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Etiqueta: gestión pública

El caso barrenador: Un escándalo que sacude a la CCSS – conversatorio

El reciente escándalo conocido como «El caso barrenador» ha dejado al descubierto un esquema de corrupción que involucra tanto a funcionarios como a empresarios. La trama giraba en torno a la manipulación de contratos en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), lo que resultó en graves perjuicios para la institución y sus asegurados.

Con el objetivo de profundizar en este tema, el Observatorio de la Política Nacional (OPNA) organizará un conversatorio en Facebook Live con el Dr. Álvaro Ramos Chaves, exdirector de la CCSS. Durante la actividad, se discutirán las implicaciones de este caso de corrupción, la gestión de la Caja durante la Administración Chaves Robles, y las posibles repercusiones en el futuro de la seguridad social en Costa Rica.

Detalles del evento:

Fecha: Martes 29 de octubre

Hora: 3:30 p.m.

Plataforma: Facebook del OPNA

2024 se vislumbra como un año de choques políticos

UNA Comunica, 16 de enero del 2024. El cuadrilátero de la política está lejos de cerrarse. Por el contrario, en los banquillos de los peleadores se alistan los guantes y todos los implementos para dar la pelea y esperar el sonido del ring. Esas aguas lejos de apaciguarse tienden a embravecerse.

Este es el criterio de expertos políticos consultados, quienes hacen una valoración de lo que podría ser el teje y maneje de la política nacional y de sus actores involucrados para este nuevo año.

En la teoría, el tercer año de la administración de un Gobierno debería ser el más productivo: la curva de aprendizaje tuvo que ser superada, la estrategia política debería estar más definida y las relaciones con otros Poderes de la República tuvo que haber sorteado un conocimiento previo, mientras el diálogo constructivo avanza. Sin embargo, estos preceptos parecen no cumplirse.

“A hoy no conocemos una agenda de Gobierno clara y sólida y yo no espero ver un cambio radical este año. Me aventuraría a decir que aún están en medio de esa curva de aprendizaje. El tema de la seguridad es una bandera que han asumido, pero más por presiones externas y de la coyuntura actual, pero no porque así lo hayan definido”, manifestó José Andrés Díaz, politólogo del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA).

Aunado a lo anterior, tampoco se visualiza un cambio en la forma en que el Poder Ejecutivo conduce la negociación política, con un estilo vertical implementado por el presidente Rodrigo Chaves, que él mismo ha calificado como “gerencial”.

“Yo no veo voluntad del presidente para bajar el tono de su lenguaje, lo veo más bien sosteniendo un mensaje duro, autoritario, de populismo en algunas ocasiones, que se evidencia aún más cuando sus proyectos o iniciativas no se aprueban en el tiempo y en la forma en que él quiere”, señaló Carlos Carranza, coordinador del Programa Análisis de Coyuntura de la Sociedad Costarricense de la UNA.

Esto se evidenció el 22 de noviembre anterior, cuando, durante la presentación de la Política Nacional de Seguridad Pública 2023-2030, ordenó la desconvocatoria de los proyectos de seguridad que presentó en el actual periodo de sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, donde el Gobierno determina la agenda de iniciativas que conocen los diputados.

Este ejemplo retrata el choque que el presidente ha hecho evidente, en este caso con el Congreso, pero que también se ha irradiado a otras instancias como el Poder Judicial en el tema de los procesos judiciales que se siguen a personas detenidas o con la Contraloría General de la República que ha objetado proyectos como el de Ciudad Gobierno, una de las iniciativas estrella de la actual Administración en temas de infraestructura.

Para el experto Carlos Carranza, el Mandatario debería contar con un equipo de análisis político y económico que pueda tener más peso en las decisiones que se toman, partiendo de criterios técnicos de los temas que se analizan. “La gestión pública debe tener una institucionalidad presente con un cuerpo de alto nivel, lo que podemos llamar la ‘cima estratégica permanente’”, reflexionó.

Sin embargo, la alta rotación entre jerarcas de la actual Administración refleja que ese es un desafío que no se ha logrado alcanzar. Citando a Maquiavelo, el experto José Andrés Díaz indicó que “el buen príncipe es el que tiene como ministro al que le dice lo que no quiere escuchar. Si tiene aduladores a su lado, va a perder el principado”.

De acuerdo con una publicación del medio de comunicación El Observador, del pasado 2 de enero, el actual gabinete ha sufrido 36 bajas, entre ministros, viceministros y presidentes ejecutivos. De ellos, 25 ocurrieron en el 2023.

Algunos de ellos incluso han salido en medio de polémicas y enfrentamientos directos hasta con el propio presidente como han sido los casos de Gloriana López (exjerarca del Patronato Nacional de la Infancia) o de Patricia Navarro (exministra de Comunicación). Incluso se dio la renuncia del expresidente del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), por su presunta vinculación con una persona imputada en un caso de narcotráfico.

En el ojo público

Esta perspectiva no debería obnubilar las prioridades que debe impulsar este Gobierno. Para Carlos Carranza, es imperativo que se avance en la discusión de temas sobre reforma del Estado, fortalecimiento de la competitividad, la situación financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social y el financiamiento internacional para proyectos de infraestructura (como el proyecto con el Banco Centroamericano de Integración Económica por $700 millones en discusión en la Asamblea).

Proyectos en materia de seguridad sí han avanzado con más celeridad en estos primeros días del 2024, luego de la instalación de una mesa de trabajo interinstitucional. Incluso, el proyecto para evitar la reducción de prisión preventiva en ciertos delitos ya se aprobó unánimemente en el Plenario, mientras se cuece otra iniciativa que fortalece esta medida en delitos calificados como homicidios y robos.

Empero, Carranza vislumbra a un Poder Ejecutivo interesado en seguir impulsando este año proyectos que han sido polémicos y que han generado fracturas con otros partidos políticos como el de jornadas extraordinarias de trabajo (conocido como 4/3) o el de la venta del Banco de Costa Rica.

La oposición

En la acera del frente, se visualiza una agenda propia de control político, donde la labor de las comisiones legislativas especiales (principalmente la de financiamiento a partidos políticos o la que analiza los contratos en Sinart) tengan un mayor peso en los enfrentamientos entre fracciones.

José Andrés Díaz, del Idespo, tiene su propia valoración sobre el rol que ha venido desempeñando la oposición en el Congreso. “No han querido establecer coaliciones formales entre ellos o con el Gobierno. Uno infiere que ha existido cercanía entre el Ejecutivo y un partido como Nueva República, pero al mismo tiempo no quieren verse cercanos. En cambio, Liberación Nacional lleva 12 años siendo oposición y no ha logrado establecer una propuesta diferenciadora y constructiva”, indicó.

1º de mayo

De reojo, las fuerzas políticas comienzan a ver cómo será la conformación del Directorio el próximo 1º de mayo. El actual presidente del Congreso, Rodrigo Arias, ha dejado entrever que, si su reelección por tercer año consecutivo no se concreta, pensaría incluso en renunciar a su curul.

Carlos Carranza no estaría a favor de un cambio de timón. “No es el momento más oportuno”, indicó, mientras que José Andrés Díaz, considera que no ve motivos para que no resulte electo. “Tampoco veo a nadie de la fracción del Gobierno aspirando al cargo”. Ambos expertos destacan en la gestión de Arias el contrapeso que ha ejercido en los momentos de intenso enfrentamiento político, ya que ha sido él quien ha convocado a las partes en reiteradas oportunidades para restablecer los puentes de diálogo.

Por otra parte, las próximas elecciones municipales parecieran no incidir directamente en el ajedrez político nacional, aunque se visualiza como un termómetro para valorar la fortaleza territorial de algunos partidos, con miras a las elecciones nacionales del 2026.

Lo que sí considera probable el politólogo José Andrés Díaz es que este panorama de constante enfrentamiento abone a un desgaste en el apoyo a la democracia, por parte de la ciudadanía, en momentos en que el más reciente estudio del Latinobarómetro 2023 determinó que mientras en el 2010 un 63% de la población apoyaba este sistema de Gobierno, en el 2023 ese porcentaje se redujo a un 48%.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Las políticas y programas de desarrollo social, rural y regional: los que existieron y los que aún no se vislumbran

German Masís Morales

Los programas de desarrollo social, de desarrollo agropecuario y rural y de desarrollo regional suponen una fuerte inversión de recursos y una movilización importante de la acción institucional hacia sectores sociales y productivos prioritarios de la gestión pública.

Múltiples obras de infraestructura social, productiva y de servicios son el legado de los gobiernos en comunidades y regiones del país, así como la transferencia de recursos en becas, bonos y ayudas para los sectores de la población beneficiarios de la política social en las distintas administraciones.

La administración Alvarado realizó múltiples obras y transferencias como resultado de los programas Puente al Desarrollo, Avancemos, Crecemos, Proteger y los programas de desarrollo agropecuario, de desarrollo territorial rural y de los programas de desarrollo regional ejecutados en las diferentes regiones, como Franja para el desarrollo Huetar Norte, la Mesa Caribe y los programas en las regiones Chorotega, Brunca y Pacífico Central.

Los programas, como el denominado Puente al Desarrollo coordinado por el IMAS con la participación de las demás organizaciones del sector social, el programa de desarrollo agropecuario y el programa de desarrollo rural territorial, impulsado por las instituciones del sector agropecuario y los programas de desarrollo regional coordinados por los Vicepresidentes y algunos ministros del Poder Ejecutivo con la participación de diversas instituciones públicas, finalizaron su gestión dirigida a los grupos más pobres y a las poblaciones de agricultores y pobladores rurales de las regiones periféricas del país.

Aunque es difícil determinar la inversión total efectuada en todos esos programa, es posible establecer las alcances y los resultados de los programas mencionados, entre ellos la conocida como la Estrategia Nacional de Reducción de la Pobreza: Puente al Desarrollo, surgida en el año 2015, que atendió según el IMAS a 113 mil hogares desde que la Administración Alvarado planteó la ampliación de la Estrategia a través de los componentes de atención de familias “Puente al Bienestar”, la dimensión territorial comunitaria y rural “Puente a la Comunidad”, “Puente al Agro” y “Puente a la Prevención”, así como la dimensión sociolaboral “Puente al Trabajo”, la cual reforzó el enfoque de derechos humanos y de atención integral a partir del paradigma de la multidimensionalidad de la pobreza, con el fin de lograr una disminución significativa de los índices de pobreza y pobreza extrema.

Mediante dicha estrategia, se atendieron poblaciones como indígena, afrodescendiente, adulta mayor, mujeres, jóvenes, LGTBIQ+, niñez, migrante y con discapacidad. En niñez y adolescencia, se amplió la cobertura de la REDCUDI de 52 mil personas menores de edad en 2017 a 62 mil personas en 2021. En lo relativo a persona adulta mayor, se presentó el borrador de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, se puso en marcha la Línea Dorada y se crearon 30 establecimientos para personas adultas mayores con los CECI’S.

En cuanto a las personas afrodescendientes, se avanzó en las acciones de la política nacional para una sociedad libre de racismo, discriminación racial y xenofobia 2014-2025, y se declaró de interés público a la población afrodescendiente. Para las personas con discapacidad se incluyó la temática de discapacidad en los programas sobre afectividad del MEP, se promocionó el turismo accesible y programas de e-learning y entre 2018 y 2022 se aprobaron un total de 9.297 bonos familiares de vivienda para personas con discapacidad.

En lo relativo a las personas indígenas, se creó el Plan Nacional para la Recuperación de Territorios Indígenas con un monto de ₡3.200 millones para las indemnizaciones, la Ley 9710 permitió que a 3.500 indígenas Ngäbe-Buglés se les reconociera la nacionalidad costarricense, se benefició a 1.600 indígenas beneficiados de la atención de la CCSS y se asignaron más de ₡1.400 millones para construir cinco nuevos acueductos para territorios indígenas.

En territorios indígenas el gobierno invirtió 72 mil millones en infraestructura, conectividad, programa de servicios ambientales y reactivación económica, de los cuales ₡33.540 millones corresponden a infraestructura, ₡18.265 millones a inversión social y proyectos productivos, ₡11.810 millones a pago de servicios ambientales y ₡8.310 millones a Comunidades Conectadas.

El Programa de Pago de Servicios Ambiental (PSA) del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), giró ₡11.810 millones a los territorios indígenas en el periodo 2018-2022, distribuidos en 143 contratos de PSA por un área acumulada de 117.052 hectáreas en zonas de bosque y 1.488.633 árboles en sistemas agroforestales.

Mientras el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el sector vivienda han desarrollado o iniciado 92 proyectos de infraestructura, con una inversión de ₡33.534 millones entre el 2018 y el 2022, destacando la histórica inversión en vivienda que benefició a 1.186 familias, al construir el mismo número de casas, para un total de c15.398 millones. Además, los proyectos son un ejemplo de la nueva relación de las instituciones con las comunidades, ya que se construyeron respetando las particularidades geográficas y culturales de los pueblos indígenas.

Además, en el 2021, se inauguraron los puestos de visita periódica en Pîedra Mesa y Bajo Bley, en el cantón de Talamanca, los cuales son obras arquitectónicas de la CCSS para dar una atención integral y pertinente a los habitantes.

El proyecto Comunidades Conectadas en Territorios Indígenas es una iniciativa de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), por medio del (FONATEL) y ejecutado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Se trata de una inversión total de $47.9 de millones, abarcando un total de 14 territorios indígenas, 138 comunidades, 86 centros de educación y 30 centros de salud, lo que permitirá el cierre de brechas digitales. FONATEL ha realizado una inversión de $12,6 millones (₡8.310.573.180) en la construcción de torres y la expansión de redes de telecomunicaciones en zonas muy remotas.

Entre las personas migrantes, el convenio firmado entre la CSS-ACNUR que permitió asegurar a 10 mil personas refugiadas durante el 2021 y para la Población LGTBIQ+, se creó un comisionado de la Presidencia para asuntos relacionados con esta población.

Por su parte se elaboró y ejecutó la Política Nacional para Hogares de Ingresos Bajos y Medios para eliminar brechas y ampliar las oportunidades de esta población en materia de crédito productivo, cuido, acceso a vivienda, entre otros y se ejecutó el Plan de salvamiento para familias altamente endeudadas, se firmó la reforma a la Ley 7769 de atención a las mujeres en situación de pobreza que agiliza los mecanismos de apoyo para mujeres emprendedoras.

En la atención integral para el cierre de brechas entre oferta y demanda laboral se creó el Sistema Nacional de Empleo que facilita el contacto entre personas y empresas, la Alianza para bilingüismo logró egresar 13.179 personas en un segundo idioma, se implementó el proyecto Emprendimiento Joven en beneficio de 284 jóvenes entre 2019 y 2022. y se firmó la Ley n° 9728 de Educación Dual. (Comunicados Presidencia1-5-2022)

En una evaluación previa del programa Puente al Desarrollo realizado a finales del 2021, se señalaba que este programa al que estaban vinculadas 19 instituciones que destinaban cuantiosos recursos a su desarrollo, de las 30 metas para el 2021, 10 metas tenían dificultades de ejecución (7 metas tenían algún tipo de rezago y tres presentaban avance cero. El problema se presentó en dos de cuatro metas totales ligadas al componente Puente al Bienestar, en cuatro de los 12 objetivos de Puente al trabajo, específicamente en lo referente a empleabilidad y en una de dos relacionadas con empresariedad, para un total de 7 metas en riesgo de incumplirse.

A nivel general entre los obstáculos para la ejecución de los diferentes componentes, estaban la atomización de los procesos en muchas instituciones, las brechas en el acceso a internet, los recortes presupuestarios y la falta de experiencia por parte de las instituciones en la implementación de los modelos de articulación de la población de referencia del IMAS.

En materia de ejecución presupuestaria en la estrategia Puente al desarrollo, el informe consignó que sólo seis de 19 instituciones reportaron sus niveles de ejecución y doce instituciones presentan problemas para reportar la programación financiera y controles de la ejecución del presupuesto, problema que se arrastra desde el 2020”.(CRHoy,15-10-2021)

Sobre el programa de desarrollo agropecuario, al final de su gestión el Ministro de Agricultura, detalló las inversiones realizadas en infraestructura agropecuaria, las cuales superan los ₡75 mil millones, en beneficio directo de alrededor de 237 mil personas dedicadas a la producción agropecuaria de todo el país.

Además, hizo referencia a los proyectos impulsados para fortalecer el acceso a la tierra, al crédito y a la tecnología de punta buscando reducir la brecha social en los territorios rurales y aumentar la rentabilidad y resiliencia de la actividad agropecuaria y acuícola.

Entre las grandes obras están la construcción del Centro de Valor Agregado Agropecuario de la Región Brunca e inicio de trabajos de otro centro en Florencia de San Carlos; así como la conclusión de las obras del Mercado Regional Chorotega en Carrillo.

Además, dos bodegas climatizadas para el almacenamiento de granos básicos construidas en la zona Norte y Sur del país, las cuales garantizan a quienes se dedican al cultivo de frijol, una producción segura y competitiva, así como la sostenibilidad de la comercialización a largo plazo.

Las acciones emprendidas para enfrentar el cambio climático incluyen el impulso de los programas Nama Ganadería y Nama Café, en el primero 1.750 fincas de todo el país desarrollan medidas de adaptación, mitigación y aumento de rentabilidad. La meta a finales de 2022 es convertir 1.773 fincas ganaderas en unidades más rentables y adaptadas al cambio climático).

En sus fincas los ganaderos implementan medidas como pastoreo racional, fertirriego de purines y bioles, cosecha de agua de lluvia, establecimiento de banco forrajero, manejo de registros, mejoramiento de pasturas y ambientes ganaderos protegidos, entre otras prácticas. Gracias a estos cambios, bajan sus costos, son más resilientes y pueden desarrollar su actividad productiva de una forma más eficiente.

En otras acciones del sector, destacó la aprobación del Programa para el Desarrollo Sostenible de la Pesca y Acuicultura en Costa Rica, con financiamiento del Banco Mundial. Además, destacó el fortalecimiento de la Fábrica Nacional de Licores, la labor desempeñada por la Oficina Nacional de Semillas y el desarrollo de nuevas variedades por parte del Instituto de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA).

También mencionar la adquisición de drones y teléfonos inteligentes, igual que genética mejorada para la producción pecuaria y las inversiones en nuevas tecnologías.

Por su parte el INDER invirtió en el programa de desarrollo rural durante la Administración anterior, más de ₡5.500 millones en adquisición de tierras, 4.008 millones en crédito rural y ₡746 millones en plan Motor Rural.

En el acceso a recursos para producción, tierra y crédito, también se mencionó el apoyo del Instituto Nacional de las Mujer (INAMU), mediante el programa FOMUJERES, que permitió la colocación de ₡1.470 millones entre 722 proyectos ganadores, ubicados en 56 cantones; así como los apoyos distribuidos para fortalecer la producción orgánica de más de ₡970 millones entre 735 personas productoras orgánicas y en transición. (Comunicados Presidencia 21-4-2022)

Por su parte, los programas de desarrollo regional de las regiones Huetar Norte, Huetar Caribe, Chorotega, Brunca y Pacífico Central, fueron las iniciativas que canalizaron la inversión social y productiva del poder Ejecutivo en la Administración anterior, para mejorar la infraestructura regional, reducir la pobreza y las desigualdades regionales.

Región Huetar Norte

En la región Huetar Norte, el programa Franja del Desarrollo, presentó logros en infraestructura social, de salud y educativa. En la rendición de cuentas final, se mencionaron avances en infraestructura en salud, como el nuevo Servicio de Emergencias del Hospital de San Carlos y el nuevo mamógrafo de ese hospital, los EBAIS de Cedral (San Carlos), Katira (Guatuso), Cuajiniquil y el hospital móvil en Los Chiles.

En lo que respecta a infraestructura educativa, se construyeron 19 nuevos centros educativos completos, gracias a una inversión de ₡20 000 millones, que benefician a casi nueve mil estudiantes. En el apartado de infraestructura social, una inversión de ₡8 000 millones permitió que 13 proyectos de vivienda cubrieran a 428 familias. También, se otorgó el bono comunal en la comunidad de Disneylandia (en Pital de San Carlos), que benefició a 1764 personas.

Como parte de lo realizado, se atendieron las necesidades de agua de las y los habitantes de la zona norte del país mediante 35 proyectos que beneficiaron a 237 000 personas, con una inversión de poco más de ₡34 000 millones.

Por su parte, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) entregó dos obras de infraestructura comunal en la Región Huetar Norte: el Centro de Capacitación en Santa Rosa de Pocosol y la ampliación del acueducto de la Virgen en Los Chiles, con la ampliación del Acueducto La Virgen y El Corozo en Los Chiles -el IMAS invirtió ₡98.648.076– permitió llevar agua potable por primera vez a las viviendas de 250 habitantes de las comunidades de La Aurora, Barrio San Martí y La Chalupa.

Con una inversión de ₡100 millones, el Centro de Capacitación será un núcleo de transformación para jóvenes, mujeres y familias en situación vulnerabilidad, donde obtendrán herramientas que les permitan ser motor de bienestar para sus familias, este aporte del IMAS ha permitido a la Asociación de Desarrollo Integral de Santa Rosa de Pocosol contar con un lugar apto para emprender un plan de formación en distintas áreas de emprendedurismo, con el objetivo de revitalizar el desarrollo económico y social de las familias de los distritos de Pocosol y Cutris de San Carlos y del cantón de Los Chiles.

El Instituto Nacional de Aprendizaje efectuó la ampliación y remodelación del Centro de Formación Profesional del INA en Sarapiquí, fortalecimiento de capacidades para el turismo indígena del pueblo Maleku, capacitación a productores de leche de ganado bovino, apertura del Centro de Desarrollo Empresarial en la Regional Huetar Norte, Congreso de Producción y Comercialización de Búfalos, Jornada de Tecnología y Robótica Educativa, Expo Feria del Cacao y Chocolate.

El Instituto Nacional de Desarrollo Rural facilitó la construcción de acueducto en Coopevega, electrificación de un ramal en la zona primaria de Peñas Blancas, entrega de semilla e insumos para el cultivo de frijol a cinco asociaciones de agricultores, mejoramiento de las condiciones de acceso, senderos e infraestructura en las instalaciones del Parque Nacional Volcán Tenorio.

En el informe también se señalan los avances en conectividad; se resalta la construcción de centros de acopio; se subraya la modernización de los puestos fronterizos de Peñas Blancas y Tablillas (Los Chiles) y se destaca que el programa ‘Huella del Futuro’ ya sembró 300 000 árboles para reverdecer la Zona Norte, cifra que sobrepasó la meta inicial de 200 000 especies para setiembre de 2021. (Comunicados Presidencia 21-4-2022).

Región Huetar Caribe

En el programa de desarrollo Mesa Caribe, en su informe final el gobierno registró una inversión más de ¢47 mil millones en atención social a población vulnerable de la provincia de Limón, desde el inicio del programa en febrero de 2019.

De estos recursos, ¢21.683 fueron girados por el Instituto Mixto de Ayuda Social a través de programas como Crecemos, Avancemos, Red de Cuido y Atención a Familias, cubriendo a 72.744 personas; ¢22.093 millones en subsidios de vivienda dados por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos a 2.419 personas y ¢3.094 millones por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mediante de programas como Empléate, Obra Comunal y Obra Indígena, beneficiando a 3008 personas.

Entre los principales logros destacan, además de la inversión social, la entrega de 24 centros educativos que benefician a 10.300 estudiantes; ¢5.000 millones en formación técnica del INA para 6.500 personas; la reestructuración de JAPDEVA y la búsqueda de soluciones a los problemas de titulación de tierras.

También, el inicio del proceso para los estudios de prefactibilidad y factibilidad para la construcción de la Marina, el Muelle de Carga y Descarga y la Terminal de Cruceros a partir de fondos no reembolsables aportados por MIDEPLAN; la ampliación del aeródromo de Guápiles; la puesta en operación de la primera etapa del acueducto Caribe Sur (14-2-2020)

En materia de infraestructura vial la inversión asciende a ₡29.550 millones, lo que ha permitido intervenir unos 349 kilómetros en todos los seis cantones de la provincia. Entre las obras destacan la finalización del nuevo puente binacional sobre el río Sixaola, la intervención en más de una docena de rutas nacionales y la ejecución del programa de la Red Vial Cantonal II en Pococí, Talamanca, Siquirres y Matina.

En la ampliación y y rehabilitación de 107 km de vía entre el Cruce de Río Frío y el centro de Limón, sobre la ruta 32, se han invertido $465 millones, de los cuales $396 millones son vía empréstito con el Eximbank de China y una contrapartida nacional por $69 millones.

En otras áreas de inversión en la región Caribe el INDER invirtió entre 2018 y 2020 más ₡8.536 millones, en Infraestructura rural, crédito, transferencia de recursos a otras organizaciones para el desarrollo de proyectos y fomento a la producción y seguridad alimentaria.

En Infraestructura rural para el mejoramiento de caminos, construcción de puentes e infraestructura eléctrica, hídrica y hasta educativa realizados directamente por el Inder, se registran inversiones por ₡804,36 millones, en Crédito Rural tanto en el servicio ordinario de crédito como “Crédito en Marcha”, para apoyar a las organizaciones afectadas por más de ₡225,88 millones y en el Fomento a la producción y seguridad alimentaria en la entrega equipos, maquinaria, herramientas, semillas y otros bienes para que los productores puedan mejorar sus actividades las inversiones alcanzaron más de ₡807,22 millones.

Además, en el marco de la Mesa Caribe, entre julio del año 2020 y julio del 2021, el Instituto hizo entrega de un total de 355 títulos de propiedad a beneficiarios, de los cuales, en 94 casos, permitirán a las familias contar con acceso al bono de vivienda. (CR.com,31-8-2021).

En infraestructura de vivienda, el Proyecto habitacional Barras del Caribe que se compone de 69 viviendas, de las que 26 han sido entregadas a las familias beneficiadas: 23 en la comunidad de La Lucha (Siquirres), y 3 en San Francisco (Pococí) y en En la localidad de Parismina (Siquirres) fueron concluidas tres casas y serán entregadas a las familias 16 viviendas más.

En infraestructura educativa, El MEP invirtió ₡1.230 millones en B-Line y ₡651 millones en La Herediana. la Escuela B-Line de Matina construida sobre pilotes alberga a 340 estudiantes y a 28 colaboradores entre docentes y administrativos, mientras la Escuela La Herediana, fundada en 1958, tiene 177 estudiantes (38 de preescolar y materno y 6 en estimulación temprana) y 31 docentes y funcionarios administrativos; además, en las mismas instalaciones funciona un CINDEA (Centro Integrado de Educación de Adultos), que tiene 170 alumnos.

Entre los proyectos se encuentran también el Colegio Técnico Profesional de Liverpool en Limón; Hone Creek y Finca Costa Rica en Talamanca; Villa del Mar, La Teresa, en Pococí; CTP y escuela de Pocora en Guácimo, inversión en infraestructura educativa que asciende de agosto de 2019 a finales del 2021 a ₡19.060 millones y beneficia a 9.310 estudiantes.

En las áreas de Salud de Cariari, Guápiles, Guácimo, Valle de la Estrella y Talamanca, la Caja Costarricense del Seguro Social ha destinado una inversión total ₡1.100 millones para llevar bienestar a cerca de 86.000 habitantes.

Con una inversión de más de ¢7.200 millones, en obras de construcción, remodelación y ampliación se encuentran las nuevas instalaciones del Centro Polivalente del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) en Limón, que incluye, laboratorios de cómputo e idiomas, aulas, ampliación del taller de soldadura y almacén regional, en el que Más de 3.500 personas podrán recibir al año Servicios de Capacitación y Formación Profesional, con una oferta de especialidades alineadas con la demanda ocupacional.

En el campo productivo, se menciona el desarrollo de 13 proyectos agroproductivos que impulsó el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), de manera articulada con otras entidades del sector, se trata de una serie de iniciativas que buscan potenciar a productores dedicados a actividades como la producción de cacao, ganadería, lácteos, avicultura, hortalizas, papaya, musáceas, con una inversión de ₡3.500 millones y con el objetivo de reducir los niveles de intermediación, mejorar los procesos de agregación de valor y el nivel de vida de las familias que dependen de este tipo de cultivos.

En Cacao, se desarrollaron 5 proyectos, con una inversión de aproximadamente ₡50 millones, en beneficio de unas 200 familias productoras en pequeña escala, ubicadas en los cantones de Matina, Limón y Talamanca.

Para la producción de lácteos en el Caribe se impulsaron 2 proyectos, con una inversión cercana a los ₡500 millones. El primero es el establecimiento de un Centro de acopio para la agroindustria de la producción de lácteos en Pococí, Cariari y El segundo proyecto es la construcción de una Planta de Procesos Lácteos de unos 30 asociados de la cooperativa Coopeasemulca.

En Raíces y tubérculos, con el apoyo del MAG, INDER, CNP, Japdeva y el Centro Agrícola Cantonal de Guácimo, se han centrado en fortalecer la cadena de producción de raíces y tubérculos, con una inversión de más de ₡400 millones para el acopio, industrialización y comercialización de yuca parafinada y congelada, en beneficio de casi 300 agricultores del territorio Siquirres-Guácimo.

En Papaya, se desarrolla el establecimiento y desarrollo de 124 hectáreas de papaya híbrido Pococí para exportación, promovida por la Asociación de Productores para la Exportación de Papaya (ASOPROPA) en el cantón de Guácimo. Este proyecto beneficia a 625 familias, con una inversión superior a los ₡2.300 millones.

En el programa Mesa Caribe se destacan los avances de la Zona Económica Caribe y los Clúster de Logística, Turismo y Agroindustria, como respuesta a la reactivación económica que requiere la región.

Región Brunca

En el programa de desarrollo de la región Brunca, destacan el remozamiento del Muelle Nacional de Golfito, realizado con una inversión de ₡1.208 millones, con el cual el INCOP busca brindar un servicio más eficiente. También, el nuevo paso fronterizo en Paso Canoas, que contará con un complejo de 14 edificios, bajo el concepto de “parada única” para personas, vehículos y mercancías. La inversión ronda de $30.3 millones.

Asimismo, Aviación Civil invirtió ¢6.900 millones para la modernización de los aeropuertos locales de la Región Brunca, Palmar Sur, Golfito, Pérez Zeledón, Coto 47, Drake y Quepos.

En infraestructura educativa, se menciona las nuevas instalaciones del Liceo Rural El Progreso, de Comte Burica, con un costo de ₡589 millones, que incluye seis aulas, comedor, rancho cultural, baterías sanitarias, área administrativa, caseta para el guarda de seguridad, malla perimetral y muro de contención. En Ciudad Neily, los niños de la escuela Alberto Echandi Montero (Ciudad Neily) estrenaron instalaciones, gracias a una inversión ¢1355 millones.

Por otra parte, también resaltó la inversión de ₡1.722 millones en los parques Marino Ballena, Corcovado, Piedras Blancas, Internacional La Amistad y el Refugio Nacional de Vida Silvestre.

Además, se impulsó la declaratoria de cantonato de Puerto Jiménez y ahí se cuenta con una Casa de la Cultura, que servirá para impulsar el arte, la literatura, la poesía, la pintura, la música popular sureña, la lengua Ngobe (guami).

En las obras, el dragado del río Térraba resguardará la vida y propiedades de unas 6.000 personas de 29 poblados de Palmar Sur y Ciudad Cortés, este proyecto es ejecutado por Senara;

Es importante destacar el aporte al desarrollo del cantón de Buenos Aires, uno de los cantones que presenta los indicadores de desarrollo más bajos de la región y el país, hacia el que se destinó una inversión total de ₡22.373 millones, dirigidos a diferentes obras, bajo la coordinación de la Comisión Alto Nivel para la Atención del cantón de Buenos Aires

Entre otras obras desarrolladas se encuentran la construcción e instalación de tendido eléctrico en las comunidades de La Coiba de Chánguena, en Pilas-Fortuna-Ceibón; el fortalecimiento del Centro Agrícola Cantonal de Buenos Aires; el mejoramiento de caminos y edificación de puentes; entre ellos sobre el Río Ceibo, Territorio Indígena Ujarrás; así como vías en el asentamiento Río Ceibo y en el Volcán de Buenos Aires.

También, la inversión en formación técnica; la construcción de la Área de Salud Nivel 3, con especialidad quirúrgica; los esfuerzos ecosistemáticos como proyectos de Fomento a la Actividad Ganadera con Enfoque Sostenible.

El IMAS invirtió un total de ₡19.130 millones entre el 2019 y el 2022, en los programas Avancemos, Crecemos y emprendimientos productivos individuales. Además, en el contexto de la emergencia por la COVID-19, el IMAS y el MTSS en conjunto otorgaron 7.174 Bonos Proteger en el cantón de Buenos Aires.

Mediante FIDEIMAS se desarrollaron una serie de apoyos a varias asociaciones y destaca la construcción del Acueducto de San Antonio de Térraba; la Casa de Salud de Santa Lucía de Chánguena; desarrollo de la Finca Integral Agro Orgánica; el fortalecimiento económico de mujeres indígenas, entre otras.

Entre los proyectos impulsados destaca el emprendimiento de 16 mujeres integrantes de la Asociación Artesanas del Bosque de un restaurante-cafetería en el distrito de Biolley de Buenos Aires, inaugurado en 2021, con una inversión de más de ₡ 79 millones.

También 60 mujeres fueron beneficiadas con el Proyecto Desarrollo de Actividades Productivas Mujeres Indígenas de Territorios de Buenos Aires y Pérez Zeledón FAO-PC-MAG. El monto total de la inciativa es de ₡43 millones en recursos financieros y de asistencia técnica.

Adicionalmente, 40 productores han recibido asistencia técnica del Proyectos Fomento a la Actividad Ganadera con Enfoque Sostenible NAMA Ganadería. Así como de la Nueva Estación Experimental Acuícola del Sur, en Buenos Aires, proyecto ejecutado por Centro Agrícola Cantonal, que beneficia a 350 familias con una inversión superior a los ₡180 millones aportados por el MAG y JUDESUR.

Por su parte, el Instituto de Desarrollo Rural destinó ₡52 millones a tres proyectos que están beneficiando a más de 83 personas, se trata de las iniciativas: Producción de bioinsumos en Colinas y Guagaral; Shiguite (Siembra Cultivos Diversificados)- Asociación SoCagrú del Territorio Indígena Bruncajc; y los insumos a productores de granos (frijol) en Pilas y Guagaral.

También en la renovación y mantenimiento de café (Boruca); mejoramiento al acceso y seguridad del Microbeneficio La Lucha, ejecución de proyectos individuales de frijol, entre otros.

Región Chorotega

En la región Chorotega se impulsó un programa de desarrollo regional, que incluyó algunas obras importantes entre las que destacan la operación del acueducto de Bagaces, que con una inversión de ₡5.985 millones, que asegurará el abastecimiento de unas 17.000 personas de Bagaces durante los próximos 20 años. (ElPaís.com,7-4-2022) y la nueva planta potabilizadora de Cañas-Bebedero, además la construcción de los acueductos Trancas I y II, El Coco Sardinal y Costeros Santa Cruz.

También el proyecto “Mejoras en las redes de abastecimiento de agua en la Península de Nicoya”, beneficia a 3100 familias de Lepanto,paquera y cóbano con mejor servicio de agua,con la sustitución de más de 35 kilómetros de tubería y la instalación de 27 hidrantes para mejorar la calidad de vida de la población con una inversión por ¢320 millones que favorece a usuarios de 17 Asadas y a turistas en la región.

Teniendo el abastecimiento de agua como una de las prioridades de la región, destaca el impulso del Proyecto de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME), para el que se ha asegurado la obtención del financiamiento por $425 millones.

Este proyecto garantizará el agua para consumo humano para Más de 500 mil habitantes de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya y unas 18.640 hectáreas estarán habilitadas con riego los 12 meses del año y más de 1.200 hectáreas dispondrán del recurso para proyectos turísticos.

Según las autoridades del gobierno anterior, el proyecto PAACUME liderado por el SENARA tendrá un impacto importante en el desarrollo económico, ambiental y social de esos cantones es estratégico para la adaptación de la margen derecha del río Tempisque e inicia una nueva era para el desarrollo de Guanacaste.

En infraestructura vial, destacan las obras de ampliación y rehabilitación del tramo Cañas-Limonal sobre la Ruta Nacional 1, con una inversión en este proyecto de $89,8 millones y el inicio de la construcción del tramo Limonal-Barranca que tiene un avance del 30%.

En vivienda, destaca El proyecto Las Palmas, ubicado en La Fortuna de Bagaces, consta de 191 viviendas, dirigido a Familias beneficiadas por emergencias, núcleos numerosos, y personas en situación de discapacidad o adultas mayores.

En infraestructura educativa, se mencionan la remodelación de las escuelas Tomás Guardia Gutiérrez en Bagaces, María Marín Galagarza en Santa Cruz y Cartagena.

A nivel productivo, en el cantón de La Cruz, Guanacaste, se desarrolla un proyecto acuícola y pesquero a cargo de la Asociación de Pescadores Artesanales de El Jobo de la Cruz, Pacífico Norte (ASOPAR), que, con la inversión en la construcción del Centro de Acopio, Procesamiento y Comercialización de El Jobo, se beneficia a, más de 300 familias que lograron mejoran su condición económica, evitando la intermediación del producto pesquero. El Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) hizo una inversión por ₡118 millones para la infraestructura y del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) Inder de ₡35 millones en equipo y herramientas especializadas para sus labores, además de ₡10 millones para capital de trabajo. (22-4-2022,Comunicados)

En la región Pacífico Central las obras más notables fueron el Monumento Nacional Parque Mora y Cañas, tras una inversión de ₡545 millones por parte del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) y el inicio de la construcción del nuevo hospital Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, que según la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tendrá una inversión de $220 millones, evidenciando que en esta región el programa regional fue probablemente el más débil.

Los programas sociales, agropecuarios, rurales y regionales han dejado un legado de gestión e inversión social, que merecen ser evaluados y proyectados en su fortalecimiento y continuidad, o en su lugar, en la renovación o sustitución por programas de desarrollo con cometidos y propósitos similares.

Hasta el momento a casi 6 meses del inicio de la nueva Administración, se desconoce, la existencia de directrices u orientaciones de la Administración Chaves en función de la continuidad o renovación de los programas mencionados.

Aunque no se ha hecho explícita la política social de este gobierno, se presume que la estrategia puente al desarrollo, será sustituida por un programa de apoyo y transferencias a los sectores de población de menores ingresos

En los primeros 100 días de Gobierno ya se realizaron iniciativas acordes con la lucha contra la pobreza y la reducción del costo de la vida, tales como la eliminación de las tarifas mínimas de los colegios profesionales y la intervención del Centro Nacional de Abastecimiento y Distribución de Alimentos (Cenada).

Según la Presidencia, la regla fiscal y los acuerdos del Fondo Monetario Internacional permiten el uso de ¢20 mil millones para llevar asistencia a personas del país identificadas dentro del rango de pobreza para llenar sus necesidades básicas de alimentación.

Además, se dará una rebaja sustancial en las tarifas eléctricas, se emprendió la lucha contra los monopolios y se agilizan los procesos institucionales.

La ruta gubernamental establece varias acciones que incluyen el uso de ¢2.500 millones del Bono Proteger para llevar empleo a familias de Guanacaste, Limón y Puntarenas a través del Programa de Obra Comunal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Dentro de las reformas anunciadas se fusionará el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) con otras instituciones del sector social para crear el Ministerio de Desarrollo Humano para una atención más integral de grupos vulnerables.

También se reordenará y fusionará al Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) para crear el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Territorio.

Por su parte, en una de las directrices del Gobierno de la República hacia un sector específico, se declaró de interés público la Mesa Técnica de Asuntos Indígenas para abordar y solventar los problemas de las poblaciones indígenas.

Además, las autoridades fueron a Crucitas y a Guanacaste para conocer directamente de sus pobladores sus necesidades, ahí se hizo el lanzamiento de la Plataforma informática del Sistema Nacional de Empleo y se presenció como la educación dual está transformando vidas. (Comunicados Presidencia,17-8-2022)

Posteriormente en visita a Limón, el presidente compartió con la población limonense y anunció el bono Proteger para llevar empleo a familias de Guanacaste, Limón y Puntarenas.

 No obstante, parece claro la no continuidad de los programas regionales de desarrollo de la Administración anterior y en su lugar podrían existir subsidios y transferencias para el combate a la pobreza y la generación de empleo en las regiones costeras.

A nivel del desarrollo agropecuario se ha mencionado el fomento a la producción de aguacate y del cáñamo industrial, el impulso de la ruta del arroz dirigido a la disminución de los precios del arroz mediante la reducción de los impuestos a la importación y promover una mayor importación de arroz barato, aunque con un eventual perjuicio y desestímulo a la producción nacional. También recientemente, se decretó el desabasto del frijol a nivel nacional, para favorecer una mayor importación del grano, así la introducción de buenas prácticas agrícolas entre los agricultores vinculados al programa de Abastecimiento institucional del CNP.

En el ámbito regional, durante la visita de las Autoridades a la región Huetar Atlántica, se anunció el impulso de 30 iniciativas de desarrollo agropecuario con una inversión de ₡1500 millones, y se realizó también el lanzamiento de la Escuela de Líderes Agrícolas”, proyecto conjunto entre el MAG y el IICA, para formar a los “nuevos agricultores del Millenium”. (Noticias MAG,31-8-2022)

Por su parte, en lo relativo a la política de desarrollo rural, el INDER ha anunciado la continuidad en la inversión rural en proyectos de infraestructura vial y productiva en las comunidades, aunque se desconoce si en las proporciones anteriores.

En definitiva, se podría indicar que aún no hay políticas, ni estrategias formuladas en desarrollo social, desarrollo agropecuario y desarrollo regional, ni un Plan de Desarrollo Nacional que las integre, solo acciones vinculadas a las promesas de campaña acerca de la reducción del costo de la vida y de la pobreza y en respuesta a las poblaciones costeras y periféricas que llevaron al poder al presidente Chaves.

 

Imagen ilustrativa.

La regla fiscal: un fundamentalismo financiero que se debe eliminar

Francisco Esquivel. Economista.

El diccionario de la Real Academia Española define fundamentalismo como “exigencia intransigente de sometimiento a una doctrina o práctica establecida”. La regla fiscal es eso exactamente. Es una limitación del gasto público aplicada férreamente sin importar las consecuencias de tal restricción. No importa si los niños pobres se quedan sin alimentos, o los ancianos pobres sin su pensión no contributiva, o si los acueductos rurales se paralizan. Incluso, si el país se queda sin censo y sin el servicio 911, tampoco es relevante para esta regla. Lo que vale es detener al “enemigo” de la economía: el gasto público. Es el neoliberalismo en su pura esencia.

Para la visión liberal el Estado es un obstáculo. Si el libre funcionamiento de los individuos produce el mejor resultado posible, ¿para qué queremos que el Estado intervenga en la economía? Por el contrario, la intervención del Estado, según este enfoque, producirá una distorsión en el funcionamiento de los mercados porque no dejará que los individuos actúen libremente, lo que se traducirá en un resultado no óptimo del mercado. Al respecto, el Estado estrujaría al individuo, cobrándole impuestos para desarrollar una intervención ineficiente. Si se eliminan los impuestos, el ingreso quedará disponible para el libre uso de los individuos, los que deberían producir lo mejor para la economía mediante los mercados libres.

El déficit fiscal de Costa Rica es importante. Amerita un programa urgente que combine equilibradamente el control riguroso del gasto y las acciones firmes para incrementar el ingreso. Sin embargo, cuando el enfoque liberal orienta la política fiscal, la disminución del gasto predomina sobre el incremento del ingreso. La experiencia reciente lo demuestra: se están impulsando acciones para aumentar la carga tributaria de los grupos de ingreso medio y bajo; sin afectar significativamente a los segmentos de ingreso alto. Así, el incremento de los ingresos será limitado. Por lo tanto, dominando la visión liberal, el equilibrio en las finanzas públicas se pierde, y la obsesión por reducir el gasto impide una acción integral de la política fiscal. En ese sentido, la gestión fiscal se reduce a perseguir partidas: salarios, compra de insumos, transferencias para la población pobre, pensiones, etc. Se recortan indiscriminadamente las partidas, sin considerar la importancia estratégica de los ministerios ni de los programas respectivos. La regla fiscal es la “fórmula operativa” de la persecución de partidas. El mecanismo es muy sencillo: se establece un nivel máximo de la deuda del Gobierno que se calcula como porcentaje respecto al Producto Interno Bruto (PIB). La política fiscal actual lo define como el 60% respecto al PIB. Si el monto de la deuda sobrepasa ese nivel, se activa un freno: se aplica un porcentaje reducido de crecimiento del gasto y el resto se acomoda a ese límite. En este momento, ese indicador sobrepasa levemente el 70%. ¿Cómo se definió ese porcentaje crítico de la deuda? Arbitrariamente. ¿Por qué no un 80%, o un 40%? En Japón ese indicador llega a 256%. En Estados Unidos el indicador asciende a 133%, mientras en Canadá equivale al 116%. Estos países aplican políticas de ingreso y de gasto para reducir los déficits; pero no se amarran a la rigidez de una regla fiscal como la costarricense, que opera en función del porcentaje de la deuda respecto al PIB.

El “truco” de la regla fiscal es condicionar el crecimiento del gasto al nivel de dicho indicador. En la situación fiscal actual, bajar el indicador desde el 70% al 60% tomará varios años; tal vez muchos. Eso dará una excusa para reducir el nivel del gasto hasta niveles insospechados. Cuando el indicador vuelva a su “nivel normal” del 60% será tarde: varias, o muchas funciones habrán sido desmanteladas. Incluso, podría suceder que el déficit fiscal se elimine en unos 3 o 4 años, pero el nivel de la deuda todavía supere el fatídico 60%. En consecuencia, tendríamos el absurdo de que el gasto se sigue recortando, aunque ya no habría déficit. El próximo gobierno, aunque intente modificar la política fiscal, no podrá hacer nada para detener la regla fiscal. La única solución es derogarla. Hay intentos por introducir excepciones; sin embargo, esas iniciativas no captan la esencia del problema: el enfoque liberal no admite parches. Por lo tanto, habrá una oposición obstinada a las excepciones porque “quebrarían” la disciplina. No se puede tapar el sol con un dedo, hay que cambiar la regla fiscal y aplicar un método diferente de control del gasto.

La persecución de partidas contiene errores metodológicos serios. En primer lugar, la regla se aplica, de manera general, al Gobierno Central (es decir, al presupuesto de los ministerios y de los otros Poderes del República) y a las entidades autónomas. Sin embargo, el déficit está en el Gobierno Central. Las instituciones autónomas tienen sus propios ingresos y normalmente no tienen déficit. Entonces, ¿por qué amarrar a las autónomas con la regla fiscal? Por ejemplo, el AyA no puede financiar adecuadamente con sus propios ingresos a las ASADAS, que administran acueductos comunales, porque “se pasa” del límite de gasto impuesto por la regla fiscal. ¡Notable ejemplo del enfoque anti estatista de la política fiscal¡: la regla fiscal se convierte en un pretexto para desmantelar las funciones básicas del Estado, en su acción descentralizada. Si las entidades autónomas no tienen déficit, ¿por qué están sujetas a la regla fiscal? No hay justificación; prevalece el prejuicio ideológico contra la acción del Estado.

Además de lo anterior, hay un defecto metodológico más grave. Antes de recortar una partida del presupuesto público, es necesario evaluar el impacto, la eficiencia y la calidad del gasto que se piensa reducir. Cualquier partida puede ser un problema, pero no de manera general. No es que, por ejemplo, los salarios, la compra de insumos o las transferencias sean malos, en sí mismos, sino que el recurso que se contrata con ese gasto se podría usar de manera ineficiente, o ser de mala calidad. La regla fiscal no evalúa el impacto, la eficiencia y la calidad del gasto; simplemente, aplica el bisturí porque el gasto público es “malo para la economía”. Lamentablemente, la regla fiscal olvida lo establecido en la ley 8131, que establece el marco operativo que se debe aplicar para obtener el máximo provecho de los presupuestos. El artículo 52 establece la obligación de los ministerios de Hacienda y de Planificación Nacional y Política Económica de velar por la eficiencia, el impacto y la calidad del gasto, aportando “los elementos explicativos necesarios para medir la efectividad de los programas, el costo unitario de los servicios y la eficiencia en el uso de los recursos públicos”. Nada de esto se encuentra en la regla fiscal.

La regla fiscal está generando daños que justifican su eliminación. Cercena áreas importantes de la gestión pública, de manera arbitraria, obedeciendo al dogma anti estatal. Y lo hace sin evaluar lo básico: la eficiencia, el impacto y la calidad del gasto. Por lo tanto, debe sustituirse por un riguroso control del gasto, orientado por la ley 8131, sin los defectos metodológicos citados.

Ética y Gestión Pública: Diálogo sobre ética y valores en la gestión pública

Semana Nacional de la Ética en Costa Rica

Eje Transformación del Estado:

Departamento de Planificación del Senara
Catedra Ética y Responsabilidad de la Comunicación Alberto Cañas-
Tribunal Honor y Ética-Colegio de Periodistas de Costa Rica
Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional

Foro Virtual

En la semana del 7 al 14 de octubre del 2020, se celebra en el país la «Semana Nacional de la Ética y los Valores en la Gestión Pública». En este sentido, el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riesgo y Avenamiento-Senara convocó al Conversatorio: «Diálogo sobre ética y valores en la gestión pública. Se unieron a este esfuerzo el Departamento de Planificación del Senara, así como la Catedra Ética y Responsabilidad de la Comunicación “Alberto Cañas” del Tribunal Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica y el Ideario Costa Rica Bicentenaria Diálogo Nacional, como parte del esfuerzo que se viene haciendo en el Eje Transformación del Estado del Ideario Nacional.

Este conversatorio tuvo lugar este lunes 12 de octubre de 2020 a las 9.00 am por medio de presencialidad remota (ZOOM y Facebook Live del Senara), con la participación del M.Sc Efraín Cavallini Acuña, la Dra. Beatriz Pérez Sánchez, Presidente y Vicepresidenta del Tribunal de Honor del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica y el Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli, escritor, historiador, ex diputado, ex director general del SINART y Premio a la Ética del Colegio de Periodistas 2017.

El Dr. Juan Carlos Mora Montero, Director Planificación SENARA moderó el evento e indicó, que este espacio de análisis y reflexión inter institucional e interdisciplinario, permitió abordar un tema que sin duda nos invita a reflexionar sobre la contribución de las instituciones en la creación de valor público por medio de la prestación de los mejores bienes y servicios a los habitantes: “El Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riesgo y Avenamiento (Senara), institución que tiene como misión gestionar el recurso hídrico mediante la investigación, innovación de aguas subterráneas y superficiales, así como la implementación de riego, drenaje y prevención contra inundaciones para mejorar la productividad, el desarrollo y la calidad de vida de todas las personas habitantes, está sumamente comprometido con la generación de valor público para la sociedad costarricense desde la institucionalidad pública en el tratamiento hídrico, que involucra a muchos actores sociales por lo que es pertinente y necesaria la amplitud y aprendizaje sobre el tema ético”.

La Gerencia General del SENARA declaró de interés institucional este Conversatorio, por ello, la apertura oficial del evento estuvo a cargo de la Ingeniera Patricia Quirós Quirós, Gerente general de Senara, quien reconoció la importancia del tema y la práctica de la ética, la transparencia y rendición de cuentas, especialmente como administradores de recursos públicos. Para la jerarca de esta institución, hoy la sociedad en la que vivimos muy virtual y tecnológica, permite a los habitantes estar más informados de todo lo que hacen las instituciones y cómo lo hacen. Por su parte, las instituciones tienen la oportunidad de comunicar a la población lo que hacen, cómo usar los recursos y cuánto valor se genera: “Eso crea confianza en las personas, y promueve la gobernabilidad democrática”.

El M.Sc Efraín Cavallini Acuña Presidente del Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas (COLPER), introdujo el conversatorio, afirmando que la Ética Pública significa que cada habitante haga conciencia del imperativo de defender los valores ciudadanos, fortalecer la democracia, la paz, la justicia social y los derechos humanos en Costa Rica: “Debemos entender que como ciudadanos tenemos la enorme responsabilidad de superar los problemas del país, enfrentarlos con actitud cívica y de respeto a la integridad de las personas y del ordenamiento jurídico. El imperativo es nuestro deber de volver a fortalecer la democracia republicana y los valores fundamentales, que nos cimientan como Estado libre e independiente”.

Cavallini, indicó que uno de los objetivos primordiales de la Ética Pública es la civilidad, por medio de la actitud individual y colectiva de preocupación por el bien público, es decir, que exista autoconciencia colectiva con las pautas de comportamiento y conducta que les permiten a los individuos vivir en sociedad y resguardar el patrimonio social.

Por su parte la Dra. Beatriz Pérez, destacó la ética como el diálogo de las personas en plena convivencia, por ello, es de suma relevancia enmarcar la ética en la Costa Rica actual y la Costa Rica del futuro, como parte de la lucha contra la corrupción en las instituciones públicas, para que sean los valores cívicos, las practicas, el diálogo, la cohesión social, lo que conlleven la vida en sociedad.

Para la expositora, la ética está muy ligada con la gestión pública, por ello, el ejercicio de una buena gestión es la suma de voluntades y descansa precisamente, en la fuerza de los valores sociales, culturales y cívicos compartidos, esto es, aquellas normas, entidades, e instituciones que cohesionan el quehacer social, y que permiten, a su vez, reconocer el sentido de pertenencia, la idiosincrasia y la identidad: “ Es necesario potenciar las capacidades ciudadanas para la vivencia de la democracia, constituyendo una Esfera Pública bien informada, crítica, analítica y educada en las labores del cabildeo y la participación política, por ello, uno de los ejes de la ética es informar, debatir, trabajar en equipo, ser transparentes, involucrar a las personas ciudadanas; especialmente en un contexto en la que aspectos como la desconfianza, deslegitimidad e indiferencias se encuentran presentes, por ejemplo, con el tratamiento de las noticias falsas, que colocan la opinión pública y el debate desde ciertos puntos de interés particulares y no hacia el verdadero deber de informar”.

Pérez, resaltó la necesidad de garantizar la representatividad de los sectores sociales, respaldados en marcos jurídicos y éticos, para tutelar más allá del interés individual; de esta forma trae a colación el principio de soberanía popular lo cual supone que la legitimidad de las autoridades públicas deriva de todas y todos sobre la base de una igualdad deliberativa y participativa.

El Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli, expresó que: “la ética es una cosa muy sencilla y muy difícil, porque simplemente la ética, es la verdad y de dicha premisa se desagrega cualquier acción ética, es decir y vivir dentro de la verdad y esto nos lleva a otro elemento: la credibilidad, esa confianza en la acción del otro ser humano”.

Para Aguilar Bulgarelli, la convivencia juega un papel central en la formación de la estructura ética del ser humano, es por ello, que se recomienda incluir la ética en los lineamientos de la educación formal e informal de las personas, así se reconoce las escuelas, colegios, universidades y también los medios de comunicación como transmisores de la verdad que consolidan el ejercicio ético y la democracia.

Don Oscar, indicó que también se requiere una Sociedad Civil fuerte y dinámica, consciente, proactiva y dialogante. La ciudadanía es pieza fundamental en el desarrollo costarricense, para avanzar con inteligencia y audacia en la reconstitución de las relaciones de lo público y lo privado, del Estado y la Sociedad: “La construcción de la opinión pública con respeto a la diferencia de posiciones, es vital en una democracia ya que, de no ser así, se le estaría diciendo a la gente que tiene que creer de una manera forzada, esto lleva a la imposición de ideas y con ello la corrupción”.

Para este historiador y escritor costarricense, es prioritario en el siglo XXI realizar todos los esfuerzos individuales y colectivos, para que Costa Rica avance en la reconceptualización del Estado y la Sociedad Civil, que comporte una nueva forma de convivir en lo ético, político, administrativo, jurídico, cultural y social, y cuyos resultados y perspectiva proporcionen una visión más lúcida y transparente sobre el tipo de sociedad que se quiere desarrollar para los próximos decenios.

Como parte del conversatorio se les solicitó a los participantes una reflexión final. En este sentido, la Vicepresidenta del Tribunal de Honor y Ética-COLPER, comentó que para garantizar una ética verdadera dentro de las instituciones, deben existir y promoverse instrumentos de acción en concordancia con los valores que orienten la función pública como la eficiencia, responsabilidad social, probidad, que a su vez originan deberes para el servidor público, como lo son el deber de confidencialidad, imparcialidad y objetividad en el desempeño de los distintos cargos: “En el desempeño de las instituciones, especialmente en este caso del campo del agua (Senara) es necesario generar formas para acercarse y educar a las personas usuarias, dar a conocer las políticas y la riqueza del valor público”, concluyó la expositora.

El Dr. Aguilar Bulgarelli, cerró su intervención enfatizando el papel de la institución Senara que tiene un papel fundamental en el cuido de la parte esencial de nuestras vidas, que es el agua y ahora, se articula con el quehacer ético, que permite dialogar su papel como recurso, fomentar una ética del cuido para no desperdiciar ni regalar un recurso, que se puede concebir como un medio para la vida, la salud, la producción el alimento y el bienestar de todas y todas que son parte de la sociedad: “ Es nuestro compromiso fortalecer una entidad política particular y única, que rescate y fomente diariamente la democracia y donde cada uno de los habitantes y las instituciones, sea garante de una ética universal de la responsabilidad; por el presente y el futuro de las personas y la ciudadanía”, cerró su participación Don Oscar.

El Presidente del Tribunal de Honor y Ética-COLPER cerró la actividad con una reflexión sobre la necesidad de innovar, en alianza con actores y sectores y donde impere la colaboración, la coordinación y la co-creación, dado que esa ha sido la forma que en el pasado ha permitido construir nuestra República, y nos hizo innovadores, no obstante, pareciera que se nos ha olvidado y nos obliga a plantearnos ahora (situaciones límites de crisis) volver a vernos para reinventarnos: “La voluntad es algo muy simple y a la vez complicado, la voluntad de aceptar las diferencias, la voluntad en la tolerancia, en comprender que estamos con una misma bandera, en una patria, que tenemos que fructificar hacia el futuro”.

En este espacio se expuso el papel de los diferentes actores públicos, sociales y privados para sumar esfuerzos y recursos, demostrando así que la generación de valor público es responsabilidad compartida entre los habitantes y las instituciones, por ello, se debe fortalecer una ética donde se manifiesten los mecanismos de Gobierno Abierto: transparencia, cooperación, colaboración, cultura de participación, de auditoría y rendición de cuentas, para exigir la eficiencia de los gobernantes, funcionarios y ciudadanos como requisito para afianzar la gobernanza como derecho democrático esencial.

Enlace Conversatorio Completo:
https://www.facebook.com/SenaraCR/videos/350255012752668

 

Por:
Efraín Cavallini Acuña- Ideario UNA-THE-COLPER-
Gabriela Corrales-Ideario UNA

Escuela de Administración Pública de la UCR estrena servicio que permitirá a entidades de gobierno innovar en sus soluciones

  • Conozca una propuesta de trabajo que quiere revolucionar la gestión pública

 

La Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica (UCR) estrenará los servicios de su Laboratorio Colaborativo de Innovación Pública llamado Idea Pública, el próximo 27 de octubre en un proceso que se realizará entre los funcionarios de la Municipalidad de Montes de Oca y la sociedad civil del cantón.

Idea Pública ofrece a las organizaciones de gobierno nacional y local una opción de utilizar metodologías creativas con componentes de participación ciudadana, que permitan encontrar soluciones innovadoras y a los diversos problemas.

En el caso de la Municipalidad de Montes de Oca, se trabajarán retos como el diseño de la ciudad futura, atención de la población más vulnerable, participación joven en el gobierno local, tema ambiental y empleo. Para encontrar “soluciones fuera de caja” se invitó a estudiantes de colegios del cantón, que en conjunto con los funcionarios municipales, facilitadores de la UCR y estudiantes de Administración Pública estarán a cargo de implementar procesos de desing thinking –una metodología que se ha popularizado por generar beneficios en el diseño de soluciones con innovación centradas en las personas–.

La docente de la Escuela de Administración Pública y promotora de Idea Pública, la profesora Adriana Núñez Picado, explicó que esta nueva forma de entender y solucionar la gestión pública responde a la linea del concepto de gobierno abierto, que busca generar procesos más transparentes, colaborativos y participativos.

“Es un nuevo modelo de trabajo, más creativo no un proceso jerárquico donde el ciudadano es solo un receptor del servicio y no un agente creativo que propone soluciones”.

Más información del servicio

A través del proyecto Idea Pública y desde este 2017 la Escuela de Administración Pública de la UCR está abierta a recibir solicitudes de servicios. Cualquier entidad de gobierno que esté interesada en probar las metodologías y encontrar soluciones creativas a los retos futuros, pueden ponerse en contacto.

La oferta de Idea Pública incluye el trabajo previo para la definición de los problemas a trabajar y la implementación de la metodología en talleres de trabajo, en estos procesos participan docentes pero sobretodo estudiantes de la carrera. Por su parte, la contraparte debe costear los gastos en materiales y alimentación.

Los interesados pueden llamar a la Escuela de Administración Pública 2511-5660 y contactar con Adriana Núñez, escribir al correo ideapublica.eap ucr.ac.cr o contar vía el facebook /IdeaPublica

MÁS sobre Idea Pública

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de https://plus.google.com/photos/photo/118382719267920013462/6304394964428334370

Información generada desde la Oficina de Divulgación e Información, UCR.

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