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Etiqueta: Glenm Gómez Álvarez

“Terrorismo de Estado” y el desborde del lenguaje político en la vida pública

Pbro. Glenm Gómez Álvarez

En política, las palabras no solo describen la realidad: también la empujan, la tensan y, a veces, la deforman.

Donald Trump, por ejemplo, contribuye a normalizar un lenguaje en el que el adversario deja de ser simplemente un opositor y pasa a ser nombrado con etiquetas cargadas de juicio moral o de amenaza: “terroristas domésticos”, “agitadores”, “radical left”. Expresiones que no solo señalan desacuerdo, sino que desplazan la disputa hacia un terreno de sospecha permanente, donde el otro deja de ser un ciudadano con ideas distintas para convertirse en una figura peligrosa por definición.

Ese modo de nombrar no se queda en la política. Con frecuencia se filtra hacia otros ámbitos, incluso el religioso radical, sin suficiente distancia crítica. En algunos casos, ciertos discursos cristianos comienzan a reproducir esa lógica de etiquetas y enemistad, haciendo de las instituciones herejes ideológicos y olvidando que el núcleo del mensaje de Jesús no reduce al otro a una caricatura ni a un enemigo.

En Costa Rica, estas tensiones se han hecho visibles recientemente en el cruce entre política, sectores protestantes e instituciones públicas. A propósito de una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) vinculada a recursos de amparo electoral relacionados con el pastor Reinaldo Salazar y el partido Pueblo Soberano (PPSO), en el contexto de señalamientos sobre propaganda dirigida a electores evangélicos en la campaña de 2026, una “vocería” de las partes “afectadas” calificó la decisión como “terrorismo de Estado”.

La expresión, fuerte y cargada, muestra hasta qué punto el lenguaje político contemporáneo no solo disputa hechos, sino también el sentido mismo de lo que está ocurriendo. Y es ahí donde el debate deja de ser solo institucional y se vuelve más profundo: cuando las palabras se endurecen, también cambia la forma en que una sociedad se mira a sí misma.

Conviene precisar algo elemental: el terrorismo de Estado no es la recepción de una resolución adversa de un tribunal. Es la desaparición forzada, la persecución sistemática, el secuestro de personas por agentes del propio Estado, la tortura en centros clandestinos, el miedo convertido en método de gobierno. Es la experiencia de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina, preguntando durante años por sus hijos desaparecidos; es la violencia organizada desde el poder para borrar cuerpos y voces. Todo lo demás exige otros nombres.

Desde ahí, el uso de esa categoría en disputas institucionales actuales no solo desborda la proporción del lenguaje: también diluye el peso histórico de aquello que intenta nombrar. Y abre, además, una pregunta incómoda sobre la responsabilidad de la palabra pública cuando distintos actores compiten por influencia y legitimidad en el espacio político y religioso.

En este escenario, la proliferación de partidos evangélicos —muchos de ellos reciclajes sucesivos entre sí— y su articulación con distintas cúpulas de poder muestra un campo político fragmentado, donde la disputa por representación convive con estrategias de posicionamiento cada vez más móviles. En ese contexto, ciertos sectores cuentan con amplios márgenes de acción pública: pueden convocar conferencias de prensa, predicar libremente, acudir a los tribunales, participar en elecciones y cuestionar decisiones institucionales.

Disponer de esos espacios no equivale a vivir bajo “terrorismo de Estado”. Puede haber desacuerdo, incluso malestar legítimo frente a decisiones judiciales, pero otra cosa es la apropiación de categorías históricas que remiten a experiencias extremas de violencia estatal. No es casual que la Iglesia Católica, conocedora de esa historia, respetuosa de la Institucionalidad y de la densidad del lenguaje humano, no entre ni apoye lógicas de sobredimensión retórica ni de confrontación política directa, precisamente para no vaciar de sentido experiencias y palabras que cargan un peso histórico específico.

No es este un análisis jurídico —no es mi campo, y corresponderá a los que saben establecer sus propias valoraciones—, sino una reflexión de orden moral sobre el uso del lenguaje público. Porque no todo conflicto institucional justifica cualquier forma de nombrarlo, ni toda disputa política puede elevarse sin medida al plano de las grandes categorías históricas.

En el trasfondo de la tradición cristiana, la lealtad última no se ordena a los intereses circunstanciales del poder, sino a Dios mismo como criterio de discernimiento: “Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hechos 5, 29).

¿Por qué los Papas suelen llegar antes?

Glenm Gómez Álvarez, Pbro.

Recientemente un colega periodista me hizo una observación que merece ser pensada. Si la Iglesia suele ser percibida como una institución lenta, prudente y, a veces, excesivamente cautelosa, ¿por qué con frecuencia los Papas parecen adelantarse a debates que después terminan ocupando el centro de la discusión pública?

Ocurrió con la cuestión social en el siglo XIX, cuando León XIII publicó Rerum Novarum en medio de las tensiones provocadas por la revolución industrial. Mientras muchos observaban únicamente los conflictos laborales inmediatos, el Papa comprendió que estaba surgiendo una nueva cuestión social que marcaría buena parte del siglo siguiente.

Más recientemente ocurrió con Juan XXIII. Cuando convocó el Concilio Vaticano II en 1959, no pocos consideraron que se trataba de una iniciativa innecesaria. La Iglesia parecía estable y el mundo occidental vivía una etapa de prosperidad. Sin embargo, el Papa percibió transformaciones culturales que apenas comenzaban a manifestarse y comprendió que la Iglesia debía prepararse para dialogar con una sociedad profundamente distinta.

Ocurrió también con Pablo VI. En Populorum Progressio (1967), advirtió que el desarrollo humano no podía reducirse al crecimiento económico y alertó sobre las desigualdades entre naciones. Décadas después, la globalización, las migraciones y las persistentes brechas sociales confirmaron la vigencia de aquellas intuiciones.

Algo semejante sucedió con Juan Pablo II. Mucho antes de la caída del comunismo, percibió que los sistemas políticos que negaban la libertad humana contenían contradicciones internas que terminarían debilitándolos.

Ocurrió con la ecología integral en el pontificado de Francisco, mucho antes de que numerosos actores políticos asumieran plenamente la gravedad de la crisis ambiental. Y vuelve a ocurrir hoy con León XIV y su reflexión sobre la inteligencia artificial, la dignidad humana y el futuro de la civilización tecnológica.

La explicación más sencilla sería atribuirlo a la inteligencia excepcional de algunos pontífices o, para quienes somos creyentes, a la asistencia del Espíritu Santo. Sin embargo, esa respuesta tiene matices. Los Papas no son futurólogos ni disponen de una bola de cristal.

Quizá la explicación sea otra. Mientras gran parte de la política, de los medios de comunicación y de la vida pública está obligada a responder a la urgencia del día, los Papas suelen trabajar con horizontes mucho más amplios. Piensan en décadas; a veces, en siglos.

Mientras muchos observan los acontecimientos, los Papas suelen preguntarse por los procesos que los hacen posibles. Más que observar qué está ocurriendo hoy, se preguntan qué está ocurriendo con la persona humana. Y esa diferencia es decisiva.

Cuando una sociedad discute una nueva tecnología, normalmente se concentra en sus ventajas, riesgos o aplicaciones inmediatas. El Papa, en cambio, pregunta qué efectos tendrá sobre la libertad humana, sobre la verdad, sobre la dignidad de la persona, sobre la vida familiar o sobre la cohesión social. No comienza por la técnica. Comienza por la antropología. Por eso muchas veces parece llegar antes.

Existe además otro factor que suele pasarse por alto. La Iglesia está presente en todos los continentes, culturas y contextos sociales. Escucha simultáneamente las inquietudes de académicos, trabajadores, campesinos, empresarios, científicos, familias y comunidades pobres. Esa experiencia acumulada le permite percibir tendencias que a veces aún no son visibles para quienes observan únicamente una realidad local o nacional.

Paradójicamente, esta capacidad de anticipación convive con una realidad incómoda. Con frecuencia los Papas llegan antes que las propias estructuras. Las grandes intuiciones del magisterio pontificio suelen encontrar resistencias, cautelas excesivas o simples demoras en su recepción. Mientras los pontífices intentan leer los movimientos profundos de la historia, no pocas instancias eclesiales permanecen absorbidas por la administración cotidiana de problemas inmediatos.

No se trata de una crítica a personas concretas. Es una tensión inherente a toda institución. Quien debe gobernar una realidad compleja tiende a concentrarse en las urgencias del presente. Pero la historia demuestra que los grandes cambios culturales no anuncian su llegada con estridencia. Cuando se vuelven evidentes, normalmente ya llevan años actuando silenciosamente.

Tal vez por eso la pregunta correcta no sea por qué los Papas llegan antes. La pregunta verdaderamente inquietante es por qué nosotros llegamos después.

Quizá porque hemos desarrollado una extraordinaria capacidad para reaccionar y una preocupante incapacidad para anticipar. Quizá porque resulta más fácil administrar lo urgente que comprender lo importante. Y quizá porque no abundan —ni en la sociedad ni dentro de la Iglesia— liderazgos con la profundidad intelectual y la libertad interior necesarias para leer los signos de los tiempos antes de que se conviertan en crisis.

Juan XXIII vio venir una transformación cultural. Pablo VI percibió las fracturas de un desarrollo económico sin suficiente justicia. Juan Pablo II comprendió la crisis de los sistemas que negaban la libertad. Francisco advirtió los límites de una cultura que trata a la naturaleza y a las personas como objetos descartables. Y hoy León XIV nos obliga a preguntarnos qué ocurrirá con la dignidad humana en una civilización cada vez más gobernada por algoritmos.

Miguel Ángel Rodríguez y el tribunal de la historia

Glenm Gómez Álvarez, Pbro.

“La justicia juzga actos. La opinión pública suele juzgar personas enteras.”

Hay imágenes que una nación no debería olvidar. No para alimentar resentimientos ni para reabrir heridas, sino porque contienen lecciones que una democracia madura está obligada a aprender.

Una de esas imágenes pertenece a la memoria reciente de Costa Rica. El Dr. Miguel Ángel Rodríguez, expresidente de la República y secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), regresaba al país para enfrentar la justicia y nunca utilizó la importancia de su cargo para evadir los procedimientos judiciales.

Regresó. Y el país entero observó cómo era trasladado bajo custodia —en perrera— mientras grupos de personas golpeaban el vehículo en que viajaba, gritaban insultos y celebraban anticipadamente una condena que todavía no había sido pronunciada por ningún tribunal.

Para algunos, aquellas escenas fueron presentadas como una victoria contra la “impunidad”. La prensa, ciertamente, cumplió un papel indispensable al investigar hechos que merecían ser investigados. Precisamente por la importancia de esa función resulta legítimo preguntarse también por los límites y responsabilidades de ese poder, pues existe una diferencia fundamental entre una acusación y una sentencia, entre investigar y condenar. Cuando esas diferencias desaparecen, la verdad deja de ser el objetivo principal y pasa a serlo la satisfacción colectiva de ver a alguien caer.

La historia demuestra que las multitudes rara vez condenan por sí solas. Antes se construyó un relato, se seleccionaron los hechos que debían recordarse, se estableció quiénes serían los héroes y quiénes los villanos. La indignación colectiva suele tener arquitectos, aunque con frecuencia permanezcan fuera del foco público. Por eso toda democracia debería preguntarse no solo quién fue acusado, sino también quién tuvo el poder de moldear la percepción de quienes acusaban.

Veinticinco años después, los procesos siguieron su curso, los tribunales emitieron sus resoluciones y los expedientes se cerraron.

Por eso resulta tan pertinente la insistencia de don Miguel Ángel Rodríguez en la memoria histórica. No se trata de reivindicar privilegios. Se trata de recordar los hechos completos. Todos los hechos. No solamente aquellos que favorecían las tesis dominantes de un determinado momento.

La memoria histórica tiene una curiosa tendencia: recuerda perfectamente a los acusados y olvida con facilidad a los acusadores. Costa Rica recuerda los nombres de Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Ángel Calderón Fournier y José María Figueres. Pero pocos recuerdan hoy los nombres de quienes ejercían el poder de acusar, investigar, filtrar información o construir las narrativas públicas que marcaron aquellos años.

La historia exige examinar con el mismo rigor todas las formas de influencia pública. La observación no busca desacreditar a nadie. Busca recordar que acusar también es ejercer poder.

Por eso el caso de Miguel Ángel Rodríguez trasciende la figura de un expresidente, pues existe además una dimensión que suele desaparecer detrás de los expedientes y los titulares. Quien es sometido a una condena pública anticipada no enfrenta únicamente un proceso judicial. Enfrenta la sospecha permanente, el deterioro de su reputación, el silencio de antiguos amigos, el sufrimiento de su familia y una forma particular de soledad que pocas veces aparece en las crónicas.

No se trata de debilitar a la prensa- soy orgullosamente periodista-. Sería un grave error. Se trata de recordar que ninguna institución puede reclamar para sí una autoridad moral exenta de responsabilidad. Ni los políticos. Ni los jueces. Ni los fiscales. Ni los periodistas. La democracia exige rendición de cuentas para todos.

Miguel Ángel Rodríguez acudió a los tribunales. Compareció ante la opinión pública y ante el juicio inquisitorial de otros políticos. La pregunta que permanece abierta es si quienes contribuyeron a aquella gigantesca maquinaria de acusación están dispuestos a comparecer con la misma honestidad ante el tribunal de la historia.

Llegamos en curva a la inteligencia artificial

Glenm Gómez Álvarez, Pbro.

-La verdadera preocupación no es lo que las máquinas serán capaces de hacer, sino lo que nosotros hemos dejado de hacer antes de su llegada. –

La reciente encíclica Magnifica Humanitas de León XIV constituye una reflexión lúcida, necesaria y profundamente esperanzadora sobre los desafíos que la inteligencia artificial (IA) plantea para la humanidad. Sus implicaciones son universales. La revolución tecnológica ya está transformando el mundo y ninguna sociedad podrá permanecer al margen de sus efectos económicos, culturales, educativos y políticos.

Sin embargo, la lectura de la encíclica me llevó inevitablemente a pensar en Costa Rica. Mientras buena parte del mundo debate los riesgos y las oportunidades de la inteligencia artificial, tengo la impresión de que nosotros enfrentamos un desafío previo. Me preocupa que estemos observando el horizonte sin advertir la fragilidad del terreno que pisamos.

La preocupación de León XIV no se limita a los avances tecnológicos. En el fondo, la encíclica recupera una pregunta tan antigua como la filosofía misma: ¿qué es el ser humano y qué necesita para vivir una vida verdaderamente humana? Porque toda revolución tecnológica termina desembocando en una cuestión antropológica. Antes o después, la pregunta deja de ser qué pueden hacer las máquinas y vuelve a ser quiénes queremos ser nosotros.

Vista desde esa perspectiva, la dificultad principal no es tecnológica. Es humana. Veo estudiantes que llegan a la universidad con serias dificultades para comprender un texto sencillo. Veo personas incapaces de sostener la atención durante unos pocos minutos sin consultar el teléfono. Veo una creciente dependencia de contenidos breves e inmediatos, acompañada por el debilitamiento de hábitos que durante siglos fueron considerados indispensables para la formación intelectual: la lectura profunda, el estudio paciente y la reflexión crítica.

No se trata simplemente de un cambio de costumbres. Se trata de una transformación cultural más profunda. Una sociedad que pierde la capacidad de pensar críticamente se vuelve más vulnerable no solo a la manipulación tecnológica, sino a cualquier forma de poder.

Lo digo porque basta observar nuestras interacciones. Cada vez parece más difícil sostener un diálogo sereno e informado sobre cualquier tema. La discrepancia se transforma casi de inmediato en descalificación, el argumento cede ante el insulto y la búsqueda honesta de la verdad es reemplazada por la necesidad de imponerse. No importa si se trata de política, educación, religión o asuntos de interés nacional. Con frecuencia asistimos a un espectáculo de ataques personales y frases diseñadas para provocar aplausos o indignación.

Esta tendencia no se limita a las redes sociales. Se ha instalado también en algunos medios de comunicación, en espacios de opinión donde la confrontación genera más audiencia que la reflexión y en programas donde el espectáculo parece más importante que la información. Se manifiesta en dirigentes que desacreditan a quienes piensan distinto antes de responder a sus argumentos, en manifestaciones donde resulta más fácil pintar una pared que construir una razón y en una cultura que parece encontrar más satisfacción en señalar culpables que en buscar soluciones. Poco a poco hemos ido aceptando como normal una forma empobrecida de debatir, donde importa más quién grita más fuerte que quién tiene mejores razones.

El ruido ocupa el lugar de las ideas. La ocurrencia desplaza al conocimiento. La polémica genera más interés que la verdad. Y uno termina con la amarga impresión de que, mientras el mundo se prepara para desafíos cada vez más complejos, nosotros seguimos atrapados entre el circo, la maroma y el teatro.

Y hay algo más preocupante todavía. Hemos comenzado a confundir la autenticidad con la vulgaridad. Pareciera que hablar “como la gente” consiste en insultar, ridiculizar o descalificar. Como si la grosería fuera una prueba de cercanía con el pueblo y la agresividad una muestra de sinceridad. Sin embargo, una cosa es utilizar un lenguaje sencillo y directo, y otra muy distinta es empobrecer la conversación hasta convertirla en una sucesión de ofensas. Cuando las vulgaridades sustituyen a los argumentos, no estamos democratizando el debate; estamos degradándolo.

Por eso la llegada de la inteligencia artificial plantea una paradoja inquietante. En nuestra sociedad estas herramientas aparecen en un momento en que parecen debilitarse precisamente aquellas facultades que deberían orientarlas.

Nos preocupa que las máquinas puedan pensar por nosotros, cuando desde hace años estamos renunciando, poco a poco, al ejercicio de pensar por nosotros mismos.

Una sociedad no pierde su rumbo cuando aparecen nuevas tecnologías. Lo pierde cuando deja de cultivar las capacidades humanas necesarias para comprenderlas, juzgarlas y ponerlas al servicio del bien común.

Por eso la discusión, al menos en Costa Rica, sobre la IA no debería comenzar preguntándonos qué harán las máquinas en el futuro. Debería comenzar preguntándonos qué clase de personas y qué clase de sociedad estamos formando en el presente.

La Iglesia frente al poder invisible de la Inteligencia Artificial

Glenm Gómez Álvarez, Pbro.

He concluido la lectura de la encíclica «Magnifica Humanitas» del Papa León XIV y debo admitir que me dejó una extraña mezcla de entusiasmo e inquietud, atravesada, además por innumerables preguntas… muchas preguntas.

Me impresiona particularmente el giro que ha dado la reflexión de la Iglesia sobre la Inteligencia Artificial (IA) en apenas un par de años. Recuerdo cuando el Papa Francisco abordó este tema en la 58ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de 2024, bajo aquel sugerente lema: “Inteligencia artificial y sabiduría del corazón: por una comunicación plenamente humana”. Allí, aunque se advertía sobre el riesgo de una tecnología rica en herramientas, pero pobre en humanidad, el énfasis era claro: la verdad, la comunicación, las fake news, la manipulación mediática, la necesidad del discernimiento.

Pero hoy el panorama es otro. El tema ha sido trasladado al corazón mismo de la Doctrina Social de la Iglesia. El Magisterio pasó muy rápido de hablar de “sabiduría del corazón” y comunicación humana a hablar de poder, concentración tecnológica, colonialismo digital, dominio cultural, trabajo humano, geopolítica, control de datos y nuevas formas de exclusión.

Y esto también me impresiona profundamente. Porque el Papa pudo haber escogido muchos otros grandes temas para inaugurar su magisterio social. Pudo haber escrito sobre las guerras contemporáneas, las migraciones masivas, la crisis climática, la secularización acelerada, la persecución religiosa, el colapso demográfico de Occidente, el capitalismo financiero, el riesgo de absolutizar figuras políticas contemporáneas —como Donald Trump u otros líderes convertidos casi en referentes mesiánicos— o la creciente polarización política global.

Pero no. Escogió la IA. Y eso no puede ser casual. La IA no aparece aquí como un tema más entre tantos otros, sino como uno de los posibles ejes estructurantes de la nueva época histórica.

La Doctrina Social de la Iglesia jamás ha sido ingenua respecto al poder. Nunca ha interpretado los grandes cambios de la historia como procesos puramente espontáneos o neutrales. Siempre ha comprendido que detrás de las transformaciones económicas, culturales y tecnológicas existen intereses concretos, visiones antropológicas, disputas de poder, élites y proyectos de sociedad.

Y, precisamente, por eso resulta tan significativa esta encíclica. Porque da la impresión de que la Iglesia percibe que estamos ante un fenómeno impulsado por actores con una capacidad inédita para reorganizar la experiencia humana global. No hablamos únicamente de gobiernos o instituciones visibles, sino de estructuras tecnológicas, corporaciones multinacionales, algoritmos, plataformas, fondos de inversión, laboratorios y redes de influencia que muchas veces operan fuera del radar cotidiano de la mayoría de las personas, pero que igualmente moldean hábitos, información, decisiones, vínculos sociales e incluso la comprensión de la realidad.

Insisto: que el primer gran documento social de León XIV haya sido precisamente sobre la IA revela que la Iglesia percibe aquí algo más profundo que una simple innovación tecnológica. Intuye un cambio de época. Una transformación antropológica. Tal vez incluso civilizatoria.

Y voy a confesar algo: rara vez escribo un artículo compuesto casi únicamente de preguntas. Creo que es la primera vez que lo hago deliberadamente. Pero, como he dicho, la lectura de este documento me dejó demasiados interrogantes atravesados en el pecho como para ignorarlos y, más aún, guardármelos:

¿Qué indujo este cambio de enfoque dentro de la Iglesia? ¿Cómo se produjo, en apenas dos años, el tránsito desde una preocupación comunicacional hacia una preocupación social, económica y geopolítica?

¿Qué ocurrió entre los primeros discursos del Papa Francisco sobre cultura digital y esta encíclica para que la IA dejara de ser presentada solo como fenómeno comunicacional y comenzara a interpretarse como estructura de poder?

¿Quiénes fueron los interlocutores intelectuales que ayudaron a mover esta discusión? ¿Economistas? ¿Expertos en geopolítica? ¿Grandes empresarios tecnológicos? ¿Universidades? ¿Centros de pensamiento?

¿Hasta qué punto lo ocurrido en estos dos últimos años terminó obligando a la Iglesia a abandonar una mirada estrictamente técnica sobre la inteligencia artificial? ¿En qué momento se comprendió que el problema ya no era solamente la desinformación o la manipulación comunicacional, sino el control del conocimiento humano, de la conducta social e incluso el posible sometimiento de la humanidad a nuevas estructuras de poder tecnológico?

¿Puede hablarse legítimamente de colonialismo digital cuando culturas enteras terminan dependiendo tecnológicamente de plataformas, modelos y sistemas diseñados desde unos pocos centros de poder mundial?

¿Quién define hoy qué es verdad, qué merece visibilidad y qué debe desaparecer? ¿Quién entrena las inteligencias artificiales? ¿Con qué visión antropológica? ¿Con qué intereses económicos? ¿Con qué ideología?

¿Puede seguir hablándose de neutralidad tecnológica? ¿O toda tecnología termina expresando inevitablemente una visión del ser humano y de la sociedad?

¿Estamos frente a una nueva cuestión social comparable a la revolución industrial?

¿Será casual que el lenguaje reciente del Magisterio recuerde tanto las grandes denuncias sociales de los siglos XIX y XX? ¿Estamos entrando en la nueva Rerum Novarum del siglo XXI?

¿La propiedad más poderosa del futuro ya no será la tierra ni la fábrica, sino los datos? ¿Será que el gran conflicto contemporáneo ya no gira solamente alrededor del capital y el trabajo, sino alrededor del conocimiento, los algoritmos y la capacidad tecnológica?

¿Estamos todavía a tiempo de humanizar la tecnología antes de que la tecnología termine reorganizando lo humano?

Ahora bien —y aquí quiero decir algo que para mí resulta fundamental— no puedo leer este momento histórico únicamente desde la sospecha. Como creyente, también me niego a pensar que la historia queda exclusivamente en manos de los poderosos. Porque precisamente ahí es donde aparece otra lectura posible: la acción del Espíritu Santo suscitando en la Iglesia una conciencia nueva frente al que quizá sea el tema más decisivo de nuestra época. Quizá la Iglesia lo está entendiendo antes de que muchos alcancen a dimensionarlo.

Esta encíclica sobre IA podría ser el intento de la Iglesia de construir un contrarrelato frente a una narrativa tecnológica que suele presentarse como inevitable, neutral y salvadora. Y eso le da muchísimo espesor al texto. Porque ya no sería solamente una reflexión moral sobre herramientas digitales, sino una disputa profunda sobre quién define el futuro humano.

¿Desde cuándo crear dejó de ser trabajo?

Glenm Gómez Álvarez, Pbro

Hay declaraciones públicas que preocupan no solamente por lo que dicen, sino por la visión de sociedad que revelan. Que el ministro de Justicia afirme que las actividades artísticas, literarias o artesanales no constituyen un trabajo, particularmente en el contexto de personas privadas de libertad que buscan descontar pena mediante esas labores, resulta profundamente cuestionable.

Y preocupa más todavía porque no se trata de una discusión técnica. Lo que está en juego es la comprensión misma de la dignidad humana, del valor de la cultura y de la capacidad transformadora del trabajo creativo.

¿Desde cuándo escribir no es trabajar? ¿Desde cuándo pintar, hacer música, elaborar artesanías o desarrollar actividades culturales dejaron de exigir disciplina, tiempo, talento y esfuerzo? Quien haya escrito un artículo, compuesto una canción, producido una pieza artesanal o dedicado horas a una expresión artística sabe perfectamente que detrás de ello existe trabajo real. Trabajo intelectual, emocional y muchas veces físico.

Como periodista, me cuesta entender ese razonamiento. Porque buena parte de mi vida ha girado precisamente alrededor de la palabra, de la observación, de la construcción de contenidos y del ejercicio crítico. Y nadie podría afirmar seriamente que eso no es trabajo. Sería absurdo. Pero además sería ofensivo para miles de personas que viven de actividades creativas y culturales.

Hay una tendencia peligrosa a reducir el concepto de trabajo únicamente a aquello que produce un bien material inmediato o que encaja en ciertos moldes tradicionales. Como si el valor de una persona dependiera exclusivamente de cargar bloques, mover maquinaria o ejecutar tareas manuales visibles. Pero las sociedades modernas también se construyen desde las ideas, desde la cultura, desde el arte y desde la capacidad humana de crear sentido.

En el caso de las cárceles, el tema es todavía más delicado. La reinserción social no puede entenderse únicamente desde la lógica del castigo. Precisamente las actividades artísticas, literarias y artesanales han demostrado en muchísimos contextos ser herramientas poderosas de rehabilitación. Ayudan a canalizar emociones, desarrollar disciplina, descubrir talentos y reconstruir autoestima. Negarles valor es desconocer incluso experiencias internacionales exitosas.

Además, resulta contradictorio que una sociedad celebre a escritores, músicos, periodistas o artistas cuando alcanzan reconocimiento, pero desprecie esas mismas actividades cuando las realiza alguien privado de libertad. Como si la creatividad tuviera valor solamente en determinados sectores sociales.

El problema de fondo quizá no sea jurídico, sino cultural. Seguimos arrastrando una visión muy limitada del trabajo y una enorme dificultad para reconocer el valor de lo intelectual y lo artístico. Y eso termina empobreciendo la discusión pública.

Porque sí: escribir es trabajar. Crear es trabajar. Hacer arte es trabajar. Y, muchas veces, también es una forma profundamente humana de reconstruirse.

El riesgo de un clero sin profundidad

Glenm Gómez Álvarez, Pbro.

Se habla muchísimo —y con razón— sobre los peligros del clericalismo. Es decir, sobre esa comprensión deformada del ministerio ordenado donde el sacerdote termina apareciendo como una figura distante, intocable y excesivamente sacralizada. El problema es evidente: el pastor queda separado de la vida concreta de la gente y refugiado en una autoridad más jurídica, ceremonial y simbólica que humana y cristiana.

Sin embargo, quizá hoy estamos ante otro riesgo menos discutido, pero igualmente delicado: “el populismo clerical”.

Conviene entender bien el término. El populismo, en sentido amplio, es una forma de construcción de liderazgo que busca legitimidad a partir de la conexión emocional inmediata con “el pueblo”. Simplifica problemas complejos, privilegia la simpatía y necesita aprobación constante. El líder populista vive de la adhesión emocional, de la visibilidad permanente y del impacto inmediato.

El populismo clerical no consiste simplemente en que un sacerdote sea cercano, amable o incluso popular. La cercanía pertenece al corazón mismo del Evangelio. Cristo compartió la mesa, caminó entre los pobres y habló el lenguaje de la gente. El problema aparece cuando la “simpatía” se convierte en criterio pastoral y cuando la necesidad de aprobación termina desplazando silenciosamente el centro del ministerio.

El sacerdote está llamado a interpretar espiritualmente la realidad, incluso cuando eso incomoda. A veces deberá consolar; otras veces deberá confrontar. A veces será querido; otras veces inevitablemente cuestionado. Pero cuando la aceptación se convierte en necesidad psicológica o estrategia pastoral, el ministerio empieza a deformarse.

Las redes sociales aceleran enormemente este fenómeno. Premian lo inmediato, lo emotivo y lo espectacular, mientras castigan el silencio, la complejidad, el pensamiento largo y la profundidad. En ese ecosistema, el sacerdote puede terminar sintiendo que debe sostener permanentemente la atención del público, casi como cualquier figura mediática contemporánea.

Entonces el ministerio corre el riesgo de convertirse en una marca personal. Y ahí comienza una mutación muy peligrosa: el pastor deja de preguntarse qué necesita espiritualmente el pueblo y empieza, casi sin darse cuenta, a preguntarse qué acciones y contenido genera más interacción y atención.

Por eso aparecen escenas cada vez más frecuentes: sacerdotes cuya presencia pública gira alrededor de cocinar, bailar, producir contenido constantemente simpático o convertir toda actividad pastoral en espectáculo. Incluso algunos obispos parecen sentirse obligados a construir una imagen emocionalmente accesible y mediáticamente rentable.

Conviene aclararlo inmediatamente: el problema no es cocinar un día con la comunidad, hacer humor ocasionalmente o participar en un momento festivo. El problema es la desproporción. Cuando un sacerdote termina siendo más reconocido por sus excentricidades que por su predicación; más por sus reels que por su capacidad de discernimiento espiritual; más por sus coreografías que por su pensamiento pastoral, algo importante se ha desplazado.

Y lo más preocupante es que muchas veces esto ocurre en paralelo con una creciente ausencia de profundidad intelectual y capacidad de lectura de la realidad.

Mientras tanto, quedan relegadas tareas mucho más difíciles y esenciales: la formación seria, el estudio constante, la reflexión teológica madura, la lectura crítica de la realidad social, el acompañamiento espiritual profundo y la capacidad de iluminar culturalmente las crisis humanas de nuestro tiempo.

No deja de ser sintomático que, en una época marcada por enormes tensiones antropológicas, familiares, políticas y culturales, muchos discursos eclesiales parezcan desplazarse hacia contenidos cada vez más ligeros, emocionalmente seguros y cuidadosamente inofensivos.

Además, el populismo surge normalmente cuando las instituciones pierden credibilidad. Y precisamente por eso el populismo clerical aparece con más fuerza allí donde la Iglesia institucional, desde su jerarquía, ha perdido capacidad de orientación, liderazgo intelectual y presencia cultural.

En Costa Rica esto resulta particularmente evidente. Existen conflictos sociales, culturales y humanos que son verdaderas bombas de tiempo y que merecerían una palabra iluminadora y pastoral. Pero muchas veces predominan la autoreferencialidad, el silencio administrativo, la prudencia excesiva, el cálculo institucional o el temor permanente al conflicto.

Esto no es nostalgia por una Iglesia fría, distante o autoritaria. Tampoco es desprecio por los nuevos lenguajes o las herramientas de comunicación contemporáneas. El verdadero desafío es mucho más profundo: cómo preservar la densidad espiritual, intelectual y simbólica del sacerdocio en una cultura que trivializa todo, convierte la realidad en espectáculo y confunde constantemente cercanía con superficialidad.

El nuevo Canciller y la prueba de la libertad religiosa

Glenm Gómez Álvarez. Pbro.

El nombramiento de don Manuel Tovar Rivera como ministro de Relaciones Exteriores y Culto arrastra consigo un antecedente reciente que, por su naturaleza, vuelve inevitable la pregunta sobre el estilo con el que se ejercerá una de las funciones más delicadas del Estado: la relación con las confesiones religiosas y, particularmente, con la Iglesia Católica.

Conviene recordar con precisión el episodio del 1° de mayo, Día Internacional del Trabajador y fiesta litúrgica de San José Obrero, cuando el Señor Tovar, como ministro de Comercio Exterior, reaccionó con dureza frente a la homilía pronunciada por el arzobispo de San José, monseñor José Rafael Quirós. Aquella intervención no fue un discurso improvisado ni una toma de posición aislada del arzobispo: fue, de hecho, la aplicación pastoral de la Carta Pastoral “La Paz esté con ustedes” emitida recientemente por el Episcopado costarricense.

Ese documento —la carta pastoral de los obispos— no es un panfleto coyuntural ni una opinión individual. Es un texto colegiado que recoge la doctrina social de la Iglesia aplicada a la realidad concreta del país: el valor del trabajo, la centralidad de la persona humana frente a la lógica puramente mercantil, y las tensiones éticas que surgen cuando las decisiones de apertura económica impactan directamente en la vida de los trabajadores.

Es en ese contexto que el arzobispo retoma el texto y lo predica en clave litúrgica y pastoral, precisamente en el día en que la Iglesia contempla a San José como trabajador. No hay aquí una arenga política, sino continuidad doctrinal.

La reacción del ministro Tovar, sin embargo, fue leída por amplios sectores como una respuesta que desbordó el plano de la discusión técnica. No se trató solo de un desacuerdo con un análisis eclesial sobre el modelo económico, sino de una forma de interpelación que puso en cuestión —explícita o implícitamente— la legitimidad de la Iglesia para pronunciarse sobre asuntos sociales en el espacio público.

Ese antecedente importa hoy por una razón: el mismo actor político pasa ahora a ocupar la Cancillería de la República, institución que no solo representa al Estado ante el mundo, sino que en su estructura incluye el área de Culto, es decir, el canal institucional mediante el cual el Estado garantiza la libertad religiosa y regula su relación con las confesiones.

Y aquí está el punto neurálgico: el “Culto” no es un título simbólico ni una herencia histórica sin consecuencias. Implica responsabilidades concretas: Garantizar la libertad de expresión religiosa, incluso cuando esta es crítica del poder político, asegurar la autonomía de la Iglesia católica y de las demás confesiones frente a injerencias estatales; y preservar un principio básico de toda democracia madura: que la voz religiosa no está subordinada al criterio del gobernante de turno.

El problema no es la existencia de desacuerdos entre Iglesia y Estado —eso es estructural en sociedades plurales—. El problema aparece cuando la frontera entre desacuerdo y deslegitimación se vuelve difusa; cuando la crítica moral o pastoral es recibida no como parte del debate público, sino como una intromisión indebida.

El antecedente del 1° de mayo puede bien ser una señal de estilo político frente a la Iglesia Católica: si se la escucha como interlocutora legítima o si se la percibe como actor que debe ser neutralizado cuando incomoda.

Y ese estilo importa, porque ahora el interlocutor institucional no será ocasional, sino permanente. La Iglesia católica —por historia, peso social y presencia nacional— es uno de los actores con los que el Canciller deberá dialogar de forma constante. No en un plano de subordinación, sino de reconocimiento mutuo de competencias: el Estado no define la doctrina, y la Iglesia no legisla, pero ambos inciden en el debate público sobre el bien común.

De ahí que la pregunta de fondo no sea personal, sino institucional: ¿cómo se ejerce una cartera que exige garantizar la libertad religiosa cuando existen antecedentes recientes de tensión con esa misma voz religiosa?

Y aquí se abre otro frente: si la preocupación se centra en la legitimidad de la Iglesia católica para intervenir, desde su doctrina social, en el debate público, habría que preguntarse cuál es el criterio que se aplicará frente a otras expresiones religiosas que, sin el mismo nivel de escrutinio del Estado, también influyen en la opinión colectiva y ejercen una capacidad real de incidencia política. En una sociedad plural, el problema no es quién puede hablar, sino si se aplica la misma vara para valorar la palabra moral cuando proviene de actores distintos.

En una democracia, el estándar no es la ausencia de conflicto, sino la calidad con la que se lo administra. Y en materia de Culto, esa calidad se mide con un criterio muy concreto: si la libertad religiosa se protege incluso cuando resulta incómoda, o si se tolera solo mientras no incomode.

Ese será, en última instancia, el verdadero termómetro del nuevo periodo.

El fondo del debate —y la tentación de ignorarlo

Glenm Gómez Álvarez, Pbro.

A una semana exacta de dejar su cargo —salvo que la política, siempre creativa, disponga lo contrario— y en pleno debate sobre el Acuerdo Transpacífico, don Manuel Tovar Rivera, ministro de Comercio Exterior, ha salido al paso de la homilía de monseñor José Rafael Quirós, arzobispo de San José, pronunciada el pasado 1 de mayo, día de San José Obrero; una intervención en la que el prelado se limita —con puntual fidelidad— a citar los planteamientos de la más reciente carta pastoral del episcopado costarricense.

Hasta aquí, todo podría pasar por una anécdota más del siempre picante — y selectivamente distraído— debate público. Pero asoma una duda básica: ¿Se entendió de dónde provenía realmente esa posición, o resulta más cómodo responder como si fuera la opinión aislada de alguien que, casualmente, no figura en la lista de afinidades… y, por tanto, puede despacharse sin mayor trámite?

La precisión importa. El 28 de abril de 2026, la Conferencia Episcopal de Costa Rica publicó la carta pastoral colectiva “La paz esté con ustedes”. Se trata de un documento colegiado, fruto del discernimiento conjunto de los obispos del país.

Por tanto, cuando el arzobispo Quirós citó —incluso textualmente—no estaba elaborando una postura propia paralela, sino haciendo presente una voz compartida y publicada.

Aquí asoma la duda inevitable: si el ministro no estaba informado de una carta pastoral- entiéndase el mensaje público de un actor social con enorme presencia- que abordaba asuntos directamente vinculados a su despacho, quizá convendría revisar con cierta urgencia los canales de comunicación de su propio ministerio; y si sí lo estaba, entonces la omisión resulta todavía más… reveladora. En ambos casos, el carácter colegiado se esfuma con facilidad y el debate se reconduce hacia una personalización que, casualmente, siempre termina simplificando lo que en realidad es bastante más complejo.

La Iglesia tiene el derecho y el deber de manifestarse. El Compendio de la Doctrina Social lo establece con claridad: “La Iglesia tiene el derecho y el deber de emitir un juicio moral, incluso sobre materias económicas y sociales, cuando lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas.” (CDSI n. 81)

Es decir, no se trata de sustituir a los políticos o a los técnicos, sino de iluminar las implicaciones humanas de sus decisiones.

En esa misma línea, el papa León XIV ha insistido recientemente en que la fe no puede reducirse a un ámbito abstracto. En palabras que condensan este llamado:

“No puede haber verdadera fe donde se tolera la injusticia; la oración que no se traduce en justicia pierde su verdad.”

Cuando una política de corte económico incide en la dignidad de las personas, en el trabajo o en la equidad social, deja de ser un asunto exclusivamente técnico. Entra en el terreno moral.

Lo que vemos no es exclusivo del contexto costarricense. Días atrás, J. D. Vance —cercano al entorno político de Donald Trump— cuestionó al Papa León XIV por pronunciarse sobre temas que cruzan teología y política, sugiriendo que se limitara a lo “moral”, mientras defendía al mismo tiempo categorías como la “guerra justa”.

El paralelismo es significativo: se acepta la voz moral… siempre que no se traduzca en consecuencias concretas.

Volviendo al caso nacional, la cuestión sigue abierta: Si el arzobispo está citando un documento colegiado, ¿se está considerando adecuadamente ese contexto al responder? ¿Se trata de un simple desfase en la comunicación? ¿O hay una incomodidad más profunda cuando la Iglesia desciende del plano general al concreto?

Y aún más: si se cuestiona la intervención de la Iglesia Católica en asuntos públicos, ¿se aplica ese mismo rasero a todos los actores religiosos por igual… o hay objeciones que aparecen con una selectividad bastante oportuna?

Aquí ya no estamos ante un simple matiz, sino ante una cuestión de fondo. El país necesita un debate serio sobre su política comercial, pero ese debate pierde calidad cuando no se reconoce con precisión el derecho a manifestarse… y desde qué lugar se hace.

A diferencia de otros sectores religiosos en Costa Rica, la Iglesia no interviene como actor técnico ni como grupo de presión política. Interviene desde una responsabilidad moral que, precisamente, le impide guardar silencio frente a estructuras que pueden derivar en injusticia.

Al final, el debate no será ni técnico ni retórico, sino profundamente humano. Y es precisamente ahí donde los criterios dejan de ser abstractos, pues, como recuerda el Evangelio, el juicio no se juega en discursos, sino en realidades concretas: “Tuve hambre y me diste de comer…” (Mt 25,35).