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Etiqueta: Glenm Gómez Álvarez

El nuevo Canciller y la prueba de la libertad religiosa

Glenm Gómez Álvarez. Pbro.

El nombramiento de don Manuel Tovar Rivera como ministro de Relaciones Exteriores y Culto arrastra consigo un antecedente reciente que, por su naturaleza, vuelve inevitable la pregunta sobre el estilo con el que se ejercerá una de las funciones más delicadas del Estado: la relación con las confesiones religiosas y, particularmente, con la Iglesia Católica.

Conviene recordar con precisión el episodio del 1° de mayo, Día Internacional del Trabajador y fiesta litúrgica de San José Obrero, cuando el Señor Tovar, como ministro de Comercio Exterior, reaccionó con dureza frente a la homilía pronunciada por el arzobispo de San José, monseñor José Rafael Quirós. Aquella intervención no fue un discurso improvisado ni una toma de posición aislada del arzobispo: fue, de hecho, la aplicación pastoral de la Carta Pastoral “La Paz esté con ustedes” emitida recientemente por el Episcopado costarricense.

Ese documento —la carta pastoral de los obispos— no es un panfleto coyuntural ni una opinión individual. Es un texto colegiado que recoge la doctrina social de la Iglesia aplicada a la realidad concreta del país: el valor del trabajo, la centralidad de la persona humana frente a la lógica puramente mercantil, y las tensiones éticas que surgen cuando las decisiones de apertura económica impactan directamente en la vida de los trabajadores.

Es en ese contexto que el arzobispo retoma el texto y lo predica en clave litúrgica y pastoral, precisamente en el día en que la Iglesia contempla a San José como trabajador. No hay aquí una arenga política, sino continuidad doctrinal.

La reacción del ministro Tovar, sin embargo, fue leída por amplios sectores como una respuesta que desbordó el plano de la discusión técnica. No se trató solo de un desacuerdo con un análisis eclesial sobre el modelo económico, sino de una forma de interpelación que puso en cuestión —explícita o implícitamente— la legitimidad de la Iglesia para pronunciarse sobre asuntos sociales en el espacio público.

Ese antecedente importa hoy por una razón: el mismo actor político pasa ahora a ocupar la Cancillería de la República, institución que no solo representa al Estado ante el mundo, sino que en su estructura incluye el área de Culto, es decir, el canal institucional mediante el cual el Estado garantiza la libertad religiosa y regula su relación con las confesiones.

Y aquí está el punto neurálgico: el “Culto” no es un título simbólico ni una herencia histórica sin consecuencias. Implica responsabilidades concretas: Garantizar la libertad de expresión religiosa, incluso cuando esta es crítica del poder político, asegurar la autonomía de la Iglesia católica y de las demás confesiones frente a injerencias estatales; y preservar un principio básico de toda democracia madura: que la voz religiosa no está subordinada al criterio del gobernante de turno.

El problema no es la existencia de desacuerdos entre Iglesia y Estado —eso es estructural en sociedades plurales—. El problema aparece cuando la frontera entre desacuerdo y deslegitimación se vuelve difusa; cuando la crítica moral o pastoral es recibida no como parte del debate público, sino como una intromisión indebida.

El antecedente del 1° de mayo puede bien ser una señal de estilo político frente a la Iglesia Católica: si se la escucha como interlocutora legítima o si se la percibe como actor que debe ser neutralizado cuando incomoda.

Y ese estilo importa, porque ahora el interlocutor institucional no será ocasional, sino permanente. La Iglesia católica —por historia, peso social y presencia nacional— es uno de los actores con los que el Canciller deberá dialogar de forma constante. No en un plano de subordinación, sino de reconocimiento mutuo de competencias: el Estado no define la doctrina, y la Iglesia no legisla, pero ambos inciden en el debate público sobre el bien común.

De ahí que la pregunta de fondo no sea personal, sino institucional: ¿cómo se ejerce una cartera que exige garantizar la libertad religiosa cuando existen antecedentes recientes de tensión con esa misma voz religiosa?

Y aquí se abre otro frente: si la preocupación se centra en la legitimidad de la Iglesia católica para intervenir, desde su doctrina social, en el debate público, habría que preguntarse cuál es el criterio que se aplicará frente a otras expresiones religiosas que, sin el mismo nivel de escrutinio del Estado, también influyen en la opinión colectiva y ejercen una capacidad real de incidencia política. En una sociedad plural, el problema no es quién puede hablar, sino si se aplica la misma vara para valorar la palabra moral cuando proviene de actores distintos.

En una democracia, el estándar no es la ausencia de conflicto, sino la calidad con la que se lo administra. Y en materia de Culto, esa calidad se mide con un criterio muy concreto: si la libertad religiosa se protege incluso cuando resulta incómoda, o si se tolera solo mientras no incomode.

Ese será, en última instancia, el verdadero termómetro del nuevo periodo.

El fondo del debate —y la tentación de ignorarlo

Glenm Gómez Álvarez, Pbro.

A una semana exacta de dejar su cargo —salvo que la política, siempre creativa, disponga lo contrario— y en pleno debate sobre el Acuerdo Transpacífico, don Manuel Tovar Rivera, ministro de Comercio Exterior, ha salido al paso de la homilía de monseñor José Rafael Quirós, arzobispo de San José, pronunciada el pasado 1 de mayo, día de San José Obrero; una intervención en la que el prelado se limita —con puntual fidelidad— a citar los planteamientos de la más reciente carta pastoral del episcopado costarricense.

Hasta aquí, todo podría pasar por una anécdota más del siempre picante — y selectivamente distraído— debate público. Pero asoma una duda básica: ¿Se entendió de dónde provenía realmente esa posición, o resulta más cómodo responder como si fuera la opinión aislada de alguien que, casualmente, no figura en la lista de afinidades… y, por tanto, puede despacharse sin mayor trámite?

La precisión importa. El 28 de abril de 2026, la Conferencia Episcopal de Costa Rica publicó la carta pastoral colectiva “La paz esté con ustedes”. Se trata de un documento colegiado, fruto del discernimiento conjunto de los obispos del país.

Por tanto, cuando el arzobispo Quirós citó —incluso textualmente—no estaba elaborando una postura propia paralela, sino haciendo presente una voz compartida y publicada.

Aquí asoma la duda inevitable: si el ministro no estaba informado de una carta pastoral- entiéndase el mensaje público de un actor social con enorme presencia- que abordaba asuntos directamente vinculados a su despacho, quizá convendría revisar con cierta urgencia los canales de comunicación de su propio ministerio; y si sí lo estaba, entonces la omisión resulta todavía más… reveladora. En ambos casos, el carácter colegiado se esfuma con facilidad y el debate se reconduce hacia una personalización que, casualmente, siempre termina simplificando lo que en realidad es bastante más complejo.

La Iglesia tiene el derecho y el deber de manifestarse. El Compendio de la Doctrina Social lo establece con claridad: “La Iglesia tiene el derecho y el deber de emitir un juicio moral, incluso sobre materias económicas y sociales, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas.” (CDSI n. 81)

Es decir, no se trata de sustituir a los políticos o a los técnicos, sino de iluminar las implicaciones humanas de sus decisiones.

En esa misma línea, el papa León XIV ha insistido recientemente en que la fe no puede reducirse a un ámbito abstracto. En palabras que condensan este llamado:

“No puede haber verdadera fe donde se tolera la injusticia; la oración que no se traduce en justicia pierde su verdad.”

Cuando una política de corte económico incide en la dignidad de las personas, en el trabajo o en la equidad social, deja de ser un asunto exclusivamente técnico. Entra en el terreno moral.

Lo que vemos no es exclusivo del contexto costarricense. Días atrás, J. D. Vance —cercano al entorno político de Donald Trump— cuestionó al Papa León XIV por pronunciarse sobre temas que cruzan teología y política, sugiriendo que se limitara a lo “moral”, mientras defendía al mismo tiempo categorías como la “guerra justa”.

El paralelismo es significativo: se acepta la voz moral… siempre que no se traduzca en consecuencias concretas.

Volviendo al caso nacional, la cuestión sigue abierta: Si el arzobispo está citando un documento colegiado, ¿se está considerando adecuadamente ese contexto al responder? ¿Se trata de un simple desfase en la comunicación? ¿O hay una incomodidad más profunda cuando la Iglesia desciende del plano general al concreto?

Y aún más: si se cuestiona la intervención de la Iglesia Católica en asuntos públicos, ¿se aplica ese mismo rasero a todos los actores religiosos por igual… o hay objeciones que aparecen con una selectividad bastante oportuna?

Aquí ya no estamos ante un simple matiz, sino ante una cuestión de fondo. El país necesita un debate serio sobre su política comercial, pero ese debate pierde calidad cuando no se reconoce con precisión el derecho a manifestarse… y desde qué lugar se hace.

A diferencia de otros sectores religiosos en Costa Rica, la Iglesia no interviene como actor técnico ni como grupo de presión política. Interviene desde una responsabilidad moral que, precisamente, le impide guardar silencio frente a estructuras que pueden derivar en injusticia.

Al final, el debate no será ni técnico ni retórico, sino profundamente humano. Y es precisamente ahí donde los criterios dejan de ser abstractos, pues, como recuerda el Evangelio, el juicio no se juega en discursos, sino en realidades concretas: “Tuve hambre y me diste de comer…” (Mt 25,35).

Entre la memoria y la inquietud: la Virgen de los Ángeles y el presente que nos interpela

Glenm Gómez Álvarez, Pbro.

Este año celebramos cien años de la coronación pontificia de la venerada imagen de la Virgen de los Ángeles. Descubrimos en ello la memoria viva de un pueblo que, en medio de sus luces y sombras, ha encontrado en la “Negrita” un rostro materno cercano: la que escucha al que llega cansado, la que consuela en la enfermedad, la que acompaña en silencio tantas luchas cotidianas y orienta cuando no sabemos bien por dónde seguir.

En María encontramos precisamente eso: una creyente en camino, que avanzó en una verdadera “peregrinación de la fe”, permaneciendo unida a Cristo incluso en la oscuridad. Por eso, su historia no es solo personal, sino que refleja el recorrido de todo el Pueblo de Dios. Ahí está el motivo para recurrir a ella: no como alguien lejana, sino como Madre que entiende nuestros procesos, que ha pasado por la incertidumbre y puede sostener nuestra fe en lo concreto de la vida —en la familia, en el trabajo, en las decisiones difíciles—, enseñándonos a confiar cuando no vemos y a permanecer cuando todo parece incierto (cf. Redemptoris Mater, n. 6).

En estos actos se entrelazan un hondo valor espiritual y una fuerza simbólica que no solo representa, sino que convoca a la cohesión nacional. Pero precisamente por eso, algo en mí se inquieta. Porque toda memoria auténtica no solo celebra: también interpela.

La Virgen de los Ángeles no es un símbolo detenido en el tiempo. Es, para el creyente, una presencia que mira el presente. Y ese presente costarricense —no nos engañemos— está herido: violencia creciente, fragmentación social, deterioro del lenguaje público, pérdida de confianza en las instituciones. Un país que, por momentos, parece desconocerse a sí mismo.

Y en medio de todo esto, emerge una paradoja que no podemos ignorar. Cartago —tierra de fe, cuna de esta devoción, lugar de peregrinación nacional— se ha ido transformando en un espacio marcado por dinámicas de violencia y muerte que la vuelven, en ciertos contextos, casi irreconocible. No se trata de exagerar ni de estigmatizar, pero sí de reconocer una realidad que golpea. El contraste es demasiado fuerte: el santuario que convoca multitudes y, a unos pasos, comunidades que viven bajo el peso de la inseguridad y el miedo.

Y entonces la pregunta: ¿qué significa hoy honrar a la Virgen en ese contexto? Porque existe un riesgo —sutil pero real— de refugiarnos en la solemnidad de la historia para no confrontar la urgencia del presente. De celebrar lo que fuimos, sin asumir con la misma fuerza lo que estamos llamados a ser.

He visto la convocatoria multitudinaria, la presencia de la Conferencia Episcopal y el Nuncio Apostólico, la participación de fieles. Todo eso habla de relevancia. Pero también despierta una inquietud que no logro disipar: ¿estamos generando procesos reales de transformación o nos estamos quedando en el gesto?

Y aquí la Iglesia en Costa Rica —particularmente la que peregrina en esa diócesis— no puede eludir una autocrítica serena pero necesaria. Porque, al menos en términos visibles, su voz ha sido débil frente a una realidad que clama por mayor presencia, mayor denuncia y mayor acompañamiento. No basta con custodiar el santuario si no se logra abrazar con igual fuerza el dolor del territorio que lo rodea.

La fe, cuando es auténtica, incomoda. No se conforma con el rito; exige coherencia. Y si la Virgen de los Ángeles ha sido madre de este pueblo, entonces también es testigo de nuestras contradicciones. Ella ve un país que la ama, un pueblo que peregrina, pero que necesita reencontrarse. Ve una Iglesia que convoca, pero que está llamada a implicarse más.

Apelo no en contra de esta celebración, sino en la distancia entre lo que celebramos y lo que vivimos. Porque no basta con mirar hacia 1926. La pregunta es qué hacemos en 2026.No basta con recordar una coronación. La urgencia es discernir nuestra misión.

Y quizás la Virgen —con su silencio elocuente— no nos pide más actos, sino más verdad. No más nostalgia del ayer, sino más compromiso hoy. No más refugio en el pasado, sino más valentía en el presente.

Si esa inquietud permanece, tal vez no sea un problema. Tal vez sea, precisamente, una gracia. Porque la fe que no toca la herida de un país corre el riesgo de volverse irrelevante.

Paz, poder y conciencia: el llamado de los obispos salvadoreños

Glenm Gómez Álvarez
Sacerdote y periodista

Los obispos de El Salvador han publicado una palabra de adhesión al Papa León XIV que, leído con atención, va bastante más allá de un gesto eclesial. Es un posicionamiento. No frontal, pero sí claro. Y aparece en un momento en que el hermano país, no solo vive un experimento político propio, sino que se va pareciendo cada vez más a un modelo que hoy tiene referentes internacionales bien definidos.

El gobierno de Nayib Bukele ha construido una legitimidad sólida sobre resultados visibles, sobre todo en seguridad. Eso le ha dado un respaldo popular difícil de cuestionar. Pero ese mismo modelo —eficaz, rápido, concentrado— no es neutral. Tiene una lógica: la del poder fuerte, la del liderazgo que no se detiene en contrapesos ni matices.

Ahí es donde la cercanía con Donald Trump deja de ser casual. No es solo una buena relación política. Es una afinidad más profunda, casi una simbiosis en la forma de entender el poder: gobernar desde la fuerza, acogerse al respaldo popular, comunicar en clave de victoria, y asumir que las críticas institucionales son más un obstáculo que un equilibrio necesario. Cada uno en su contexto, sí. Pero en la misma frecuencia.

Desde ahí, el comunicado episcopal se vuelve más punzante de lo que parece. Cuando habla de los “ídolos del poder, el dinero y la violencia”, no está lanzando una frase más. Está señalando un riesgo muy concreto. Cuando afirma que la paz no se construye con amenazas ni armas, está cuestionando —sin nombrarlo— el corazón de un modelo que hoy se presenta como exitoso.

Y aquí está lo incómodo: los obispos introducen otra pregunta, más profunda y menos popular: ¿a qué costo y bajo qué lógica se está construyendo la paz?

Ese es el filo del texto. Porque en contextos de éxito político, lo más fácil es dejar de preguntar. La eficacia tiende a volverse argumento moral. Y ahí la Iglesia rompe la inercia: recuerda que no todo lo que funciona es justo, y que no toda paz es verdaderamente humana.

Los obispos saben que enfrentarse directamente a un liderazgo tan popular sería estéril. Por eso eligen otro camino: anclar su palabra en el Papa León XIV y en el Evangelio, y desde ahí introducir un criterio distinto. No compiten por el poder; cuestionan su sentido.

Para el creyente, el desafío es incómodo. Porque obliga a salir de la lógica del aplauso fácil. Obliga a discernir. A no absolutizar ningún proyecto político, por exitoso que parezca. Y, sobre todo, a no confundir orden con justicia.

El texto, en el fondo, no busca derribar nada. Pero sí deja una inquietud difícil de ignorar: si la paz se sostiene únicamente en la fuerza, tarde o temprano deja de ser paz. Y esa es una advertencia que, en el clima actual, resulta más subversiva de lo que parece.

La derrota del “conservadurismo” identitario

Glenm Gómez Álvarez
Sacerdote y periodista

El reciente proceso electoral dejó un hecho imposible de relativizar: un partido que se presentó como abanderado de los “valores conservadores” no solo perdió, sino que desapareció de la arena política. No obtuvo un solo diputado y su votación presidencial fue ínfima. No se trata de un tropiezo coyuntural, sino de la deslegitimación práctica de una propuesta que pretendió erigirse como representación moral de un sector del país.

La polarización artificial entre “progresistas” y “conservadores” es un callejón sin salida. No porque no existan diferencias legítimas, sino porque el Evangelio no opera como etiqueta ideológica. Jesús no se movió en esos binarios simplistas. El Reino de Dios no se anuncia desde trincheras culturales ni se defiende con consignas identitarias. Cuando la fe se reduce a eso, deja de interpelar y comienza a excluir.

Este partido, de matriz protestante, se presentó como el conservadurismo por excelencia, casi como si la fidelidad a Dios tuviera un solo color político. El problema es que la discusión nacional no estaba ahí. La ciudadanía no votó pensando en guerras culturales importadas, sino en problemas concretos: desigualdad, deterioro institucional, falta de oportunidades, cansancio frente a discursos moralizantes que no ofrecieron soluciones reales.

El resultado electoral es pedagógico. No hubo persecución ni censura. Tampoco procede afirmar que “les robaron el capital político” porque otra fuerza recogiera parte de su lenguaje. El capital político no es propiedad privada: se construye, se renueva y se pierde cuando deja de conectar con la ciudadanía. Si otros lograron canalizar ciertas sensibilidades, fue porque supieron leer mejor el momento histórico y ofrecer una propuesta más amplia y creíble.

Cuando una agrupación queda sin representación parlamentaria y con una votación presidencial marginal, lo que ocurre no es una simple derrota: ocurre una deslegitimación profunda de su planteamiento. La ciudadanía decidió que ese lenguaje no interpretaba sus angustias ni sus esperanzas.

Llegados a este punto, las preguntas ya no pueden dirigirse hacia afuera sino hacia dentro: ¿Qué les corresponde hacer ahora como fuerza política?, ¿Dónde va a estar la revisión, en el mensaje, en el lenguaje, en la confusión entre fe y poder?, ¿Se atreverán a reconocer que no existe un voto confesional cautivo y que los creyentes no son un bloque homogéneo?, ¿Revisarán el uso del nombre de Dios en el debate público?

En medio de este escenario, hay un dato que merece ser reconocido: el factor religioso no fue decisivo en esta elección, y eso fortaleció la democracia. La Iglesia Católica asumió el proceso con altura, sin alineamientos partidarios ni discursos incendiarios. A ello se sumó la reacción madura de un amplio sector protestante que se negó a quedar atrapado en la lógica de polarización confesional.

Dios no está sobrando en el debate público; lo que sobra es la pretensión de representarlo políticamente. Hoy hacen más falta que nunca los valores del Evangelio —la dignidad humana, la justicia, la compasión, la opción por los más vulnerables—, pero esos valores no requieren un partido confesional para encarnarse. Se verifican en políticas públicas justas, en prácticas democráticas honestas y en una cultura del encuentro, no en el uso del nombre de Dios como objeto de confrontación.

La ironía final es que quienes fueron señalados como “progresistas” o “izquierdosos” ocupan hoy casi la mitad del plenario legislativo, mientras quienes se proclamaron como el dique moral de la política nacional quedaron sin voz ni representación.

La enseñanza que deja este proceso es contundente: En el presente político de Costa Rica, una propuesta que se apoya únicamente en una identidad religiosa termina debilitándose hasta desaparecer. Lo ocurrido no fue simplemente una derrota electoral; fue la pérdida de credibilidad ante la ciudadanía, que decidió que ese discurso ya no respondía a sus preocupaciones ni a sus expectativas.