Ante las denuncias públicas y evidencias técnicas recabadas por vecinos de Oreamuno Cartago sobre los malos olores relacionados a los vertidos del tubo de la empresa SIGMA en el río la Chinchilla de San Rafael de Oreamuno, funcionarios de la empresa SIGMA convocaron vía telefónica a una reunión a vecinos y vecinas denunciantes y miembros de los diferentes frentes ecologistas que están trabajando activamente en la defensa del río.
Dado el llamado al diálogo por parte de la empresa SIGMA (lo cual vimos con buenos ojos) el Frente Eco Cipreses procedió a solicitar el salón de reuniones de la Asada de Boquerón y Paso Ancho para realizar la reunión el día de hoy 29-07-2026 a las 4 PM y posteriormente notificar del lugar a la empresa solicitante.
Para sorpresa de nuestros colectivos la empresa nos indicó que: «para ellos era muy lejos venir a Oreamuno de Cartago (lugar donde está su tubo de vertidos) y que ellos no iban a venir y que mejor hiciéramos la reunión en un centro comercial en San José o en Tres Ríos».
Sobre lo anteriormente descrito desde nuestras agrupaciones ecologistas y vecinales decimos:
1) Vemos como un acto ofensivo que los señores del tubo de vertidos que nos genera un paisaje maloliente nos digan: «Que les queda muy lejos venir a la comunidad donde vivimos» Les recordamos que es aquí donde sufrimos las consecuencias directas de sus vertidos
2) Un centro comercial no es para nada un lugar adecuado para tener una reunión seria en donde se pueda dialogar activamente para buscar acuerdos en pro del bienestar ambiental de la comunidad.
3) Los vecinos y vecinas denunciantes de Takiscú, así como el Frente Unido por el Agua de San Rafael de Oreamuno y el Frente Ecologista de Cipreses somos personas respetuosas del orden y la ley. A lo largo de muchos años de trabajar en la defensa ambiental hemos demostrado un diálogo respetuoso y ordenado con diferentes sectores de la sociedad. SIGMA no tiene nada que temer en sentarse en una mesa de una ASADA a dialogar con nosotros en la comunidad que contaminan con vertidos malolientes.
4) Estos días empezaron otra vez los malos olores. No estamos dispuestos ni dispuestas a resignarnos a vivir en un entorno contaminado de malos olores y vamos a intensificar nuestra campaña cada vez que ustedes nos llenen la comunidad de sus pestilentes vertidos. Somos gente profesional, respetuosa y educada y pedimos que nos traten como tales.
5) Esta es una excelente oportunidad para SIGMA de hacer las cosas bien y de convertirse en una empresa modelo de gestión de vertidos. Les pedimos que inviertan en el país que les hospeda y cuiden el cantón. De este conflicto socio ambiental les decimos que pueden salir muy bien parados si saben dialogar y sobre todo atender con profesionalismo nuestras demandas. Ustedes los de SIGMA bien saben que tenemos muchas razones para estar molestos y molestas y nuestras denuncias (papeles y evidencia técnica en mano) son consecuencia de su mala gestión ambiental. Ustedes pueden convertir esto en un ejemplo de proactividad y compromiso ambiental o todo lo contrario.
6) ¿Si quieren diálogo? las puertas están abiertas, pero aquí en la comunidad donde llevamos décadas enfrentando los malos olores. No pretendan hacernos ir a un centro comercial lejos de donde vivimos y de donde está el problema que ustedes originan.
7) Estamos amparados en el derecho constitucional a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, Artículo 50 de la Constitución Política, amparados también en artículo 21 que garantiza nuestra calidad de vida y amparados también bajo el principio In dubio por aqua.
Agradecemos a la ASADA de Boquerón y Paso Ancho, no solo por prestarnos el salón sino por sus palabras dirigidas al Frente ECO Cipreses que copiamos textualmente: «Asimismo, aprovechamos la oportunidad para agradecerles la valiosa labor que realizan en nuestra comunidad en favor de la protección de los recursos hídricos y del medio ambiente. Reconocemos y valoramos el compromiso que mantienen con la gestión ambiental.»
Agradecemos a la diputada Joselyn Sáenz Núñez del Partido Frente Amplio, Cartago por su disponibilidad de acompañarnos en esta reunión.
Agradecemos a la Universidad de Costa Rica y en especial al programa Kioscos Ambientales por su disponibilidad de acompañarnos en esta reunión. La presencia de instituciones del estado en estos procesos de diálogo es muy importante y saludable.
Reiteramos nuestra apertura a dialogar, pero en nuestra comunidad, en lugares adecuados y con acompañamiento institucional.
Solicitamos esto se ponga en conocimiento del Concejo Municipal en Oreamuno Cartago.
Los vertidos de la planta de tratamiento en Cartago NO cumplen con la normativa vigente.
Comunidad señala olores insoportables y la muerte del río la Chinchilla por tanta contaminación.
Sala Cuarta acogió recurso de amparo.
El Frente Ecologista de Cipreses denuncia que los vertidos líquidos provenientes de la planta de tratamiento de la empresa SIGMA estarían contaminando una quebrada ubicada en la calle vieja La Chinchilla, en San Rafael de Oreamuno, Cartago. Según análisis de laboratorio realizados por el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica, las descargas presentan incumplimientos respecto a parámetros establecidos en la normativa nacional sobre vertidos de aguas residuales (ver anexos). Esta situación genera importantes afectaciones ambientales y molestias para las comunidades vecinas.
Las personas vecinas denuncian que los vertidos generan olores intensos y persistentes que afectan la calidad de vida de quienes habitan en La Chinchilla, San Rafael de Oreamuno. Según relatan, los malos olores alcanzan incluso las instalaciones del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica del INA, así como caseríos y urbanizaciones cercanas.
Los análisis realizados por el laboratorio acreditado del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica evidencian que los vertidos de la planta de tratamiento de la empresa SIGMA no cumplen con los límites máximos permisibles establecidos en el Decreto Ejecutivo N° 33601-MINAE-S, Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales, vigente en Costa Rica desde 2007. Esta normativa fija los parámetros de calidad que deben cumplir las descargas de aguas residuales hacia cuerpos de agua superficiales, con el fin de proteger los ecosistemas acuáticos y la salud pública. En particular, elInforme de Resultados LCA-103-2026 (2), emitido el 11 de junio de 2026, muestra que los valores de Demanda Química de Oxígeno (DQO) y Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) superan ampliamente los límites permitidos para la industria láctea, lo que evidencia una elevada carga de contaminación orgánica en las aguas descargadas al río (ver Cuadro 1 y análisis adjuntos del CICA-UCR).
Parámetro
Resultado
Límite permitido
Demanda Química de Oxígeno (DQO)
859 mg/L
500 mg/L
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)
449 mg/L
200 mg/L
Sólidos Suspendidos Totales (SST)
101 mg/L
100 mg/L
Cuadro 1 de resultados obtenidos por el laboratorio CICA de la UCR en color rojo y comparación de límites máximos de manufactura de productos lácteos (ver pág. 43 Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales N.º 33601. Presidente de la República, el ministro de Ambiente y ministra de salud.
¿Qué significan la DBO y la DQO?
La Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) es uno de los principales indicadores utilizados para medir la contaminación orgánica del agua. Este parámetro determina cuánto oxígeno necesitan los microorganismos para degradar la materia orgánica presente en un vertido. Cuando la DBO es muy alta significa que existe una gran cantidad de residuos orgánicos que consumirán el oxígeno disponible en el río. Esto puede provocar que peces, crustáceos, insectos acuáticos y otros organismos no dispongan del oxígeno necesario para sobrevivir.
Por su parte, la Demanda Química de Oxígeno (DQO) mide la cantidad total de sustancias oxidables presentes en el agua, incluyendo materia orgánica biodegradable y otros compuestos químicos. Es un indicador de la carga total de contaminación que recibe un cuerpo de agua. Cuanto mayor es este valor, mayor es el impacto potencial sobre la capacidad natural del río para mantener su equilibrio ecológico.
Se adjuntan los resultados de dos análisis de calidad del agua realizados por el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica. La primera muestra, correspondiente al Informe de Resultados LCA-103-2026 (1), fue tomada en el cauce de la quebrada aguas arriba del punto de descarga de la planta de tratamiento de SIGMA y evidencia una buena calidad del agua. La segunda muestra, correspondiente al Informe de Resultados LCA-103-2026 (2), fue recolectada directamente en el punto donde se realizan los vertidos de la empresa y muestra valores que superan los límites máximos permitidos por la normativa nacional para parámetros como la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), evidenciando una elevada carga de contaminación orgánica.
Con base en estos resultados, el Frente Ecologista de Cipreses presentó el 29 de abril de 2026 una denuncia ante el Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA) del Ministerio de Ambiente y Energía, señalando que los vertidos estarían afectando la calidad del agua de la cuenca y, con ello, la biodiversidad asociada al ecosistema acuático.
Fabián Pacheco, integrante del Frente Ecologista de Cipreses y firmante tanto de la denuncia presentada ante el SITADA como del recurso de amparo, manifestó: «Suponemos que la planta de tratamiento de la empresa SIGMA no tiene la capacidad suficiente para procesar la totalidad de las aguas residuales que genera la actividad industrial y, por esa razón, se realizan vertidos frecuentes de lodos y residuos líquidos con olores fétidos. Resulta muy preocupante observar que esta quebrada nace apenas unos cien metros antes del punto de descarga y que, en tan corto recorrido, su calidad ambiental se vea seriamente afectada. En la zona no existen otras actividades que expliquen esta contaminación, por lo que solicitamos a las autoridades exigir a la empresa la modernización y ampliación de su planta de tratamiento para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental.»
El Frente Ecologista de Cipreses señala que este problema ha sido denunciado reiteradamente por las comunidades desde hace varios años sin que las instituciones competentes hayan logrado resolverlo de manera efectiva. Si bien la empresa cuenta con un permiso de vertido otorgado por la Dirección de Agua del MINAE, la organización recuerda que dicha autorización no exime del cumplimiento permanente de los límites establecidos en la legislación ambiental ni justifica descargas que excedan los parámetros permitidos.
Por ello, la organización exige que la empresa realice las inversiones necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento de su planta de tratamiento y solicita a las autoridades ambientales y sanitarias ejercer una fiscalización efectiva para asegurar el cumplimiento de la normativa. Como señaló la integrante del Frente Ecologista de Cipreses, Isabell Méndez Garita: «Exigimos a las autoridades competentes hacer cumplir la normativa ambiental y de salud pública. Son muchos años de denuncias formales sin una solución definitiva. Las comunidades tienen derecho a vivir en un ambiente sano y a que las instituciones cumplan con su deber de proteger los ríos y la salud de la población.»
Captura obtenida del sitio oficial de la Dirección de Agua del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), en la que se observa el punto autorizado para el vertido de aguas residuales (identificado con un punto azul y señalado con un círculo rojo). Según el Frente Ecologista de Cipreses, este corresponde al mismo sitio donde se ubica el tubo de descarga mostrado en la Foto 1. El punto se localiza en el sector de La Chinchilla, San Rafael de Oreamuno, Cartago, sobre el camino ubicado al sur del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica del INA. En la parte superior central de la imagen se observa la infraestructura de la planta de la empresa SIGMA.
Punto de descarga de los vertidos de la planta de tratamiento de SIGMA sobre la quebrada La Chinchilla, donde se observa la salida de aguas residuales provenientes de la industria láctea. Fotografía tomada el 29 de abril de 2026. Ubicación: ingresando por el Servicentro Corazón de Jesús, dos kilómetros al sur por el camino viejo a La Chinchilla, San Rafael de Oreamuno, Cartago. Coordenadas: 9.886260, -83.893013. Google Maps: https://www.google.com/maps?q=9.886260,-83.893013.
Punto de descarga de los vertidos de la planta de tratamiento de SIGMA sobre la quebrada. En la imagen se observa la toma de muestras de agua realizada por personal del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica, directamente en la salida del tubo de vertido. Fotografía tomada el 13 de mayo de 2026.
Exigimos desde el Frente Ecologista de Cipreses:
• Que el Ministerio de Salud establezca un programa de monitoreo permanente de los vertidos de la planta de tratamiento, solicitando al menos cada tres meses análisis realizados por el Laboratorio Nacional de Aguas u otra entidad pública competente, con el fin de verificar, mediante un control independiente, el cumplimiento de la normativa ambiental y sanitaria, en aplicación del principio pro natura.
• Que las autoridades competentes adopten las medidas cautelares ambientales que correspondan cuando existan incumplimientos comprobados de la normativa, incluyendo, de ser procedente, la suspensión del permiso sanitario de funcionamiento hasta que se demuestre fehacientemente el cumplimiento de los parámetros establecidos para la Demanda Química de Oxígeno (DQO), la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y los Sólidos Suspendidos Totales (SST).
• Que las denuncias ambientales presentadas mediante las plataformas oficiales del Estado, como el Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (SITADA), sean atendidas con procesos de fiscalización efectivos, coordinados y oportunos, garantizando que las instituciones competentes actúen de manera diligente y eviten que estos mecanismos pierdan su propósito de protección ambiental.
• Que la resolución de la Sala Constitucional establezca medidas concretas, verificables y sujetas a seguimiento, de manera que se garantice el cumplimiento efectivo de la sentencia y la solución definitiva del problema denunciado.
• Que se investigue la actuación de las autoridades competentes, particularmente del Ministerio de Salud, para determinar si la respuesta institucional brindada frente a las denuncias presentadas durante los últimos años ha sido adecuada y suficiente para proteger el derecho de la comunidad a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
• Que se reconozca que la contaminación de una quebrada no constituye un problema exclusivamente local. Los contaminantes son transportados por el cauce hacia otros ríos y cuerpos de agua, extendiendo sus efectos sobre los ecosistemas, la biodiversidad y las comunidades ubicadas aguas abajo dentro de toda la cuenca hidrográfica.
• Sala Constitucional ordenó garantizar agua potable, pero autoridades insisten en ignorar la normativa vigente.
6-5-2025, Cipreses, Cartago — El Frente Ecologista de Cipreses (Ecocipreses) presentó una nueva gestión de desobediencia contra el Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), debido a que ambas instituciones continúan sin aplicar el Reglamento vigente para la Calidad del Agua Potable, pese a una reciente orden de la Sala Constitucional.
La gestión se fundamenta en la resolución N.º 2025012770, emitida el pasado viernes por la Sala, en la cual se ordena a las autoridades resolver efectivamente el problema de contaminación por clorotalonil en las nacientes de agua y, mientras tanto, continuar abasteciendo a la población mediante camiones cisterna.
Ecocipreses argumenta que las autoridades levantaron medidas sanitarias sin basarse en los parámetros establecidos por el reglamento vigente, incumpliendo con los estándares jurídicos aplicables. En su resolución, los magistrados reiteraron que los únicos valores legalmente válidos son los establecidos en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable.
“De un total de 75 fuentes analizadas, solo cuatro presentaron concentraciones de metabolitos de clorotalonil superiores al límite permitido. Esto significa que 71 fuentes cuentan con agua potable apta para el consumo humano”.
Según Ecocipreses, las autoridades están utilizando valores máximos admisibles (VMA) que superan hasta 800 veces el límite permitido por la normativa nacional vigente, como ya han denunciado diversas organizaciones sociales, universidades públicas, la Defensoría de los Habitantes y la ARESEP. Estos valores corresponden a una propuesta de nuevo reglamento que aún no ha sido legalmente publicado ni aprobado, por lo que carecen de validez jurídica.
Además, el comunicado oficial del gobierno destaca como un logro la “definición de valores de referencia sanitarios (VMAAR) en coordinación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS)”, sin mencionar que tales valores no tienen respaldo legal en Costa Rica y representan un retroceso en materia de salud pública, lo que los hace inconstitucionales.
Ante esta situación, Ecocipreses considera que se ha incurrido en una falta de respeto directa a la autoridad de la Sala Constitucional. Por ello, solicitan que se ordene al Ministerio de Salud iniciar procedimientos sancionatorios contra los funcionarios responsables de la emisión del comunicado de prensa, al considerarlo una manifestación oficial que contradice lo ordenado judicialmente.
Los accionantes también señalaron: “Si AyA no garantiza el suministro de agua potable, está incurriendo en desobediencia, pues la orden fue de cumplimiento inmediato. Negarnos el acceso al agua limpia es un acto de irresponsabilidad que atenta contra la vida de nuestra comunidad”.
Finalmente, denuncian que hasta el día de hoy no han recibido ninguna notificación oficial que les garantice el acceso a fuentes de agua libre de contaminantes.“La única información recibida es la del comunicado de prensa del Ministerio, que, a nuestro juicio, constituye una burla a lo dispuesto por la Sala Constitucional”, concluyen.
Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
La lucha por la defensa de las nacientes de agua del Frente Ecologista de Cipreses continúa
Frente Ecologista de Cipreses presenta diligencia de inejecución de sentencia por el incumplimiento del Sistema Nacional de Áreas de Conservación ante la Sala Constitucional con objetivo de resolver de manera definitiva
De ganar esta acción legal el Frente Eco-Cipreses cambiaría lo que históricamente ha venido dejando de hacer el SINAC. Debido a que el SINAC insiste que ellos no les compete la protección ambiental dictada por la Ley de Aguas (200 metros de protección) y solo deben hacer cumplir la Ley Forestal (100 metros de protección)
Ecologistas insisten en solicitar demarcar el área de protección de 200 metros que rodea las nacientes de agua para consumo humano que siguen estando desprotegidas y fumigadas.
La Sala Constitucional acogió y ha dado su debido trámite una reciente diligencia de inejecución de sentencia por el incumplimiento del Sistema Nacional de Áreas de Conservación de la Resolución N° 20-021797-0007 de la Sala Constitucional de las 9:15 horas del 15 de enero del 2021, para resolver de manera definitiva la denuncia interpuesta por la parte del Frente Ecologista de Cipreses de Cartago el 28 de julio de 2020 ante el SINAC. La organización ecologista insiste en que se debe demarcar el área de protección de 200 metros que rodea las nacientes de agua utilizadas para consumo humano. Dicha agrupación señala que el SINAC ha generado un retraso excesivo en la resolución de dicha denuncia y en la protección efectiva de las nacientes.
En la diligencia de inejecución se señala textualmente: “Han transcurrido más de dos años desde el dictado de la Resolución N.° 2021-000679 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la que se le ordenó al jefe de la Oficina Subregional de Cartago del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, llevar a cabo todas las actuaciones que estén dentro del ámbito de su competencia, para resolver de manera definitiva la denuncia interpuesta por la parte recurrente el 28 de julio de 2020 ante el SINAC, y demarcar el área de protección de 200 metros que rodea la naciente, conforme a la Ley de Aguas No. 276 y la Ley Forestal No. 7575, superando los plazos establecidos”.
Activistas del Frente Ecocipreses aseguran que: “a pesar de que hemos ganado tres recursos de amparo que nos dan la razón y exigen a las instituciones involucradas actuar y resolver, actualmente se sigue desarrollando actividad agrícola con uso de agroquímicos, en los alrededores del naciente Platón, afectando el recurso hídrico que abastece a muchas personas en diferentes comunidades de la Zona Norte de Cartago, y continuando con la desprotección ambiental de dichas nacientes”.
El agro biólogo y ecologista Fabián Pacheco del Frente Eco-Cipreses señala que: “La Administración Pública está cometiendo una violación EVIDENTE y FLAGRANTE a los derechos de las personas pobladoras de la zona de Cipreses de Oreamuno al no garantizar acceso a un derecho humano básico como lo es el agua potable”.
Dentro de la petitoria de la diligencia por inejecución la organización solicita:
Se declare con lugar en todos sus extremos la presente gestión por desobediencia de lo ordenado por la Sala Constitucionalen la sentencia No. 20-021797-0007, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.
Se ordene al Sistema Nacional de Áreas de Conservación en un plazo de dos meses, hacer respetar y delimitar expresamente las áreas de protección de 200 metros que rodean las naciente Plantón y Carlos Calvo, conforme a la Ley de Aguas No. 276 y la Ley Forestal No. 7575; como parte de la solicitud inicial realizada por los amparados, y ordenada por la Sala Constitucional, al declarar con lugar dicho amparo y que, a la fecha de esta gestión, no ha sido ejecutada por parte del SINAC.
Esta gestión de desobediencia contra el SINAC se presenta a las vísperas de los resultados del monitoreo e investigación ante la contaminación agrotóxica con degradados de clorotalonil y otros pesticidas de 69 tomas de agua en la Zona Norte de Cartago. Dicho monitoreo que se realiza con la coordinación interinstitucional del AyA, MINSA y MAG (https://websolutionss.aya.go.cr/WebNoticiasAYA/TNotNoticias/DetalleTitulo/354).
Ecologistas insisten en que lo encontrado en Cipreses es la punta del iceberg y señalan que el SINAC debe hacer cumplir la Ley de Aguas en materia de protección ambiental del recurso hídrico a pesar de que el SINAC se ha pronunciado por escrito que a ellos no les compete velar por el cumplimiento de Lay de Aguas. “si ganamos este proceso ante la Sala Cuarta pondremos a trabajar a los del SINAC ya que se han capeado su responsabilidad todos estos años y esto sería un gane histórico para ponerlos a trabajar como se debe” Indicó Ana María Montenegro del Frente Ecologista de Cipreses.
Frente Ecologista de Cipreses presenta diligencia de inejecución de sentencia por el incumplimientodel AyA y del Ministerio de Salud,condenadas a formalizar su obligación y deber de protección de las nacientes de agua así como del fortalecimiento del Laboratorio Nacional de Aguas del AYA.
Frente Ecologista señala que “no va a descansar hasta ver fortalecido el Laboratorio Nacional de Aguas” ya que la Sala Cuarta les dio la razón y ordenó fortalecer dicho laboratorio.
Consultorio Ambiental de la Facultad de Derecho de la UCR acompaña en proceso de denuncia al Frente Ecologista de Cipreses ante la Gestión de Desobediencia que es analizada por la Sala Cuarta
Comunicado
El Frente Ecologista continúa en pie de lucha y recientemente presentó una diligencia de inejecución de sentencia por el incumplimiento del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y del Ministerio de Salud, de la Resoluciones N° 022027086 y Nº 2023013384 de la Sala Constitucional de las 9:30 horas del 15 de noviembre del 2022 y las 13:41 del 6 de junio de 2022, de resolver la contaminación del agua de las nacientes Plantón, y Carlos Calvo con clorotalonil, sumado al incumplimiento de las instituciones condenadas a formalizar su obligación y deber de protección de las nacientes de agua así como el fortalecimiento del Laboratorio Nacional de Aguas del AYA como medida preventiva y mayor capacidad de análisis.
Los ecologistas señalan que todo sigue igual, que se siguen fumigando las nacientes y que el Laboratorio Nacional de Aguas sigue sin tener la capacidad técnica instalada para hacer análisis de todos los productos de degradación del agrotóxico contaminante clorotalonil.
“El clorotalonil ha sido prohibido en la Unión Europea y recientemente en Costa Rica, por lo que solicitamos en aras de proteger la salud que se ordene al Laboratorio Nacional de Aguas conseguir los reactivos y equipos tecnológicos necesarias para analizar todos los subproductos de clorotalonil y meter de oficio esos análisis en todos los muestreos N4 que se hacen en Costa Rica. También solicitamos que se le ordene tener la capacidad técnica de monitorear todas las partículas de plaguicidas registrados en Costa Rica. No queremos que el Laboratorio Nacional de Aguas siga siendo el cuchitril que ha demostrado ser y que siga sin tener capacidad técnica instalada. Costa Rica merece un Laboratorio Nacional de Aguas de vanguardia y con capacidad de proteger la salud humana y ambiental” Indicó el agro biólogo y ecologista Fabián Pacheco del Frente Eco Cipreses
Los ecologistas señalan que acuerdo a la normativa anterior y el bloque de constitucionalidad que rige sobre esta materia, se está dando una omisión evidente y descarada a tal punto que ya existen tres recursos de amparo presentados con vista positiva de la Sala Constitucional con respecto a la tutela del derecho fundamental de acceso al agua potable de las personas de la comunidad de Cipreses de Oreamuno y alrededores, y aun así no se han visto en la realidad que se cumplieran estas tres órdenes extendidas por la Sala Constitucional.
En el recurso de inejecución de sentencia por el incumplimiento interpuesto por los y las ecologistas señalan que existe un evidente incumplimiento de obligaciones por parte del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
Dentro de las pretensiones del recurso de gestión de desobediencia el Frente Ecologista de Cipreses respaldado por el Consultorio Ambiental de la Universidad de Costa Rica solicita:
Se declare con lugar en todos sus extremos la presente gestión por desobediencia de lo ordenado por la Sala Constitucional en la sentencia No.2022027086 y No. 2023013384, de conformidad con el artículo 71 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.
Así mismo señalan que se le ordene al Ministerio de Salud establecer las medidas necesarias de coordinación con las autoridades correspondientes del MINAE, AyA y MAG, en el respectivo ejercicio de sus competencias, para que se ejecute lo indicado por Sala Constitucional en sus resoluciones No.2022027086 y No. 2023013384, además de dar atención a lo solicitado en el informe sin número “Informe Técnico Clorotalonil”
Se le ordena al AyA realizar las gestiones pertinentes que permitan garantizar al Laboratorio Nacional de Aguas los recursos necesarios para la cuantificación de los metabolitos del clorotalonil, así como implementación a nivel nacional un programa de vigilancia y control en agua para consumo.
Se solicita que, en caso de continuar el incumplimiento de estas disposiciones, la Sala Constitucional ordene la apertura del procedimiento administrativo disciplinario, así como el traslado de piezas al Ministerio Público por la eventual comisión del delito de desobediencia por parte de los funcionarios responsables de dicho incumplimiento, según lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
El Frente Ecologista de Cipreses señala que lograr que el Laboratorio Nacional de Aguas sea fortalecido es un logro de su lucha y trabajo y que no descansará hasta ver dicho laboratorio fortalecido. Así mismo señalan que el acompañamiento legal y jurídico del Consultorio Ambiental de la Universidad de Costa Rica es de singular importancia en lograr dicho cometido.
Si hubo un ausente en el discurso del informe presidencial del 2 de mayo fue el tema ambiental, si no es por un jaguar reducido a un símbolo económico publicitario, podríamos afirmar que este gobierno es totalmente enemigo del ambiente y quedará en la historia como el más retrógrado socio-ambientalmente. Si no fuera por los cientos de pequeñas organizaciones locales y la Constitución Política estaríamos en el sótano. Por segundo año consecutivo, la dimensión ambiental no tuvo lugar en el Informe de la Presidencia de Mayo ante la Asamblea Legislativa, nada relacionado al agua, los mares, la pesca o la contaminación, ni siquiera menciona al MINAE, SINAC o INCOPESCA.
Del AyA dice la siguiente cita de fantasía: “El AyA se alza como un pilar fundamental en el desarrollo sostenible de Costa Rica. Su compromiso con la eficiencia operativa, la protección del medio ambiente y el bienestar de la población deja claro que el AyA.” Mientras el gobierno tiene dos años jugando chapitas con el AYA entre un presidente ejecutivo inútil y otro peor, y un tercero que viene con aires de campaña política, que nos tienen en un atraso que va costar años y va afectar su fábula de economía jaguar, cuando el destino nos alcance y no tengamos agua para las comunidades, cuando se sobre explotan las fuentes que la inversión extranjera o turismo está depredando sin control, solo ahí verán que la economía tiene su base en la estabilidad de los ecosistemas y no lo contrario, como trata de imponer el gobierno.
En el tema de cambio climático dice: “…el otorgamiento de este endeudamiento por parte del FMI le permite al país mejorar la percepción de riesgo del Gobierno, al mostrar mayor diversidad en las fuentes de financiamiento y su firme compromiso con temas de descarbonización y de cambio climático, que contribuyen a la estabilidad económica y financiera a largo plazo (…)” Pero de forma completamente contradictoria promueve romper la moratoria a la exploración de petróleo y la generación térmica, agroindustria, mega turismo y megaproyectos productores de una lógica totalmente depredadora de los bienes comunes y generadores de más cambio climático. Es importante apuntar que hemos pasado de ser los líderes en este tema a hacer cada día un mal ejemplo y a dar pena ajena, esto a la larga afectará el financiamiento climático.
El gobierno no dice ni una palabra de que:
Tuvo que prohibir el clorotalonil por la lucha del Frente Ecologista de Cipreses de Oreamuno y por la crisis de contaminación de agua por agrotóxicos que vive la Zona Norte de Cartago y buena parte del país.
A pesar de ser una recomendación de OCDE o Naciones Unidas el gobierno no retomó el Acuerdo de Escazú que fue ratificado hasta por la dictadura nicaragüense de Ortega Murillo y otros 14 países con gobiernos democrático de centro, derecha e izquierda.
No mencionan que el Gobierno de Chaves, al igual que el anterior, han sido encontrados en desobediencia de lo dictado por la Sala Constitucional por el desastre ambiental en Crucitas.
La sed del comercio de los mares ante la destrucción de la vida marina: El gobierno continúa impulsando la pesca de arrastre, disfrazándose bajo un «estudio» que pretende justificar su «viabilidad ambiental», a pesar de que ya se ha comprobado científicamente que es una práctica altamente destructiva, y que en Costa Rica el “arrastre” está declarado ilegal desde hace una década .Para muestra un Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de Costa Rica declaró con lugar una nueva medida cautelar para suspender el estudio sobre pesca de arrastre de camarón.
Se elaboró una lista de más de 200 especies de vida silvestre en peligro de extinción para incluirlas como especies de interés pesquero y acuícola, lo que facilita su comercialización.
Además, se desechó una ley en la asamblea que buscaba proteger al tiburón martillo, una especie en estado crítico de extinción.
Nuestros mares están en estado de emergencia debido al blanqueamiento de los corales, y a pesar de esto, el gobierno no ha tomado medidas al respecto ni ha incluido el tema en la agenda de la convención de los mares. Esta convención, que se ha convertido en una expo móvil donde se negocian tecnologías y economías azules, carece de una agenda real que aborde la crisis que enfrentan las comunidades costeras.
Nuevamente campeones mundiales en uso de agroquímicos según estadísticas de FAO tenemos un consumo de agro venenos de 23.44 kilogramos por hectárea lo que nos pone en el vergonzoso primer lugar en el mundo de utilización de estos venenos en la agricultura.
El Gobierno excluyó a ecologistas de la comisión que tramita permisos de liberación de transgénicos. Mientras el MAG incorpora a la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) en la de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio) pese a evidente conflicto de intereses excluye por decreto la participación de la Red de Coordinación en Biodiversidad. Por medio de este decreto se violentaron principios constitucionales, la ley Orgánica del Ambiente y el Convenio de Diversidad Biológica.
. El ministro Franz Tattenbach es responsable del recorte en MINAE y de la “anti-inversión” en materia de conservación. SINAC tendrá recortes en contratación de personal y el país dejará de pagar membresías en instancias climáticas internacionales. La Contraloría General de la República señala tendencia de anti-inversión y desmantelamiento internacional
El Mega desarrollo turístico destruye humedal en playa Hermosa Puntarenas y la agroindustria destruye el humedal de Coris de Cartago. Además, se quiere revivir el aeropuerto en Zona de Osa, amenazando áreas arqueológicas importantes y el Humedal Térraba-Sierpe.
El ministro de Ambiente y Energía sigue en la sombra, es un pálido personaje, con una agenda desconocida, sin propuestas para mejorar y va de carro de cola de una administración que vela por profundizar la destrucción ambiental y la desigualdad social. Franz Tattenbach, con su desatino ultraliberal, será recordado cómo un ministro funcional al desmantelamiento de los Parques Nacionales, al desmoronamiento de la institucionalidad ambiental para dar camino a la privatización de las Áreas Protegidas.
Las pocas buenas noticias ambientales hay que agradecerles a los cientos de pequeñas organizaciones locales o comunitarias que hacen esfuerzos por resistir a la destrucción.
Ante una carta enviada por el Frente Ecologista de Cipreses la auditora interna del AyA Karen Espinoza Vindas fue clara en decir “creo fundamental desde mi incorporación a la Auditoría Interna que se audite la Subgerencia de Gestión de Sistemas delegados, para analizar si cumplen con el bloque de legalidad, en cuanto asesorar, evaluar, capacitar, fiscalizar, acompañar e intervenir a las Asadas (ver oficio de respuesta).
El AyA debió intervenir desde 2021 la ASADA de Cipreses de Cartago por denuncias comprobadas de “(…) desabastecimiento del servicio de agua potable, otorgamiento de nuevas disponibilidades sin tener la capacidad hídrica, inadecuado uso de fondos públicos, donaciones, compra de bienes y donaciones de propiedades sin contar con criterio técnico del AyA (…) Informe Administrativo número GSD-UEN-GAR-2021-00641 del 15-2-2021).
Sin embargo, a tres años de esta decisión es parte de la “papa caliente” de la contaminación no solo de tres ASADAS si no de una inminente emergencia de contaminación de toda la Zona Norte de Cartago. Mientras esto pasa, la junta directiva y el AyA hacen un esfuerzo incesante por no hacer nada y pasarse la responsabilidad de abajo para arriba y viceversa. Cartas van y vienen, no así una solución permanente y sobre todo un diagnóstico real de la contaminación por agroquímicos en la zona de Cartago.
Para el Frente Ecológico, el AyA está en desacato ante la solicitud de los Magistrados de analizar el agua de la Zona Norte de Cartago de forma integral considerando la comprobada contaminación con agrotóxicos degradados del Clorotalonil. Tampoco ha cumplido con el Ministerio de Salud, la Controlaría General de la República y la Defensoría de los Habitantes que solicitaron hace meses estudios hidrogeológicos en Cipreses de Oreamuno.
La Sala Constitucional dictó hace casi dos años que: “… para solucionar de manera integral y definitiva la situación de contaminación por metabolitos de clorotalonil en las nacientes de Plantón y Carlos Calvo de la ASADA de Cipreses de Oreamuno; y 2) investigar si el problema de contaminación en las nacientes supracitadas ha perjudicado a otras comunidades de la zona. En el ínterin, las autoridades supracitadas deberán garantizar el suministro de agua potable a las comunidades afectadas mediante camiones cisterna u otra alternativa. Lo anterior se dicta con la advertencia de que, según lo establecido por el artículo 71, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se impondrá prisión…” (Exp: 22-015651-0007-CO)
Por otro lado las fuentes contaminadas siguen desprotegidas y siguen siendo fumigadas a vista y paciencia de todas las autoridades, ante esta situación tan prolongada y desesperante el Frente Ecológico está solicitando una intervención del intendente de aguas de ARESEP Marco Cordero a quien invitan a la comunidad para “comprender la desesperación que sentimos al ver que el AyA no ha tenido la capacidad (o la voluntad) de resolver este problema que se encuentra absolutamente documentado en todas sus aristas: financiero, ecológico y social y sobre el cual en tres ocasiones la Sala Constitucional nos ha dado la razón” (ver solicitud de intervención).
Además, cierran diciendo que “ya es momento que su representada intervenga el AyA” (…) y “ARESEP no puede hacerse de la vista gorda ante este problema”.
Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.
El decreto de prohibición del clorotalonil está firmado por la ministra de Salud y está en la mesa del presidente de la República para ser firmado.
Otra ASADA en San Pablo de Oreamuno estaría contaminada con derivados del clorotalonil.
Se dio a conocer el decreto N°44200 de fortalecimiento del Laboratorio Nacional del Agua.
Todo esto fue anunciado por diferentes instituciones y funcionarios públicos presentes en la mesa de trabajo durante la mañana de este viernes 10 de noviembre.
Este miércoles 11 de octubre tendremos el programa: Contaminación del agua con derivados de fungicida clorotalonil: ¿Tras un año de detectada que está pasando en Cipreses de Cartago?
Contaremos con la participación de Fabián Pacheco y Jordan Vargas, integrantes del Frente Ecologista de Cipreses.
Esperamos su participación en nuestras redes sociales o por medio de llamada telefónica al 2234-3233.
Este miércoles 28 de septiembre estaremos hablando acerca del “Estudio sobre las tomas de agua en Cipreses de Cartago”, realizado por la Escuela de Geografía. Se contará con la participación de los señores Pascal Girot, director de la Escuela de Geografía y Fabián Pacheco, representante del Frente Ecologista de Cipreses.
Escúchenos por la 96.7 FM en Radio Universidad, a las 5:00 p.m., y véanos a través del Facebook de Radio Universidad de Costa Rica.
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