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Etiqueta: gobierno

Franz Tathenbach responsable de recorte en MINAE y de “anti-inversión” en materia de conservación

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

  • Contraloría General de la República señala tendencia de anti-inversión y desmantelamiento internacional

  • SINAC tendrá recortes en contratación de personal y el país dejará de pagar membresías en instancias climáticas internacionales

Comunicado Bloque Verde / FECON.

Alarmante es la propuesta presupuestaria del gobierno de Rodrigo Chaves para el año que sigue. El ministro Franz Tatenbach es artífice y cómplice del desmantelamiento de la institucionalidad ambiental costarricense, el jerarca será recordado como el que le dio el tiro de gracias a las áreas de conservación.

Según al Contraloría General de la República en su informe DFOE-SOS-MTR-00004-2022 para el 2023 el presupuesto inicial del MINAE se reduce en ¢711,6 millones con respecto al periodo 2022. Las partidas de gasto que presentan las mayores disminuciones entre 2022 y 2023 son las de transferencias corrientes y bienes duraderos, con -26,0% y -4,3% respectivamente.

Es además llamativo y preocupante que el Proyecto de Ley de Presupuesto no contemple el pago de varias membresías tales como la de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (UNCMCC), Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Poniendo en riesgo nuevamente el poco liderazgo ambiental internacional que le puede quedar a este país.

Aunque la tendencia de des-inversión tiene ya varios años la CGR señala intención de “anti-inversión”. Las asignaciones presupuestarias para bienes duraderos en el MINAE presentan una reducción a nivel global por segundo año consecutivo del orden del 40% entre 2021 y 2022 y de 4,2% entre los años 2022 y 2023, lo que sugiere una tendencia anti inversión. La CGR señala que para 2023 se presenta un decrecimiento en bienes duraderos para 5 programas presupuestaros, siendo la Dirección de Aguas y FONAFIFO los que presentan mayores reducciones nominales. A su vez, para los casos de CONAGEBIO y Dirección de Aguas sucede por segundo año consecutivo. Asimismo, en tres de los programas presupuestarios no se incluyen recursos para “bienes duraderos” el Tribunal Ambiental Administrativo, Instituto Meteorológico Nacional (IMN) y Regulación, Control y Fiscalización de Energía. Lo que reafirma la tendencia de des-inversión y desmantelamiento institucional llevada a cabo por Franz Tatenbach.

La CGR advierte que “las asignaciones presupuestarias para bienes duraderos en el MINAE presentan una reducción a nivel global por segundo año consecutivo, lo que sugiere una tendencia anti-inversión. Para 2023 decrece esta partida en 5 programas presupuestarios y en otros 3 no se incluye este gasto”.

Frente Amplio: Las consecuencias de la Ruta del Arroz

Escrito en . Publicado en Derechos.

Con la reciente aprobación de dos decretos como parte de la Ruta del Arroz desde el Gobierno de Rodrigo Chaves, las consecuencias socioeconómicas han sido evidentes. El primer decreto “Modificación a los derechos arancelarios a la importación” condujo a la reducción de aranceles que pagan los importadores de arroz de un 36% a un 4.5%  para arroz en granza sin procesar, de 36% a 5% para arroz pilado.

Como antecedente de esto, se comparten los datos que muestran una disminución al 9.71% en el consumo de granos cultivados por agricultores locales.

A la par de esto también se ejecutó el segundo decreto que consiguió la eliminación de los esquemas de fijación de precios, teniendo como efecto la reducción del área de siempre hasta un 30% en solo 4 meses, según datos de la Corporación Arrocera Nacional. Los importadores del grano le van dejando un hueco a las arcas del Estado de ₡7 mil millones en impuestos (Molina, 2023).

Pero, ¿cuáles son las consecuencias de estas acciones?

Entre ellas está la vulnerabilidad alimentaria, ya que expone a los consumidores a la inestabilidad de los precios mundiales, la pérdida de la soberanía alimentaria y la disminución de la actividad económica en las zonas aledañas. 

Entre estas transformaciones y sus minorías beneficiarias se identifica el caso de Bernal Jiménez, uno de los principales financistas de la Campaña Presidencial y dueño de Mercadeo de Artículos de Consumo S.A es la tercera con mayor importación de arroz pilado. Jiménez quien aportó más de 30 millones a la campaña electoral del hoy presidente Rodrigo Chaves, según datos del Tribunal Supremo de Elecciones. Esta empresa se libró de pagar 250 millones en 5 meses. 

La industria interna del arroz enfrenta serios retos en el presente, ya que se identifican otros factores que la están debilitando como lo es la demora en los pagos a los productores del programa de abastecimiento institucional por motivo de la Regla Fiscal, la carencia de políticas públicas para enfrentar las problemáticas relacionadas a la tenencia de tierra y, las deudas del sector agroproductivo. Además de la propuesta de adhesión a la Alianza del Pacífico, la cual el diputado José Ortega describe como una desgravación arancelaria total, o sea que se eliminarían los impuestos que se cobran en las fronteras de productos agrícolas de otros países afectando negativamente a la producción nacional.

Por eso desde “el Frente Amplio reafirma el compromiso con las y los trabajadores del campo, con el campesinado, con ese que nos garantiza los alimentos a toda la población. Creemos en la necesidad de orientar las políticas públicas hacia una verdadera soberanía alimentaria y hacia la dignificación del campo”.

Dime a quién favoreces desde el gobierno y te diré qué tipo de gobernante eres

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

“Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo,

Pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo”.

(Abraham Lincoln. Presidente de los EE. UU)

“Los políticos son iguales en todas partes.

Prometen construir un puente incluso donde no hay río”

(Nikita Kruschev. Presidente de la URSS)

Introducción.

En materia gubernamental, las promesas planteadas en una campaña electoral mueren en la propia acción de gobierno. Todo político acostumbrado a mentir para ganar votos tiene una vida política corta y no perdurará en el recuerdo del pueblo.

Siempre he creído que la mejor promesa es únicamente un programa de gobierno serio, hecho en equipo y que contenga en su base un análisis riguroso de la realidad. La improvisación en la política es el peor de los engaños; nadie sabe para donde va una agrupación que nace apenas unas pocas semanas antes del proceso de una elección. Por añadidura el agrupamiento de personas en torno a una figura exclusivamente impide que aflore la cohesión, disipa la solidez política que podría forjarse en el seno de la nueva agrupación, puesto que, la adhesión se producirá únicamente en torno a la figura del supuesto líder. Por otra parte, la improvisación alimenta el engaño y las promesas vacuas ante la debilidad programática. En este contexto crece la lealtad al líder como una forma de conseguir prebendas personales por eventuales puestos de gobierno y concesiones a proyectos particulares o familiares. Este contexto es propicio para que aflore el clientelismo político.

 Alguna gente piensa que los programas no sirven para nada; juicios como estos están basados en un conocimiento pobre y errado de la realidad política. La experiencia política demuestra por el contrario que, por lo general la propuesta programática forjada sobre la base del conocimiento y el estudio de una realidad concreta, cuando hay verdadera voluntad de llevarla a cabo es lo único que produce alguna garantía de seguridad en el curso de la futura acción de gobierno. Nada preconiza que las cosas saldrán bien, ese es otro asunto; porque la realidad es compleja como para asegurar que se alcanzará una “gobernanza” que permita unir la acción de gobierno con el deseo de cambio residente en las personas, en especial las más urgidas de políticas públicas que en verdad lleguen a ellas y viabilicen la participación ciudadana. La solidez programática lo que garantiza, como quedó expresado es un curso de acción del partido político; no significa que ese curso de acción sea el adecuado para comenzar a resolver los problemas sociales. El éxito dependerá de la orientación justa y equitativa de la propuesta. Lo dicho lo sustento en una vasta literatura politológica que ha estudiado experiencias en diferentes partes del mundo.

El primer año de gobierno de Rodrigo Chaves.

En el medio costarricense, algo se ha escudriñado sobre el primer año del gobierno del presidente Chaves. Por lo consiguiente intentaré referirme sobre todo a un punto de vista que no se ha vertido, o no con suficiente intensidad acerca del curso que lleva este gobierno. Mi planteamiento intentará examinar primordialmente hacia dónde se ha orientado la política pública del actual mandatario, valga decir a quién beneficia principalmente.

El “Partido Progreso Social Democrático” se fundó en Costa Rica desde el 2018, por Luz Mary Alpízar Loaiza, quien fue su presidenta. Luz Mary Alpízar provino del “Partido Nueva Generación” del cual fue su secretaria general entre el período del 2012 al 2017. Mediante conversaciones con Rodrigo Chaves, concede en favorecer la candidatura de este último a la presidencia de la República para las elecciones del 2022. Ella misma, fue postulada a una diputación por la provincia de San José en el tercer lugar; en estos comicios mencionados resultó electa dentro de la fracción del PPSD. A pesar de ser la presidenta del partido, se separó de la fracción oficialista en varias ocasiones en la Asamblea Legislativa, lo que provocó que fuese censurada por sus compañeros debido a su conducta política. Lo menciono porque es un claro ejemplo de un partido político que, no obstante haber sido inscrito formalmente por el Tribunal Supremo de Elecciones en el 2018, el agrupamiento de fuerzas para las elecciones de febrero del 2022 fue el resultado del prematuro liderazgo personalista ejercido principalmente por Rodrigo Chaves en conjunto con la periodista Pilar Cisneros.

El gabinete integrado por el presidente Chaves fue una ensalada de personas ideológicamente heterogéneas, la mayoría de los cuales tenían como único punto de contacto al presidente de la República. Un rápido examen desde un punto de vista formal, del programa de gobierno del PSD presentado ante el TSE, tal como fue analizado por el Programa Estado de la Nación (PEN) antes de las elecciones, evidenció que el documento contiene 105 propuestas de carácter general, o sea sin desarrollar los detalles, dice la PEN; 7 fueron las propuestas acompañadas de metas cuantificables; además presentaron 20 propuestas concretas, lo que significa según la PEN, aquellas propuestas que se formularon con un cierto grado de detalle de cómo lo realizarían. Por otra parte, el estudio de la PEN destaca que el partido oficialista presentó solamente tres propuestas que la misma PEN denominó “robustas” (frente a 32 del PLN, 22 del Frente Amplio, 17 del Partido Liberal Progresista y 2 del PUSC). Estas propuestas “robustas”, explica la PEN, son aquellas que tienen tres características a la vez: en ellas se señala lo que se pretende realizar, en segundo término, se describe una meta definida indicando cuánto va a ser el impacto y en tercer lugar se puntualiza cómo lo van a realizar de manera concreta.

En cuanto al análisis de contenido del programa de gobierno, hay una importante cantidad de promesas incumplidas por parte de la administración Chaves; especialmente se han dejado de lado aquellas que se orientan de alguna manera a disminuir el peso del costo de la vida y otras dificultades para sectores vulnerables, mientras se repuntan aquellas otras que tienden a beneficiar a los sectores cúpula de la sociedad.

Nos centraremos en algunas propuestas que permiten afirmar que el gobierno se orienta a impulsar una contrarreforma encaminada a desmontar el “Estado Social de Derecho” que Costa Rica había venido construyendo, no sin dificultades, desde los primeros años de la década de los cuarenta.

Algunas de las principales medidas del gobierno de Chaves.

Destaco un primer y notable cambio de perspectiva por parte del gobierno de Chaves, en lo concerniente a su promesa de bajar el costo de la vida. Es notable en su primer año de gobierno, que la Canasta Básica Alimentaria, de acuerdo con los cálculos realizados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en lugar de bajar aumentó de mayo del 22 a marzo del 23, un 10,16%. En contraposición, cediendo a las presiones neoliberales provenientes tanto de fuera de la administración como dentro de ella, en el mes de agosto, el gobierno anunció su afán de vender el Banco de Costa Rica, junto con BICSA y el 49 % de las acciones del INS, para hacerle frente con ello a la deuda pública y a la vez recaudar recursos para supuestamente atender las necesidades del Estado. El proyecto presentado por el poder ejecutivo en setiembre fue severamente cuestionado en la Asamblea Legislativa (AL) así como por la Contraloría General de la República (CGR). En ambos casos se le formularon “fuertes cuestionamientos” relacionados con la transparencia. (Basado en datos de los periódicos La República y La Nación del 8 de mayo).

En este mismo orden de cosas, el gobierno también propuso la fusión de las instituciones del sector vivienda: el Ministerio de la Vivienda, el BANHVI y el INVU, con el fin de ahorrar recursos. Un propósito que podría ser loable, siempre que se evitara con ello la duplicidad del trabajo de las instituciones del sector, pero el proyecto fue elaborado de tal manera que recibió un sinfín de críticas de sectores y diputados, ya que en el texto queda eliminado el bono de vivienda para los sectores sociales más postergados, de igual manera, se afecta a las mutuales y por ende los créditos que ellas otorgan. Por su parte la CGR cargó contra el proyecto tras advertir que se traducía en un incremento de la burocracia, acarreando riesgos financieros. O sea, un desaguisado desde el punto de vista social y financiero.

Por otra parte, Chaves anunció en conferencia de prensa el propósito de enviar a la AL un proyecto de ley, que ya había sido presentado por el gobierno anterior en febrero del 2021, dirigido a crear el impuesto de “Renta Global Dual”, según el cual tanto las empresas como las personas físicas quedarían obligadas a declarar la totalidad de las ganancias. El proyecto, el 19 de mayo todavía no habíase presentado en la Asamblea Legislativa, aun cuando el asunto se anunció en conferencia de prensa argumentando que revestía cierta urgencia debido a que se orienta a equilibrar las finanzas públicas. Aunque el proyecto busca cobrar todos los ingresos de las personas asalariadas e independientes, para que no resulte tan regresivo, desde la administración pasada, se estableció una escala para reducir el impuesto según los gastos y, por otra parte, aplicar a la base imponible una escala progresiva de tarifas. Dice el proyecto literalmente: “La iniciativa incluye todos los ingresos de las personas asalariadas e independientes en un mismo “canasto” y a partir de allí, cobrar los tributos en una escala. Eso sí, con la opción de reducirse según los gastos.” (Cfr. https://observador.cr/gobierno-de-chaves-retoma-proyecto-de-impuesto-de-renta-global-dual-idea-fue-planteada-por-administracion-alvarado/).

Como se acaba de expresar, al 18 de mayo del 2023 y como ha ocurrido con otras tantas promesas de campaña electoral, el proyecto de ley no había sido enviado a la Asamblea Legislativa. Es notable que, el que por fin se envió a la corriente legislativa por parte del poder ejecutivo, llevaba un acento de regresividad, puesto que el peso impositivo se hizo recaer en los sectores de salarios bajos y medios, valga decir sectores por encima de la línea de pobreza y capas medias de la población.

En cambio, al tenor de esta orientación todavía no se presenta ante la Asamblea Legislativa el proyecto que se había prometido, para reducir las exoneraciones fiscales a diversos sectores. Mientras tanto, aun cuando se haya incrementado desde la administración anterior el monto de los tributos recaudados, la evasión y elusión fiscal por parte de las grandes empresas continúa siendo un deporte nacional para los grandes intereses. O sea, en lo medular se gobierna para favorecer los intereses de los sectores cúpula de la sociedad.

En lo concerniente a la producción interna el presidente Chaves había insistido en bajar el costo de la vida, pero, no se ve todavía que el camino emprendido esté dando resultado. En lo relativo a la producción interna de arroz, el gobierno emitió dos decretos el 3 de agosto del 2022 mediante los cuales se redujo drásticamente un arancel que existía a la importación del grano, arancel que protegía a los productores nacionales. En consonancia con lo anterior, el otro decreto eliminó el precio mínimo del grano. La respuesta del sector productivo nacional no se hizo esperar condenando ambos decretos. De acuerdo con datos de Conarroz, la actividad productiva del arroz se redujo un 43% comprendiendo los períodos 2021-2022 y 2022-2023, sin que la reducción de los precios del grano hubiese sido significativa. Los precios bajaron un 2,42% desde mayo 2022 a marzo del 2023, pero, ello ocurrió por efecto del crecimiento de los precios internacionales en dólares que subieron 11,85%. Al caer el precio del dólar el costo del grano de arroz importado bajó un 11,46%, pero en colones. Por último, a causa de la presión de los arroceros nacionales, el gobierno anunció que enviaría a la AL un proyecto para subsidiar a los productores que tuviesen 100 hectáreas o menos; en efecto, se anunció un subsidio de 2.800 millones de colones. El anuncio fue hecho sin reparar en que, la “Regla Fiscal” impide al gobierno otorgar subsidios, excepto si es autorizado por la AL; debe saberse que, el proyecto, luego de haberse presentado fue retirado de la corriente legislativa.

En otro orden de cosas, en varios asuntos, el gobierno deja en evidencia un supino desconocimiento de la administración pública y al mismo tiempo adolece del defecto de descoordinación. Por ejemplo, el proyecto de ley presentado a la AL en esta legislación contra la corrupción no aportó mayor cosa, repitiendo las leyes vigentes, por lo que la reforma tal como se presentó deviene innecesaria. Otro tanto ocurrió con la promesa de transmitir las sesiones del Consejo de Gobierno en un alarde populista con diversos sectores sociales. El mismo mandatario abandonó la idea, al reconocer que tal como estaba planteada era cosmética y contenía problemas técnicos en su realización. Ante la promesa de apertura total con la prensa, varios hechos demuestran que el afán del mandatario era una mera pose: las actas del Consejo de Gobierno son ahora puros resúmenes sin detalle alguno; asimismo se ordenó a las oficinas de información y comunicación de diversos ministerios e instituciones de gobierno, restringir la información a la prensa; en concreto, la ex titular de salud obligó a subalternos suyos a solicitar permiso a la jerarca del ramo antes de brindarle información a la prensa. En este caso la Sala Constitucional declaró la nulidad de la orden ministerial, tras encontrarla inconstitucional. En el INS, ocurrió otro tanto, ya que la presidenta ejecutiva, Mónica Araya ordenó la inspección de computadores de varios funcionarios, por una supuesta filtración de datos de interés público a la prensa. Todo esto se tradujo como lo expresa un reporte periodístico en que Costa Rica hubiese caído 15 puestos en el índice de libertad de prensa que realiza la organización no gubernamental internacional de origen francés y sin ánimo de lucro “Reporteros sin Fronteras”. (Cfr. La Nación, 8.05.23. pág. 6)

Entre lo más grave:

1. Educación. Sigue el “apagón educativo: Pese a la promesa hecha por el presidente Chaves de declarar una emergencia educativa, pasan los días y no ha habido declaratoria alguna en ese sentido, pese a la difícil situación por la que atraviesa el MEP. Este ministerio realizó pruebas nacionales para alumnos de sexto grado, undécimo y duodécimo año, sin que las pruebas piloto de abril pasado hubiesen realizado la evaluación prometida de la calidad del aprendizaje que Chaves había adelantado. Lo más grave es que las pruebas a realizarse en octubre y noviembre equivaldrán al 40% de la nota de los educandos. A su vez, las pruebas Faro para primaria (de ámbito internacional), fueron eliminadas por el Consejo Superior de Educación a tan solo cinco días de su realización. El gobierno ordenó la suspensión del arrendamiento de tres edificios por un costo de 3.000 millones de colones, también se decidió un traslado de supervisiones educativas a centros de educación para ahorrar 600 millones de colones; dichas supervisiones debieron terminarse en febrero del 2023. Hasta la fecha, el gobierno no brindó a los medios informativos una actualización acerca del estado de situación. Grave ha sido el intento por violar la autonomía de las universidades, tanto al pretender restringir el presupuesto de las universidades públicas (por ahora se echó marcha atrás, merced a una movilización de los estudiantes), como en cuanto a la pretensión de que cuatro ministros del gobierno intervengan en la discusión y aprobación de los presupuestos de las universidades públicas. El MEP ha sido omiso en brindar otra información relativa a la urgencia de construir 38 centros educativos integralmente por órdenes sanitarias presentadas. Las órdenes sanitarias fueron 722 en total. (Cfr. Ibid).

2. Golpe a la cultura costarricense. El gobierno se propone recortar el 8.4% del presupuesto del ministerio de Cultura y Juventud, equivalente a 4.000 millones de colones. La medida que pretende el gobierno ha concitado al sector cultura que tomó las Instalaciones del Teatro Nacional y está solicitando la renuncia de la ministra de esa cartera Nayuribe Guadamuz. Semejante recorte no tiene precedentes en el país. Implicaría, entre otras cosas, la desaparición de nuestra emblemática Orquesta Sinfónica Nacional. (Cfr. Cultura CR.net, 18 de mayo 2023).

3. Graves retrasos en las obras de infraestructura pendientes: Sobre la carretera San José-San Ramón, todavía no se firma una adenda con el Banco de Costa Rica, que permita llevar el proceso de transición hasta el finiquito del contrato. La mayoría de las obras impostergables tienen un año de estar detenidas. Igualmente paralizada se encuentra la concesión de la ruta 27, cuyas negociaciones tenían un 80% de avance en el gobierno anterior. La ruta a San Carlos se continúa en las negociaciones con el BID y al 8 de mayo de este 2023, no se conocían los avances de dichas negociaciones. Semejante carencia de información existe sobre la ampliación de la ruta San José- Cartago; se sabe al menos que, el Consejo Nacional de Concesiones acordó no continuar con la iniciativa privada que llevaba la concesionaria MECO, para la ampliación de los 20 Kms de la ruta. Igual retraso sufre la ruta 32, carretera a Limón, ya que falta financiar obras por valor de $150 millones, pero, a la fecha se desconoce de dónde se obtendrán estos recursos. A estas alturas se carece de un plan para ejecutar las obras complementarias, así como también quedan pendientes 300 expropiaciones para poder completar la obra. A la fecha, también queda pendiente resolver si se aprueba o no la realización de la obra del tren eléctrico de carga para exportaciones, que conectaría la zona norte de Limón con el área metropolitana. Sobre esta obra el ministro Luis Amador señaló que tenía dudas sobre la ejecución de este plan, no obstante que el presidente se había mostrado interesado en ella. El proyecto de Ciudad-Gobierno para albergar más de 10.000 funcionarios públicos en el sur de la capital, se ejecutará mediante un préstamo con el BCIE. Todo parece indicar en este caso que el proyecto se desarrollará mediante un financiamiento de $450 millones.

4. Las finanzas públicas continúan siendo un tema harto complicado. Hay contradicciones en varios puntos: el presidente había expresado que negociaría con el FMI un programa completamente nuevo. Pero, el ministro Nogui Acosta ha sostenido que se ejecutará el mismo programa ya negociado con la Institución Financiera. Es decir, en las mismas condiciones. En cambio, hubo una flexibilización de la regla fiscal, para permitir aumentar el tope del gasto público en 433.000 millones de colones y otros cambios de significación. Por su parte la Ley de empleo público que fue aprobada, generó la protesta del Fondo Monetario Internacional, por el hecho de que el gobierno no entra a ejecutarla, sino que la ha sometido a un nuevo proceso de negociación con diversos sectores sociales. Lo anterior es debido a que, en este momento (19 de mayo), persisten contradicciones interinstitucionales con el gobierno, ya que más de 70 instituciones declararon que no acatarán lo dispuesto por MIDEPLAN relacionado con los salarios comunes.

En conclusión, en lo medular el gobierno comienza su segundo año dejando a su paso una estela de autoritarismo en las decisiones, falta de planificación, desorden, descoordinación en el seno de la institucionalidad pública y un apresuramiento por desmantelar la administración pública, en especial en lo concerniente al Estado Social de Derecho, sin que medie estudio alguno al respecto. En cambio, es clara la tendencia a favorecer el clima de negocios en la cúpula de la escala social, incumpliendo por contraposición compromisos contraídos con la ciudadanía de a pie en el proceso electoral. Hay una subvaloración de la importancia de la cultura nacional en el contexto costarricense, e igualmente un claro menosprecio por las universidades públicas y su autonomía. No se muestra una real decisión gubernamental por acometer un plan para hacerle frente a la seria problemática de la educación costarricense en sus niveles de preescolar, primaria, educación técnica y secundaria. Así como tampoco existe voluntad clara de ejecutar el plan nacional de infraestructura. Finalmente, grave es el desconocimiento mostrado por el presidente de la República y su equipo de trabajo en seguridad, acerca de la situación salarial de la policía y las condiciones deplorables de una buena parte de los inmuebles en los que deben trabajar los miembros de la fuerza pública, en momentos en los que se les exige el máximo esfuerzo para enfrentar la seria amenaza que constituyen para la seguridad ciudadana, tanto el sicariato como las bien asentadas y financiadas bandas del narcotráfico. En suma, el gobierno carece todavía de un verdadero plan de prioridades. Es lamentable, dados los muy diversos y serios problemas que afronta la sociedad costarricense.

¿POR QUÉ DESTRUCTORES Y MALANDRINES? (III)

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Adriano Corrales Arias*

En su LIII aniversario, la emergencia nacional provocada por la pandemia del Covid-19 trajo a flote la crisis que arrastraba el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), acumulada en los últimos treinta años y acelerada en los últimos diez. Merced a la contrarreforma neoliberal iniciada en los años ochenta del siglo pasado con los tristemente célebres Planes de Ajuste Estructural (PAEs), dicho ministerio fue despojado de algunas de las funciones estratégicas para las que originalmente fue creado. Por eso carga con serias limitaciones para responder a una realidad cambiante y también en crisis, la cual se expresa en una sociedad trastocada por el cambio global y por una creciente y profunda desigualdad estructural.

Frente a ese aniversario y ante el opaco bicentenario de la “república”, muchas personas pensamos que bien valdría la pena realizar un balance colectivo del ministerio y de las políticas culturales en Costa Rica para repensar lo que se había hecho y dejado de hacer, pero, fundamentalmente, sobre el rol que debería jugar el MCJ en el futuro cercano, sin olvidar que, al menos simbólicamente, también es el ministerio de la juventud. Con acendrada ingenuidad, esperamos a que el mismo ministerio, en las últimas dos administraciones, se abocara a ello con la presencia organizada de los sectores involucrados en el quehacer cultural y artístico del país. Con Godot, continuamos esperando.

Es importante recordar que el 5 de julio de 1971, mediante la Ley No. 4788, se crea el Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, de modo tal que la cartera involucraba también a la Juventud y al Deporte. (El pequeño ministerio se había incubado en la otrora Dirección de Artes y Letras del Ministerio de Educación, cuyo gran impulsor, entre otros, fuera el artista y arquitecto Rafael Ángel “Felo” García). En los años setenta y parte de los ochenta, funcionó el Movimiento Nacional de Juventudes (MNJ) un vigoroso proyecto con casas de la juventud por todo el país. Más tarde se eliminó al “movi” (así lo llamábamos) porque coadyudaba a generar dirigentes juveniles conscientes y críticos (¡con instructores israelíes!), muchos de los cuales pasaban a las organizaciones políticas de izquierda. Pero, además era el ente rector del deporte; luego se creó el ICODER quitándole esa papa caliente al ministerio, cuyo quehacer en esa rama era casi decorativo.

La creación del MCJ obedeció al objetivo estratégico del proyecto original promovido por los llamados “hombres de letras” del Partido Liberación Nacional, jefeados por don Alberto “Beto” Cañas Escalante, en un contexto marcado por la guerra fría y por las consecuencias de la guerra civil con sus persecuciones y su anticomunismo. Como en tantas otras acciones socialdemócratas y socialcristianas, el MCJD funcionó para institucionalizar conflictos y sectores “en pugna”. El Ministerio nace sin saldar la eterna disputa entre “Cultura” y/o “Bellas Artes”, es decir, entre la visión “bellaletrista y bellartística” y el concepto antropológico en el cual la cultura se entiende de manera más amplia e integral. Era una concepción difusionista: fortalecer las bellas artes, llevar la cultura a quienes no la “tenían”, ir a las comunidades con un proyecto de extensión jerárquico y patriarcal. Para ello había que crear conjuntos artísticos (OSN, CNT, CND, TNT…), museos, bibliotecas, entre otros entes; más tarde, cuando el concepto antropológico se fue imponiendo, se crearon direcciones regionales y casas de la cultura con un nuevo discurso acerca de cierta “regionalización” ante el pudor de una conciencia vallecentrista asumida a medias. Eso hizo aguas muy pronto y el ministerio no se reactualizó, sino que, al contrario, se recortó.

Ya entrado el nuevo milenio, el MCJ se fue adaptando a la contrarreforma y extendiéndose más al espectáculo (FIA, FNA, Feria del Libro, Festival de Cine, etc.) y apoyando las incipientes industrias culturales. La actividad cultural pasaba de ser prioridad del estado (benefactor) a dejarse en manos de la iniciativa privada que, de todas maneras (rezaba el slogan) “produce libertad”. En los últimos años se le dio prioridad a los “pequeños productores de cultura” (artesanos y emprendimientos “artísticos”) e incluso los grandes proyectos de masas tipo FIA o FNA hicieron aguas, ya por la desidia, ya por la impericia de los tres últimos (des)gobiernos. Es claro que el ministerio transitaba a la deriva dependiendo de las administraciones o de las “personalidades” de sus ministros o ministras, así como de sus efímeros equipos de trabajo.

Ante la crisis prolongada y con la emergencia de la pandemia, algunos “artistas” pegaron el grito al cielo (yo me preguntaba: ¿por qué no lo hicieron antes?, ¿por que hasta los tiempos del Covid 19?), amenazando incluso con acusaciones y anatemas, a la vez que lanzaban un estentóreo SOS. Muchos de ellos comparaban al ministerio con una suerte de CNP, ICT, INVU o IMAS, sin comprender la naturaleza del mismo ni la amplitud del concepto cultura constreñido, según sus visiones, a la “actividad artística”. Otros, como quien esto escribe, pensamos que ya era demasiado tarde para pataleos puesto que hacía algunos años le habían dado el tiro de gracia. La contrarreforma neoliberal lo precarizó, los tres últimos gobiernos lo desmantelaron. Sin embargo, “del ahogado el sombrero”, pensaba; algo se podría rescatar. Se precisaba, eso sí, de una reforma total del estado que lo revitalizara y colocara a la altura de los tiempos. En otras palabras, se trataba de preservar y fortalecer el Estado Social de Derecho que la contrarreforma neoliberal había venido debilitando y que ahora intenta rematar sin oposición y con miles aplaudiendo. La pregunta todavía se impone: ¿será posible?

Para entonces un reconocido cantautor ponía en una de las redes sociales: “Muchos de los que reclaman ahora parece que han estado muy cómodos durante tantos años de silencio”. La frase contiene una vigencia estremecedora y se extiende a lo largo y ancho del tejido social desestructurado y herido por la contrarreforma y por una élite que maneja, con ácida lucidez e impune soltura, los hilos del poder y de los negocios al amparo de un estado secuestrado por su avaricia sin fin. La discusión, quiero decir, la lucha, es mucho más amplia y álgida de lo que parece. Pero pocas personas lo entienden. Y a muy pocas les interesa.

*Escritor

Ni tan demócratas ni tan hermaniticos

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

De Rogelio Cedeño Castro
Sociólogo y escritor costarricense

“Si no puedo ver por mí mismo la liberación de este pueblo, la veré a través de mis ideas” Juan Bosch.

Uno de los episodios más vergonzosos (en el supuesto caso de que la moral tenga algo que ver con los juegos de la política) de la historia política latinoamericana, durante la segunda mitad del siglo pasado, fue la traición y el abandono de que fueron objeto el profesor Juan Bosch (1909-2001, un latinoamericano de grata memoria) y el Partido Revolucionario Dominicano, por parte de sus supuestos partidos “hermanos”: Liberación Nacional de Costa Rica y Acción Democrática de Venezuela, los que se encontraban en el poder cuando el presidente gringo Lyndon Johnson envió cuarenta y dos mil marinos para sofocar la revolución constitucionalista de abril de 1965, un episodio histórico que había estallado el día 24 de ese mes, con el propósito de restablecer la vigencia de la constitución dominicana de 1963 (una de las más avanzadas de que se tenga memoria en la región), y el regreso del único presidente democrático de verdad que conoció la República Dominicana en su historia, durante los meses comprendidos entre el 27 de febrero y el 25 de septiembre de 1963, fecha esta última cuando Juan Bosch fue derrocado por un golpe militar de factura trujillista, con el apoyo de la Embajada Estadounidense.

En este caso de los partidos hermanos de la llamada “izquierda democrática” latinoamericana del siglo pasado, cabe destacar el valiente gesto del directorio nacional de la Juventud Liberacionista, que dio a conocer un pronunciamiento en el que condenaba la intervención militar yanki en la República Dominicana, durante los primeros días del mes de mayo de 1965. No se si los jóvenes liberacionistas de entonces, a quienes conocí en esos años juveniles, se habrán vuelto a referir a este coyuntura tan singular que me impactó mucho en esa época, algunos como Manuel López Trigo, Gerardo Trejos Salas, Rafael Ángel Rojas y los hermanos Jorge y Ricardo Salazar Solís ya fallecieron sin dejar o publicar sus memorias políticas o testimoniales de esa época, a pesar de que Manuel López Trigo se desempeñó como diplomático en la República Dominicana, mientras que otros como Manuel Carballo Quintana, Óscar Soley Soler y Ángel Edmundo Solano que aún viven tampoco lo han hecho, a diferencia de ellos Rolando Araya Monge en su libro “Testigo de Excepción” y Armando Vargas Araya en “Costa Rica en Juan Bosch”, si han hecho referencias generales al tema dominicano y a la revolución constitucionalista de 1965, que aparece como un tema tangencial o una especie de “error político” de menor cuantía.

El hecho levantó censuras pudibundas en el gobierno, y hacia el interior del PLN, cuyo directorio político terminó sacando un ambiguo comunicado, cuando ya el presidente Francisco Orlich (1962-1966) estaba mandando veinte policías a la República Dominicana para apoyar a los invasores, aunque fue mucho peor el paraguas que le brindó la OEA, o ministerio de colonias de USA para América Latina, al envío de un importante número de efectivos militares latinoamericanos, bajo la denominación de “Fuerza interamericana de Paz”.

Fue entonces cuando Venezuela y Costa Rica, gobernadas por “partidos hermanos” del PRD dominicano, apuñalaron por la espalda a la revolución constitucionalista de 1965, votando en la OEA por el envío de esa fuerza, y mandando Costa Rica 20 policías a la República Dominicana, cuando no había transcurrido ni un mes desde que Francisco Orlich, el entonces presidente de Costa Rica, había manifestado su apoyo a los revolucionarios dominicanos (un hecho del que fui testigo directo, junto con Guillermo Villegas Hoffmeister y Adrián Vega Aguiar, en la vieja casa presidencial del Parque Nacional).

Acabo de ver en “you tube” el documental de la toma de posesión del profesor Juan Bosch, como presidente de la República Dominicana, el día 27 de febrero de 1963, en el que aparecen Rómulo Betancourt, Francisco Orlich y José Figueres Ferrer, este último un poco atrás. Tengo la impresión de que se ganaron un lugar en la galería de traidores y cómplices del imperialismo norteamericano, el verdadero enemigo de la democracia en esta parte del mundo, pues Washington siempre nos obligó a soportar dictadores criminales y gobernantes marionetas al servicio de sus intereses, además de asustar a los pueblos con el cuento de un “comunismo” que nunca fue, con la activa complicidad del Partido Liberación Nacional de Costa Rica (y otros similares en países vecinos) que nunca fueron capaces de desobedecer las órdenes de la Casa Blanca, a pesar de las protestas bajo cuerda de José Figueres Ferrer ante Lyndon Johnson por la invasión en sí misma, alegando que en la capital dominicana no había “comunismo” sino hambre (Rolando Araya Monge “Testigo de Excepción” Cultura Producciones San José Costa Rica 2014 p. 134) o más bien del presidente estadounidense procurando justificar lo injustificable, a través de figuras como el propio José Figueres Ferrer.

Uno de los grandes traidores y marionetas de entonces fue el venezolano José Antonio Mayobre, en su calidad de embajador de Venezuela en la tristemente célebre OEA, instrumento colonialista de ayer y de siempre, por su abierta complicidad con el imperialismo norteamericano, quien viajó por todos los países de la región tratando de aminorar o justificar incluso la invasión a un país soberano.

Ya es tiempo de honrar la memoria de los combatientes constitucionalistas dominicanos de 1965, entre ellos el coronel Tomás Rafael Fernández Domínguez, el coronel Francisco Caamaño Deñó presidente de la República Dominicana en armas, el coronel Juan María Lora Fernández, jefe del estado mayor del Ejército Constitucionalista, a Manolo Tavares, Juan Miguel Román y a toda la militancia y combatientes del Movimiento 14 de Junio, del Movimiento Popular Dominicano, del Partido Socialista Popular y del Partido Revolucionario Social Cristiano, como parte de aquella juventud dominicana cívica y militar de entonces, que derramó su sangre generosa por una patria siempre arrebatada por las garras imperiales. ¿Para cuándo tendremos verdaderas democracias en esta parte del mundo?, un dilema o un desafío que nunca se pudo resolver y que Juan Bosch dejó planteado en su obra LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA DE AMÉRICA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA, de 1966.

Al profesor Juan Bosch, a quien la oligarquía dominicana y el imperialismo estadounidense le permitieron gobernar solamente seis meses(entre febrero y septiembre de 1963, cuando fue derrocado con la complicidad del Pentágono y la Casa Blanca de los EEUU, a pesar de la hipócrita profesión de fe democrática, que pretendió vender John. F. Kennedy, razón por la que el profesor Bosch llegó a decir ante el inmenso drama de su patria, cuando sus adversarios los llamaban «comunistas», un espantajo de que siempre se valieron la derecha y las oligarquías de la región para hundirnos en la más abyecta miseria y degradante tiranía, (cuando les respondió a unos periodistas estadounidenses sus necias preguntas al respecto) que el problema no era el tal comunismo, sino el hecho de que la  democracia verdadera en América Latina nunca funcionó como tal (democracy is not a  really whitin us).

Los países como Costa Rica vendieron una imagen de una democracia impoluta y se prestaron para hablar de una «izquierda democrática» para contraponerla a la otra izquierda: la de los comunistas y socialistas de otros países (siempre dentro del problema de las otredades, como un tema recurrente, absurdo y lleno de ambigüedades y asimetrías de todo tipo), la que estuvo formada por partidos como el Partido Liberación Nacional PLN de Costa Rica, Acción Democrática de Venezuela, el APRA del Perú, el MNR de Bolivia y otros que con el paso del tiempo viraron hacia posiciones cada vez más conservadoras. Cuando llegó la hora de la verdad, en abril de 1965, le dieron la espalda al Partido Revolucionario Dominicano de Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez (ambos de grata memoria, y en ese momento de 1965, los líderes más representativos del PRD), con el concurso del presidente «liberacionista» Francisco Orlich (uno de los traidores que estuvo en la toma de posesión de Juan Bosch) quien, como habíamos indicado supra se prestó para darle cobertura a la nueva invasión yanki a la República Dominicana (de 1916 a 1924 los marines habían ocupado la República Dominicana, un hecho olvidado), enviando una pequeña fuerza policial para apoyar la labor «terapéutica» de los marines yankis, consagrados a extirpar el peligro del «comunismo» y prestándose a los juegos imperiales en la OEA, junto con la Venezuela de Acción Democrática y otros países, para tomar el acuerdo de enviar una «fuerza interamericana de paz», conformada por militares de las dictaduras argentina, brasileña y paraguaya, más los tombillos o policías de la democrática Costa Rica, la que se rebajó más que Venezuela, un país cuyos gobernantes a lo mejor sintieron asco de juntar sus militares con de aquellas dictaduras. Hasta entre los traidores hay jerarquías, como sucede con el palo en que se acuestan las gallinas para dormir, una notable analogía con esa fauna política regional que tenemos y las jerarquías que existen dentro de ella.

Mesa de diálogo de sectores sociales y productivos cuestionan decisión de gobierno sobre CINDE

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

¿Qué hay detrás de la ruptura del gobierno con CINDE?

El día miércoles 03 de mayo 20203, se dio a conocer mediante un comunicado oficial de Casa Presidencial, que el señor presidente de la República y su ministro de Comercio Exterior han tomado la decisión de rescindir, UNILATERALMENTE el convenio que permite al gobierno transferir anualmente un porcentaje importante del presupuesto del COMEX a CINDE.

Los criterios de desaprobación de dicha decisión no se han hecho esperar, desde sectores empresariales vinculados a la atracción de inversión extranjera directa (IED) hasta el mismo presidente de la Asamblea Legislativa el Sr. Rodrigo Arias, quien solicitó revertir el rompimiento de convenio de atracción de inversión extranjera con CINDE.

Para los liderazgos de la Mesa de Diálogo Social y Productiva las razones para esta ruptura no han quedado claras. Sobre todo, cuando se presume de supuestas ‘’limitaciones presupuestarias’’. Mientras tenemos una Regla Fiscal que ahoga la institucionalidad pública, donde se manifiestan los mejores egos y narcisismo desbocados, y una creciente falta de transparencia en las razones y argumentos de dicha decisión, a lo que surgen dudas como:

  1. ¿Un estilo errático de gobernar?
  2. ¿Conflictos entre diversas élites empresariales?

¿Un poco de todo eso? No lo sabemos, pero la medida ha tomado a muchos y muchas por sorpresa, descontento, desaprobación y hasta preocupación sobre el futuro de convenios y acuerdos bilaterales en cooperación que benefician el desarrollo del país.

Sin embargo, no necesariamente hemos acuerpado siempre el modelo y la estrategia de atracción de IED que promueve CINDE, ya que, si bien es una realidad de éxito en la expansión de lo que conocemos como Zonas Francas en Costa Rica o de las exportaciones de este régimen, desconocemos el mismo resultado éxito en la generación de empleos indirectos, ni la transferencia e innovación tecnológica como resultados positivos.

Lo que si reconocemos, es que en este momento, medidas de tal naturaleza, sin siquiera detallar cómo el espacio que dejaría CINDE puede ser ocupado por una estructura igual o mejor, sólo crea desconfianzas a nivel nacional e internacional para el país, y en eso perdemos todas y todos en el país.

Pareciera que el discurso del 02 de mayo del Sr. presidente no coincide con medidas como esta, ya que, en su discurso en la Asamblea Legislativa, valoró muy positivamente el papel de la confianza en la institucionalidad pública, pero medidas UNILATERALES e INCONSULTAS sólo incide negativamente en el ambiente político nacional.

Por lo anterior, desde la Mesa de Diálogo Social y Productiva por una Costa Rica Próspera Inclusiva, y Solidaria hacemos un llamado al señor presidente a recapacitar, o en su defecto que demuestre abiertamente las verdaderas razones de su decisión.

 

Imagen: https://www.cinde.org/

Propuestas para los movimientos sociales

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Juan Carlos Durán Castro
Dirigente Sindical Sector Salud
02 Mayo 2023

Creemos que se debe promover e impulsar desde los movimientos sociales (lo cual incluye al segmento sindical), una carta abierta y pública dirigida al Presidente de la República, a las Fracciones Legislativas, al Poder Judicial, a la Defensoría de los Habitantes, que promueva lo siguiente:

1- Descartar el posible contrato de una » auditoría forense» sobre la situación de la Caja al Banco Mundial ya que resulta de poca transparencia, ética y probidad que sea esta entidad, pues ese fue el último empleo del hoy Presidente de la República.

En su lugar, somos de idea de que la CCSS debe inclinarse por que sea la OIT la que elabore los estudios actuariales, pues no solo es la institución que lidera la experticia mundial en el tema actuarial, sino que es una entidad tripartita y neutra, convirtiéndose en la opción ideal para garantizar un trabajo objetivo y riguroso.

Mientras se realiza el estudio actuarial, pedimos a la CCSS que le proporcione toda la información necesaria a la misión técnica de la OIT próxima a venir a Costa Rica para finalizar la nota técnica sobre el trabajo actuarial en la CCSS.

Los resultados finales de dicha nota técnica son cruciales y urgentes para que la opinión pública conozca de primera mano por qué la Caja no está quebrada, como ya lo demostró la OIT en la versión preliminar de su opinión técnica.

Esta ruta que indicamos aspira por un lado que el Presidente actúe con transparencia de cara a la gente y por otro el alto ratificará el prestigio de la OIT en esta materia a nivel mundial.

2- Instar a Don Rodrigo Chaves Robles, valorar seriamente la destitución de Doña Marta Eugenia Esquivel y comerse la bronca para quedarle bien a la señora de Purral, pues parece que estamos en presencia de posibles delitos penales en razón del presunto maquillaje de cálculos que se derivan de la valuación actuarial y los posteriores documentos que son de son de dominio público y que además evidencian que la Junta Directiva en su conjunto se aparto del informe presentado por el Equipo técnico y avalo la suspensión del portafolio de inversiones sobre la base de cálculos posiblemente maquillados.

3- Separación inmediata de la Directora Actuarial de la CCSS, Licenciada Carolina González Gaitán y reapertura del proceso disciplinario en su contra por supuestos pagos indebidos (unos 42 millones de colones), cuyo expediente administrativo fue declarado prescrito por la Presidenta Ejecutiva de la CCSS, siendo este un acto que podría denotar posibles pagos de favores políticos.

4- Protección y cese inmediato y definitivo de cualquier tipo de hostigamiento laboral contra el Equipo Técnico de la CCSS, que presento propuesta técnica para el desarrollo del portafolio de Inversiones de la Caja, mismo que NO FUE utilizado para el acuerdo de suspensión de obras y en su defecto presenciamos un posible maquillaje financiero insostenible técnicamente que coloca a la Dirección Actuarial en un predicado altamente riesgoso y cuestionable desde varios puntos de vista.

Eje que se refuerza a partir de la reciente opinión técnica emitida por la OIT, organismo ante el cual el Gobierno según ha trascendido estableció una «protesta» cuyos elementos se desconocen, pero evidencian un desconocimiento adrede del funcionamiento de este organismo.

Esperamos ciertamente que Don Rodrigo Chaves Robles no opte por darle un manejo lento al tema para » argumentar y favorecer» un oneroso contrato con el Banco Mundial de una auditoria forense que sería un paso altamente en falso.

5- Instar a la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa que convoque al Equipo Técnico que elaboró propuesta de desarrollo del portafolio de inversiones para que transparente su actuar en el actual escenario, ya que todo indica que existen posibles actuaciones oscuras por parte de la Presidenta Ejecutiva y su espuria Junta Directiva.

6- Ante la ya pública, notoria y evidente holgura financiera de la CCSS, instamos a la Auditoria de la Caja a desarrollar auditorajes de control moderno y transparente la información, ya que la atención de la problemática de las listas de espera de cara al derecho a la vida y a la salud imponen la toma de decisiones, pero las mismas no pueden seguir siendo un festín descontrolado de recursos ya que en los últimos 10 años al menos se han incumplido según parece los acuerdos de Junta Directiva en este tema y no existen documentos que certifiquen las DECLARATORIAS DE INVIABILIDAD previas antes de desarrollar programas o realizar contrataciones privadas, lo cual de antemano presupone un bajo o nulo control de la auditoría interna y coloca en situaciones legales muy complejas a todo funcionario que haya autorizado pagos sin el cumplimiento de la necesaria declaratoria de inviabilidad institucional.

Dicho lo anterior y siendo que le han asignado a la Unidad de listas de Espera ( UTLE); unos 30.000 millones de presupuesto en la actualidad ( lo cual es una de tantas pruebas de la holgura financiera actual), no podemos permitir que tal cantidad de recursos vuelvan a ir a parar a proveedores privados sin haber agotado previamente la utilización efectiva de la capacidad instalada institucional, cuyos datos de productividad deben revisarse y mejorarse antes de tercerizar (privatizar) para llenar bolsillos privados y pagar así posibles favores políticos.

Sorpresas en la elección legislativa

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Pacheco Murillo

El día de ayer, como suele suceder cada primero de mayo, la Asamblea Legislativa eligió su directorio para esta nueva legislación. Los acuerdos y las ofertas y las idas y venidas previas tuvieron su finalización con la elección y lo cierto es que hubo sorpresas que deben analizarse, no en cuanto a los elegidos que al fin y al cabo resultaron ser los que se habían acordado, si no y especialmente, en cuanto al respeto de los acuerdos tomados y las disidencias que se presentaron.

En primer lugar, fue sorpresivo la decisión de la diputada del parrido de gobierno Ada Acuña decidió no dar su voto a Rodrigo Arias quien obtuvo 44 de los 45 previstos. Esto además marcó una separación de lo solicitado por el presidente de la República de apoyar a Arias. ¿Qué consecuencias tendrá esto? Estaremos atentos.

Cuando vino la elección de Gloria Navas para la Vicepresidencia también se dio otra disidencia pues los liberacionistas Carolina Delgado y Danny Vargas no la apoyaron razonando que fue por el manejo que tuvo Navas en el proyecto contra el crimen organizado.

En relación con la elección de la segunda secretaría, nuevamente fueron liberacionistas los que se apartaron de lo acordado. Francisco Nicolás, Dinorah Barquero y Montserrat Ruiz, no votaron por el candidato propuesto el que a pesar de ello logró obtener los votos necesarios.

Por último, en la elección de la segunda prosecretaría nuevamente una diputada del gobierno no votó según lo acordado. María Marta Padilla no apoyó al propuesto.

El poder establecer estas circunstancias de disidencias y de faltas a lo acordado fue posible en virtud de que por primera vez la votación fue pública. Importante avance en procura de mayor transparencia. De ahora en adelante veremos qué tan respetados son los acuerdos y por quienes.

Hoy se inicia una nueva legislación y le corresponde en los primeros tres meses al gobierno determinar la agenda de discusión. Una nueva oportunidad, ya con más experiencia y con el tiempo suficiente para que sea aprovechada.

Qué bueno que tenemos la oportunidad de saber cómo votan las y los diputados y confiamos en que el gobierno sepa aprovechar este manejo de la agenda para lograr las mejores leyes para bien del país en todos los campos.

Dios quiera que así sea.

La política de lo ficticio

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Rogelio Cedeño Castro, sociólogo y escritor costarricense

FICTICIO: Adjetivo. Fingido, imaginario o falso… ENTUSIASMO FICTICIO/ 2. Convencional que resulta de una convención. DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA.

La política de la mentira descarada, caracterizada por la incapacidad y la negativa de llamar a las cosas por su nombre, nos hunde en el universo de lo ficticio, lo que conlleva a que no podamos conocer la esencia de las cosas y el tipo de sociedad en que vivimos.

La corrupción irritante y descarada es inherente a ese mundo ficticio, y empieza por el financiamiento de las campañas electorales, destinadas a escoger a quienes forman la fachada del régimen, no a los verdaderos detentadores del poder: es así como un conjunto de negociados oscuros de algunos banqueros, y manejadores políticos de profesión que han implantado un monopolio de la llamada “participación política”, convertida en un club selecto y cerrado en el que otros actores sociales y políticos no pueden entrar. Las actitudes “transgresoras” de quienes entraron al juego político por vías consideradas como “no legítimas”, por parte de los miembros de ese club de la política ficticia, han provocado un verdadero terremoto en la pasada campaña electoral de Costa Rica(2021-2022), cuando un candidato presidencial que apareció como un outsider (para ellos un intruso), apoyado por un grupo de empresarios y banqueros que estaban fuera del reparto de la piñata, terminó ganando las elecciones y accediendo a la Casa Presidencial del Barrio de El Zapote, en San José la capital costarricense.

Los periodistas de las nuevas generaciones, dentro de las circunstancias propias de este vertiginoso cambio de siglo, vuelvo a insistir por enésima vez, son en su gran mayoría, meros operadores políticos al servicio de una prensa corporativa a la que sirven de manera incondicional, al mismo tiempo que los medios que la conforman son, a lo sumo un apéndice más de las grandes corporaciones, de ciertos holding del capital financiero, e incluso de una serie de actividades muy diversas: entre ellas los parques de diversiones (tal es el caso del llamado Parque Viva), que son el objeto de una enconada disputa entre el gobierno del presidente Rodrigo Chaves, para el caso de Costa Rica, y los propietarios de un diario que aparece como la punta del iceberg de una de estas entidades, además de ser el único que circula los sábados y domingo como un mero boletín de la oligarquía.

A pesar de lo evidente que resulta el hecho de ser una mera disputa con un cierto trasfondo comercial y relativa al cumplimiento, o no de determinada legislación, relativa al ordenamiento urbano, sus propietarios han puesto el grito en el cielo diciendo que se encuentra en peligro la libertad de expresión.

Sus reporteros no hacen preguntas sino que acosan (e incluso acusan, tergiversan y lanzan denuestos) a los gobernantes y los funcionarios públicos en casi todos los países de América Latina, razón por la que las amenazas a la libertad de expresión parecen venir de los propietarios o administradores de estos medios corporativos, mientras que los gobernantes y funcionarios a lo sumo se defienden, o terminan pagando su silencio y complicidad en determinadas coyunturas.

Sólo en esto coinciden con las viejas empresas periodísticas como el Diario de Costa Rica, La Tribuna, Excelsior, La República y el mismo diario La Nación, el que si bien mantiene el mismo logo hoy es esencia algo muy diferente de lo que fue durante la segunda mitad del siglo anterior, tal y como lo indica el periodista y escritor Carlos Morales Castro (Ver Carlos Morales LA NACIÓN ENTRA EN GUERRA), en un elaborado, además de exquisito artículo, en el que se ponen de relieve las transformaciones sufridas por ese y otros medios, dentro del devenir del tiempo de larga duración histórica.

De ahí la campaña emprendida por ese diario para revertir la decisión de la titular del ministerio de Salubridad, dentro de la que sus propietarios no han dudado en acudir a la vieja fórmula de llamar en su auxilio a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y a la cadena de medios de la dictadura mediática internacional, existentes en los otros países de la región, sobredimensionando y tergiversando las verdaderas razones del diferendo.

No estamos en las épocas en las que las grandes empresas periodísticas del siglo pasado, a las que hemos hecho alusión: eran diarios y radioemisoras que estaban interesadas en hacer un periodismo de cierta calidad para lograr sus propósitos como formadores de opinión, aunque siempre al servicio de los intereses oligárquicos.

Como hace ya muchos años que no hay, o no existen partidos políticos dignos de ese nombre, se ha instaurado la práctica de conformar unas estructuras ficticias, a lo sumo postizas, para justificar los millonarios gastos en las campañas electorales: es así como se inventan seminarios de formación política, estructuras de base, o comités regionales, con apoyo financiero, que dan lugar a movilizaciones raquíticas ante la falta de entusiasmo y de credibilidad en esas instancias “políticas”, por parte de un gran sector de la ciudadanía. Es por eso que formamos parte de una humanidad desesperanzada y descreída a la que, sin embargo, los medios de comunicación y la propaganda persiguen hasta la intimidad de sus hogares, con tal de hacerlos volver al redil.

Mientras tanto las élites del poder, las de la prensa canalla, vendida o mermelera (para el caso del Perú) y las del Poder Ejecutivo, situadas en la cúspide del mando político se ponen de acuerdo para legislar en contra de las grandes mayorías nacionales: aprobarán el aumento de la jornada laboral hasta por doce horas, burlando el pago de horas extras, seguirán imponiendo la regla fiscal deteriorando la institucionalidad del país, congelando los salarios nominales por decreto, en tanto que los reales(poder adquisitivo) a través de la inflación siguen en caída libre, permitiendo la evasión fiscal, la ruina del fisco por los altos intereses que reciben los tenedores de bonos de la deuda pública, las exoneraciones fiscales abusivas y los negociados que les permitirán privatizar y vender a precio de remate las instituciones más importantes de nuestro país(CCSS, ICE y otras). Sobre esos elementos se fundamenta la política de lo ficticio en nuestros países.

Los chantajistas del Gobierno y de Zapote

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

Vladimir de la Cruz

Es claro a toda la ciudadanía que el residente de Zapote actúa constantemente intimidando, amenazando, descalificando, burlándose de la gente, de los periodistas, de los analistas y críticos políticos, de sus opositores. Para ello había montado, como parte de su argucia a las baterías de troles.

Sus poses normales son del bravucón, del presionador, del amenazador, del extorsionista, del que espera controlar comportamientos sin dar posibilidad de elección. Por eso intimida procurando disminuir la autoestima y el valor de sus “contrincantes”, los que él escoge para atacarlos exhibiéndolos de mala forma, y manipulando, de esa manera, sus imágenes públicas, casi reduciéndolas a cosas para tratar de lograr sus propósitos. En esto hay que reconocerle al mandamás de Zapote que es eficaz y eficiente, sabiendo sacar provecho de esas situaciones, que le provocan una imagen pública fuerte, de autoridad necesaria que faltaba en el país, y bastante simpatía en las encuestas, cuando en el entorno nacional se ha venido socavando, desde hace mucho tiempo, todo lo que es “político”, la misma democracia y sus instituciones, de modo que el gobernante aprovecha la situación para presentarse como el salvador. Poco falta para que se le vea como el “Amado Líder”. Ya empezaron a soltar sus jaurías políticas en las calles alabando y ladrándole salameramente al líder.

Su intimidación, sus amenazas, su forma de extorsionar a la gente, aparte del temor reverencial que provoca, lo hace sin ofrecer compensaciones positivas. Al contrario, ofrece la violencia, la destrucción moral de su atacado y difamado, por la forma que lo hace, procurando que se actúe de una determinada forma.

Es claro que no ha entendido, hasta hoy, cuál es el papel del gobernante frente a la ciudadanía y frente a los grupos organizados, que no son parte de su argolla. Desconoce lo que es la tolerancia en todo sentido, pero especialmente la tolerancia política, que es la que debe primar en un régimen democrático y con gobernantes democráticos. Y, carece, en ese sentido de esa inteligencia política que debe adornar a cada gobernante.

Los actos del gobierno son por su esencia políticos, realizados o impulsados por el gobernante. No puede un gobernante esperar que todo se le acepte a ciegas, sin lectura de sus propuestas, sin analizar los efectos de las mismas.

Toda la vida política de Costa Rica se ha construido y desarrollado a base de conversaciones políticas, de pactos, de acuerdos, de convencimientos políticos. Desde el Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, del 1 de diciembre de 1821, se trazó la idea del Pacto, del Acuerdo, como conceptos para hacer caminar la nación costarricense al momento de la Independencia. Hoy tenemos su resultado enriquecido con 13 Constituciones y una inmensa cantidad de acuerdos y pactos políticos, en las más duras condiciones, que permitieron dar pasos de gigantes. Justamente en estos días podemos recordar algunos de esos Pactos, el de Ochomogo, el de la Embajada de México, el Figueres Ulate, que se firmaron hacer 75 años, que modelaron la Costa Rica actual, surgidos esos acuerdos de las balas, del humo de los fusiles y de los 3000 muertos que cayeron en aquellos difíciles días.

El Presidente de Zapote frente a la ausencia de una guerra como la de 1948, sin contexto de ella, como Don Quijote, ha visto molinos frente a él que debe enfrentar. Dinamitar puentes, ha dicho, y todo lo que se le enfrente y obstaculice en sus propósitos y luchas es lo que amenaza hacer.

En ese afán carece el Presidente de una Dulcinea a su alcance inmediato, y ni siquiera imaginario, a quien le pueda ofrecer sus hazañas gubernativas, que no se ven. Más que una Insula Barataria quizá sueña con su Insula Zapotaria, donde él es el Gobernador nombrado, donde ejerce su gobierno como si fuera el Gerente moderno de ese feudo, en la práctica más asimilado en el ejercicio gubernativo a Sancho Panza que al propio don Quijote.

Pues bien, nuestro gobernador de Zapotaria, ha propuesto, junto con sus escuderos parlamentarios un chantaje, una extorsión, una amenaza a los diputados. Ha propuesto en la Comisión de Seguridad del Poder Legislativo que se eliminen las objeciones, que diputados del Frente Amplio han puesto al Proyecto de Ley que tiene que ver con el aumento de jornada a 12 horas diarias, a cambio de aprobar los proyectos de ley que tienen que ver con la seguridad ciudadana, hoy tan amenazada, tan frágil, por las acciones del crimen organizado, por la posible liberación de jefes de bandas criminales en los próximos días.

Estos proyectos de ley no se pueden mezclar porque responden a realidades y valores sociales diferentes. Urge atender la seguridad ciudadana. No urge resolver lo de aumentar las jornadas de trabajo a 12 horas diarias. Con la extensión de las jornadas la inseguridad de la vida de los trabajadores va a aumentar porque estarán en las calles hasta 14 o 16 horas diarias, por el desplazamiento, de ida y vuelta, a sus trabajos, oportunidad ideal para que sean asaltados, secuestrados o asesinados mientras esperan los buses a esas horas de la madrugada o de la noche.

Si el gobierno no atiende la urgencia de la aprobación de la Ley del Crimen Organizado, en las discusiones parlamentarias que inician en mayo, es porque al Gobierno no le interesa, como parece ser, atender el problema de la seguridad ciudadana, porque el miedo y el temor que la inseguridad produce le favorece al gobierno para ejercer su autoritarismo, su militarismo, sus desplantes de acciones gorilescas de la policía sobre la población y periodistas. O, en el peor, y extremo de los casos, porque desde Zapotaria hay coordinación con los líderes de esos grupos delictivos, como hacen los líderes autoritarios en algunos países cercanos, para que sus actuaciones, no del todo reprimidas ni controladas, permitan alentar el ambiente de miedo y de terror, que el gobernante autoritario de Zapotaria usa y aprovecha para ejercer su dominio institucional con temor, con intimidación, como se está ejercitando en el país.

La urgencia en Costa Rica es detener el crimen organizado. Esta es la prioridad nacional en cuanto a las leyes que estarán en discusión a partir de mayo.

La forma en que los representantes del Presidente y el mismo Presidente presionan a los diputados, con el chantaje de la aprobación de los dos proyectos, los coloca en la misma situación de esos líderes criminales delictivos, que de esa forma presionan en las comunidades a ciudadanos, a trabajadores, a pequeños empresarios para pagar peajes o pagar seguridad, para asegurarles su vida o sus bienes.

El chantaje que se está proponiendo a los diputados con el trámite simultáneo de las dos leyes, en la forma que lo quiere hacer el gobierno, es un delito de amenazas, que viola un bien jurídico fundamental, el de la libertad y la intimidad de los diputados en este caso, y el de las personas en general, ya que se atenta contra el normal desarrollo de la vida de las víctimas del crimen organizado y las de sus familiares.

Ese chantaje emocional y político que se impulsa por el Gobierno y sus voceros parlamentarios es una forma inadecuada, irrespetuosa y agresiva de comunicación, como suele hacerlo el Presidente.

Los diputados no deben caer en la trampa, en el engaño del trámite de los dos proyectos de ley, el de seguridad y el de jornadas de 12 horas, como si estuvieran en una balanza. El que cae por su peso, por su importancia, el que debe discutirse separada y exclusivamente es el de la Ley del Crimen Organizado.

 

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