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Etiqueta: generación privada

El ICE: los verdaderos responsables de la crisis

Escrito el . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Ricardo Segura Ballar.

Ing. Ricardo Segura Ballar

A raíz de las recientes decisiones de las autoridades del ICE en relación con el racionamiento eléctrico por un supuesto descenso crítico del agua en los embalses se han generado una serie de reacciones todas vinculando estas decisiones con la privatización del ICE. El manejo mediático de la “crisis energética”, podríamos asegurar, es para generar un estado de ánimo con el fin de ganar la opinión pública para que esta acepte dócilmente el proyecto de “Ley de armonización del sistema eléctrico nacional”, expediente 23.414, que no es otra cosa que darle el tiro de gracia al ICE, cuando ese proyecto lo que persigue es favorecer a los generadores privados.

De acuerdo con que la administración Chaves Robles está inmersa en esa política de desmantelamiento del Estado y sus principales instituciones, ya nos lo había advertido el presidente, Rodrigo Chaves, cuando siendo ministro de Hacienda, (administración Alvarado Quesada 2018-2022) afirmó que a Costa Rica había que aplicarle “cirugía de campo de batalla”. Sin embargo, este ambiente convulso y de reacciones muchas veces en caliente, se puede convertir en una cortina de humo para invisibilizar a los verdaderos responsables de la crisis del ICE tanto en energía como en telecomunicaciones. Es por eso que el momento se presenta favorable para hacer algunas valoraciones de la historia reciente sobre quienes han sido los responsables de la crisis y esto apunta de manera directa al Partido Liberación Nacional (PLN) y al Partido Unidad Socialcristiana (PUSC) y por supuesto en la actualidad a Rodrigo Chaves que es una continuación de las políticas neoliberales y privatizadoras llevadas a cabo por los partidos precitados. Veamos entonces.

Fue durante la primera administración Arias Sánchez (1986-1990) cuando se dio uno de los casos de corrupción más sonados y tuvo que ver con la entrega de la telefonía celular a la empresa MILLICOM. Era un deber de la administración superior del ICE meter de lleno a la institución en el desarrollo de esa nueva tecnología que ofrecía ventajas técnicas y económicas a muy corto plazo, pero no lo hizo y apostó por entregarle la telefonía celular al sector privado. De hecho, en la reunión del Consejo Directivo del ICE del 27 de abril de 1987 se planteó que el ICE no hiciera nada y que esperara a que los sistemas celulares se desarrollaran por el sector privado y no interferir en ese tipo de proyectos. Pero para entregar esa telefonía, las frecuencias, que era lo que importaba, tenían que tener, en teoría, un manto legal. Y es así que, con ventaja para la empresa MILLICOM S.A., omitiendo lo indicado por la Constitución Política en el inciso 14, artículo 21, el acuerdo del 04 diciembre de 1987, se publicó en el diario oficial La Gaceta el 17 de febrero de 1988, adquiriendo carácter de decreto Nº 268, con las rúbricas del presidente de entonces Oscar Arias y el ministro de Gobernación y Policía, Rolando Ramírez. Es decir, COMCEL S.A representante de Millicom., tenía garantizado el rango de frecuencias para brindar la telefonía celular en Costa Rica, casi sin resistencia al frente, al menos eso creyeron en aquel momento. Millicom empezó a brindar ilegalmente la telefonía celular en abril de 1989. El caso Millicom explotó en la administración Figueres Olsen (1994-1998) cuando en 1994, ante un recurso interpuesto por el SIICE la Sala Constitucional consideró que lo actuado por la administración del ICE y Oscar Arias fue ilegal porque contravenía la Constitución Política. En paralelo con MILLICOM se trató de privatizar el Sector de Telecomunicaciones, RACSA y CNFL por medio del proyecto ECOTEL asunto que por la resistencia que generó no avanzó. Ninguno de los involucrados en estos actos anómalos fue condenado. Todo fue investigado por la Asamblea Legislativa bajo el expediente 11444. Todos impunes.

En la administración Oscar Arias (1986-1990) se avanzó con la ley denominada “Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma Paralela, conocida como Ley 7200. Esa Ley se aprobó en noviembre de 1992, en la administración Calderón Fournier (1990-1994) y tenía como propósito permitir la generación eléctrica mediante centrales hidroeléctricas y aquellas no convencionales de limitada capacidad –que no sobrepasasen los 20000 kilovatios (KW) de potencia pertenecientes a empresas privadas o Cooperativas de Electrificación Rural que pudieran integrarse al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). A pesar de esa apertura la Ley 7200 tenía ciertas salvaguardas tarifarias que se manejaban bajo el criterio del costo evitado y la intervención del SNE, hoy ARESEP. Entre 1989 y finales de 1994 la tendencia del costo promedio por KWh, tanto para el ICE como para los generadores privados se mantenía dentro del costo evitado. Sin embargo, a principios de 1995 el costo promedio por KWh pagado a los generadores privados sufre una tendencia hacia el alza muy pronunciada, mientras el pagado al ICE por las distribuidoras permanecía casi sin alteración. Cabe señalar que durante la administración Calderón Fournier solo se firmaron cuatro contratos de cogeneración. En la administración Figueres Olsen se firmaron 29 contratos 1 Acta de la sesión extraordinaria N° 3873 del Consejo Directivo del ICE, 27 de abril 1987. entre ellos los proyectos hidroeléctricos Volcán y Don Pedro. Estos proyectos por pertenecer a la empresa Global Energy en la cual tenía intereses directos el presidente José Mará Figueres y su familia casi determinaron la quiebra del Sector Eléctrico del ICE.

Fue en la administración Figueres Olsen cuando el Consejo Directivo del ICE, en la sesión Nº4598 del 18 de octubre, tomó la decisión de modificar las fórmulas del esquema tarifario, tarifa anual o piso ajustable en función de los proyectos precitados. El SNE, hoy ARESEP, los aprobó en diciembre de ese año, todo muy rápido. Una vez modificada la fórmula la mayoría de la lagartera generadora privada se cambió a la tarifa piso ajustable. El impacto fue severo, tanto así que ese factor incidió brutalmente en los gastos del Sector Eléctrico del ICE. En el año 1999, la compra a los generadores privados, representaba el 35% de los gastos de operación del Sector Eléctrico, las proyecciones estimaban que para los años 2000 y 2001esa compra oscilaría entre el 42% y el 40% de esos gastos operativos, siendo que esos generadores producían solo el 12% del total de la energía que se producía en ese momento. Una asimetría impresionante y ellos felices succionando al ICE. Después una Comisión Especial Legislativa, integrada en el año 2000, determinó que efectivamente la modificación tarifaria hizo que el ICE pagara aproximadamente $40 millones demás por esa generación. En el año 1995 se aprobó la Ley 7508 que modificó la estructura de la Ley 7200 y abrió 15% más el segmento para los privados y permitía la compra de energía bajo el régimen de competencia. Ya tenían el 30%, ahora lo quieren todo.

En paralelo con el contubernio tarifario, fue en esta administración Figueres Olsen cuando inició una de las campañas más agresivas para vender los activos del Estado argumentando el pago de la deuda interna. Esa campaña fue brutal, todo el entramado mediático estaba alineado con esa tesis, había que pagar la deuda interna o el país se hundiría en el averno. En esa campaña participó activamente el en ese momento expresidente Oscar Arias y su adlátere Eduardo Lizano. Para esa fecha el Partido Liberación Nacional se había convertido en la vanguardia privatizadora y en la madriguera política de la extrema derecha. Para 1996 la campaña tomó impulso y a finales de 19996 fueron sumados a la misma todos los expresidentes de entonces que se pronunciaron a favor de las tesis privatizadoras y de venta de activos, todos con excepción del expresidente Rodrigo Carazo, ya convertido a inicios de 1996 en presidente del Consejo de Defensa de la Institucionalidad , CDI, instancia que le salió al frente a las tesis de la administración Figueres Olsen y logró en conjunto con otros actores sociales derrotar la campaña e impedir que los activos del Estado fueran festinados. Le apuntaban especialmente al Sector de Telecomunicaciones del ICE. A propósito, Millicom fue expulsada en mayo de 1995.

Una nueva ofensiva sobre el ICE inició en el año 1999 cuando la administración Rodríguez Echeverría (1998-2002) presentó y avanzó con los proyectos conocidos como el Combo del ICE que permitían la apertura de los Sectores de Telecomunicaciones y de Energía. El Combo del ICE fue aprobado en marzo del año 2000 pero finalmente fue derrotado por la resistencia popular, sindical y por el accionar de los diputados del extinto partido Fuerza Democrática. En la práctica fue una insurrección popular la que derrotó el Combo del ICE. El PLN se plegó, como era de esperarse y le dio los votos al proyecto. Esperaba ganar las elecciones, pero pagó políticamente su entreguismo y perdió. Paradójicamente las ganó Abel Pacheco. Del Combo del ICE pasamos a la lucha contra el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos con el resultado por todos conocidos y que generó la apertura del mercado de telecomunicaciones, donde el ICE es hoy uno más de los participantes en ese mercado en competencia, esperaban su destrucción, pero dichosamente no ha ocurrido.

Todo lo anterior para que no se pierda de vista quienes han estado detrás de todo el entramado privatizador y de venta de la patria. ¿Pensamos que el PLN, el PUSC, y otros sectores de la derecha votarán en contra de ese proyecto de “Ley de armonización del sistema eléctrico nacional”; expediente Nº 23.414? No lo harán, en eso son de los mismos, abanderados de la privatización y la venta de activos como lo demuestra la historia reciente. Solo la organización popular logrará parar los intentos de destruir el ICE llevados a cabo por la banda privatizadora que ha azotado este país durante los últimos cuarenta años. Así que entonces a prepararse y templar el espíritu para la lucha y hacer de la consigna: defender el ICE es defender la Patria, una realidad.

  1.  Acta de la sesión extraordinaria N° 3873 del Consejo Directivo del ICE, 27 de abril 1987
  2. Diario Oficial La Gaceta, Nº 33, publicación del Decreto Nº 268, Ministerio de Gobernación y Policía y Presidencia de La República, 17 febrero 1988
  3.  SIICE, Sindicato de Ingenieros del ICE.
  4. Comisión Especial para investigar el área de telecomunicaciones del ICE, incluyendo Racsa, en lo relacionado con comunicaciones vía satélite, facsímiles, telefonía analógica, celular, etc.; así como actuaciones de los jerarcas de ambas instituciones, expediente Nº 11444.
  5. Todo lo relacionado con la actividad de Global Energy fue investigado por una Comisión Especial Legislativa que trabajó bajo el expediente Nº 12769, el informe de minoría fue categórico en relación con la actividad de Global Energy y la participación del presidente de entonces José María Figueres en ese entramado favorecedor de Global Energy. Recordar el caso del Tajo Don Jaime.
  6. Comisión Especial Investigadora para que indague los contratos de compra de energía eléctrica, suscritos por el instituto costarricense de electricidad con los generadores privados de energía, expediente 14.453, agosto del año 2000.
  7. Ing. Ricardo Segura Ballar, La Resistencia Nacional contra la política de implantación del modelo neoliberal en Costa Rica, La campaña de la deuda interna: intento de fractura ideológica para vender las instituciones del Estado, octubre 1999.
  8. Gabriela Segura Mena, Tesis de Grado, Reforma del Estado y actores sociales en Costa Rica: el proceso de conformación y evolución del Consejo de defensa de la Institucionalidad, 1994-2000

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Impactos de la exportación de electricidad

Escrito el . Publicado en Derechos.

SURCOS comparte la siguiente información:

La Alianza por una Vida Digna realizó el 21 de abril del 2021 el foro Impactos de la exportación de electricidad. Osvaldo Durán-Castro y Raquel Bolaños expusieron acerca del proyecto de exportación de electricidad de generación privada y sus implicaciones para Costa Rica. La actividad fue conducida por el doctor José María Gutiérrez.

La invitación es para que se comparta el video y se generen reflexiones en comunidades, grupos y redes.

Adjuntamos el video sobre el foro:

Mentiras, estafas y el delirio de exportar electricidad privada

Escrito el . Publicado en Análisis, Madre Tierra.

Osvaldo Durán-Castro
Sociólogo ITCR-FECON
13 de marzo 2021

Ocultar los costos reales de la electricidad privada es tendencioso e induce a creer que es barata, incluso más barata que la del ICE, y que es culpa de esta institución que el precio para los consumidores finales sea mucho más elevado. Esto sucede porque las empresas privadas amparadas en las leyes 7.200 y 7.508, simplemente no pagan lo que técnicamente se define como “servicios de respaldo energético y regulación de frecuencia”. Pero además, porque desde 1990 se institucionalizó lo que podemos definir como una estafa legalizada contra la sociedad costarricense.

En la carta enviada por la Asociación Costarricense de Productores de Energía (ACOPE) al Presidente de la República Carlos Alvarado Quesada, el 1 de febrero del 2021, los empresarios dicen que “…la tarifa que se paga a un productor privado es de US$ 0,05455 por kWh, mientras que los precios promedio de la electricidad a los consumidores alcanza los valores de US$ 0,136 por kWh para consumidores industriales, US$ 0,149 por kWh para consumidores residenciales, y US$ 0,179 para la tarifa general”. Esa comparación simplemente oculta que el ICE está obligado no sólo a comprar la electricidad a los privados con contratos vigentes, si no también a subsidiarlos financieramente pues el ICE le compra y paga a los generadores en su propia planta o lugar de generación, y todo el costo de respaldo y del proceso posterior de traslado de esa electricidad es cubierto por el ICE y pagado por el consumidor final; por eso es que la comparación resulta, cuando menos, insolente. Incluso para las empresas cooperativas el ICE debe asumir el costo de respaldo energético, lo cual quiere decir que si un generador se compromete a entregar 20 megavatios y por la razón que sea no cumple, el ICE, obligatoriamente, debe tener respaldo o capacidad de generación por esa misma cantidad de MW.

Este es un problema que se originó desde hace más de treinta años cuando en 1990 empezó a regir la Ley 7.200 “en virtud de que al ICE no se le permitía invertir lo necesario”, como dijo el entonces Presidente Ejecutivo del ICE Carlos Obregón Loría el 19 de noviembre de 2014 en la Asamblea Legislativa. “La inserción de la participación privada en la tarifa, es porcentualmente más alta que la inserción de las plantas que desarrolla el ICE por el mismo mecanismo de financiamiento y por las responsabilidades que tiene por ley la institución”, dijo el señor Obregón Loría.

La Contraloría General de la República advirtió en el 2016 en su Informe No. DFOE-AE-IF-15-2016 de la División de fiscalización operativa y evaluativa, denominado “Informe de la Auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia en la asignación de fuentes de energía para la generación eléctrica”, que “mediante oficio n.° 0810-724-2015 del 31 de agosto de 2015, el ICE propuso a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos una metodología que permite cobrar a cada empresa distribuidora los servicios de respaldo energético y regulación de frecuencia, como es práctica común a nivel internacional. El ICE considera que esta práctica permitirá transparentar los costos reales de los diferentes tipos de tecnologías de generación, como aspecto fundamental para una correcta asignación de costos de la generación” (destacado ODC). Esto permite comprender que esas distorsiones en favor de los privados afectaban negativamente las finanzas del ICE y consecuentemente al consumidor final. Es una mentira reiterada que la generación privada beneficia al consumidor final en virtud de costos menores que los del ICE.

El negocio de la electricidad privada inició 28 de setiembre de 1990 con la Ley 7.200 (gobierno de Calderón Fournier), se reforzó con el cambio del capítulo II de esa ley el 9 de mayo de 1995, conocida como Ley. No.7.508 (gobierno de Figueres Olsen) y quedó blindado en 2011 (gobierno de Chinchilla Miranda) con una directriz que se emitió el Ministerio de Ambiente y Energía la cual “obliga al ICE a llenar el porcentaje de generación privada de la Ley 7200”, como expuso la Presidenta Ejecutiva del ICE Irene Cañas en la Asamblea Legislativa en 2018. Esa obligatoriedad condujo a que, irremediablemente, se elevaran los costos de la electricidad. En resumen, fueron leyes creadas para consentir a los generadores privados y legalizar lo que desde siempre hemos calificado como una estafa para la sociedad costarricense.

El engaño con los precios se puede apreciar con más claridad si consideramos únicamente la etapa de la generación privada de electricidad (dejando de lado el respaldo y la distribución). De acuerdo con la Contraloría General de la República en el período 2009-2016, el costo promedio anual de operación y mantenimiento de las plantas del ICE “fue 37,8 $/MWh, más bajo que la tarifa promedio anual de compra de energía a privados en ese mismo periodo, que es de 74,3 $/MWh”, es decir, la electricidad privada nos costó el doble que la del ICE. Esta obligada competencia desleal para el ICE, había sido denunciada muchos años antes por los movimientos sociales ecologistas y algunos sindicatos del ICE; sin embargo, a pesar de las críticas y de las recomendaciones de entidades como la Procuraduría General de la República y de la misma Contraloría, nunca hubo voluntad política para enfrentarla y eliminarla.

Desde hace décadas los datos confirman la transferencia injustificada de dinero a los privados, que es la manera en que se concretan los beneficios de las leyes creadas para ellos. Un Informe Financiero del ICE del 24 de agosto 2001, señalaba que en los tres primeros meses del 2000 se pagaron 4.455,9 millones de colones a los generadores privados, y en los primeros 7 meses de 2001 la suma llegó a 16.440,6 millones, de los cuales solo en julio se pagaron 2.095 millones.

Esta sangría financiera fue denunciada el 23 de agosto del 2001 por el Sindicato de ingenieros del ICE, argumentando que “en el año 2001 el ICE pagará por este concepto (generación complementaria) 28.000 millones de colones y en el año 2005, se pagarían 61.000 millones, lo que significa aproximadamente el 50% de los ingresos del ICE. Siendo que los generadores privados aportan solo el 12% de la energía, queda claro entonces el impacto de la generación privada a la estructura financiera del Sector Eléctrico del ICE y del país”. Casi 2 décadas después, la Presidenta Ejecutiva del ICE, Irene Cañas, destacó en el 2018 en la Asamblea Legislativa que en el 2013 el ICE invertía el 12% de sus ingresos en la compra de generadores privados, y en el 2017 el 26% “y en el 2018 va a andar cerca de un 32 o un 34%…sí o sí hay que comprarles a generadores privados, aunque tengamos energía más barata de parte del ICE”.

El 11 enero 2018 mediante el comunicado “Es falso que la electricidad de Costa Rica sea la más cara de Centroamérica”, el ICE expuso que “el pago a los generadores privados por parte del Instituto –con un impacto sustancial en todas las tarifas del país– se duplicó en la última década, pasando de ₡66 mil millones en 2007 a más de ₡130 mil millones en 2017, a pesar de que solo producen 20% de la electricidad del país y no brindan servicios auxiliares al sistema”. El 15 enero 2018 reiteró que durante “la última década, el ICE ha cancelado a los generadores privados más de ₡850.000 millones, un monto superior a la inversión para construir la Planta Hidroeléctrica Reventazón” (destacado ODC). En otros términos, si el ICE hubiera generado la misma cantidad de megavatios que los privados con sus costos mucho menores, entre 2010 y 2017 “pudo haberse ahorrado ₡146.663 millones de colones si no estuviera obligado a comprar energía que no necesita y a un precio mayor que la que puede producir”, como claramente explicó en el 2019 el diputado José María Villalta, de acuerdo con una investigación de su despacho legislativo.

Otra mentira es que la electricidad de Costa Rica sea la más cara en la región centroamericana. En el comunicado del 11 enero 2018 que ya citamos, el ICE expuso datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que para diciembre de 2017 colocaban a Costa Rica en el puesto 6 con la electricidad más barata entre los países Centroamérica y República Dominicana. Mientras el costo en dólares por megavatio hora era en Nicaragua de 190,68, en Guatemala 185,50, en Belice 183,94 y en República Dominicana 179,57, en Costa Rica llegaba a 160,62. Esta comparación es relevante toda vez que los generadores privados siguen buscando la manera de incursionar en la exportación de electricidad para ampliar su plaza mercantil.

Aunque el ICE considera “respetuoso del proceso que el Poder Ejecutivo ha abierto con este grupo de empresas (los generadores privados), con el fin de construir una propuesta que les permita colocar su energía en el Mercado Eléctrico Regional”, como lo indicó el 3 de febrero 2021 en su comunicado “Sobre la no renovación de contratos vencidos de compra de energía a generadores privados”, esta es una posición sumisa que se ajusta a los intereses de las empresas y no responde, en nada, a una necesidad nacional. El argumento de ACOPE es “que si no se le puede sacar provecho a esa energía en Costa Rica, se habilite la opción de exportarla y/o que el ICE se convierta en intermediario de esa energía y genere ingresos adicionales para sí mismo”, como le piden al Presidente de la República. Incursionar en el mercado regional es un antiguo sueño de las empresas privadas que en diferentes momentos hasta el mismo ICE promovió. Con esta lamentable docilidad ante ACOPE, el ICE renuncia a su potestad exclusiva de controlar el mercado regional y abona para que el servicio social de la electricidad se convierta, ahora en el mercado centroamericano, en un espacio más de lucro privado.

Además de las ya gigantescas sumas pagadas de más e innecesariamente a los privados, es un error inconmensurable el que comete el Poder Ejecutivo al seguir estimulando el negocio de la generación privada de electricidad que por décadas, como lo demuestran los datos, ha constituido una estafa legalizada. Permitir la exportación de energía privada constituiría un nuevo capítulo igual de nefasto que el iniciado en 1990. Los contratos con los generadores privados no son convenientes ni son necesarios para satisfacer la demanda del país, desangran al ICE y encarecen el costo de la electricidad para los consumidores finales, de tal forma que eliminan, permanentemente, cualquier oportunidad de bajar los precios de la electricidad.

Nadie puede demostrar el “valor reputacional invaluable para este país” de la electricidad privada que esgrime ACOPE, a no ser que se acepte como tal la osadía de asegurarse negocios fabulosos sacándole plata al ICE y en última instancia a todos los clientes del país. Consolidar este negocio equivale a sostener una de las vías de concentración de la riqueza más odiosas que hemos experimentado en las últimas 3 décadas en Costa Rica. Tal vez el Presidente escuche y comprenda los informes de la Contraloría General de la República y del ICE que fundamentan la estafa legalizada que explicamos, y que, como podemos demostrar, ha sido abiertamente facilitada por la ARESP. Pero sobre eso expondremos posteriormente.

Tampoco tienen un “valor reputacional invaluable” la destrucción irreparable de ecosistemas y especialmente de ríos que terminan muertos, secos, convertidos en lodazales y eliminados como espacios sociales, paisajísticos, productivos y turísticos. Mucho menos tienen “valor reputacional” el asedio y la manipulación de que son objeto cientos de personas y comunidades debido a la acción de las empresas generadoras, que buscan comprarlas para que accedan a sus intereses estrictamente lucrativos y privados. En muchos otros países estos negocios están directamente relacionados con desplazamientos forzados y asesinatos. Precisamente debido a los derechos violentados de los pueblos y los ecosistemas, es que cada 14 de marzo, en miles de lugares en todo el planeta, se celebra el Día Mundial Contra las Represas y en defensa de los ríos y las comunidades.