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Etiqueta: gasto público

El Sindicato UNE-UNED, UNEDPRO, APROFUNED y AFAUNED demandamos lo siguiente:

El sindicato, UNE-UNED, UNEDPRO, APROFUNED y AFAUNED demandamos lo siguiente:

Lo establecido en la Constitución Política de Costa Rica:

Artículo 11 Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella.

Artículo 78 La educación preescolar, general básica y diversificada son obligatorias y, en el sistema público, gratuitas y costeadas por la Nación.

En la educación estatal, incluida la superior, el gasto público no será inferior al ocho por ciento (8%) anual del producto interno bruto, de acuerdo con la ley, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 84 y 85 de esta Constitución.

Artículo 85 Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia y les creará rentas propias, independientemente de las originadas en estas instituciones.

En la Convención Relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza

Artículo 4 Hacer obligatoria y gratuita la enseñanza primaria, generalizar y hacer accesible a todos la enseñanza secundaria en sus diversas formas; hacer accesible a todos, en condiciones de igualdad total y según la capacidad de cada uno, la enseñanza superior; velar por el cumplimiento por todos de la obligación escolar prescrita por la ley.

En la Declaración Universal de Derechos Humanos

Artículo 26

  1. La educación técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
  2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales.

En los Objetivos de Desarrollo Sostenible donde se garantiza una educación inclusiva, equitativa y de calidad.

Así mismo, demandamos que se respete el acceso de nuestros jóvenes al capital cultural aportado por las universidades públicas.

Remuneraciones salariales dignas a docentes, investigadores, técnicos y administrativos.

Respetar lo establecido en la Constitución Política y leyes conexas relativo a los porcentajes dirigidos a la educación pública, toda vez que se redujo del 5% en el 2018 al 0,87 % en el 2021.

Eliminar los puestos interinos por medio de la asignación de plazas a los funcionarios universitarios.

Fortalecer el sistema de becas a la población estudiantil en áreas rurales y comunidades urbanas.

Por tanto, exigimos se cumplan las demandas antes expuestas al Poder Ejecutivo y autoridades universitarias.

Dado en la Sede Central de la Universidad Estatal a Distancia, viernes 19 de agosto de 2022.

Gabriel Quesada Avendaño                                                           Rafael López Alfaro

Secretario General Sindicato UNE-UNED                                      Presidente UNEDPRO

Allyson Núñez Méndez                                                           José Pablo Ramos Ulate

Presidenta APROFUNED                                                              Presidente AFAUNED

 

Compartido con SURCOS por Rafael López Alfaro.

Regla fiscal + Inflación alta: la tormenta perfecta para reducir el gasto público operativo

Francisco Esquivel
Economista

La regla fiscal es una limitación al gasto público aplicada férreamente sin importar las consecuencias de tal restricción. No importa si los niños pobres se quedan sin alimentos, o los ancianos pobres sin su pensión no contributiva, o si los acueductos rurales se paralizan, o si el PANI no puede dar protección a los niños en riesgo. Incluso, se llegó a pensar, en algún momento, que, si el país se quedaba sin censo o sin el servicio 911, tampoco era relevante para esta regla. Lo que vale es detener al “peligro” de la economía: el gasto público. Es el enfoque liberal en su esencia pura.

Reconocer lo anterior no quiere decir que no se tenga clara la importancia del control del gasto. Pero, la gestión del gasto debe ubicarse en una visión amplia de las finanzas públicas. El déficit fiscal de Costa Rica es importante. Amerita un programa urgente que combine equilibradamente el control riguroso del gasto y las acciones firmes para incrementar el ingreso. Sin embargo, eso no justifica caer en la visión anti estatista que está en la base de la regla fiscal. Cuando el enfoque liberal orienta la política fiscal, la disminución del gasto predomina sobre el incremento del ingreso. El siguiente editorial ilustra este enfoque reduccionista, limitado sólo a la baja del gasto:

“La Contralora, Marta Acosta, advirtió de “riesgos y efectos muy serios” para las finanzas públicas si el Ejecutivo relaja los límites de la regla fiscal, …, con lo cual se alejaría la meta de sostenibilidad fiscal …

Acosta se ha caracterizado por su celosa defensa del equilibrio fiscal y la racionalización del gasto… Ha sido consecuente con esa conducta durante una década al frente de la Contraloría… La credibilidad proporcionada por ese historial aconseja prestar atención a sus más recientes advertencias.” (Editorial de La Nación, 2 de julio de 2022)

Racionalizar el gasto para este medio de comunicación es bajar el gasto, lo cual es un concepto bastante estrecho del término. La regla fiscal no tiene nada sobre la eficiencia, ni el impacto, ni la calidad del gasto. En ese sentido, es clara la obsesión de bajar el gasto por parte de la Contralora y del periódico, como única alternativa para lograr el “equilibrio fiscal”. No hay nada en este enfoque sobre la mejora de ingresos, ni sobre la reingeniería de la deuda pública, en particular sobre el pago de intereses.

Este enfoque ha predominado en los últimos años en la dinámica hacendaria. Se ha producido un recorte importante del gasto combinado con acciones muy limitadas en materia de ingresos. En ese contexto, se han impulsado acciones para aumentar la carga tributaria de los grupos de ingreso medio y bajo; sin afectar significativamente a los segmentos de ingreso alto. Por lo tanto, bajo el dominio de la visión liberal, el equilibrio de la gestión de las finanzas públicas se pierde, y la obsesión por reducir el gasto impide una acción integral de la política fiscal. En un artículo anterior analizamos esto con detalle (https://surcosdigital.com/la-regla-fiscal-un-fundamentalismo-financiero-que-se-debe-eliminar/).

En los primeros años de aplicación de la regla fiscal, este procedimiento ha operado en “modo suave”. Los efectos más llamativos de esta regla se han visto en programas aislados, lo que se ha interpretado como leves inconvenientes que es posible corregir aplicando excepciones puntuales. Ese es el caso de la polémica reciente sobre el gasto del PANI. Hacer un ajuste en la forma de operación de la fórmula, mediante un decreto presidencial, es un alivio que no es despreciable, en el corto plazo. Sin embargo, el alivio es transitorio porque no afecta la esencia de la regla. En la Asamblea Legislativa se habla de aprobar una excepción de la regla fiscal para el caso del PANI. ¿Qué se haría si luego hay problemas con el gasto del MEP, o con el MOPT, o con el FEES, o, en general, con el pago de salarios? ¿Se aprobarían más excepciones? Hay que ser realistas, la nave de la regla fiscal ya está mostrando filtraciones que llaman a la reflexión. Tarde o temprano, el agua que entre a esta nave la puede llevar al hundimiento. Pero, más allá de esos episodios pasajeros, la potencia demoledora del procedimiento aún no ha operado. El poder de destrucción de la regla aparece cuando se produce una inflación alta, como está sucediendo en este momento.

El mecanismo de la regla es muy sencillo: se establece un nivel máximo de la deuda del Gobierno que se calcula como porcentaje respecto al Producto Interno Bruto (PIB). La política fiscal actual lo define como el 60% respecto al PIB. Si el monto de la deuda sobrepasa ese nivel, se activa una “cláusula gatillo” que frena el gasto. ¿Cómo se definió ese porcentaje crítico de la deuda? Arbitrariamente. ¿Por qué no un 80%, o un 40%? En Japón ese indicador llega a 256%. En Estados Unidos el indicador asciende a 133%, mientras en Canadá equivale al 116%. Estos países aplican políticas de ingreso y de gasto para reducir los déficits; pero no se amarran a la rigidez de una regla fiscal como la costarricense, que opera en función del porcentaje de la deuda respecto al PIB.

En este momento, el indicador de deuda respecto al PIB es levemente superior al 65%. Por lo tanto, se aplica el freno de la siguiente manera: el gasto sólo puede crecer en un porcentaje equivalente al 65% del promedio de crecimiento del PIB, a precios corrientes, de los últimos años. Para 2022 tal freno se traduce en un crecimiento máximo del 1,96% del gasto total del Gobierno Central.

Dado lo anterior, el procedimiento de la regla fiscal contiene un primer truco: se amarra el freno del gasto a un “indicador duro” que se sabe no va a bajar en varios años. Las últimas estimaciones del Banco Central de Costa Rica muestran que, al menos, hasta el 2027, el indicador estará por encima del 63%. En consecuencia, se tiene la excusa perfecta para frenar el nivel del gasto hasta niveles insospechados. Cuando el indicador vuelva a su “nivel normal” del 60% será tarde: varias, o muchas funciones habrán sido desmanteladas. Incluso, podría suceder que el déficit fiscal se elimine en pocos años, pero el nivel de la deuda todavía supere el fatídico 60% respecto al PIB. En consecuencia, tendríamos el absurdo de que el gasto se sigue recortando, aunque no habría déficit.

Sin embargo, lo mejor de la pirotecnia fiscal, basada en esta regla, no ha llegado. En 2022, debido a las presiones internacionales, la inflación dejó la zona de confort de los años anteriores, cercana a cero, pasando a experimentar niveles altos, llegando ya a los dos dígitos. Para el mes de junio, el INEC reportó una inflación interanual del 10%. Mientras continúen las presiones de precios externos, y el Banco Central mantenga su intervención moderada en el mercado cambiario (lo que propicia un tipo de cambio alto, cercano a la barrera de los 700), la inflación nacional mantendrá una tendencia al alza. Esto hará que la regla fiscal muestre sus dientes. Los ingresos obtenidos por el IVA y el impuesto sobre la renta se ajustarán a los nuevos niveles de inflación. Estos impuestos, que representan el 70% de la recaudación total, aumentaron considerablemente en 2021. Y ahora, con la inflación alta, crecerán mucho más. El aumento de precios genera un nivel de ventas más alto para las empresas, por lo que la declaración del IVA subirá en esa proporción. Algo similar sucederá con el impuesto sobre la renta ya que las utilidades de las empresas y de los proveedores de servicios (como los profesionales) también subirán en términos monetarios. Por lo tanto, cambiará la relación de los ingresos del Gobierno Central con el gasto que está frenado por la regla fiscal.

La siguiente ilustración describe cómo se transformará la dinámica fiscal. En la parte superior izquierda se observa la clave de la regla fiscal, operando con inflación alta. Aparece un segundo truco, de naturaleza monetaria. En los próximos años el gasto podrá crecer alrededor de un promedio de 2,6% (de acuerdo al promedio de crecimiento del PIB de los años anteriores). Sin embargo, los ingresos crecerán al ritmo del aumento de los precios. Si la inflación se mantuviera cercana a los dos dígitos, en los años siguientes, se producirá una ganancia significativa para el Ministerio de Hacienda. Tendríamos una ventaja de los ingresos, creciendo a un ritmo parecido al 10% anual, frente a los gastos, aumentando al 2,6% por el efecto de la regla fiscal. Tigre suelto contra burro amarrado. Así, se entiende por qué, es útil para el Ministerio de Hacienda frenar al máximo el gasto con base en la regla fiscal, mientras cosecha una recaudación apreciable, gracias al efecto de la inflación alta.

Ilustración: El panorama previsible de la regla fiscal

En la parte superior derecha de la ilustración observamos el impacto de este fenómeno en los saldos financieros del Gobierno Central. Los datos que se presentan ahí son resultado de un ejercicio de simulación realizado por el autor de este documento. Al frenarse los gastos mientras los ingresos crecen al ritmo de la inflación alta, en primer lugar, el saldo primario pasará de déficit a superávit (representado mediante una línea negra). El saldo primario es la resta de los ingresos menos los gastos sin considerar el pago de intereses de la deuda. El dato de la ilustración para 2021 es lo que sucedió efectivamente con este saldo: su valor fue levemente deficitario. Para los siguientes tres años el saldo debería pasar a un superávit creciente porque los ingresos crecerán muy rápido frente al gasto frenado por la regla fiscal.

Este resultado positivo influirá en el saldo financiero, que sí considera el pago de los intereses. Tal saldo se muestra a través de una línea roja. En 2021 este saldo, o déficit fiscal, llegó al 5% respecto al PIB. El pago de intereses de la deuda equivale a un porcentaje parecido a ese déficit, por lo que se convierte en la explicación del déficit del Gobierno Central. Al aumentar tan rápidamente el superávit primario permitirá la reducción también acelerada del déficit fiscal, hasta el punto en que dicho déficit casi se eliminaría en 2024. Todo gracias a un truco monetario: se frena el gasto mediante un crecimiento anual del 2,6%, mientras los ingresos crecen con la inflación alta a un ritmo del 10%.

En principio se podría decir que esto será un gran éxito fiscal. Desde luego, economicistamente hablando, sería así. Pero, ¿qué hay detrás del freno del gasto? El pago de intereses de la deuda ha crecido un 12% anual en el período 2020 – 2021, en promedio. A ese ritmo, el crecimiento del gasto total permitido por la regla fiscal, en el período 2022 – 2024, no alcanzará para cubrir el incremento en el pago de intereses. Por lo tanto, mientras no se produzca una renegociación seria de los intereses, dicho gasto financiero “estrujará” al gasto operativo (salarios, compra de materiales y servicios, labores de mantenimiento, transferencias, etc.). Es decir, la expansión del gasto permitida por la regla fiscal, sólo servirá para absorber una parte de los intereses, mientras el resto de ese gasto se cubrirá reduciendo el gasto operativo. Por ejemplo, en 2023 el incremento en el pago de intereses podría superar los 250.000 millones, mientras el aumento del gasto total permitido por la regla fiscal sería levemente superior a los 200.000 millones. Habría que bajar en 50.000 millones el gasto operativo. En consecuencia, el “éxito” fiscal se logrará afectando aspectos como los alimentos de los niños pobres en las escuelas, las pensiones no contributivas de los ancianos pobres, la asignación de recursos al PANI, el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) -ya golpeado por la ley 9635 de ajuste fiscal de 2018-, el mantenimiento de las vías públicas, el FEES y el Fondo del Poder Judicial, entre otros. Desde luego, la presión sobre el gasto operativo será un estímulo para mantener el congelamiento de los salarios de los empleados públicos y las pensiones con cargo al Presupuesto Nacional (aunque en el caso de las pensiones, la ley 9635 contempla una excepción).

En la parte inferior de la ilustración se muestra la evolución posible del gasto operativo, para los próximos años, en el contexto de lo mencionado. Tomando 2021 como año de referencia, y asignándole el valor de 100, en los siguientes años el gasto operativo en términos reales (es decir, descontando la inflación) bajará hasta un nivel de 74. Se produciría una reducción del 26% del gasto operativo, a lo largo de los siguientes años. Si la inflación bajara en los próximos años, digamos a niveles entre el 8% y el 6%, se amortiguaría un tanto la reducción del gasto operativo llegando a un nivel cercano al 20%. Pero, si la inflación aumenta a niveles como 12% ó 14%, la baja del gasto operativo alcanzaría un 30%. Un verdadero desmantelamiento del gasto operativo.

Por lo anterior, son urgentes las siguientes acciones:

1.- La renegociación inmediata del pago de intereses de la deuda interna (que absorbe el 87% del total de los intereses). Una parte importante de dicha deuda está en poder de entidades estatales, principalmente operadores financieros. No es aceptable que el Estado se estruje a sí mismo por culpa de la deuda pública. Al respecto, se necesitan acciones contundentes de parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, en un plazo muy corto.

2.- La mejora sustancial en la recaudación del impuesto de la renta, principalmente en el segmento de grandes contribuyentes. Las nuevas autoridades hacendarias han dado señales positivas en esta dirección. Sin embargo, la situación no está sólo para señales, hay que obtener resultados muy pronto.

3.- La sustitución de la regla fiscal por un nuevo método de control del gasto, riguroso y eficiente. En este momento, la regla recorta mal el gasto. Se hacen recortes que a los meses conducen a excepciones. Y cuando son muchas las excepciones el mensaje es claro: el mecanismo no funciona, sólo genera problemas. Esto se produce porque la regla fiscal no hace lo básico de una gestión hacendaria: no evalúa la eficiencia, no mide el impacto, no prioriza los programas públicos, y menos se preocupa por la calidad del gasto. Sólo es un método rígido que se presta para desmantelar el gasto operativo, basado en el dogma liberal anti estatista.

Pongamos el punto 3) en un contexto amplio. Podemos reconocer que la sustitución de la regla fiscal se puede hacer por dos vías. La primera sería mediante un cambio de lo establecido en la Ley 9635, que creó el mecanismo. Se trataría de generar una especie de “regla fiscal 2.0”. Para comenzar la regla sólo se aplicaría al Presupuesto Nacional. Aplicarla al resto del sector público es simplemente una excusa para desmantelar funciones básicas que son asumidas por el sector descentralizado. Definido esto, habría que realizar dos cambios. Por una parte, se debe modificar la “cláusula gatillo” basada en el parámetro de deuda respecto al PIB, pasando a un indicador más razonable relacionado directamente con los saldos financieros: el saldo primario y el saldo financiero. Por otra parte, hay que cambiar la fórmula del freno al gasto, migrando a un sistema de techos presupuestarios (límites de gasto por sector) que permitan la priorización de los diversos programas del Presupuesto Nacional. Con la regla actual, todo se recorta con la misma intensidad, abandonando una gestión básica de la planificación como es la priorización de los componentes del gasto.

Esta “modernización” de la regla seguiría siendo un arreglo limitado que no resuelve el problema estructural del mecanismo: no evaluaría la eficiencia, no mediría el impacto, no evaluaría la calidad del gasto. Esta vía requiere de una modificación de la Ley 9635, lo que supondría un cambio muy lento debido al proceso legislativo que necesitaría para concertar los ajustes citados.

Por lo tanto, es mejor pensar en una segunda vía, basada en los principios establecidos en la ley 8131, con lo que se podría controlar rigurosamente el nivel del gasto al tiempo que se priorizan los programas del Gobierno Central y se evalúa la eficiencia, el impacto y la calidad del gasto. Esta ley ordena la formulación presupuestaria basada en productos de la gestión pública, calculando el costo unitario, y el impacto, lo que permite evaluar la eficiencia en el uso de los recursos y la calidad de los servicios. Mediante un sistema de techos presupuestarios, que prioricen los programas del Presupuesto Nacional, esta segunda vía contemplaría un estricto control del tamaño del gasto. Es decir, esta vía tendría un sistema férreo de control del gasto que es lo que intenta hacer la regla fiscal, pero lo hace mal. Pero, además dotaría a la gestión fiscal de un moderno sistema de evaluación de la eficiencia y de la calidad del gasto, que no tiene la regla fiscal. Con tal evaluación el control del gasto es sostenible a mediano y largo plazo. Si hay que recortar gasto, se haría de manera sólida, evaluando la eficiencia, el impacto y la calidad de las erogaciones. La regla fiscal actual recorta las erogaciones con la obsesión de bajar el “dañino” gasto. Pero la obsesión la lleva a recortar mal, con lo que la acción dura apenas unos meses, porque termina haciendo ajustes al recorte mal hecho.

Esta segunda vía no requiere ningún cambio legal por lo que tendría una aplicación más rápida que la primera vía citada. Simplemente, se trataría de un plan de modernización liderado por el Ministerio de Hacienda, en coordinación con la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, con el apoyo del Ministerio de Planificación y la Contraloría General de la República. Desde luego, habría que derogar el Título IV de la ley 9635, que regula la actual regla fiscal. Tal derogación tendría vigencia a partir del 1 de enero de 2023. Sería cuestión de voluntad política. Si se concertó y se aprobó en pocas semanas el congelamiento temporal del impuesto sobre los combustibles, ¿por qué no se haría lo mismo con un mecanismo que está probando su ineficacia? Hay cuatro meses de tiempo para que el Ministerio de Hacienda y la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa organicen una transición con base en el Presupuesto del Gobierno Central del 2023.

El autor de este documento desarrolló con más detalle los contenidos de la segunda vía en el anexo 6 del libro “Análisis de la estrategia de desarrollo costarricense. Macroeconomía de un modelo desequilibrado”, junio de 2021 (disponible en Amazon / Kindle).

La simulación numérica presentada aquí debe tomarse como una ilustración. No es una proyección formal de la situación fiscal. Simplemente se trata de que el lector tenga un “orden de magnitud” que le permita comprender mejor lo que se está explicando.

 

Enviado a SURCOS por el autor.

Es necesario resolver las causas del endeudamiento y el despilfarro que beneficia a unos pocos y genera desigualdad

José Luis Pacheco Murillo

Cada discurso, cada manifestación y cada comunicación que realiza el presidente de la República, es motivo de grandes titulares en alguna sección de la prensa y además, de discursos efusivos por parte de algunos legisladores en la Asamblea Legislativa. En ambos casos, como decimos en esta tierra bendita, “buscándole el pelo en la sopa”, por ningún lado destacando algo positivo, por el contrario, tratando de debilitar cualquier acción y de mal interpretar cualquier término que les permita atacar eso que se pretende hacer.

Además, no se le da el mismo espacio ni se le presta la misma atención a aquellas acciones que, por lo menos para algunos, son acciones importantes, por ejemplo, el inicio del proceso para bajar el precio del arroz o de las medicinas, lo que sin duda beneficiará a miles de personas. Tampoco se hace referencia a las acciones de sus ministros sobre cuestiones importantes.

Ayer, escuchamos sobre el inventario parcial que ha hecho el gobierno sobre los alquileres que se pagan por parte del Estado a particulares, creando una comisión para que se dé un informe, en una semana, sobre los detalles de esos alquileres. Desde luego que eso debe tener a muchos preocupados, quizá muchos con ligámenes políticos o de relación con ese sector de la prensa o con algunos diputados o diputadas.

Es necesario preguntarse ¿por qué han pasado tantos gobiernos y no se han preocupado por esos temas que hoy salen a la luz pública?

Es evidente que el gasto público se ha multiplicado en demasía y que ha obligado a obtener empréstitos para hacerle frente a ese gasto, sin que los gobiernos anteriores hicieran algo para hacer lo que ahora se pretende hacer y así mejorar la calidad de vida de los más necesitados. Precisamente por eso es qué desde hace años venimos aplicando la brecha social con enormes diferencias.

Dios quiera que se puedan resolver muchas cosas más de las que requerimos para evitar tanto endeudamiento y tanto despilfarro de dinero que solo ha beneficiado a unos pocos y de ahí la desigualdad que hoy vivimos.

EL CAMINO DE ALVARADO

Óscar Madrigal

El día de ayer el Ministerio de Hacienda informó sobre los resultados de las finanzas públicas, resaltando los buenos resultados en cuanto a un superávit primario de 0,06% del PIB corolario de la reducción del gasto primario más fuerte y radical de los últimos 10 años. Es claro que esta reducción se debe al congelamiento de los salarios de los empleados públicos, menos infraestructura, vivienda, pensiones no retributivas, en fin, en la aplicación de una rigurosa regla fiscal que es el reflejo de la austeridad implacable aplicada por el gobierno de Alvarado.

Sin embargo, esa cifra es presentada como un gran logro, lo cual sería significativa si otros componentes de las finanzas fueran concordantes. Es que otras cifras llamaban la atención y a la preocupación.

El pago de la deuda pública, solo en lo que respecta al pago de intereses, en estos 4 años del gobierno de Alvarado se disparó, y en febrero de este año se registró un monto de ₡459.162 millones (1,07% del PIB), el más alto de los últimos 17 años.

Como se aprecia del gráfico adjunto, los intereses pasaron del inicio del gobierno de Alvarado de 122 mil millones de pago intereses de la deuda a 460 mil millones. El crecimiento del pago de intereses ha crecido exponencialmente en este Gobierno. En el año 2017, representaba este rubro un 0.19% del PIB, mientras que a febrero de este año representaba el 1.07%, un crecimiento desbocado.

Es significativo que la deuda pública también ha venido creciendo sustancialmente en estos años. Según Hacienda “en los primeros dos meses del año la deuda se ha incrementado de forma nominal en ¢456.817 millones, pues a diciembre de 2021, la deuda total del Gobierno Central ascendió a ¢27.271.988 millones”. La deuda sumaría en números redondos alrededor de 27.728.805 millones (casi 28 millones de millones de colones).

El resultado es un país cada vez más endeudado.

Todo parece indicar que la nueva deuda adquirida, los nuevos empréstitos, solo han servido para pagar deuda, en especial sus intereses.

Es un camino sin solución.

Restringimos el gasto público y social con el fin de obtener un superávit primario, pero a la vez nos endeudamos más para pagar intereses de la deuda. Al final del camino habrá solo mejores condiciones para seguir pagando la deuda.

El camino seguido por este gobierno solo le da tiempo a la bomba que estallará causando mayores daños sociales.

Pero había otro camino.

La regla fiscal: un fundamentalismo financiero que se debe eliminar

Francisco Esquivel. Economista.

El diccionario de la Real Academia Española define fundamentalismo como “exigencia intransigente de sometimiento a una doctrina o práctica establecida”. La regla fiscal es eso exactamente. Es una limitación del gasto público aplicada férreamente sin importar las consecuencias de tal restricción. No importa si los niños pobres se quedan sin alimentos, o los ancianos pobres sin su pensión no contributiva, o si los acueductos rurales se paralizan. Incluso, si el país se queda sin censo y sin el servicio 911, tampoco es relevante para esta regla. Lo que vale es detener al “enemigo” de la economía: el gasto público. Es el neoliberalismo en su pura esencia.

Para la visión liberal el Estado es un obstáculo. Si el libre funcionamiento de los individuos produce el mejor resultado posible, ¿para qué queremos que el Estado intervenga en la economía? Por el contrario, la intervención del Estado, según este enfoque, producirá una distorsión en el funcionamiento de los mercados porque no dejará que los individuos actúen libremente, lo que se traducirá en un resultado no óptimo del mercado. Al respecto, el Estado estrujaría al individuo, cobrándole impuestos para desarrollar una intervención ineficiente. Si se eliminan los impuestos, el ingreso quedará disponible para el libre uso de los individuos, los que deberían producir lo mejor para la economía mediante los mercados libres.

El déficit fiscal de Costa Rica es importante. Amerita un programa urgente que combine equilibradamente el control riguroso del gasto y las acciones firmes para incrementar el ingreso. Sin embargo, cuando el enfoque liberal orienta la política fiscal, la disminución del gasto predomina sobre el incremento del ingreso. La experiencia reciente lo demuestra: se están impulsando acciones para aumentar la carga tributaria de los grupos de ingreso medio y bajo; sin afectar significativamente a los segmentos de ingreso alto. Así, el incremento de los ingresos será limitado. Por lo tanto, dominando la visión liberal, el equilibrio en las finanzas públicas se pierde, y la obsesión por reducir el gasto impide una acción integral de la política fiscal. En ese sentido, la gestión fiscal se reduce a perseguir partidas: salarios, compra de insumos, transferencias para la población pobre, pensiones, etc. Se recortan indiscriminadamente las partidas, sin considerar la importancia estratégica de los ministerios ni de los programas respectivos. La regla fiscal es la “fórmula operativa” de la persecución de partidas. El mecanismo es muy sencillo: se establece un nivel máximo de la deuda del Gobierno que se calcula como porcentaje respecto al Producto Interno Bruto (PIB). La política fiscal actual lo define como el 60% respecto al PIB. Si el monto de la deuda sobrepasa ese nivel, se activa un freno: se aplica un porcentaje reducido de crecimiento del gasto y el resto se acomoda a ese límite. En este momento, ese indicador sobrepasa levemente el 70%. ¿Cómo se definió ese porcentaje crítico de la deuda? Arbitrariamente. ¿Por qué no un 80%, o un 40%? En Japón ese indicador llega a 256%. En Estados Unidos el indicador asciende a 133%, mientras en Canadá equivale al 116%. Estos países aplican políticas de ingreso y de gasto para reducir los déficits; pero no se amarran a la rigidez de una regla fiscal como la costarricense, que opera en función del porcentaje de la deuda respecto al PIB.

El “truco” de la regla fiscal es condicionar el crecimiento del gasto al nivel de dicho indicador. En la situación fiscal actual, bajar el indicador desde el 70% al 60% tomará varios años; tal vez muchos. Eso dará una excusa para reducir el nivel del gasto hasta niveles insospechados. Cuando el indicador vuelva a su “nivel normal” del 60% será tarde: varias, o muchas funciones habrán sido desmanteladas. Incluso, podría suceder que el déficit fiscal se elimine en unos 3 o 4 años, pero el nivel de la deuda todavía supere el fatídico 60%. En consecuencia, tendríamos el absurdo de que el gasto se sigue recortando, aunque ya no habría déficit. El próximo gobierno, aunque intente modificar la política fiscal, no podrá hacer nada para detener la regla fiscal. La única solución es derogarla. Hay intentos por introducir excepciones; sin embargo, esas iniciativas no captan la esencia del problema: el enfoque liberal no admite parches. Por lo tanto, habrá una oposición obstinada a las excepciones porque “quebrarían” la disciplina. No se puede tapar el sol con un dedo, hay que cambiar la regla fiscal y aplicar un método diferente de control del gasto.

La persecución de partidas contiene errores metodológicos serios. En primer lugar, la regla se aplica, de manera general, al Gobierno Central (es decir, al presupuesto de los ministerios y de los otros Poderes del República) y a las entidades autónomas. Sin embargo, el déficit está en el Gobierno Central. Las instituciones autónomas tienen sus propios ingresos y normalmente no tienen déficit. Entonces, ¿por qué amarrar a las autónomas con la regla fiscal? Por ejemplo, el AyA no puede financiar adecuadamente con sus propios ingresos a las ASADAS, que administran acueductos comunales, porque “se pasa” del límite de gasto impuesto por la regla fiscal. ¡Notable ejemplo del enfoque anti estatista de la política fiscal¡: la regla fiscal se convierte en un pretexto para desmantelar las funciones básicas del Estado, en su acción descentralizada. Si las entidades autónomas no tienen déficit, ¿por qué están sujetas a la regla fiscal? No hay justificación; prevalece el prejuicio ideológico contra la acción del Estado.

Además de lo anterior, hay un defecto metodológico más grave. Antes de recortar una partida del presupuesto público, es necesario evaluar el impacto, la eficiencia y la calidad del gasto que se piensa reducir. Cualquier partida puede ser un problema, pero no de manera general. No es que, por ejemplo, los salarios, la compra de insumos o las transferencias sean malos, en sí mismos, sino que el recurso que se contrata con ese gasto se podría usar de manera ineficiente, o ser de mala calidad. La regla fiscal no evalúa el impacto, la eficiencia y la calidad del gasto; simplemente, aplica el bisturí porque el gasto público es “malo para la economía”. Lamentablemente, la regla fiscal olvida lo establecido en la ley 8131, que establece el marco operativo que se debe aplicar para obtener el máximo provecho de los presupuestos. El artículo 52 establece la obligación de los ministerios de Hacienda y de Planificación Nacional y Política Económica de velar por la eficiencia, el impacto y la calidad del gasto, aportando “los elementos explicativos necesarios para medir la efectividad de los programas, el costo unitario de los servicios y la eficiencia en el uso de los recursos públicos”. Nada de esto se encuentra en la regla fiscal.

La regla fiscal está generando daños que justifican su eliminación. Cercena áreas importantes de la gestión pública, de manera arbitraria, obedeciendo al dogma anti estatal. Y lo hace sin evaluar lo básico: la eficiencia, el impacto y la calidad del gasto. Por lo tanto, debe sustituirse por un riguroso control del gasto, orientado por la ley 8131, sin los defectos metodológicos citados.

La Gran Estupidez al Cuadrado

Luis Paulino Vargas Solís

He dicho que la regla fiscal es, con sobrado merecimiento, la Gran Estupidez. Pero lo mejor del cuento, es que la Contraloría de Marta Acosta, ha puesto lo suyo para hacerla aún más estúpida.

Como sabemos, esta regla establece límites al crecimiento del gasto público en función de ciertos parámetros que la ley define. Con el perdón de ustedes, voy a omitir detalles sobre ese particular. Luego me referiré a ello.

Una vez considerados los parámetros definidos, y una vez calculado cuánto puede crecer el gasto público, de un año al siguiente, hay dos formas posibles de aplicar el porcentaje de crecimiento resultante: sobre el presupuesto aprobado o sobre el presupuesto ejecutado. El gobierno aplica la regla sobre el primero, pero la Contraloría lo hace sobre el segundo. Sin embargo, dado el poder sancionatorio que la ley concede a la Contraloría, prevalece la tesis de ésta. Y ello tiene serias consecuencias.

Supóngase la institución XYZ. Su presupuesto en 2021 es 100. Al final de 2021, la institución XYZ ejecuta 95 de los 100 (es normal, y prácticamente inevitable, que siempre haya algún margen de subejecución).

Supóngase que para 2022 la regla fiscal permite un crecimiento máximo del 2,0%. El gobierno aplica ese porcentaje sobre el monto total del presupuesto de 2021, y, entonces, le asigna un presupuesto de 102 a XYZ para 2022.

Pero la Contraloría toma los 95 realmente ejecutados en 2021 y sobre esa base aplica el porcentaje de crecimiento del 2,0%. Ello significa que, como máximo, XYZ podrá gastar 96,9 en 2022. El nivel de subejecución tiende a crecer. Pero eso no es lo principal.

Veamos

Volvamos a 2021. Se presupuestaron 100, se ejecutaron 95. Hubo un superávit de 5, pero suponga usted que 3 de esos 5 están comprometidos, digamos que para una inversión en equipo de cómputo. Lo cual, por cierto, es muy usual, o sea, es muy usual que queden compromisos de un año para el siguiente, sobre todo cuando se trata de inversiones en infraestructura y equipo.

Bueno, pero la Contraloría no permite usar esos 3 que quedaron comprometidos. Solo permitiría utilizar 1,9 ya que ese es el límite que arbitrariamente impone. Y eso bajo el supuesto de que TODO lo demás en la institución XYZ, queda congelado en su nivel de 2021.

A esta institución le quedan dos opciones: incumplir la regla y afrontar las consecuencias derivadas de una sanción de la Contraloría, o enfrentar una demanda judicial por incumplimiento de contrato con la empresa que iba a proveer el equipo de cómputo.

¿Qué opción le queda a esta y a las demás instituciones? Aplicar la estrategia de “coyol quebrado, coyol comido”, o sea, gastar en el día a día, olvidarse de planificar para el mediano y largo plazo, y, en especial, olvidarse de proyectos de inversión cuya plena ejecución demande varios años.

Más estúpido ¡¡¡¡Imposible!!!!

Compartido con SURCOS por el autor, publicado en su página de Facebook.

Las élites del poder de Costa Rica en toda su miseria moral

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

“Hoy (cualquier día de estos) en canal 7 el abogado que ha catalogado de “leyenda urbana” la autonomía universitaria consignada en la constitución de Costa Rica, el mismo que le abrió el portillo legal a Óscar Arias para su segunda presidencia, Rubén Hernández, manifestó poco más o menos, en relación con la ley de empleo público, que no debe desaprovecharse la ocasión para poner orden en lo que lleva ya 70 años por la libre.

¿Qué es lo que en el fondo lleva 70 años por la libre, según esta sensibilidad subyacente? Pues el Estado social de derecho, precario ciertamente, pero que ha permitido en alguna medida, a quienes participan en la construcción de la sociedad, que participen también en las decisiones, una de las cuales es la fijación de sus remuneraciones. Como la participación de los trabajadores ha sido limitada, aún en este limitado estado social, además se conservaba el recurso del derecho de huelga. Estas condiciones se han sustentado en una sensibilidad a la que suele llamársele DEMOCRACIA y que en este país se estableció institucionalmente después de la guerra civil del 48.” ÁNGEL OCAMPO ÁLVAREZ.

Los ideólogos del régimen imperante en la Costa Rica del bicentenario de la independencia del dominio colonial español, lo que buscan es el empobrecimiento generalizado de las grandes mayorías laborales, con el propósito de mandarnos de vuelta al país que éramos hace cien años, cuando cayó la dictadura de los Tinoco: uno de patronos hacendados cafetaleros, por lo general y el resto de la población una masa inerme de gentes sin derechos sociales ni políticos, a la que había que engatusar, cada cuatro años, para que fuera a votar por los candidatos de la casta en poder, sobre todo cuando empezó el sufragio universal de los varones adultos puesto que las mujeres debieron esperar muchos años más para ejecutar ese acto liberticida que, en principio no cambió mucho su opresión y discriminación en ésta y las otras naciones de nuestra área continental.

Para esas gentes entronizadas en el poder y dueñas de la mayor parte de la riqueza, de lo que se trata es de equiparar hacia abajo los salarios de todos los trabajadores, poniendo a los del sector público en las mismas condiciones en las que se encuentran la gran mayoría de quienes laboran en el sector privado (casi siempre al borde de la miseria y en medio de la mayor incertidumbre laboral), se trata de igualar hacia abajo y no de mejorar los salarios y condiciones de los trabajadores del sector privado (v.g.r Luis Diego Marín Schumacher quien propone una: Reducción del gasto público mediante la eliminación de todos los sueldos y pensiones exorbitantes (todo aquello no sean salarios de mera subsistencia, decimos nosotros). Equiparándolos con los salarios del sector privado.)

Lo anterior equivale, para efectos prácticos y reales, al empobrecimiento generalizado de la gran mayoría de la población costarricense, al disminuir su poder de compra llevando al mínimo la demanda agregada de bienes y servicios, lo que traerá la quiebra de innumerables empresas del sector productivo, por cierto no solamente las medianas y pequeñas, al achicarse todavía más el mercado interno ¿a quién le van a vender estos empresarios y emprendedores? Lo único cierto es que el país se hundirá en una recesión todavía más profunda, la que no empezó precisamente como resultado de la pandemia del Covid 19, sino que se originó como resultado de las políticas de austeridad impulsadas por todos los partidos o franquicias electorales del régimen, mediante el concurso de sus diputados en la Asamblea Legislativa, en una de las legislaturas más mediocres de toda la historia de Costa Rica.

Esos, y no otros disfrazados de preocupaciones de orden fiscal, son los verdaderos propósitos de quienes formularon la ley de empleo público, con la que se busca llevar a la incertidumbre a la totalidad de los trabajadores, con el beneplácito de los exportadores y los insaciables usureros del capital financiero, unas gentes que sólo sueñan con bajar los costos de la fuerza de trabajo.

Entramos así en la etapa de las dictaduras, y los regímenes totalitarios, pero con la bien disimulada astucia de aquellos gobernantes que se las arreglan para no acudir a los procedimientos más emblemáticos, visibles, infames, o incluso grotescos de los totalitarismos del siglo pasado, a diferencia de la brutalidad manifiesta del estalinismo, o de la del fascismo hitleriano o franquista, aquí todos viven felices en las más perfecta de las dictaduras (Aldous Huxley EL MUNDO FELIZ, 1932), la gran pregunta es ¿qué harán o sentirán muchas gentes cuándo se despierten convertidos en las víctimas de una nueva esclavitud?: sin derechos laborales y políticos para hacerse escuchar en una sociedad donde el fundamentalismo religioso secular del mercado es el que reina sobre cualquier otro principio o dimensión social. Los tenedores de bonos de la deuda interna seguirán asfixiando al fisco con las elevadas tasas de interés de las que hacen usufructo, sin remordimiento alguno, los especuladores del capital financiero expertos en burlar el pago de impuestos, además de sacar capitales a los paraísos fiscales continuarán en lo suyo y los que estafan al fisco con los sobreprecios de las concesiones de obra pública y otras estafas similares, por muchos millones de dólares también, están seguros de que para ellos siempre habrá impunidad, o a lo sumo recibirán alguna reprimenda leve.

Al final de cuentas, aquí los culpables de todos los males del país son los trabajadores del sector público, las inversiones en educación y en salud o la inversión pública para reactivar la economía, con base en un vigoroso mercado interno ¿será por eso que los poderes fácticos, con el aplauso de sus cortesanos, nos quieren devolver a la Costa Rica de los oligarcas y de una gran mayoría de peones irredentos?, ¿la de 1920 o 1921, cuando se cumplieron los primeros cien años de la separación del dominio colonial español?

¿Un ejercicio de política ficción o una pesadilla anunciada? (II)

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense.

Segunda parte.

“La mitad de los puestos de trabajo del mercado laboral costarricense tiene un alto nivel de riesgo de ser reemplazados por máquinas o computadoras. Se trata de 1,06 millones de empleos de los 2.16 que existen en el país…Existe un conjunto de 20 empleos que concentran a la mayor cantidad de trabajadores actualmente en el país y que además tienen el nivel más elevado de riesgo de mecanización…En la lista se encuentran peones agrícolas y de construcción de edificios, conductores de automóviles y taxis, guardas de seguridad, cocineros y secretarios, entre otros.” Manuel Avendaño Arce “20 OCUPACIONES CORREN EL MAYOR RIESGO DE AUTOMATIZACIÓN Y SON LAS QUE MÁS EMPLEAN” EL FINANCIERO n° 1317 26 de diciembre de 2020 página 6.

En medio de este evento, o fenómeno social total que tensa toda la estructura social, dentro de una escala planetaria, al que conocemos bajo la denominación de Covid 19, hemos pasado por alto la llegada de otro hecho de esas proporciones: la llamada Cuarta Revolución Industrial y su inocente eliminación de aquellos empleos que presentan elevados riesgos de mecanización (Avendaño Arce, dixit), dentro de la que al parecer no son (o serán) eliminadas las gentes sino los empleos, de tal manera que durante las próximas décadas que transcurran hacia la mitad del siglo que corre ya no serán tan “necesarios”(o no lo serán del todo) los peones agrícolas pues en su caso se perderán 100.394 de esos empleos, los de construcción que verán disminuirse sus puestos hasta un total de 70.453 y los conductores de taxis y camionetas, siempre objeto de innumerables polémicas registrarán una disminución de hasta 68.153 plazas o empleos. No es que las élites del poder hayan decidido eliminarlos físicamente (mal pensados que son algunos), nada más lejos de las intenciones de los apóstoles de esta postrera revolución industrial (al parecer tan despiadada como la Primera, ocurrida hacia finales del siglo XVIII y durante las primeras décadas del siglo XIX), como resultado de la cual dejaron morir de hambre a miles de tejedores manuales (K. Marx, dixit).

Entonces ¿qué es lo que nos sucede a las gentes de este cambio de siglo, cuando ya entramos a la tercera década de su transcurrir?, parece que ya nada nos causa asombro, pues según parece todo es tan sencillo e inocuo que: “la automatización no se refiere a implementar Inteligencia Artificial (AI) o robots de última generación, puede ser el uso de computadoras, algoritmos, máquinas o técnicas de MACHINE LEARNING…Existen casos como los de un oficinista o un contador, en los que algunas de sus tareas se pueden reemplazar con algoritmos fórmulas programadas en hojas de Excel. Eso permite abaratar costos a las empresas” (EL FINANCIERO op.cit) Esos miles y millones de seres humanos ya no serán necesarios para las empresas que ahora no bajarán sus costos solamente mediante la evasión y elusión fiscales (son expertos en esas acciones), sino que simplemente ya no requerirán de ellos, al parecer ni siquiera como compradores. Pareciera entonces que el dios Mercado tiene sus días contados ¿cuál será entonces la nueva religión de los sumos sacerdotes y demás cultores del fundamentalismo neoliberal? Mientras tanto el agua, un elemento esencial para la vida humana, empezó a cotizarse en la Bolsa de Wall Street con lo que vivirán entonces sólo los que puedan pagarla, los restantes seres humanos serán declarados como “no existentes” o seres sin una existencia real, por lo que el panlogismo (no el celebérrimo de Hegel) de la nueva centuria será “todo dentro del mercado, nada fuera del mercado”, no importa si este sigue achicándose como resultado de la pérdida de empleos, donde al parecer las máquinas se tornarán consumidoras (extraña ecuación).

La lucha de clases se terminó, de una vez por todas: los ricachones de las finanzas y sus operaciones de bolsa (con el dinero que produce más dinero) derrotaron por knock out al famélico, además de disperso y avergonzado proletariado, pero también al empresariado iluso empeñado en la producción e intercambio de bienes y servicios que casi nadie comprará, por favor gentes tomen nota.

Es así como la obstinada voluntad del grupo hegemónico de las élites del poder en Costa Rica y en otros países de la región, a semejanza de lo que está ocurriendo en el resto del planeta, se mantiene sin cambio alguno a pesar de que sus postulados de reducción del gasto público, eliminación del déficit fiscal mediante la regla fiscal no resistan la menor contrastación con la realidad misma, los componentes y elementos esenciales de la vida social y económica son relegados al olvido, a pesar de que esas políticas nos llevan sin paracaídas hacia el abismo de la más profunda recesión económica. En este punto es casi imposible distinguir entre la ficción y la realidad, la escena ha tomado una nota surrealista, no si al estilo del poeta André Bretón para quien “la belleza será convulsiva o no será” o al del pintor Salvador Dalí, con aquellos extraños cuadros o pinturas que nos dejaron con la boca abierta, ante la visión de aquel reloj doblado a la mitad sobre la orilla de una mesa, como si fuera una hoja de papel y en medio de un montón de objetos, al parecer impregnados de un espíritu del absurdo que presidió los momentos más oscuros del siglo anterior.

Mientras en países como Argentina (los odiados peronistas Fernández, Alberto y Cristina), Bolivia con el regreso al poder del Movimiento al Socialismo al Socialismo (MAS), de Evo Morales Ayma y Luis Arce Catacora (el nuevo presidente de Bolivia), hace un par de meses, después de vencer limpiamente en las urnas a los golpistas que usurparon el poder en noviembre de 2019 y el México de Andrés Manuel López Obrador, se busca reactivar la economía poniendo circulante en manos de las gentes para que el mercado vuelva a funcionar y la economía crezca al aumentar el gasto de los hogares (Primer componente del PIB), otros como Carlos Alvarado, Juan Orlando Hernández, Lenin Moreno (electo con un programa político diferente) y demás alucinados por el encubierto “no mercado” y la nosociedad (Christophe Guilluy, dixit)) se apresuran a retirarlos de las manos de las gentes, mediante impuestos regresivos y una acusada reducción del gasto público (los empresarios y sus cortesanos (presidentes o diputados) no pagarán o dispondrán que se pague la crisis que han generado dilapidando los fondos públicos en gran escala, cosa que no han hecho los trabajadores de ese sector con sus cada vez más reducidos salarios, su agenda es otra: la del ladrón, diciendo a voz en cuello “agarren al ladrón”) que comprende el congelamiento de los salarios de los empleados del sector público, cuya capacidad de protesta y respuesta, tanto como su ingreso y poder de compra, ha sido mermada sensiblemente por una legislación represiva impulsada por el “liberacionista” Carlos Ricardo Benavides y algunos presuntos “cristianos” neopentecostales o neopentecostalistas, unos expertos en negociar con su fe en los templos de los mercaderes (Jesucristo, dixit). Es ahora que se hará evidente ¿cómo? y ¿de qué manera los incautos verán que no tendrán a quién venderle sus productos o los resultados de sus emprendimientos?, su informalidad los llevará a hundirse en el pantano de los seres no vivientes: el paraíso neoliberal y su mortal utopía no tiene ningún lugar para ellos, sigan por esa ruta lo verán…

El Diálogo Multisectorial y los Diálogos Regionales, la escasa articulación de dos procesos

German Masís

En las últimas semanas dos procesos de diálogo se han realizado en el país, el proceso de diálogo multisectorial y los procesos de diálogo regional, impulsados por la Administración Alvarado.

En el primero se inscribieron 72 organizaciones y participaron 60 de ellas en 12 sesiones de trabajo en las que se discutieron 274 temas y en las que se llegó a acuerdos en 58 temas, pertenecientes a los grandes temas consensuados en el proceso, a saber:

– reactivación económica, generación de empleo decente y combate a la pobreza
– propuestas fiscales de alto consenso
– evasión, elusión y eficiencia de la gestión tributaria
– gestión de la deuda pública
– activos del Estado
– inversión, eficiencia y eficacia del gasto público
– ingresos y exoneraciones

La mesa acordó medidas para reducir el déficit fiscal en una cifra equivalente al 2.2 del PIB (aunque la meta era de 2.5), entre ellas 10 serían medidas permanentes que sumarían alrededor del 2.18 del PIB y varias medidas de tipo temporal (LN.com,23-11-2020). Entre las principales medidas aprobadas están:

 -el proyecto de Hacienda digital
 -la reducción de la deuda política
 -la reforma al sistema de compras públicas SICOP
 -introducir el sistema de renta global
 -el impuesto a los premios de lotería
 -cambio de deuda cara por deuda barata
 -emisión de bonos cero cupón
 -revisión y mejoramiento de la normativa de la SUGEF
 -facilitar el acceso al crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas productoras
 -recorte de 170 mil millones del presupuesto 2022
 -venta de la cartera de créditos de CONAPE
 -aprobación del proyecto PAGAR
 -impulsar una Política Nacional de los Cuidados
 -inventario de bienes del Estado y su traslado a Hacienda(GobiernodelaRepública,21-11-2020)

Estas medidas aprobadas en el diálogo multisectorial y a las que un Consejo Consultivo Económico y Social les dará seguimiento, resultan para algunos sectores insuficientes dada la magnitud de la crisis fiscal que rondaría este año el 9.3 del PIB y una deuda de alrededor del 70% de la producción.

Más allá de esa valoración, interesa establecer los vínculos de esas medidas con el desarrollo regional y con los procesos de diálogo regional que se han estado realizando en varias regiones. Aunque en el diálogo multisectorial no se aprobó ninguna medida específica sobre el desarrollo regional, en las distintas sesiones se mencionaron algunas acciones ligadas a la problemática regional como:

 -creación de clúster y encadenamientos (territorial -regional)
 -impulso al empleo rural y costero
 -reducción de la brecha digital en las zonas fronterizas y costeras
 -fortalecer el programa de centros de desarrollo empresarial regionales del INA

Por su parte, en las regiones Chorotega, Huetar Norte, Huetar Atlántica, Brunca y Pacífico Central se han estado efectuando procesos de diálogo coordinados por las Autoridades gubernamentales encargadas de los programas de desarrollo en cada región.

En la región Chorotega se han aprobado propuestas en materia de emprendimientos, diversificación de la economía, tramitología, agro y turismo.

En el Agro se incluyen acciones como agilizar el trámite de apertura de pozos, impulsar la plataforma virtual de comercialización, la simplificación de trámites con el Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), y proyecto de agro-innovación 4.0 para fortalecimiento de productores de la Región.

Sobre Turismo resalta la reactivación del Aeropuerto Daniel Oduber, una propuesta de mesa de trabajo para disminuir costos de tiquetes aéreos, así como la presentación de guías turísticas y catálogos de artesanías.

En lo relativo a Emprendimientos se incluyó las capacitaciones y acompañamiento por parte del INA y del MEIC y se realizó un mapeo de programas para acceso a crédito para pequeñas y medianas empresas de diversos sectores de la economía.

Sobre la Diversificación de la economía, se señaló la promoción de acciones del programa Alianza para el Bilingüismo (ABI), así como el fortalecimiento de infraestructura de conectividad en la región, capacitación y nuevas formas de empleo a partir de las tecnologías.

Por último, en tramitología, se incluye la agilización de trámites en SETENA, INVU, AYA y MOPT y el fortalecimiento en la implementación de la Ventanilla Única de Inversión (VUI) en la región. (ElPais.cr,14-11-2020)

El diálogo en la región Huetar Atlántica, coordinado por la Mesa Caribe definió una serie de acciones prioritarias, entre ellas.

En el tema de Logística, la elaboración de una estrategia para la mejora de las principales cadenas de valor del sector logístico y aplicación de un benchmarking internacional, propuesta de proyecto de “Ley de nacionalización de las cargas en puntos de ingreso”, levantamiento de las necesidades de infraestructura y de formación de recurso humano del sector logístico e integrar el clúster logístico al Sistema Nacional de Empleo y la Plataforma de Intermediación Laboral.

En Turismo se mencionó el impulso a un proyecto de reactivación de espacios públicos y embellecimiento del casco central de Limón, el impulso de la Región Caribe como un ícono en gastronomía, mediante la generación de alianzas públicos – privadas, apoyo a las plataformas digitales WAY-Anansy, promovidas por la Federación de Cámaras, desarrollo de una estrategia, en conjunto con el ICT para la visitación tanto de nacionales como de extranjeros y el desarrollo de un proyecto de formación para el empleo, mediante una alianza con PANIAMOR-CCITUL y la Federación de Cámaras.

Sobre Agroindustria, se propuso la identificación y desarrollo de las cuatro cadenas de valor: Cacao, Frutas, Raíces y Tubérculos, y Productos Pecuarios, el apoyo de una plataforma tecnológica para mercadeo agropecuario en la región y el país (eHarvestHub y NAJU), la asistencia técnica y soporte tecnológico agrícola en la región mediante proyectos coordinados (proyecto Fundación Walmart), la coordinación público-privada para inversión y operación de proyectos en el sector agropecuario y la reactivación de la inversión ya establecida en la región para la generación de empleo, desarrollo económico y agroindustria.(ElPais.cr,12-11-2020)

En los diálogos de las regiones Huetar Norte, Brunca y Pacífico Central, lideradas por la Vicepresidenta Epsy Campbell, la Ministra de Economía y el Presidente Ejecutivo del INCOP respectivamente, los clamores de la población son por la mejora en la infraestructura pública, acceso a financiamiento, el rescate de la actividad turística, una de las más golpeadas por la pandemia del COVID-19 y la situación del agro, sin olvidar la principal preocupación de todas las regiones por la falta de empleo y por la pobreza de las familias.

No obstante los aspectos discutidos en los diálogos regionales, no abordaron directamente los grandes temas de la crisis fiscal, de la deuda pública, de la reactivación económica, de la gestión tributaria, del gasto público y de las necesidades de inversión, es decir los temas estructurales que son el contexto macro de las demandas regionales.

En ese sentido, podría reconocerse una escasa articulación entre los procesos de diálogo nacional multisectorial y los diálogos regionales, en donde el primero pone el énfasis en medidas globales de política fiscal, económica, social e institucional, con poca incorporación de acciones dirigidas al desarrollo de las regiones periféricas o de promoción de un desarrollo nacional más equitativo entre las actividades de la Gran Área Metropolitana (GAM) y dichas regiones.

Acierta plenamente el reciente Informe del Estado de la Nación cuando señala que la red productiva nacional es altamente dependiente de la región Central-GAM y del sector comercio y transporte, y que urge atender la desconexión entre ésta y las regiones fuera de aquella zona, (así como) fortalecer las interacciones para fomentar la actividad económica en ambos casos. (PEN2020, p.29).

 

Foto: UCR

Ni cinco céntimos

Óscar Madrigal

Treinta céntimos por cada cien colones es el aumento decretado para el próximo año por el Consejo Nacional de Salarios para todos los trabajadores (as) del sector privado. Ni siquiera un cinco. El aumento es del 0,30% pero como ya esas sumas son prácticamente inexistentes e incomprensibles (nadie habla de céntimos en Costa Rica) hay que decir que son 3 colones por cada mil o 300 por cada cien mil. Es decir, ni un pasaje de bus. Según La Nación el salario promedio del sector privado es de ¢371.000, por lo que cada trabajador recibirá un aumento promedio en el año 2021 de ¢1.100 colones. Por otra parte, el 26,3% de los trabajadores privados NO reciben siquiera el salario mínimo.

El argumento principal que se esgrime para que el Gobierno proponga semejante despropósito es la situación económica del país. Sin embargo, la crisis sanitaria ha sido boyante desde el punto de económico para la mayoría de los sectores productivos del país tales como los bananeros, azucareros, ganaderos, cafetaleros e incluso los piñeros. De igual manera les ha ido muy bien a los grandes comerciantes, así como a las empresas de zonas francas. Estos y otros grandes empresarios verán incrementados enormemente sus patrimonios, sus ingresos, por el aumento salarial paupérrimo a sus trabajadores.

Walmart subirá los salarios en mil colones, mientras sus ingresos y ganancias se disparan. Al igual que los Uribe dueños de casi todas las farmacias del país o los Garnier dueños de zonas francas.

Siempre son los trabajadores y trabajadoras los que hacen que, con sus bajos salarios, aumenten enormemente la riqueza de unos pocos.

Por otro, como las empresa no pagan buenos salarios, el Estado o sea todos los contribuyentes tenemos que subvencionarlos a través del gasto público. El bono de vivienda que se otorga a un trabajador de la empresa privada no es una subvención a ese trabajador o trabajadora para que construya su vivienda, sino una subvención al patrono ante los bajos salarios que paga y que impiden al trabajador poder adquirir su vivienda. Mucho del gasto social que financiamos todos los contribuyentes, es una SUBVENCIÓN A LA PATRONAL.

Una de las mejores formas de disminuir el gasto social es que los grandes empresarios paguen salarios justo y necesarios para vivir dignamente.

Los economistas y columnistas de siempre, las Pilares y sus corifeos, que se han quejado hasta el cansancio de la diferencia entre los salarios de los empleados púbicos y los del sector privado, deberían estar en este momento como coro exigiendo aumentos a los trabajadores del sector privado muchísimo más elevados para ir disminuyendo esa brecha. Ya a los empleados públicos se les congeló el salario por dos años y se les eliminó una parte de él, deberían ser exigentes e incisivos respeto a los salarios del sector privado. Se trata ahora de aumentar, pero no con limosnas, sino considerablemente, muy considerablemente los salarios mínimos de los trabajadores y trabajadores del sector privado.

 

Imagen ilustrativa.