El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Artículo 50 de la Constitución de la República de Costa Rica.
Álvaro Vega Sánchez, sociólogo
Se habla hasta la saciedad de recortar salarios, pensiones y en general el gasto público. El peso de la balanza recae sobre este sector, mientras lo privado se mantiene casi intocable, como si fuese el “lugar santísimo” del templo de la patria. Este país, en materia de política pública y privada, es tan laico (de laos: pueblo) como cualquier Estado de Derecho.
Efectivamente, nuestra Constitución establece que se pueden imponer limitaciones a la propiedad privada en razón del “interés social” (Artículo 45), es decir, del bien común. Hasta ahora, y en medio de un Estado de Emergencia Nacional, no se han impuesto limitaciones de ningún tipo sustantivo a lo privado, y por el contrario se le sigue facilitando su gestión, para que despida, postergue contrataciones y negocie condiciones con los trabajadores, que solo favorecen al gran empresario y su capital.
O sea, el gobierno no está cumpliendo a cabalidad con el mandato constitucional de procurar “el mayor bienestar de todos los habitantes” propiciando un “adecuado reparto de la riqueza”, hoy concentrada escandalosamente. Riqueza que ha crecido exponencialmente, porque ha sido eximida, vía concesiones tributarias y amnistías, de cumplir con la responsabilidad social que le compete en un Estado Social de Derecho, que todavía existe porque tenemos una Constitución que lo respalda.
El Banco Mundial, para nada sospechoso de ser enemigo del sector privado, llama la atención al peligro de festinar con los recursos públicos para enfrentar la crisis producida por el COVID-19. Plantea algunas consideraciones a tener en cuenta. Por ejemplo, proteger los trabajos, tanto públicos como privados, es una prioridad; los funcionarios públicos prestan gran parte de los servicios esenciales para responder a la crisis en primera línea; los Gobiernos deben permitir el teletrabajo y reorganizar las tareas y responsabilidades en vez de imponer recortes y despidos; la crisis ha subrayado la importancia de tener instituciones públicas eficaces para proteger las vidas y los medios de subsistencia de las personas.
Una propuesta razonable y proporcional, y que toma en consideración los aspectos mencionados, entre otros, es la formulada por el economista don Francisco Esquivel, que en sus nueve puntos condensa medidas que son una garantía para el cumplimiento del precepto constitucional contenido en el Artículo 50, columna vertebral de nuestro Estados Social de Derecho. No privilegia a ningún sector, sea público o privado, que cuente con la capacidad y responsabilidad de aportar solidariamente, y sin apelar a subterfugios como los que han venido abaratando el concepto de solidaridad, de gran contenido ético-humanista. Una propuesta juiciosa y patriótica.
También se han hecho aportes valiosos por parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), de la Federación Ecologista de Costa Rica (FECON), de la Maestría en Planificación de la Universidad Nacional, entre otras. El movimiento social y la academia han sido proactivos y solidarios en esta lucha de todos y todas.
Solo falta voluntad política, humildad y amplitud de miras para salir adelante, como bien señala Harari, ante los desafíos de este Siglo XXI: “Aunque los retos no tienen precedentes y aunque los desacuerdos son enormes, la humanidad puede dar la talla si mantenemos nuestros temores bajo control y somos un poco más humildes respecto a nuestras opiniones” (21leccionespara el siglo XXI, p.179).
El gobierno tiene que contribuir a conjuntar las mejores ideas y propuestas, en esta hora decisiva, para ser garante del precepto constitucional que le asigna al Estado, como tarea fundamental, impulsar “el más adecuado reparto de la riqueza”.
Tenemos que superar, de una vez por todas, los enfoques que han venido propiciando el antagonismo entre trabajadores del sector público y privado, para afirmar el compromiso que ambos tienen en contribuir al bien común, especialmente en situaciones de emergencia como la que estamos padeciendo. Solo a las élites económicas, políticas y mediáticas privilegiadas les interesa poner a pelear a los trabajadores de ambos sectores. No hay que prestarse a ese juego sucio y mal intencionado.
Sindicatos analizarán agenda de trabajo presentada por el Gobierno
Comunicado de prensa actualizado
La Unidad Sindical entregó al Gobierno de la República, un pliego de peticiones que permitirían dar a apertura a la mesa de diálogo multisectorial, que propondría soluciones consensuadas al déficit fiscal.
La entrega se hizo esta mañana, en la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.
A su vez, la Unidad Sindical recibió de parte del Gobierno, la propuesta de una agenda de trabajo en temas fiscales, la cual será analizada por las diversas organizaciones.
Los temas fiscales de la agenda presentada por el Gobierno son: el IVA, impuesto al salario, renta global, así como evasión y elusión fiscal, exoneraciones, pensiones de lujo y normativa de contención del crecimiento del gasto público.
Durante la reunión, los diversos representantes sindicales le hicieron ver al Gobierno la necesidad de un análisis de los puntos en discusión para emitir una respuesta, misma que se estaría emitiendo el próximo lunes 9 de julio a las 10 a.m. en una nueva reunión.
Uno de los puntos que cuestionaron las organizaciones sindicales, es que el Gobierno sugiere una mesa de diálogo bilateral con la presencia de la Iglesia Católica como garante, mientras los Sindicatos solicitan una mesa multisectorial.
La Unidad Sindical también solicitó que se retire de la corriente legislativa el expediente N°20.580 «combo fiscal» y que den marcha atrás con la solicitud de declaración ilegal de la huelga del pasado 25 de junio y que se garantice un diálogo diáfano, en un escenario exento de ataques contra la clase trabajadora y, particularmente, el empleo público.
Sobre este pliego, el Gobierno también deberá emitir una respuesta el próximo 9 de julio.
Imagen tomada de la nota de SURCOS titulada: Sindicatos se reúnen con Gobierno para tratar el combo fiscal.
Los sindicatos conocemos que el Estado costarricense está en una crisis producto de déficit fiscal, pero no podemos coincidir posiblemente en las causas que han llevado a esta situación la finanzas públicas y que podrían generar una crisis que implicaría efectivamente el cierre de instituciones y plazas, servicios por falta de dinero.
Pero nos extraña que sus soluciones sean para que los trabajadores paguen los platos rotos además de irónicamente aplicar una “regla fiscal” que precisamente pretende disminuir el gasto público reduciendo servicios y cerrando plazas a la fuerza, el anhelo neoliberal de achicar un Estado que curiosamente está por debajo del promedio de la OCDE.
La insistencia de los poderosos y sus representantes es que no haya nada que afecte la competitividad internacional del país, por eso existe el escandaloso delito fiscal que incluye exoneraciones que de no existir resolvería drásticamente el problema del déficit.
Sabe usted que en economía no hay una sola solución de los problemas pero por alguna extraña razón lo que parece su “visión” es imponernos a la sociedad el recrudecimiento de un sistema fiscal en el cual los ricos pagan como pobres y los pobres como ricos.
Lo decente y honorable es que quien obtiene más recursos pague más, pero eso es mala palabra en el lenguaje de los poderosos, incluso llegan a ridículos injustificables como oponerse a la factura electrónica, al control de pasajeros en los autobuses, a mejorar la recaudación, lucha ferozmente por buscar portillos en la legislación vigente, efectivamente desastrosa para el control, contra el fortalecimiento de personal y modernización del Ministerio de Hacienda, demostrándonos que la tal ética empresarial es puritico discurso hueco.
Este su gobierno y el que sigue prefirió buscar las “fáciles” soluciones que tendrán consecuencias directas en el deterioro del nivel de vida de la población, especialmente los de menos recursos, un ejecutivo que prefirió darnos palo en sus nuevas reglas que también dañarán nuestros ingresos familiares en lugar de buscarnos para construir soluciones conjuntas.
Podríamos coincidir con usted en la preocupación pero su solución “la voló”, quizás comprendamos que su nivel de vida poco se afectará con esta, nosotros que sí dependemos de un salario podemos defendernos de sus iniciativas, es nuestro derecho aunque le parezca extraño a todo el cuerpo ministerial y diputadil.
¡Esa cucharada a la fuerza no la vamos a tomar!
(*)Secretario general, Central General de Trabajo.
Las 19 organizaciones unidas por la defensa de la estabilidad social y el estado de derecho decidieron no afectar al ciudadano de a pie, y más bien invitarlos a participar en la concentración programada para el 1 de setiembre en la Asamblea Legislativa.
Será una cita abierta a partir de las 10 de la mañana y hasta 3:00 de la tarde frente al primer Poder de la República donde contarán con actos culturales, y de análisis de dos temas específicos: Proyectos de Ley de Justicia Tributaria y de Ley de Empleo Público que implica restricciones al gasto público.
La idea es informar a la opinión pública y darles argumentos de peso sobre las preocupaciones reales que afectan al país.
Es un paso que demuestra la buena voluntad para exigir la eliminación de las leyes que afectan al trabajar e impulsar la lucha contra la evasión fiscal que tanto daña al país.
Sin renunciar a protestas mayores en caso de no escuchar las preocupaciones del Movimiento Sindical Costarricense.
Además, como acto principal, entregar un documento a los diputados reiterando las posiciones en torno a estos dos puntos en concreto.
Imagen con fines ilustrativos.
Enviado a SURCOS Digital por Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense, SEC.
Ideas para ir creando condiciones para el surgimiento de nuevas relaciones sociales incluyentes y responsables
Sergio Reuben Soto.
Sergio Reuben Soto
Presentación
I.- La necesidad de remplazar las relaciones sociales que dan pie a nuestras sociedades, es cada día más patente. Los resultados de las más recientes elecciones en distintos países de América Latina y, en general en el resto del mundo, ponen en claro la importancia que los pueblos le están dando a una transformación sustantiva de las instituciones sociales, políticas y económicas que definen el actual modelo de organización social de sus países.
Pero no sólo es ese resultado el que ha puesto de manifiesto este deseo; el reclamo desde diferentes sectores, foros ciudadanos y movimientos sociales del deterioro de los valores éticos que aseguran una convivencia más pacífica, participativa, equitativa, cooperativa y solidaria, en una parte del empresariado nacional y residente, así como en una parte de los funcionarios públicos, es otra de las manifestaciones elocuentes de esta necesidad.
Por otra parte, las dificultades que ha encontrado en los últimos años nuestras organizaciones sociales para superar indicadores de bienestar, de convivencia, de modernidad, de igualdad, fundamentales para brindar a todos los ciudadanos de ambos sexos las oportunidades que los avances científicos y técnicos ofrecen a la humanidad, ponen de manifiesto las limitaciones administrativas, de gestión, de emprendimiento, de organización, que padecen nuestras sociedades.
Asimismo, y no por ello menos importante, las justas y ya históricas pretensiones de los pueblos por impulsar una sociedad más armónica con la naturaleza, más coherente con las necesidades de la biosfera y con una explotación racional de los recursos naturales existentes y más responsable con las futuras generaciones, están siendo amenazadas por un sistema de producción y consumo, cuya racionalidad vital inherente responde únicamente a indicadores de acumulación de riqueza.
II.- Desde Marx, han sido múltiples los científicos, filósofos, historiadores, sociólogos y economistas que reconocen las relaciones sociales que organizan la producción y el reparto del producto colectivo de una sociedad, como las medulares, cuando no fundamentales, del conjunto de relaciones que regulan el comportamiento social.
De esta manera, me parece importante elabora un ejercicio de formulación de políticas económicas que busquen generar algunas condiciones especiales en el sistema de relaciones capitalistas que regulan la producción y la distribución del producto social en nuestros países. Condiciones especiales que abran oportunidades para el surgimiento de nuevas relaciones sociales menos determinadas por las necesidades de la acumulación de capital.
No pretendemos con ella, como podrían pensar algunos, definir una propuesta exhaustiva y completa de un modelo económico a implantar. Muy lejos está nuestra postura de una pretensión preponderante de este género. Más bien pensamos que será la iniciativa privada individual, la inventiva y creatividad de nuestros ciudadanos, hombres y mujeres, desde sus distintas actividades, posiciones y creencias en la sociedad, las que se encargarán de engendrar las nuevas relaciones sociales que darán pie a la sociedad más justa e inclusiva con que sueñan.
Ese libre albedrío, esa creatividad e innovación patentes en nuestros ciudadanos con todas sus diversidades culturales, están enmarcados (como ha sido desde los inmemoriales tiempos en que la humanidad se organizó en hordas) en unas relaciones sociales históricamente definidas, que aseguran una coherencia interna básica de toda la organización.
El problema en que se debaten nuestras sociedades americanas –y, creemos nosotros, una inmensa mayoría de sociedades en el mundo contemporáneo– es que el conjunto de relaciones sociales que definen hoy día esa coherencia interna de las normas de convivencia, está limitando (cuando no impidiendo) el debido desarrollo (ajustado a las condiciones actuales de la humanidad) de la iniciativa y de la creatividad individual y colectiva.
La forma en que se organiza la producción social y su reparto entre la sociedad, está determinada de manera importante por la propiedad de los medios de producción en los que los ciudadanos, hombres y mujeres, aplican su trabajo físico e intelectual. Hoy día, son los dueños de estos medios, basados en criterios asociados fundamentalmente con la maximización de las tasas de retorno de sus inversiones, los que determinan la orientación en los próximos ejercicios económicos, que le darán a esos medios y al excedente generado por ellos en ejercicios anteriores. De esta manera, la lógica del capital, o de los medios de producción y trabajo apropiados privada o corporativamente, define un proceso de producción y de distribución del producto social típico, exclusivo, especial; influido sustancialmente por la forma en que esos medios se orienten y se utilicen según las decisiones adoptadas por sus dueños y por sus dueñas.
Esas decisiones, sin embargo, no siempre responden a los intereses y necesidades de la sociedad en su totalidad, especialmente cuando los intereses corporativos controlan las fuerzas de la competencia en el mercado. Así, esta lógica del capital que determina el uso de los recursos productivos de las sociedades, tiende a cierto plazo, con movimientos contradictorios, a rompimientos del proceso productivo y al uso ineficiente e ineficaz de esos recursos según los mejores intereses colectivos. Estos rompimientos en el proceso productivo y el uso ineficiente e ineficaz de los recursos escasos de nuestras sociedades, resultan en crisis económicas que provocan pobreza, miseria y descontento social y limitan seriamente la capacidad de nuestra sociedad de garantizar a los pobladores de su territorio, las condiciones de vida básicas correspondientes a la época.
Presentamos pues, en seguida, los ejes principales que buscan definir las políticas económicas, monetarias y fiscales que favorezcan el surgimiento de relaciones sociales más equilibradas. Con ellos se busca reorientar la estructura de relaciones de producción de nuestras sociedades, de manera que la lógica del capital ejerza una menor influencia en la organización productiva y de reparto del producto social, y así liberar la iniciativa privada de nuestros trabajadores y trabajadoras, de nuestros empresarios y empresarias, públicos y privados, de las limitaciones que ahora impone el capital; para que puedan desarrollar las nuevas relaciones sociales que definirán una sociedad más justa, equitativa, equilibrada, ecológica, responsable con el ambiente y con las futuras generaciones.
Propuesta de ejes principales
1.- Un mercado libre, con regulación estatal allí donde la concentración de capital genere efectos sociales adversos. El mercado, la iniciativa privada y la competencia –en el marco de las relaciones de producción existentes– suelen generar efectos sociales positivos, pero la lógica del capital tiende al control corporativo de éstos eliminando su capacidad de orientar efectiva y eficazmente los recursos escaso entre las necesidades sociales. Allí donde el mercado falla el Estado deberá intervenir, para proteger los intereses del trabajador, de los consumidores y, en general los intereses del común. El Estado velará por el reconocimiento de externalidades, actuará en contra de prácticas monopólicas, e intervendrá para que los agentes de mercado (productores y consumidores) tengan acceso a información completa y fidedigna entre otros objetivos.
2.- Equilibrio dinámico del gasto público. El gasto y la inversión públicos, tanto del gobierno como de las empresas e instituciones estatales, será programado en función de las condiciones de la economía nacional. El propósito fundamental de éste gasto e inversión será a) una adecuada redistribución del excedente nacional y de los aumentos de la productividad, b) acciones anti cíclicas de la acumulación de capital a escala nacional e internacional, c) pertrechado de medios de producción y trabajo para el Estado y sus empresas e instituciones, d) fortalecimiento e impulso del sector de economía social y e) impulso y fortalecimiento de las MIPYMES.
3.- Un sistema tributario justo y responsable. El sistema tributario deberá cumplir tres funciones: a) una función de redistribución de la riqueza, basada en un sistema tributario progresivo y capaz de generar recursos suficientes para que el gasto y la inversión pública favorezcan la igualdad de oportunidades para toda la población, b) una función interventora, basada en la capacidad de los tributos para influir en las decisiones individuales con efectos sociales negativos (impuestos a la contaminación, impuestos al consumo de productos dañinos para la salud, exoneraciones para actividades económicas generadoras de empleos de calidad, etc.)
4.- Democratización de la producción: impulso y fortalecimiento del sistema de economía social. Adecuación del sistema tributario para favorecer el establecimiento y desarrollo de empresas comunitarias, cooperativas y colectivas. Adecuación del sistema de compras estatales para darle más posibilidades de participar en las licitaciones públicas a las empresas de este sector. Orientar el sistema bancario del estado por medio de la banca de desarrollo para apoyar a estas empresas. Reorientar el sistema estatal y paraestatal de promoción de exportaciones y captación de recursos externos para favorecer a este sector. Crear un sistema de educación que abarque los distintos niveles de la educación pública, desde la primaria hasta la superior, que forme a los estudiantes en el aprovechamiento de las oportunidades abiertas por el Estado y la empresa privada. Creación de una institución nacional para la transformación empresarial, que apoye técnica y legalmente a aquellos empresarios y trabajadores que transformen su empresa en una del sector de la economía social.
5.- Legislación para regular e impulsar empresas de capital mixto, privado y público, en aquellos sectores estratégicos para el desarrollo sustentable del país, particularmente en proyectos de gran envergadura en infraestructura vial y de transportes, portuaria, energética y de innovación técnica y científica.
6.- Desmercantilización de la producción de bienes y servicios fundamentales. Fortalecimiento y desarrollo de las empresas e instituciones públicas existentes. Estudio para la reestructuración administrativa y directiva, de manera que su desarrollo responda mejor a las necesidades futuras del sector que atienden y a la optimización de la calidad de los servicios o bienes que producen.
7.- Diálogo permanente, responsable y transparente con el sector privado, tanto con las cámaras empresariales como, y particularmente, con los empresarios organizados de sectores productivos afectados por la nueva política económica. Apoyo a las empresas que decidan convertirse en parte del sector solidario.
8.- Apoyo y fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa MIPYMES. El apoyo a este sector buscará a) favorecer el empleo formal en estas empresas, b) favorecer las relaciones comerciales e industriales con empresas grandes nacionales y transnacionales y con el sector maquilero, con el objeto de generar encadenamientos productivos, c) favorecer con su desarrollo, la competencia en aquellos sectores donde el mercado se encuentre dominado por pocas empresas privadas, d) orientar a estas empresas hacia la formación de “complejos” cooperativos y colectivos de algunos servicios administrativos, exportadores, financieros, entre otros.
9.- Una política monetaria responsable orientada hacia el bienestar general. Búsqueda de un equilibrio beneficioso para los trabajadores, entre la cantidad de dinero disponible y el valor real de la producción. Una política cambiaria realista que favorezca el aumento de la capacidad de compra de los trabajadores. Una política monetaria orientada hacia la creación de empleo y de la inversión.
10.- Fortalecimiento de una contabilidad nacional que contemple las externalidades sobre el ecosistema, la producción doméstica históricamente no visibilizada por la desigualdad de género, las producciones artísticas. El reconocimiento del aporte económico de estas actividades implica trascender la lógica del capital, que solo considera valiosa la producción que genera ganancia monetaria.
Durante las últimas semanas un tema ha dominado el debate político en Costa Rica: el problema del déficit fiscal y, en particular, las diversas propuestas que intentan disminuirlo mediante el recorte del gasto público. En forma muy sintética, este artículo analiza algunas facetas de la cuestión que, en general, son ignoradas o invisibilizadas en ese debate.
Acerca de las consecuencias del déficit fiscal
Estas propuestas de austeridad se justifican a partir de planteamientos que atribuyen al déficit una larga serie de terribles consecuencias dañinas. Muy poco de todo ello encuentra apoyo en los datos de la realidad.
En primer lugar, se aduce que el déficit provoca inflación y elevación de las tasas de interés. Ninguna evidencia disponible respalda tales afirmaciones. Por seis años al hilo la magnitud del déficit ha sido considerable –tendencialmente creciente- cuando, al mismo tiempo, la inflación se ha sostenido en mínimos históricos. Por su parte, las tasas de interés han experimentado ocasionales episodios de alza. Pero igualmente se ha comprobado que es factible bajarlas a sus usuales niveles históricos, tan solo con que se apliquen las políticas apropiadas. El caso es que las condiciones de la economía durante estos años invalidan tales presunciones. Y, sin embargo, se insiste dogmáticamente en repetirlas.
Asimismo se asegura que con el déficit crece también la deuda pública y, con ello, aumenta asimismo la posibilidad de que las “calificadoras internacionales de riesgo” degraden la “nota” que le atribuyen a Costa Rica, en cuyo caso la obtención de financiamiento externo se vuelven más astringente. Esto tiene su dosis de verdad; ya hemos visto como una de esas calificadoras ha querido “castigarnos”. Sin embargo, y como es obvio, ello no tiene a corto plazo consecuencias apreciables, aunque sí podría tenerlas en períodos más largos. En particular, subrayemos que el problema de la deuda tiene una doble faceta: lo importante no es cuánto crezca en términos absolutos, sino, sobre todo, su crecimiento relativamente al crecimiento de la economía nacional (o sea, respecto del ritmo de aumento del PIB). Este segundo aspecto de la cuestión no ha recibido adecuada atención. Todo el interés, en cambio, se concentra en la restricción del gasto público para intentar frenar el alza de la deuda, sin percibir que, en realidad, devolverle dinamismo a la economía es un objetivo mucho más importante. Sobre esto último, volveré luego.
La “mística de la mutilación”
La política de recorte por la que se ha optado, se basa en una serie de supuestos no explícitos. En primera instancia, es clarísimo que se manejan hipótesis fervorosamente anti-estatistas y, en particular, fieramente estigmatizantes respecto de las personas que trabajan en el sector público. Esa es la justifican detrás de las tijeras y el machete: porque presuntamente en el sector público pululan la corrupción y la ineficiencia y porque sus empleados y empleadas gozan de grandes privilegios y son gente vagabunda e inepta.
Desde este discurso maniqueo y satanizante se impulsan políticas restrictivas que tienen el potencial de profundizar los procesos de desmantelamiento e inutilización del sector público. Ello es así puesto que, en primera instancia, las medidas restrictivas han sido promovidas sin otro criterio como no sea los juicios arbitrariamente formulados desde un despacho legislativo. Pero, además, debería ser obvio que para lograr mayor eficiencia y eficacia lo que se necesita prioritariamente es mejorar la organización y fortalecer el funcionamiento de las instituciones públicas, no debilitarlas aún más. Porque lo que se recorta simplemente desaparece, y ello sería justificable solo si se pudiera demostrar que la oferta de servicios públicos excede de las necesidades existentes. Evidentemente ese no es el caso. Lo contrario es lo cierto: ni los servicios públicos ni la inversión pública son –ni en calidad ni en cantidad- lo que debieran ser. Se necesita más y mejor, nunca menos.
La receta equivocada
Anoté más arriba que el crecimiento de la deuda pública que deriva de la persistencia del déficit, deviene un problema que merece atención en la medida en que crezca su dimensión relativa respecto del tamaño del PIB. Ello nos remite al problema del dinamismo de la economía o, mejor dicho, al de la ausencia de ese dinamismo, según se ratifica en la persistencia (por siete años al hilo) de un crecimiento económico muy inferior a los estándares históricos de la economía costarricense, con una situación del empleo sumamente deteriorada. Ello configura lo que propongo considerar una situación de depresión económica: porque el desempeño de la economía se degrada por debajo de sus niveles históricos y porque esa situación se convierte en una tendencia que se prolonga durante un largo período sin que se avizore ninguna pronta mejoría.
En ese contexto, la obsesión fiscalista que enfatiza el recorte y la restricción implica un doble error: en primer lugar, pone el énfasis donde no debiera, distrayéndolo de lo que es realmente prioritario (la dinamización de la economía); y, en segundo lugar, porque la fórmula de la austeridad genera presiones recesivas adicionales en una economía debilitada que, de por sí, anda renqueante.
Al respecto, debe enfatizarse que, con alta probabilidad, uno de los factores que más ha incidido en la persistencia por seis años seguidos de un déficit fiscal significativo, ha sido, precisamente, el estado de crónica debilidad en que la economía ha quedado atrapada. Ello sin duda ha debilitado los ingresos que recibe el gobierno y, por lo tanto, repercute en la persistencia del déficit y en el crecimiento de la deuda. Aparte que una economía que evoluciona en ralentí es una receta segura para que el peso relativo de la deuda se incremente.
Por lo tanto, la fórmula del recorte, en cuanto seguramente agravaría la atonía económica, al cabo podría traer consigo un agravamiento del déficit y, entonces, una agudización del problema de la deuda, tanto en su magnitud absoluta como en su dimensión relativa.
Es curioso como algunos temas parecen provocar pasiones políticas más que otras que más bien pueden pasar inadvertidas, en la actualidad un diputado del Frente Amplio comenta que observando el plebiscito de Escocia para determinar la independencia lo hacía pensar en la autonomía de Guanacaste, esto sin duda asociado a la explotación de ese pueblo y el abandono gubernamental.
Los comentarios del diputado han sido calificados desde ocurrencia hasta de traición a la patria, separatista, con intenciones de entregarle Guanacaste a las estúpidas declaraciones de Daniel Ortega, lo cual es más que una exageración con malas intenciones. Si se trata de que el abandono es la razón para buscar autonomía (diferente a independencia) no solo Guanacaste podría caer en la tentación, le seguiría Limón, Puntarenas, la Zona Sur, Talamanca la Zona Norte, todas colmadas de pobres y miserables que no tienen asegurada ni siquiera su alimentación diaria, menos sus derechos laborales, a la educación o al empleo.
De igual se ha vuelto un hecho noticioso la posición de Ottón Solís sobre la motosierra y el machete que le quiere imponer al Ministerio de Hacienda en el presupuesto del 2015, discusión sumamente importante tanto para nosotros los funcionarios y funcionarias públicas sino también para el desarrollo del país a través de los servicios que brindamos desde el gobierno a los ciudadanos. La propuesta de Ottón la cual no ha sido formalmente presentada solo tiene algunos comentarios generales públicos de cuáles son los gastos que pretende recortar y la manera de hacerlo captaron la atención sin que detrás de ella exista una discusión seria no solo de los asesores del diputado sino de todos los sectores involucrados.
El tema de gasto público ha sido usado con frecuencia para plantear el déficit fiscal, con la excusa el FMI y el Banco Mundial nos recetaron recortes que lesionaron severamente el accionar del sector público, incluso se regalaron negocios estratégicos como el cemento que tiene materia prima para unos trescientos años y paso a manos de “glorioso” empresariado privado, provocar el terror de las consecuencias es una método nada adecuado pues enturbia el camino de las soluciones.
No nos cabe duda que el gasto público debe ser usado racionalmente, pues como lo señaló un reportaje noticioso, con lo gastado en consultorías se pagaba la carretera costanera sin necesidad de hacer un préstamo o de recurrir la concesión privada, pero coincidimos con que este tema requiere de intervención refinada, determinando no a las “tontas y locas” las acciones, como nos parece que puede ser obligar al Gobierno a tener menos dinero en salarios para estimular la evaluación del desempeño y disminuir el pago de anualidades.
Pocos saben y muchos menos quieren saber que más de la mitad de la riqueza del país queda en el 20% más rico de la población, mientras el 80% nos repartimos obviamente menos de la mitad, situación diferente cuando se trata de recaudación de impuestos, pues somos las grandes mayorías las que mantenemos al Gobierno, tema que determina que nuestro régimen fiscal nos sea progresivo, o sea “los pobres pagamos como ricos y los ricos como pobres”, ese tema implicaría entrar a tocar sensibles intereses de los poderosos, a lo cual los gobiernos prefieren no entrarle de frente.
Hoy el país luego de 70 discute por fin un cambio radical del Código de Trabajo, el cual afectaría a todos y todas las ciudadanas (que perdone la Real Academia), de ello dependerá que nos acerquemos o no justicia social, tema fundamental, estratégico y parece que solamente le interesa a los proponentes de las modificaciones, las y los trabajadores acostumbrados o educados a no involucrarse prefieren mirar para otro lado, aseguramos que de cambiar la legislación el día siguiente muchos se llevarán grandes sorpresas quizás no muy agradables de los profundos cambios que esto provocaría.
Nos da la impresión que la agenda nacional se prioriza más por la cobertura periodística que permite mayor atención a los noticieros y aumento a la venta de periódicos que a lo que realmente afectará la vida de la gente, quizás a pequeños grupos del poder esto les conviene más, para eso tienen a su alcance esos mecanismos que funcionan como altavoces y conducen o manipulan a la opinión pública hacia su agenda con sus propios énfasis.
Este es el momento para meditar, para debatir y buscar soluciones a problemas, siempre comprendiendo que estas estarán permeadas por los intereses de los grupos o sectores, que es un ejercicio inútil pretender quedarle bien a todos, que lo que debe guiar esas solución son las necesidades de las grandes mayorías, la de los pobres, de los miserables quienes si pudieran ser independientes para vivir mejor de seguro lo harían, coincidimos con el pensamiento que dice “solo el pueblo salva al pueblo” por lo que es a todos nosotros nos corresponde levantar la bandera de defensa de nuestros propios intereses.
