El Observatorio de Bienes Comunes UCR realizó una producción para analiza el retroceso ambiental, en el que Costa Rica se encuentra sin voz en Ramsar, y cómo la vigilancia comunitaria se volvió la última frontera para su protección.
Mientras más de 180 países se reúnen en la COP15 para proteger los humedales del planeta, Costa Rica brilla por su ausencia. Entre 2022 y 2025, el gobierno de Rodrigo Chaves no actualizó ni un solo informe sobre los 12 sitios Ramsar del país.
Caribe Noreste, Térraba-Sierpe o Gandoca-Manzanillo están en riesgo, pero no hay reportes oficiales, pese a denuncias y evidencias. Esta omisión es parte de una política ambiental marcada por el silencio, la desregulación y el abandono institucional.
La Asociación para el Desarrollo de la Ecología advierte sobre obras ilegales y falta de respuesta institucional
La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (ADE) denunció que el sitio Ramsar 783 Gandoca-Manzanillo, ubicado en el Caribe sur de Costa Rica, se encuentra bajo una creciente amenaza ambiental debido a la construcción de piscinas, caminos y drenajes ilegales dentro del área protegida.
En una nota enviada a la dirección regional del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), la organización afirma que estas intervenciones ponen en riesgo hábitats clave para la biodiversidad, como los de tortugas marinas y manatíes, además de afectar los ecosistemas de humedal. También señala presuntas omisiones por parte del personal responsable del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.
“La situación es crítica y no hemos recibido respuestas técnicas ni acciones concretas por parte del Estado”, expresó Marco Vinicio Levy, representante de la asociación.
La ADE envió dos oficios al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC): el primero el 6 de mayo, solicitando medidas urgentes, y el segundo el 23 de julio, al considerar insuficiente la respuesta institucional recibida.
En dicha respuesta, el SINAC indicó estar en coordinación con el Programa Nacional de Humedales para actualizar la ficha del sitio Ramsar y mencionó la elaboración de mapas de zonas críticas. Sin embargo, la asociación sostiene que no se detallan responsables, fechas ni acciones específicas, como la suspensión de permisos o la restauración del daño ambiental.
Además, la entidad solicitó una investigación administrativa sobre el actuar de la administración del refugio y un informe sobre posibles procesos judiciales en curso. Según la documentación oficial, las autoridades respondieron que cualquier denuncia debe presentarse con pruebas por los canales establecidos, lo cual fue interpretado por la asociación como una omisión frente a hechos ya documentados.
El sitio Gandoca-Manzanillo fue designado en 1995 como parte de la Convención Ramsar sobre humedales de importancia internacional. Un oficio emitido por la Secretaría Ejecutiva del SINAC el pasado 14 de enero confirma la vigencia del estatus Ramsar y los límites oficiales del sitio, pero no hay evidencia de que se hayan tomado medidas para su protección activa.
La ADE advirtió que, si no recibe una respuesta clara en los próximos días, acudirá ante instancias nacionales e internacionales, incluyendo la Secretaría Ramsar, la Defensoría de los Habitantes y la Sala Constitucional.
La Asociación para el Desarrollo de la Ecología (ADE) presentó el 26 de junio de 2025 una solicitud formal dirigida al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, para la recusación de la Licda. Maylin Mora Arias, actual directora regional a.i. del Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC). La solicitud, registrada bajo el expediente AEL-00267-2025, acusa a la funcionaria de decisiones administrativas inconsistentes y de incumplimiento de sentencias de la Sala Constitucional, en perjuicio del sitio Ramsar 783 Gandoca-Manzanillo y otros humedales del Caribe Sur.
Según la ADE, Mora Arias ha ignorado el informe técnico “Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca” (SINAC-ACC-OTOF-698-2021), pese a que fue legitimado por la Sala Constitucional en la sentencia N.° 2024-010951. La funcionaria insiste en descalificar el documento como “no oficial”, lo que impide su uso para incorporar nuevos humedales al Inventario Nacional y actualizar certificaciones de Patrimonio Natural del Estado (PNE).
En una respuesta institucional fechada el 25 de junio (CARTA-SINAC-ACLAC-DR-0642-2025), SINAC sostiene que el informe no ha sido aprobado por el Consejo Nacional de Áreas de Conservación y que por tanto carece de validez legal. Sin embargo, esta postura contraviene lo dispuesto por la Sala Constitucional, que ordenó utilizar dicho informe como parte del proceso de actualización de certificaciones oficiales.
La ADE también denuncia omisiones graves en casos específicos como los humedales de Punta Uva y Manzanillo, donde existen denuncias por rellenos y drenajes ilegales que no han sido adecuadamente abordadas. Aunque el área de Manzanillo ya fue certificada como PNE, aún no ha sido incorporada al registro nacional de humedales, lo que la deja en una situación de vulnerabilidad ante intereses privados.
La organización advierte además que estas inconsistencias institucionales generan condiciones de riesgo para las personas defensoras ambientales del Caribe Sur, quienes enfrentan amenazas mientras las instituciones se muestran omisas.
Entre las acciones solicitadas por la ADE destacan:
La recusación y eventual destitución de la Licda. Mora Arias.
El cumplimiento inmediato y completo de la sentencia constitucional.
Una auditoría interna sobre las decisiones de la ACLAC.
Protección efectiva para quienes defienden el patrimonio ambiental.
La controversia pone en evidencia una fractura entre los compromisos ambientales del Estado costarricense y su ejecución en el terreno, especialmente en territorios tan sensibles como Talamanca. La protección de los humedales del Caribe, reconocidos internacionalmente, depende de una acción institucional clara, transparente y respetuosa del marco legal.
Foto: Humedal costero en Punta Uva, en el Caribe Sur. (Foto: Katya Alvarado, Semanario Universidad).
Las comunidades afrodescendientes del Caribe Sur de Costa Rica lanzan un urgente llamado a la movilización y organización ante la acelerada implementación de los Planes Reguladores Costeros (PRC) que el Gobierno impulsa en sus territorios ancestrales, desde Colorado hasta Manzanillo.
Estos planes, que promueven grandes desarrollos hoteleros y turísticos, amenazan con transformar irreversiblemente el paisaje cultural y desplazar a las familias locales, poniendo en riesgo los derechos históricos y culturales que este pueblo ha reclamado por generaciones.
“El Gobierno avanza sin consulta adecuada y sin respetar los protocolos establecidos para proteger nuestros derechos territoriales”, alerta Marco Levy Virgo, líder afrodescendiente y firmante del comunicado. Recordó además las luchas previas, como la resistencia comunitaria que logró frenar la reducción del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo en 2019, y la persistente demanda por restitución de tierras en Cocles.
El llamado es claro y contundente: se exige el cumplimiento estricto de la Consulta Previa, Libre e Informada, tal como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), antes de que se aprueben nuevos planes que podrían desplazar a estas comunidades.
Para fortalecer esta defensa, se propone organizar asambleas comunitarias en Cahuita, Puerto Viejo, Manzanillo y otras localidades afectadas, y consolidar el Foro del Pueblo Tribal Afrodescendiente como plataforma nacional e internacional para articular demandas y acciones conjuntas.
“El Caribe Sur no puede convertirse en un nuevo Guanacaste, donde el turismo extractivo ha desplazado a comunidades enteras”, enfatizan, llamando a preservar la riqueza cultural, la conexión ancestral con la tierra y el mar, y la historia de resistencia del pueblo afrodescendiente.
Con esta movilización, la población afrocaribeña busca no solo defender su territorio, sino también asegurar justicia, reconocimiento y un futuro digno para las generaciones presentes y venideras.
Imágenes:
https://www.albasud.org/blog/es/1106/caribe-sur-costa-rica-un-escenario-abierto Imagen de Arturo Silva Lucas
El pasado 5 de junio, la Asociación para el Desarrollo de la Ecología (AED), con sede en Limón, envió una carta al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, en la cual solicita la implementación de medidas urgentes para reparar los daños ocasionados al Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo (REGAMA) y para reestructurar el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC).
El documento, firmado por Marco Vinicio Levy Virgo, presidente de la AED, señala una serie de omisiones y decisiones administrativas que habrían deteriorado ecosistemas protegidos del Caribe Sur, incluyendo humedales, manglares y sitios de anidación de tortugas marinas, en lo que considera un debilitamiento sistemático de la gestión ambiental.
Entre los antecedentes mencionados por Levy Virgo, se encuentran: la emisión de la Directriz 09-2023 y el rechazo inicial del documento Caracterización y Delimitación de Humedales; el desconocimiento del sitio Ramsar 783 (Gandoca-Manzanillo) en 2017; el impulso de proyectos inmobiliarios en la Zona 1 del refugio; y una gestión empírica del ACLAC, encabezada por el ingeniero Edwin Cyrus Cyrus durante más de 30 años.
Ante esta situación, la AED plantea ocho peticiones específicas:
Que se realice una evaluación integral, a cargo de expertos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), con el fin de dimensionar el daño ambiental en la zona.
Que se ordene un estudio fotointerpretativo, utilizando las ortofotos del Registro Nacional de la Propiedad, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el MINAE, para identificar los cambios en el uso del suelo en zonas clave del REGAMA.
Que se emita una certificación oficial que respalde el registro legal de todos los humedales incluidos en el documento Caracterización y Delimitación de Humedales.
Que se ordene el desalojo inmediato de ocupaciones ilegales en los humedales y en el sitio Ramsar 783, Gandoca-Manzanillo, a fin de detener la degradación de estos ecosistemas.
Que se asigne un especialista en planificación territorial para apoyar técnicamente los procesos de restauración ecológica en la zona.
Que se reestructure el Área de Conservación La Amistad Caribe (ACLAC), mediante una nueva administración basada en criterios técnicos.
Que se realice una auditoría operativa del ACLAC, enfocada en detectar fallas de gestión, omisiones en la caracterización de humedales y permisividad frente a intereses inmobiliarios.
Que se implementen acciones concretas para reorientar la gestión del ACLAC, garantizando un abordaje integral que proteja los recursos naturales del Caribe Sur.
La carta concluye con un llamado al ministro a asumir su responsabilidad institucional y ejecutar un “golpe de timón” que garantice una administración pública eficaz, técnica y transparente en la protección de los recursos naturales.
La AED solicita una respuesta en un plazo de 10 días hábiles, con fundamento en la Ley General de la Administración Pública.
Un recurso de amparo interpuesto contra la administración del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo ante la falta de divulgación de información ambiental relevante con la tala y cambio de uso del suelo en Calle Paraíso fue declarado con lugar. La acción fue interpuesta por Marco Vinicio Levy Virgo. La solicitud pretendía conocer el seguimiento y el cumplimiento de las medidas cautelares relacionadas con informes ambientales dentro de la zona protegida. Este reclamo se fundamentó en la necesidad de transparencia en la gestión de asuntos públicos, especialmente aquellos que inciden en la protección del medio ambiente.
El caso se originó ante una solicitud formulada el 25 de noviembre de 2024, en la que se solicitaba un informe actualizado y detallado sobre el cumplimiento de la sentencia y las medidas impuestas. La respuesta de la administradora del refugio se emite a través de diversos oficios entre enero y marzo de 2025, donde se indicó que lo solicitado era considerado confidencial por estar vinculada a investigaciones en curso según el artículo 295 del Código Procesal Penal. Esto generó un conflicto entre el deber de transparencia y las restricciones que impone la confidencialidad en procesos investigativos.
Ante la controversia, la Sala Constitucional analizó el derecho de acceso a la información pública y tomó en cuenta, que la solicitud del ciudadano guardaba un interés público ineludible, especialmente cuando se trata de temas ambientales y de control de la actividad derivada de la administración pública. La relevancia de la información solicitada constituía un elemento esencial para el ejercicio del control ciudadano sobre el desempeño de las autoridades del refugio.
En la parte decisoria, la Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo. Se ordenó a los funcionarios, o a quien la sustituya, coordinar todas las acciones necesarias y emitir las órdenes pertinentes para que, en un plazo máximo de ocho días a partir de la notificación de la sentencia, se facilite la documentación solicitada. Esta entrega deberá realizarse resguardando cualquier dato sensible o confidencial, conforme a lo establecido en la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales.
La resolución también establece sanciones para el caso de incumplimiento. Se advierte que, de no hacerse efectiva la orden, se aplicarán medidas penales que incluyen la posibilidad de prisión de tres meses hasta dos años o multas que van de veinte a sesenta días multa, conforme al artículo 71 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
La decisión condena al Estado al pago de las costas, así como a la reparación de los daños y perjuicios causados por la omisión en el cumplimiento de la obligación de transparencia. Estos montos se liquidarán posteriormente en ejecución de sentencia en el ámbito contencioso administrativo, reforzando así el principio de rendición de cuentas y el derecho del ciudadano a obtener información esencial para el control del buen funcionamiento de las instituciones públicas.
Mediante este enlace puede ver el voto completo de la Sala.
La Asociación para el Desarrollo de la Ecología respondió el 4 de junio al viceministro de Ambiente, Jorge Mario Rodríguez, refutando los argumentos expuestos en el oficio DVA-064-2025 sobre presuntas irregularidades en el otorgamiento de permisos de uso de suelo en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo y el sitio Ramsar 783.
Según el documento AEL-00239-2025, firmado por Marco Levy Virgo, presidente de la organización, el Ministerio de Ambiente y Energía (minae) ha omitido su deber de coordinación interinstitucional y su responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental en estas áreas protegidas.
La organización señala que el minae argumentó no poder invadir las competencias de la Municipalidad de Talamanca, basándose en la autonomía municipal establecida en el artículo 4 del Código Municipal. Sin embargo, Levy considera que esta interpretación desconoce el deber de coordinación interinstitucional que obliga al ministerio a trabajar conjuntamente con las municipalidades para proteger áreas protegidas y sitios Ramsar.
Entre las irregularidades denunciadas se encuentran construcciones y modificaciones ilegales dentro de humedales y manglares, incluyendo drenajes realizados en el Hotel Las Palmas, propiedad de Jan Kalina, para la construcción de una piscina. También se mencionan obras recientes en el Hotel Almendros y Corales, incluyendo la instalación de una piscina, y una serie de caminos ilegales que afectan los humedales y el bosque del refugio nacional.
La asociación indica que estos hechos no han sido investigados ni corregidos por el minae, lo que constituiría una violación directa de las restricciones establecidas en el artículo 151 del Reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, el artículo 18 de la Ley Forestal y las disposiciones internacionales que protegen los sitios Ramsar.
Levy también criticó la negativa del ministerio a establecer una mesa de trabajo interinstitucional para analizar el estado de la Zona Marítimo Terrestre en Talamanca, considerándola injustificada y contraria a los principios de transparencia y cooperación que deben regir la gestión ambiental.
La organización reitera su solicitud para que el minae cumpla con su deber de coordinación con la Municipalidad de Talamanca para investigar los permisos de uso de suelo otorgados en las áreas protegidas mencionadas. Además, insta a la conformación inmediata de una mesa de trabajo interinstitucional para analizar los impactos ambientales de las actividades denunciadas.
El presidente de la asociación advirtió que está dispuesto a escalar el asunto ante la Sala Constitucional si persiste la omisión del minae en abordar estas irregularidades, que considera atentan contra el patrimonio natural de Costa Rica y los compromisos internacionales del país.
El documento fue enviado en copia a diversas instituciones, incluyendo la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa, la Procuraduría General de la República, la Fiscalía Ambiental y la Secretaría Ramsar, entre otras.
El ciudadano Marco Levy Virgo presentó una solicitud formal ante la Fiscalía General de la República para que se investigue al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, por presuntas irregularidades relacionadas con la gestión de humedales en el cantón de Talamanca.
La petición, remitida el 9 de abril a la oficina del fiscal general Carlo Díaz Sánchez, solicita una «investigación exhaustiva e inmediata» en relación con la causa penal 23-000041-0611-PE, vinculada al manejo del documento técnico «Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítimo Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca» de junio de 2021.
Según se detalla en el escrito, Levy considera que existen acciones cuestionables sobre la administración de áreas protegidas en el Caribe Sur, específicamente en el Refugio Gandoca-Manzanillo, donde el MINAE administra aproximadamente el 60% del territorio y el 75% de sus costas, incluyendo 2.802,65 hectáreas de humedales protegidos bajo el Convenio Ramsar.
El documento menciona destituciones de personal en el Área de Conservación Amistad Caribe (ACLAC-SINAC), como el caso del señor Mario Cerdas Gómez, quien fue reemplazado por Maylin Mora Arias. Este proceso de nombramiento, según indica Levy está siendo investigado por la Contraloría General de la República por presunto nombramiento ilegal.
La misiva también hace referencia a la Directriz 09-2023 emitida por el jerarca del MINAE y menciona que desde febrero de 2019, mediante oficio SINAC-ACTO-AL-55-2019, se alertó a la Dirección Ejecutiva de SINAC sobre supuestas irregularidades.
En su petitoria, el ciudadano limonense solicita:
La apertura inmediata de una investigación penal contra el ministro Tattenbach Capra.
La designación de una comisión especial de fiscales para indagar actuaciones de personal del ACLAC-SINAC.
Una revisión de las acciones de empresarias y empresarios inmobiliarios que, según alega, estarían afectando áreas protegidas.
La carta fue enviada con copia a diversas instituciones, incluyendo la Defensoría de las y los Habitantes, la Contraloría General, la Procuraduría General, la Fiscalía Agrario Ambiental, la Comisión de Acceso a la Justicia, la Presidencia del Poder Judicial, la Presidencia de la Asamblea Legislativa y la Comisión de Ambiente del Poder Legislativo.
El pequeño Teo cruza sigiloso por donde estamos tallereando. En ese momento hablábamos de las dimensiones críticas en los procesos de movilidad humana en la región centroamericana.
Teo transita. Entre jaguares. Entre cabezas de jaguar. Su movilidad es otra: es la de la certeza de un espacio seguro, resistente, lleno de color. Estos si son jaguares de verdad y no los de la ignominia comercialoide y esquizoide de cierta figura presidencial centroamericana.
“Tu voz, que es la campana de los cinco sentidos, sería el tenue faro buscado por mi niebla”.
Fueron dos días. 48 horas de una intensidad que no había experimentado en años. Abrazado por ese fuego profundo de la organización cultural salvadoreña denominada Cabezas de Jaguar, caracterizada por el ritual, la solidaridad, la colectividad, me dispuse a dejar sentir en mi cuerpo todas las emociones que se pueden experimentar, cuando arte y encuentro son una misma cosa.
Llegué a un país con muchas dimensiones y aristas durante estos días.
Converso entonces con un buen café en la mano, con mi querida amiga, poeta y artista plástica salvadoreña Liza Alas Posada sobre su trabajo desde el arteterapia como forma de acompañar subjetividades e historias.
Pero también miro otras preocupaciones durante mi breve estancia en este país. La discusión sobre la minería metálica está presente. Observo carteles con el “ No a la minería” y pienso en el destino común de nuestros pueblos, su defensa por el medio ambiente y la autonomía. Los negocios con los recursos de todos están a la orden del día.
Pienso en la minería metálica. Pienso en la defensa del Refugio de Vida Silvestre mixto Jairo Mora-Gandoca Manzanillo en el Caribe costarricense. Los intereses espurios son los mismos: solo cambian de territorio y de ropaje. Se vienen tiempos aún más duros en ésta Centro América que somos.
Y en ésta Centroamérica que somos cooperamos con el horror. En esas horas breves, altas horas de la noche vividas en ese pequeño país del mundo, escuché la indignación en la voz de Tania, que junto con Moisés pregonan la necesidad de juntarnos y abrazarnos en colectividad. Ellos empujan Cabezas de Jaguar con todo lo que tienen, que es poco pero mucho al mismo tiempo. Por eso el pequeño Teo es feliz. Y lo sabe.
Su indignación es la de muchos: los vuelos de la vergüenza con venezolanos deportados aterrizando El Salvador, la transacción de vidas, el alto precio con tan poco de dignidad. De eso, precisamente de eso mismo tuvimos nuestra ración en Costa Rica hace tan solo unas pocas semanas.
Que poco somos. Que desvergonzados.
Yo el iluso. Pensaba que viajaba solo por 48 horas, a presentar mi nuevo poemario publicado por el proyecto cultural y editorial salvadoreño “La chifurnia”. Pensaba yo que iba a buscar mis “Almas pequeñas” y lo que traje fueron palabras e imágenes grandes, detonadoras, epidérmicas.
Me traje el abrazo de Otoniel, que sigue creyendo en mi poesía, de Kike, de Alfonso. Con ellos, hermanos en la palabra, he crecido como poeta. Como cultivador de la palabra. Me traje el afecto de Melvyn, atrapasueños con su cámara y su particular forma de mirar la vida. Con él he crecido como comunicador. Me traje un nuevo amigo centroamericano en la calidez de Abrego y su servicial forma de mostrarse ante este poeta.
“Tengo sueño, he amado, he ganado el silencio”
En el taller, aquel cruzado por el pequeño Teo, pregunto por la despedida. Qué hacer si me dicen que debo dejar mi hogar forzadamente. Diego Josué escribe. Escribe Amparo. Jaime piensa y escribe, Joel se contrae y escribe. La colega socióloga Remy lo mismo hace.
Luego de seis años de percutir músculos de sensibilidad a través del taller que ahora denomino “Hacia una pedagogía del yo migrante”, llegué a una estación fronteriza bizagra. Porque lo que ellos me dieron en una hora y media de conversación, poesía, lectura y reflexión ha sido de las cosas más conmovedoras que registra mi corazón al compartir este ejercicio.
Lo llevo, lo llevaré conmigo. Para siempre. Por si acaso, valgan las palabras de Diego Josué, que empezó a temblar no más empezado el taller:
“… esta carta no busca ser una despedida. Más bien un hasta pronto pues hago esto con el fin de volver con ustedes una vez me encuentre bien económicamente para ser yo, quien se supone que debo ser. Tengo poco tiempo pero mucho corazón, un corazón que late para ustedes”.
Este taller, espacio de emociones me confirma el camino correcto, trazado luego de 25 años de academia a la que empiezo a agregarle el arte como color para que sea útil, ayude a cruzar en los cuerpos y las racionalidades este tema que no se contiene en las estadísticas y las teorías.
El arte es ciertamente ese espacio que mueve, afina, desagrega, construye. Por eso la intensidad de 48 horas compartidas con el artista plástico costarricense Juan Carlos Chavarría, quien desarrolla un mensaje de paz a través de sus obras hechas a base de armas incautadas al crimen organizado en Costa Rica.
De Juan Carlos pertenece la obra de portada de nuestras “Almas pequeñas” denominada “plegaria con Luna” y tuvimos la posibilidad de hacer sinergia con nuestras creaciones. Con él viene pronto una maravillosa alegría de coincidir en la que piezas plásticas y textos tomaran distintos escenarios. Emocionados por eso. El arte hermana. Junto a Juan Carlos su compañera Jannid, la “macha” cómplice de todo cuanto crea, piensa e impulsa. Con ella vivimos esos momentos de profunda conexión.
Por eso también abracé la posibilidad de escuchar y unir trabajo durante esas pocas horas, con el cantautor salvadoreño Gilber Cáceres, creador de una de las piezas de culto en aquel país llamada “Sencilla y Frágil”. En su voz he escuchado una de las mejores versiones musicalizadas de “Poema de amor”, ese himno profundo que Roque Dalton le dedicara a sus compatriotas en exilio.
Casi en las últimos momentos de nuestro periplo, vivimos con intensidad absoluta una presentación de Gilber en San José de Verapaz, pueblo ubicado a dos horas de San Salvador. Previo a este concierto, Aldo y los muchachos y muchachas del proyecto cultural “Chavorrucos” organizaron un conversatorio sobre la experiencia creativa, en el que pusimos nuestra caja de herramientas a disposición de los asistentes. Fue un intercambio franco, distendido, con el corazón.
Al cierre de la actividad conocí a la artista salvadoreña Ana Miriam García, pintora, que desarrolla un proyecto taller con niños y jóvenes en su comunidad, San Vicente. Quédate con quien te mueva el corazón de la forma que ella lo hace con sus estudiantes. Allí donde el color llega y hace su trabajo, allí es.
En medio del concierto, Gilber me invita a leer el texto que da título al libro presentado. Al terminar, Aldo me acerca una de las tantas publicaciones hechas a la poesía de Dalton y me solicita, página abierta, que lea “Alta hora de la noche”.
Me conmueve la solicitud pero lo hago con respeto y devoción. Ese mismo respeto y devoción que siento por aquellos y aquellas que hacen del arte una militancia activa, profunda y honesta.
ALTA HORA DE LA NOCHE
Cuando sepas que he muerto no pronuncies mi nombre, porque se detendrá la muerte y el reposo. Tu voz, que es la campana de los cinco sentidos, sería el tenue faro buscado por mi niebla. Cuando sepas que he muerto di sílabas extrañas. Pronuncia flor, abeja, lágrima, pan, tormenta. No dejes que tus labios hallen mis once letras. Tengo sueño, he amado, he ganado el silencio. No pronuncies mi nombre cuando sepas que he muerto, desde la oscura tierra vendría por tu voz. No pronuncies mi nombre, no pronuncies mi nombre, Cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre.
Dejo esa lectura de la misma forma que la hice esa noche. Dejo tantos desafíos por hacer, por impulsar. A eso quiero dedicar mis altas horas.
Hasta pronto y hasta siempre, querido El Salvador.
Ante reiterados incumplimientos a órdenes de la Sala Constitucional la petición se sustenta en un estudio jurídico de 86 páginas
La Defensoría de los Habitantes, como contralor de legalidad y garante de protección de los derechos humanos, entre ellos, el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tutelado a nivel constitucional e internacional, acudió esta semana a la Sala Constitucional a presentar una solicitud de medida cautelar con ocasión de la gestión de seguimiento de cumplimiento de la sentencia 2019-012745, mediante la que se declaró inconstitucional la Ley número 9223 que afectaba de manera significativa los límites del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo.
La petición contiene un análisis técnico-jurídico de 86 páginas que incluye todos los elementos probatorios que se requieren para la presentación del caso y la solicitud de la medida cautelar.
En esa sentencia del año 2019, la Sala Constitucional declaró inconstitucional la Ley número 9223. Esto sucedió cinco años después de haberse interpuesto la acción para su declaratoria, pues dicha acción fue presentada para su estudio desde el año 2014. Pese a la declaratoria de inconstitucionalidad emitida por la Sala Constitucional y las órdenes expresamente giradas a distintos órganos del Poder Ejecutivo en la referida sentencia, al día de hoy se ha hecho caso omiso y no se ha dado cumplimiento a lo ordenado por la Sala, según se constata en la sentencia número 26300-2024 dictada el 10 de setiembre de 2024, emitida en el marco de una gestión de desobediencia presentada ante el Tribunal Constitucional.
“Han transcurrido 11 años aproximadamente desde que se inició con este tortuoso proceso sin obtener resultados tangibles y positivos. A partir de lo anterior, es que esta Defensoría, con sustento en la gestión de seguimiento de cumplimiento de la sentencia 2019-012745 que está conduciendo la Sala Constitucional, interpone una solicitud de medida cautelar dentro de esta etapa de ejecución, para que la decisión tomada por ese Tribunal no se quede en el papel, sino que tenga eficacia, en lo que aún se pueda conservar y proteger, pese a los daños que puedan haberse generado y se resguarde así el patrimonio natural de los y las habitantes”, afirmó la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert.
A la fecha, el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo no se encuentra debidamente delimitado y durante todo este tiempo han existido procesos de construcción en la zona, lo que ha ocasionado tala de árboles y el otorgamiento de al menos 952 permisos de aprovechamiento forestal entre los años 2014 a 2024, período marcado por la falta de certeza técnica y jurídica sobre la delimitación oficial de las zonas boscosas y los humedales de la zona.
Lo anterior sumado a la entrada en vigencia del Plan Regulador Costero Talamanca-Distrito Cahuita, mismo que entre sus bases contempla el Plan General de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, y que además no consideró todos los humedales enlistados en el documento denominado «Caracterización y Delimitación de Humedales en la Zona Marítima Terrestre del Litoral del Cantón de Talamanca» de julio de 2021. Estos humedales habrían sido omitidos en la certificación SINAC-ACLAC-DR-PNE-C-011-2017 del 30 de junio de 2017, correspondiente a la delimitación del Patrimonio Natural del Estado en Zona Marítima Terrestre del cantón de Talamanca, con lo que la delimitación establecida resulta inexacta y por ende, a la fecha, no se tiene certeza que se hayan considerado todas las zonas de bosque -Patrimonio Natural del Estado- que la Sala Constitucional ordenó proteger mediante la referida sentencia 2019-012745. Lo anterior se traduce en el otorgamiento de concesiones y la administración municipal, de zonas que podrían ser parte de ese patrimonio natural del Estado no susceptible de explotación e indebidamente intervenidas.
La medida cautelar se solicita pese a contar con el antecedente de intentos fallidos de otorgamiento por parte de este Tribunal de dichas medidas, que, con ocasión de distintos expedientes, han sido denegadas o incluso ignoradas por parte de esta Sala. A modo de ejemplo, se cita la resolución de las 13:37 horas del 22 de febrero de 2024 que da curso a la acción de inconstitucionalidad contra el Plan General de Manejo del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, el Plan Regulador Costero Talamanca Distrito-Cahuita y la Directriz número 09-2023. donde pese a haberse requerido la suspensión de los efectos de las normas impugnadas, la Sala optó por justificar técnicamente el por qué, la interposición de una acción de inconstitucionalidad, no suspende la eficacia y la aplicabilidad en general de las normas y denegar por ende lo solicitado; sin considerar, que aún de oficio, y como máximo garante de la tutela constitucional a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, valorando el daño ambiental concreto y potencial existente, puede y debe otorgar las medidas cautelares requeridas en una zona rica en recursos naturales, incluso en vías de extinción, como lo es el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo.
No obstante, con ocasión de las medidas cautelares que fueron noticia la semana anterior otorgadas por la Sala Constitucional en la zona de El Tirol, en Heredia, y valorando lo señalado en la sentencia número 26300-2024 -donde se acredita el incumplimiento de la sentencia 2019-012745- por la Magistrada Alvarado Paniagua, quien destacó que al no haberse realizado la delimitación ni recuperación de las tierras del REGAMA, se deben tomar medidas para cumplir con la sentencia 2019-012745, esta Defensoría mira con esperanza la interposición de la presente solicitud y siguiendo el criterio de la Magistrada de cita, considera que lo urgente e impostergable, es que, mientras se realiza la delimitación mencionada, se deben evitar daños graves al ambiente y a los recursos de flora y fauna del Refugio. En virtud de lo anterior, la Defensoría solicitó:
a) Que la Municipalidad de Talamanca se abstenga de otorgar concesiones en la zona marítimo terrestre o permisos de construcción en la zona REGAMA y aledaños. Respecto a las concesiones y permisos ya otorgados, que se suspenda la ejecución en cabeza de sus titulares, de los efectos jurídicos de las autorizaciones en el sitio, sea la suspensión de cualquier construcción o explotación que esté en curso, hasta tanto no se definan de las 20,1 has de terrenos clasificados como bosque las que se ubican dentro de la zona marítimo terrestre del RNVS Gandoca-Manzanillo y/o que se encuentran indebidamente contempladas en el Plan Regulador Costero con fines distintos al ambiental, tal y como ya lo ordenó esa Sala en Sentencia N° 2019-012745;
b) Que se suspenda la directriz 09-2023 del Ministerio de Ambiente y Energía que dispone que los límites oficiales del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo son los establecidos en Ley número 9223 –expulsada del ordenamiento jurídico por inconstitucional desde 2019 por esa Sala-, denominada “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur”;
c) Que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) suspenda el otorgamiento de permisos de corta y aprovechamiento forestal en las áreas de los siete bloques de bosque y sus aledaños que deben ser retornadas formal, material y normativamente al RNVS Gandoca-Manzanillo. Respecto a los permisos ya otorgados, que se suspenda de inmediato la ejecución en cabeza de sus titulares de los efectos jurídicos de las autorizaciones en el sitio, sea, la suspensión de cualquier aprovechamiento forestal o corta que se esté ejecutando.
