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Etiqueta: gobernanza educativa

Contraloría ordena al Consejo Superior de Educación definir una conducción estratégica y rendir cuentas sobre su gestión

Escrito en . Publicado en Educación.

La Contraloría General de la República (CGR) emitió el informe de auditoría DFOE-CAP-IAD-00004-2026, del 24 de setiembre de 2026, sobre la gestión del Consejo Superior de Educación (CSE) para ejercer la dirección general de la enseñanza oficial. La auditoría abarcó el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 30 de junio de 2026. La CGR aclara que no evaluó el contenido ni la pertinencia de las políticas educativas aprobadas, sino la forma en que el Consejo ejerce su función.

La CGR concluye que la gestión del Consejo, así como sus mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, presentan un incumplimiento generalizado en aspectos significativos del marco normativo y técnico aplicable. Según el informe, las deficiencias limitan su capacidad para orientar de manera proactiva el sistema educativo y para transparentar ante la ciudadanía los resultados de su gestión, con incidencia en un servicio esencial para la niñez y la adolescencia.

Qué es y qué decide el Consejo

El CSE es un órgano de relevancia constitucional encargado de la dirección general de la enseñanza oficial. Lo preside la persona titular del Ministerio de Educación Pública (MEP). Lo integran también dos exministros o exministras de Educación, una persona nombrada por el Consejo Nacional de Rectores, representantes docentes de los distintos ciclos, una persona designada por las organizaciones de educadores, una por la Red Nacional Consultiva de la Persona Joven y una por el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes.

Entre sus competencias están aprobar los planes de desarrollo de la educación pública; las modalidades, escuelas y proyectos innovadores; los planes de estudio, programas y reglamentos; el sistema de promoción y graduación; la equivalencia de títulos y estudios extranjeros, y la política de infraestructura y los planes para el desarrollo docente. Esto incluye, por ejemplo, los programas de Matemáticas, Ciencias o Cívica, el calendario escolar, la creación de colegios científicos, artísticos o técnicos y los requisitos de graduación. Las propuestas pasan primero por sus comisiones de Planes y Programas y de Leyes y Reglamentos.

Principales resultados

Falta de conducción estratégica y de trazabilidad en las decisiones. La CGR señala que el Consejo no ha definido una visión de mediano y largo plazo, ni objetivos y metas propias que orienten su gestión. Su trabajo se concentra principalmente en atender las propuestas remitidas por el MEP, sin una agenda estratégica propia. Según los datos clave del informe, se analizaron 144 sesiones del Consejo sin que existiera una hoja de ruta que orientara la dirección de la enseñanza.

Además, los dictámenes de las comisiones carecen de estándares documentales mínimos. En la revisión de expedientes de propuestas aprobadas en 2024 y 2025, la CGR encontró que cuatro de seis (67%) no contaban con un informe técnico que sustentara la propuesta. La conformación de los expedientes depende de la discrecionalidad del personal técnico asignado o de las personas integrantes de cada comisión.

Falta de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. El Consejo no cuenta con ningún informe anual formal de rendición de cuentas sobre los resultados de su gestión. Aunque publica las actas de sus sesiones, la información permanece dispersa en actas y correspondencia. Tampoco existen mecanismos para divulgar el trabajo de sus comisiones, que es donde se analizan y dictaminan las propuestas.

Según el informe, el Consejo respondió mediante el oficio CARTA-CSE-SG-770-2026, del 18 de setiembre, que recientemente puso en marcha herramientas de control y bases de datos para el seguimiento de sus acuerdos, consultas y proyectos.

Lo que ordena la Contraloría

La CGR dispuso tres acciones de acatamiento obligatorio para el Consejo:

  • Instrumentos de control para la orientación estratégica del Consejo, que incluyan su visión estratégica y vinculen objetivos y metas con los recursos requeridos. Deberá acreditar su oficialización a más tardar el 31 de mayo de 2027 y presentar un informe de avance el 30 de noviembre de 2027.

  • Regulaciones internas que promuevan la independencia de criterio y la objetividad en las decisiones de sus miembros, con prioridad en la gestión de conflictos de interés y la mitigación de presiones externas. Plazo para acreditar su oficialización: 30 de julio de 2027, con informes de avance el 15 de diciembre de 2027 y el 31 de marzo de 2028.

  • Regulaciones internas de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, que incluyan un informe de rendición de cuentas basado en resultados. Plazo para acreditar su oficialización: 31 de agosto de 2027, con informes de avance el 15 de diciembre de 2027 y el 29 de abril de 2028.

La CGR recuerda que el incumplimiento injustificado de estas disposiciones es causal de responsabilidad.

El informe completo puede consultarse en el siguiente enlace:
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2026/SIGYD_D/SIGYD_D_2026016042.pdf

Defensoría urge frenar deterioro de instalaciones de escuelas y colegios

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La Defensoría de los Habitantes notificó oficialmente al Ministerio de Educación Pública (MEP) un informe técnico que pone bajo la lupa el actual modelo de infraestructura escolar en Costa Rica.

El documento evidencia una realidad alarmante: estudiar en condiciones dignas y seguras se ha convertido en un desafío crítico en el país, lo que representa una vulneración directa a los Derechos Humanos de miles de estudiantes.

La situación es de extrema urgencia. El curso lectivo 2026 arrancó con 389 centros educativos que tienen órdenes sanitarias vigentes y que ni siquiera cuentan con un proyecto asignado para ser reparados o remodelados. A nivel nacional, el MEP acumula un total de 871 advertencias sanitarias, de las cuales 101 están en «categoría roja», lo que significa que tienen un riesgo inminente de cierre total por poner en peligro la vida de la comunidad escolar, concentrándose la mayoría de estos casos en la provincia de Limón.

Modelo agotado que traslada la responsabilidad a las Juntas

Para la Defensoría, el problema no es solo la falta de planificación y presupuesto, sino un sistema administrativo de gobernanza que no funciona. Actualmente, el Estado le transfiere dinero a las Juntas de Educación y Administrativas (integradas por vecinos y padres de familia voluntarios) para que ellos se encarguen de contratar ingenieros, constructores y vigilar las obras, cuyos presupuestos, en algunos casos, los superan los miles cientos de millones, por la magnitud de la obra.

Esta alarmante desconexión provoca que existan miles de millones de colones «atrapados» en las cuentas bancarias de Caja Única, mientras los estudiantes reciben clases en condiciones precarias, en centros educativos en donde los proyectos constructivos iniciaron en el 2013 o 2015 y que, tras más de una década, los fondos siguen congelados y los proyectos sin terminarse.

En el informe, la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, fue contundente al señalar de forma textual la raíz de esta crisis: «El modelo actual que transfiere fondos con fundamento en la matrícula, a una Junta que ejecuta’ está agotado en su forma presente, requiriendo una reingeniería que traslade en un 100% la responsabilidad a la DIEE y profesionalice la gestión de las inversiones sin perder la esencia de la participación comunal, quien asume un rol colaborativo, de auditor social como las Juntas de Salud, pero no de responsable del proceso.»

¿Por qué estamos así?

El análisis de la Defensoría de los Habitantes detalla que la crisis se sostiene sobre cuatro fallas estructurales:

  • Responsabilidad injusta: Se le exige a miembros de las Juntas dominar leyes complejas de contratación pública y conocimientos de ingeniería que superan por mucho sus capacidades técnicas ordinarias.

  • Fondos ociosos y burocracia: El simple hecho de enviar dinero a Caja Única a nombre de las Juntas no se traduce en escuelas construidas. Al no haber capacidad de gestión local, los fondos se quedan congelados debido a vacíos legales y trabas administrativas.

  • Falta de un mapa real de necesidades: El MEP no cuenta con un diagnóstico integral y actualizado en tiempo real sobre el estado físico de todas las escuelas del país, actuando solo cuando estalla una emergencia.

  • Aumento de la desigualdad: Las escuelas de zonas rurales o con menor desarrollo social sufren mucho más, ya que sus Juntas locales tienen menos herramientas técnicas para defender y ejecutar los proyectos, ensanchando la brecha educativa.

Recomendaciones

En su informe, la Defensoría de los Habitantes no solo señaló las deficiencias, sino que extendió una ruta para una actuación inmediata del Ministerio de Educación Pública.

1. Planificación a largo plazo: El MEP debe diseñar e implementar una Programación Decenal (2026-2035). Esto significa crear un portafolio transparente de inversiones a 10 años que defina con nombre y apellido qué escuela se va a intervenir, cuánto costará, de dónde saldrá el dinero y cuándo se entregará, priorizando los centros con órdenes sanitarias.

2. Devolver la responsabilidad al Estado. El MEP debe presentar un programa para quitarle la carga técnica y legal de la construcción y el mantenimiento a las Juntas de Educación. Toda la responsabilidad del ciclo de vida de la infraestructura escolar debe ser asumida exclusivamente por el MEP de forma profesional, transformando a las juntas comunitarias en aliadas de vigilancia social y no en constructoras obligadas.

La Defensoría reiteró que el financiamiento del derecho a la educación no puede seguir dependiendo solo de la matrícula del centro educativo, sino que este debe enfocarse en criterios de la calidad misma de la educación y en este caso de la infraestructura, de la necesidad de generar un entorno seguro, limpio y digno acorde al modelo educativo.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Defensoría: Hay un clamor por un giro de 180 grados en el sistema educativo

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La más reciente investigación de la Defensoría de los Habitantes sobre la situación del sistema educativo costarricense recoge la voz de más de 200 personas representantes de comunidades educativas, direcciones regionales y Juntas de Educación y Administrativas; quienes describen un panorama de desigualdad estructural y desarticulación institucional que obstaculiza el pleno ejercicio del derecho a la educación en diversas zonas del país. Los hallazgos cualitativos confirman que los recortes presupuestarios y la falta de acompañamiento técnico han debilitado la gestión local y profundizado las brechas entre centros urbanos y rurales.

Entre los principales desafíos identificados destacan la insuficiencia de recursos para infraestructura y mantenimiento, la falta de personal administrativo capacitado, y la excesiva burocracia en los procedimientos de ejecución presupuestaria. Estas limitaciones afectan especialmente a las regiones Huetar Norte, Brunca y Chorotega, donde los representantes educativos reportan retrasos de hasta un año en la aprobación de obras y en la transferencia de fondos. La consecuencia más grave de esta situación es la vulneración sostenida del derecho a la educación en condiciones de igualdad, particularmente para niñas, niños y adolescentes en contextos rurales y costeros.

El enfoque interseccional del informe permite identificar cómo estas brechas impactan de forma diferenciada a mujeres líderes de Juntas, docentes y madres cuidadoras, quienes asumen múltiples responsabilidades ante la ausencia de apoyo institucional. Asimismo, los pueblos indígenas y las personas con discapacidad enfrentan barreras adicionales vinculadas a la falta de infraestructura accesible, materiales inclusivos y acompañamiento técnico especializado. Estas realidades reflejan que la desigualdad educativa no es solo económica, sino también social, cultural y de género.

Las voces recogidas por la Defensoría resaltan una percepción generalizada de debilitamiento de la gobernanza educativa. Las Juntas, concebidas como espacios

de participación comunitaria, operan en muchos casos sin lineamientos claros, sin rendición de cuentas efectiva y con una dependencia excesiva de las Direcciones Regionales, que a su vez carecen de recursos y personal suficiente. Esta fragmentación institucional produce un círculo vicioso: comunidades sobrecargadas, autoridades educativas con escasa capacidad operativa y un sistema nacional que pierde cohesión y eficacia.

El informe también documenta una creciente fatiga institucional y social. Las personas entrevistadas expresaron que la carga de responsabilidades administrativas —sin acompañamiento ni formación— desincentiva la participación ciudadana y debilita el tejido comunitario que históricamente ha sostenido a la educación pública costarricense. Este desgaste compromete el sentido de corresponsabilidad y participación democrática en la gestión educativa, valores esenciales para la construcción de una sociedad inclusiva y solidaria.

Ante este panorama, la Defensoría de los Habitantes exhorta al Estado costarricense a reconfigurar la gobernanza educativa desde una perspectiva de derechos humanos, con mecanismos reales de participación, descentralización efectiva y fortalecimiento institucional. Ello implica garantizar recursos suficientes, asistencia técnica permanente y marcos de transparencia que devuelvan confianza a las comunidades. Escuchar las voces regionales no debe ser un ejercicio simbólico, sino el punto de partida para construir políticas públicas que respondan a la diversidad territorial, cultural y social del país.

Comunicación
Defensoría de los Habitantes

Foto Anel Kenjekeeva

UNA convoca al Diálogo por la Educación: voces diversas, un mismo país

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La Facultad de Ciencias Sociales (FCS) y el Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) de la Universidad Nacional (UNA) convocan al Diálogo por la Educación: voces diversas, un mismo país, un espacio de encuentro que se realizará el martes 21 de octubre de 2025, a las 8:30 a. m., en el Auditorio Clodomiro Picado Twight, campus Omar Dengo.

La actividad contará con la participación del investigador Dagoberto Murillo Delgado, del Programa Estado de la Educación, como invitado especial.

Hacia un trabajo conjunto entre la FCS y el CIDE

El encuentro marca el inicio del proceso de conformación de las Mesas Temáticas de Trabajo Conjuntas (MTT) entre la Facultad de Ciencias Sociales y el CIDE, concebidas como espacios de reflexión interdisciplinaria, análisis crítico y construcción colectiva frente a los principales desafíos educativos y sociales del país.

El documento de convocatoria destaca que el Décimo Informe del Estado de la Educación (2025) evidencia rezagos estructurales en los aprendizajes fundamentales, desigualdades territoriales y fragilidad docente, además de limitaciones en la gobernanza educativa y en el sector cultural.
Ante este panorama, la UNA busca articular esfuerzos entre la mirada pedagógica del CIDE y la perspectiva crítica de las ciencias sociales.

Ejes de trabajo y objetivos

Las mesas temáticas estarán organizadas en seis ejes principales:

  1. Aprendizajes para el futuro.

  2. Pedagogías transformadoras.

  3. Educación y democracia en territorios diversos.

  4. Trabajo docente y su futuro.

  5. Políticas educativas y gobernanza.

  6. Educación, diversidad y derechos humanos.

Cada eje abordará los retos educativos desde una perspectiva inclusiva, democrática y de derechos humanos, promoviendo la participación de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Los objetivos generales del proceso incluyen:

  • Impulsar la reflexión académica interdisciplinaria sobre los retos educativos nacionales.

  • Generar propuestas innovadoras y críticas para políticas públicas y estrategias pedagógicas.

  • Visibilizar el aporte del CIDE y la FCS en la transformación educativa y social del país.

Resultados esperados

Entre los resultados previstos de estas mesas temáticas destacan:

  • Comunicados y pronunciamientos ante coyunturas educativas.

  • Foros, congresos y jornadas de diálogo.

  • Propuestas de política pública en temas clave.

  • Publicaciones conjuntas y proyectos estudiantiles interdisciplinarios.

La convocatoria es abierta a la comunidad universitaria y a personas interesadas en contribuir al análisis y la acción en torno a la crisis educativa nacional. Quienes no puedan asistir a la sesión inicial se pueden inscribir en las mesas y luego se les convocará.

Más información: vicecide@una.cr, alejandro.cordoba.madriz@una.ac.cr, teléfono 2277-3363.

Inscríbase aquí: Formulario de inscripción – Diálogo por la Educación