Les queremos compartir algunas de las reflexiones que nos hacen llegar la comunidad de Maquengal de Guatuso, en torno a la situación que está amenazando al Río Frío.
La comunidad es consciente que hay procesos naturales que pueden generar cambios del recorrido del río, generar fenómenos de sedimentación e infiltración de aguas, pero también quieren llamar la atención que ciertas actividades humanas que pueden acelerar estos procesos.
Esta región ha vivido una expansión de diversas actividades económicas que han empezado a presionar la salud del río, entre ellas los monocultivos y la ganadería, que están asociados a los procesos de deforestación, erosión y compactación de suelos, pero también ha empezado a tener mayor presencia la Minería no Metálica, por esta razón nos comparten algunas de las implicaciones que empiezan a evidenciarse a partir de la intensificación de esta actividad.
Les compartimos la Infografía que nos invita a reflexionar sobre esta situación.
El pasado viernes 16 de septiembre, se presentó el libro titulado “Materia transformada”, del Dr. Allen Cordero Ulate, doctor en Filosofía y licenciado en Sociología por la Universidad de Costa Rica, quien además se dedica a la investigación y docencia.
Su investigación se centra en los cambios sobre el paisaje, vividos y transformados a través de luchas, memorias, vivencias y también los cambios dados a través de la ganadería y monocultivos, en el territorio por las políticas estatales y la invasión foránea a comunidades locales e indígenas.
Compila textos de énfasis teórico desde la ecología crítica y de investigación aplicada mediante el tratamiento de relatos de vida de pescadores y pueblos indígenas en Costa Rica. El autor expone la relativa contradicción entre belleza paisajística y la necesidad social de comprender las mediaciones socioculturales y políticas de la misma, ya que problematizar esos espacios no conlleva perder el placer de disfrutarlos, sino que la educación paisajística puede conducir a refinar su apreciación.
Su objetivo y su aporte consiste en “entender mejor los paisajes para constatar sus limitaciones inherentes y adquirir mejores herramientas para luchar por su transformación, enfrentando la encrucijada de paisajes del capital, es decir, la destrucción de la naturaleza, el cambio climático y la usurpación de territorios indígenas, entre otras problemáticas.”
El autor decidió presentar su libro en una actividad comunitaria en Térraba, Buenos Aires (Puntarenas), lo cual es sumamente significativo para las poblaciones involucradas en su investigación, principalmente las poblaciones de Salitre y Térraba.
Usted puede conseguir el libro en su versión digital y física.
A los 7 años de edad, Maritza Valverde llegó a vivir a Volcán de Buenos Aires. Ahora, a sus 34, rememora las visitas al río después de la escuela, cuando vivía a los 100 metros y sus vecinos la acompañaban.
“Ahora es totalmente diferente, el río no tiene la misma cantidad de agua, y todo ha cambiado tantísimo”, relata Valverde, quien agrega que antes “todo el mundo se conocía” en la comunidad.
Pero los grandes cambios vienen de años atrás, cuenta Marco Ugalde. El vecino de 51 años lleva toda la vida en Volcán, aunque dice que hubo un cambio “drástico” hace 40 años.
“Había muchas fincas ganaderas, pero en el momento en que la compañía llegó a cultivar piña hubo un cambio drástico. Todo mundo vino a vivir aquí y a hacer una vida de trabajo, tener casita y una rutina diaria”, comenta.
En Buenos Aires de Puntarenas la compañía (como usualmente le conocen) transnacional Fresh Del Monte expandió sus operaciones a finales de los años 70, a través de la subsidiaria Pineapple Development Corporation (PINDECO).
En el año 2018 Buenos Aires representó el 85% del área total dedicado a la producción de piña en la Región Brunca (7.056,38 hectáreas), según el Monitoreo del estado de la piña en Costa Rica para el año 2018 publicado en 2020 por el Centro Nacional de Alta Tecnología. En 1998 la cobertura correspondía apenas a 1.225 hectáreas.
El distrito más representativo es Volcán con 2.792,81 hectáreas de cultivo de piña, algunas localizadas a lo largo de la parte media y baja de la subcuenca. La subcuenca Volcán está comprendida en la gran cuenca del Río Grande de Térraba. La conforman los ríos Volcán, Ángel y Cañas, y atraviesa hasta 10 comunidades.
La parte alta de la cuenca es área protegida del Parque Nacional La Amistad, mientras que gran parte de las tierras en la parte media y baja son propiedad de PINDECO para la producción de piña, aunque conforme desciende también hay presencia de caña de azúcar, ganadería y un historial de deforestación.
Contexto geográfico.En naranja se pueden observar los cultivos de piña en Volcán y zonas aledañas. Fuente: Sistema Nacional de Información Territorial.
Alfonso Beita vive en una propiedad que colinda con el río Volcán. Cada año Beita y su familia siembran más árboles en la zona, e incluso cedieron parte de su propiedad para un proyecto de reforestación propuesto por la Fundación Iván Noé para la Conservación para la recuperación de la cuenca del río Volcán.
Volcán ha sido el hogar de la familia Beita alrededor de tres o cuatro generaciones. Los primeros miembros en migrar hasta la zona provenían de Chiriquí y se dedicaron principalmente a la ganadería.
Ahora Alfonso es quien le ha dado seguimiento a los proyectos de su abuelo, y desde años atrás mantenía el interés (junto a otros miembros de su familia) por conformar una Comisión de Cuenca.
“El sueño era poder hacer la Comisión, y así llegarle a los productores de la parte alta que han deforestado para proponerles reforestar, incluso involucrar estudiantes para sembrar, conseguir fondos para cercar los árboles y darles un seguimiento. Pero es difícil convencer a otros propietarios de que cedan una parte”, comenta Beita. “A mí me da lástima ver y recordar cómo era el río”, reflexiona.
Pero los cambios en la comunidad y particularmente en el río Volcán no se escapan de la vista de los más jóvenes.
Jesse Padilla (25) y Dayana Castro (26) se han criado en Volcán, y aunque salieron del pueblo para estudiar, regresaron y ahora colaboran con la Fundación Iván Noé para la Conservación. Además, ambos coinciden en que han visto cambios en el río los últimos 10 años.
“Años atrás era un río muy limpio y había mucho caudal. La gente se iba a bañar ahí con frecuencia, se tiraban en neumáticos y llevaban comida”, recuerda Padilla. “Pero desde hace 10 años ha cambiado mucho, sobretodo porque en las partes altas se empezó a deforestar para hacer potreros”, agrega.
Castro también destaca los efectos de la deforestación. La joven vecina cuenta que la corta de árboles hacia la orilla de la cuenca ha afectado a la misma, y además han empeorado problemáticas como las inundaciones. “En invierno el río está a la intemperie, las orillas ya no tienen nada que le haga una barrera natural entonces sí se ha salido”, dice.
Pero Castro no es la única en utilizar “a la intemperie” para referirse al estado de la cuenca y la pérdida de barreras naturales. De acuerdo con Ugalde “ese río está como en un desierto. Al ritmo que vamos, si no se hace algo, se podría secar en un verano muy fuerte”.
En octubre de 2020 se realizó una asamblea de representantes para conformar una Comisión de Cuenca para la gobernanza participativa del recurso hídrico. Participaron asociaciones integrales de desarrollo, asociaciones administradoras de los sistemas de acueductos comunales, finqueros/ganaderos, empresas productivas como PINDECO y CoopeAgri, grupos ecologistas, consejos de distrito municipal, grupos de mujeres y jóvenes.
El pasado mes de enero fue juramentada oficialmente la Junta Directiva de la Comisión de Cuenca por el Consejo Municipal de Buenos Aires.
Proyecto de reforestación propuesto por la Fundación Iván Noé para la Conservación. Fotografía: Facebook Programa de Reciclaje Volcán.
Las concesiones
A la problemática de la deforestación se le suma la política actual sobre el otorgamiento de las concesiones de agua, percibida por el sector ecologista, organizaciones comunales y movimientos como Ríos Vivos como una mala gobernanza del recurso hídrico.
En Costa Rica la política vigente de la Dirección de Aguas (DA) del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) permite otorgar concesiones por un 90% del caudal medio anual de una fuente de agua superficial, es decir, personas y empresas pueden pagar un canon para el aprovechamiento del agua de un río.
Pero en tiempos de crisis climática, el llamado del sector ecologista y las comunidades se concentra en exigir una aplicación de metodologías integrales para determinar cuál es la verdadera capacidad de los ríos para otorgar las concesiones asegurando la sostenibilidad.
En 2010 a la Corporación de Desarrollo Agrícola Del Monte se le otorgó una concesión de aprovechamiento para riego por 425 litros por segundo en el río Volcán. Su vencimiento estaba previsto para enero 2020 pero producto de la pandemia se extendió un año más.
SURCOS consultó a Del Monte acerca de la renovación de la concesión expediente 8618A de 425 litros por segundo, canon, sitio de toma y uso. En la respuesta por escrito la compañía mencionó que presentó la renovación ante la DA para uso agroindustrial.
La compañía también cuenta con otra concesión en el río Volcán de 10.60 litros por segundo y destinada a riego (vence en 2023), una toma en el río Cañas de 514 litros por segundo destinada a riego y 10 litros para agropecuario (vence en 2024), y dos tomas en el río Ángel de 150 y 55 litros para riego (vence en 2023).
El último aforo sistemático realizado en el sitio de toma de la concesión corresponde a mayo de 1988. Lo anterior significa que desde ese año no se ha hecho una nueva medición del caudal en el sitio de toma, por ende no tiene en cuenta los cambios que ha traído consigo la crisis climática.
El término “caudal ambiental” se refiere a la cantidad, periodicidad y calidad del caudal de agua que se requiere para sostener los ecosistemas y el bienestar humano que depende de ellos.
En 2019 miembros del Movimiento Ríos Vivos enviaron una carta a la Dirección de Agua para solicitar la realización de nuevos aforos del río Volcán durante el período seco antes de renovar la concesión, para verificar el impacto que ha tenido en el sitio de toma y en el resto del trayecto del río.
Madeline Kiser y Óscar Beita, dos miembros del Movimiento Ríos Vivos que firmaron la carta enviada a la DA, vivían y trabajaban en los Estados Unidos hasta hace dos años, pero siempre se mantuvieron involucrados con las luchas ambientales de Volcán.
Kiser llegó a Volcán en 1984 como voluntaria del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos. En ese momento había una problemática de agua en la comunidad e inició un proceso para hacer un acueducto, proyecto que la acercó a los líderes comunitarios del momento.
“Mientras estábamos allá (en los Estados Unidos) teníamos un programa en el cual traíamos estudiantes de la Universidad de Arizona a Longo Mai (en Buenos Aires), para aprender más sobre el Movimiento Ríos Vivos”, cuenta Óscar Beita.
Durante el tiempo que vivieron en el exterior continuaron buscando aliados, enviaron cartas, colaboraron con la Organización para Estudios Tropicales (OTS, por sus siglas en inglés) para traer personas expertas en caudales ambientales y fijar su atención sobre la cuenca del río Volcán.
Ambos creen en la necesidad de aplicar una metodología holística para el cálculo de caudales ambientales, incorporando un análisis de los efectos ambientales, sociales y económicos de extraer agua de los ecosistemas. Dicha necesidad también la han expuesto el sector ecologista y movimientos comunitarios.
“A la hora de pensar en darle una concesión a alguien, nadie considera los usos sociales que tiene un río, nadie considera que la gente va, se divierte y es salud mental, eso no se considera con ese decreto”, apunta Óscar Beita.
De acuerdo con Beita y Kiser, el decreto ve el agua como un recurso destinado al consumo humano y la producción, pero olvida otros usos sociales.
Vecinos y vecinas disfrutan del río en Semana Santa 2021. Fotografía: Jesse Padilla.
Hablar abiertamente de la piña
Pero los cuestionamientos hacia el manejo del recurso hídrico en la zona no son recientes. A finales de los años noventa el movimiento comunitario Frente de Lucha Contra la Contaminación de PINDECO mantuvo inquietudes al respecto y además denunció los efectos ambientales de la expansión piñera.
Pese a que la lucha del Frente cesó en cuanto PINDECO obtuvo la certificación ambiental ISO 14001 (la cual contempla estándares para el manejo de impactos ambientales) las personas en la comunidad continuaron notando cambios importantes como altos niveles de erosión en los suelos, sedimentación del cauce del río y la disminución de su caudal.
En opinión de Kiser, ha sido un largo proceso poder hablar abiertamente de la piña en la comunidad, aún cuarenta años después de la llegada de PINDECO.
“Hasta en reportes científicos, procesos o planes la palabra piña a veces no aparece, o aparece escondida detrás de ganadería y caña”, agrega.
Según dicen vecinos de Volcán, tratar el tema de la piña aún se considera un tabú, debido a que muchas personas en la comunidad trabajan con Del Monte y temen que algún cuestionamiento los lleve a perder su empleo.
En Volcán la principal fuente de trabajo se relaciona con la piña, por lo que algunas personas de la comunidad abogan por modelos económicos alternativos (un tema que vecinos han conversado en el Foro Confluencia Solidaria) aunque de momento las opciones de empleo fuera del esquema de la piña son escasas.
SURCOS también consultó a Del Monte sobre las represalias en el pasado y el silencio tácito en la actualidad, pero la compañía asegura que siempre ha velado por el bienestar de las comunidades donde operan, aunque las comunidades están en desacuerdo.
En los últimos años, Buenos Aires de Puntarenas se ha posicionado entre los cuatro cantones del país con menor índice de desarrollo humano, solo por encima de Matina, Talamanca y Los Chiles.
El acueducto: conquista comunal
En otras zonas piñeras del país se ha alertado sobre la contaminación de las fuentes que abastecen a las comunidades, aunque no es el caso de Volcán.
En 1986 PINDECO propuso la instalación de pozos para abastecer a la población con agua potable, aunque hubo dudas entre los vecinos por la inminente contaminación de los pozos con agroquímicos.
La decisión que tomó la comunidad junto a la compañía fue la creación de un acueducto comunal (ASADA) que hasta la actualidad se abastece de cinco nacientes y tomas provisionales en el río Ángel durante el verano.
“De momento donde tenemos las captaciones no se da el problema de la deforestación”, menciona Maritza Valverde, administradora de la ASADA.
De acuerdo con Valverde, actualmente no hay problemas de abastecimiento de agua en la comunidad, pero a largo plazo y si la población continúa creciendo, el acueducto podría requerir de nuevas formas para abastecerse.
A pesar de que gran parte de la población en Volcán tiene acceso a agua potable, los fenómenos atmosféricos potenciados por el cambio climático sí representan un desafío.
En época seca el acueducto hace dos conexiones para tomas provisionales. Conforme avanza la época y el caudal del río baja, hacen una segunda conexión para asegurar que nadie se quede sin agua.
Pero la época lluviosa es la que representa un mayor problema. Las tormentas y fuertes lluvias contaminan las nacientes y el agua se ensucia, entonces en el acueducto toman la decisión de cerrar la tubería y se suspende el servicio por unas horas hasta lograr la captación de agua potable.
“Todo está siendo muy radical. A mí personalmente me preocupa porque el cambio climático cada vez nos afecta más y eso es muy preocupante”, opina Valverde.
Algunos vecinos coinciden en que la amplia cobertura de agua potable en la comunidad ha generado que pocas personas piensen en la importancia de proteger el recurso hídrico.
Sentimientos por el río
Años atrás Alfonso Beita encontró un tractor a la par de su propiedad que colinda con el río. Según cuenta, era un T9 botando árboles para una represa de la compañía.
“Imagínese lo que sentí, era el bosque ribereño que mi abuelo había dejado a la orilla del río. Yo me crié ahí y hasta aprendí a nadar en él, en mí hay un gran sentimiento por ese río”, comenta.
En opinión de Alfonso Beita, la consolidación de la Comisión de Cuenca es un gran avance y un espacio para que todos se unan a salvar el río.
“La idea es que estas áreas no se toquen y queden como amortiguamiento. Se podrían sembrar árboles funcionales que le den una entrada a los productores”, dice.
El agrónomo señala la importancia de presentar alternativas, como organizarse para la siembra de árboles y plantas medicinales que puedan venderse, hacer senderos para atraer turismo e involucrar a los productores. “Tiene que haber un cambio de mentalidad en los productores”, expresa.
Para Jiri Spendlingwimmer, quien participó en la defensa del recurso hídrico en la Comisión de los Ríos Convento y Sonador ante la amenaza de proyectos hidroeléctricos, la creación de la Comisión de Cuenca en Volcán llega a dar la oportunidad de que la comunidad pueda incidir en situaciones que limitan su bienestar.
“El río Volcán es un río que tiene varias concesiones de riego y no fue algo que las comunidades eligieron. Es importante que sean movimientos de base comunitaria porque es la gente que ahí vive, y no debería ser que desde un escritorio un funcionario en San José decida cuanto dedicar para riego, y la gente ni cuenta se da”, dice Spendlingwimmer.
De acuerdo con Dayana Castro, quien forma parte de la Comisión, la aspiración es involucrar a toda la comunidad y educar a las personas acerca de la importancia de proteger la cuenca. En los próximos meses la Comisión avanzará en la formulación de sus objetivos y proyectos.
Todos los vecinos entrevistados tienen una aspiración común: salvar la cuenca. ¿Su consigna? “Estamos a tiempo”, pero reconocen que deben actuar ahora mismo.
Abril 2021. Fotografías: Jesse Padilla.
Serie de notas periodísticas que cuenta historias y proyectos en la comunidad de Buenos Aires, Puntarenas, quienes se están integrando al espacio colectivo Foro Confluencia Solidaria para aportar a propuestas cuyo objetivo sea la construcción de una sociedad justa, digna y solidaria, centrada en la búsqueda del bien común.
Área de Conservación Tortuguero; programa de educación ambiental
Un humedal es una zona de tierra, generalmente plana, cuya superficie se inunda de manera permanente o intermitente. Al cubrirse regularmente de agua, el suelo se satura, quedando desprovisto de oxígeno y dando lugar a un ecosistema híbrido entre los puramente acuáticos y los terrestres.
Los humedales:
Son ecosistemas muy heterogéneos y grandes reservorios de biodiversidad. Todos los humedales tienen un efecto de “esponja”, es decir, que proveen un servicio de mitigación de inundaciones al absorber el agua, lo que impide que se inunden las ciudades que están aguas abajo. Las modificaciones que estamos viendo, los incendios o los grandes monocultivos y la ganadería reducen esta capacidad de mitigación.
Los humedales son uno de los entornos más productivos del mundo, y son cunas de diversidad biológica y fuentes de agua y productividad primaria de las que innumerables especies vegetales y animales dependen para subsistir.
Estos ecosistemas son vitales para la supervivencia humana, ayudan a mitigar los efectos que provocan las sequías y las fuertes lluvias. Sin embargo, están amenazados por actividades como la ganadería, los monocultivos, los proyectos inmobiliarios y la minería.
Se calcula que en los últimos 35 años han desaparecido más del 50% de los humedales en todo el mundo.
En Costa Rica tenemos un marco legal muy endeble para su protección. Es urgente que una LEY DE HUMEDALES incluya un inventario a nivel nacional, una moratoria para impedir que se sigan destruyendo y que agregue la figura penal del DELITO ECOLÓGICO para quienes cometan este crimen ambiental.
Este informe independiente recoge las denuncias de pueblos, comunidades, organizaciones y personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas respecto de la creciente violencia perpetrada por parte de colonos; con la complacencia de empresas trasnacionales y el Estado nicaragüense. El texto también expone a empresas extranjeras mineras de oro, actores nacionales e internacionales de la industria maderera y ganadera, así como a destacados funcionarios nicaragüenses detrás de esta violencia.
Frente a estas agresiones, ampliamente documentadas por organizaciones de derechos humanos y retomadas por el informe, el Estado de Nicaragua ha fallado en garantizar la vida e integridad de los pueblos indígenas, al que tiempo las violaciones continúan impunes. En su lugar, el Gobierno sigue promoviendo actividades extractivas en territorios indígenas y la situación de riesgo se agrava.
Como representantes de las comunidades indígenas miskitu ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) te invitamos a la presentación del informe “Nicaragua: Una Revolución Fallida: La Lucha Indígena Por El Saneamiento”, cuya versión en inglés ya ha generado millones de impresiones en los medios, incluida cobertura por parte del New York Times, Guardian, Le Monde, Washington Post, ABC News, MongaBay, entre otros.
Acompáñanos el jueves 20 de agosto de 10:00am a 11:30am hora Centroamérica en un webinario en español para presentar los hallazgos del informe y discutir acerca de las formas de apoyar la lucha de los pueblos indígenas por el saneamiento.
Panelistas:
Anuradha Mittal, autora del informe y Directora Ejecutiva de Oakland Institute
Lottie Cunningham, fundadora del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN)
Claudia Paz y Paz, directora del programa de México y Centroamérica del Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL)
Moderadora: Sofía Espinal, oficial de comunicación en CEJIL para el programa de México y Centroamérica
Las comunidades indígenas en las regiones autónomas de la Costa Caribe enfrentan una situación de violencia agravada, como lo demuestran los recientes ataques contra las comunidades Alal, Wasakin y el pueblo Miskitu. • Desde enero de 2020, diez personas de las comunidades Mayangna y Miskitu en la Región Autónoma de la Costa del Caribe Norte (RACCN) han muerto en invasiones territoriales, lo que eleva a 46 el número total de asesinatos registrados desde el 2011. Decenas de personas han sido heridas, secuestradas, desaparecidas y miles han sido desplazadas debido a las invasiones de tierras. • El gobierno de Nicaragua ha puesto millones de hectáreas a disposición de la explotación minera, la industria maderera y la ganadería, atrayendo a empresas transnacionales y llevando a miles de colonos a regiones autónomas en detrimento de las vidas y los medios de vida de los pueblos indígenas. • Si bien las leyes del país establecen la autonomía de las comunidades indígenas en la gestión de sus tierras y recursos naturales, estos derechos se niegan sistemáticamente mediante el despojo. • Personas funcionarias participan en ventas ilegales de tierras y en la represión policial auspiciada por el Estado en contra de las comunidades que resisten el despojo. —
El Instituto Oakland es un grupo independiente de personas expertas que aporta nuevas ideas y acciones audaces a los problemas sociales, económicos y ambientales más urgentes de nuestro tiempo.
CEJUDHCAN es una organización no gubernamental, sin fines de lucro que brinda programas educativos, apoyo legal y asistencia práctica a los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes en la costa caribeña de Nicaragua.
CEJIL es una organización regional que promueve y defiende los derechos humanos en las Américas ante los sistemas internacionales de protección, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entre los diferentes litigios que ha llevado a cabo se encuentran las medidas de protección en nombre de 12 comunidades miskitu y dos personas defensoras de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Super-hongo encontrado en paciente de Hospital Calderón Guardia puede tener relación con abuso de agroquímicos en el país. En una noticia circulada el pasado 11 de junio, el médico Taciano Lemos, director del hospital, confirmó la presencia del hongo Candida auris en un paciente del centro médico.
Río Abangares, punto de extracción de materiales. Kioscos Socioambientales visitó las comunidades de Abangaritos, Higuerilla y Manzanillo, donde comprobó las múltiples amenazas para los ríos del Pacífico Central.
La defensa de los ríos del cantón central de Puntarenas ha quedado en manos de las comunidades. Así lo han evidenciado organizaciones de las comunidades de Guacimal, Aranjuez y Abangaritos, quienes han defendido sus ríos frente a las tomas de agua para el riego privado y la extracción ilegal de materiales de río (arena y piedra principalmente) .
Los embates de la época seca es solo una de las amenazas que sufren los ríos del pacífico central. El monocultivo de caña de azúcar, la deforestación desmedida y la ganadería extensiva en las márgenes y cuencas de estos ríos, generan una serie de efectos negativos tanto para las comunidades como para los ecosistemas que en estos espacios conviven.
Los ríos de la comunidad de Abangaritos son de los más afectados por la extracción de materiales. De acuerdo con personas de la comunidad, las extracciones se realizan en fincas privadas, pero destruyen el bien común de todas las personas, el río Abangares. “Esta finca es de Germán Vargas-un terrateniente del lugar-, pero la finca es de él, el río no. De aquí sacan piedra, sacan el agua (…) se roba la arena del río, y la venden en otros lugares, a la Asociación de Desarrollo se le ha denunciado la situación para que hagan algo, y no han querido hacer absolutamente nada”, declaró Sundry Álvarez de la comunidad de Abangaritos.
Tampoco el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAET), por medio del Área de Conservación del Pacífico Central (ACOPAC), ha dado respuesta a las múltiples denuncias interpuestas por la tala ilegal de árboles en las cercanías de los pozos de agua de las comunidades. Según las denuncias, “los dueños de las fincas enferman los árboles maderables para luego alegar la necesidad de talar dichos árboles por riesgo de caída”. Así se comprobó mediante una visita a los pozos de agua de Abangaritos, donde a escasos metros se halló un árbol señalizado con un número y con incrustación de clavos.
Abangaritos, Puntarenas. Tala de árboles en las cercanías de los pozos de agua.
Estas actividades extractivas, las cuales atentan contra los ríos y el acceso al agua de las comunidades, se desarrollan sin ningún tipo de regulación o concesión estatal, a pesar de las informaciones que han recibido el Ministerio de Ambiente y Energía y la Asociación de Desarrollo de la comunidad.
Problemáticas ambientales como la extracción de material que afecta el cauce de los ríos, así como la deforestación en las fincas donde se encuentran los pozos y nacientes de agua no son problemas menores, máxime en una zona catalogada de alto riesgo por su propensión a las sequías y desabastecimiento de agua. Este es el caso de Higuerilla, una de las comunidades que se hallan sobre la cuenca del río Abangares, y en la que el acceso al agua potable depende del paso por la zona de los camiones cisterna del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
Abangaritos, Puntarenas. Una muestra de los cultivos extensivos en la zona del río Abangares, producción de sandía.
La tala ilegal de árboles, la extracción de materiales, así como los monocultivos extensivos y la ganadería a gran escala, son las principales problemáticas que ocasionan la sequía y contaminación de los ríos, teniendo un efecto directo sobre las formas de vida de las comunidades costeras, ya que la disminución en el nivel de agua de los ríos, así como la afectación por agroquímicos, genera contaminación en los manglares y por ende un impacto sobre las distintas especies marinas, así como en los modos de vida de las comunidades que dependen de la pesca y la “saca” de piangüa.
Abangaritos, Coyolito, Guacimal, Punta Morales, Manzanillo, Orocú, Malinche, Judas, Chomes, todas ellas de Puntarenas, son parte de las comunidades que pertenecen a la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua de Puntarenas, organización que tiene como propósito la defensa de los ríos frente a los proyectos de privatización, ya que se reconoce la importancia del agua para la vida y el derecho de las personas al acceso de dicho bien común.
Para más información con Dylanna Rodríguez tel. 8886 6291, docente del Programa Kioscos Socioambientales
FB: Kioscos Socioambientales Ucr
FB: Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua de Puntarenas.
Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica
Representantes de las comunidades de Abangaritos, Malinche, Manzanillo y Guacimal, agrupadas en la Alianza de las comunidades por la defensa del Agua – Puntarenas, fueron las protagonistas del conversatorio: “Por la defensa de los Ríos del Pacífico Central”. Esta actividad sirvió para denunciar la destrucción de los modos de vida de las poblaciones en la costa, siendo uno de los efectos de la ganadería extensiva, el monocultivo de caña de azúcar, algodón transgénico, piña, palma africana y la tala indiscriminada en los alrededores de los ríos que desembocan en el Golfo de Nicoya.
Para estas comunidades, la contaminación por agroquímicos que generan los monocultivos del cantón central de Puntarenas, llega finalmente a los manglares de río, lo cual genera la muerte de un gran número de especies, acabando así con los modos de vida de las personas que viven de la pesca y “la saca” de piangüa y moluscos en estas comunidades.
Sin embargo, según las representantes de estas comunidades, la problemática por el agua no deviene únicamente de las actividades extractivas presentes en los ríos de la zona, sino que también es una problemática que pasa por la falta de acceso al agua para uso doméstico, en muchas comunidades de Puntarenas. Sundry Álvarez de la comunidad de Abangaritos, expuso la situación que se vive en la “Higuerilla”, donde el agua de la comunidad depende del reparto del AyA en camiones cisternas, situación que se repite en otras comunidades del país, especialmente durante la época seca.
Comunidades del cantón central de Puntarenas se reunieron el pasado 3 de mayo en la Universidad de Costa Rica con el fin de compartir su experiencia de organización, así como exponer las problemáticas ambientales que viven algunas comunidades por la sobreexplotación de los ríos del pacífico central.
Mientras Ana Cecilia Ugalde de la ASADA de Manzanillo que vive en una comunidad costera asegura que “antes teníamos moluscos y peces en nuestro patio que esta prácticamente en el mar, pero ahora la contaminación que llega al Golfo hace que tengamos que alejarse cada vez más para pescar”.
La Alianza ha denunciado la falta de política en el tema de las concesiones de agua, señalando a la Dirección de Aguas y al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y a las empresas agroindustriales de la condición crítica actual de las cuencas.
“Empresas agroindustriales acaparan los mayores volúmenes de agua en las cuencas de todo el Pacífico costarricense. En nuestra zona, sociedades ganaderas acaparan hasta el 80% del agua de un solo río”, afirma la Alianza (ver más en http://kioscosambientales.ucr.ac.cr/docs/publicaciones/alianzapacifico.pdf).
Las Asadas y comunidades son los principales afectados de esta problemática, pues tienen que hacer constantes racionamientos para el pueblo entero; por lo cual piden a las instituciones públicas debates sobre este tema, para poner un alto a esta crisis del recurso hídrico.
Para más información con Dylanna Rodríguez tel. 8886 6291, docente del Programa Kioscos Socioambientales y Danny Villalobos tel. 8781 4512 de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua – Puntarenas.
Foto del río Guacimal el pasado 6 mayo del 2018 a unos 5 kilómetros de llegar al mar su cause se seca por la sobre explotación poniendo en riesgo el agua de la ASADAS de Chomes y otras comunidades costeñas cuyos pozos están a la orilla del río.
Expertos y ONG advierten que este es uno de los mayores desastres ambientales que ha sufrido Nicaragua
Se reportan más de 2800 hectáreas de incendios forestales en la RBIM mientras el gobierno tarda en actuar
La Reserva Biológica Indio Maíz (RBIM) ubicada al sureste de Nicaragua, al norte del Río San Juan y limítrofe con Costa Rica es uno de los principales pulmones de la región centroamericana y al mismo tiempo enfrenta una grave crisis por el avance del fuego y con esto el avance de la frontera agrícola.
La RNIM comprende 3180 Km2, lo que representa casi un 2% del territorio nicaragüense, el cual está cubierto por bosque tropical y humedales. Esta área protegida viene siendo vulnerada desde hace años con la tala y la ganadería ilegal dentro de la Reserva, y al mismo tiempo en las zonas de amortiguamiento hay presencia de monocultivos como la palma aceitera. Existe gran presión sobre la Reserva ya que distintas organizaciones reportan prácticas ilegales en total impunidad pese a que las autoridades nicaragüenses conocen de esta situación.
Según reporta la Fundación Del Río “desde hace más de 5 años ha informado, evidenciando y divulgando la situación real de la Reserva Biológica Indio Maíz donde las mismas instituciones del estado de Nicaragua, avalan este tipo de prácticas ilegales y se convierten en cómplices al promover construcción de escuelas, caminos, centros de salud y dejar en la impunidad a terratenientes, traficantes de tierra dentro las Áreas Protegidas de Sureste de Nicaragua, específicamente la Reserva Biológica Indio Maíz«.
Por su lado, el Movimiento Campesino de Nicaragua denuncia que el gobierno de ese país guarda silencio y no emite acciones claras para frenar el incendio. Además ésta organización solicita solidaridad intencional para atender la emergencia.
Centroamérica arde
Los incendios forestales en la región arrecian y poco están haciendo las autoridades de lo distintos gobiernos para frenarlo. Para este verano en Centroamérica se reportan más de 40.000 hectáreas consumidas por el fuego. Además del incendio en Nicaragua se tienen datos de que en Honduras 36,000 hectáreas de bosques y pasto fueron destruidas por los incendios forestales en 2017, según un informe del Instituto de Conservación Forestal (ICF). Por su lado en Guatemala se reportan 1.322 hectáreas se han consumido por los incendios forestales de noviembre de 2017 a marzo de 2018.
Gobierno rechaza participación en comisión para analizar el tema
Imagen tomada de www.feconcr.org
Diversas organizaciones ecologistas y académicas exigieron que antes “de que se abran mayoritariamente al mercado o se liberen al ambiente las distintas tecnologías, productos y procesos de Biología Sintética, estas deben ser puestas al conocimiento, discusión y decisión amplia de las personas y grupos afectados, en nuestro caso, campesinos, campesinas e indígenas así como grupos ecologistas y universitarios para que todos y todas valoremos sus consecuencias socio-políticas, ecológicas y éticas”.
La biología sintética se encarga del diseño y creación de componentes biológicos y sistemas que no existen en la naturaleza y el re-diseño de los elementos biológicos que ya existen (Comisión Europea, Dirección General de Investigación -2005). Los productos de la biología sintética tienen la característica de que una vez creados son “auto replicables”, es decir, se siguen reproduciendo saliéndose del control de quienes los originaron afectando los ecosistemas y las características de la vida en general. Estos productos abarcan hasta el momento las áreas de la salud, la alimentación, la agricultura, la ganadería y los biocombustibles.
La difusión del conocimiento sobre la biología sintética y sus diferentes tecnologías, así como la comercialización de algunos productos se ha limitado a esferas de científicos y empresarios, dándose a conocer limitadamente en algunos “publi-reportajes” poco analíticos, cuyas implicaciones están lejos del acceso a la opinión y debate público.
Las organizaciones aseguran que “en el campo que nos es cercano, como es la diversidad agrícola y ganadera, ya se han introducido productos de plantas de escaso volumen, pero altísimo precio como el azafrán, la vainilla, el cacao, la stevia, así como colorantes y fragancias; y que últimamente amenazan con introducirse en otros productos agrícolas y ganaderos de amplia difusión, como el maíz, el ganado vacuno y la eliminación total de las llamadas “malezas”.
Afirman que “estas tecnologías se están desarrollando e implementando sin comunicárnoslo, y que estas afectan los saberes y conocimiento tradicionales, así como la soberanía alimentaria, que defiende el derecho de los pueblos a consumir alimentos nutritivos, culturalmente adecuados y producidos de forma sostenible y ecológica, así como su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Además “afectarían igualmente el esfuerzo que Costa Rica ha realizado para ser reconocida en el ámbito internacional por sus logros en conservación y uso sostenible de la biodiversidad”.
Estas y muchas otras preocupaciones (ver documentos de posición y anexos) fueron entregadas a los representantes a las autoridades del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y MINAE para que se tome en cuenta estos planteamientos y podamos participar dentro de una Comisión Inter institucional en la elaboración de la posición del país sobre este tema de cara a la próxima Conferencia de las Partes 13 (COP-13), del Convenio de Diversidad Biológica por 194 países que la conforman el próximo mes de diciembre en Cancún, México. La solicitud de participación para garantizar que estos argumentos se reconozcan fue rechazada por la viceministra del MINAE Patricia Madrigal.
Entre las organizaciones firmantes están: Red de Coordinación en Biodiversidad, El Programa de Kioskos Socio ambientales de la Universidad de Costa Rica, Red de Mujeres Rurales, Federación para la Conservación del Ambiente (FECON) y COECOCEIBA – Amigos de la Tierra Costa Rica.
Informes con: Mariana Porra tel. 8302 2360 de COECOCEIBA – Amigos de la Tierra Costa Rica o Zuiri Méndez tel. 8706 1865 del Programa de Kioskos Socio ambientales de la Universidad de Costa Rica
