaban (véase párrafo 1) que:
«El artículo 69, del reglamento impugnado, permite la afectación de áreas de recarga acuífera estratégica de la Gran Área Metropolitana por desarrollo urbano, pues favorece el desarrollo inmobiliario por encima de la protección del ambiente y los recursos naturales tan estratégicos como los recursos hídricos. También se alega que el reglamento está induciendo que nueva población de la Gran Área Metropolitana se instale en zonas de alta y muy alta amenaza a deslizamientos, ya que se induce urbanizar zonas de este tipo al ignorar los mapas de amenazas generados por los estudios del PRUGAM del 2009. Asimismo, se ignoran los lineamientos ambientales regionales, referente a corredores biológicos y de conectividad de la base ambiental del PRUGAM del 2009, aprobados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, pues claramente, se excluyeron tres corredores biológicos. Finalmente, reclaman que sin ningún fundamento técnico científico, se modificaron mapas de amenazas naturales generados por el PRUGAM y aprobados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, lo que contraviene el principio de objetivación o de tutela científica«.
Más allá de la facilidad con la que las máximas autoridades de Costa Rica decidieron en el 2010 hacer a un lado los estudios técnicos en materia ambiental y en materia de ordenamiento territorial del PRUGAM, un programa de planificación urbana para la GAM realizado gracias a una generosa dotación de la Unión Europea (UE) a Costa Rica por más de 18 millones de US dólares, la falta de incorporación de los estudios técnicos del PRUGAM en la planificación urbana de la GAM explica en gran parte el colapso vial, el caos social así como ambiental que se vive en algunos cantones de la GAM: resulta notorio para todos los costarricenses que la GAM crece año tras año de manera desordenada, sin mayor planificación ni visión a largo plazo, gracias a decisores políticos sujetos a presiones del sector privado y constructivo, como bien se advertía en el 2018 desde el programa del Estado de la Nación (Nota 2).
Una valiosa iniciativa comunal ante las ocurrencias reiteradas de decisores políticos
Quisiéramos saludar el hecho que una fracción de la Asamblea Legislativa como el Frente Amplio haya considerado oportuno apoyar con la firma de todos sus integrantes, la iniciativa que se materializó en el Expediente Legislativo 25.016, esperando que las demás fracciones la apoyen de igual manera.
Nótese que otro expediente sobre la Zona Inalienable de 1888 (véase expediente legislativo 23.895) está en la corriente legislativa y busca, por el contrario, restringir la extensión de la Zona Inalienable de 1888 en aras de legalizar títulos de propiedad privada ilegalmente otorgados por parte del Estado, y de paso favorecer desarrollos urbanísticos: una evidencia más de la presión extrema que ejercen propietarios, empresas y gremios de la construcción para levantar las restricciones existentes en la Zona Inalienable (zona en azul que aparece en la página 7 de dicho proyecto de ley). El Expediente Legislativo 23.895 fue antecedido por otro proyecto de ley en el 2018, persiguiendo el mismo objetivo, y evidenciando el mismo tipo de presión por parte de empresas urbanizadoras (véase nota de prensa de CRHoy del 2018 y texto integral del Expediente Legislativo 20.511).
Cabe recordar que desde hace ya más de 10 años, se advertía en un artículo (Nota 3) sobre la capacidad de recarga de los acuíferos del Barva, Colima Superior y Colima Inferior, que:
«En la actualidad, el Valle Central esta sometido a una gran demanda de recursos hídricos subterráneos. Según datos del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA 2007) las perforaciones de pozos superan la cantidad de 5198, lo que representa un 42% del total de pozos registrados en el país hasta el 2007. Está explotación de los recursos hídricos, esta acompañada por un cambio en el uso de la tierra; lo que anteriormente eran áreas potenciales para recarga, se han transformado en zonas dedicadas a cultivos permanentes, sistemas urbanos y usos comerciales e industriales. Todas estas actividades pueden poner en peligro la cantidad y calidad del recurso hídrico subterráneo«.
No está de más indicar además que para las autoridades a cargo del transporte, el Parque Braulio Carrillo constituye un freno a algunos de sus proyectos viales un tanto ocurrentes, tal y como se denota en declaraciones públicas de un jerarca en el 2023, en las que se deja ver un desconocimiento bastante notorio de la dinámica de la naturaleza tropical y de la historia de la ahora denominada Ruta 32 (véase nota del Semanario Universidad): no está de más recordarle al distinguido jerarca, que el proyecto inicial de la Ruta 32 contemplaba la construcción de varios túneles, y no de uno solamente.
Conceverde: ejemplo de persistencia en pro del ambiente
Con respecto a la iniciativa que se plasmó en lo que de ahora en adelante se designará por «Expediente Legislativo Núm. 25016«, quisiéramos celebrar la existencia de una organización como Conceverde, que ha logrado a través de diversas acciones, muchas de ellas llevadas ante justicia constitucional, frenar el nivel de ocurrencias y de irresponsabilidad hacia la principal reserva de agua dulce que abastece en agua de calidad a la GAM, observados tanto por parte de las autoridades nacionales como locales.
Su incansable acción también logró ordenar la suspensión de talas de áboles dentro de la Zona Inalienable de 1888 (véase por ejemplo comunicado del 2010). En labores de incidencia, los comunicados de Concerverde siempre han contado con el apoyo de entidades heredianas y de ecologistas costarricenses, debido a la confianza que han generado en el pasado sus acciones y la solidez de sus planteamientos. Así por ejemplo, entre muchos, Conceverde y varias agrupaciones ecológicas y académicos se unieron
– en el 2009 para denunciar una directriz interna impidiendo a los técnicos de una entidad técnica a cargo de las aguas subterráneas como SENARA, de remitir sus criterios (véase manifiesto colectivo titulado «En Defensa de las Aguas Subterráneas«);
– en el 2018 para hacer de conocimiento de la opinión pública la extrema presión ejercida por parte de cámaras de la contrucción sobre SENARA (véase carta colectiva al Presidente de Costa Rica publicada en Elmundo.cr).
En su comunicado del 30 de mayo del 2025 sobre el proyecto de ley 25.016 (véase texto), se lee que para Conceverde:
“Esperamos que, al igual que los legisladores de 1888, quienes supieron anticipar la importancia de resguardar las montañas del norte de Heredia para asegurar el abastecimiento de agua en el Valle Central, los diputados actuales demuestren la misma visión y aprueben el proyecto 25016, presentado por el diputado Acuña”.
Es gracias a esta misma organización comunal y a otras entidades sociales heredianas que en el 2008, la Sala Constitucional ordenó a las autoridades nacionales y cantonales (véase voto 2008-12109) mostrarse mucho más serias y consecuentes con el valioso legado que constituye para Costa Rica la denominada Zona Inalienable, decretada como tal en 1888 por, en aquel entonces, personas visionarias altamente comprometidas con el futuro de los costarricenses. Lo mapas e infografías de esta presentación ante las autoridades municipales de Heredia de noviembre del 2009 (en particular de pp.4-8) permiten dimensionar y entender mejor el alcance de la protección de las aguas que persigue la Zona Inalienable de 1888.
Ya en el 2010, nos permitimos hacer ver la falta de voluntad del Estado costarricense para acatar lo dispuesto en esta y algunas otras sentencias relacionadas al recurso hídrico (Nota 4). Esta sentencia del 2008 del juez constitucional sobre la Zona Inalienable fue desde entonces (2008), objeto de diversas acciones por desobediencia, presentadas por la misma Conceverde, ante la incapacidad del Estado costarricense y la de sus entidades, así como varias municipalidades, de cumplir a cabalidad con lo ahí señalado (véase artículo del 2023 del Semanario Universidad). La falta de voluntad del Estado costarricense para cumplir con lo dictaminado por la Sala Constitucional en el 2008 es tal que en su sentencia de julio del 2023 (véase texto del voto 2023-017109), el juez constitucional indicó que:
«Esa omisión y dejadez administrativa no puede ser pasada por alto por esta Sala y si bien recientemente en gestiones de desobediencia se había dispuesto que el fallo 12109 del 2008 se entendía debidamente atendido por la instrucción de los procedimientos para la recuperación de los terrenos de cita, lo cierto del caso es que el debate que se presenta en este amparo trasciende una mera gestión de incumplimiento, y por el contrario, denota que las acciones adoptadas por el Estado son de suyo insuficientes para la defensa del fin legal y de los derechos que concurren en el régimen especial de protección definido por el decreto ley No. 65, a partir de lo cual, es necesario que esta Sala imponga acciones direccionadas a procurar que dentro de un tiempo razonable, se pueda contar con acciones concretas y efectivas para esa protección que se reprocha«.
No sería la primera vez que sentencias de la justicia costarricense en favor del agua o del ambiente ordenadas en el 2008 persistan sin ser debidamente implementadas. Cabe recodar que en aquel año del 2008, fueron varias las organizaciones y profesionales costarricenses en levantar la voz ante la destrucción de la biodiversidad y de las fuentes de agua en Costa Rica por parte de autoridades que en aquel se presentaban ante el mundo con una engañosa “Paz con la Naturaleza”. No se considera necesario aquí enlistar los escándalos en materia ambiental a repetición a los que la administración (2006-1010) sometió a Costa Rica, ni referir a la «orquestación de voluntades» detectada en uno de ellos, llevado ante la justicia contenciosa-administrativa (Nota 5). El texto denominado “Manifiesto Público en Defensa de la Naturaleza” publicado en junio del 2008 (véase texto) denunciaba este doble discurso de Costa Rica en materia ambiental: su lectura se recomienda en este inicio del mes del ambiente en este 2025, al no haberse resuelto ni atendido ninguno de los planteamientos que contenía, y al haber Costa Rica observado cómo se han ido agravado problemas ambientales no resueltos en muchas de sus regiones desde entonces, y cómo se han deteriorado sus cuerpos de agua y su biodiversidad en muchos de sus cantones.
Con respecto a la Zona Inalienable de 1888, una gestión adicional de julio del 2024 tendiente a obligar a las autoridades de la cartera ambiental a… obedecer a lo dictaminado por la Sala Constitucional en el 2008 y reiterado en el 2023 (véase texto) ilustra la total falta de voluntad del Estado costarricense.
La poca diligencia demostrada por las autoridades ambientales luego de recibir una denuncia de Conceverde en abril del 2024 fue tal, que se leyó en el mes de mayo del 2024 (véase nota de SurcosDigital conteniendo escrito) que:
«Por todo lo anterior, y considerando además que el lugar donde se llevaron a cabo los hechos denunciados, es una zona de alta vulnerabilidad hidrogeológica, y de alta recarga acuífera de los principales acuíferos del Valle Central, creemos que la atención de la denuncia de parte del SINAC le ha faltado rigor que la situación amerita, hasta se podría considerar hasta “machotera”, violentando por tanto el deber que tienen en el MINAE/SINAC de protección de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y en particular del recurso hídrico«.
A modo de conclusión
El pasado mes de marzo, se realizó para el Día Internacional del Agua, un muy merecido homenaje a la organización Conceverde, en Ojo de Agua (véase nota de prensa) por su incansable lucha en favor de las fuentes de agua que abastecen a la GAM.
Una lucha inquebrantable, sostenida y generosa, que debiera inspirar a muchos otros en Costa Rica, de manera que en cada cantón costarricense, los vecinos puedan contar con una organización comunal como Conceverde, ejemplo de ciudadanía organizada y combativa en pro del agua y de la biodiversidad, y comprometida con un mejor mañana para los costarricenses que no han nacido aún.
– – Notas – –
Nota 1: Véase ALFARO C. J.F, BOEGLIN N., SAGOT RODRÍGUEZ A., «Lluvia y daños: advertencias desoídas«, 27 de julio del 2021, La Revista.cr. Texto disponible aquí.
Nota 2: Véase ASTORGA GÄTTGENS A., «Ordenamiento ambiental del territorio: situación y perspectivas en Costa Rica», Informe para el Estado de la Nación, 2018. Texto integral disponible aquí.
Nota 3: Véase RAMÍREZ CHAVARRIA R., «Recarga Potencial de los Acuíferos Colima y Barva, Valle Central, Costa Rica«, Repertorio Científico, UNED, Vo. 17, 2014, pp. 51-59, p. 51. Texto disponible en la red. Una publicación anterior del 2013 titulada «Recurso hídrico en la zona norte de Heredia: experiencia de la UNA«, publicada por la UNA (véasetexto integral) de igual manera incluye artículos de expertos y académicos que advierten de la vulnerabilidad de las zonas de recarga acuífera situadas en las montañas al Norte de Heredia.
Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Nivel de cumplimiento de decisiones judiciales en materia ambiental relativas a la protección del recurso hídrico«, Informe final, presentado para el proyecto Estado de la Nación, 2010. Texto integral disponible aquí.
Nota 5: Véase texto integral de la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) del noviembre del 2010 sobre el proyecto minero Crucitas, en la que se lee (Párrafo XL) que:
«En relación con este punto, es necesario indicar que en el presente caso ocurre algo excepcional y es que las distintas ilegalidades detectadas y las nulidades declaradas, son todas coincidentes en el sentido de que tendían a la aprobación del proyecto minero Crucitas y varias de ellas se dictaron estando vigente un decreto ejecutivo de moratoria de la minería metálica de oro a cielo abierto, todo lo cual hace viable pensar como posible una eventual concurrencia u orquestacin de voluntades para llevar adelante, de cualquier manera, este proyecto minero.»
Tuvimos la oportunidad de referir a la «orquestación de voluntades» en el marco de un foro realizado por la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica, el pasado 28 de mayo, titulado: «El súbito entusiasmo por la minería química a cielo abierto en Crucitas: análisis y perspectivas» (véase volante y video).
